Lilia Arellano
*L-12 factor de sucesión
*Dos aspirantes en el banquillo
*FGJCDMX: buscan culpables
“El jurado está compuesto por doce personas elegidas para decidir quién tiene el mejor abogado”: Robert Frost.
El trasfondo de la investigación de la tragedia de la Línea 12 del Metro es la sucesión presidencial. El método para definir al candidato de Morena a la Presidencia de la República es nuevamente el “dedazo” del mandatario, y éste señala a Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Por ello, las indagatorias se enfocan en dejarla limpia de toda culpa e incluir a toda su administración. En este esquema, mientas el presidente López Obrador declara en las indagatorias “no se protege a nadie”, cuando en los hechos evidencian lo contrario, al canciller Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno capitalino durante la construcción de esa vía, le cargan todas las culpas y el intenta defenderse: “Yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí, no podría yo dar la cara, actué profesional y de una manera íntegra”.
Según el resultado del peritaje elaborado por la Fiscalía de la Ciudad de México, el cual ha sido cuestionado por abogados y especialistas, el colapso del intertramo de la línea en las estaciones Olivos-Tezonco se debió a errores en su construcción, deficiencias de origen en su diseño, uso de materiales no adecuados y falta o mala colocación de pernos. Se dejó totalmente de lado la responsabilidad del mantenimiento, el cual no se hizo adecuadamente durante los más de tres años bajo la responsabilidad de la administración a cargo de Claudia Sheinbaum, y se le exime de antemano de cualquier responsabilidad. La Fiscalía capitalina solicitó audiencia inicial contra 10 personas físicas y morales para formularles imputación por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad, todos culposos, tras el colapso de una trabe del tramo elevado de la línea 12 del Metro el 3 de mayo pasado.
En la mañanera matutina López Obrador dijo sobre la fiscalía: “depende de Claudia Sheinbaum” y ellos son los que están sacando estos resultados. No hay en ningún caso con el propósito de proteger a nadie. Marcelo podría explicarles. Es parte también de lo mismo; a lo mejor estaban esperando que la fiscalía de la Ciudad de México que es Claudia, le iban a hacer juicios a Marcelo. Si, si (una confrontación política) a lo mejor estaban esperando eso y se quedaron con las ganas y están enojados. Tras darle la palabra el presidente al titular de la Secretaría de Relacione Exteriores, Marcelo Ebrard reconoció en principio no tener toda la información reciente del reporte de la Fiscalía, porque ayer se concentró en Palenque con el enviado del presidente Joe Biden, aunque si conoció la semana pasada el dictamen que pondera la reparación del daño.
“Me voy a enterar a fondo porque no me gusta opinar superficialmente. Yo lo que diría es que seguramente a quien se impute seguramente se va a defender; muchas de esas personas ya pasaron procesos en la época de Mancera: de 154 causas el gobierno de la Ciudad perdió 124 y de los mencionados o casi todos ganaron muchísimos casos. No me meto en ese detalle, tenemos que partir de la base de que se está haciendo un trabajo profesional”. Al responder a la pregunta sobre si se siente responsables por la mala construcción de la línea, el ex jefe de Gobierno señaló: “Lo que vi la semana pasada es que no se pusieron pernos o que estaba mal una soldadura. Yo creo que el jefe de gobierno es muy difícil que pueda supervisar eso personalmente, por eso se creó un organismo muy grande que se llama Proyecto Metro con autonomía técnica y financiera. Intervino un consorcio con muchísimas empresas, añadió Ebrard, quien resaltó que el encargado de la supervisión de la obra fue el Premio Nacional de Ingeniería e intervino hasta el Instituto de Ingeniería de la UNAM en ese tramo.
Ebrard insistió en que cumplió con su deber en ese momento, como jefe de Gobierno. “Es lo que tenía que hacer (con la intervención) de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, ICA, que ganó una licitación internacional, que había construido casi todo el Metro; supervisión a cargo de uno de los ingenieros más destacados de México, que fue el ingeniero Alejandro Vázquez Vera; empresas reconocidas, certificación a cargo de uno de los grupos internacionales más importantes. Pues es lo que tenía que hacer el jefe de Gobierno”, reiteró el funcionario del gobierno lopezobradorista.
Ayer, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México solicitó audiencia inicial contra 10 personas físicas y morales para formularles imputación por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad, todos culposos, tras el colapso de una trabe del tramo elevado de la línea 12 del Metro el 3 de mayo pasado. El Ministerio Público judicializó, sin detenido, la carpeta de investigación iniciada a raíz de ese hecho, en el que murieron 26 personas y 98 resultaron lesionadas, pero no solicitó órdenes de aprehensión. Tanto las personas físicas como morales fueron citadas a comparecer ante un juez de control el 25 de octubre a las 10:30 horas.
