Categoría: S.O.S Costa Grande

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

En este inicio de semana, amable lector, conviene reflexionar acerca de todos los cambios que se han venido consolidando en lo que ya se conoce como la Cuarta Transformación del país, y que vienen a modificar de manera radicar lo que habíamos estado viviendo en todos los ámbitos.

Por supuesto que todavía falta que esos cambios que ya se hicieron en el ámbito legal, comiencen a ejecutarse en la vida cotidiana, para decir que ya estamos en el carro de la Cuarta Transformación; de lo contrario, como opinan los politólogos, esto será un mero slogan de campaña y de gobierno, que morirá cuando en 2024 AMLO entregue las riendas del país a su sucesor, que puede no ser de Morena, aunque el pronóstico aún de la oposición es que con este gobierno pasará lo que sucedió con el PAN, que ocupó la presidencia por 12 años, dos sexenios, aunque de manera forzada porque hay que recordar que en el caso de Felipe Calderón, se recurrió a artimañas electoreras y, además, éste fue sostenido por el gobierno de Estados Unidos a cambio, como ya lo vimos, de que combatiera a los cárteles de la droga en nuestro territorio, aunque realmente esa guerra que ha cobrado tantos muerto no nos correspondía a nosotros.

Tras 13 años de masacres, no hay cambios. Al contrario, estamos peor, pues tenemos cárteles del narcotráfico mucho más violentos y empoderados, gracias precisamente a que una vez que Felipe Calderón se puso la casaca militar, el gobierno vecino comenzó a activar su industria armamentista, armando a los dos bandos, gobierno y delincuentes, y es hora que México se debate entre un gobierno con instituciones débiles, corrompidas e infiltradas, y el poder fáctico de los grupos delincuenciales, armados hasta los dientes, pues mientras se les combate de manera infructuosa en México, en los Estados Unidos se les permite hacer grandes negocios.

Con Enrique Peña Nieto, la meta ya no fueron los cárteles, demostrando que no era eso lo que buscaban con Felipe, sino solamente envilecer al país, para que se debilitara la fuerza social de México, que está en su gente. Pero con una sociedad violentada, abatida, horrorizada, entonces la reforma energética fue posible, pese a que se hizo violando la Constitución, pues tratándose de un asunto de seguridad nacional, como es el caso de los energéticos, se debió consultar al pueblo.

Entonces, ahora vamos viendo el hilo de la desgracia de este país, lleno de recursos naturales, pero tan cerca del imperio mundial de los Estados Unidos, cuya hegemonía depende del petróleo, el gas y en general de todo lo que mueva la planta productiva.

Entonces, ya consumada esta exigencia, Peña Nieto se dedicó a padrotear en su gobierno. Ya no había nada que hacer, más que nadar de a muertito. Bueno sí hizo algo peor que entregar los recursos petroleros a los gringos, y esto fue someter al pueblo a un régimen fiscal muy agresivo para sustituir los impuestos del petróleo, por impuestos al consumo de los energéticos, sobre todo gas, gasolinas, diésel y electricidad. Fue lo que se llamó el “Gasolinazo”.

Y para 2018, ya con el desconecto social encima por el encarecimiento de la vida, se permitió a Andrés Manuel López Obrador llegar a la presidencia. Ya no había mucho que cuidar, pues aunque éste quisiera echar abajo la reforma energética, le es imposible, ya que se trata de contratos internacionales que de eliminarlos llevarían al país al despeñadero.

AMLO en realidad fue utilizado para calmar al “tigre”, y de hecho así lo dijo él mismo en una convención bancaria desde Acapulco, ante los barones del dinero: o permitían el voto libre y secreto del pueblo y aceptaban la voluntad ciudadana, o les dejaría suelto al tigre.

Por lo pronto, el tigre está calmado. Pero alguien sigue azuzándolo y para eso es necesario que los cambios prometidos se aceleren, pues al no ver la gente resultados, comenzará a buscar culpables, a reconsiderar su voto, y a tratar de volver al pasado, cuando al menos tenían la ilusión de una falsa bonanza, basada en un paulatino e insostenible endeudamiento.

Podemos decir que a AMLO le dejaron el gallo muerto, para que lo acabara de pelar.

Ayer, desde la Yesca, Nayarit, el presidente llamó a la unidad. No podremos remontar la crisis que vivimos, si nos dividimos y si escuchamos las voces que una vez nos llevaron a una terrible guerra fraticida, hasta convertirnos en un país de muerte y miseria.

AMLO está comenzando otra gira como la que acaba de terminar por las instituciones de salud del IMSS, y será para visitar a los pueblos indígenas.

El fin de semana estará en Tlapa y Chilapa, en Guerrero, para anunciar cambios e inversiones, para escuchar a la gente, y para ir cumpliendo con estos pueblos sus promesas de campaña.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Con la votación a favor de este jueves en el Senado de la República, quedó consumada la reforma por la cual se crea el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y desaparece el Seguro Popular, que contaba con 16 años en operación y tenía 51 millones 629 mil afiliados, principalmente de los sectores más vulnerables del país.

La reforma modifica diversos artículos de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y entrará en vigor el 1 de enero de 2020.

