Categoría: S.O.S Costa Grande

¿Qué está detrás de las personas que sufren de diabetes y no pueden dejar de tomar “su coca”, a pesar de saber el daño que les hace?. Esto lo hemos observado directamente en muchos casos donde estas personas ya tienen graves daños a su salud por la enfermedad. En el otro extremo: ¿Qué está detrás de los niños que no pueden dejar de ver su celular, las redes sociales, hasta muy altas horas de la noche, afectando su sueño, su tiempo de descanso, su salud? Esto lo sabemos porque es una situación ya muy común. Detrás está la intención corporativa de provocar el placer sacrificando el bienestar, está el diseño de sus productos para generar la adicción.

En la sociedad de hiperconsumo, gobernada por un puñado de megacorporaciones, el objetivo es que los individuos -que en algún momento fueron ciudadanos y ahora son considerados simples consumidores- consuman cada vez más los productos y servicios puestos en el mercado internacional, nacional, regional y local por estas empresas globales. Para que esos productos y servicios puedan venderse y consumirse, cada vez más, se requiere que sean adictivos y fugaces. La maquinaria corporativa requiere que consumamos y que desechemos cada vez más rápido. Ésta es la lógica del crecimiento de la economía, una lógica que se basa en la adicción y en la obsolescencia programada de los productos. De por medio está los daños extremos a los que hemos llegado en salud de la especie y el planeta.

Entonces, el objetivo, en todos los casos, es provocar placer, que ese consumo placentero se vuelva adictivo y generar la confusión en los individuos de que ese placer es la felicidad. De Erich Fromm a Robert Lustig se explica la dimensión del consumo como falsa “felicidad” y cómo el diseño de los productos está dirigido para activar la segregación de dopamina y, así, jaquear nuestra mente desde pequeños, confundiendo el placer con la felicidad. De ahí que se estén formando generaciones fijadas en el consumo de estímulos placenteros mientras se sumergen en la ansiedad e insatisfacción de la vida. No hay tiempo para el silencio, para el contentamiento que perdura, para compartir, es la búsqueda del placer individual que una y otra vez tiene una vida efímera y que cada vez es más difícil de lograr, porque nuestro sistema de recompensa se agota con tanto estímulo.

Una de las manifestaciones más evidentes de este proceso es la sustitución de nuestros alimentos y nuestras culturas culinarias construidas durante milenios y siglospor productos comestibles ultraprocesados dirigidos ya no a alimentar, si no a generar placer. ¿Cómo se ha logrado que desde Nepal hasta la sierra mixteca en Oaxaca los niños sean inducidos al consumo de los mismos productos de las mismas marcas?

En una investigación se le dieron cámaras de video a varios niños de diversas regiones del mundo para que grabaran lo que compraban y consumían. Vea usted el testimonio de dos niñas de Nepal, una situación que se pudo constatar en todos los demás casos: Las imágenes hablan por sí mismas de la penetración y modificación de los hábitos de lo que puede ser explicado como nuestra relación más profunda con nuestro entorno, con la naturaleza: la alimentación.

Tanto en el consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas, como de tabaco, alcohol y las redes sociales, el común denominador es su impacto en la generación de dopamina, la llamada hormona del placer. La acción constante de generación de dopamina por un estímulo externo lleva a la adicción. Es decir, la búsqueda repetida y constante de placer, a partir de un producto o de un estímulo externo, provoca adicción.

Como lo comentamos anteriormente, tanto los expertos en el diseño de los productos de las grandes corporaciones de la comida chatarra (Salt, Sugar, Fat. Michel Moss.Random House 2013), como los expertos en el diseño de las redes sociales, de Silicon Valley (The Social Dilemma. Netflix, 2020), han reconocido públicamente dos cosas en común: que lo que han hecho son productos adictivos y que esos productos no se los dan a sus hijos. Es decir, quienes diseñan la comida chatarra evitan que sus hijos la consuman, quienes han diseñado las redes sociales evitan que sus hijos las usen. La razón es que saben muy bien que les hacen daño, que no es fácil dejar de consumirlos y que afectan su desarrollo.

Sí, el dopaje de la comida chatarra ha llevado a la epidemia global de obesidad y diabetes en el mundo, el dopaje del tabaco ha provocado la muerte masiva de 7 millones de personas cada año, el del alcohol se lleva a 3.3 millones de personas anualmente y el de las redes sociales y los videojuegos está provocando epidemias de depresión y déficit de atención en niños y adolescentes, y cada vez más en adultos.

Aparte del diseño adictivo del producto, el hiperconsumo se refuerza con la publicidad aspiracional, con el sentido de pertenencia al adquirir el producto de la marca deseada, al entrar a formar parte de un mundo mostrado como modelo, demostrando que uno no es del todo un excluido. En el mundo de la profunda desigualdad en que vivimos, y de la exclusión en la que se encuentra la mayor parte de la humanidad, en relación al mundo que se ofrece como modelo en la publicidad, el sentido de no ser un excluido se da a través de la ilusión de pertenencia. Se ofrece que la felicidad se puede comprar en una botella de Coca Cola o uno se puede sentir cerca del héroe del deporte calzando la misma marca de tenis, una madre puede sentir cierta pertenencia al mundo feliz de la mujer que aparece en el anuncio de televisión sirviéndole el cereal a sus hijos o el niño que come el cereal sentirse por un momento parte del mundo del Tigre Toño que realiza  extraordinarias hazañas físicas.

Robert Lustig, uno de los científicos norteamericanos más lúcidos en el ámbito de la alimentación y el cerebro, pediatra endocrinólogo, especializado en neuroendocrinlogía y obesidad infantil, de la Universidad de California, publicó el libro The Hacking of the American Mind que lleva como subtítulo “La ciencia detrás de la captura corporativa de los cuerpos y las almas”. Lustig expone cómo, por todos los medios, las corporaciones han venido capturando la mente de las personas induciéndolas a la búsqueda desenfrenada del placer. Detrás de esta estrategia está generar una confusión entre el placer y la felicidad. El objetivo corporativo está en activar la descarga de dopamina a partir del consumo de los productos y servicios que están diseñados y dirigidos a provocar esa sensación fugaz de placer. Desde las personas con diabetes que no pueden dejar la Coca Cola, hasta los niños, adolescentes o adultos que no pueden dejar el videojuego o las redes sociales sacrificando sus horas de descanso, encontramos el efecto de los daños masivos causados por el dopaje de las corporaciones. Y esta es no es nuestra conclusión, proviene de los mismos diseñadores de esos productos.

