Categoría: S.O.S Costa Grande

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Adrián LeBaron, junto con otros miembros de esta familia que el mes pasado sufrió la desgracia de perder a varios de los suyos en una emboscada en el norte del país, se reunieron ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y lo que vimos es impactante: Adrián salió contento con la investigación que se realiza, pero sobre todo fue cauteloso en dar explicaciones a la prensa porque, dijo, es un asunto de mucho peligro, “incluso para nosotros”.

¿Qué se le informó a los LeBaron que cambiaron de opinión tan pronto?

Ellos estaban dispuestos a “echar chingadazos”. También promovieron en una marcha en Estados Unidos que los narcos mexicanos fueran declarados como terroristas, lo cual sería el preámbulo para que el gobierno vecino incursionara en nuestro territorio con el pretexto de defender sus intereses económicos y su soberanía nacional.

Los LeBaron, incluso, encabezaron una marcha en la Ciudad de México, mientras que el presidente encabezaba un mitin en el zócalo capitalino, para celebrar un año del inicio de su gobierno.

Los LeBaron fueron acompañados en su desgracia por panistas vestidos de civil (por aquello de que no se les acusara de llevar agua a su molino); y por perredistas inconformes con el gobierno lópezobradorista. Asimismo, grupos civiles que se han caracterizado desde la campaña por estar en contra del proyecto de AMLO, estuvieron presentes.

La marcha era de chile, de dulce y de manteca. Se juntaron muy diversas expresiones y exigencias. Pero el hilo conductor o el pretexto para asistir era el caso de la masacre de mujeres y niños de la familia LeBaron en la frontera entre Sonora y Chihuahua.

Se escucharon voces como “Renuncia López”, y otros reclamos contra la CNDH, el INE y la política de seguridad del país.

Un día después, sin embargo, todo cambió. Los LeBaron que se reunieron con el presidente en Palacio Nacional, salieron por una puerta alterna a donde los esperaba la prensa, sin decir palabra.

Solamente Adrián Lebaron atendió algunas preguntas, y dijo que están contentos con la investigación, que ya hay detenidos de la emboscada contra sus familiares, y que no podría abundar sobre el caso por cuestiones de seguridad.

Lo que es más, agregó: “Estamos contentos con la investigación pero no nos vamos a meter”.

Además, tienen programada otra reunión con el presidente en enero próximo, para conocer de primera mano los avances de la indagatoria.

¿Eso fue todo? ¿Y las exigencias de cambiar la política de seguridad? ¿Y el sainete armado un día antes? ¿Tanto ruido para tan pocos resultados?

Se esperaba que en esa reunión los LeBaron le plantearan al presidente su exigencia de cambio en la política de seguridad. Se esperaba que junto con el morelense Javier Cicilia le hicieran manita de puerco al mandatario federal, so riesgo de consumar su plan de llamar al pueblo a la autodefensa, como han venido amenazando en las últimas semanas.

Se esperaba que, por lo menos, mostraran inconformidad contra AMLO.

Al contrario, salieron “contentos”, “satisfechos” y anunció Adrián LeBaron que van a esperar.

Esa es una buena noticia, de hecho. Porque por su doble nacionalidad, los LeBaron tienen la capacidad de hacer que intervenga el gobierno de Estados Unidos, pretextando ataques de uno de sus connacionales.

La otra posibilidad de lo que sucedió en esa reunión privada, es que se les haya mostrado a los LeBaron su propio historial, que no es nada limpio. Detrás de esa familia hay historias de violencia muy marcados (incluso homicidios), tanto hacia dentro de la congregación mormona, como hacia fuera, en contra de los campesinos que colindan con sus tierras, porque se han venido apoderando del agua para sostener sus plantaciones de diversos cultivos, que son de exportación.

Su protagonismo exagerado podría hacer que el gobierno abra todos esos expedientes, y comience a revisar, por ejemplo, las concesiones de agua, que según los campesinos afectados son ilegales y se obtuvieron bajo corrupción de la Conagua.

Vaya usted a saber, amable lector. El caso es que los LeBaron reculan. Se van a esperar, dijeron. Y, sobre todo, se van a callar sus bravuconadas.

Como hemos dicho en este espacio, su desgracia fue terrible, no se le desea a nadie. Pero ciertamente no son los únicos que han sufrido algo así. Hay cientos de miles de hogares enlutados en este país, y lo que nos debe de unir, está siendo utilizado para separarnos.

Cuidado, porque soplan vientos de guerra, y cualquier chispa puede desencadenar escenarios peores.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

La Guardia Nacional es el máximo logro del gobierno de AMLO en este último año. Sus críticos dicen que no. Los ciudadanos decimos que sí, por dos razones: porque por un lado, vino a desmantelar una corrupta estructura policial, que venía desde la era panista. Y, por otro, quiérase o no, la creación de la Guardia Nacional vino a acotar la directriz militar que se nos impuso desde el gobierno de Felipe Calderón, aunque en realidad nunca se le dio a las Fuerzas Armadas el marco legal que se requería para que sus acciones fueran profundas. Y lo único que se hizo fue simular, contaminar a la fuerza militar del país, y poner en riesgo a la nación.

