(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Por fin, un diputado local presentó una iniciativa para actualizar la Ley Orgánica del Municipio Libre y su armonización con los tiempos electorales que trasladaron la toma de posesión de los presidentes municipales al 30 de septiembre de cada tres años, cuando antes se hacía el 1 de diciembre.
Este cambio ha venido provocando una serie de conflictos entre los presidentes salientes y entrantes, y sobre todo ha creado una amplia laguna legal, en la que las omisiones y agandalles son la constante.
Fue el diputado local por el distrito XV, José Efrén López Cortés, quien presentó la iniciativa de reforma, pues como alcalde sufrió en 2018 por la entrega de una administración endeudada y plagada de laudos laborales.
Lo peor es que nadie responde por las omisiones de los que se van, y más bien se traspasan a los que llegan como “deudas institucionales”, que en estricto sentido no lo son, porque se trata de algo hecho a propósito de parte de los ex presidentes. No es que no tengan recursos para hacer los pagos de la energía eléctrica, o para reportarle al SAT el Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores de baso, o las cuotas al ISSSTE que también pagan los trabajadores.
Nada de eso. Es sólo que los alcaldes en funciones aprovechan que se van el último día de septiembre para heredarle a su sucesor todo lo malo, mientras que ellos se llevan todo lo bueno, léase “diezmos y ofrendas”.
Bueno, no vayamos lejos. Si sucede hasta en el gobierno del estado, ¿por qué no en los municipios?
El cambio de gobierno de este año fue aparentemente “sin problemas”, pero en los hechos no es así. La mayoría de los alcaldes se están quejando de que les dejaron un cochinero, salvo los de reelección, que como gobernarán otros 3 años, ellos se entienden con su teje y maneje.
Lo que hallaron los nuevos alcaldes, no es nuevo, valga la redundancia: adeudos con CFE, Conagua, SAT, ISSSTE, laudos, esto sin contar obras inconclusas.
El otro conflicto es que aunque tienen que ejercer solamente el recurso que le corresponde hasta septiembre, ellos se agandallan y ejecutan obras fuera de su tiempo, dejándole al nuevo alcalde nada más la tarea de pagar lo que ellos se comieron, porque no se necesita mucho para entender por qué hacen esto, y es para comerse el diezmo correspondiente.
Lamentablemente, la ley es laxa en este sentido y solamente si el nuevo presidente denuncia el caso, se fincan responsabilidades, y eso si es que la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General, no se prestan a componendas.
Para no andan en problemas, los nuevos alcaldes aguanta y tratan de salir adelante con su proyecto, aunque sin lograrlo realmente, porque no pueden iniciar arrastrando adeudos tan exagerados.
Por lo tanto, aunque con 10 años de retraso, la propuesta del diputado José Efrén López era justa y necesaria, y los diputados deben aceptarla en toda su extensión.
El legislador azoyuteco propuso el decreto por el que se reforman los artículos 39, 41, 42 fracción VII, 44 párrafo segundo y 62 fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, para crear los “candados” necesarios para evitar desfalcos y fugas.
De acuerdo con su propuesta, que se fue a comisiones para su revisión y dictaminación, “las administraciones municipales salientes deberán entregar a las administraciones entrantes la documentación que acredite estar al corriente en el pago de los servicios de energía eléctrica; de agua potable y de adquisiciones que hayan llevado a cabo con proveedores de bienes y servicios”.
Continuó: “Así como en la obligación de enterar a la Federación las cantidades retenidas por concepto del Impuesto sobre la Renta, Cuotas al ISSSTE y/o IMSS; así como la documentación que acredite que personal del ayuntamiento que fue contratado al inicio de la administración, fue indemnizado conforme a Ley, para no generar demandas laborales a la administración entrante”, refirió.
Su iniciativa también incluye que cada ayuntamiento saliente hará entrega en la segunda quincena de septiembre de los informes e inventarios sobre el patrimonio mobiliario e inmobiliario, los recursos humanos y financieros, los archivos e informes sobre el avance de los programas de gobierno pendientes o de carácter permanente, asegurando la disponibilidad de recursos para garantizar el pago de aguinaldo proporcional, prima vacacional y demás prestaciones de los trabajadores de la administración municipal.
¡Genial! Esperemos que los diputados, aunque muchos de ellos fueron alcaldes y dejaron su cochinero, o pretenden serlo, no opten por dejar atajos por dónde librarse de estas obligaciones.
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