Fortalecido y animado tras la primera encuesta del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que superó al supuesto favorito, Mario Delgado, rumbo a la dirigencia nacional de Morena, el Diputado Porfirio Muñoz Ledo lanza a bocajarro, muy a su estilo: “Yo estoy cambiando señales: no somos el partido del Presidente, somos el partido en el poder. Soy ‘obradorista crítico’, me llaman, porque creo que la crítica conviene dentro de Morena”.

“Cuando ganemos el partido –sentencia optimista– la primera decisión es auditar al partido, auditar la Cámara de Diputados, iniciar procesos rápidos de reforma constitucional” y, según anuncia, hacer los cambios pertinentes para desaparecer al “totalmente corrupto” Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) e ir en busca de una nueva Constitución. Piensa en un partido que, ceñido a sus principios, “no tenga un pensamiento único”, que sea un partido de la diversidad, un partido de los migrantes, un partido crítico, “porque eso es fundamental para mí, un partido que discuta y sea deliberativo”. Pero también piensa en un partido moderno y digital que involucre a los jóvenes a partir de la creación de un Instituto de Formación Política y Ciudadana con el deber de “crear soberanía”, que tiene que ver con prácticas y debates públicos.

Casi con la mano en la cintura, el hombre que a lo largo de sus 87 años ha dirigido nacionalmente otros partidos, como el PRI (1975-76) y el PRD (1993-96), se muestra confiado en la elección interna y, en entrevista telefónica desde la Ciudad de México, aclara que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha metido las manos en el proceso interno, del mismo modo en que, dice, tampoco influyó en el resultado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde, con seis votos a favor y cinco en contra, se aprobó la solicitud de consulta para enjuiciar a los expresidentes y cuya votación se llevará a cabo en agosto de 2021. En el caso de su sorpresiva participación en el proceso interno de Morena, afirma que “Andrés no se ha metido en esto para nada. Yo no he tenido un telefonazo con él; yo estoy actuando por mi cuenta. Hay que salvaguardar al partido. No puede haber un caciquismo”.

Polémico y apasionado, Porfirio Muñoz Ledo sabe que no dejó indiferente la escena política nacional, mucho menos a los miembros de Morena, el partido que pretende “dirigir críticamente”, luego de que en la primera encuesta realizada por el INE superara sobradamente con el 41.7 por ciento de las preferencias internas a Mario Delgado, quien porcentualmente obtuvo apenas el 27.1 de los votos. La segunda encuesta, con cinco finalistas, inició el pasado 2 de octubre y terminará antes de concluir esta semana.

Desde su adhesión crítica a la Cuatroté, en general, y al Poder Legislativo, en particular, desde hace dos años Muñoz Ledo no ha dejado de ser foco de atención mediática, pasando por los severos cuestionamientos al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, debido a sus presuntas conspiraciones migratorias en favor de Trump, que incluso involucran a Honduras como “enclave de Estados Unidos” en la región, y a su esposa Rosalinda Bueso –“bella y recta persona”–, pero a quien posiblemente se le ofrezca ser candidata a la Presidencia de ese país. “Va a ser toda una operación Honduras-Estados Unidos, que tiene como gran conducto en los dos lados a Marcelo Ebrard. No es una incidencia, no es una especulación”, puntualiza y critica también a Gobernación, en manos de la exministra Olga Sánchez Cordero: “Es totalmente tramposo lo que están haciendo, es bárbaro y cruel lo que está haciendo Gobernación en el sur del país, aunque van a dejar pasar la caravana porque esto lo ordena Donald Trump”.

Acusa a Ebrard por su adelantada y “peligrosa” ambición en el tema de la sucesión presidencial. “Con Marcelo he tenido diferencias fuertes en el tema migratorio. Ahora se va a prestar, te lo aseguro, a la caravana de migrantes que está organizada por Trump, para que llegue días antes de las elecciones y le pueda decir al pueblo norteamericano que están a punto de invadirlo. Dentro del partido lo que estoy proponiendo es que no haya un asunción anticipada. Mario (Delgado, su oponente interno) está actuando mal, pero está actuando por consigna. Si tuviera alguna autoridad política o moral con Marcelo lo podría disuadir, pero no la tiene, porque él es un enclave”, dice.

Denuncia que incluso Mario Delgado y el grupo de Ebrard “ya tienen ofrecidos gobernadores en cada estado en que habrá elecciones, incluidos algunos del PAN”, y Chihuahua, según comenta, no escapa a esa ecuación. “A lo mejor es una jugada, cierto, pero la sucesión anticipada sólo tendría, o puede tener, el acortamiento del periodo presidencial de AMLO. No puede haber un caciquismo. A Marcelo le mandé un mensaje en broma: le dije, ‘oye, quítale un problema al Presidente, compra el avión presidencial y luego vete a volar’”.

Durante la semana pasada el icónico líder de la ruptura priista en 1988 al lado de Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez entre muchos otros, y luego pieza clave en la construcción del antiguo PRD, lanzó duros mensajes al Gobernador de Chihuahua y esta vez no fue la excepción: “Mira, Javier, en vez de estar jugando por el agua, estás jugando con fuego. El agua es un problema federal, no local. Hay disposiciones legales que concilian los intereses de los municipios, las alcaldías, los gobernadores con el Gobierno federal. El agua, para que lo sepas, es un tema federal. Lo que tu pretendes es otra cosa muy peligrosa: romper el Pacto Federal”.

Finaliza con voz contundente: “La militancia debe entender que no estamos defendiendo sólo a López Obrador, estamos defendiendo un proceso histórico, y si no ganamos con cierta continuidad las elecciones, no va a poder hacerse la Cuarta Transformación. Este peligro es un peligro real, que se interrumpa el nuevo curso del desarrollo que estamos promoviendo”.