¿Qué la Guardia Nacional es en sí misma una fuerza militar? No, no lo es en estricto sentido. Su marco es civil, aunque muchos de sus elementos provengan del ámbito militar, pero bajo un esquema, digamos, mixto. No podía ser de otro modo, en un país en guerra. A lo que me refiero es que no depende del mando formal de la Secretaría de la Defensa Nacional, ni de la Marina Armada de México. La Guardia Nacional tiene su propio mando y no es un solo hombre, sino que es un mando colegiado, con presencia de representantes de soldados, marinos y civiles.

No soy experto en esto de los mandos militares, pero lo que teníamos era una amplia participación militar, pero en estricto sentido infructuosa, porque se limitaban a acciones de vigilancia y sus investigaciones estaban reservadas sólo para efectos de inteligencia militar, pues el esquema no es compatible con el sistema de justicia civil. De ahí que cuando una persona era detenida, los militares la entregaban al Ministerio Público del fuero común o del fuero federal, donde se decidía realmente su suerte. Y muchas de las veces era salir libre a las pocas horas, previo pago de una jugosa “mochada”.

Hay incontables denuncias que señalan a los militares en acciones ilegales que, sin embargo, tampoco fueron investigadas, porque todo era parte de un todo. Un juego de pirinola que iba dictando cuánto le toca poner a cada quien, y en el que todos obedecían.

Con la llegada de López Obrador algo cambió ahí arriba, al grado de que se habla de que hay malestar entre las Fuerzas Armadas. Primero, se desmanteló el Estado Mayor Presidencial, un cuerpo de seguridad de élite, para el presidente, sus familiares y los miembros de su gabinete.

Segundo, se desintegró a la Policía Federal, dándoles a sus miembros la opción de integrarse a la Guardia, pero no en automático, sino siguiendo un protocolo de certificación que es muy estricto, o bien dándole a los policías otras opciones. Todos vimos recientemente las manifestaciones ruidosas y hasta violentas de los uniformados federales, que no querían pasar por el proceso de certificación, sino que exigían pase automático. Luego, cuando se les dijo que no había marcha atrás, han estado saliendo a las calles de la Ciudad de México, bloqueando avenidas e incluso el Aeropuerto Internacional, exigiendo sus liquidaciones.

En resumen, el cambio de roles y esquemas está dando resultados. Tal vez aún no se note a nivel nacional, pues nadie puede negar que este año fue demasiado violento, con 28 mil 741 homicidios, contra 28 mil 125 de 2018 (2.1 por ciento más).

Además, los feminicidios también fueron al alza. En el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se detalla que en lo que va del año se tienen contabilizados 833 casos de feminicidios; esto es, 89 casos más que lo registrado en el mismo lapso, pero de 2018.

Pero en Guerrero hay avances importantísimos y eso se debe a la presencia de la Guardia Nacional, así como a la amplia apertura del gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, para coordinarse y acatar las estrategias que se dictan en la mesa para la construcción de la paz.

Estamos lejos de la paz, pero algo se está haciendo diferente. Y por lo tanto, se tendrán resultados diferentes. Esa es la lógica. Que no se pueden tener resultados distintos, si AMLO estuviera con más de lo mismo.

Con todo, y pese a que en los demás rubros pudiera haber retrocesos, insisto en que la Guardia Nacional es un tremendo logro, en un país donde el Mando Único Policial nunca se consolidó como herramienta federal, y los gobiernos estatales que lo intentaron también fracasaron.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

AMLO, su gabinete y su partido, Morena, celebrarán el primer aniversario de su toma de posesión este domingo 1 de diciembre. Y lo harán con un informe al pueblo –el tercero en lo que va del año-, y con un fiestón en el zócalo de la Ciudad de México, así como de otras actividades que incluirán visitas de ex mandatarios, mandatarios y diplomáticos de otros países.

Recordemos que López Obrador rindió un informe ciudadano el 1 de julio, cuando se cumplió un año de su triunfo electoral; el 1 de septiembre rindió otro informe, el que por ley debe rendir ante el Congreso federal, y ahora anuncia otros reporte ciudadano para el domingo 1 de diciembre, al cumplirse 1 año de su toma de posesión.

De paso, cada mañana el presidente concede una conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional –siempre y cuando no esté de gira. En sus viajes, además, hace anuncios y lleva información de primera mano a la gente, mientras va abanderando obras, programas y acciones de gobierno.

Por información de este gobierno nadie podrá quejarse. La ha habido y de manera profusa, al grado de que eso incluso ha causado incomodidad, porque todo se divulga por redes sociales, tanto de manera escrita como en video, y como dicen los reporteros “les gana la nota”, ellos ya no tienen nada que informar; si acaso lo único que les queda es darle seguimiento a los asuntos que el presidente exhibe.

En materia informativa, por lo menos, sí ha habido cambios tan drásticos, que la mayoría de los medios nacionales tuvieron que hacer recortes de personal, a la vez que fueron exhibidos los opinadores que, a pesar de trabajar para algún medio, sea de radio, televisión o prensa escrita, cobraban por su cuenta jugosos contratos a entidades públicas, sobre todo a la Presidencia de la República, considerándose los verdaderos generadores de opinión pública en este país; es decir, eran los “influencers” de la política, por citar ese terminajo de la era digital, y que por no ser propietarios de medios, simplemente no podían ofrecer nada concreto, salvo manipular y tergiversar información, atacar a los enemigos del régimen, deslegitimar a los adversarios de sus clientes, etcétera.

