Categoría: S.O.S Costa Grande

“UN DESAFÍO PARA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN”

CUARTA PARTE

En la primera entrega del análisis de “La Corrupción en el Registro Civil del Estado de Guerrero”, toqué, grosso modo, el historial político y laboral de la licenciada Silvia Rivera Carbajal, actual coordinadora Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil en Guerrero, el cual preponderantemente se dio dentro del Partido Revolucionario Institucional. El matrimonio que la funcionaria estatal sostuvo con el tricolor cerca de los seis lustros (superó las bodas de plata) pesa más que el incipiente romance que inició escasamente hace tres años con el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Tal aseveración se comprueba cuando se realiza un diagnóstico de los colaboradores que ella —y/o sus antiguos padrinos políticos o amigos del viejo régimen— han determinado que la acompañarán en esta flamante encomienda, poniendo en entredicho los principios de la Cuarta Transformación y la visión de la maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Pasemos a los argumentos:

Designó como subdirector Operativo a Joaquín Zúñiga Ramos, el principal promotor de la corrupción en el área del registro civil estatal (profundicé sobre el particular en las primera y segunda entregas de este tema), un fiel servidor y operador del ex gobernador del Estado, licenciado René Juárez Cisneros q.e.p.d. Por si esto no bastara, le están gestionando un bono (compensación económica) porque seguramente no le alcanzan los más de 15, 000 pesos mensuales que percibe por andar viajando con viáticos por el Estado timando a autoridades municipales y oficiales del registro civil, más todo lo que recibe por los moches de los trámites de rectificación, aclaración y nulidades de actas que ingresa indebidamente a las campañas gratuitas.

Enunciaré una lista de funcionarios públicos que fueron ratificados por la coordinadora, los cuales ingresaron a laborar durante el sexenio priísta del licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores (del 27 de octubre de 2015 al 14 de octubre de 2021), a saber: Álvaro Román Galindo, subdirector de Soporte de Cajeros; Carlos Enrique Acevedo Catalán, subdirector de Programación; Guillermo Delgado Marchán, responsable de Cuatro Departamentos clave (entre ellos el Departamento de Rectificaciones); y Vita González Rodríguez, encargada de Gestionar los Recursos Económicos ante RENAPO y también de administrarlo. Por cierto, un funcionario del Registro Nacional de Población me comentaba que hace unos días se entregaron dos millones y medio de pesos para el Registro Civil de Guerrero, sería interesante saber dónde están esos recursos económicos, puesto que, por ejemplo, en la Región de la Costa Grande sólo existe un módulo CURP en igual número de Oficialías: simplemente increíble.

En el período referido, en las instalaciones de la Supervisión Regional que funcionaba en la cabecera municipal de Benito Juárez, laboraba como coordinadora Regional (cargo inexistente en la Ley del Registro Civil y su Reglamento) la ciudadana Leticia Tovar Flores, quien cobraba en lista de raya, y quien se jacta de decir que es comadre del ex gobernador del Estado, licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores. Al principio de esta administración estatal dicha persona causó baja del cargo que le habían inventado y de su correspondiente salario, no obstante, trascendió que hace unos días le proporcionaron indebidamente una clave de la base de datos informática del registro civil estatal para que regresara a su puesto, aunque sin sueldo: ¿lo hará por amor al arte? o ¿estará bueno el negocio?

Por último, un integrante de la comitiva de las campañas gratuitas ha comentado que desde la coordinación se solicitó un millón doscientos mil pesos por concepto de viáticos y otros rubros para sufragar de los ocho días de la campaña gratuita en el municipio de Acapulco (habría que rastrear si fue autorizado en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado). ¿Qué haría usted con ese monto durante ocho días en el bello puerto de Acapulco? No hay que olvidar que esas visitas generalmente las pagan los presidentes municipales, y claro, también los Oficiales del Registro Civil  que son beneficiarios de las mismas.

Tal vez conociendo estas primeras acciones impulsadas por la licenciada Silvia Rivera Carbajal, ¿dónde está la limpieza de la corrupción de la que tanto habla en las entrevistas?, ¿este es acaso el Gobierno diferente que se ofertó durante la campaña electoral de 2021?, ¿representan estos personajes los principios de “no robar, no mentir y no traicionar” y “cero tolerancia a la corrupción” que enarbola la Cuarta Transformación?, y ¿dónde están las oportunidades para los hombres y mujeres que le dieron fuerza y determinación al Movimiento de Regeneración Nacional para alcanzar el triunfo en Guerrero?… las interrogantes están formuladas, las personas lectoras tienen la última palabra.

Sabia virtud de conocer el tiempo.

César Antonio Aguirre Noyola

Investigador en materias política y electoral.

“UN DESAFÍO PARA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN”

TERCERA PARTE

El artículo 33 fracción II de la Ley número 495 del Registro Civil vigente en el estado de Guerrero establece literalmente que “Los Oficiales del Registro Civil serán designados por el Ayuntamiento respectivo, a propuesta del Presidente Municipal, y deberán cumplir con los requisitos siguientes…Tener título profesional de Licenciado en Derecho o su equivalente, legalmente expedido y registrado ante la autoridad competente”. Es decir, las personas que se propongan por el presidente municipal, y que se aprueben por la mayoría de los y las integrantes del cabildo correspondiente para estar al frente de las Oficialías del Registro Civil, deberán contar, entre otros requisitos, cuando menos con una carrera profesional acreditada a través de un título que avale legalmente esa condición en cualquier área del conocimiento.

La única hipótesis jurídica que permite dispensar el requisito asentado en la fracción II del artículo 33 de la Ley Registral citada (o sea, que los oficiales deben poseer una licenciatura legalmente reconocida) es la que se especifica en el arábigo 34 de la Ley Estatal multicitada, la cual refiere de forma textual que “Podrá dispensarse el requisito a que se refiere la fracción II del artículo anterior (tener licenciatura o equivalente) tratándose de localidades cuyo número de habitantes sea inferior a diez mil; en este caso, el Oficial del Registro Civil deberá haber concluido la educación media superior o su equivalente”. En otras palabras, las personas que se propongan para desempeñarse como Oficiales del Registro Civil en las cabeceras municipales en automático deberán contar con estudios de una profesión, pero en las localidades cuya población sea menor a los diez mil habitantes, bastará que acrediten haber concluido una formación equivalente al nivel medio superior (preparatoria de la UAGro, preparatoria popular, preparatoria en instituciones educativas privadas, CETIS, CBTIS, Colegio de Bachilleres, bachillerato en el CONALEP, etcétera, obviamente siempre y cuando estos centros escolares tengan validez oficial).