La actual administración federal fue elegida con el mayor apoyo popular en la historia democrática del país. En parte esto fue por el hartazgo de los sectores populares que vieron, década tras década, cómo había un vínculo entre la usurpación del discurso público por parte de unos pocos actores que, a la vez eran beneficiados política y económicamente por la clase gobernante.

Por tanto, las promesas de acabar con la corrupción y los excesos de esos pocos sectores privilegiados han sido la punta de lanza de la narrativa oficial de “primero los pobres”. Así, los recortes al gasto público, la cancelación de privilegios fiscales, el tránsito a esquemas de transferencias directas a beneficiarios en programas públicos, y ahora, la extinción de fideicomisos, son elementos que forman parte de la misma narrativa de anticorrupción y, en cierto modo, hace sentido: ¿quién podría negar que ante el desmantelamiento documentado del Estado en sexenios anteriores había que hacer cambios, que los esquemas de desvío y malversación de recursos públicos tienen que eliminarse?

Dicha narrativa –y esto es muy importante para lograr un debate público que esté a la altura de las exigencias democráticas de amplios sectores de la población– funciona porque ha tenido aciertos. Desde Fundar, por ejemplo, se ha apoyado el combate a privilegios fiscales de grandes contribuyentes; por lo que fomentar el pago de impuestos por parte de empresas acostumbradas a evadir sus responsabilidades fiscales es una apuesta de este Gobierno que hemos reconocido. Pero la narrativa por sí misma no hace que las medidas funcionen, y así también hemos criticado recortes inaceptables al gasto público y el constreñimiento de las funciones del Estado por medidas de austeridad. Esto, por poner dos ejemplos de una medida adecuada y otra inadecuada que se han vendido como igualmente necesarias.

El debate público actual está hoy sobre la mira de un mecanismo fiscal que no es ni lo uno ni lo otro: los fideicomisos para el manejo de recursos públicos. Los fideicomisos son instrumentos financieros que, sin mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y utilizados indiscriminadamente, pueden en efecto servir para hacer un mal uso de recursos públicos. Pero los fideicomisos son también instrumentos que pueden apoyar a tener recursos disponibles de manera ágil y flexible en áreas clave para la garantía de derechos o en entornos de crisis.

La discusión pública sobre los fideicomisos se ha centrado en un debate a favor o en contra, vendiéndolos como el mecanismo más corrupto o el más perfecto para ejercer recursos. Ambas visiones resultan extremas, y dejan de lado aquello que necesitamos: revisar cada uno de ellos, evaluarlos, proponer reglas claras para su mejora cuando tenga sentido que el fideicomiso exista, o un mecanismo de extinción adecuando cuando tenga que desaparecer. ¿En qué casos tiene sentido un mecanismo como el fideicomiso para la garantía de derechos humanos, por ejemplo?

Tomemos como ejemplos el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) o el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El FAARI fue creado por la Ley General de Víctimas (LGV), impulsada por el movimiento de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicas y académicos hacia finales de la administración de Felipe Calderón, en respuesta a la grave crisis de violaciones a derechos y violencia desatada por la política de seguridad; y es un mecanismo financiero que sirve para pago de ayudas, asistencia y reparación integral para víctimas. El Fondo para Protección, por otro lado, fue creado con la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y cumple con el objetivo de brindar medidas de protección para periodistas y personas defensoras, como su nombre lo indica. En ambos casos, podemos observar dos características en común: 1) son fideicomisos constituidos por ley y no al arbitrio del Gobierno en turno por decreto; y 2) son fruto de procesos de lucha de víctimas, personas defensoras y periodistas.

¿Estos fideicomisos cuentan con los controles necesarios para el buen uso de recursos públicos? En el caso del Fondo de Protección, la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tras un análisis, ha concluido que el Fondo “continúa siendo la figura más adecuada para la gestión rigurosa, transparente y flexible de los fondos destinados a la implementación de medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas”. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), si bien ha advertido de “irregularidades y deficiencias” en el desempeño de la CEAV, en el caso particularmente del FAARI lo que ha señalado es que necesita más recursos, además de declarar que la dependencia ha cumplido con las últimas recomendaciones a la auditoría financiera y de cumplimiento realizada por la ASF. Esto no quiere decir que sean mecanismos perfectos, pero sí permite asegurar que cumplen con controles mínimos, reglas claras y que las áreas de mejora están plenamente identificadas.

Por ello, tanto el FAARI como el Fondo para la Protección presentan características de origen (estar constituidos por ley gracias a la exigencia de víctimas, personas defensoras y periodistas), estructurales (tener disponibilidad presupuestaria y flexibilidad para acciones clave en la garantía de derechos) y de transparencia mínima (basada en análisis realizados por las instancias públicas pertinentes) que confirman la necesidad de su permanencia como fideicomisos.

Para que los derechos se garanticen se necesitan recursos públicos. Para que los recursos públicos garanticen realmente derechos se necesitan esquemas adecuados para su financiamiento: desde Fundar reiteramos que los fideicomisos tienen que revisarse uno a uno para determinar su mejoramiento o extinción, y urgimos al Poder Legislativo tomar en cuenta los análisis propuestos para tomar sus decisiones.

Alejandro Páez Varela

Considero a Taibo II un individuo congruente con sus ideales. Cuando recomendó a Enrique Krauze y a Héctor Aguilar Camín que se fueran al exilio antes de seguir abriendo capítulos que no les convenían, se los dijo con toda honestidad: para tener la boca suelta se necesita tener la cola corta. Y Taibo cree que ambos tienen la cola larga. Mejor el exilio que seguir abriendo capítulos. “Sus trapos sucios”, dijo. De igual manera, por si alguien se asombró entonces, ha disparado al interior del movimiento de la 4T: llamó “sapos enmascarados” a los que se dicen de izquierda y son de derecha; dijo que le molestaba “gente como Germán Martínez, que se vaya ese güey”. Incluso a Alfonso Romo: “Cuando dice: ‘no afectaremos las concesiones para la industria petrolera de las transnacionales’ mi pregunta es muy sencilla: ¿quién chingados le dijo a Romo que somos ‘nos’? ¿A nombre de quién habla? […] Si le quieres hablar al oído a las transnacionales, pues muy tu pinche gusto, el mensaje que nosotros lanzamos es: ¡abajo todas las pinches reformas neoliberales! Y que escuche este mensaje Romo”. Esta frase resume en mucho a Taibo: “Dijimos que éramos Caperucita Roja y no vamos a salir ahora con que somos Caperucita Verde”.