El cambio de Seguro Popular a Insabi queda autorizado, para que a través de este instituto se dé la atención médica integral a todos los ciudadanos, se dijo, garantizando la prestación de servicios gratuitos y medicamentos, incluidos los de enfermedades crónico-degenerativas como cáncer y diabetes, así como insumos para quienes no cuenten con seguridad social.

Se aclaró que todas las personas que al entrar en vigor el decreto del Insabi cuenten con la afiliación vigente al sistema de protección social en Salud (Seguro Popular), continuarán en pleno goce de los derechos que les correspondan, según el senador de Morena, Miguel Ángel Navarro.

Por lo tanto, este es un llamado para todos los beneficiarios del Seguro Popular que ya no renovaron su afiliación, pues no se anulan sus beneficios, solamente se transfieren de un sistema a otro.

También suponemos que habrá nuevas afiliaciones, porque la meta del gobierno federal es que toda la población abierta que no goce de  ningún tipo de seguridad social, como IMSS o ISSSTE.

¿Pero, realmente qué cambia para los derechohabientes con la desaparición del Seguro Popular que creó Vicente Fox Quezada, y que resultó ser un rotundo fracaso? No olvidar que aunque tenía muchos afiliados, la atención era desastrosa en clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud, pues el dinero se descentralizó hacia los gobiernos estatales, y estos incurrieron en uso indiscriminado del dinero, sin que se viera reflejado en la atención, actualización de instalaciones, dotación de medicinas, etcétera.

Bueno, el principal cambio con esta reforma es que los beneficiarios ya no pagarán una cuota para ser inscrito en el programa, y recibir los servicios que antes brindaba el Seguro Popular.

Además, a partir de que se publiquen estas reformas, todas aquellas personas que no cuenten con seguridad social serán beneficiarios del Insabi.

Cabe recordar que hasta el momento, para estar en el Seguro Popular se tenían que cubrir una cuota, que podía ser personal o familiar, pero ahora sólo será necesario inscribirse en el padrón de derechohabientes.

¿Qué funciones tendrá el Insabi? A partir de lo aprobado los legisladores, se prevén las siguientes obligaciones para el Insabi:

Prestar de manera gratuita servicios de salud y asegurar el suministro de medicamentos e insumos asociados, y demás elementos necesarios para la atención de personas sin seguridad social.

Proponer a la Secretaría de Salud adecuaciones a la normatividad para para la prestación de gratuita de servicios de salud.

Impulsar estímulos para personal médico.

Además de participar en las compras consolidadas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Centralización

de la salud

Con los cambios aprobados, ahora será la federación –a través del nuevo Insabi– la instancia que “desarrolle, coordine y supervise las normas conforme a las cuales las entidades federativas y, en su caso, la Federación llevará a cabo la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social”.

El nuevo Instituto será el responsable de celebrar acuerdos de coordinación con los estados “para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social”.

Y, ojo, los estados que acuerden que el Insabi se haga cargo de operar y supervisar los servicios de salud, deberán aportar recursos.

Incluso, se aceptó una modificación para que, en caso de que los gobiernos locales incumplan con sus obligaciones, “las participaciones de la entidad federativa se podrán afectar como fuente de pago para cubrir la respectiva aportación”. ¿Qué tal?

Sin embargo, se agrega que “el gobierno federal, conforme a lo que se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación, destinará recursos anualmente para la prestación gratuita de servicios de salud”.

Este es un tema que todavía tiene mucho que dar por el cambio de normas, y por los cambios en la coordinación con las entidades federativas.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

En su lucha por mayores recursos, los presidentes municipales aglutinados en la Asociación de Autoridades Locales de México AC., (AALMAC), de la que forma parte la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, lograron mucho más mediante el diálogo con los diputados federales que aquellos que fueron a tronar cohetones al Palacio Nacional.

Y no estábamos hablando de más dinero, aunque sí consiguieron una bolsa de alrededor de 35 mil millones de pesos, en diversos rubros; sino que estamos hablando de un momento histórico en el que por primera vez los presidentes municipales se hacen oír, sin necesitar de ningún “líder político” disfrazado de representante social.

En la reunión vimos, por ejemplo, al ex gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros, que está acotado por las nuevas formas de gobernar, y su papel fue el de escuchar a los alcaldes y respaldar finalmente el acuerdo de 10 puntos que alcanzaron, para derivar más dinero a los municipios.

Por primera vez, decíamos, los alcaldes se organizaron para ir por más apoyos, exigiendo que se le dé mayor importancia a los municipios, que son la célula del federalismo, y que se revise la crítica situación económica que enfrentan, merced a numerosos adeudos heredados.

Entre los logros que se plasmaron en un acuerdo de 10 puntos, destacan la reasignación de recursos en materia de seguridad a través del Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), y para el fondo de infraestructura social, así como la atención a los pueblos mágicos, comunidades indígenas y fondo migrante.

El Fortaseg, por ejemplo, en este 2019, tuvo un monto de 4 mil millones de pesos y para el 2020 se proponían 3 mil millones de pesos. Los alcaldes lograron que se mantenga el presupuesto de 2019; esto es, 4 mil millones.