A estas ex vacas sagradas de la información nacional es muy fácil detectarlas ahora, por su incesante crítica al régimen actual, y por andarle buscando siempre chiches a las gallinas, o las mangas al chaleco.

AMLO está aprovechando al máximo su popularidad, que no es solamente interna, pues está considerado como uno de los presidentes más populares del mundo.

Incluso, se dio el lujo de escribir un libro, que puso recientemente a la venta. Como you tuber, además, gana sus buenos centavos pues sus videos son muy vistos y compartidos. Como miembro de Facebook, su cuenta está arriba de los 6 millones de seguidores y, por lo tanto, se ha convertido en el principal cliente de esta red, que también tiene que depositarle sus buenos pesos a sus cuentas. Y así sucesivamente.

No cabe duda que muchas cosas han cambiado en este país, y no nos referimos sólo al partido y al gobierno.

La Cuarta Transformación avanza, y eso hace crujir a la vieja estructura político-social que por decenios venía operando en el país.

Nadie puede negar que la 4T de AMLO, aunque no avanza al ritmo que quisiera toda la gente que votó por él, está reescribiendo la historia de este país, para bien o para mal.

Sus adversarios critican, patalean, reniegan, y lanzan malos augurios. Lo llaman populista, Pejelagarto, dudan que su estrategia de asistencialismo sea sostenible, quisieran verlo fracasar, mientras que a sus seguidores los catalogan como “chairos”, algo así como corrientes, nacos.

Pero mientras tanto, la luna de miel todavía está en su apogeo y AMLO la va a aprovechar. Están todos cordialmente invitados al fiestón.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Ciertamente dice la constitución federal que todo mexicano (y al citar mexicano se están abarcando todos los sexos, según la óptica del lector), a los 25 años de edad, pueden ser votados para los cargos de regidores, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, gobernadores, presidentes de la república y senadores. Lo que más llama la atención de estos requisitos es que no se exige una escolaridad mínima, y muchos podrían decir que no es estrictamente necesaria; sin embargo, la triste realidad nos demuestra lo contrario porque, como legisladores, la función primordial del senador es revisar, corregir o proponer leyes que permitan la conducción de todo un país, de manera correcta y armónica.

La imperiosa necesidad de un nivel académico promedio para poder ser votado como senador queda demostrado con la reciente iniciativa  de ley que hizo y que le fue aprobada a la senadora por el Estado de Guerrero, Nestora Salgado, la prohibición de los castigos corporales en contra de los niños y los adolescentes. Y no es que la iniciativa esté del todo mal, no se está descalificando de manera absoluta; sin embargo, a la iniciativa presentada por la senadora de Guerrero le hace falta contextualizar, es decir, presentar un estudio serio y minucioso, que abarcara por lo menos una amplia muestra en el estado que representa, de las motivaciones de su propuesta.

Al presentar una radiografía de la incidencia del maltrato de niños y adolescentes, acompañada de las causas que lo originan, la senadora Nestora Salgado hubiera estado de condiciones de plantear una iniciativa muy puntual, atendiendo las diversas motivaciones de la violencia y, por ende, proponiendo diversas medidas de apremio, cada una ad hoc con la causa que las originó.

Por supuesto que la investigación aquí propuesta implica trabajo, investigación de campo, desgaste físico, económico y, por supuesto, desgaste cerebral; pero ese es el precio de estar en condiciones de proponer valiosas iniciativas de ley apegadas a la realidad.

Pero en lugar de tomar la decisión de verdaderamente trabajar en pro de nuestro estado y con el ánimo de devengar un sueldo, la senadora Nestora Salgado se fue por la libre, se chutó la lectura de las recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en noviembre de 2018, le hizo a México en el sentido de establecer en la Ley la prohibición expresa del castigo corporal de los niños y adolescentes, y la llevó como una propuesta suya al pleno del Senado. Si queremos ser exigentes con nosotros mismos y con nuestros representantes populares, eso se llama “plagio”; es decir, Nestora Salgado no desgastó su cerebro para proponer una iniciativa de ley, simple y llanamente retomo como propia la recomendación de un organismo internacional y lo llevó a votación. Votación que, de manera oficiosa, desde el momento en que la ONU emitió la recomendación, cualquiera de las camas del Congreso de la Unión, debió de atenderla “de oficio”.

Si la senadora Nestora Salgado quiere hacer algo interesante, debería de llevar a cabo toda una investigación del origen de la violencia en contra de los niños y adolescentes y se daría cuenta que, si bien es cierto que existen padres golpeadores e insensibles para con sus hijos, también es cierto los adolescentes y aún los niños se están revelando a muy temprana edad en contra de sus padres. Se daría cuenta la senadora que los adolescentes de secundaria y preparatoria se están revelando en contra de los padres porque a esa edad ya están entrando en contacto con el mundo de las drogas y la delincuencia organizada. Se daría cuenta Nestora Salgado que en escuelas del nivel medio superior en general, los adolescentes son utilizados como narcomenudistas y que, obviamente, le venden la droga a sus compañeros. En ese contexto y ante tales conductas, deben ser los padres los que coadyuven a corregir esas conductas antisociales y que, en varias ocasiones, sería estrictamente necesario echar mano de castigos corporales para meter en orden a los hijos.