Lo anterior, aclaro, es lo que exige la Ley del Registro Civil aplicable en la entidad federativa, que es una ley de carácter estatal: es producto del proceso legislativo donde intervienen los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado a través de una iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y la precisión del inicio de su vigencia prevista en un artículo transitorio del propio decreto. Ese cuerpo normativo contiene normas generales, abstractas e impersonales, por ende, su cumplimiento está dirigido a todas las personas que se ubiquen en los supuestos legales que establece. Los principales destinatarios en observar dicha norma son las autoridades (gobernador o gobernadora, los y las integrantes de los ayuntamientos municipales, el secretario o la secretaria General de Gobierno, coordinador o coordinadora, subcoordinador o subcoordinadora, supervisores o supervisoras estatales, supervisores o supervisoras regionales y las y los Oficiales del Registro Civil), amén de todas aquellas personas que se circunscriban en el alcance de que está provista.

Ahora bien, el nombramiento de las personas en calidad de Oficiales del Registro Civil tiene un carácter mixto, o sea son aprobados por los ayuntamientos municipales a propuesta del o de la presidente correspondiente, pero dados de alta en la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil en Guerrero. En este orden de ideas, toda vez aprobados por el cabildo respectivo, esas personas tienen que ser registradas a través de una cédula que les proporcionan en la Oficina Central del Registro Civil del Estado, donde se asientan, entre otros elementos, el número de oficialía, municipio de adscripción, domicilio, número telefónico, amén del nombre de la persona, su fotografía, su firma y el sello que usará durante su encargo.

La coordinadora tiene la responsabilidad de que las personas propuestas como oficiales cumplan principalmente estas disposiciones legales, desafortunadamente cuando se revisa la relación de personas habilitadas como tales, nos damos cuenta de que en varias cabeceras municipales y comunidades que rebasan los diez mil habitantes los oficiales no tienen licenciatura: entonces ¿cómo logran ingresar?, ¡ah!, las personas se presentan ante el supervisor estatal para que revise la documentación y, cuando detecta la ausencia de los requisitos mencionados, les dicen “que tu presidente le hable a la coordinadora para que le dispense ese requisito”. Cuando el presidente le pide el favor a la coordinadora, éste ya adquiere un compromiso con ella. Pero ¿la coordinadora está facultada para dispensar u obviar un requisito que pide una ley estatal?, por supuesto que no, se está arrogando facultades. Aparte de que ello es una ilegalidad, esta situación repercute en la deficitaria elaboración de los actos registrales por la falta de una formación académica idónea en los oficiales con la consecuente afectación a la ciudadanía.

Sabia virtud de conocer el tiempo.

César Antonio Aguirre Noyola

Investigador en materias política y electoral.

“UN DESAFÍO PARA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN”

SEGUNDA PARTE

En la primera entrega de este tema puse de relieve, en síntesis, que la actual Coordinadora Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil en Guerrero, la licenciada Silvia Rivera Carbajal, había sido formada con la doctrina priísta y que todas sus responsabilidades políticas y cargos en el sector público —hasta antes del encargo que ahora ostenta— estaban directamente relacionados con el Partido Revolucionario Institucional; que en el año de 2018 dio un viraje ideológico, abandonando las huestes del tricolor para vestirse de marrón; que en el mismo 2018 declinó su candidatura a la diputación local por el 18 distrito electoral que abarca una parte de la Región de la Tierra Caliente, argumentando problemas de inseguridad; y que a la llegada a su actual puesto no ha podido sustraerse a su pasado priísta, ya que empezó a cobijar y rescatar a personajes enquistados en la oficina estatal del registro civil que han servido fielmente al viejo régimen y que tienen serias máculas de corrupción.

Uno de esos personajes nefastos, sin escrúpulos, es el licenciado Joaquín Zúñiga Ramos, principal promotor de la corrupción en esa dependencia administrativa estatal, quien ha respondido a intereses del extinto René Juárez Cisneros (ex gobernador del Estado durante el sexenio 1999-2005), y que ahora se camufla, se desliza como si fuera un reptil y se pone de tapete ante su nuevo amo, y gracias a ello lo han premiado una vez más con el cargo de subcoordinador Operativo. Continuaré con mi relato de las tropelías cometidas por este individuo.

El 1 de octubre de 2015 fui nombrado por la otrora Coordinadora Técnica  del Sistema Estatal del Registro Civil, la profesora Ma. Inés Huerta Pegueros, como supervisor Regional en la Costa Grande en materia de Registro Civil, me trasladé a la oficina ubicada en la ciudad de Técpan, municipio de Técpan de Galeana, para despachar e hice un diagnóstico del área de trabajo. La persona a la que relevé era sobrino de Joaquín Zúñiga y días antes habían realizado un campaña gratuita de rectificaciones y aclaraciones de actas del estado civil en ese municipio, pero resulta que a pesar de que eran “gratuitas” el pariente de Joaquín Zúñiga cobró de entre 1000 y 1800 pesos por cada trámite, y por si eso fuera poco, no arregló los detalles de los documentos. Durante los días venideros personas de diferentes comunidades acudieron a la oficina regional y preguntaban si su problema había quedado solucionado, yo consultaba la base de datos informática y el papel seguía con el error, entonces la gente empezó a molestarse y a decir que habían pagado por esos detalles y que no se les hacía justo que los hubieran estafado. Ante la situación, elaboré una relación nominal de los quejosos, especificando el tipo de error que tenía el acta, la cantidad económica que indebidamente habían pagado y la fecha del pago, firmándolo y entregándolo a la secretaria de la coordinadora y esperando a que la jefa me llamara para darle seguimiento al caso, pero, ¡oh, sorpresa!, la llamada me la hizo Joaquín Zúñiga para decirme que yo había hecho mal en denunciar a su sobrino ante la maestra, que primero debí hablar con él, y que le presentara mi renuncia a la brevedad… la deducción: “la cuerda siempre se rompe por lo más delgado”, es decir, la ex coordinadora nunca iba a preferirme por encima de su operador, de su segundo de a bordo, por lo que causé baja a escasos 30 días de haber asumido el cargo.