En cuanto al fondo migrante venía en ceros en la propuesta, estaba prácticamente desmantelado; ahora se destinarán alrededor de 300 millones para atender la crisis migratoria que viven varios municipios del país, merced a las políticas impuestas por el gobierno de Estados Unidos, que desde hace años ha venido acelerando los procesos de deportación de connacionales.

En términos reales, se van a mantener las participaciones y aportaciones federales para el 2020 a estados y municipios. Es decir, que no van a perder recursos, no se les harán descuentos.

Lo que sí, es que se revisará el Fondo de Aportaciones a Infraestructura Social (FAIS), lo cual viene siendo una exigencia de los ayuntamientos, para que se flexibilicen las reglas de operación, ya que actualmente se constriñen muchas obras; es decir, no se contemplan un sinnúmero de obras, pues el fondo está diseñado únicamente para obras básicas.

Pero eso no es todo: Los alcaldes también lograron que se revisen los adeudos que los municipios tienen con la Comisión Federal de Electricidad, el ISSSTE y el IMSS; así como la revisión en el PEF de los pasivos con Conagua y Hacienda en materia de retención de ISR de los trabajadores, lo cual, como todos sabemos, ha provocado una severa crisis económica en la mayoría de los municipios, que junto con los laudos los tienen al borde de la quiebra.

Incluso, los diputados le pedirán al gobierno federal que revise las obras inconclusas en los municipios, para que se asignen recursos y se concluyan.

Adicionalmente, a los municipios de Jojutla, para atender la reconstrucción por los sismos de 2017, y Tlahuelilpan, que sufrió los estragos del huachicol.

Como podemos ver, se trata de logros históricos, porque por primera vez los gobiernos municipales se hicieron escuchar por quienes parten y recomparten el pastel en el país.

En dos o tres horas de diálogo no se puede arreglar el mundo, máxime cuando no hay recursos contantes y sonantes. No olvidar, por ejemplo, que el presupuesto de egresos siempre es hipotético, pues dependerá para su cumplimiento de los ingresos que el gobierno federal reciba.

De lo contrario, simplemente se harán recortes donde sea necesario. Luego entonces, los alcaldes deberán cuidar los aspectos de recaudación, y también el asunto de la transparencia y honestidad. Porque ciertamente les están dando un poco más de lo que ya tenían, y al menos no les están recortando (como era el temor) pero todo estará supeditado al despeño que demuestren; de lo contrario, los diputados no dudarán en dar marcha atrás a su apertura.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

A Evo Morales le dicen dictador, porque estuvo siendo reelecto desde 2006 a la fecha, y había sido elegido por un periodo más. La derecha se desgarró sus vestiduras, alegó fraude y provocó paros en todo el país, hasta que el Ejército se insubordinó y pidió la dimisión del presidente, este domingo. La Organización de Estados Americanos (OEA), analizó las elecciones y determinó que hubo irregularidades.

Evo leyó correctamente los escenarios. Si se oponía, si insistía en mantenerse en el poder, lo que venía para Bolivia era un baño de sangre, pues es obvio que tal como sucede en Venezuela y en Brasil, así como en todos los países del mundo al sur del Río Bravo, hay una mano que mece la cuna, y que le sirve a los poderes fácticos que dirigen este planeta, a través de la simbiosis gobierno-dinero, y cuyas formas de operación son la política corrupta, la guerra y la delincuencia organizada.

Por cierto, a Evo Morales lo acusan de ser narcotraficante, como a Ignacio Lula da Silva en Brasil lo señalaron de ser corrupto por el caso de los contratos de Odebretch.

Evo decidió el domingo presentar su renuncia, pues ya no contaba con la protección de las fuerzas armadas y de la policía nacional de su país.

Pero retomo lo que dijo Claudia Sheimbaum, la gobernadora de la Ciudad de México, al señalar que hay un doble rasero de la oposición sobre aquellos gobiernos que se prolongan más de lo prudente en los países tercermundistas, aunque sea que ganen en urnas, y trajo a colación a la canciller alemana Angela Merkel, quien es la mujer más poderosas del planeta, y quien por cierto estuvo en México en 2017, siendo recibida por Enrique Peña Nieto.

La Merkel, por cierto, vino a México a mostrar músculo y a poner una especie de línea invisible para Donald Trump, quien había recién tomado la presidencia de los Estados Unidos, con una agenda nacionalista para Estados Unidos, y quien había estado golpeando una y otra vez a nuestro país y a nuestros corruptos gobernantes.

Entonces, la Merkel, quien lleva en el poder de Alemania ¡casi 15 años!, tres años más que Evo en Bolivia, visitó México para mandar mensajes subliminales a su homólogo de Estados Unidos, con el pretexto de “estrechar lazos” de amistad con México.

Esto de la geopolítica es muy complejo, pero no tarda y se ven los hilos más gruesos que la dirigen, y termina uno por entender que los gobiernos de los países pobres no son autónomos, que aunque los elija la gente, dependen del visto bueno de países del hemisferio norte, donde está el dinero y el poder. Y que cuando algo o alguien no les conviene, entonces provocan caos, o simplemente se meten a las naciones por la fuerza, como sucedió en Panamá; o presionan con imponen sanciones comerciales, como lo acaba de hacer Trmp con México. O fuerzan guerras internas, como la que Bush y Obama le obligaron a hacer a Felipe Calderón, a cambio de hacerlo ganar en las elecciones de 2006.

