Categoría: S.O.S Costa Grande

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Mientras que el Economista colocó a Félix Salgado Macedonio como puntero en Guerrero, por Morena, seguido del ex delegado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, por el Partido del Trabajo trasciende, y con mucho, Beatriz Mojica Morga, con 42 puntos de la preferencia electoral.

Es decir, que Bety Mojica supera a Félix y a Amílcar, los dos fuertes de Morena, por lo que en caso de una alianza y de que se decrete candidatura por género para Guerrero, el Partido del Trabajo tiene a la mejor candidata, de las 7 que necesitará el partido lópezobradorista y sus aliados en las elecciones de 2021.

Podemos decir, incluso, que la adhesión de Bety Mojica al Partido del Trabajo en un evento público en Acapulco, vino a catapultar al partido rojo en Guerrero, y comenzó a verse como la puerta alternativa de la alianza lópezobradorista, el único resquicio por el que puede colarse gente que no ha podido superar el cerco de los morenos, que tienen dos años renegando de los “advenedizos”, sin considerar que la política es un acto de sumar, no de restar.

Este mismo fenómeno lo vimos con la elección del dirigente nacional de Morena, donde “los puros” se opusieron fuertemente a “los aliados”, causando una fractura que tal vez el partido no logre superar de aquí a la elección de 2021, simplemente por la nominación de Mario Delgado no es reconocida por aquellos que estaban detrás de la candidatura de Porfirio Muñoz Ledo.

Ya habíamos dicho que visiblemente sólo se tienen 5 mujeres competitivas de Morena y aliados, en igual número de entidades, y una de ellas es Guerrero. Por lo tanto, aún se tiene la disyuntiva de elegir a 2 más que no sólo sumen al partido, sino que garanticen el triunfo en las elecciones de julio de 2021. Lo otro es dejar que la oposición recupere y/o mantenga espacios, y que Morena pierda las oportunidades que en este momento tiene como partido.

Recordemos, además, que una cosa es la popularidad del partido y otra cosa la del candidato que nominen. El partido guinda, como ya sabemos, depende de la popularidad del presidente de la República, y en este momento en Guerrero el partido supera a cualquier candidato, pero conforme pasan los meses esa preferencia se ha ido achicando, mientras aumenta el sector de ciudadanos indecisos en las encuestas. Esto significa que hay gente que en su momento le apostó a Morena, pero que está cambiando de opinión. Este fenómeno aumentará conforme transcurra la campaña y se acerque la elección, por lo que la holgada ventaja que en este momento muestran los candidatos punteros sobre su más cercano competidor del PRI (los otros ni vale la pena mencionarlos por ahora), puede irse reduciendo. Y no olvidemos que los priístas tienen un famoso refrán que dice: Caballo que alcanza, gana.

Finalmente, el tricolor está envalentonado por los triunfos de Coahuila e Hidalgo, así como el PRD sabe que sus bastiones están intactos en municipios y distritos.

Por lo tanto, el candidato a gobernador hará la diferencia, para bien o para mal. No estando ya el Efecto Peje (como se vio en las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo), y como tampoco se hará la consulta para enjuiciar a los expresidentes en la misma fecha de la elección, entonces el partido estará solo y su fortaleza estará en los candidatos que se nominen.

Quien no entienda esta premisa, estará apostándole, como señaló ayer Beatriz Mojica Morga, al triunfo de la oposición.

De hecho, ese fenómeno ya lo vimos en la elección de 2018, cuando Morena ganó la presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales y locales, pero mordió el polvo en las elecciones municipales, desde donde se promovió abiertamente el voto cruzado. Es decir, de 5 papeletas, se le pedía a la gente cruzar 4 por Morena, pero las de ayuntamientos por PRD, PRI, PAN, PT o cualquier otro.  Y así fue que el partido guinda se quedó muy pequeño en las elecciones municipales, con un partido sumamente dividido desde las cúpulas.

