César Antonio Aguirre Noyola
La parte final del año 2021 se caracterizó en nuestro país por los embates contra el INE. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 17 de diciembre del año pasado por mayoría simple (6 votos a favor y 5 en contra) un Acuerdo donde aplazaba el inicio de los trabajos para la organización del ejercicio de Revocación de Mandato, argumentando insuficiencia presupuestaria.
La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República impugnó la decisión colegiada mediante una controversia constitucional interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el representante del MORENA al seno del INE acudió a interponer su recurso de apelación ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, prefirió interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.
La Comisión de Receso del Máximo Tribunal del país, conformada por las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, ordenó al INE continuar con el proceso de Revocación de Mandato; el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal también mandató al INE que cumpliera su obligación constitucional, que hiciera un ajuste a su presupuesto y, en caso de que siguiera faltando dinero, éste se gestione ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (la vinculó); en cuanto a la denuncia penal, ésta no fue ratificada por el promovente.
Coincidentemente Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa son dos de las tres propuestas que AMLO realizó para incorporar personas afines a su proyecto político en el interior de la SCJN (el otro es el ministro Juan Luís González Alcántara Carrancá), y precisamente ellas determinaron que el INE continuara con las actividades de la Revocación de Mandato, aunque cabe aclarar que el fallo de fondo (sobre el presupuesto para llevarla a cabo) aún está pendiente por el pleno. Lo que ambas ministras confirman con su decisión es que están cumpliendo con el rol que les encargaron: representar los intereses de la autodenominada Cuarta Transformación, pues de alguna manera hay que regresar el favor a quien las propuso.
El que se voló la barda es Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados. Presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra los consejeros y consejeras del INE que aprobaron el acuerdo de posponer los trabajos de organización para la Revocación de Mandato, así como de Edmundo Jacobo Molina, secretario Ejecutivo del mismo Órgano Autónomo, fue un despropósito. La finalidad de tal denuncia fue amedrentar, intimidar, presionar o, como dice coloquialmente, acalambrar a los referidos personajes. Fue tan grande el disparate de Gutiérrez Luna que muchas voces, entre ellos de políticos, intelectuales, periodistas, académicos (no tan sólo nacionales sino internacionales, se pronunciaron inmediatamente sobre esta actitud característica a un régimen autoritario: aprehender y privar de la libertad a quienes piensan diferente a los gobernantes en turno.
Afortunadamente, y después de este lapsus brutus en que incurrió el presidente de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, éste no se apersonó a ratificar la multicitada denuncia, pero conste que no fue por voluntad propia, sino porque el inquilino de Los Pinos en una conferencia mañanera se refirió a ese hecho como un exceso.
No obstante lo relatado en el párrafo inmediato anterior, este capítulo no ha sido cerrado, en razón de que una denuncia incoada sobre probables delitos cometidos por servidores públicos, aun cuando el peticionario decida no ratificarla o no continuarla, ésta sigue su curso. En otras palabras, como se trata de la posible comisión de delitos que se persiguen de oficio, esta denuncia por ley la autoridad ministerial debe continuarla, por lo que las investigaciones avanzan sobre carpetas de investigación que permanecen abiertas. Si realmente quieren concluir este episodio bochornoso, la Fiscalía General de la República debería cerrar las carpetas de investigación. En este rubro la Suprema Corte de Justicia de la Nación eximió al INE de cualquier responsabilidad jurídica (incluyendo la penal) en la organización del ejercicio de Revocación de Mandato.
El el titular del Poder Ejecutivo federal ya presentó su iniciativa de Reforma Política y Electoral la cual lleva dedicatoria para el Instituto Nacional Electoral: disminuir de 11 a 7 consejeros y consejeras, cambiar a todos y todas las consejeras y designar mediante el voto directo de los ciudadanos a los y las integrantes del Consejo General, etcétera. La idea central de AMLO es contar con órgano a modo que organice elecciones con el fin de manipular los procesos democráticos.
Sabia virtud de conocer el tiempo.
César Antonio Aguirre Noyola
Investigador en materias política y electoral.
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