Urge que la iniciativa que le fue aprobada a la senadora Nestora Salgado sea enriquecida con una investigación de campo, aprovechando el nuevo esquema en las políticas educativas que está implementando el presidente López Obrador, en las cuales se van a integrar comités es todas las escuelas para darles seguimiento a las necesidades de ese sector. Cabe señalar que en algunos comités ya comenzaron a conformarse; y ¿qué creen? Que la primera problemática que están encontrando es que en las escuelas están llegando generaciones de alumnos cada vez más violentas. Estos padres de familia han coincidido en que la violencia ha aumentado de manera directamente proporcional a la implementación de los derechos humanos y los derechos de los niños y adolescentes, porque son leyes muy generales que, en la mayoría de los casos, margina la autoridad de los padres sobre los hijos, y de las autoridades con relación a los ciudadanos. Como colofón, vale la pena mencionar, que llama mucho la atención que esta propuesta de magnificar los derechos de los niños y adolescentes, venga de una ex comandante de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), organización que se ha caracterizado por violentar el marco legal institucional y promover la implementación de procesos de reeducación a los jóvenes y adultos que, por no respetar a sus padres, incurrían en conductas sociales, por lo cual son detenidos mediante procedimientos que requieren mucha violencia y hasta allanamientos de moradas.  

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

México está ante un momento sumamente delicado, frente a la comunidad internacional. Los vientos de desestabilidad social soplan desde Sudamérica, y desde el Norte viene un viento de intervencionismo golpista, como siempre ha ocurrido a lo largo de nuestra historia, bajo cualquier pretexto.

Nada es casualidad en política. Y desde que este gobierno ganó las elecciones en 2018, recordaremos que comenzó un proceso de desestabilización, con la salida masiva de migrantes centroamericano hacia Estados Unidos, pero pasando por territorio mexicano, donde todavía permanecen en campamentos, lo cual fue excelente pretexto para que el gobierno de Donald Trump exigiera al gobierno de México que detuviera ese flujo migratorio masivo, organizado en caravanas formadas por familias enteras.

Mucho se especuló al respecto, porque este tipo de actos es inusual en países que están en paz. Sólo en los países en guerra se observan esos desplazamientos masivos, de gente que huye de la violencia. Acá el pretexto era la pobreza y la falta de oportunidades, sumada a la violencia callejera de grupos delincuenciales, pero no estamos hablando propiamente de un conflicto armado entre países, o de una revolución.

Además, no se entiende que estos hondureños y salvadoreños hayan decidido migrar y cruzar por un país que está en peores condiciones que los suyos, gracias a una guerra que propició el mismo gobierno estadounidense desde tiempos de Felipe Calderón. Este fue el precio que Felipe tuvo que pagarle a los socios del norte a cambio de que le reconocieran su triunfo en 2006.

Ante las amenazas de la imposición de aranceles a todos nuestros productos de exportación, el presidente AMLO se vio obligado a cerrar la frontera sur, así como a modificar la política migratoria frente a quienes huyen de problemas en sus países de origen.

Pero lo de ahora es distinto. A raíz de la matanza de mujeres y niños de la familia LeBaron en el norte del país, los líderes mormones del grupo se presentaron en Washington y le exigieron a Donald Trump que declarara a los grupos del narcotráfico en México como “terroristas”.

Todos los mexicanos leímos eso, pero pocos vieron qué implicaría una declaración de Trump en ese sentido.

Simple y sencillamente la ocupación de nuestro territorio, alegando que se trata de un asunto de seguridad nacional para ellos.

Y entonces, el gobierno mexicano quedaría enteramente subordinado.

Trump tiene enfrente de él la mayor tentación de su gobierno, sobre todo ahora que está por comenzar la batalla electoral por su reelección en 2020, que los demócratas tratan de arrebatarle.

Ese proceso comienza a partir de esta semana, precisamente el jueves, cuando el país vecino celebrará el Día de Acción de Gracias.

En este mismo contexto, los demócratas, que son mayoría en el Congreso federal estadounidense, amenazan con no votar el T-MEC, tratado que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo cual es también una terrible presión para nuestro país.

Volviendo al tema, en lo personal estoy en contra de la propuesta de la familia LeBaron. Su tragedia es grande, claro que sí; y si alguien lo reconoce son los mexicanos que tenemos 13 años sufriéndolo de manera ininterrumpida.

“No podemos permitirnos continuar con las mismas políticas fallidas que se usan para combatir el crimen organizado. ¡Son terroristas, y es hora de reconocerlo!” se lee en la solicitud que hicieron las familias a la Casa Blanca, el día domingo. Tienen hasta el 24 diciembre para juntar 100 mil firmas, con lo cual, lograrían su cometido.

