SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Hace dos días, la Fiscalía General de Justicia del Estado dio un paso importantísimo para frenar la venta de niñas para matrimonio e incluso para trabajos domésticos que suele darse entre las familias de la Montaña de Guerrero, así como en comunidades de la Costa Chica.

Por fin está detenido Rutilio Julián Moreno el suegro de Angélica N, la niña que fue vendida por su padre a los 11 años, y entregada para casarla con un niño de 12, y que luego sufrió cuatro intentos de violación por parte del hombre que la compró, aprovechando la ausencia del esposo, de 16 años, quien emigró a los Estados Unidos.

Fue detenido por elementos de la Policía Investigadora Ministerial, cuando se presentó a declarar en torno al caso de intento de abuso sexual en contra de la menor, a la Agencia del Ministerio Público de Tlapa de Comonfort.

Ayer, de nuevo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ratificó su exigencia de que nunca más se hablará de venta de niñas en Guerrero. “Yo lo digo fuerte y que quede claro; no más venta de niñas en Guerrero, ni en la Montaña ni en ninguna parte”, aseveró.

Obviamente, eso implica la aplicación irrestricta de la ley para castigar a los infractores, sino también un trabajo exhaustivo de campo para que las mujeres violentadas denuncien estos hechos, se amparen en la justicia, sabiendo que recibirán la protección de la ley.

El problema es tan grave, porque ocurre al seno de la familia. No se trata solamente de ir persiguiendo los casos de que se tiene conocimiento, como cualquier otro delito. Urge involucrar, por ejemplo, a la iglesia. Que los sacerdotes y ministros de culto no toleren ni permitan este tipo de prácticas en sus ministerios. Que prohíban estos tipos de casamiento, porque para los pueblos originarios no tanto importa el matrimonio civil, sino el religioso. Y para eso incluso se organizan entre vecinos para sacar adelante la fiesta, pero eso implica que el novio se quede endeudado con todos los que participaron.

O sea, que aparte de que el suegro pague por la niña, los vecinos participan en el casamiento, con dinero o en especie, pero como una especie de préstamo, de modo que los recién casados están obligados también a fungir como padrinos de las bodas de sus vecinos.

Volviendo al tema, porque finalmente la compra-venta de niñas es lo más grave que cualquier otra cosa, estamos de acuerdo con el diputado Raymundo García Gutiérrez, originario de Acatepec, uno de los pueblos de la Montaña donde también se registra esa práctica, en el sentido de que para erradicar la venta y matrimonios forzados de niñas y adolescentes en comunidades de Guerrero, las autoridades correspondientes deben implementar un esquema de trabajo social y concientización ciudadana, que permita resolver de la mejor manera la problemática.

Sin embargo, eso es solamente una parte, señor diputado. Lo más importante es castigar a los infractores, para que dentro de las comunidades vaya permeando esta realidad y sepan que habrá justicia para las niñas violentadas.

Mientras que esto no ocurra, no importa cuánto trabajo social se haga, cuántas charlas, cuántas terapias o tareas de convencimiento, porque la otra verdad es que los usos y costumbres indígenas, como su nombre lo indican, están bastante arraigados, de modo que un padre puede entregar a su hija por dinero, aunque la madre esté en desacuerdo.

Tenemos testimonios de niñas que son sacadas incluso de la primaria, para darlas en casamientos forzados, con nombres que no son sus novios.

Este tipo de denuncias siempre han existido, pero siempre ha habido quienes justifican este tipo de prácticas, idealizándolas como “usos y costumbres”.

Por eso también la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC),a pesar de que tiene más de 25 años ejerciendo justicia en la Montaña y Costa Chica, no ha considerado en sus reglamentos que ese tipo de actos sea un delito. Estas autoridades comunitarias castigan hasta la brujería como delito, menos la venta de niñas.

El diputado Raymundo García dijo también que un factor importante que detona la venta de niñas y la violencia contra ellas es la falta de programas sociales que dan a las mujeres independencia económica y social ante sus parejas y, en consecuencia, contribuyen a disminuir las agresiones. 

Eso tampoco es cierto del todo. Los valores de protección de padres a hijos no tienen que ver tanto con el dinero, sino con el amor, mientras que la violencia extrema de vender a una hija, está relacionada con la visión machista de lo que una hija vale dentro de una familia. Nada. Sólo es como un objeto al que le pueden sacar provecho. O como un animal, al cual se le puede vender. El animal más caro que un hombre pueda tener, a menos que se trate de toros o caballos finos, pura sangre. O, ¿por qué no venden a los hijos varones? 

Si la pobreza fuera una condición para la violencia, entonces eso no existiría entre las familias adineradas, que tampoco están exentas de violencia intrafamiliar. Hay caos de artistas, de políticos, de empresarios, que están siendo ventilados públicamente.

Todo tiene que ver con pueblos que se amparan en usos y costumbres, que en su momento pudieron ser algo bueno, algo lindo, parte de una cosmovisión muy propia, de hacer que el novio entregue un regalo, una dote, por la que será su mujer. Pero que ahora, a la luz de los derechos fundamentales, son claramente un delito, pues eso no lo determinan los novios, los enamorados, sino sus padres y sin importar la opinión de las niñas, que son condenadas a una perpetua esclavitud.

Como dice la gobernadora, esto tiene que frenarse ya. 

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