(No es mi intención igualarlos sino compararlos). (Y adelanto ese criterio cuando digo que) Considero a Francisco Martín Moreno un individuo congruente con sus ideales. Cuando dijo que si pudiera quemaba vivos a los miembros de Morena no había en él nada distinto al mensaje que ha dado por años. “Yo por eso propongo que si se pudiera regresar a la época de la inquisición yo colgaba a cada uno; no colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino, te lo juro”, dijo en Central FM. Y antes –y es apenas un botón de muestra–, su editorial, Penguin Random House Grupo Editorial México, inundó la capital con carteleras donde aparecía López Obrador de espaldas frente a una multitud y el título de ése libro de Moreno adelantaba todo: “El ladrón de esperanzas”. El sexenio todavía no empezaba. No había manera de que el escritor supiera si el Presidente se iba o no a robar la esperanza de alguien. Lo resolvió de forma astuta: usó la ficción para inventar (eso es la ficción) lo que quiso de un personaje que es de no-ficción. Fue una versión muy parecida a su “si se pudiera regresar a la época de la inquisición yo colgaba a cada uno…” No podía evitar que el izquierdista asumiera el poder pero sí podía inventarle un destino. La hoguera fue su libro; allí quemaba vivo a López Obrador.

Taibo II cree que a los traidores a la Patria se les debe fusilar. Moreno cree que los que voten en las próximas elecciones a favor de Morena son traidores a la Patria y por lo tanto deben ser quemados vivos en una plaza pública. Taibo II cree que un puñado de abusadores ha saqueado la Nación y ha destinado a los mexicanos a la miseria y la desigualdad. Moreno cree que los ciudadanos que apoyen a Morena en 2021 (más de 30 millones votaron por AMLO en 2018) merecen un holocausto. Hay diferencias entre los dos. Uno desearía que los que deliberadamente empobrecieron a México fueran juzgados por traición a la Patria; el otro quisiera resolver con un genocidio sus diferencias políticas con un grupo amplio de mexicanos que cree en este Gobierno.

De la abundancia en el corazón de ambos habla su boca. No veo a Taibo con muchas ganas de disculparse; Francisco Martín lo hizo un día después.

Si el odio es antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea –como dice la RAE–, yo odio. Odio a Díaz Ordaz, a Franco, a Pinochet. Odio a Hitler. La oposición al PRI odiaba a Televisa, aunque muchos no lo recuerden. La odiaban profundamente por sostener a un régimen perverso y por pura conveniencia, por puro dinero, engañar a los mexicanos todos los días con noticias a medias, manipuladoras o de plano con mentiras. Y esa oposición que odiaba era de derecha y de izquierda. Vicente Fox hizo una campaña dándole de patadas al logo del PRI y de Televisa, aunque luego los abrazó. Se le odiaba. Se les odiaba. Quiero decir que hay ese tipo odio.

Es cierto que hay mucho odio en el ambiente. Pero no es nuevo. Es como los que hablan de un “nuevo ambiente de polarización” en el país. Pfff. Ven sin ver. México lleva década polarizado. Por un lado, más de 50 millones de personas que viven al día, que no tienen dónde caerse muertos y batallan para acercarse un plato a la mesa; en ese mismo lado están otros 50 millones de mexicanos que luchan a diario por conservar su nivel de ingreso, por tener una vida digna y que sus hijos puedan ir a la escuela alimentados. Esos forman un polo. Y luego está un puñado, una élite, un uno por ciento que durante los últimos 30 años se hizo de todo lo que, se suponía, se iba a repartir entre las mayorías. A eso llamo polarización y no fregaderas.

Lo demás son simples expresiones de odio que ya estaban allí y que en ciertos momentos se revelan. Exabruptos, que les llaman. Es demasiado odio y les carcome por dentro y estalla en llamas cuando se le libera. Y nada más. Llamaradas de odio que duermen y se despiertan. Hay que saber dónde están, tenerlas ubicadas para no quemarse los pies. Pero nadie se distraiga. La polarización no es nueva y no es política; tampoco la provocó alguien hace un año o dos. La polarización es entre millones de mexicanos que se quedaron sin futuro y un puñado que siente que puede perder todo lo que tiene, y que no podrían gastarse aunque viviera diez mil años.

Vía: Sin embargo

Rubén Martín

Hace 52 años, el 2 de octubre de 1968, se cometió uno de los crímenes de Estado más brutales y sanguinarios en la historia del país. A fin de contener un movimiento estudiantil y popular que había desafiado al régimen por un simple pliego petitorio que exigía fin de la represión a estudiantes y jóvenes, el Gobierno encabezado por Gustavo Díaz Ordaz decidió implementar un operativo militar a gran escala para asesinar, herir y detener a miles de personas.

Unidades del Ejército y del Batallón Olimpia cercaron y luego ingresaron a la Plaza de las Tres Culturas donde el Consejo Nacional de Huelga había convocado a un mitin para fijar su postura ante el ofrecimiento de diálogo del Gobierno federal. Pero la traición ya estaba preparada. Más de 10 mil soldados, usando armas de alto poder, entraron a la Plaza de las Tres Culturas disparando de manera indiscriminada contra una masa popular reunida de manera pacífica.

No se sabe a ciencia cierta cuántos muertos dejó la masacre de Tlatelolco. Algunos hablan de más de 300, mientras que documentos oficiales del Gobierno de Estados Unidos reportan más de 150 fallecidos, cientos de heridos y cerca de 2 mil personas detenidas esa fatídica noche.