Pero veamos el legado de Evo Morales en Bolivia. Éste era el país con mayor atraso y pobreza en América Latina. De 2006 a la fecha, mientras México se hundía en la peor de las miserias humanas, con la muerte masiva de mexicanos, Evo bajó más de 30 por ciento los índices de pobreza y nacionalizó el petróleo.

Y bajo su mandato, Bolivia fue la economía latinoamericana de mayor crecimiento: un 4 por ciento. Esto lo logró el líder de los jornaleros de coca; amante del futbol y sin estudios universitarios. Tras su salida, Bolivia queda a la deriva, como está ahora Brasil con Bolsonaro, un ultraderechista y racista, entreguista además, a quien le importó un bledo los incendios en la Amazonia, incendios que fueron provocados por quienes quieren apoderarse del pulmón del mundo.

Como decimos en México: Pobre de la América Latina; tan lejos de Dios, y tan cerca de Estados Unidos. Esta región es la carne de cañón de las potencias del hemisferio Norte.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Si el objetivo de la masacre de la familia LeBaron era darle una especie de golpe de Estado blando al presidente Andrés Manuel López Obrador, en parte lo logaron. El pasado viernes, 5 días después de esa tragedia que sucedió en los límites de Sonora y Chihuahua, el periódico El Economista publicó el sondeo que hace diariamente para medir la popularidad del presidente.

Y sucedió lo que tenía que suceder. Aunque AMLO todavía está por encima del 50 por ciento de popularidad, la merma es importante y prende los ojos rojos para el partido y  para sus asesores. Pero alegra a sus detractores.

En febrero, López Obrador registró su mayor porcentaje de aprobación, con 83%. Pero desde ese entonces ha ido a la baja De acuerdo con una encuesta que organiza el diario El Economista, este 8 de noviembre, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, alcanzó su popularidad más baja en 11 meses de gobierno.

El sondeo, hecho por Consulta Mitofsky, revela que López Obrador registró 59.8 por ciento de aprobación, cifra drásticamente baja, si la comparamos con la de febrero, donde acotó su pico más alto con 83 por ciento (según El Financiero).

Ni siquiera la rebelión del Narco en Culiacán, cuando detuvieron al hijo del Chapo Guzmán, le causó tan tremendo costo político al presidente, pese a que se trató de un operativo fallido –que presenta muchas inconsistencias de las cuales la Fiscalía General de la República estará informando-, y pese a que el presidente tuvo que dar la orden de dar marcha atrás, pues estaban en riesgo vidas inocentes.

En ese entonces, después del 17 de octubre, al contrario la figura del presidente se fortaleció, pues se mostró como un hombre justo, que no está dispuesto a seguir peleando esta guerra fraticida con las mismas armas que sus antecesores, y mucho menos sacrificar a inocentes a costa de la detención de un hombre que es reclamado por los Estados Unidos.

Y en esto hay mucho fondo, sólo falta que los lectores y el pueblo en general, aprenda a discernir.

Sin embargo, la matanza de mujeres y niños de la familia de mormones en el norte del país, junto con la revelación de cómo sucedieron los hechos, pues se trató de dos ataques, con casi hora y media de diferencia uno del otro, así con la saña con que los ejecutaron, pegó duro y a la cabeza en el gobierno federal, justo cuando nos entregaban cuentas alegres.

Todo ha sido tan sincronizado, desde Culiacán hasta la tragedia de los LeBaron, pasando por algunos episodios que se han registrado en Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Guerrero, que no podrían ser causalidad.

En realidad, se está generando la idea de que el gobierno está acorralado, que los grupos delincuenciales tienen el control del país, y que tarde o temprano se necesitará la intervención extranjera, curiosamente del país de donde provienen las armas con las que se armó en este caso el Cartel de Sinaloa, hasta convertirse en un ejército irregular, junto con sus diversas falanges, una más agresiva que la otra.

Análisis todavía no muy populares, de expertos en la materia, así lo exponen. Lo de Culiacán, dijo Alfredo Jalife, fue un intento disfrazado de golpe de Estado para AMLO, pues de haber caído en la trampa, y de haber persistido en la detención de Ovidio Guzmán, se hubiese incendiado prácticamente todo México.

¿Pero quiénes podrían estar detrás de todo esto? ¡Uff! Son muchos. Por menos de lo que está haciendo López Obrador mataron a Luis Donaldo Colosio, y se puede adivinar un sector rancio del Ejército Mexicano participando en todo esto. Así lo vimos cuando salieron algunos Generales a protestar contra el presidente. Fue sorprendente verlos, porque el código militar tipifica eso como rebelión, y lo que procede es aplicarles la justicia militar.

También podríamos ubicar a la ultraderecha, al conservadurismo religioso, y a los empresarios y políticos que se han cebado en la corrupción del régimen por años, hasta construir imperios empresariales, inmobiliarios, financieros y de infraestructura.

La Auditoría, por ejemplo, reveló que desde la era panista, pasando por Enrique Peña Nieto, hasta AMLO, 10 empresas han sido favorecidas con el mayor número de contratos de construcción y servicios, incluso sin licitación.

