Categoría: S.O.S Costa Grande

Alejandro de la Garza

El sino del escorpión fatiga numerosas interpretaciones de la Revolución Mexicana para ratificar la complejidad multifacética de ese proceso histórico y la imposibilidad de explicarlo con facilidad a más de cien años de los hechos. Hay quienes la asumen como una revolución democrático burguesa, otros la indagan desde la perspectiva marxista de la lucha de clases, algunos la ven como parte de la modernización económica capitalista, muchos más ven en ella el parto del Estado mexicano moderno, y aún abundan quienes la califican como un revolución traicionada o corrompida.

Las primeras interpretaciones surgieron casi paralelas a la revuelta popular (1911-1920), y ya durante el siglo XX se multiplicaron las visiones novedosas. Las valoraciones inmediatas de la revolución están en las memorias de sus protagonistas, como Álvaro Obregón y su idea de la pacificación posrevolucionarios por la vía electoral (aunque después, vale recordar, el Caudillo defraudaría las elecciones y el hecho le costaría la vida). Pero el alacrán recomienda el segundo volumen de las memorias de José Vasconcelos, La Tormenta, testimonio personal de prosa viva y emocional, sobre el agitado periodo de guerra.

En los años veinte sobresale la interpretación de Manuel Gómez Morín, integrante de la “Generación de 1915”, quien reconoce el ascenso de las masas revolucionarias, urge a terminar la violencia y aboga por la reconstrucción mediante “la técnica, el método y la crítica”. En los treinta crece el interés de historiadores extranjeros, aprecia el escorpión. Entre ellos el austriaco-estadunidense Frank Tannenbaum, quien en su libro Peace by Revolution (1939), define la Revolución Mexicana como un movimiento espontaneo, arraigado en la multitud de comunidades del campo y dirigido contra las haciendas, idea retomada por las interpretaciones subsecuentes.

En estos años se realizan también valoraciones ya más documentadas de la revolución, al verse su vigencia recobrada por el gobierno de Lázaro Cárdenas, “encarnación de la continuidad de la revolución”, según Lombardo Toledano. El dirigente obrero encuentra en el cardenismo una grandiosa etapa de acción renovadora de la revolución, pero ante esta idea surge la crítica de Luis Cabrera, para quien el cardenismo era la desviación más peligrosa de los principios revolucionarios por su caudillismo, la alineación corporativa de las masas trabajadoras, y por su propuesta de una educación socialista. Este fue el primer choque entre el enfoque marxista y el enfoque liberal sobre la Revolución Mexicana.

En los textos hipercríticos de Jesús Silva-Herzog y Daniel Cosío Villegas surgen, a principios de los años cuarenta, las interpretaciones donde se denuncia la corrupción y se advierte una desviación de la revolución. Silva Herzog la en peligro de muerte, porque después del cardenismo se han abandonado sus principios y su empuje. Cosío Villegas coincide en ver el principal desprestigio para la revolución en la corrupción de su clase política, por tanto, asegura, su crisis es moral.

Al escorpión lo seduce el dibujo ideológico de la revolución trazado por José Revueltas, esa idea de la revolución como producto de un proceso histórico alienado “que confunde clases, intereses, objetivos y hasta genera una ideología socializante, pero cuyo contenido real ha sido abrir las compuertas del país para el desarrollo de las relaciones capitalistas de producción”.

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Como para añadir picante a la discusión, el inglés Alan Knight, uno de los analistas más agudos del fenómeno de la revolución vista a ras de tierra, como una conjugada revuelta de comunidades, lanzó la pregunta clave de su célebre libro La revolución mexicana: ¿burguesa, nacionalista, o simplemente gran rebelión?

El alacrán destaca otras interpretaciones posteriores de la Revolución Mexicana: Adolfo Gilly, con su perspectiva de “la guerra de clases” en la revolución y la idea de la “revolución interrumpida”, nutrió nuevas visiones. Arnaldo Córdoba consolidó el estudio de la política de masas del Estado mexicano posrevolucionario y calificó de revolución burguesa a ese movimiento protagonizado, no obstante, por las masas campesinas. Enrique Semo profundizó el análisis ideológico de la revolución y documentó el proceso de legitimación que significó para la burguesía dominante. También sobresale el análisis del Estado mexicano, su desarrollo y sus desvíos a partir de la revolución, elaborado por Lorenzo Meyer.

Las interpretaciones neoliberales en los últimos cuarenta años, tendieron a combatir el fetiche ideológico en el cual los gobiernos priistas habían convertido a la revolución al vaciarla de contenido político real y dejarla en mera demagogia, una ideología nacional revolucionaria o nacional burguesa confusa y difícil de descifrar Esa corrupción de la idea misma de la revolución, llevó a minimizar el fenómeno histórico y a invalidar sus contenidos centrales, por ejemplo, la reforma salinista del artículo 27 constitucional.

Hoy el escorpión se interroga sobre cómo registrará la historia al régimen de Andrés Manuel López Obrador en el contexto de la Revolución Mexicana y las continuidades y rupturas de su proceso histórico. ¿Significará un movimiento popular de continuidad después del cardenismo? ¿La adecuación a otra fase del capitalismo global? La historia está abierta.

Ernesto Hernández Norzagaray

En el norte de Sinaloa está en peligro uno de los humedales más importantes del país. Se pretende la construcción de la planta de amoniaco “más grande de Latinoamérica” en la bahía de Ohuira ubicada en el municipio de Ahome y los promotores políticos de la consulta ciudadana están dispuestos a sacarla a su favor y para ello basta ver como la han diseñado.

Rabindranath Salazar, Subsecretario de Gobernación, fue a Los Mochis, a exponer las características de la consulta y a promoverla, el Gobernador Rubén Rocha estuvo en el mismo tenor, los alcaldes de Ahome, Guasave y El Fuerte y, en todos, parece haber sintonía de que se deba construir la planta en el noveno humedal Ramsar en importancia del país.

Y, así, contraviniendo los derechos de los ahomenses, los pueblos originarios y los compromisos internacionales del Estado mexicano, como son los que obliga la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, mejor conocido como Convención Ramsar, que México suscribió en 1986 para preservarlos y mantener los equilibrios en los ecosistemas húmedos del planeta.

