(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
La protesta de campesinos y ganaderos que desde la semana pasada tomaron la sede de la Cámara de Diputados, está decantando en un acuerdo muy interesante, que implicaría la reapertura de una banda de desarrollo agropecuario, como se tenía antes con Banrural, y que desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue desmantelada, dejando al sector sin opciones de financiamiento productivo, y a expensas de los programas de subsidio como la Alianza para el Campo, el Procampo y otros que han ido surgiendo o cambiando de nombre en cada gobierno.
Eso fue, de hecho, lo peor que les pudo suceder a los productores del sector primario en general, pues la política de “apoyos” sembrada hace 29 años, durante el gobierno salinista, subsiste hasta hoy, y además se convirtió ya en una cultura entre los hombres del campo.
La manifestación en San Lázaro, por ejemplo, no se trata de gente que quiere producir. Se trata de gente que quiere seguir teniendo dinero a la mano cada año, pero sin que eso se refleje en una mayor productividad.
Los de Sinaloa concretamente están pidiendo 24 mil millones de pesos extras al presupuesto para el campo, pero para asuntos como seguros y algo que ellos llaman “agricultura por contrato”, pero no para incentivar la producción de los diversos cultivos.
Aunque es un diputado morenista el que está apoyando estos reclamos, el grueso de la bancada del partido lópezobradorista lo deplora, ya que de lo que se trata es de reactivar el campo, en efecto, pero eso no se conseguirá usando la misma política de dádivas, mediante programas que no tiene supervisión alguna, y que a la postre se convierten en nido de corrupción.
Lo que están proponiendo los diputados es crear una financiera rural, denominada Finagro, a la que tengan acceso todos los productores para actividades productivas y comerciales, pues el modelo de subsidios que prevalece a la actualidad no es para todos, de hecho.
En cambio, a la financiera rural podrían acceder los pequeños, grandes y medianos productores, con proyectos bien delimitados.
Pero, obviamente, se trata de dinero que tendrán que regresar al erario público, tal vez con intereses módicos, aunque descartando a los campesinos que practican la agricultura de subsistencia, para los cuales se tendría que continuar con el esquema de apoyos a fondo perdido.
Sería sumamente interesante ver este proceso, porque aunque los campesinos ya se acostumbraron a ir a recibir sus pesitos a las dependencias oficiales, siempre bajo un esquema politizado y aunque eso no les beneficie casi en nada (cuando reciben el recurso es porque ya lo deben, o porque ni siquiera lo van a invertir), sabemos que hay un tremendo potencial productivo en el campo mexicano, que está inexplotado por falta de dinero.
Lamentablemente, la mayoría de los sectores ya está en manos de extranjeros, sobre todo la fase comercial. Si se trata de mango, melón, limón, son empresas extranjeras las que acaparan los productos, pues los campesinos a duras penas sacan sus cosechas, y carecen de apoyos para abrir ellos mismos sus mercados.
Hasta ahora, se trata de una mera propuesta de los diputados, pero que ojalá sea retomada por el gobierno federal. Conozco personas que son expertas en cultivos de diversas especies acuícolas, pero que por falta de dinero no han podido concretar sus proyectos. Entre tanto, el mercado que representan los dos puertos de la entidad, así como sus principales ciudades, son aprovechadas por intermediarios de la Ciudad de México, que compran pescados y mariscos en los mercados de abastos por mayoreo, y vienen acá a distribuirlos.
Falta que Guerrero produzca huevo y leche, porque hasta ahora dependemos de Jalisco, Guanajuato y Puebla, etcétera.
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