Lo que sí sabemos es que ese crimen de Estado permanece impune desde hace 52 años. A pesar de que exdirigentes estudiantiles han promovido desde hace años demandas para llevar a juicio a los responsables, especialmente al expresidente Luis Echeverría Álvarez, quien en 1968 era Secretario de Gobernación. Si bien Echeverría fue enjuiciado y durante dos años pasó prisión domiciliaria, desde hace años el Ministerio Público federal ha mantenido en reserva el caso, según ha denunciado el Comité 68 Pro Libertades Democráticas.

Y el manto de impunidad con el que la clase política y los poderes fácticos (medios de comunicación, grandes capitales, iglesia y Gobierno de Estados Unidos) protegieron a los responsables de ese crimen de Estado ha tenido enormes consecuencias en el presente político de México.

Si se hubieran juzgado y sentenciado a los responsables de esa masacre cometida por militares y ordenada por mandos políticos, probablemente no se habrían repetido hechos semejantes en los años siguientes.

Pero tras la masacre de Tlatelolco, se preparó la masacre del Halconazo el 10 de junio de 1971; la guerra sucia en contra de disidentes políticos y grupos guerrilleros en las décadas de los setentas y ochentas; la persecución y represión en contra del sindicalismo independiente y el movimiento popular urbano; la sistemática y continuada represión en contra de los pueblos indígenas y la posterior guerra de baja intensidad en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y hechos represivos como en Atenco y Oaxaca en 2006 o la masacre de Nochixtlán en contra del movimiento magisterial democrático.

En todos estos casos se puede ver un patrón: la represión como dispositivo de Estado en contra de movimientos sociales independientes y la impunidad para las fuerzas de seguridad que cometen esos hechos y los mandos políticos que los ordenan. Y eso se viene arrastrando desde antes de 1968.

La otra consecuencia de esta impunidad ante crímenes de Estado es que desde los mismos aparatos de Gobierno, especialmente militares y policiales, se gestó el crimen organizado que ahora se expande a través de cárteles de la droga.

Hay documentación seria que revela cómo los grandes policías represores protegidos por el Gobierno, como Miguel Nazar Haro, Francisco Quirós Hermosillo, Arturo Acosta Chaparro, Francisco Sahagún Baca y Guillermo González Calderoni, fueron acusados por pertenecer a bandas de robo de autos, bancos y de narcotráfico.

De hecho, Javier García Paniagua, exsecretario del Gabinete, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exdirector de la temida Dirección Federal de Seguridad (DFS) firmaba charolas a algunos connotados narcotraficantes.

En el momento que el Gobierno protegió con impunidad a estos policías represores, empezó al mismo tiempo la consolidación de los primeros cárteles de la droga y el reparto de territorios en este país.

Pero además de impunidad (narcotraficantes que portaban charolas de policías o militares) los expertos en represión también transfirieron sus “conocimientos” represivos y de violencia organizada a las bandas del narcotráfico, entre ellas las ejecuciones, levantones, desapariciones, torturas y fosas clandestinas.

Las formas más brutales de violencia que vemos ahora cotidianamente en la disputa por territorios o mercancías del narcotráfico en realidad fueron transmitidas de la violencia represiva estatal a través de los policías encargados de la represión a disidentes políticos y luego padrinos de los nacientes cárteles de la droga.

De modo que los crímenes de Estado, al quedar impunes, perpetuaron no sólo la injusticia sino formas de violencia organizada que permanecen ahora en la supuesta “guerra contra las drogas”. Hay un eje relacional entre la violencia estatal y la violencia criminal que es inocultable. Debemos parar la impunidad contra los crímenes de Estado. No importa cuando se hayan cometido.

Para algunos pasó como un sábado cualquiera. Otro más en este encierro que hace que todos los días se parezcan; que un domingo y un miércoles, por ejemplo –en esta retahíla de zooms que marca nuestra vida-, sólo se diferencien por la cantidad de ruido que llega del exterior o porque entre el cúmulo de trabajo pendiente se cuela una reunión familiar, con charlas, brindis, y sobrinos reclamando atención a la distancia.

Para algunos pasó como un sábado cualquiera. Otro más en este México nuestro, desmemoriado y feroz. Para unos cuantos –espero- fue un día de indignación, pero para unos pocos fue un día de infinita tristeza, como ha sido cada día desde aquel 26 de septiembre de 2014; desde esa trágica noche en que desaparecieron cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Una noche que dio origen a una de las más oscuras tramas de engaños, violencia, mentiras, corrupción e injusticias del país.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El delegado para programas sociales del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, confirmó ayer que presentó su renuncia al cargo, en atención a la orden que dio el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien en una de sus conferencias mañaneras dijo que todo miembro de su gabinete que desee competir para la elección de 2021, debía renunciar a su puesto, a más tardar en octubre.

La noche del miércoles 30 trascendió que Pablo Amílcar ya había presentado su renuncia a sus superiores, y este jueves por la mañana, lo confirmó en conferencia de prensa.

¿Qué significa esto? Primero, que con esto se confirma que el ahora ex delegado sí peleará por la candidatura de Morena al gobierno del estado, para competir por este cargo por segunda ocasión. De hecho, ayer dijo que esperará los tiempos para comenzar a moverse, y eso es a partir del 10 de noviembre próximo, y hasta principios de enero, que es el periodo establecido para la precampaña de aspirantes a gobernador de todos los partidos.

Con la renuncia de Pablo Amílcar y la licencia definitiva del senador Félix Salgado Macedonio, ya se puede decir que hay “piso parejo” en Morena, y que los aspirantes tendrán que moverse, ahora sí, a ras de suelo, sin los reflectores que dan los cargos públicos.

Pablo Amílcar Sandoval es el primer delegado federal que renuncia a su cargo, pero también el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, anunció que dejará este cargo para buscar la gubernatura de su natal Sonora; por lo tanto, su renuncia está sobre la mesa y corresponderá al presidente AMLO definir los tiempos de esta separación, en cuanto tenga al relevo.