Recuerdo que en la segunda semana de aquel mes de octubre de 2015, Joaquín Zúñiga había viajado a La Unión y Zihuatanejo para revisar los módulos del Sistema de Impresión de Actas en Línea (SIDEA) y a su regreso pasaría a los módulos de Técpan y Atoyac. Antes de retornar de Zihuatanejo me llamó por teléfono y me dijo “Supervisor te encargo una caja de mango ataulfo de primera de los centros de acopio de El Llano y dos kilos de camarón de la comunidad de “El 20” (ambas comunidades pertenecientes al municipio de Técpan de Galeana) porque se los llevaré a los jefes de Chilpancingo”, yo le contesté que no tenía dinero y tampoco fondos para ese fin en la supervisión regional, entonces inmediatamente me cortó la llamada: estaba consciente de que era el primer choque entrambos. Lo que pasó con el tema su sobrino días después sólo representó la gota que derramó el vaso.

Joaquín Zúñiga continúa haciéndose cargo de las campañas gratuitas de registro de nacimiento y matrimonio, así como de rectificaciones, aclaraciones y nulidades de actas del estado civil, varios oficiales cobran fuertes cantidades de dinero a la ciudadanía por los trámites, él les pide solamente el costo de la tarifa y los ingresa a las campañas, y se reparten el botín: así ganan todos. Para cerrar la red tiene a su hijo Jonathan Zúñiga Zavala en el área de rectificaciones, quien aparece en las resoluciones como testigo de asistencia, tal como se evidencia en la resolución de fecha 3 de diciembre de 2021, recaída sobre un procedimiento de aclaración de acta de nacimiento, identificado con el expediente CTSERC/ACL/NAC/29845/2021.

Sabia virtud de conocer el tiempo.

César Antonio Aguirre Noyola

Investigador en materias política y electoral.

“UN DESAFÍO PARA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN”

PRIMERA PARTE

En el mes de noviembre de 2021 la licenciada Silvia Rivera Carbajal fue designada como Coordinadora Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil en Guerrero.

Desde que era estudiante de la Facultad de Derecho dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero, la actual titular de la oficina central del registro civil en la entidad fue una mujer activa, principalmente con los grupos de jóvenes matriculados vinculados con el Partido Revolucionario Institucional que hacían vida en el interior de esa institución educativa, lo que la llevó pronto a enrolarse con la clase política gobernante local y estatal.

Su participación se dio, más que en el ámbito universitario, en las contiendas entre partidos políticos, defendiendo, desde su época de escolapia de Derecho, el logotipo del instituto político que se identifica con los colores del Lábaro Patrio.

Sus cargos como servidora pública y sus encomiendas políticas en los ámbitos municipales regionales y estatales fueron, desde 1993 y hasta el 2018, dentro del PRI. Debutó en 1993 como directora para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Iguala de la Independencia, pasando de 2012 a 2015 como presidente del Organismo Nacional de Mujeres Priístas en Guerrero, hasta llegar a la diputación federal por el distrito 01 (Región de Tierra Caliente) por el período 2015-2018. En 2018 abandona las filas del PRI y se postula por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a la diputación por el distrito local número 18 que comprende parte de la Tierra Caliente (con intento frustrado por temas de inseguridad en la región).

Desde luego que cambiar de partido político, desde mi manera de ver, no es algo indebido, máxime si no existe reciprocidad entre el trabajo partidista que la persona acumula y las oportunidades de participación en las competencias electorales que el partido debe brindar.

Desde que llegó al actual encargo que ostenta, no obstante su nuevo ropaje morenista, empezó a rescatar a personajes que sirvieron fielmente al rancio régimen priísta, tal es el caso de Joaquín Zúñiga Ramos, un sujeto ruin, arrastrado, corrupto, perverso y desleal. Algunos datos de este angelito son que en 2015 en plena campaña electoral para la Gubernatura del Estado convocó en dos ocasiones a personal de la propia coordinación y a oficiales del registro civil afines (y otros presionados) a igual número de reuniones privadas: una en el puerto de Acapulco y otra en la ciudad de Chilpancingo para apoyar la candidatura del licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, las cuales fueron solicitadas por ex gobernador René Juárez Cisneros (q.e.p.d.). Gracias a esta maniobra fue como logró continuar en el puesto. Ya en 2018 en plena campaña para elegir, entre otros cargos, a los senadores de la República, volvió a convocar a dos reuniones en las mismas sedes que en el año 2015 con la finalidad de que personal de la coordinación y oficiales del registro civil promovieran y apoyaran al licenciado René Juárez Cisneros, de quien no tenía empacho en manifestar que era su amigo.

Cuando yo fui oficial del Registro Civil 01 en el municipio de Zihuatanejo de Azueta (2012-2015) nos pidió que nos cooperáramos, junto con los otros seis oficiales adscritos al mismo municipio, para hospedarlo a él y a dos acompañantes más en Ixtapa (les conseguimos dos habitaciones en el hotel Puerta del Mar) allá por el mes de julio de 2015 con motivo de una ceremonia colectiva de matrimonio civil gratuita que se llevó a cabo en playa El Palmar. Yo hablé por teléfono a Chilpancingo con la delegada Administrativa de ese entonces, y me comentó que les habían entregado un cheque para tal comisión, equivalente a $25, 000.00 por concepto de viáticos para dos días. Aún con todo y eso nos dijo los invitáramos a comer y a cenar argumentando que no traían viáticos.