Pero esta propuesta es una traición a este país que les abrió sus puertas hace casi 100 años, y que les permitió aposentarse en el norte de México, donde no siempre han estado a la altura, pues son públicas sus rencillas por el agua para sostener la agricultura extensiva que practican, dejando a las comunidades vecinas a sus ranchos y propiedades sin el vital líquido. Tampoco podemos obviar sus propios escándalos como familia, que incluye asesinatos y denuncias graves de pederastia.

Los LeBaron saben que una declaratoria de esa magnitud pondría a México de rodillas. Y, con la pena, pero no son los únicos que han perdido familiares en esta guerra que comenzó un gobierno panista, insisto, a petición de Estados Unidos. Tampoco podemos ignorar que el poderío de los grupos delincuenciales que ellos denuncian, se debe a las 250 mil armas que entran a nuestro país provenientes nada más y nada menos que de Estados Unidos, sin que hasta ahora el gobierno vecino haya puesto un alto a ese contrabando armamentístico.

Y, para no variar, el peritaje de la escena del crimen de las mujeres y niños LeBaron, muestra que fueron asesinados con armas de fabricación norteamericana.

Y la cereza del pastel es el consumo de drogas. Ahí está el verdadero negocio del narcotráfico. Los consumidores de Estados Unidos gastan ¡60 mil millones de dólares anuales en sus vicios! Y esa industria está en el vecino país, no en el nuestro.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El grito de los pueblos indígenas de Guerrero no se hizo esperar durante los dos días de gira del presidente Andrés Manuel López Obrador a la entidad.

Organizados de antemano, presentaron oradores en las reuniones de Chilpa y Tlapa, los días 23 y 24 de noviembre, que expusieron la descarnada realidad que viven como pueblos originarios, a los que AMLO reconoció que son los verdaderos dueños del país y a quienes prometió acciones de gobierno tenientes a prodigarles un poco de bienestar y justicia social.

“La desigualdad y el neoliberalismo nos han causado mucho daño, también la corrupción de las instituciones y la falta de honestidad de los gobernantes”, expuso una de las representantes indígenas este domingo en Tlapa.

Exigió obras y acciones que los saquen de su asilamiento, así como servicios de educación  y salud.

Pero sobre todo pidieron respeto a sus derechos y cultura indígenas, sin que estos sean impedimentos de igualdad, y motivo para que se les considere como ciudadanos de tercera clase.

Aun con críticas de por medio, le presidente se ha propuesto pagar la deuda que el país tiene con los pueblos originarios, incluido el pueblo afromexicano, la tercera raíz, que hasta hace poco no se reconocía, aunque ha estado presente incluso en los rasgos del mestizaje.

Gracias a una larga lucha de grupos no gubernamentales, sobre todo de las costas de Guerrero y Oaxaca, la africanidad se ha ido reconociendo como parte de la identidad del México de hoy, y se les comenzó a integrar a estas comunidades a los organismos que antes sólo reconocían a los pueblos indígenas.

¿Qué importancia tiene que México voltee a ver a los pueblos originarios? Primero, como dijo el presidente, es un asunto de justicia. Segundo, un tema de desarrollo, porque no podemos hablar de crecimiento como país, si tenemos debajo de la alfombra datos que nos colocan como un país violador de los derechos humanos de parte de su población, pues tenemos pueblos con índices de desarrollo similares a los que sufren los países más pobres de África, y desafortunadamente esos pueblos están en Guerrero, la entidad que ocupa el séptimo lugar nacional por su población indígena, pues coexisten aquí en territorios bien delimitados los pueblos amuzgos, mixtecos, tlapanecos y nahuatls.

El reclamo de estos pueblos es tan real y contundente, que el gobernador Héctor Astudillo Flores no ha dudado en montarse en el carro de la Cuarta Transformación, haciendo propio el slogan de “Primero los pobres”, pues muchos de ellos están en Guerrero.

El presidente AMLO agradeció a Astudillo el respaldo a sus políticas públicas; y el mandatario guerrerense dijo que será solidario con todo lo que tenga que ver con desarrollo, aplaudiendo que López Obrador esté rompiendo esquemas al centrarse en aquellos pueblos que nunca han tenido nada.

Sin embargo, le dijo que para resolver la profunda crisis se necesita inversión, y que ésta es corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno.

Los programas Sembrando Vida, Fertilizante y La Escuela es Nuestra, son la apuesta del presidente de la República para generar oportunidades de empleo entre los pueblos indígenas y afromexicanos de Guerrero.

En cuanto a la infraestructura carretera, que fue una de las principales exigencias, fue que se organicen para hacer obras directas, como se hará en Oaxaca.

Con todo, a pesar de todas estas buenas intenciones, el 2020 se antoja que será un año de austeridad. El gobierno federal reducirá sus participaciones en materia de proyectos de coinversión, y lo que se aplique de manera directa será lo que se logre aterrizar.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Los diputados federales estaban hasta el cierre de este espacio en una sede alterna en la Ciudad de México, discutiendo y analizando el borrador final de lo que será el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020.

En realidad, ya se tienen los acuerdos con el resto de las fracciones parlamentarias, excepto con el PAN, cuyos miembros no quisieron trasladarse a una sede alterna y, por lo tanto, no formarán parte de los trabajos de análisis.

De 500 diputados, según el coordinador de Morena, Mario Delgado, 300 estaban seguros de votar por la propuesta planteada por el partido mayoritario.