La solución es un cambio de dirigencia inmediata, aprovechando que ya se tiene líder nacional. Esto se tiene que hacer a marchas forzadas, porque los dirigentes del partido están tan confrontados, que ya se trata de algo personal e irreconciliable. Eso es obvio cuando vemos lo que dice Marcial Rodríguez Saldaña, secretario general del partido con funciones de presidente, y Luis Enrique Ríos Saucedo, presidente del Consejo Político, un reconocido amilcarista.

O cambia el partido guinda, o lo cambian, parafraseando al ex gobernador priísta, José Francisco Ruiz Massieu.

Existe consenso entre los organismos internacionales y de Naciones Unidas de que nuestro planeta no será sustentable si no modificamos, de manera urgente, el sistema alimentario existente. Este sistema, desarrollado por las grandes corporaciones agroalimentarias, basado en inmensos monocultivos y el uso intensivo de agroquímicos tóxicos, se ha extendido por el mundo arrasando selvas, bosques y todo tipo de ecosistemas, acabando con la biodiversidad, incluyendo la diversidad de alimentos, acabando con la fertilidad de la tierra, imponiendo una dieta que ha provocado una epidemia global de malnutrición.

Este sistema destina una gran parte de los cultivos a producir granos para animales, es decir, para la producción de carne –como la soya arrasando las selvas y ecosistemas de Sudamérica– o ingredientes para los productos ultraprocesados –como el aceite de palma que arrasa las selvas de Indonesia–. En este proceso, una gran diversidad de animales y vegetales han desaparecido a una velocidad sin precedentes, contribuyendo a la ya reconocida sexta extinción de especies provocada por las actividades humanas en esta era que, justamente, ha dado en llamarse “El Antropoceno”.

Es así que las grandes plantaciones agrícolas se han convertido en espacios sin vida, tierras totalmente estériles a las que se deben agregar fertilizantes y enormes cantidades de pesticidas y herbicidas. Las semillas usadas en este sistema se han patentado y diseñado para que sean útiles en una sola siembra, es decir, las semillas obtenidas en las cosechas se han diseñado para que no sean suficientemente productivas. Si el agricultor desea volver a sembrar, debe volver a comprar la semilla a la empresa en cada siembra. Y con la semilla debe comprarse el paquete tecnológico de fertilizantes y herbicidas y plaguicidas producidos, comúnmente, por la misma empresa que tiene la patente de la semilla. Mientras esto ocurre, las grandes corporaciones que venden estos paquetes han logrado que diversas naciones prohíban el intercambio y venta de semillas entre los campesinos, semillas que ellos han venido sembrando y seleccionando durante generaciones. Es decir, se trata de prohibir una práctica ancestral de la humanidad.

Este sistema agrícola destina las tierras a la producción de alimentos que no son para las sociedades que viven en esa región, desplaza la producción de alimentos que eran consumidos por esas sociedades, establece grandes monocultivos donde antes se producían una gran diversidad de alimentos, termina por atentar contra la sobrevivencia de los pequeños y medianos productores. Un ejemplo es nuestro país, mientras somos grandes productores y exportadores de frutas y vegetales bajamos el consumo de estos alimentos en casi 40 por ciento en un periodo de 20 años y aumentamos el consumo de comida chatarra, hasta volvernos los mayores consumidores de estos productos en América Latina. Producimos salud, consumimos enfermedad.

Recientemente se otorgó el Premio Nobel de la Paz al Programa de Alimentos de Naciones Unidas por llamar la atención del mundo sobre el hambre que sufren millones de personas. Antes de la pandemia se reportaba ya que 2 mil millones de personas estaban enfrentando inseguridad alimentaria, de los cuales 750 millones sufrían de hambre crónica o severa. Sabemos que se produce suficiente alimento para la población mundial, pero el sistema alimentario no está destinado a satisfacer las necesidades alimentarias de esta población y a hacerlo de forma saludable. Así como hay 2 mil millones de personas enfrentando inseguridad alimentaria, hay alrededor de otros 2 mil millones con sobrepeso u obesidad. El sistema no es sustentable y provoca severas desigualdades, se ha establecido con el fin de generar grandes beneficios a las megacorporaciones agroalimentarias, a costa de los pequeños productores, por un lado, y de los consumidores, por el otro.