La opinión de los científicos y activistas medioambientalistas, ecologistas, funcionarios, políticos, periodistas y, obviamente, la de quienes potencialmente serán afectados por los riesgos que oficialmente se reconocen (emisiones de gases a la atmosfera, alteración de la calidad de los recursos de la laguna de Ohuira, alteración de los suelos y modificación en los ecosistemas) en este proyecto industrial contaminante ha sido cuestionado por su impacto que habrá de tener sobre la calidad de vida los vecinos incluso algunos han señalado la experiencia de Trinidad y Tobago donde una planta similar significó un incremento sustantivo de los casos de cáncer.

Pero, eso no parece importar, se impone la racionalidad económica sobre el equilibrio de la naturaleza y la vida humana.

Así, cómo distintas fuentes lo han documentado, de salir adelante se cumpliría el negocio de dos exgobernadores y empresarios que han invertido tiempo y relaciones para hacer viable este proyecto que tendría financiamiento alemán y suizo por un monto de 100 mil millones de pesos.

Informe: Los hábitos de compra creados durante la pandemia pueden estar aquí para quedarse

Se podrá decir que ninguno de los ex invertirá en la planta, qué cómo lo ha aceptado Francisco Labastida Ochoa, solo están ahí “gestionando” cuando en realidad estaban operando políticamente el proyecto y ahora, para que no se vea que es un negocio de políticos priistas, pierden visibilidad para que sea con cargo político para el Gobierno morenista ante esto sorprende el entusiasmo con que el ejecutivo estatal abraza el proyecto.

Rocha Moya no ha escatimado elogios al proyecto que favorecería “la agricultura de todo México”, ante el asombro de activistas morenistas, que se han opuesto desde sus orígenes y que ahora están en el dilema de apoyar a su gobernador o seguir combatiendo la instalación de la planta de amoniaco.

Al final de cuentas, es una historia depredadora, que ya hemos visto en otros lugares cuando políticos y funcionarios públicos aprovechan su estatus para hacer negocios personales o de grupo.

Pero, vamos, al tema de la consulta que ha sido diseñada para que no falle a favor de sus promotores:

Primero, se integra selectivamente un Consejo Ciudadano para la Consulta Popular con “figuras de reconocido prestigio de la región” pero, no se hace explicito, el criterio técnico que el seleccionador utilizó para elegir a cada uno de ellos y, peor, notoriamente, podrían estar en ese Consejo principalmente quienes están a favor del proyecto. Así, se hizo visible en la propia conferencia de prensa donde se presentó el modelo de consulta, con la intervención del boxeador Jorge “Travieso” Arce quien, como miembro del Consejo aprovecho para mostrar abiertamente sus simpatías por la planta. Y, curiosamente, dejan fuera de ese Consejo Ciudadano a quienes lo han cuestionado y los que serán directamente afectados con la instalación de la planta o aquellos que se han amparado contra este ecocidio largamente anunciado.

Segundo, la conferencia de prensa se celebró el 16 de noviembre y la consulta será el 28 del mismo mes, es decir, escasos 12 días después, lo que significa, que en ese tiempo breve se hará una campaña de difusión e invitación para participar en ella, lo que indica que hay prisa para sacar adelante el “sí” y, hay en marcha, todo un operativo, por lo que no se descartan prácticas perniciosas como las ocurridas en las pasadas elecciones municipales cuando los ahomenses fueron víctimas de la violencia.

Tercero, el Subsecretario de Gobernación no aceptó dar a conocer la pregunta que habrán de responder los ciudadanos involucrados con un “si” o un “no”, como tampoco explicó cómo se seleccionarán a los responsables de cada una de las 30 mesas que habrán de ser instaladas en Ahome, Guasave y El Fuerte, este último, sorprende porque no tiene salida marina

Cuarto, incluso, llama la atención que una buena parte de las mesas serán instaladas en sindicaturas rurales donde existe mayor desconocimiento del impacto medioambiental del proyecto y, sorprendentemente, se omite una mesa en las comunidades indígenas pertenecientes a la nación Yoreme-Mayo de Lázaro Cárdenas y Ohuira y sólo, una de ellas, está contemplada en Topolobampo que es el epicentro del malestar ciudadano.

Quinto, las 30 mesas de recolección de boletas se distribuirán en Ahome (16), Guasave (13) y El Fuerte (una), incluso una casilla especial en Los Mochis, pero, sin que haya un padrón de potenciales participantes y el subsecretario, a pregunta expresa de la prensa, sobre el número de boletas solo señaló que “habría suficientes” para todos aquellos que quieran manifestarse el 28 de noviembre y para darnos cuenta de la desmesura, el despropósito y la intención, basta recordar que en Ahome durante la pasada elección el INE se instalaron 650 casillas para recolectar los votos.

Y sexto, o sea, la consulta está diseñada bajo el principio de “quien hace la consulta hace la trampa”, pues define cual es el sector que más interesa que participe y de esa manera perversamente se deja en minoría a quienes serán directamente afectados como es el caso de los pueblos originarios que han elevado su voz por la negativa y se han amparado contra el proyecto.

Interesa legitimar la consulta mediante la consulta misma y con los que quieran participar, es decir, si el día de la consulta asiste un cinco o un 10 por ciento de las personas en condición de manifestarse es suficiente para legitimarla, aunque dado el interés expresado por los convocantes de la conferencia de prensa, no hay que descartar la movilización de sufragantes por el “sí”, en tanto, eso sucede, activistas ambientalistas de Ahome, Culiacán y Mazatlán, se han acercado al Congreso del Estado, para denunciar la ilegalidad de la consulta y buscar apoyo y para este viernes 19 de noviembre hay una convocatoria para movilizarse en Los Mochis.

Esto, ocurre, en medio de amenazas de muerte, contra miembros del colectivo ambientalista “Aquí no” de Topolobampo que es la parte siniestra de esta operación contra el humedal que busca legitimarse con la consulta y, por encima de los seis amparos, que existen ante las instancias jurisdiccionales del país.

En definitiva, Aquí ¡no!

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Nuestra amada Costa Grande, como ninguna otra región del estado y del país, fue escenario para la cruenta Guerra Sucia, periodo que abarcó desde el final de la década de 1960 hasta finales de los años 1980, y que consistió en una estrategia político militar para exterminar a los grupos y movimientos opositores al régimen unipartidista, donde el oficialismo era la constante, incluida la prensa.

Estos grupos, ante la represión que tuvo su máximo momento en la masacre de Tlatelolco, en 1968, y luego con El Halconazo de 1971, se alzaron en armas y dieron pie a una virulenta reacción oficial que, sin embargo, fue tan bien diseñada y ejecutada que tardó 20 años, tiempo en el cual uno a uno fueron desarticulados los grupos opositores y sus líderes cazados y asesinados.