Bueno, estemos atentos. La estrategia de los barones del dinero mundial ha sido exitosa a lo largo de los siglos, y en México sobre todo.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Los alcaldes no cejan en su empeño de que los diputados federales tomen en cuenta sus necesidades, y se plasmen en el presupuesto de egresos para 2019.

Se puede decir que los panistas son los más aguerridos, pero la realidad es que los municipios son la parte más castigada del sistema federal de coordinación fiscal, pese a que es en estos territorios donde se desarrollan todas las actividades productivas, comerciales y de servicios. Incluso las industrias extractivas, o minas, están operando en territorios municipales, y son los habitantes de estos que reciben el mayor impacto ambiental de esa actividad. Pese a ello, nada reciben a cambio, pues ese es un sector que controla la Federación, y aunque se había creado desde 2014 el fondo minero, del que un porcentaje era para los estados y otro para los municipios, se ha modificado esa dinámica.

Decíamos que en el caso de los alcaldes, los panistas son los más ruidosos, pero no por ello son los únicos afectados por la política presupuestal, que siempre los rezaga. Pese a que el presidente ha insistido en ir quitándoles injerencia a los gobernadores en el caso de las inversiones federales que van a los municipios, y que se ejerzan de manera directa, eso no es suficiente, porque lo que se requiere es que aumente el porcentaje que se les designa a los municipios.

Los alcaldes de Morena en Guerrero, por ejemplo, liderados por la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, comenzaron hace 3 semanas a moverse, y se mantienen en reuniones constantes.

Ayer, por ejemplo, participaron en la plenaria de presidentes municipales de la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM), reiterando que es “urgente” una reforma profunda a la ley de Coordinación Fiscal.

Buscan que el presupuesto federal tenga una orientación más municipalista, a diferencia de ahora, en que la mayor parte del recurso se lo queda la Federación, otra parte los estados, y una muy mínima parte los municipios.

Ayer, unos 400 alcaldes de todos los partidos tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados, exigiendo respeto al municipio libre, y buscando les resuelven el tema presupuestal.

Amenazaron que de no ser positiva la redistribución, de los recursos, harán una mega manifestación de 15 mil personas prevenientes de todo el país, para el próximo martes 12 de noviembre.

La incursión de los alcaldes interrumpió los trabajos de los diputados, quienes decretaron un receso a los temas que estaban discutiendo para el próximo martes.

También hay presidentes municipales moviéndose por su parte, para lograr mayores recursos para sus municipios, pero la tendencia es a la organización en torno a este objetivo.

Los diputados, por su parte, aunque no lo dicen abiertamente, consideran que darle más dinero a los ayuntamientos, cuando son los menos transparentes, implicaría fomentar la corrupción. En este mismo sentido se han expresado los diputados locales.
Por lo tanto, lo primero que tendrían que corregir los ayuntamientos sería precisamente este aspecto, pues hay casos tan graves de municipios que ni siquiera acatan la orden de entregar sus cuentas públicas, y ya están siendo ventilados en el Congreso local.

Por  lo demás, es justo lo que plantean los presidentes municipales, cuando exigen cambios en la Ley de Coordinación Fiscal, pues son ellos los que reciben directamente la demanda de los ciudadanos de obras y servicios, que lamentablemente no se puede desahogar porque no se tienen los recursos a la mano, sino que se tienen que gestionar ante el estado o la Federación, siempre bajo un esquema politizado. Y así se van acumulando los rezagos.

Será interesante ver el desenlace de la insurrección de los gobernantes locales, que por fin decidieron aprovechar este momento de apertura, para pelear por más recursos y mayor atención.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

¿Se acaba la luna de miel con el presidente AMLO? Así parece, al grado de que medios de comunicación que replicaban sus mañaneras casi sin cuestionar, y que fungieron de algún modo como guardia pretoriana del mandatario en los primeros meses de su gobierno, comienzan a sumarse a las voces en contra.

Los hechos de las últimas 3 semanas, primero en Culiacán, con la fallida detención de Ovidio Guzmán, en que su gobierno fue duramente criticado por doblegarse ante esos capos; y luego en Chihuahua, donde mujeres y niños de la familia LeBaron, una de las más ricas e influyentes de esa entidad, y quienes también tienen la nacionalidad estadounidense, fueron masacrados y por lo menos cuatro de ellos quemados, vinieron a convertir la carroza de la Cenicienta en calabaza.

AMLO está en un momento muy crítico. Tras los hechos de Culiacán se negó a reventar a su secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, como procedía. Alguien debía pagar esos platos rotos, pero el presidente optó por mantener a su funcionario como cabeza del gabinete de Seguridad.

Y tras los hechos de Chihuahua, con la crítica internacional encima, incluso con la oferta de Donald Trump de que la guerra contra el narco la hagan de manera conjunta, para que sea rápida y exitosa (lo cual suena fantástico, sino fuera porque eso es inconstitucional en nuestro país, y porque obviamente Trump no permitiría que un país vecino le fuera a limpiar su casa); tras estos hechos, decíamos, ya queda muy poco que rescatar.