El modelo se ha desarrollado en un sentido totalmente contrario a las consideraciones ambientales, al conocimiento de las propiedades de la tierra, de la agroecología, y de las necesidades nutricionales y culturales de las poblaciones. La producción suele establecerse con el fin de proveer demandas del mercado global, sin relación con las necesidades de las poblaciones locales.

El sistema alimentario imperante contribuye con 21-37 por ciento de los gases de efecto invernadero y ha degradado ya una tercera parte de las tierras agrícolas. Lo anterior, cuando es posible desarrollar formas de producción que en vez de emitir gases de efecto invernadero, los capturen, sistemas de producción de alimentos que regeneren la tierra, que le devuelvan su fertilidad. Los organismos de Naciones Unidas venían desarrollando visiones y repuestas parciales a profundos problemas sistémicos: por un lado, se enfrentaba el cambio climático, por otro, los sistemas agrícolas y, por otro más, la nutrición. De ahí la iniciativa de generar una visión y política coherente, de ahí el llamado de Naciones Unidas a la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios.

Existe consenso en la necesidad de iniciar una reforma profunda de los sistemas alimentarios que permita que la producción de alimentos se realice de forma sustentable y permita a la población el acceso a alimentos saludables, manteniendo la diversidad biológica y cultural. Sin embargo, el tema es cómo y con quién se realiza. Olivier de Shutter, exrelator de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, y bien conocido en México por el reporte que realizó sobre nuestro país llamando la atención sobre la catástrofe alimentaria en la que México se había sumergido con el alto consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas, señala sobre esta Cumbre: “El proceso opaco que está llevando a la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios ha provocado preocupaciones de que se ignoraran en los hechos el consenso creciente de cómo deben reformarse los sistemas alimentarios, e ignorar a quienes están actualmente haciéndolo”.

El próximo 30 de octubre, Alfonso Durazo dejará la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República. Se irá, como se anticipó desde su llega al Gobierno federal, a encabezar la candidatura de Morena al Gobierno de Sonora, su natal estado.

Durazo es el único civil en las áreas policiacas y de investigación del Gobierno Federal. Su área de acción ha estado acuerpada por los titulares de las Fuerzas Armadas, el General Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, y por el Almirante José Ojeda, Secretario de Marina.

Un cuarto e importante mando lo es el Comandante de la Guardia Nacional (y por tanto de lo que fue la Policía Federal), para lo cual y aun siendo una posición subalterna al Secretario de Seguridad, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, designó en 2019 al General de Brigada Luis Rodríguez Bucio.

López Obrador tendrá la facultad de nombrar a un nuevo Secretario de Seguridad en los días siguientes, y con ello la disyuntiva de militarizar definitivamente esa área, siempre asignada a civiles, o continuar con la línea de designar un mando civil. Cercanos al Presidente no están tan confiados que así será. Especialmente considerando la confianza plena que el Ejecutivo Nacional le tiene a las Fuerzas Armadas, a quienes ha extendido sus facultades a sectores de la construcción, la administración aeroportuaria, el control de los puertos marítimos y la estrategia de seguridad nacional.

El Ejército mexicano no atraviesa por su mejor momento. La detención del General Salvador Cienfuegos Zepeda, a la sazón el única exsecretario de la Defensa Nacional aprehendido por narcotráfico y lavado de dinero, presume el descrédito de las Fuerzas Armadas, y la sospecha de una institución infiltrada por la criminalidad organizada.

No hace mucho tiempo quienes ahora encabezan el cuadro de honor de la Secretaría de la Defensa Nacional participaron de la labor de Cienfuegos, a quien sirvieron como subordinados encabezando distintas regiones militares en el país, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El propio Comandante de la Guardia Nacional, el General Bucio, fue colaborador de Cienfuegos en calidad de Director del Centro de Investigación y Desarrollo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Mientras el ahora Secretario de la Defensa, Cresencio Sandoval, se desempeñó en el anterior sexenio como Comandante de la Cuarta Región Militar, con sede en Monterrey, Nuevo León.