El Partido de los Pobres, el Movimiento de Acción Revolucionaria, la Liga Comunista 23 de Septiembre, por citar algunos, fueron blanco de la represión político-militar, lo que se llama Guerra Sucia, que en realidad fue un terrorismo de Estado.

A diferencia de lo que sucedió en otros países de Centro y Sudamérica, donde la represión fue menos cuidada, más rápida y virulenta, en México fue quirúrgica y silenciada dentro y fuera del país. Fue de carácter selectivo y bajo la cobertura de una prensa cómplice, censurada y también amedrentada.

De hecho, se conoce poco de ese oscuro periodo porque los archivos fueron eliminados. Y aunque Vicente Fox abrió la primer fiscalía para investigar los movimientos políticos del pasado (Femost), los resultados fueron mediocres, pues hasta la fecha prevalecen los pactos de silencio e impunidad, así como el secreto de Estado, ya que aún se tienen clasificados documentos militares a los que los grupos defensores de los derechos humanos no han tenido acceso.

El colectivo Eureka, por ejemplo, tiene contabilizadas 557 personas arrestadas por motivos políticos y que siguen en paradero desconocido al día de hoy.

Eureka fue fundado por Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo fue desaparecido. “Mientras México apoyaba a la Revolución Cubana, al Gobierno de Salvador Allende y al Sandinismo, en su interior el régimen priista “ocultaba” la persecución a los movimientos de izquierda que pedían la democratización del país”, expuso Jorge Gálvez miembro de este comité.

Las historias son espeluznantes. Gente lanzada al mar desde helicópteros luego de haberlos torturado. Enterrados en destacamentos militares, como Rosendo Radilla. Hombres jóvenes echados al Pozo Menéndez, y un largo etcétera que, en realidad, se han quedado en el nivel de las fábulas porque, como decíamos, se tiene muy poca documentación oficial al respecto, y mucho menos hay información periodística, salvo de los eventos más obvios y escandalosos, como lo fueron la Matanza de Tlatelolco y El Halconazo.

Pero no sólo fueron perseguidos los guerrilleros; en realidad se se arrasó con todo: disidentes de izquierda, estudiantes, obreros y campesinos. Todo lo que estorbara al régimen fue acorralado y sus líderes silenciados.

Después de Tlatelolco, siguieron dos décadas de arrestos, torturas y desapariciones perpetradas por la ya extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) con la complicidad del Ejército.

Fue hasta el gobierno de AMLO que el tema vuelve a retomarse, a la luz de la existencia de las decenas de miles de desaparecidos, producto de la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón, y que ya asciende a unas 100 mil personas.

No sólo se tiene una fiscalía para investigar lo que sucedió en la Guerra Sucia, así como otra para el Caso Ayotzinapa, sino que por fin se autorizó la visita del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas en su primera visita a México, luego de 10 años de negativas para su ingreso al país.
Obviamente, uno de los estados a visitar por este comité es Guerrero, no sólo por el Caso Ayotzinapa, sino porque la entidad ha sido escenario de violencia permamente.

Realmente la Costa Grande fue refugio de los alzados de la Guerra Sucia. Uno de los casos más sonados fue el de Lucio Cabañas Barrientos, nacido en El Porvenir, Atoyac de Álvarez, el 12 de diciembre de 1938; y asesinado en Técpan de Galeana, el 2 de diciembre de 1974.

Lucio fue un maestro rural mexicano, egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, líder estudiantil y jefe del grupo armado Partido de los Pobres en la sierra de Guerrero, durante la década de 1960 y hasta su muerte en 1974.

Lucio inició su formación política en la Asociación Cívica Guerrerense (ACG), que en ese entonces dirigía el sanlusiteco Genaro Vázquez Rojas, y luego se acercó al Partido Comunista Mexicano. El 18 de mayo de 1967, Lucio convocó a una reunión en Atoyac, donde se desató una balacera, pues el intento era asesinarlo. Se remontó desde entonces a la sierra. En abril de 1974 la guerrilla dirigida por Lucio Cabañas decidió secuestrar a Rubén Figueroa, senador de la República y candidato a la gubernatura del estado de Guerrero. Figueroa estuvo secuestrado durante 5 meses y fue rescatado el 8 de septiembre de ese año por un operativo policiaco-militar.

Después de este acontecimiento el estado respondió con toda su fuerza contra la guerrilla de Lucio Cabañas e inició su persecución sin cuartel, hasta que 3 meses después, la madrugada del 2 de diciembre de 1974 se dio el último enfrentamiento con tropas militares, iniciándose un tiroteo en la selva cafetalera El Otatal, municipio de Tecpan, donde Lucio fue asesinado con el tiro de gracia, aunque hay una versión de que al verse en desventaja se colocó su rifle en la garganta y se quitó la vida. Quién sabe. Falta ver lo que la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia logra excavar de las catacumbas del poder político y militar de México. Entre tanto, también se busca a los desaparecidos casi 100 mil desaparecidos de la Guerra contra el Narcotráfico.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam) 

Por fin, un diputado local presentó una iniciativa para actualizar la Ley Orgánica del Municipio Libre y su armonización con los tiempos electorales que trasladaron la toma de posesión de los presidentes municipales al 30 de septiembre de cada tres años, cuando antes se hacía el 1 de diciembre.

Este cambio ha venido provocando una serie de conflictos entre los presidentes salientes y entrantes, y sobre todo ha creado una amplia laguna legal, en la que las omisiones y agandalles son la constante.

Fue el diputado local por el distrito XV, José Efrén López Cortés, quien presentó la iniciativa de reforma, pues como alcalde sufrió en 2018 por la entrega de una administración endeudada y plagada de laudos laborales.

Lo peor es que nadie responde por las omisiones de los que se van, y más bien se traspasan a los que llegan como “deudas institucionales”, que en estricto sentido no lo son, porque se trata de algo hecho a propósito de parte de los ex presidentes. No es que no tengan recursos para hacer los pagos de la energía eléctrica, o para reportarle al SAT el Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores de baso, o las cuotas al ISSSTE que también pagan los trabajadores.
Nada de eso. Es sólo que los alcaldes en funciones aprovechan que se van el último día de septiembre para heredarle a su sucesor todo lo malo, mientras que ellos se llevan todo lo bueno, léase “diezmos y ofrendas”.

Bueno, no vayamos lejos. Si sucede hasta en el gobierno del estado, ¿por qué no en los municipios? 