Años antes, a principios de 2013, yo fui a Chilpancingo con la finalidad de conocer a la profesora Ma. Inés Huerta Pegueros, quien era la coordinadora estatal del registro civil, y pensaba pedir una audiencia con su secretaria, sin embargo, en la entrada del edificio Juan N. Álvarez (inmueble donde se ubica el registro civil del Estado) me topé a Zúñiga, me abordó y me preguntó que cuál era el motivo de mi visita, yo le dije de mi intención de platicar con la jefa, él me dijo que era cumpleaños de ella y que dudaba que me recibiera, entonces me pidió que lo acompañara a la tienda de Office Depot que está allá por Ciudad Universitaria, accediendo a su solicitud; ya estando en la tienda me dijo que yo pagara un lapicero que le pidió a la empleada (costaba $633.50), y me dijo: “Si quieres que te reciba y estar bien con la jefa necesitas pagar este lapicero y yo se lo llevaré y le diré que es un regalo que le trae el oficial 01 de Zihuatanejo… no habiendo más opción cubrí el precio y retornamos a la coordinación, donde primero él entró y después me hizo pasar para saludar a la profesora, por cierto ella no me dijo algo sobre el supuesto presente.

Sabia virtud de conocer el tiempo

César Antonio Aguirre Noyola

Investigador en materias política y electoral

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Como en la administración estatal, el gobierno de Acapulco se enfrenta a la misma situación de endeudamiento histórico, que involucra a las administraciones municipales de los últimos 16 años, sobre todo desde el gobierno de Manuel Añorve Baños, quien -según el también ex alcalde Luis Walton Aburto-, fue el ahora senador de la República quien dejó deudas impagables en el puerto acapulqueño.

Esto dificultó el desempeño del resto de las administraciones, hasta llegar a lo que ahora se tiene: un grave endeudamiento que pone al municipio más importante del estado ante una quiebra real.

El problema es tan serio, se sinceró Luis Walton, que si la Federación no aporta recursos extraordinarios para que Acapulco salde sus deudas ante la CFE, sobre todo, no habrá manera de resolver nada, mucho menos con una nómina mensual de alrededor de 130 millones de pesos.

Pero la sinceridad de Walton en poco nos ayuda. Como tampoco vale la sinceridad de la administración estatal, que admita que heredó del gobierno de Héctor Astudillo Flores un boquete financiero de 22 mil millones de pesos, y que a su vez Astudillo se justifique diciendo que esa deuda data desde 1996 a la fecha. O sea, desde el primer gobierno de Ángel Aguirre Rivero.

No nos sirve de nada que los políticos saquen su ropa sucia al sol, cuando lo que debieron hacer fue denunciar semejantes desfalcos y exigir la investigación de estos.

¿Por qué Añorve dejó más de 500 millones de pesos en deudas? ¿Por qué Walton, quien fue el sucesor, no exigió se investigara al gobierno de su antecesor? ¿Por qué Adela hizo lo mismo con el gobierno de Evodio, solapando otra deuda de 500 millones de pesos adicionales ante la Comisión Federal?

Por las mismas razones que tuvieron todos los gobernadores para irse solapando sus tropelías y rapacerías. Que al cabo el pueblo paga y el pueblo aguanta.

Consideramos que las reglas del juego deben cambiar, en vista del éxito obtenido hasta hoy. Ya no deben ser los alcaldes o gobernadores los que puedan o deban denunciar los boquetes financieros que encuentra y pedir la intervención de la Auditoría y Contraloría, sino que lo pueda hacer cualquier ciudadano.

O, las instancias fiscalizadoras deben actuar de oficio, no sólo mediante denuncia. Porque da el caso de que toda la carga recae en el gobernante que llega. Y si éste no presenta denuncias o reporta las fallas encontradas, ni la Contraloría ni la Auditoría se mueven.

A eso le apuestan, de hecho, tanto alcaldes como gobernadores. Los primeros a que sus sucesores harán lo mismo que ellos y que por lo tanto se taparán con la misma picha. Los segundos, también se tantean porque lo que menos quieren es que sus antecesores les alboroten el avispero, usando sus influencias en medios de comunicación a modo (ahora con las redes sociales pululan las páginas de Facebook que son usadas como medios digitales que en realidad son vocerías de políticos), o bien desatando a las fuerzas fácticas que están vigentes y bastante activas en la entidad.

Por lo tanto, todos van con pies de plomo, esperando que los dejen gobernar en paz, por lo menos, aunque tengan que lidiar con los boquetes financieros y los déficit que cada vez son más escandalosos.

Si ese candado no se rompe, seguirá la misma historia. Los entrantes sólo denuncian en medios y redes sociales lo que encuentran, a manera de justificación. Pero incumplen con su obligación de denunciar ante las instancias correspondientes.

Lo que es peor, aunque las autoridades federales detecten desvíos de recursos, como sucedió en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, les dan todas las oportunidades para “solventar”, con el argumento de que se trata de “observaciones”.

Y como son “observaciones”, entonces no son consideradas delitos, porque el ex funcionario tiene muchos meses y hasta años de gracia para justificar los boquetes informativos y documentales.

Al final, todo se arregla con dinero. Los auditores venden su conciencia, que al cabo de lo robado lo que aparezca.

Está muy bueno el mea culpa de Luis Walton Aburto. Sólo recordarle que su sinceridad para nada ayuda a los acapulqueños, a 10 años de que concluyó la administración añorvista. El señor ya hasta fue candidato a gobernador, diputado federal, senador de la República y aspirante de nuevo al gobierno de Guerrero.

¿Entonces, como para qué usa su ronco pecho para hablar de “realidades?

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Este miércoles los diputados en pleno del Congreso local conocerán de manera oficial quiénes integran la terna que envió la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y de la cual tendrá que ser electo el nuevo fiscal general del estado de Guerrero.

Una vez pasado el formalismo, la Junta de Coordinación Política (que equivale a decir a la representación de los partidos políticos con poder en el Congreso local), prepararán las comparecencias de los 3 aspirantes, dos hombres y una mujer, que serán a puerta cerrada, de acuerdo con lo que informó el diputado presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel, aunque hay quienes quieren que sean públicas.