Por lo tanto, el presidente está obligado a dar un golpe de timón, si desea apaciguar los ánimos de propios y extraños, que ya consideran que estamos ante la prolongación del Estado fallido que nos heredó la era panista y priísta.

Es obvio que los grupos delincuenciales están empoderados sobre un Estado débil, desorganizado, sin vinculación entre federación, estados  y municipios. No vemos a estos últimos niveles de gobierno actuando en la misma sintonía que la Federación, sino al contrario, parece que se lavan las manos como Poncio Pilatos, mientras sus territorios se incendian.

Eso sucedió en Culiacán, por ejemplo, con el priísta Quirino Ordas. Y también en Chihuahua, con el panista Javier Corral Jurado. Ni pío dicen, cuando los delitos se cometieron en los estados que mal gobiernan.

Eso, por donde se le vea, es sospechoso. Se le está dejando al gobierno federal toda la carga de una batalla que también involucra a los gobernadores, sobre todo.

Y con la pena, pero aunque AMLO haya querido pacificar al  país con abrazos y no balazos, buscando primero alternativas para los miles de jóvenes que año con año se enrolan en las filas del Narco, no es así como las cosas funcionan.

Eso ya quedó harto demostrado. Entonces, debe actuar en consecuencia y rápido.

Sus enemigos, además, piden sangre. Quieren acción. No les gusta eso de besos, abrazos y apapachos. No importa si mueren inocentes, al fin que son daños colaterales. Y por eso los vimos rabiosos cuando se determinó dejar libre a Ovidio Guzmán, con el fin de preservar la vida de los culichis. Pero curiosamente, ahora los vemos harto indignados por la masacre de la familia LeBaron. Y no es que esto no sea un hecho cruel e indignante. Lo es. Pero también el destino de los habitantes de Culiacán debió habernos preocupado en la misma medida.

Parece que, al contrario, los adversarios del régimen querían sangre para luego, a partir de ahí, culpar al gobierno de esa masacre. Pretextos pues. Como dicen en mi rancho, no hay tarria que les acomode.

En este escenario, lo que sigue es acelerar el paso, pero sin que se reviente la reata, lo cual será harto difícil.

Por lo pronto, es aplaudible, por ejemplo, que los diputados estén dando herramientas legales a Hacienda, y a la Unidad de Inteligencia Financiera, para que se ataque a los grupos delincuenciales desde su flanco económico, porque es justamente lo que ha fallado, que se les combate con las armas, pero dejan sus activos intactos.

Ayer, se votó en la Cámara de Diputados la ley que le permitirá a Hacienda congelar las cuentas que sean sospechosas de financiar al terrorismo o producto del lavado de dinero ilícito. Recordemos que esa fue una de las propuestas de campaña del priísta José Antonio Meade, algo que él consideraba indispensable si se quiere tener éxito en esta guerra, que no se ganará en un día, obviamente.

Pero otra vez la oposición se negó a que esta medida fuese radical, y se ampararon en la violación a los derechos humanos de los cuenta-habientes, considerando que todo mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario.

Largo camino le resta al presidente. Y no será nada fácil.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Consumado es. Este martes 5 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las reformas constitucionales sobre revocación de mandato y consulta popular, figuras que dada la crisis de seguridad en México, así como la recesión económica inminente, se ha convertido desde ahora en un arma de doble filo para el gobierno en turno.

En tiempos de paz y bonanza, esta reforma se aplaudiría, pero no en este momento en que se ha demostrado que los escenarios sociales y políticos pueden ser manipulados y/o fabricados.

De esta suerte, la consulta revocatoria del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, podrá realizarse en marzo de 2022, tras cumplir 3 años en el cargo, aunque hay que decir que la intención de Morena era que se empataran con las elecciones intermedias de julio 2021, cuando se renovará el Congreso de la Unión y habrá elecciones en una docena de estados.

En un principio, los partidos de oposición eran los que más renegaban de esta iniciativa. Por mucho tiempo dijeron que no pasaría, pues les molestaba precisamente que el presidente estuviera dispuesto a aparecer en una boleta, y lo consideraban reelección. Por supuesto que no se trata de esto, sobre todo porque se haría a mitad del sexenio, sino que estaban preocupados por el arrastre de la figura presidencial en una elección intermedia, que le ayudaría a mantener la mayoría en el Congreso federal.

Sin embargo, de pronto, panistas y perredistas se vieron sumamente entusiasmados con estas dos figuras constitucionales de revocación de mandato y consulta popular. Comenzaron a decir que era bueno que el pueblo mexicano tuviera acceso a los instrumentos de democracia participativa, y decidir cuándo quitar a un presidente (la reforma también incluye a los gobernadores, hay que decir).

El PRI, por su parte, pugnó porque se aprobaran ambas figuras, pero que no se hiciera la consulta en 2021, porque sería inconstitucional, ya que para entonces AMLO no tendría los 3 años en el cargo cumplidos.

Fue así que se reescribió la historia y los morenistas aceptaron que la consulta revocatoria se celebre fuera del proceso electoral normal.

El procedimiento es simple: Para la eventual remoción del presidente de la República, en este caso Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, se estableció un artículo transitorio que permitiría celebrar la consulta revocatoria en marzo de 2022.