Los cambios son mínimos. Se reasignarán únicamente 17 mil millones de pesos, y básicamente el resto del paquete queda como lo planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hay reducciones, sí, pero todas se están justificando, según Delgado.

Por ejemplo, a los órganos autónomos se les reducirán sus partidas presupuestales para meterlos de lleno a la política de austeridad, porque este año se escaparon de ello.

Se aclara que las reducciones vienen aplicadas al rubro de sueldos, y por lo tanto las actividades propias de cada organismo deben realizarse sin problemas, digan lo que digan sus integrantes.

El Instituto Nacional Electoral (INE), tendrá mil 071 millones de pesos menos. La razón, según el diputado Pablo Gómez, es porque 100 trabajadores querían ganar más que el presidente de la República. Además, los consejeros querían ganar 185 por ciento más de lo que gana el presidente.

Tan sólo en sueldos de los consejeros se tendrán ahorros por 70 millones de pesos en 2020.

Y así sucesivamente, organismos como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el INAI e incluso la Fiscalía General de la República, tendrán recortes en su gasto corriente.

La nueva ombudsperson del país, Rosario Piedra Ibarra, anunció que sus primeras acciones al frente del organismo serán, precisamente, reducir los gastos innecesarios, en solidaridad con las víctimas de violaciones a los derechos humanos en este país. Decretó la reducción en el uso de teléfonos celulares, viajes, etcétera, para ir ajustando los objetivos de la CNDH, que es la atención a las personas que sufren el menos cabo de sus derechos fundamentales.

Según los diputados, este nuevo apretón de cinturón afectará directamente a la burocracia, que sigue gorda y enquistada en la estructura del gobierno federal. Y ya no les pedirán permiso de si quieren reducirse los sueldos, al tope establecido, sino que los recortes ya se están haciendo de antemano; entonces, ni para dónde se hagan.

Se acaban también los “moches” que surgían de un esquema de “gestiones” de los propios legisladores, para beneficiar a estados y municipios, con su respectivo pago para ellos.

Están apoyando estos cambios, además de Morena, diputados del PT, PES y Verde, mientras que los panistas de plano recularon.

Al ser cuestionado sobre esta ausencia -que es histórica, pues un partido que ya gobernó durante 12 años este país, por primera vez se retrae en un asunto tan importante-, Mario Delgado dijo: “¡Ah!, lo que pasa es que no va a haber moches, se desilusionaron, como no va haber moches andan muy tristes y desmochados. No muy pragmáticos ellos”, dijo.

El presupuesto federal para 2020 realmente no trae sorpresas. Se sigue la misma ruta de privilegiar los programas de asistencia social, y se destina dinero para iniciar los proyectos de las obras cumbres del sexenio, como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, entre otros, así como que se le dará más dinero a Pemex, en lugar de quitarle, para que la petrolera vaya resolviendo su deuda y aumentando su productividad.

Se avanza en Salud. Por ejemplo, se contemplan 40 mil millones de pesos para el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que viene a sustituir al Seguro Popular, pero aparte el presupuesto para este sector prevé un aumento de 4.3 por ciento.

Este viernes se tendrá ya definido el presupuesto, aunque 8 días después de la fecha límite, debido al bloqueo de campesinos y ganaderos. Hasta ayer, los que permanecían en San Lázaro eran los de Antorcha Campesina.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Es interesante el proceso de integración que están logrando los alcaldes de Morena, aglutinados en la Coordinadora de Alcaldesas y Alcaldes de Morena en Guerrero (CAAMEG), dirigidos por la alcaldesa de Acapulco, Adela Román.

Primero, avanzaron a nivel nacional pidiendo más recursos para los municipios, que actualmente son el nivel de gobierno más constreñido económicamente hablando, pero sobre el que recae la responsabilidad de dotar de servicios públicos a la población.

En el marco de la discusión del presupuesto de egresos federal para 2020, los alcaldes morenistas lograron sin espavientos ni amenazas, que los diputados les respetaran la inversión para sus municipios, así como rescatar programas de inversión que estaban de hecho eliminados, y un incremento sustancial al fondo de seguridad pública.

No consiguieron que se creara un fondo adicional para municipios, en sustitución del Ramo 28, que fue eliminado por la corrupción a la que lo llevaron los diputados federales, pero en algo avanzaron: por lo menos poner en la agenda nacional la situación de los ayuntamientos del país, incluidos los de Guerrero, que hoy por hoy están en quiebra, arrastrando deudos por diversos conceptos, que les impide tan siquiera desarrollar un plan trienal de desarrollo.

Simplemente, los municipios están sobreviviendo, viendo cómo jugosas partidas se les retienen para pago de laudos, mientras que los agobian deudas con la CFE, Conagua, ISSSTE y el SAT, por citar algunos, al grado de que están pidiendo que se condonen los adeudos de electricidad heredados, en lo que sería un “borrón y cuenta nueva”, aunque la empresa paraestatal ya también se quejó que las carteras vencidas de los ayuntamientos son escandalosas y ponen en riesgo su viabilidad.

Tarde o temprano, el gobierno federal y los gobiernos estatales tendrán que enfrentar este dilema, y definir si apoyar más a los municipios o no.