No significa, por supuesto, que quienes laboraron con Cienfuegos deban necesariamente estar inmiscuidos en las actividades ilícitas de las cuáles hoy se le acusa en los Estados Unidos, y por las que se le ha iniciado un juicio donde el martes 20 de octubre le negaron la libertad bajo fianza a razón de 750 mil dólares como lo habían solicitado sus abogados, pues el juez consideró que no solo que los contactos en México del extitular de la Sedena incrementaban el riesgo de una fuga por parte del militar, sino que los delitos de los cuáles se le señala son considerados graves.

A saber, son cuatro cargos los que se le imputan al acusado en la Unión Americana: cargo uno, conspiración para la manufactura y distribución internacional de heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana, entre 2015 y 2017. Cargo dos, conspiración para la importación de heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana. Cargo tres, conspiración para la distribución de heroína, cocaína, metanfetamina, y mariguana. Cargo cuatro, conspiración para lavar el producto obtenido de los narcóticos.

En México el General Cienfuegos no es investigado, como tampoco están siendo indagados quienes participaron con él en la estrategia de seguridad y defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, tiempo en el que por lo menos durante dos años, entre el 2015 y el 2017, las autoridades norteamericanas lo señalan de haber servido al cártel de los Beltrán Leyva, cuando “a sabiendas y de manera intencional conspiró para manufacturar y distribuir una o más sustancias controladas, pretendiendo, sabiendo y teniendo causas razonables para creer que tales sustancias serían ilícitamente importadas a los Estados Unidos desde un lugar afuera del mismo, ofensa que involucra: una sustancia que contiene heroína, una sustancia que contiene cocaína, una sustancia que contiene metanfetamina, una sustancia que contiene mariguana…”, como se lee en la averiguación previa iniciada al exsecretario de la Defensa.

El Presidente López Obrador, muy a su estilo y en su tónica militar, defendió al Ejército mexicano luego de la aprehensión del General Cienfuegos, apodado, de acuerdo a la carpeta de investigación estadounidense, “El Padrino” o “Zepeda”, como es su segundo apellido. Dijo el de Tabasco: “No se puede, aun con todo lo lamentable y escandaloso que sea, no se puede desacreditar de tajo a una institución tan importante como la Sedena.

Aunque posteriormente informó que solicitará a las autoridades de los Estados Unidos que le provean de la información en la investigación para saber de alguien más involucrado en la red criminal que le achacan a Salvador Cienfuegos.

En los próximo días se verá si la confianza del Presidente en las Fuerzas Armadas es ciega y designa en la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a un militar o si, no solo por el momento sino por la naturaleza de la institución, la mantiene en las manos de un civil, pues hasta ahora lo único que ha referido López Obrador respecto el sucesor del Secretario de seguridad, es: “estoy pensando que sea una gente íntegra, honesta, limpia, que nos garantice lo que se ha logrado con Durazo, una buena coordinación del gabinete de seguridad…”.

En los últimos meses el Presidente ha publicado, en sus conferencias matutinas, una serie de “informes” especiales con la intención de respaldar dos afirmaciones que ha pronunciado una y otra vez desde que tomó el poder. La primera, que todos sus adversarios – los que no opinan como él – responden a ciertos intereses económicos vinculados a la mafia del poder. La segunda, que en el país existe libertad de expresión porque estas mismas personas pueden seguir manifestando sus ideas aún cuando vayan en contra del Presidente.

Los “informes”, como muchos otros contenidos que se proveen en las mañaneras, se generan a partir de fuentes dudosas y cuentan con una metodología altamente cuestionable. Sin embargo, todos sabemos que la rigurosidad no es el objetivo de lo que ocurre en estas conferencias sino ganar la narrativa a costa de quien sea y de lo que sea.

Por ejemplo, el 28 de agosto se presentó un “informe” en el que el Presidente busca advertir sobre el financiamiento extranjero de algunas organizaciones y medios de comunicación que han iniciado una serie de acciones en contra del proyecto “Tren Maya”. Dicha investigación señala al medio digital Animal Político por haber recibido fondos de la Fundación Kellog sin considerar que estos fueron recibidos entre 2017 y noviembre de 2018 cuando el Presidente todavía no iniciaba su gestión.