Podrá ser solicitada una sola vez en cada periodo sexenal, con las firmas de un número de ciudadanos equivalente a 3 por ciento del listado nominal, es decir, alrededor de 2.7 millones de electores al día de hoy.

Este es el mismo porcentaje de votos que se le pide a un partido político para mantener el registro, y la mayoría lo cumple. Por lo tanto, bastaría la  membresía que tiene un partido menor para pedir la salida del presidente de la República, válganos la comparación.

De ahí, una vez aprobada la consulta revocatoria, se organiza y se define. Si 40 por ciento de los votos emitidos son a favor del presidente, se queda; si son en contra, se va, y el control del gobierno lo asume el Congreso federal, haga nombrar a un interino. ¿Qué tal?

Ahora bien, el interino a su vez tendrá un freno, porque constitucionalmente ya no podrá postularse a la Presidencia, ya que eso se consideraría una reelección, en contraposición al Artículo 83 Constitucional, que establece claramente el periodo presidencial de seis años.

Para la oposición esta es un arma muy valiosa que el régimen lópezobradorista puso en sus manos. Y no tanto porque quieran tenerla (¿quién querrá ponerse a sí mismo la soga al cuello?), sino porque la necesitan en caso de que Morena se les perpetúe en el poder.

Como ciudadano, veo bueno que un gobernante tenga temor de ser juzgado por un mal trabajo. Nos hubiera gustado tenerlo en el pasado, por lo menos desde Salinas de Gortari a la fecha. Lástima que el régimen estaba confabulado, y ningún partido lo propuso, ni tampoco se lo iban a aceptar.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Los partidos políticos en  México tendrán acceso a 5 mil 239 millones de pesos, tan sólo de recursos federales, si nadie lo impide y si la iniciativa para reducir 50 por ciento ese gasto se atora en el Congreso de la Unión, pues se espera que en esto no haya consenso de los partidos, aunque el debate comenzó desde el año pasado y es inevitable.

Tarde o temprano los partidos, el INE  y el mismo gobierno, tendrían que abrir este debate, porque la fórmula actual para el financiamiento de los partidos es fija, no se modifica ni siquiera cuando se esté en crisis económica, y esto es de algún modo absurdo, porque todas las políticas públicas están sujetas a cambios. Al contrario, el dinero para partidos aumenta cada año, pues está en función del padrón electoral, el cual crece todos los años, y porque la fórmula establecida es fija.

Dado que la iniciativa de Morena que ya se votó a favor en comisiones y que esta semana, posiblemente desde mañana martes, se presentará ante el Pleno de la Cámara de Diputados, se trata de una reforma constitucional, requiere de una mayoría calificada, así como el voto de la mitad más uno de los congresos locales. Por lo tanto, es urgente que desde todos los partidos surjan gente con cierta vergüenza y decoro, y se sometan al cambio que, como decíamos, es inevitable. Porque resulta indignante que seamos un pueblo pobre, con partidos ricos.

Obviamente, por el número de personas que votaron en las elecciones de 2018 por Morena, éste será el partido que más dinero reciba, 1,700 millones de pesos (85 millones más que en este 2019), en un año que no es electoral, y sin contar los recursos que les aporten los gobiernos estatales, utilizando la misma fórmula establecida en la Ley General de Partidos Políticos.

Le siguen el PAN, el PRI y el PRD, en ese orden.

La ley indica que para definir las prerrogativas de los partidos se multiplica el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral local, por el 65 por ciento del salario mínimo vigente en la Ciudad de México; esto para la fórmula nacional; y en cada entidad federativa, para lo local, se hace lo mismo, tomando como base el salario mínimo vigente en cada estado.

Con la iniciativa morenista, ese porcentaje se reduciría de entrada al 32.5 por ciento y se sustituye la referencia al salario por la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para evitar que esto sea exponencial. Pero, incluso la propuesta es que se llegue al 50 por ciento menos.

Anuncian que este cambio le permitiría al gobierno federal ahorros hasta por 2,500 millones de pesos, y obligaría a los partidos a modificar sus formas de hacer política, indudablemente. Pues el dinero es indispensable para las campañas, pero no es garantía de triunfo para nadie, y eso lo vimos en 2018, cuando los partidos de oposición traían la mayor cantidad de recursos, pero no pudieron franquear el avance de Morena y sus candidatos.

Por lo tanto, el tener acceso a menos dinero, obligará a los partidos a modificar sus esquemas internos, y empujará a sus cuadros a estar más de cerca con la gente. También los obligará a reeducar a los electores, sobre todo los llamados líderes, quienes son expertos en pedir dádivas políticas, obligando a los aspirantes a cargos de elección popular a entregárselas a cambio del voto. Es decir, que queramos o no reconocerlo, tenemos una democracia prostituida de origen.

El 14 de agosto pasado, El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó destinar 5,239 millones de pesos para el financiamiento público de los siete partidos nacionales en 2020.

Esto implica que los institutos políticos tendrán 273 millones de pesos más respecto del presupuesto que se les asignó este 2019, que fue de 4,965.8 millones de pesos.

Veamos. Morena tendrá 1700 millones de pesos; el PAN 950 millones; el PRI, 896 millones; el PRD 445 millones; el PVEM, 426 millones; MC, 411 millones; y el PT 391 millones.