Y es que de seguir esta tendencia, sobre todo con el modelo de administración centralista que se tiene, en el que la Federación se queda con la mayor parte de los recursos y transfiere a los estados partidas que tampoco son suficientes para resolver los problemas locales, el desarrollo que tanto se busca en municipios y sus comunidades no llegará pronto.

Sobre todo en Guerrero, esto es palpable, porque si ya de por sí era poco lo que se les daba a los municipios, durante 25 años estuvieron financiando el programa de fertilizante hasta en 80 por ciento, desviando para la compra y distribución del insumo dinero de obras públicas.

Durante todo este tiempo, el estado se desembarazó del programa de fertilizante, y sólo aportaba una mínima parte para mantenerlo, aunque en realidad se adjudicaba los logros políticos. El grueso de la inversión se sacaba de las partidas del Ramo 33 que administran los municipios, y que se les descentralizó precisamente con el objetivo de que ejecutaran obras de combate a la pobreza.

Esto fue un albazo al desarrollo municipal y es notorio cuando se viaja a otras entidades, donde de inmediato se ve la diferencia en temas como la urbanización, servicios como luz, agua potable y alcantarilla, educación y salud, así como los accesos.

En Guerrero, hasta hace poco teníamos todavía cabeceras municipales a las que se accedía por caminos de terracería, y puentes hamacas para que la gente cruzara caminando los ríos.

Salvo Acapulco y Zihuatanejo, además, el resto de los municipios carecen de rellenos sanitarios y de plantas tratadoras de aguas residuales. Si acaso llegan a fosas de oxidación, modelo de captación de aguas negras ya obsoleto y altamente contaminante.

Los alcaldes de Morena, decíamos, están ahora dando una pelea a nivel local, para que los diputados reasignen una partida especial para pago de laudos, ya que actualmente estos se pagan con dinero de seguridad y obras públicas, pues los municipios carecen de recursos propios suficientes.

Ayer, por ejemplo, se reunieron con diputados, en busca de atención por parte de los legisladores, quienes desafortunadamente no han atendido como se debe el problema de los laudos.

Los alcaldes involucrados en esta tarea son, además de Adela Román, el de Malinaltepec, Abel Bruno Arriaga; de Coyuca de Benítez, Alberto de los Santos Díaz; de Tecoanapa, Henos Roque; el presidente de Juan R. Escudero, Delfino Terrones Ramírez; la alcaldesa de Cuetzala del Progreso, Elizabeth Mendoza Damasio; el alcalde de Xochistlahuaca, Daniel Sánchez Néstor; y el presidente de Cuajinicuilapa, Oscar Alejandro Marín Mendoza.

Veremos hasta qué punto los diputados se comprometen los legisladores locales, o si dejan  a los municipios de nuevo a su suerte.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Si la situación económica no mejora en el país, los diversos sectores productivos de la nación tendrán que buscar alternativas, y para eso se necesita que los líderes trasciendan sus diferencias político-ideológicas, y que se reeduquen, alejándose de las redes de manipulación política, para que comiencen a pensar en términos económicos y productivos.

La verdad es que no hay de otra. La rebatinga por el presupuesto federal de 2020, nos indica que nadie quedará satisfecho; ni el sector oficial, ni los sectores productivos, pues son pocos los recursos que se tienen y muchas las necesidades a resolver.

Lo más importante es que el presidente AMLO ha decretado una política de austeridad que pocos entendemos, pues se trata de salir adelante con lo que cada quien tenga, sin recurrir a la deuda.

Y es correcto eso, pero se corre el riesgo de resbalar hasta una crisis económica nacional. Por lo pronto, la recesión es evidente y sólo explorando los nichos económicos que todavía tenemos, podremos escribir de esto como una mera anécdota. De lo contrario, el destino pasa al terreno de lo incierto.

Es el caso del turismo nacional, que en general está muy subdesarrollado. El potencial turístico del país no se ha explotado del todo, ni siquiera el tradicional de sol, arena y mar, mucho menos los demás segmentos que están en pañales, en comparación con otros países que desde hace mucho comenzaron a explotarlos.

Por ejemplo, el ecoturismo sigue siendo entre nosotros una moda aburrida, mientras que para otras entidades y países es una realidad.

Ni siquiera los municipios que están en procesos de desarrollo turístico, han podido conciliar el concepto ecoturístico, encaminado a preservar la belleza rústica y natural de las playas y manglares, y lo que sucede es que se van llenando de construcciones de concreto, asentándose en lugares vírgenes que en pocos años quedan inservibles, contaminados y convertidos en cloacas.

La necesidad económica de las familias que habitan en playas, los ha obligado a crecer sin ninguna planificación, pues es notorio que la política estatal de turismo está centrada en el Triángulo del Sol y unos cuantos destinos que vienen repuntando por sí mismos. Pero nada de organizar, nada de planificar, nada de conciliar intereses personales con los intereses ambientales.

Pero el ecoturismo no es la única modalidad turística que podemos emprender. Se tiene la experiencia de Taxco, como pueblo mágico, pero Guerrero es mucho más que eso. En la entidad, por ejemplo, se tienen asentamientos arqueológicos inexplorados, como Piedra Labrada en Ometepec, que sería el mayor en su tipo, perteneciente a la cultura Teotihuacana.