El cambio de gobierno de este año fue aparentemente “sin problemas”, pero en los hechos no es así. La mayoría de los alcaldes se están quejando de que les dejaron un cochinero, salvo los de reelección, que como gobernarán otros 3 años, ellos se entienden con su teje y maneje.

Lo que hallaron los nuevos alcaldes, no es nuevo, valga la redundancia: adeudos con CFE, Conagua, SAT, ISSSTE, laudos, esto sin contar obras inconclusas.

El otro conflicto es que aunque tienen que ejercer solamente el recurso que le corresponde hasta septiembre, ellos se agandallan y ejecutan obras fuera de su tiempo, dejándole al nuevo alcalde nada más la tarea de pagar lo que ellos se comieron, porque no se necesita mucho para entender por qué hacen esto, y es para comerse el diezmo correspondiente.

Lamentablemente, la ley es laxa en este sentido y solamente si el nuevo presidente denuncia el caso, se fincan responsabilidades, y eso si es que la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General, no se prestan a componendas.

Para no andan en problemas, los nuevos alcaldes aguanta y tratan de salir adelante con su proyecto, aunque sin lograrlo realmente, porque no pueden iniciar arrastrando adeudos tan exagerados.

Por lo tanto, aunque con 10 años de retraso, la propuesta del diputado José Efrén López era justa y necesaria, y los diputados deben aceptarla en toda su extensión.

El legislador azoyuteco propuso el decreto por el que se reforman los artículos 39, 41, 42 fracción VII, 44 párrafo segundo y 62 fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, para crear los “candados” necesarios para evitar desfalcos y fugas.

De acuerdo con su propuesta, que se fue a comisiones para su revisión y dictaminación, “las administraciones municipales salientes deberán entregar a las administraciones entrantes la documentación que acredite estar al corriente en el pago de los servicios de energía eléctrica; de agua potable y de adquisiciones que hayan llevado a cabo con proveedores de bienes y servicios”.

Continuó: “Así como en la obligación de enterar a la Federación las cantidades retenidas por concepto del Impuesto sobre la Renta, Cuotas al ISSSTE y/o IMSS; así como la documentación que acredite que personal del ayuntamiento que fue contratado al inicio de la administración, fue indemnizado conforme a Ley, para no generar demandas laborales a la administración entrante”, refirió.

Su iniciativa también incluye que cada ayuntamiento saliente hará entrega en la segunda quincena de septiembre de los informes e inventarios sobre el patrimonio mobiliario e inmobiliario, los recursos humanos y financieros, los archivos e informes sobre el avance de los programas de gobierno pendientes o de carácter permanente, asegurando la disponibilidad de recursos para garantizar el pago de aguinaldo proporcional, prima vacacional y demás prestaciones de los trabajadores de la administración municipal. 

¡Genial! Esperemos que los diputados, aunque muchos de ellos fueron alcaldes y dejaron su cochinero, o pretenden serlo, no opten por dejar atajos por dónde librarse de estas obligaciones.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Estamos en los albores de la reactivación turística de Guerrero. Al menos es indican las circunstancias actuales y, aun cuando se nos viniera una cuarta ola de Covid-19, las playas no volverán a cerrar, si bien nos tendremos que atener a medidas preventivas y reducción de aforos.

Pero eso no implica que tengamos que dormirnos en nuestros laureles, ni como ciudadanos, ni como empleados o propietarios de negocios. Al contrario, cada quien debe hacer su parte en esta tarea de contener a la pandemia y lograr ver la luz al final del túnel.

No sé si sea verdad, amable lector, pero expertos en epidemiología sugieren que la pandemia de Covid-19 estará vigente por lo menos otro año más, siguiendo el curso de todas las pandemias que se han desatado entre la humanidad hasta ahora, y las cuales han tenido una duración promedio de 3 años o mil días.

En algunos casos, las enfermedades han persistido mediante brotes regionales, pero ya no como algo generalizado en el mundo.

Ayer tuvimos buenas noticias en materia turística. Primero, que la alerta que emitió el gobierno de Canadá, por la violencia en los destinos turísticos de Guerrero, prohibiendo a sus ciudadanos viajar a los destinos turísticos de la entidad, ya fue retirada.

“La alerta de Canadá ha sido totalmente retirada, y en la alerta de Estado Unidos, seguimos trabajando con la embajada en México, para proporcionando argumentos necesarios y lograr que nos ayuden con esta alerta”, explicó el alcalde de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec, durante su participación en el Tianguis Turístico de Yucatán.

Como referencia, Sánchez Allec acudió junto con otros 7 alcaldes del estado de Guerrero, a la inauguración del stand turístico de esta entidad, en el Tianguis Turístico, en donde expusieron los acuerdos que ya lograron para sus de playa.

El presidente azuetense señaló que a pesar de estas alertas, los ciudadanos tanto canadienses como norteamericano, siguen llegando al binomio de playa de Ixtapa y Zihuatanejo. A Dios gracias.

Otra buena noticia es que habrá un nuevo vuelo a Zihuatanejo. Sánchez Allec, dijo que ya se cuenta con dos aerolíneas viajando diariamente al puerto y otras dos de San Francisco, al puerto de Zihuatanejo.

Adicionalmente, el alcalde de Zihuatanejo informó que firmarán un acuerdo para la apertura de un vuelo directo de Aero Mar entre Puebla e Ixtapa-Zihuatanejo.

Por si fuera poco, el gobierno del estado informó mediante un comunicado oficial que en hasta el momento, en el segundo día de actividades del Tianguis Turístico, se ha realizado la firma del acuerdo para realizar la próxima convención nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) en Zihuatanejo, con la participación de 500 agentes de viajes.

Además, firmaron una carta compromiso entre la Secretaría de Turismo del estado y la empresa Price Travel Holding, para que se promuevan los destinos del estado a nivel internacional.

No nos podemos quejar, amable lector. Parece que Zihuatanejo escapa a la vorágine que afecta al puerto de Acapulco y que lo limita en todos los órdenes de la vida pública. Por lo tanto, es el momento de tomar esta oportunidad que se nos da en medio de la más grave crisis económica que sufre el sector turístico.

Decía mi padre que las oportunidades no se dan en maceta. Si no se aprovechan las nuevas circunstancias, es probable que no se vuelvan a presentar.

Afortunadamente, el gobierno estatal y federal están comenzando a concebir a Guerrero de manera integral, más allá del constreñido Triángulo del Sol. El hecho de que se esté desarrollando el Cuarto Polo Turístico de la entidad, rumbo a la Costa Chica, como una alternativa para la saturación que ya registra Acapulco, nos indica que soplan nuevos aires para nosotros, que somos una economía basada eminentemente en el turismo.