Ahora bien, ¿quién relevará al delegado de programas federales en Guerrero? Por el momento no se dijo, hay una encargada de despacho y esa decisión le corresponde al presidente de manera directa, pues no olvidemos que los programas sociales son parte de la columna vertebral de su gobierno, y deben ser sumamente cuidados y atendidos.

Además, no olvidar que estando ya en pleno proceso electoral, los programas sociales se convertirán en la manzana de la discordia, estarán los ojos de todos los adversarios de los candidatos de Morena sobre los servidores de la nación.

Por lo tanto, aquel que sea el nuevo delegado tendrá que cuidar que los programas se entreguen de la manera más transparente posible, y que los servidores de la nación, así como los coordinadores regionales -quienes por cierto, también tendrán que renunciar si aspiran a candidaturas municipales o distritales-, no confundan la amnesia con la magnesia, pues pueden ser denunciados por delitos electorales.

Así es. La elección de 2021 tendrá muchas trabas, y el uso de recursos públicos, tiempos públicos, espacios públicos, están prohibidos. Se configura un delito electoral y el presidente de la República ya dijo que no va a defender a nadie si incurre en este tipo de faltas.

El primer acto de Pablo Amílcar Sandoval, ya como ex delegado de programas sociales, fue un homenaje a los luchadores sociales de Guerrero, en el busto de su padre, Pablo Sandoval Ramírez, en Acapulco.

Ahí puso énfasis en que es la tercera generación de una familia que ha luchado porque en Guerrero se dieran cambios, terminara el cacicazgo político y hubiera mejores condiciones de vida para todos.

En resumen, podemos decir que hay un antes y un después para Pablo Amílcar. Esto no para aquí, esto apenas comienza. Su paso por la delegación federal le permitió recorrer el estado y, sobre todo, conocer sus necesidades. Asimismo, codearse con la clase política gobernante, hablarse de tú a tú con el gobernador y los secretarios de despacho, recibir a los secretarios federales, participar en la mesa de seguridad, donde también últimamente se trata los asuntos de salud.

Una escuela política y un aprendizaje maratónico, que esperemos que le haya servido para madurar un proyecto de desarrollo real para Guerrero, sobre todo considerando que después de la pandemia, ya no seremos la misma sociedad. Al contrario, los aspirantes al gobierno tendrán que estar a la altura de las nuevas circunstancias, en donde habrá austeridad oficial, pobreza y mucha mayor marginación.

Ayotzinapa no es sólo una geografía y un calendario en la larga lista de masacres y violencia estatal contra los de abajo en México; es también un punto de quiebre en la época de barbarie que los mexicanos vivimos desde 2006, cuando el Estado desató una guerra contra la población con el pretexto de combatir al crimen organizado. La masacre de Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, donde se asesinó a seis personas y se desapareció a 43 jóvenes estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, fue un punto de quiebre porque desató la indignación de millones de personas en México y en varios países del mundo.

Casi de inmediato se entendió que los hechos de Iguala fueron un crimen estatal: “Fue el Estado”, se pintó en calles, muros y carteles de todo el país al tomar conciencia del hecho represivo de semejantes proporciones.

De la reconstrucción de hechos, recolección de testimonios y visitas al lugar, los expertos del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) encontraron que los ataques contra los normalistas incluyeron nueve escenarios y episodios de violencia diferentes, en los cuales murieron seis personas, entre ellas tres normalistas que fueron ejecutados con disparos a quemarropa y otro más torturado y después asesinado: Julio César Mondragón. Además de los 43 jóvenes desaparecidos, otras cerca de 120 personas sufrieron ataques contra sus vidas por disparos de armas de fuego; casi 40 de esas personas resultaron heridas, algunas de ellas de extrema gravedad, además de que un grupo de 14 normalistas fue perseguido. Los ataques se dieron entre las 21:40 horas y las 2:00 horas aproximadamente, de los días 26 y 27 de septiembre, lo cual muestra una capacidad operativa y coordinación de las acciones de nivel centralizado.

La investigación del GIEI demostró que existía información compartida de lo que estaba sucediendo en el ataque a los normalistas entre diferentes corporaciones del Estado a través del C-4 y a través de otros mecanismos e instituciones.

A pesar de la tenacidad de los padres, familiares y organizaciones que los acompañan, a pesar de las movilizaciones sin parar desde 2014, a pesar de desmontar lo que el Gobierno de Enrique Peña Nieto llamó la “verdad histórica” y a pesar de conseguir que el Estado constituyera una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, todavía no se sabe donde están los 43 estudiantes desaparecidos.

Las movilizaciones para exigir la presentación con vida de los normalistas no fueron suficientes para detener el fenómeno de las desapariciones en México. Triste y lamentablemente no sólo no se sabe donde están los 43 sino que en estos seis años se han acumulado decenas de miles más de casos de personas desaparecidos en todo el país.

Mientras el Estado apuesta por el olvido y la impunidad, las movilizaciones para no olvidar la masacre de Iguala y otras, la apuesta por no olvidar a los desaparecidos, no olvidar a los bebés que murieron en el incendio de la Guardería ABC y otros terribles casos ocurridos en años recientes, es una apuesta contra la impunidad, contra las desapariciones, contra el despojo y la represión que están detrás de esta violencia estatal en esta fase de acumulación por desposesión.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Funcionarios del gobierno de Acapulco advirtieron ayer, durante sus comparecencias ante el Cabildo, que no se tiene dinero en caso de que se decrete otro paro económico y cierre de playas. Lo único que se podría hacer es tomar del ramo de Seguridad Pública, y eso ya sería mucho, pues implicaría dejar en la precariedad un sector tan importante como el de la prevención del delito en el puerto, ya de por sí castigado por hechos violentos de todo tipo.

“No hay recursos para hacer frente a un semáforo rojo en caso de que se regrese. Lo que se tendría que hacer es una reestructuración en el fondo cuatro, el cual sería difícil de realizarlo porque son los fondos que se ocupan para la Secretaría de Seguridad Pública “, expresó René Vargas Pineda.

