Categoría: S.O.S Costa Grande

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Los partidos del Frente por México: PAN, PRD y MC, votaron el pasado miércoles en contra del proyecto de reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, con el argumento de que, aunque se le antepuso un mando civil, dependerá en estricto sentido de una junta mayor integrada por mandos militares.

Consideran los diputados de lo que fue el Frente por México en la pasada elección presidencial, que la seguridad pública no debe ser “militarizada”.

Fue el diputado panista Jorge Romero, quien dio el posicionamiento de su grupo parlamentario: “Se nos quiere vender aquí que (la Guardia Nacional) va a tener un mando civil. Ajá. Todos los demás artículos de su dictamen señalan, sin duda, la naturaleza militar, castrense, de esa guardia.

“Ejemplo: su máximo órgano deliberativo habrá de ser una Junta de Estado Mayor con mandos militares. Ustedes dicen que (la SSP) se encargará de lo administrativo, lo estratégico, de la planeación”.

Bueno, los argumentos son válidos viniendo de alguien que no tuviera cola que le pisen, que no es el caso de estos partidos. Que nos expliquen estos señores –que además firmaron orondos el Pacto por México para despojar al país de su soberanía energética-, cómo es que el modelo calderonista, basado en la militarización del país, no fue refutado. Y por qué el modelo de Enrique Peña Nieto tampoco fue observado, aunque éste eliminó la Secretaría de Seguridad Pública (obviamente por la podredumbre en que la dejó Genaro García Luna, el súper policía del calderonato), y concentró todo en la Secretaría de Gobernación, haciendo de ésta una “Súpersecretaría de Estado”, pero inútil, porque en estricto sentido, el modelo de Peña Nieto fue también un esquema militar disfrazado.

Recordemos que EPN dividió al país por regiones, y en cada entidad impuso a los secretarios de seguridad pública, todos mandos militares de alto rango, que operan por encima de los gobernadores, y quienes han venido haciendo de las entidades federativas su coto de poder. Guerrero es un claro ejemplo de ello, pues hasta la fecha, desde que se fue el General Pedro Almazán, impuesto desde la defenestración de Ángel Aguirre Rivero, todavía no se nombra al titular de Seguridad Pública, sino que se tiene a un encargado de despacho.

En resumen, el gobernador Héctor Astudillo no ha tenido la facultad de nombrar a su secretario de seguridad pública, y por lo tanto tampoco ha tenido la opción de tener un plan de seguridad propio, sino que le fue impuesto desde la Federación, a través de un General del Ejército Mexicano.

Sabido es que Pedro Almazán dio órdenes a los mandos de la Policía Estatal para que no hicieran detenciones en ciertos cuadrantes de la entidad. De ahí muchas noticias en donde sabemos del hallazgo de droga y armas, pero ningún detenido.

Y valdría la pena preguntarse si Pedro Almazán, siendo un General en activo de la Sedena, a quién le rendía cuentas; si a su General, Salvador Cienfuegos, o al gobernador del estado de Guerrero. Bueno, con eso de que dicen que un soldado nunca deja de serlo, aunque esté en retiro…y mucho menos si está de comisión.

Por si fuera poco, además de imponer a los titulares de Seguridad, el gobierno de EPN diseñó lo que se conoce como los Grupos de Coordinación estatales, todos dirigidos por mandos militares, quienes ni siquiera dan la cara al pueblo, pues tienen un vocero que sale a explicar lo que está sucediendo en la entidad, pero que no es otra cosa que un recuento absurdo de daños. Nada de prevención, nada de nada.

En Guerrero todo ha empeorado y el mismo gobernador ha lanzado varios SOS a la Federación, obviamente sin dar detalles del problema, pero es evidente que lo tienen atado, en medio de un hormiguero.

Se necesita ser ciego, sordo y mudo para no enterarnos de la trama que urdieron para apoderarse de los estados, algo que Felipe Calderón no hizo porque si de algo se quejó el ex presidente panista, es que los gobernadores no se alinearon con su política de seguridad y de ahí el fracaso, en lo cual tenía harta razón.

Quizás por ello Peña Nieto cambió de estrategia y en lugar de estar peleando con los gobernadores, o dejando que estos tomaran decisiones en los asuntos de seguridad, les amarró las manos y tomó el control prácticamente de todo el país, a través de Cienfuegos. Bueno, hasta una ley a modo les iba a dar a los militares, para que México entrara de lleno en un estado de excepción.