Hay planes importantes también para otros municipios de la Costa Grande. Coyuca de Benítez quiere dejar de ser un apéndice de Acapulco y vender su propia marca, como ya San Marcos lo está haciendo.

Entre tanto, fuera de Acapulco y Zihuatanejo, el sector turístico en el resto de los municipios se sostiene por esfuerzos de la gente involucrada en esta actividad. Por ejemplo, esta semana, el asesor técnico del mega proyecto portuario Puerto Papanoa, Julio Santos García, se reunió recientemente con autoridades ejidales de esta comunidad, para informarles que a pesar de los retrasos de tiempos provocados por la pandemia, el proyecto sigue prosperando con la culminación de la etapa de avalúos de parcelas ejidales y privadas de forma individualizada y en general de las 1300 hectáreas que abarca el proyecto.

“Estamos muy cerca de poder concretar esto, nosotros tendremos que hacer una presencia permanente en Puerto Papanoa a partir del 6 de diciembre, donde ya estaremos con una oficina como originalmente lo habíamos planteado”, anunció Santos García.

Por ideas no paramos, amable lector. Lo que falta es inversión y de eso se tiene que ocupar el gobierno. Por un lado, de promocionar los destinos de Guerrero. En segundo lugar propiciar inversiones, y sobre todo apoyar al sector social del turismo, que es el que más empleos genera, y el que está al pie del cañón en las buenas y en las malas.

Claro, también falta que los palaperos y dueños de pequeños negocios en las playas se sujeten y se regularicen, para que comiencen a pagar impuestos municipales y estatales, porque hasta ahora, amparados en que están en zona federal, se niegan a pagar pero sí exigen. Incluso, ni siquiera sus permisos de la Zona Federal Marítimo Terrestre tienen en regla. Si todos hacemos lo que nos corresponde, esto caminará a buen puerto.

(Misael Tamayo  Hernández, in memóriam)

Una vez logrado el presupuesto de egresos de la Federación 2022, lo que sigue para los diputados federales y senadores de Morena y sus aliados es conseguir la Reforma Eléctrica, que podemos considerar es la madre de todas las reformas hasta ahora impulsadas, pues de esto depende revertir el control de la iniciativa privada -mayormente extranjera- en uno de los sectores más importantes del país, del que depende nuestra soberanía como nación, y la viabilidad de la recuperación económica del país en el corto y mediano plazo.

Lo mismo que sucede con el sector petrolero, si se hubiese fortalecido a Pemex y no se hubiese entregado el sector a los capitales privados, privilegiando la importación de gasolinas con el garlito de que es más barato importar que producir, no estaríamos hoy comprando la gasolina a precio dólar, siendo que somos un país productor de petróleo.

El gas entra en esta rebatinga también, lo mismo que el litio, mineral del que México posee grandes reservas de las que no se nos había informado, por cierto, pero que afortunadamente el triunfo de AMLO en 2018 cortó la entrega de los yacimientos a particulares.

Los energéticos, siempre se ha dicho, que son estratégicos para todos los países. Es absurdo entregarlos o, al menos, retirar la injerencia del Estado en ello, como resulta que hicieron con la reforma energética de Peña Nieto, optando por dejarle a la empresa estatal una mínima participación, por debajo de las empresas privadas que, por cierto, siguen consumiendo y vendiendo gasolina importada por Pemex, pues hasta ahora sus contratos de producción son nulos en los hechos, y lo deben ser de derecho.

La reforme a la CFE que plantea AMLO es precisamente revertir el porcentaje de participación del Estado en el sector, dejándolo como productor mayoritario de electricidad, mientras que a las productoras o generadoras privadas se les dejaría 46 por ciento del mercado, algo nada despreciable pero que definitivamente no les convence, por la reforma peñista les puso todo en bandeja de plata, pues las privadas solamente genera energía, y la CFE se las tiene que comprar, pero no están obligadas a crear redes de distribución, sino que usan lo que ya tenemos construido.

Lo que sí tienen es un mercado privado disperso. Por ejemplo, si la energía se produce en Oaxaca, en los parques eólicos, la generadora -por ejemplo Iberdrola- puede tener un cliente en Baja California, y exige que la CFE le entregue la energía. Esto obviamente implica que la paraestatal absorba los costos de conducción y también la merma, porque todo mundo sabe que cuando la energía viaja grandes distancias, se va degradando su potencia.

De paso, las generadoras privadas reciben estímulos por unos 160 mil millones de pesos anualmente, tan sólo porque están en el sector de “energías limpias”, y sin considerar que la producción hidroeléctrica es una de las más limpias que existen, y que la CFE cuenta con presas generadoras que si recuperan su potencial seríamos un país autosuficiente y nos sobraría para vender, por ejemplo, a países vecinos.

Ayer, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con diputados federales de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, junto con sus coordinadores, quienes se comprometieron mantenerse unidos para sacar adelante la reforma eléctrica, sin necesidad de “comprar” votos a la oposición, que se quedó en blanco en su intento por reasignar grandes partidas del Presupuesto de Egresos 2022, poniendo la reforma eléctrica como moneda de cambio.

Además, el presidente anunció una campaña informativa a nivel nacional para dar a conocer a la gente el sustento y los alcances de la reforma energética, esto para evitar la manipulación de datos y la mentira que está divulgando la oposición, sobre todo en lo que concierne a que la CFE volverá a las contaminantes plantas de carbón, y que se le prohibirá a los particulares tener páneles solares.

“Ahora queremos que la gente se informe, que no haya manipulación porque estos corruptos sacaron la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios y eso lo vamos a aclarar”, dijo el mandatario durante la conferencia mañanera.

Y es que desde que se dio a conocer la iniciativa de Reforma Eléctrica enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión para su discusión y eventual aprobación, políticos opositores, medios y opinadores profesionales, se han dado a la tarea de manipular y tergiversar la información, aduciendo falsamente que se pretende dar preferencia a la generación de energía por combustión de carbón, principalmente.

La reforma, dijo el mandatario, privilegia la renovación de las plantas hidroeléctricas, así como la generación termoeléctrica y nuclear, las cuales son energías limpias, más baratas y confiables que aquellas producidas con tecnología eólica o fotovoltaica.

Como mexicanos, lo que queremos es energía más barata porque los costos de la luz se han vuelto extremos; obviamente queremos energía más limpia porque no podemos retroceder en materia ecológica. Y si eso pasa por recomponer lo que descompusieron los del régimen anterior, que se haga.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Guerrero continuará 2 semanas más en semáforo verde, lo cual implica que para principios de diciembre nuestra entidad estará en su mejor momento para recibir a los visitantes por la temporada de Navidad 2021.