Acto seguido, en la Jucopo deliberarán y entregarán un dictamen con el nombre del ganador de la convocatoria que se lanzó desde el mes de octubre, cuando se conoció la renuncia del ex fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barilla.

La propuesta será votada en el Pleno, y se requiere el voto de las 2 terceras partes del total de los diputados que integran esta legislatura.

Sin embargo, Morena sólo cuenta con 22 asientos; le faltan 9 para alcanzar la mayoría calificada y es obvio que tendrán que alcanzar “acuerdos” con PRI y PRD, sobre todo, que son los dos partidos que juntos suman 20 legisladores.

Aunque los diputados esperan que el próximo 23 de diciembre ya se tenga electo al nuevo fiscal, ante la urgencia de su nombramiento, dados los hechos violentos que se están registrando en diversas partes del país, eso tampoco es seguro, sobre todo si priístas y perredistas venden caro su amor, como la aventurera.

De parte de la gobernadora, ya cumplió con su obligación constitucional de elegir una terna de entre los 44 registros que se presentaron por la convocatoria que fue abierta.

Evelyn Salgado eligió a una abogada mujer y dos varones. Y como se esperaba -o a menos que los diputados nos sorprendan- la terna se lee por sí misma, y la lectura puede hacerse en dos sentidos.

Hay sólo una mujer, Anacleta López Vega, la única que quizás representa una vida profesional en los asuntos de procuración de justicia, pero que también representa independencia, pues no se le vincula ni con el senador Félix Salgado Macedonio, ni con la propia gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

En cambio se incluyen dos varones, los dos muy cercanos a la familia Salgado Pineda.

Es el caso del abogado José Luis Gallegos Peralta, cuyo curriculum incluye un largo historial en la abogacía, y fue quien tomó la defensa del senador Félix Salgado en las acusaciones que se le hicieron, con la intención de arrebatarle la candidatura, cosa que finalmente sucedió pero por otras causas.

Además, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, un personaje también muy cercano a Félix, habiendo sido secretario general en el ayuntamiento de Acapulco, durante el gobierno felixista. 

Actualmente Reynoso Núñez se desempeña como subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno estatal, y habría sido de los últimos en registrarse como aspirante a la Fiscalía.

De entre 44 aspirantes al cargo, entre los que destacaban hasta ex fiscales, todos abogados con gruesos currículos, expertos en asuntos de procuración de justicia, la elección recayó en los 3 mencionados. 

De Anacleta López Vega se puede destacar que fue parte del gobierno del perredista alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, donde ocupó la secretaría general del Ayuntamiento. 

Éste fue, digamos un cargo político, porque se sale del ámbito de la justicia. Y aunque se le puede acusar de ser parte del PRD, lo más que podemos señalar que puede ser alguien muy cercano al ex alcalde perredista, pero no necesariamente militante.

Ese nexo podría ser un punto en su contra, pues si en algún ámbito existe el celo político, es precisamente en el mundillo de la política.

En cuanto a José Luis Gallegos Peralta, abogado dueño de un despacho, tiene como mal antecedente su paso por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), donde fue nombrado por el ex gobernador Héctor Astudillo Flores, pero fue denunciado por su irrelevante actuación.

¿En qué medida ese antecedente de fracaso político le puede afectar a Gallegos Peralta para descartarlo, no sabemos; todo dependerá de su comparecencia ante los diputados y, por qué no decirlo, de si trae la venia del felixismo.

El único abogado realmente cercano al grupo ganador de la contienda de junio pasado es el subsecretario de Asuntos Políticos, Ludwig Marcial Reynoso Núñez. Su cercanía con Félix y, por ende, con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, data desde que fue secretario general del ayuntamiento de Acapulco, en el periodo 2005-2008. 

A partir de ahí podría decirse que Ludwig es el favorito, pero también podríamos estar ante un retruécano político, y que en realidad la intención de Evelyn sea nominar a una mujer, y para ello no eligió a hombres que tuvieran una mayor competencia sobre ella.

Al contrario, puso a dos cercanos a su padre para que en automático fueran rechazados por lógica, conociendo que los partidos de oposición les pondrán ese  “pero” y se les acusaría de ser el fiscal amigo de la familia en el gobierno.

Así que, por default y sin grandes acuerdos que impliquen muchos pesos y centavos, se estaría eligiendo a la abogada Anacleta. Veremos, dijo un ciego.

Jorge Zepeda Patterson

Siempre he puesto en duda la categórica afirmación de Andrés Manuel López Obrador de que el pueblo es por naturaleza bueno. Su confianza indeclinable en las grandes mayorías de escasos recursos, ha sido una constante a lo largo de su vida. El pueblo es bueno, sabio y noble ha dicho una y otra vez. Sin embargo, una larga experiencia me ha enseñado que al margen de la clase social hay seres humanos admirables y seres inhumanos, punto. Por sí misma la pobreza no enaltece y la miseria absoluta no extrae necesariamente lo mejor de una persona, con frecuencia más bien lo contrario, lo cual resulta más que entendible.

Dicho lo anterior, debo reconocer que tal convicción fue sacudida luego de invertir medio día para recibir la tercera dosis de la vacuna contra el Covid19. Mi edad y residencia actual me citaron este viernes a unas oficinas de la Secretaría del Bienestar, habilitadas como centro de vacunación. Lo había intentado el jueves, pero las interminables colas que encontré me convencieron de regresar a las 6:30 del día siguiente. Por desgracia otras 4 mil personas pensaron lo mismo, con el agravante de que el despertador de la mayoría de ellas fue más previsor.

Una vez instalado, a casi un kilómetro de la boca de entrada, asumí que habría que armarse de paciencia y, libro en mano, intenté despejar mi mente del repentino resentimiento que me generaba la incompetencia de la burocracia federal. ¿No podían haberlo hecho mejor? Solo dos sitios de vacunación en una ciudad de medio millón de habitantes y tres días límite para vacunar a más de 50 mil adultos mayores se traducen, por aritmética pura, en un calvario para miles de ancianos. ¿Por qué el valemadrismo de la autoridad con una “logística” que inflige tal castigo en su propia población? Bastaba ver la concurrencia para entender que muchos de los de la tercera edad estaban muy cerca de salir de ella y el enfriamiento y el implacable plantón no ayudarían para mantenerlos entre los vivos. Para algunos constituía un suplicio simplemente avanzar los dos o tres metros que de tanto en tanto había que recorrer para acortar el interminable kilómetro. Literalmente varios habían sido trasladados e instalados en la larga cola por algún familiar.