Lo peor que nos puede suceder como país es continuar por la misma ruta. Algo se tiene que hacer para recuperar los territorios perdidos, y quienes ya tuvieron la oportunidad de trabajar por México, pero fracasaron, sería bueno que optaran por el silencio en lugar de exhibirse.

Porque resulta abrumador que se hayan aliado para enterrar a este país en el más ignominioso de los destinos, pero que ahora que se está tratando de sacarlo a flote se resistan, revestidos de un hipócrita manto democrático.

México ya no tiene remedio, señores. Ya se lo tragaron, o dejaron que se lo tragaran los más terribles devoradores. La militarización ya no es una opción para nosotros, sino que es el único camino posible, pues todo en la vida pública de este país está contaminado. Y como ejemplo tenemos Pemex.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Ante el debate del rescate del campo, y el conflicto que se está adelantando por la reducción en el presupuesto del fertilizante, parece que los productores de Guerrero están dejando de lado algo que también es sumamente importante, y tiene que ver con el mantenimiento y conservación de los bosques, de los que la Costa Grande depende.

Los macizos boscosos de la Sierra son la vida para Guerrero y parte de la biodiversidad de México y del planeta en su conjunto. Sin embargo, a nadie le importan. Un puñado de ecologistas viene desde los años 90 advirtiendo el deterioro de la Sierra Madre del Sur, y el riesgo que implica el deterioro de los bosques, que parece que para nadie son importantes, a pesar de que estos sustentan la vida misma, pues representan agua, oxígeno, suelo, paisaje, turismo y en general los bosques sostienen prácticamente toda la economía, la primaria sobre todo.

En realidad, los gobiernos estatales no están invirtiendo en la conservación de bosques. Los presupuestos de las dependencias medioambientales son muy pobres y han fallado los intentos por rescatarlos. En los municipios el panorama es de plano patético. Mucho menos se ha hecho efectiva la vigilancia de parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), organismo que más bien ha sido un membrete en la entidad, al grado de que habiendo 7 regiones, además de la Sierra, sólo se tienen oficinas de esa dependencia en Acapulco.

En este sector todo está fallando, y el impacto negativo hace muchos años que lo estamos viendo: incendios forestales, ríos secos y contaminados, escasez de agua en la mayor parte del territorio estatal (y nacional), saqueo de los bosques de manera indiscriminada sin devolverles nada.

Esperemos que de parte del nuevo gobierno federal se tenga una estrategia genuina para impactar en el sector medioambiental, pues la corrupción permea en todas las áreas y ésta no es la excepción. Al contrario, el campo y la ecología son tan vulnerables, que todo mundo contamina sin recato.

Para no variar, los programas de reforestación que se han lanzado, a la postre resultan un verdadero fracaso, pues simplemente las metas nunca se cumplen, y los resultados son un desastre.

Sabemos que el gobierno federal tiene diseñado el programa Sembrando Vida, para reforestar de manera masiva los bosques del país, y que esto será motivo para generar empleos. Es decir, se adoptará el modelo de empleo temporal para que los brigadistas trabajen. Hasta ahí todo bien, pues tampoco el esquema de voluntariados ha servido de nada. Los amantes de la ecología están generalmente en las ciudades, advirtiendo de los peligros, pero pocos salen a plantar siquiera un árbol.

En el campo, ni se diga. Nadie quiere problemas con nadie y son pocos los ejidos en donde se tiene un plan de manejo forestal, aunque éste debe ser obligatorio. Los ejidatarios se quejan que la ley se les aplica a ellos de manera puntual, pero no a los terratenientes, quienes disponen de sus recursos naturales arbitrariamente, sin importar el daño que provoquen. Abren tierras al cultivo sin miramiento, derribando bosques de cualquier tipo, cuyos suelos por naturaleza son ácidos, ya que tienen vocación forestal y no agrícola.

Para hacer frente a esta crisis, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó desde octubre pasado el programa Sembrando Vida, que es uno de los 25 proyectos prioritarios de su administración federal.

Tendrá una inversión de 15 mil millones de pesos, para sembrar 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables e incluir cultivos de ciclo corto.

El gobierno federal aportará las plantas y los recursos para sembrarlas. Cada productor, comunero y ejidatario que se integre a este proyecto cultivará 2.5 hectáreas, por lo que recibirán un jornal de 5,000 pesos mensuales.