Este estatus lo tendremos hasta el 28 de noviembre, y sólo esperemos que el puente largo del 20 de noviembre (que se adelantó una semana, pues la celebración cae en sábado, días en que además estará lo fuerte del Buen Fin), no traiga consecuencias funestas y nos reporte incrementos graves de casos de Covid-19.

Es que en este fin de semana largo por las fiestas de la Revolución Mexicana registró una ocupación hotelera de 73 por ciento en promedio, la cifra más alta desde que se dispersó el Covid-19 en México.

Y claramente eso se sintió en los puertos, donde la gente tenía que esperar su turno para entrar a comer a los restaurantes, y donde las tiendas departamentales estaban a reventar.

Si todo esto se hizo sin el debido cuidado de parte de la población, que sigue dando muestras de que ya no le teme a la pandemia, podríamos tener un incremento de casos Covid, eso no se descarta pues lo cierto es que el coronavirus sigue entre nosotros, no se ha ido, y los cuidados y precauciones se deben de mantener.
La gente debe saber que todo depende de nosotros, no del gobierno. La prevención la hacemos nosotros.

Y también debemos entender que la entidad está ante una severa crisis económica, y eso se resiente aún más en el sector salud, donde la gente tiene que comprar hasta la anestesia para las operaciones, si es que tiene la suerte de encontrar un quirófano operando.

De verdad, qué lamentable situación la que heredó el actual gobierno y será hasta el siguiente año que se tengan recursos frescos. De modo que si se desatara un repunte de Covid-19, sepan que toparemos con una muy cruda realidad.

Entre tanto, podemos decir que tras la desastrosa tercera oleada que vivimos entre julio, agosto y septiembre, Guerrero descansa de la pandemia. En las últimas 24 horas se registraron sólo seis casos nuevos para sumar 217 casos activos, de los cuales Acapulco presenta 55, Iguala 30, Taxco 30 y Chilpancingo 23.

En cuanto a defunciones, en estas dos semanas de noviembre suman 26 casos, y se tienen 48 pacientes hospitalizados.

Como consecuencia, las playas y aforos de personas a hoteles, restaurantes y bares se mantienen, y por ahora el sector turístico se muestra optimista, porque es muy probable que la Navidad pueda ser disfrutada de nuevo en Guerrero, tras dos años de restricciones.

Sólo con el fantasma de la violencia parece que se resiste y comenzó de nuevo a azotar no sólo a Acapulco, sino también a la Costa Chica, sobre todo San Marcos, Cruz Grande y Copala, así como a municipios de la Costa Grande cercanos al puerto.

Eso para nadie es un secreto y el gobierno tendrá que hacer su parte si quiere rescatar la Navidad, que se nos puede cebar si la criminalidad aumenta.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, recordemos, anunció el reforzamiento de la seguridad para Acapulco y Chilpancingo con la llegada de más elementos de la Marina, pero eso no ha sido obstáculo para que los grupos delincuenciales asesten golpes a sus adversarios, sin dar tregua.

El pasado fin de semana, por cierto, fue extremadamente violento. Hubo tres quemados en San Marcos, un descuartizado en Copala, así como vehículos incendiados también en San Marcos, además de ejecuciones en Acapulco y Chilpancingo, entre estos una mujer adulta mayor, empleada administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, quien fue asesinada en su propio hogar.

Aunque ya estemos acostumbrados a estas noticias, de todos modos son de alto impacto. Ahora imaginemos lo que ocurre entre los extranjeros que posiblemente ya tengan sus reservaciones hechas.

Sería muy prudente que la gobernadora revise su plan de seguridad, porque además hay quejas en el sentido de que el nuevo titular del ramo despacha desde la Base Naval, y quien realmente manda es el subsecretario.

Los comandantes y jefes de grupo de la Policía Estatal ya están resintiendo el cambio y señalan que hay una grave escasez de combustible. No tarda y también les darán cartuchos contados.

Todo esto ocurre mientras las bandas delincuenciales andan armadas hasta los dientes.

Señores, si quieren salvar la Navidad, no sólo importa el Covid. La seguridad es algo ineludible.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

¿Realmente es necesaria la venta de 42 camionetas blindadas y de lujo de parte de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda? La lógica indica que no, sobre todo cuando se gobierna en una entidad con índices de seguridad tan elevados como los de Guerrero, y donde hay un notable aumento de los hechos de violencia, en lo que podría ser un reacomodo de grupos aprovechando el cambio de gobierno que, por lo demás, todavía no se concreta. Faltan los cambios de fiscales, agentes del Ministerio Público y, obviamente, los cambios en las comandancias regionales de la Policía Estatal y la Policía Investigadora Ministerial.

Sobre todo, falta que se note el cambio de agenda, pues veníamos de un estilo de hacer las cosas que a todas luces era un laxo. No sabemos si la gobernadora le exigirá al titular de Seguridad Pública más trabajo preventivo, así como coordinación con los municipios, y si le exigirá también al nuevo fiscal general del estado que avance en la investigación de asuntos, pues el rezago en materia de justicia es exagerado.

Es la agenda de seguridad, más que los personajes, lo que debe de cambiar. De nada sirve que llegue una lumbrera a Seguridad Pública, si vienen a cuidar el rancho, como lo hizo el General Pedro Alamazán Cervantes, en cuyo periodo -que abarcó desde el interinato de Rogelio Ortga hasta el primer trienio del gobierno de Astudillo- las cosas empeoraron más allá de lo imaginable.

Durante los tres años y nueve meses que Almazán Cervantes estuvo a cargo de la seguridad del estado, se registraron más de ocho mil homicidios dolosos, colocando a Guerrero en los primeros lugares a nivel nacional por esta causa.

Y aunque para diciembre de 2018 se nombró a un nuevo secretario de Seguridad, la diferencia no se hizo desde el gobierno del estado, sino desde la Federación, a través de la Mesa de Coordinación para la Paz en Guerrero. Poco a poco Guerreo fue saliendo de los ominosos primeros lugares hasta llegar a ocupar el décimo sitio.

Volviendo al tema de las camionetas, entonces no hace falta su venta, sobre todo porque ya son vehículos que perdieron su valor comercial. De los 90 millones de pesos que se invirtieron en su adquisición mayormente de 2018 a la fecha, ya tienen una depreciación del 70 por ciento. Apenas se recuperarán entre 20 y 23 millones de pesos. 