Intenté participar de mi indignación a mis vecinos, solo para descubrir que ninguno la compartía. “Pero es gratis”, me dijo uno con una enorme sonrisa desdentada. “Para las 4 de la tarde ya estamos en casa y bien vacunaditos”, me dijo otro con una templanza que habría envidiado Yoda o el Dalai Lama, mientras que yo hacía preocupados cálculos de las diez horas que faltaban para que eso sucediera. “No se crea, tampoco tenía mucho que hacer encerrado en la casa”, afirmó un tercero, mientras alzaba el brazo para atraer la atención de una señora con un canasto de chilaquiles verdes y rojos. Para las 8 de la mañana la escena se había convertido en una verbena. Vendedores de gelatinas, café con conchas, buñuelos, tortas de jamón, pasteles y galletas recorrían de arriba abajo la larga serpiente de ancianos pregonando su mejor marketing. “Café calientito”, “tortas con rebanadas gruesas de jamón”, “pastelitos de la abuelita”.  La señora de los chilaquiles, prefería echar mano de la ciencia y en su mejor imitación de López-Gatell aseguraba “la vacuna no debe recibirse con el estómago vacío, lleve sus chilaquiles”. Muchos de los pacientes, nunca mejor dicho, observaban la pasarela de vendedores como si se tratara de un maravilloso e irresistible buffet. Y en verdad lo era.

Había algunos pocos cuya tez y atuendo evidenciaban su pertenencia a la clase media e incluso un par de fifís que hacían ostensible que se encontraban fuera de lugar. Supongo que su prisa por inmunizarse había vencido su resistencia a incurrir en tan forzado baño de pueblo. Sus choferes los avituallan de tupperwares y botellas de agua, sombrillas para el sol y sillitas plegables para hacerles más llevadero el momento, a pesar de lo cual claramente lo estaban pasando más mal que sus vecinos del México profundo.

Cuando por fin quedó a golpe de vista la puerta de entrada a la ansiada clínica pude confirmar que López Obrador puede estar equivocado en muchas cosas, pero quizá no anda tan errado en lo que respecta a su pueblo bueno. Mientras que la totalidad de la gente guardaba con riguroso respeto el orden de llegada a la fila, por más sinuosidades y accidentes que hubiese en los frecuentes recorridos, una y otra vez pude ver que los intentos por colarse procedían de los que se auto definirían como “gente bien”. Quizá los clasemedieros pensarían que los otros estaban en la obligación de pasarse horas porque de cualquier manera eran humildes y su tiempo valía menos, pero que por alguna razón ellos tendrían que estar exentos. Una veintena de “bien nacidos”, a juzgar por su aspecto, se agolpaban a la puerta de entrada intentando convencer a los Servidores de la Nación con algún argumento in extremis que justificara ser vacunado de inmediato. En ese momento entendí por qué había tan pocos en la fila: al llegar la vieron y, en lugar de formarse 500 metros atrás, habían decidido que tenían mayor oportunidad encomendándose a su verbo y a su cartera. Se que mi observación no tiene nada de científica, pero juro que en esa bola de aspirantes a infiltrarse no había uno que militase en las filas de los que AMLO llamaría el pueblo bueno.

Quizá se trate menos de una supuesta bondad aparejada con la pobreza y más con la costumbre de soportar las vicisitudes de la vida pública en desventaja. El país de donde procede AMLO es uno en el que hay que armarse de paciencia, donde los horarios y las citas no funcionan del todo, en el que hay que regresar porque hoy no se pudo, en donde muchas cosas están descompuestas pero tampoco están mal si son gratis o cuestan poco.

A las dos de la tarde salí feliz porque ninguno de los Servidores de la Nación dejó colar a nadie, y porque estaba vacunado y camino a casa tras una jornada de ocho horas en lugar de las diez pronosticadas. Y gratis.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El PRI se arrepiente de sus 30 años de neoliberalismo y vuelve a su origen de centro izquierda, en una movida electorera que impactará su política interna en los próximos 3 años, y de cara a la elección presidencial de 2024.

Durante su 23 Asamblea Nacional realizada este sábado 11 de diciembre, los delegados del tricolor anunciaron que dejarían atrás el neoliberalismo que “les fue impuesto desde el poder”, para definirse como social demócratas. O sea, de izquierda.

Con la nueva agenda, los priístas son ahora “feministas, ambientalistas, enemigos de la discriminación, progresistas y aliados de las causas populares”.

Pero en clara contradicción con este viraje, se anunció que el PRI se queda en la alianza Va por México, que también integran el PAN y el PRD.

“Somos más competitivos y ganamos la confianza de la ciudadanía. Está claro hoy, que en todas las encuestas públicas a nivel nacional, el PRI tiene 20 por ciento, PAN 20 por ciento y PRD 4 por ciento, somos una coalición potente a nivel nacional, más de 44 puntos y obviamente (Morena) sabe que puede perder, que va a perder espacios de participación, así como le ganamos la mayoría en la Cámara de Diputados”, dijo Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI.

Por si fuera poco, Alito, anunció su intención de postularse como candidato a la presidencia en las elecciones de 2024. ¿Qué tal?

En un abrir y cerrar de ojos, los tricolores se desmarcan del neoliberalismo heredado desde Carlos Salinas de Gortari, en un intento por borrar el pecado y, obviamente, para no asumir las consecuencias de haber metido al país en este berenjenal, provocando la concentración de la riqueza en unas cuentas manos, la venta de bienes propiedad de la nación y el saqueo permanente de recursos naturales y económicos.