Los involucrados, cuyos nombres no dio a conocer la dependencia –aunque entre ellos se encuentra Enrique Horcasitas, ex director de Proyecto Metro, órgano desconcentrado encargado de la construcción de la llamada línea dorada-, como sus defensas, dijo la Fiscalía, podrán tener acceso a los actos de investigación al ser citados a comparecer en calidad de imputados. De acuerdo con el resultado del peritaje de la Fiscalía, el colapso del intertramo de la línea en las estaciones Olivos-Tezonco se debió a errores en su construcción, deficiencias de origen en su diseño, uso de materiales no adecuados y falta o mala colocación de pernos. No hizo señalamientos en cuanto al mantenimiento, con lo cual deja libre de toda culpa a la actual administración de Metro y de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum.
Ante los cuestionamientos de sus imputaciones, la Fiscalía capitalina aseguró que ha conducido la investigación con estricto apego al debido proceso, y “de ninguna manera obedece a consignas políticas, ni busca la fabricación o protección de culpables”. De acuerdo con los especialistas, la clasificación de culposo de los delitos que se les imputan es una atenuante que permitirá a los ex servidores públicos y particulares involucrados llegar a un acuerdo reparatorio, “sin ni siquiera pisar la cárcel o llegar ante un juez de control”. Se trata, explicaron, de un delito no grave, por lo que “no tendrían que pagar ni siquiera una fianza para continuar con el proceso en libertad y, en caso de llegar ante un juez, les podrían imponer la medida cautelar de firma periódica”.
Cabe destacar que el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México y al Fiscalía capitalina han impulsado la vía de un acuerdo reparatorio con las empresas y ahora lo hará con las personas físicas, cuando “las primeras si tuvieron una responsabilidad en los hechos”, indicaron.
Por otro lado, el despacho Regino Abogados Penalistas, junto con el Colectivo por la Seguridad del Metro, interpondrán una denuncia penal en contra del ex jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera y los ex servidores públicos Jorge Gaviño Ambriz y Jorge Jiménez Almaraz, quienes se desempeñaban como directores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) durante su gestión. Durante una conferencia de prensa, el abogado Gabriel Regino García señaló que cinco de sus representados, cuyas carpetas de investigación ya fueron judicializadas por la Fiscalía General de Justicia local, entre ellos Enrique Horcasitas Manjarrez, quien fue director del Proyecto Metro, encargado de construir la Línea 12, “darán la cara y se presentarán en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia el 25 de octubre, porque son inocentes”.
Regino García explicó que la denuncia contra Mancera y los ex directores del STC, el 20 de octubre, se hará porque “fue durante su administración cuando se sobrecargó la vía elevada”, a pesar de que en 2017 “el despacho Colinas del Buen notificó al gobierno de Mancera del grave riesgo que se estaba presentando con esa sobrecarga en la trabe que colapso”. Colinas del Buen “incluso les sugirió reforzar una parte de las columnas 12 y 13 de esa trabe y no lo hicieron… los que tiene que contestar son esos funcionarios, a los que extrañamente la fiscalía capitalina no ha tocado ni con el pétalo de una rosa”, cuestionó el litigante. El abogado adelantó que igualmente interpondrán otra denuncia contra la ex directora del Metro Florencia Serranía y el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina, debido a que la empresa DNV que contrató el gobierno local “nos dio a conocer que en diciembre de 2019, la Secretaría de Obras contrató un dron para filmar la trabe –sostenida por las columnas 12 y 13- que colapsó, y desde entonces advirtieron la separación de vigas. ¿Hicieron algo? No hicieron nada”, recriminó.
Regino García rechazó las conclusiones de la FGJ “sobre las causas del desplome y la tragedia de la línea 12, porque son manipuladas y a conveniencia”. También señaló a diferencia del gobierno local, “que contrató a una empresa experta en alimentos orgánicos y plataformas marinas”, el despacho que encabeza contrató a ESi, “certificada internacionalmente en investigación forense de destrucciones, incendios, colapso de vialidades y puentes, que es una de las más consultadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para averiguar todo sobre este tipo de accidentes. Una de las conclusiones de ISi “alude a la posible ausencia del número necesario de pernos nelson, pero no la toma como la determinante; menciona el análisis de la sobrecarga de la estructura. El abogado apuntó que todo esto lo agregarán a la queja que ya presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pedirán la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
De los pasillos
Iván Reyes Arzate, La Reina, ex mando de la Policía Federal, aceptó en EU el cargo de conspiración para distribución de cocaína, será sentenciado el 6 de enero y podría alcanzar entre 5 y 40 años de prisión. Ante el juez Brian Cogan, declaró: “Alrededor de septiembre y noviembre del 2016 siendo servidor público en México y a cambio de un pago, estuve de acuerdo en darle a una organización criminal datos que facilitaran la distribución de cocaína”.
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