Parece mucho dinero, pero es más lo que ya se perdió. La pregunta es, ¿qué sucederá si la gobernadora llega a necesitar una camioneta blindada? Pues nada, que se tendrá que adquirir a su precio de mercado.

Lo que debió hacerse, a nuestro juicio, fue dejar los blindados que sean necesarios, comenzando por el de la gobernadora en caso de necesidad, así como el del futuro fiscal general de justicia y el secretario general de seguridad, casos previstos en la ley, y subastar el resto, porque la verdad son demasiados.

Faltó informar quiénes traían estos vehículos. Se dijo que esa información sería proporcionada y esperemos que el Congreso sí lo haga, porque hasta donde lo anunció el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, los blindados los traían los políticos, sus familiares y hasta ex funcionarios.

Destaca la motocicleta VMW que también será subastada, y que se dijo estaba asignada a Casa Guerrero. ¿Quién la usaba? ¿El ex gobernador Héctor Astudillo, su esposa, alguno de los juniors?

Para colmo, falta que Astudillo entregue 27 camionetas que están en el listado oficial, pero nomás no aparecen por ningún lado. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció que continuarán el procedimiento oficial para recuperarlas.

Todo esto nos recuerda precisamente cuando Astudillo asumió el cargo en medio del caos del gobierno de Aguirre y su interino, Rogelio Ortega. Lo primero que se dijo es que habían saqueado el parque vehicular, que habían dejado chatarra. Tal vez por eso el gobernador invirtió casi 100 millones de pesos en el último trienio, para comprar 42 camionetas blindadas, la mayoría Suburban y Cherokee y Tahoe, cuyo costo de mantenimento era superior a los 700 mil pesos por mes, y que gastaban 12 millones de pesos anualmente en combustible, porque por el blindaje esas unidades son pesadas y obviamente gastan más gasolina.

¿Era necesario ese gasto? Y la compra sucedió precisamente en el periodo en que se dijo que habían bajado los índices de inseguridad. ¿Entonces como por qué se compró tanto vehículo caro? Esto huele más a negocio que a una necesidad de seguridad del gobernador y los funcionarios estatales. 

En los gobiernos, no siempre se compra lo necesario y urgente, sino cualquier cosa que implique inversión, porque eso lleva implícito el consabido “diezmo”.

Ojalá que los diputados vayan más allá de la subasta de unidades, y revisen a fondo el caso. Aunque, claro, se duda que eso se haga, porque para ello los priístas y perredistas ocupan las principales comisiones en el Congreso local y donde Morena, a pesar de ser mayoría, tiene un control marginal.

En resumen, se entiende que la gobernadora tenga urgencia de marcar la diferencia con su antecesor, pero eso debe hacerse sin incurrir en contradicciones. Se debe dejar lo estrictamente necesario, luego de informar del caso. No olvidemos que lo barato puede salir caro.

Y, ojo, en lo personal insisto en que la gobernadora no puede darse el lujo en andar en el coche de su hermana, en un Guerrero bronco como nuestra entidad, porque ya no es un particular. Es la jefa del Poder Ejecutivo y como tal debe cuidarse, sin que por ello se considere que abusa. La austeridad puede traducirse en un austericidio.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

En Guerrero se junto el hambre con las ganas de comer. Tenemos un gobierno en quiebra, heredero de un déficit de más de 3 mil millones de pesos que se requieren tan sólo para cerrar el año, así como adeudos por más de 22 mil millones (ISSSTE, ISR y Autopista del Sol), que tendrá que ir pagando en “abonos chiquitos” a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Del otro lado, tenemos ayuntamientos también en quiebra, herederos de laudos masivos, adeudos con la CFE, SAT, Conagua y otras instancias, si bien las fue, porque también los hay que llegaron a encontrar obras inconclusas, así como los servicios básicos colapsados, entre estos agua potable, alcantarillado, alumbrado público y seguridad.

Lamentablemente, nadie paga por semejantes horrores administrativos. Sí, horrores, porque no podemos llamarlos “errores”. Aunque se nos dice que soplan vientos de cambio en México y en Guerrero, no es así. Continuamos con los viejos esquemas de proteccionismo a favor de los gobiernos abusivos y mani-rotos, que al cambio de gobierno exhibieron su troglodismo amparados en la pandemia de Covid-19, alegando que gastaron en atender esta emergencia.

Posiblemente hicieron eso en 2020, cuando se pusieron a cerrar carreteras y a cercar pueblos pese a que ni siquiera se tenían casos de la infección por ese coronavirus, pensando en que así lo detendrían.
Pero ¿qué hicieron en esa estrategia? Supuestas revisiones  a tontas y locas, cuando todavía ni sabían cómo se propagaba y detectaba la enfermedad.

El caso es que para este 2021, los gobiernos municipales ya no hicieron prácticamente nada, sobre todo en la tercera oleada, que fue también la más agresiva. Pocos fueron los que mantuvieron la estrategia de uso obligatorio del cubrebocas, pero en su mayoría los presidentes y el propio gobierno estatal ya estaban cerrando y estaban más interesados en el “año de Hidalgo”, que en atender a los enfermos.

Nada de esto justifica los adeudos que heredaron, el saqueo en el sector salud (en este momento los hospitales están en cueros, la gente tiene que comprar hasta la anestesia si quieren que operen a sus familiares), el desvío masivo de cuotas del ISSSTE, la suspensión de pagos del Impuesto Sobre la Renta al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Peor cuando se trata de los adeudos ante la CFE, dependencia que por cierto tiene la costumbre de permitir que los presidentes que se van incurran en mora de pagos por meses, pero cuando llegue el nuevo presidente se presentan ya con las pinzas en mano para cortar el suministro, exigiendo los pagos que el otro les quedó a deber.

¿Cuándo van a parar estos abusos? Cuando las deudas de un gobierno dejen de ser “institucionales” y pasen a ser particulares. Quien se comió el platillo, que lo pague. 

Por todo lo anterior, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dijo el martes que no hay recursos para prestarles a los alcaldes para que cierren el año y cumplan con el pago de aguinaldos a los trabajadores.

De su parte, anunció que los trabajadores del estado no deben preocupase por sus sueldos y prestaciones, porque están seguros. Esto a pesar de que el titular de Finanzas dijo que necesitan 3 mil millones de pesos y que no se tiene aún el recurso para el pago de aguinaldos y sueldos por fin de año, por lo que planteó 3 posibilidades, una de ellas que la Federación adelante partidas presupuestales del siguiente año, o bien que favorezca a Guerrero con un rescate financiero. Y finalmente, como tercer alternativa, queda el endeudamiento con la banca privada.