Con esta jugada, el PRI le gana la delantera al PRD (que parece ya no milita en la izquierda y se ha vuelto más papista que el papa), partido que aún no ha definido si vuelve a su libertad ideológica, o sigue empatado con el Partido Acción Nacional, identificado desde su fundación con los grupos empresariales del país. Tan es así, que son empresarios los que están detrás de la alianza Va por México, y su agenda a contrapelo de la Cuarta Transformación.

La asamblea nacional priísta aglutinó este sábado a 700 delegados previamente designados. También hubo subsedes en los 32 estados, donde habrán de participar otros 3,700 delegados. Estos enlazados por zoom a la reunión central del Auditorio “Plutarco Elías Calles” de la sede nacional priísta.

Lo cierto es que el PRI llegó no sólo con una agenda compleja, sino también con sus bases divididas y sus liderazgos confrontados. La gente reclamaba a su dirigente, Alito Moreno Cárdenas, la penosa y desafortunada estrategia de alianzas que le quitó al tricolor su identidad y lo convirtió en más de lo mismo, con resultados funestos.

Es el mismo dilema del PRD, porque aunque todavía detentan poder en municipios y distritos, en las gubernaturas han tenido bajas fundamentales más las que vienen, pues de los 7 cambios de gobernador para este 2022, solamente en 1 tienen posibilidades de ganar, aunque no tantas.

Es decir, que el año próximo el PRI podría quedarse en ceros como sucedió este año en que estuvieron en disputa 15 gubernaturas, de las cuales 12 ganó Morena; y del resto 1 fue para MC; otra para el PAN, y una más para el Verde. El tricolor no figuró y lo más probable es que también pierda varios de sus bastiones en 2022, como Oaxaca e Hidalgo, teniendo sólo posibilidades en Quintana Roo.

Por todo esto, la gente está enojada. Aunque se distinguen por su extrema disciplina, los priístas están inconformes y por eso la estrategia de “darle una patada al neoliberalismo”, en palabras del ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados.

Quién sabe qué tanto les funcione esta estrategia político-electoral a los priístas. Como dijera AMLO, el pueblo no tiene un pelo de tondo y los veremos diciéndose comprometidos con las causas sociales en el discurso, pero haciendo lo contrario en los hechos.

Por ejemplo, el PRI se presenta a la discusión de la reforma eléctrica ya en su nueva faceta de partido social demócrata; o sea, de izquierda. Vamos a ver qué tanto están comprometidos con la urgente necesidad de recuperar la hegemonía de la industria eléctrica en el país, o si votan porque siga bajo el control de empresas extranjeras.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Terrible tragedia se registró ayer cerca de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuando un camión de caja que venía repleto de migrantes centroamericanos, volcó.

El saldo hasta anoche era de 53 muertos y otro medio centenar de heridos, muchos de ellos de gravedad.

Lo triste es que la gente dijo que había más heridos, pero se estaban escondiendo para no ser deportados.

Si ya de por sí las marabuntas de migrantes centro y sudamericanos, junto con los caribeños que están tomando el territorio de México como zona de paso para llegar a Estados Unidos era lamentable, esta tragedia que enluta a medio centenar de familias sobre todo en Honduras, de donde dice que provenían los migrantes que abordaron  ese camión en Tapachula, pone en su justa dimensión la crisis migratoria que afecta a todo América Latina y el Caribe.

La reactivación del programa “Quédate en México”, que se inventó Donald Trump para dejarle a nuestro país la carga de la contención de las hordas de migrantes, como también nos han dejado la carga del combate al narcotráfico de este lado del Río Bravo, dejándonos a nosotros la guerra y los muertos, mientras ellos disfrutan de las ganancias de esta actividad ilícita, así como también ganan millones por la fabricación de armas; esta estrategia, decíamos, es quizás el mejor reflejo de la incapacidad de los Estados Unidos y Canadá para resolver de la mejor manera esta emergencia.

Por lo demás, ¿cómo llegamos a este punto? México y todos los países latinoamericanos siempre han sido expulsores de migrantes, pero no en el nivel que ahora vemos. Esto es el resultado, dicen, de por lo menos 4 décadas de políticas neoliberales que han concentrado la riqueza en manos de unos cuantos, mientras la inmensa mayoría de la gente vive con poco.

Veía esta semana un comparativo en el periódico El Economista, que revela que en México hay un puñado de ricos, unos poquitos solventes, y la inmensa mayoría de los mexicanos que vivimos con salarios de 6 mil pesos por mes. Algo así como 300 dólares.

Y si se pensaba que la pandemia afectó a los mega empresarios, pues no. Al contrario, sus capitales crecieron descomunalmente en medio de la más grande e histórica plaga que ha sufrido la tierra, y de la que aún no salimos.

Si este le sucede a México, país que cuentan todavía con cuantiosos recursos naturales, no podemos imaginar qué sucede en los pequeños países centroamericanos. No en balde esta región, junto con el Caribe, han tomado por asalto nuestro país con el fin de llegar a Estados Unidos, huyendo de la pobreza y la violencia.

La tragedia de migrantes en Chiapas, decíamos, urge a que el gobierno de México medidas al respecto. Lo ideal es que ellos se queden en la frontera sur, mientras hacen los trámites de asilo político en Estados Unidos.

Al contrario, ellos quieren estar en la frontera y seguramente tratar de pasar del otro lado, con la ayuda de “polleros”, como lo hacen nuestros connacionales.

Ahora mal, si de todos modos México no está deportándolos, sino que incluso les va a dar una visa humanitaria para que estén en territorio nacional en tanto se resuelve su situación, ¿por qué no se les facilita su tránsito hacia la frontera norte, que es donde quieren estar? Esto debe hacerse de una manera organizada y segura, para evitar que los “polleros” los metan en jaulas como animales, con las consecuencias que ayer conocimos.

La historia de la migración en todo el mundo está teñida de sangre de los viajeros. Gente que deja su tierra para buscar mejores condiciones de vida, sea por pobreza, por guerras, por inseguridad, por conflictos familiares y, lo que es más grave, por la persecución del Estado mismo.

En Brasil, por ejemplo, pese a ser un país con cuantiosos recursos naturales, la mayoría de su gente vive en extrema pobreza. Y esa nación ha transitado desde la izquierda de Lula Da Silva, hacia lo que hoy es con Bolsonaro.

