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Otra vez la Iglesia

Trinidad Zamacona López

“No es nuevo que los jerarcas católicos se vean involucrados en asuntos ilícitos, los sacerdotes de Guerrero, están violando el derecho canónico”.

Desde hace mucho tiempo los jerarcas católicos se han visto involucrados con personas que tienen cuentas pendientes con la justicia, el caso más sonado fue el del obispo de Guadalajara Juan Jesús Posadas Ocampo, a quien se le relacionaba con gente que se dedicaba al tráfico de drogas, y según estuvo en el fuego cruzado, su homicidio y el de su chofer están en la impunidad  hasta este momento, nadie vio nada y nadie lo hizo, que conste fueron gobiernos priistas.

Esto está publicado en el periódico el “Universal” Según el libro “El asesinato de un cardenal. Ganancia de pescadores”, del exprocurador Jorge Carpizo, el presidente Carlos Salinas de Gortari sabía que Ramón y Benjamín Arellano Félix se encontraban en la Nunciatura Apostólica de la Ciudad de México, pero decidieron no proceder a su captura.” Algo parecido con lo que realizo el Presidente en el asunto del “Culiacanazo” entonces de que nos sorprendemos ahora.

Sigue el artículo del “Universal” No es la primera vez que el gobierno mexicano omite la detención de un narcotraficante: en 1993, Jorge Carpizo McGregor , entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), no detuvo a Ramón y Benjamín Arellano Félix líderes del Cártel de Tijuana, pese a tenerlos ubicados en la Nunciatura Apostólica de la Ciudad de México.”

En aquel entonces el representante de la Iglesia en México, era el primer nuncio apostólico de México, Girolamo Prigione, en aquella ocasión “Fue durante una reunión celebrada el 13 de diciembre de 1993 en la Nunciatura Apostólica de la Ciudad de México, entre  este prelado católico y los hermanos Arellano Félix para aclarar el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido meses antes en el aeropuerto Internacional de Guadalajara”. No aclararon nada pero según se supo buscaban que la iglesia fuera la intermediaria con el Presidente Carlos Salinas de Gortari, para aclarar dicho acontecimiento, pero el gobierno no quiso entrar ahí porque según se violaría la sede diplomática del Estado del Vaticano. Además de poner el peligro la vida del nuncio católicos y demás cardenales.

El “Universal” detalló que “La reunión se llevó a cabo a petición de los narcotraficantes para que el monseñor Prigione fuera el intermediario para hablar con el presidente y mencionarle que ellos no habían participado en el asesinato del cardenal Posadas Ocampo. El titular de la Procuraduría General de la República, Jorge Carpizo, supo del encuentro y no hizo nada por detener a los narcotraficantes. El gobierno no fue a detenerlos con el pretexto antes mencionado, de que si iban a la sede diplomática violarían el derecho internacional, pues el Estado del Vaticano, goza de ese derecho que dan los tratados internacionales, además de que podrían privar de la vida a estos.

La Iglesia, ya se inmiscuyó en asuntos que solo son competencia del Estado, como es la seguridad pública, es decir aquí en Guerrero, los que han estado insistentes en que el Estado se reúna con este tipo de personas son los jerarcas católicos,  Salvador Rangel Mendoza, quien se ha reunido en varias ocasiones con estas personas, desde los gobierno Priistas hasta en la actualidad ha pedido e intervenido para que el Gobernador de aquel entonces del ex Priista Héctor Astudillo Flores, se reuniera con este tipo de personajes con el pretexto de que acabara la violencia que había en diferentes regiones del Estado, el ex mandatario no cedió, cabe decir que en aquel tiempo Rangel Mendoza, si era el obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, esa reunión que mencionaba el prelado católico fue descalificada y desconocida por el entonces Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, pero no hubo sanciones para el representante de la Iglesia, el entonces titular de la política interior del país, expresó que “las autoridades del gobierno mexicano, no negocia con criminales porque las leyes se acatan y se cumplen”.  

La paz que vive, o el regreso a la normalidad en la capital de Guerrero, Chilpancingo, no se deben a estos grupos, ni a los sacerdotes ni mucho menos al prelado católico Rangel Mendoza, en donde murieron 7 conductores del transporte público, (huérfanos y viudas), otros más resultaron heridos, además de la destrucción de varias unidades del mismo gremio, entonces ellos son parte del problema; la tregua que según se dieron , fue porque intervino este grupo de sacerdotes, entre ellos Filiberto Vásquez Florencio, Director del Centro de Derechos Humanos, “ Minerva Bellos” junto con el Acapulco, Tlapa y Tierra Caliente, y el de Chilpancingo-Chilapa José de Jesús González, pero estos manifestaron que no llegaron a ningún acuerdo en sus negocios, lo que si es cierto, es que ellos mantiene relaciones con estos grupos, a los que le ofician misas y otras actividades que ofrece la Iglesia en la entidad, por lo tanto son parte del problema y no de la solución.

La Iglesia, sus representantes se han vuelto un problema con la autoridades, pues  están luchando porque el Estado se reúna con ellos, lo que es imposible, y sería un gran error hacerlo, pues el Estado tiene la rectoría de la Seguridad Publica en México, en los Estados y los Municipios del país.

La mandataria estatal Evelyn Salgado Pineda, ha dicho y ha rechazado hacerlo, no obstante la insistencia de Rangel Mendoza y de José de Jesús González, ahora Obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, para que el Estado pacte con ellos, aun y cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que lo veía bien, pero dejó en claro que la rectoría de la Seguridad Pública, la tiene el Estado; y con ellos no se pacta impunidad, ni mucho menos canonjías para que no se aplique la ley, con eso queda claro que la seguridad la debe de brindar el Estado, por ello es que se debe de garantizar esta en todo el Estado.

La Iglesia a través de un oficio firmados por los obispos que participaron en dicha reunión clandestina, firmaron un comunicado dirigido a esos grupos para pedir que cesen los abusos y a las autoridades ahora le piden que brinden seguridad, después de que fracasaron en dicho intento.

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