O sea, señores, sobre aviso no hay engaño. Y si el principal municipio de la entidad carece de recursos para soportar otro nuevo cierre, ni preguntemos cómo andan los demás, pues entre que sí ayudaron a las familias que se quedaron sin sustento,

Los secretarios de Planeación y Desarrollo Económico (Seplade) René Vargas Pineda, y el de Hacienda, Omar Rodolfo Ávila Romero, señalaron que los 50 millones de pesos asignados para enfrentar la pandemia “se han agotado”.

De estos, 8 millones los designaron para el sector pesquero, que se quedó de un día para otro sin sustento, aunque solamente gastaron 6 millones y el resto lo usaron para la colocación de los comedores comunitarios y la compra de insumos para limpieza.

Hay que reconocer que los municipios tuvieron que hacer frente a gastos que no tenían contemplados, por la pandemia de Covid-19. También, decir que Acapulco fue de los pocos municipios que sostuvieron sus propios comedores, y aunque ahí el sector empresarial apoyó mucho con alimentos, no fue suficiente, pues imaginemos a decenas de miles de familias sin sustento, sin trabajo y con hambre.

Es un hecho, porque lo vimos a través de los comunicados de prensa, que des del DIF se manejaron los comedores, mientras que en otros municipios solamente se repartían despensas. Y eso fue en los primeros días. Después, al paso del tiempo, todo mundo se agotó.

Algunos políticos le entraron al quite, pero no aguantaron el trote y también se agotaron, amén de que los comenzaron a criticar por andar dando alimentos a cambio de votos. Bueno, así es la clase política, estimado lector, no come ni deja comer. Claro, hay honrosas excepciones, pero son eso, excepciones.

Ahora que ya comenzaron los procesos electorales, veremos quién tiene cara para plantarse frente a los hambrientos electores, a los que no les echaron ni un kilo de maíz con gorgojo.

Al contrario, los políticos se pertrecharon en sus casas, desde donde subían a sus redes sociales que estaban haciendo ejercicio, o conviviendo en familia, mientras afuera el pueblo  se enfrentaba a la disyuntiva de contagiarse y morir de Covid 19 o morir de hambre, que es peor, porque al menos aquello es bien rápido, mientras que la hambruna deja estragos en la salud que se irán sintiendo con el tiempo, sin contar que también se recrudecieron enfermedades que la gente ya padecía, por el temor y el estrés de los contagios, y por el desempleo y la falta de recursos para lo elemental.

Decíamos que si en este punto está el municipio que más recursos recibe de la Federación, así como también tiene cuantiosos recursos propios, ni imaginar qué harían otros municipios cuyos presupuestos son raquíticos, y ni el agua cobran.

El dinero destinado para la pandemia en Acapulco se agotó, y aún le cuelga un tiempo y un cachito para que esto termine. En lo sucesivo, entonces, todo depende de la apertura económica, pues ya no habrá comedores ni despensas para las familias.

Vamos, ni siquiera el estado tendría esa capacidad de resolver la alimentación de todos los que se queden sin trabajo, o que cierren sus negocios. Lo que se anda entregando ahorita de parte del DIF Estatal, son las despensas de los desayunos escolares, que al no haber clases se están entregando de manera directa a las madres de familia. Esto por un lado. Por otro, sabemos que el DIF redujo el reparto de despensas a las estrictamente necesarias para los ayuntamientos. Antes, por ejemplo, se les daba su dotación para los grupos vulnerables, pero además se les permitía adquirir despenas extras, para que los alcaldes apoyaran a los que estaban fuera de estos listados, pero ya no más, todo se restringió.

En resumen, estimado lector, si le vale protegerse contra el Covd-19 y proteger a otros, piénselo dos veces, porque de volver a cerrar las playas, ya no habrá quién salga a darle un taco.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

La influenza es una enfermedad infecciosa que se comporta de una manera muy semejante al Covid-19, pues las personas presentan fiebre, tos, dolor de garganta y dolor en músculos y articulaciones.

En el mes de octubre, estimado lector (o sea, mañana jueves), comienza la temporada de influenza, que se extiende hasta por 6 meses, aprovechando el inicio de la época de frío.

La recomendación que está dando la Secretaría de Salud federal es que sean vacunados contra la influenza los adultos mayores, embarazadas y menores de edad, pues se trata de un padecimiento que también provoca neumonía, pero para el cual, afortunadamente, ya hay una vacuna.

Lamentablemente, las autoridades locales no han anunciado si las vacunas ya están disponibles en los centros de salud, o en los hospitales regionales y comunitarios. Pero por la situación de emergencia que se tiene por la pandemia de Covid-19, y por las similitudes con los síntomas, vale más que actuemos antes de tiempo, para por lo menos descartar la influenza entre la población vulnerable, y que no se vayan a perder vidas por la confusión con los síntomas.

Recuerden que cuando comenzó el Covid-19 en nuestro medio, los médicos lo diagnosticaban como dengue, o como fiebre tifoidea -sobre todo aquellos cuadros donde la diarrea era el principal síntoma- y mucha gente es agravó a partir de estos diagnósticos confusos.

Por otra parte, hay que entender que mientras las lluvias persistan (el ciclo de lluvias abarca el mes de octubre), todavía estamos en época de dengue, y de ahí que tanto las familias como los médicos en general, deban estar alertas acerca de los síntomas, tratando de descartar qué es Covid, qué es influenza y qué es dengue.

De verdad que todo parece complicarse, y por lo tanto la disciplina en el cumplimiento de las normas de control e higiene del Covid-19 no deben relajarse.

Desafortunadamente, la gente ya bajó la guardia. Nos enteramos de personas que han muerto por Covid-19 y aún así, en lugar de que los familiares los velen el tiempo reglamentario, hacen las velaciones de manera tradicional, con música de viento, aglomeración de personas y todo el rito. Lo único que cambió la iglesia católica, por cierto, es que ahora la misa de muertos la hacen vía internet, mediante alguna de las aplicaciones disponibles para ministrar a los difuntos por computadora o pantalla, lo cual es una buena medida, que viene a resolver la necesidad de las personas porque sus familiares muertos reciban los sacramentos mortuorios, como por la protección de los párrocos, a los que no les ha ido nada bien con el Covid-19, pues varios ya han fallecido por esta enfermedad.