Además, deberán formar parte de una comunidad de aprendizaje integrada por 25 campesinos que recibirán capacitación de un técnico social, quien trabajará para favorecer el bienestar de la comunidad, impulsando relaciones de cooperación, armonía y corresponsabilidad; un técnico productivo, que los asesorará sobre técnicas de producción, tipos de suelo y cultivos mejor adaptados; y tres becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que vivan en la comunidad y que participarán en los procesos productivos y sociales.

Esto último es lo que me parece que marca la diferencia con otros programas, como el que lanzó Felipe Calderón y que resultó un fiasco. Primero, se dispone de suficientes recursos económicos; segundo, se impulsa la reforestación con fines económicos; y tercero, se impulsará la reeducación y concientización de la gente del campo es, asesorados por técnicos.

Sin un cambio de mentalidad en la población será muy difícil superar los niveles de deterioro ambiental, en un país que es el cuarto por su biodiversidad, y por lo tanto uno de los más importantes para el sostenimiento de la vida en el planeta.

Guerrero, por sus sierras, es uno de los pulmones del país. Y aunque aquí el problema de rescate es mucho más complejo por la situación de inseguridad en esa región, la intervención de los ejidos, de las familias y gobiernos, será crucial para lograr la meta.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El “Guachicolazo”, pese a ser un problema demasiado complejo y a los errores de logística cometidos por el gobierno federal, le está sirviendo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como nueva catapulta política.

Según el diario El Financiero, prácticamente 90 de cada 100 mexicanos está a favor de esta cruzada anticorrupción en Pemex, contra 11 en contra. La empresa encuestadora de María de las Heras da un 72 por ciento a favor, contra 18 en contra. Mientras que Mitofsky registra 57 contra 36 por ciento.

Y en general, 76 de cada 100 mexicanos aprueban su gestión, a mes y medio de que comenzó, lo cual es la calificación más alta de cualquier mandatario en la historia.

Esto contrasta diametralmente con la imagen que se está tratando de afianzar en redes sociales, en el sentido de que el pueblo repudia la medida de control de AMLO, para frenar el robo de combustible, no en los ductos, sino lo que se roba desde dentro de la paraestatal y que es 80 por ciento del total, y que el presidente estaba perdiendo sus bonos políticos. Nada más alejado de la realidad, pues los números son fríos y no mienten.

Los números que día a día, en sus conferencias matutinas, ha ido presentando, son escalofriantes. Y aunque ya medios nacionales habían incursionado en ese espinoso tema –incluso hay libros que hablan de cómo Pemex estaba cooptado por una mafia de cuello blanco-, faltaba una estrategia con el rigor que está siendo llevada, para que todas las ratas salieran de la ratonera, literalmente.

Y queremos pensar que todavía no sabemos todo. Ayer, el presidente dijo que el robo de combustible, popularmente conocido como “guachicoleo” (aunque en realidad este término habla de un proceso de adulteración y no de robo de un producto como tal) comenzaba desde las plataformas petroleras. Estamos hablando entonces de una cadena de saqueo que dista mucho de ser el ya tan conocido “robo hormiga” que sucede en todas las dependencias públicas, e incluso en las empresas privadas.

Este es un caso apocalíptico, que forzosamente derivó en un obligado aumento al precio de la gasolina, y un incremento en las importaciones, para robarlo y para ir compensando el desfalco -que si nos atenemos a los listados de Forbes, mismos que revelan solamente lo robado por los guachicoleros de a pie, pero no de la mafia de cuello blanco-, fue durante el sexenio de Enrique Peña Nieto cuando todo se salió de control, al pasar de 189 tomas clandestinas en el año 2000, en el inicio del gobierno del presidente Vicente Fox Quesada, a 12 mil 581 en 2018, con el regreso del PRI al poder.

Pero aún durante Calderón el problema estuvo de algún modo controlado, pues en 2007, su primer año de gobierno, se detectaron 323 tomas en los ductos de Pemex, contra 1,635 en 2012.

Fue con Peña Nieto cuando todo se volvió un saqueo descarado, tanto dentro como fuera de Pemex. El sexenio comenzó en 2013 con 2,781 tomas clandestinas, hasta alcanzar las 12 mil 581 en 2018, y el guachicoleo se generalizó en el país, con la intervención de grupos delincuenciales, sobre todo en el triángulo rojo de Puebla, donde se aprovecha la pendiente de las cumbres de Maltrata en Veracruz, para chupar los ductos de Pemex, pues en ese punto, aunque los ductos sean cerrados, el combustible sigue fluyendo hasta por dos horas, por la sola atracción de la gravedad.