Los centroamericanos, a decir verdad, no tienen mucho de donde elegir. Sus países son harto pequeños, con clima eminentemente tropical, y han sido laboratorios políticos, como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, países que sufrieron guerrillas prolongadas y que los dejó diezmados.

Aunque los conflictos concluyeron hacia los años 90, dando paso a regímenes democráticos, eso no ha mitigado sus penurias.

Como AMLO lo advirtió en la cumbre trilateral en Washington, la vigencia de Estados Unidos como cabeza de América y del mundo pasa por sembrar un mínimo de bienestar en el resto del continente. De lo contrario, para 2030 China se habrá comido estos mercados.

Carlos A. Pérez Ricart

La noticia salió en las primeras páginas de casi todos los periódicos. Imagino que todos la leímos con algo de desgana —más o menos con la misma pereza con la que escuchamos los anuncios de los vuelos demorados en el aeropuerto. La noticia relataba un hecho tan insulso como insignificante: Porfirio, ese camaleón, recibía en el World Trade Center de la Ciudad de México, a manos de los dirigentes del partido Movimiento Ciudadano (MC), la Medalla al Mérito Ciudadano Benito Juárez.

Sería una pérdida de tiempo perdernos en la aparente relevancia de la medalla, galardón del que nunca antes escuché hablar y que no tiene demasiada historia ni trascendencia. Lo importante —si algo de importante hay en esta historia— es que MC aprovechó su Cuarta Convención Nacional para premiar a Porfirio por su “congruencia y defensa a la democracia”. Hubo aplausos; algunos de pie.

El encargado de ponerle el listoncito naranja al exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (1954-1987), Partido de la Revolución Democrática (1989-1999), Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (1999-2000), Partido del Trabajo (2006-2018) y Morena (desde 2018) fue, ni más ni menos, que Dante Delgado, líder-coordinador-presidente —el título ha ido cambiando con las décadas— de MC desde antes que MC fuera el partido de moda que es hoy.

Las declaraciones que circulan en prensa de aquel magno evento son más bien extrañas. El Universal, por ejemplo, reporta que Porfirio afirmó que “López Obrador teme y siente el vacío del abandono del poder, por eso la invitación al evento masivo del Zócalo”. No se entiende muy bien cómo llenar la plaza más grande de México es una muestra de temor al vacío de poder. Dejémoslo ahí. Los periódicos también reportan que Porfirio seguirá militando en Morena, a pesar de que “sí aceptará la invitación de Dante Delgado” para trabajar con MC en “materia de política exterior” y para ayudar al establecimiento de relaciones con la “nueva socialdemocracia mundial”. Albricias. Aplausos.

El decimoquinto albazo político de Porfirio viene antecedido de al menos tres sucesos ocurridos en los últimos años que nos obligan a cuestionarnos la laureada “congruencia” y “compromiso democrático” de Porfirio. El primero, su intención de reelegirse como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados hace apenas dos años. Hoy se olvida, pero por aquel entonces, Porfirio, el demócrata, se aferró durante semanas a un puesto que no le correspondía, lo que a punto estuvo de desatar una crisis constitucional. Entonces, los aliados que hoy le aplauden de pie, lo llenaron de insultos.

El segundo suceso no lo dejó mejor parado. El nuevo amigo de Dante Delgado, hoy con listón naranja y medalla flamante cayéndole por el cuello, estuvo en el umbral de ser presidente de Morena a finales del año pasado. Porfirio compitió en una serie de encuestas coordinadas por el INE y perdió; por un pelo, pero perdió. Entonces denunció que había una “conspiración contra la democracia” en el partido y que Marcelo Ebrard, quien avalaba a su contrincante, debía ser expulsado del partido por su “ambición desmedida”. Tomemos nota. Esas fueran las palabras elegidas por el político de 87 años: “ambición desmedida”. El berrinche duró hasta que llegó un nuevo cargo por el cual pelear. Se trata del tercer evento que podría oxidar un poco la Medalla al Mérito Ciudadano Benito Juárez. En mayo de este año Porfirio denunció a su partido, Morena, por no haberlo incluido en la lista de representación proporcional como Diputado para las elecciones de junio pasado. Por razones que escapan a la razón, Porfirio, el demócrata, insistía que su partido tenía la obligación de inscribirlo. La denuncia llegó al Tribunal Electoral que, no sin ruborizarse, negó la candidatura a Porfirio.

Ahora que terminaron por cerrársele las puertas en Morena, Porfirio busca nuevo reacomodo. Todo hay que decirlo; su técnica le ha permitido casi siempre caer parado. ¿Por qué no intentarlo una vez más? En cincuenta años de lucha democrática fue secretario general del IMSS con Díaz Ordaz, Secretario del Trabajo con Echeverría (de quien fue, además, consejero personal), Secretario de Educación con López Portillo, Embajador de México ante la ONU —con De La Madrid— y Embajador ante la Unión Europea —con Vicente Fox. La congruencia política de Porfirio también le ha permitido, además, ser Diputado federal tres veces, seis años Senador y media docena de veces candidato o precandidato presidencial. La lista es más larga, pero se la ahorro al lector.

Mucho que nos pese, la historia se repite. Entenderlo es la mejor forma de adivinar el futuro. En los próximos meses, Porfirio subirá previsiblemente el tono; hablará con más ahínco de la soledad del Presidente en medio de miles a su alrededor, del supuesto “desgajamiento del régimen”, de lo necesario de los “contrapesos” y de la (penúltima) oportunidad de construir esa ansiada socialdemocracia —esta vez enmarcada en listones, banderas y globos naranjas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que Porfirio anunciará una ruptura final con el Presidente entre bombo y platillo. Los opositores celebrarán el compromiso con la democracia y la congruencia de Porfirio, el demócrata. Entonces, sólo entonces, volveremos a leer en el periódico, con desgana —con la misma fatiga con la que subimos las escaleras o escuchamos los anuncios de los vuelos demorados en el aeropuerto— que Porfirio, ese camaleón, ha vuelto a cambiar de color.