Así de grave está el asunto. Hay alcaldes que están informando que las obras programadas para sus municipios por parte del gobierno estatal, están siendo canceladas por “reasignación” de obras.

Eso se entiende porque el titular de Finanzas habló precisamente de que todo dinero que llega al estado es insuficiente para cumplir los compromisos heredados, porque son demasiados.

Por lo tanto, señores alcaldes, hay cuentas mochas y no hay para prestarles, a menos que las camionetas blindadas se vendan, como anunció la gobernadora, para que de esos recursos extras les puedan apoyar,

De lo contrario, vayan viendo de dónde sacan el dinero para cerrar el año y cumplir con el pago de aguinaldos, sueldos y prestaciones.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Lo que está en boca de todos, este martes, es la estrepitosa caída de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ante cuya presencia temblaban los ricos de la tierra, valga la exageración, amable lector, que no lo es tanto. Realmente el zar anticorrución de la Cuarta Transformación es un cerebrito en su área y difícilmente el lugar que dejó vacío, será llenado. Difícilmente.

Y por donde se le vea, éste es un hecho lamentable. No es que se vaya un político y venga otro. En los tecnicismos del poder eso no funciona. Y de que se va a notar su ausencia, claro que se va a notar.

Hay muy poca gente formada en estas áreas. Si las hay, están generalmente en la empresa, que es donde se pagan buenos sueldos, no en el gobierno.

Antenoche, el titular de Gobernación anunció el nombramiento del ex legislador Pablo Gómez como titular de la UIG, organismo que ni siquiera sabíamos que existía, hasta que Santiago Nieto le dio vida y lo sacó del anonimato, imprimiéndole un sello único por su manera de seguir la pista a los capitales públicos y privados, incluso los de la delincuencia organizada, en donde entran los carteles de drogas, los pederastas, los tratantes de blancas, etcétera.

Santiago Nieto nos demostró que el régimen todo lo sabe, que para un gobierno nada es extraño, que nada de lo que se mueve en este país puede suceder sin la venia, la complacencia o complicidad del presidente en turno.

Lo demostró y puso esta agenda en primerísimo lugar….hasta que….sí hasta que se enamoró de una mujer que, de acuerdo con la sabiduría bíblica, es un yugo desigual para él. Bueno, es un decir, porque Santiago Nieto no proviene propiamente de la derecha, pero tampoco de la izquierda. Más bien está emparentado con un grupo de avanzada, hombres y mujeres más formados como técnicos que como políticos, pero que finalmente trabajan para estros grupos y son parte de.

Santiago Nieto no sólo trabajaba en el gobierno lópezobradorista, sino que se había convertido en un ícono de la lucha anticorrupción del régimen morenista, en un apóstol, y era una figura tan prominente que hasta se le mencionaba entre los posible sucesores del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Y es que no sólo conoce la parte técnica de las finanzas públicas y privadas, sino también las leyes que nos rigen y sus alcances en cada área. Por eso Santiago Nieto era tan certero y no se equivocaba, sabía distinguir entre lo público y lo privado, entre lo legal y lo ilegal, entre el delito y lo que se quedaba en lo políticamente incorrecto.

Y, lamentablemente, así sucedió con su boda. El momento que debe ser el más importante en la vida de un hombre se convirtió para él en una pesadilla. Su luna de miel, de hecho, apenas comenzaba cuando le llegó la noticia de su renuncia.

La caída sucedió en medio del escándalo por una boda que se celebró no sólo en el extranjero, sino que además juntó a tirios y troyanos en un mismo lugar, amigos y enemigos, morenos y güeros, donde además surgió el escandalillo de 35 mil dólares que detectó el gobierno guatemalteco y que eran propiedad del dueño del periódico El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, cuya esposa iba a la boda del año como invitada, y quienes viajaban con otros invitados en un avión privado. El dinero les fue incautado, por cierto, así que si se trató de una trampa o de un acto de lavado de dinero, se quedaron como el perro de las dos tortas.

Ahora mal, que un hombre de poder se case donde quiera y como quiera, no es ilegal, pero tampoco es políticamente correcto. Cada persona debe ajustarse a su realidad y, sobre todo, entender un viejo adagio entre la clase política: La esposa del rey debe parecerlo. Es decir, que la esposa del rey debe parecer reina, aunque no lo sea.

En este caso, el zar anticorrupción, debe parecerlo también.

Lo que nos dejó esta boda fue un mal sabor de boca. Muchos lamentamos la caída de Santiago Nieto. Y más lamentamos que haya caído por el lado del corazón, no de la razón. No había otra manera de tumbarlo, más que del lado que los hombres y mujeres muy poco sabemos manejar.

¿O acaso no dicen que jala más una mujer que una yunta de bueyes?

¿Qué diría Santiago Nieto, por ejemplo, de la lista de invitados de su mujer, Karla Humphrey, consejera electoral, ex mujer de Roberto Gil Zuarth, quien fue nada más y nada menso que secretario particular del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa? ¿Acaso balbuceó: está bien mi amor, lo que tú digas? ¿No se dio cuenta Santiago Nieto de la dicotomía de meter en un mismos costal a los amigos y enemigos del régimen lópezobradorista? Lo peor, que el propio AMLO estuvo invitado a esa boda. ¿Lo imaginamos compartiendo el pan y la sal con la Vázquez Mota, una de las detractoras más recalcitrantes de su gobierno?

Es así que cae un soldado anticorrupción. De los pocos que hay. Llega Pablo Gómez, un ícono de la lucha de izquierda en el país, economista de profesión, ex preso político en Lecumberri, pero quien se ha formado más en el área partidista y legislativa.

No falta el que se va ni sobra el que se queda, decía mi padre. Pero hay ausencias que triunfan, dice la canción. Hay ausencias que sí se notan. Y una de esas es la de Santiago Nieto, un hombre con luz propia que no dependía de AMLO ni de andar de zalamero con él. Al contrario, su brillo hacía relucir a la 4T. Era un hombre que aportaba, no quitaba. Discreto, no vaca sagrada de la política. Uno hombre que supo hacerse imprescindible, que por sí mismo era noticia.

Pero al que la carroza se le convirtió en calabaza justo cuando estaba rehaciendo su vida.

Esto amerita una reflexión acerca de las mujeres “empoderadas”, por cierto. Se las debo debo para mañana.