En ese triángulo, por lo menos 5 municipios poblanos tienen una economía basada en el robo de combustible, y es en ese punto donde continúan los boquetes en los ductos, de ahí la importancia de que permanezcan cerrados.

Pero lo peor está sucediendo dentro de la paraestatal, y la madeja apenas comienza a desenredarse. Un funcionario de Hacienda dijo antier que en el esquema de robo están metidos hasta ex alcaldes, diputados, empresarios y un largo etcétera.

¿Cómo no va a respaldar la gente de México esta cruzada? ¿No era lo que queríamos, que se combatiera la corrupción? Pues bien, ahí tenemos la repuesta. Sabíamos que era un cáncer masivo, y en este combate habrá muchos daños, incluidos los inconvenientes de ir a una gasolinera y que te digan que no hay combustible.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El próximo 8 de febrero, el  presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estará en la Tierra Caliente, para echar a andar el programa de fertilizante para los productores de granos básicos.

El coordinador del programa, Héctor Manuel Popoca Boone, anunció que hay nuevas reglas de operación del programa, entre ellas la depuración inmediata de los padrones de cada ejido y comunidad, así como que los presidentes municipales, saquen las manos del asunto.

Incluso, dijo que habrá sanciones para los alcaldes o funcionarios de cualquier nivel, que traten de manipular las asambleas en donde los campesinos revisarán sus padrones y por sí mismos determinarán quiénes sí producen maíz o frijol.

Pero no ha sido tan fácil para el gobierno federal organizar este programa, que por primera vez no se entregará con el esquema que se tenía en el estado, ya que la Federación lo absorbió. La principal dificultad que se encontraron los funcionarios federales es de que se carece de un padrón confiable. Así tenía que ser porque los listados dependen de cada presidente municipal, y los incrementan a conveniencia, según sus compromisos de campaña, aunque la tierra es la misma. Era tan grave el problema, que varios de una misma familia estaban dentro del reparto, aunque la tierra que tenían no creía. Eso implica, obviamente, que no lo necesitaban y lo vendían a terceros, generalmente personas que sí siembran grandes extensiones de tierra y quienes no tienen acceso al programa, que se pensó para ayudar a los productores pobres, conocidos como “el sector social”.

Se supone, además, que el fertilizante se debe de entregar únicamente a los productores de granos básicos, pues ese es el espíritu del programa, pero durante muchos años se entregó sin que se cumpliera ese distintivo.

Decíamos que los padrones son el principal obstáculo para que el programa inicie sin problemas. Popoca dijo que intentaron usar los del programa de Maíz y Frijol de la Sagarpa (Pimaf), pero que tampoco resultó confiable, mucho menos los que usan las organizaciones de productores.

Por lo tanto decidieron comenzar con el padrón del Proagro, que además está georreferenciado. Esto significa que se tendrá un listado de productores, pero también de terrenos cultivables. Cada quien deberá demostrar cuál es su parcela y se tendrá un mapa digital de ella, que será además monitoreado vía satelital. Es decir, que si alguien no siembra, con sólo hacer un acercamiento satelital se podrá saber si el terreno está vacío. Se habían tardado en usar estos instrumentos tecnológicos para mejorar los programas federales, sobre todo en materia agropecuaria.

Paralelamente, con base en los padrones de Pro-Agro, el coordinador estatal se ha puesto metas de realizar asambleas ejidales y comunitarias, para que ejidatarios y comuneros sean los que se encarguen de depurar los padrones, en reuniones libres. ¿Qué significa esto? Que no se permitirá la presencia de ningún político que incida en el resultado de las votaciones, al depurar los padrones.

Resulta interesante todo este proceso de limpia de padrones, encaminado a rescatar el programa de fertilizante Más Maíz, porque ante tanto problema lo ideal es eliminarlo en definitiva e idear una nueva estrategia de apoyo a los productores de granos básicos.

Incluso el programa estaba destinado a desaparecer, pues recordemos que ya no había manera de justificar el desvío de recursos del ramo 33 en los ayuntamientos para comprar fertilizante. Sin embargo, a petición de parte, se está haciendo un esfuerzo por mantener este beneficio y lo mejor que pueden hacer los productores es cooperar. Los alcaldes, por su parte, vale más que no le busquen tres pies al gato, tratando de mantener el control del programa, porque tan sencillo como que les hacen auditorías de los años pasados, y podemos apostar que no quedará mono con cabeza.