Cantidades muy atractivas para todos, claro. Aplicando los descuentos, todos los partidos quedarían con la mitad de ese dinero, y eso lo consideran injusto, porque Morena quedaría con harto dinero aún con la reducción.

Mañana comienza este debate en San Lázaro. Veremos de qué están hechos los diputados de todos los partidos. Si deciden mantener sus prerrogativas, o se solidarizan con este país que dejaron en ruinas, endeudado y violentado.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Como nunca antes y en aras de la tradición por el Día de Muertos (que en realidad se juntó con el día de brujas, fiesta pagana venida desde Europa y transferida a nosotros desde los Estados Unidos), los mexicanos se solazaron con la muerte, más que con sus muertos, desafortunadamente.

Las catrinas y todos sus acompañantes: zombies, vampiros, diablos y demonios de todo tipo, y hasta niños sicarios con todo y embolsados, sin faltar el niño Ovidio, que fue el personaje de moda tras los sucesos del 17 de octubre en Culiacán, tomaron por asalto pueblos y ciudades, antes, durante y después del día de los fieles difuntos, festividad instituida por la iglesia Católica como día de todos los santos, pero que una vez en América se sincretizó con la tradición de los pueblos de nuevo mundo, que tenían –ellos sí- un fervor por los ritos, tradiciones y festividades que se vinculan con los muertos y, de manera más profunda, con la visión que diversas culturas tienen sobre la muerte.

Hoy en día, resulta casi imposible desligarse de esto. Si bien son los estados del centro y sur del país los que más se involucran en estos festejos, a diferencia de los pueblos del norte, donde ya son una mera información cultural, no podemos negar que 40 grupos indígenas todavía conservan estos rituales, pero ya no puros de origen, sino mezclados con la fe católica, primero; y que poco a poco se están mezclando con el Día de Brujas, día que según Anton Lavey, el autor de la Biblia Satánica, es el cumpleaños de satanás.

Vaya usted a saber, amable lector, si esto es verdad. Pero por sí o por no, vale más que cada quien vaya tomando sus precauciones, porque los que saben de asuntos de fe, insisten en que nada es casualidad.

Desafortunadamente, en el mundo mestizo todo es un batidillo, pues este año sobre todo vimos una mezcla muy sui géneris –por decir lo menos- entre el aquelarre por el día de brujas, y la solemnidad de la fiesta de los muertos, nuestros muertos, los que ya se nos adelantaron en el camino, pero que en estricto sentido es también una fiesta a la muerte.

Poco a poco, pero inexorablemente, brujas y muertos terminarán siendo uno solo, y nuevamente veremos cómo lo que comenzó con la cosmovisión de los pueblos indígenas, en la era precolombina, al paso de los siglos se fue transformando, hasta el día de hoy en que la gente ya no sabe qué celebra, y ha hecho de esta fiesta un carnaval, en el que salen a relucir los muertos de cada quien, pero también los demonios de cada cual, demostrando que desafortunadamente en México la cultura de la muerte está más presente que nunca en el imaginario popular, pero ya no sólo entre el pueblo, sino también en los gobiernos, que han tomado esta fiesta otrora solemne entre los pueblos indígenas, como un mero folklor y ocasión para “echar desmadre”, y hasta para mezclar costumbres y tradiciones que no son de aquí, que parecen inocentes pero que no lo son, y que tarde o temprano vendrán a moldear a las nuevas generaciones, de por sí demasiado influenciadas por “Gringolandia”.

Como nunca antes, decíamos, los mismos gobiernos municipales sobre todo en el estado de Guerrero, encabezaron estos festejos, que antes eran someros y se constreñían a concursos de altares en escuelas.

Sorprendentemente, los presidentes municipales encabezaron los desfiles por el día de muertos, en los que los ediles y todos los funcionarios municipales iban con disfraces tradicionales, ya no sólo como catrinas.

También instalaron tianguis en los que se podía encontrar de todo: flores de cempazuchil, velas, calaveritas de dulce, y comidas especiales de estas fechas que se usan para colocarlas como ofrendas en los altares.

Asimismo, organizaron festivales en las plazas públicas y montaron altares como un memorial público para los hijos predilectos de cada localidad.

Todo parece cotidiano, pero no lo es. Antes no se hacían estas cosas de manera masiva. La gente ponía sus altares en lo privado. Y las instituciones públicas, sobre todo del área cultural, recordaba esta fecha con algunos altares que eran más bien una muestra representativa. Pero de ahí a que se hicieran esas fiestas y desfiles de catrinas, financiadas por los gobiernos municipales y de los estados, nunca lo habíamos visto.

Sólo la Secretaría de Educación, como parte de sus actividades culturales, determinó que se les enseñara a los jóvenes estudiantes la tradición del Día de Muertos, los pueblos heredada de los antepasados, y se organizaban concursos, cuyos premios eran para los altares más originales y los que reunieran los requisitos.

Esta vez fue distinto. Hasta el presidente de la República se involucró en esto, pasando por gobernadores y alcaldes, en el ánimo quizás de preservar esta fiesta que ya fue declarada patrimonio intangible dela humanidad.