El gobernador Héctor Astudillo volvió a hacer hincapié en el uso del cubrebocas. Día con día, el mandatario estatal ha estado haciendo un llamado a la población para que se proteja. Desafortunadamente, también hay que decirlo, se lee en los medios cómo gente de la política ha estado haciendo fiestas y francachelas. Por ejemplo, leíamos que, en Ometepec, con el pretexto de una fiesta religiosa, en este mes de septiembre fueron inevitables las borracheras y las aglomeraciones con el pretexto de los rezos, en torno a una fiesta que saca la Danza del Toro de Petate. Hubo videos de una trifulca que se armó en las calles del centro de la ciudad, donde desde temprano la gente comenzó a beber, hasta que todo terminó en golpes.

Y este domingo, los mayordomos de la fiesta fueron a entregar al toro a los que harán el festejo para el siguiente año. Pero resulta que el que recibió la mayordomía es nada más y nada menos que el ¡regidor de Salud del municipio!, junto con su padre, un líder ganadero. Lo más grave es que el presidente municipal envió al director de Reglamentos para pedirles que se suspendiera esa reunión, pero el sujeto, quien por cierto es del PRI, no quiso y siguió con su fiesta. Y, para colmo, al reportero que estuvo cubriendo ese desfiguro le dijeron que “por eso amanecen muertos los periodistas”.

Lamentable suceso. Y como estos, hay muchos más que contar en el estado. Por lo tanto, el gobernador y los presidentes municipales deben ser mucho más estrictos y por lo menos a sus allegados meterlos en cintura, porque son los que ponen el mal ejemplo. Mínimo un exhorto para ese regidor de parte de los diputados locales, o del Cabildo municipal.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Faltaba que las mujeres de este país se manifestaran, para conocer los alcances de sus protestas y de lo que son capaces. Claro, no son cualquier mujer. Tampoco representan al promedio de la mujer mexicana. Son las mujeres, maduras y jóvenes, quienes tomaron un día la bandera feminista, y que a todo comenzaron a ponerle esa etiqueta. Bueno, incluso el 16 de septiembre anunciaron que darían “La Grita de Independencia”, por considerar que el histórico y tradicional “Grito”, es masculino y, por lo tanto, viola sus derechos femeninos.

¿Por qué tanto y extremo enojo? ¿Contra quién se manifiestan? ¿Se trata de manifestaciones reales, o son manipuladas?

Ya no se sabe de lo que es real y lo que es inventado en este país. Desde que se nos informa que incluso los movimientos sociales, pasando por periodistas y opinadores, y hasta historiadores, son financiados con recursos privados y de organizaciones golpistas, tanto nacionales como extranjeras, ya no sabemos diferencial lo real de lo verdadero.

Pero al ver la furia con la que las feministas salen a la calle, armadas hasta con martillos y otro tipo de armas contundentes, para reclamar el derecho a abortar, sin lugar a dudas se trata de uno de tantos movimientos financiados desde los más oscuros y recónditos espacios de lo que se conoce como el gobierno profundo, que no es otra cosa que una mezcla de intereses de dominio, mediante la enajenación y la perversión social.

Y es que las mujeres pueden abortar realmente en este país. Nadie se los prohíbe. Conozco decenas de casos de mujeres que han abortado, y no están en la cárcel. Además, en la Ciudad de México, desde tiempos de Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores, se legalizó el aborto y cualquiera puede ir a practicarse uno.

¿Entonces qué es lo que buscan realmente? El aborto legal en todo el país. Es decir, que les sea reconocido como un derecho y quede plasmado en la Constitución.

Esa es una lucha vieja. La han venido impulsando poco a poco, y han ido penetrando estado por estado, considerando que las entidades federativas son autónomas, de modo que aunque no se reconoce el derecho a abortar a un no nato -eso significa matarlo-, en la Constitución Política del país, sí lo han podido implantar en algunos estados, siendo el primero de ellos la propia Ciudad de México, donde expertos precisan que esta práctica de muerte ha matado a más niños que la violencia y las enfermedades infantiles.

De ese tamaño es el paquete de sangre del que estamos hablando, que además es también un negocio, pues al legalizar el aborto, se legalizaría también el método, que en este caso buscan que sea mediante una pastilla que se prescribe desde hace más de 10 años, y la cual se introduce por ambas vías: la vaginal y la oral.

¿Quién gana entonces? Los laboratorios que produzcan la píldora, porque la venderán al por mayor, tal como ahora ocurre con la pastilla del día siguiente, que se pensó vendría a detener los embarazos no deseados, pero fue todo lo contrario, porque entonces las parejas dejaron de usar el condón y otros métodos anticonceptivos, confiando en que si se les pasaba la mano recurrirían a la pastilla opcional.

Al contrario, la pastilla del día siguiente, disponible desde los inicios de este siglo, no frenó los embarazos, pero sí provocó el incremento de los casos de SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual.

Volviendo al tema, nadie entiende la feroz violencia que han estado demostrando los grupos feministas. Afortunadamente, las redes sociales han contribuido a ir desenmascarando a todos, y sin aceptar que todas las líderes del movimiento están siguiendo un libreto escrito por otros, sí se han expuesto casos de farsantes, por decir lo menos. Mujeres que luchan contra la igualdad y una vida sin violencia, pero ellas mismas son violentas con sus parejas mujeres, porque la otra verdad es que en esos colectivos hay muchas mujeres que son parte de la comunidad LGTB.

La violencia extrema, decíamos, ya es en sí misma sospechosa y no representa a las mujeres mexicanas, mucho menos a las mujeres indígenas que podrían ser las mujeres que por su condición de pobreza y porque están sometidas a sus usos y costumbres, son las de mayor riesgo a la hora de practicarse un aborto en condiciones insalubres y lejos de algún centro hospitalario que las pueda auxiliar en caso de que se compliquen.

Y, bueno, el aborto legal implicaría el que cualquier médico y en cualquier clínica u hospital de sector salud, se vería obligado a practicar el aborto a la solicitante, so riesgo de ser demandado y despedido de su trabajo.