Es tanta la desidia, que hay gente viviendo en ese lugar, cultivando entre los cientos de estelas de piedra labradas. El gobierno municipal carece de recursos para hacer los trabajos de exploración y rescate. El gobierno estatal no está interesado, y el gobierno federal simplemente se ha olvidado del tema. Y si bien el Instituto Nacional de Antropología e Historia acudió al lugar para delimitar la zona, tales límites que por cierto no han sido respetados.

Hace unos 15 años se tenían ambiciosos proyectos en torno a Piedra Labrada, y se pensó que llegando Ángel Aguirre al poder se podría hacer algo por su natal Ometepec. Pero simplemente todo quedó en la nada.

Hay otro segmento turístico que está creciendo de manera increíble. Se trata del turismo de aventura y naturaleza, tan explorado en otros países. Este año, por ejemplo, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) turístico ya muestra un decremento de -0.3% o, las empresas del sector que todavía son muy pocas y pequeñas, trae un aumento ¡del 12%!

Pero obviamente los esfuerzos en este sector son marginales e individuales o familiares, pues el gobierno ni se ha dado por enterado.

Si acaso Chiapas ha estado explorando un poco este vasto sector, por sus zonas arqueológicas y por la Selva Lacandona, pero México es una cajita de sorpresas, pues aquí se tienen todos los climas, además de bosques, montaña y valles, playas y volcanes.

El turismo mexicano tiene mucho campo de acción todavía. Pero definitivamente tendrá que crecer por esfuerzos individuales y con sus propias uñas, pues lo más seguro es que el gobierno seguirá en su modelo tradicional, y ahora sin promoción.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

La protesta de campesinos y ganaderos que desde la semana pasada tomaron la sede de la Cámara de Diputados, está decantando en un acuerdo muy interesante, que implicaría la reapertura de una banda de desarrollo agropecuario, como se tenía antes con Banrural, y que desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue desmantelada, dejando al sector sin opciones de financiamiento productivo, y a expensas de los programas de subsidio como la Alianza para el Campo, el Procampo y otros que han ido surgiendo o cambiando de nombre en cada gobierno.

Eso fue, de hecho, lo peor que les pudo suceder a los productores del sector primario en general, pues la política de “apoyos” sembrada hace 29 años, durante el gobierno salinista, subsiste hasta hoy, y además se convirtió ya en una cultura entre los hombres del campo.

La manifestación en San Lázaro, por ejemplo, no se trata de gente que quiere producir. Se trata de gente que quiere seguir teniendo dinero a la mano cada año, pero sin que eso se refleje en una mayor productividad.

Los de Sinaloa concretamente están pidiendo 24 mil millones de pesos extras al presupuesto para el campo, pero para asuntos como seguros y algo que ellos llaman “agricultura por contrato”, pero no para incentivar la producción de los diversos cultivos.

Aunque es un diputado morenista el que está apoyando estos reclamos, el grueso de la bancada del partido lópezobradorista lo deplora, ya que de lo que se trata es de reactivar el campo, en efecto, pero eso no se conseguirá usando la misma política de dádivas, mediante programas que no tiene supervisión alguna, y que a la postre se convierten en nido de corrupción.

Lo que están proponiendo los diputados es crear una financiera rural, denominada Finagro, a la que tengan acceso todos los productores para actividades productivas y comerciales, pues el modelo de subsidios que prevalece a la actualidad no es para todos, de hecho.

En cambio, a la financiera rural podrían acceder los pequeños, grandes y medianos productores, con proyectos bien delimitados.

Pero, obviamente, se trata de dinero que tendrán que regresar al erario público, tal vez con intereses módicos, aunque descartando a los campesinos que practican la agricultura de subsistencia, para los cuales se tendría que continuar con el esquema de apoyos a fondo perdido.

Sería sumamente interesante ver este proceso, porque aunque los campesinos ya se acostumbraron a ir a recibir sus pesitos a las dependencias oficiales, siempre bajo un esquema politizado y aunque eso no les beneficie casi en nada (cuando reciben el recurso es porque ya lo deben, o porque ni siquiera lo van a invertir), sabemos que hay un tremendo potencial productivo en el campo mexicano, que está inexplotado por falta de dinero.

Lamentablemente, la mayoría de los sectores ya está en manos de extranjeros, sobre todo la fase comercial. Si se trata de mango, melón, limón, son empresas extranjeras las que acaparan los productos, pues los campesinos a duras penas sacan sus cosechas, y carecen de apoyos para abrir ellos mismos sus mercados.

Hasta ahora, se trata de una mera propuesta de los diputados, pero que ojalá sea retomada por el gobierno federal. Conozco personas que son expertas en cultivos de diversas especies acuícolas, pero que por falta de dinero no han podido concretar sus proyectos. Entre tanto, el mercado que representan los dos puertos de la entidad, así como sus principales ciudades, son aprovechadas por intermediarios de la Ciudad de México, que compran pescados y mariscos en los mercados de abastos por mayoreo, y vienen acá a distribuirlos.

Falta que Guerrero produzca huevo y leche, porque hasta ahora dependemos de Jalisco, Guanajuato y Puebla, etcétera.