Luego, con la intención de mostrar su “tolerancia” hacia los medios críticos y la garantía efectiva de su gobierno a la libertad de expresión, el 25 de septiembre presentó un nuevo análisis de 148 artículos de opinión en ocho medios impresos en el que, sin señalar lo que se considera “positivo”, “negativo” o “neutro” y advirtiendo sobre el nombre completo de los autores, recalca sobre 63 artículos “negativos” para el Gobierno de la Cuarta Transformación versus once “positivos” y 21 “neutrales”.

En el mismo sentido la semana pasada presentó un nuevo “informe” analizando la información publicada por ocho medios de comunicación y a sus autores/columnistas comparando la información publicada en otros sexenios por esos mismos medios. El titular del ejecutivo concluye tajantemente que en México hay libertad de expresión porque es él el presidente de quien más notas negativas existen. El análisis, al igual que el anterior no explica los criterios para calificar la información, compara entre distintos tipos de contenido (columna, artículo, carton) y tampoco considera variables importantes que darían lugar a explicar los resultados como los montos asignados de publicidad oficial a los distintos medios en este sexenio y los anteriores o, la existencia y preponderancia de algunos medios en los distintos sexenios.

No obstante, el problema más grande de todos estos informes es que reflejan el profundo soslayo del Presidente hacia la garantía efectiva de la libertad de expresión. Es decir, al tratar de ganar la narrativa con estos “grandes hallazgos” que terminan apuntando a periodistas y organizaciones de la sociedad civil como si fueran objetivos en el blanco de ataque, él mismo refleja un ímpetu autoritario y un desdén terrible hacia aquellos que todos los días reciben agresiones por manifestar sus ideas o defender los derechos humanos.

Me explico. El ejercicio de la libertad de expresión no se reduce a la posibilidad de contrariar, criticar o perturbar al Presidente en turno, sino a manifestar las ideas sin miedo o represalias de cualquier índole y desde cualquier fuente. Aunque el Presidente considere que el suyo es parte de un diálogo circular, el hecho de publicar los nombres completos de un grupo de periodistas dentro de sus conferencias, etiquetándoles de contrarios al régimen, es una forma de intimidación política. Finalmente, él ya no es un actor político más, es la persona más poderosa e influyente en el país y a través de sus palabras manda un mensaje de “guerra” en contra de aquellos que considera “lo atacan” sin fundamentos.

Además, en su análisis el Presidente ignora que no es ni la única autoridad ni el único autor de las 609 agresiones contra la prensa que ocurrieron en 2019 o las 406 agresiones de este primer semestre de 2020 . Es decir, hoy en día los medios y periodistas quizás sí puedan ser críticos del Presidente, pero esto no evita que sufran represalias.

Al no advertir que las realidades a las que se enfrentan los periodistas en el país son distintas a las que él afirma existen para sus “adversarios”, también olvida su papel de principal promotor de una política integral de protección que reconozca, por ejemplo, que su palabra puede incitar la agresión por parte de particulares hacia la prensa; que la impunidad sigue siendo la regla y no la excepción en los crímenes contra periodistas; que aún cuando se haya reducido el gasto de publicidad oficial desde el gobierno federal eso no se traduce automáticamente en cero propaganda o más y mejor información a nivel nacional y; que aún existen varios estados de la República en donde funcionarios públicos utilizan la ley para perseguir o criminalizar la expresión, incluyendo a algunos diputados y senadores de su partido quienes están gestando un arsenal legal.

Jorge Zepeda Patterson

Todos los actores políticos intentarán llevar agua a su molino y sacar ventaja del escándalo que representa la detención del General Salvador Cienfuegos, Secretario de Defensa de Enrique Peña Nieto, por presuntos nexos con el crimen organizado. El Presidente ya ha señalado que su aprehensión simplemente confirma la corrupción de los gobiernos anteriores; sus adversarios afirman, por el contrario, que eso revela el enorme riesgo que representa entregarse en brazos del Ejército como él lo ha hecho. Para los catastrofistas la noticia es una demostración palpable de que México es ya un narco Estado; para los optimistas, en franca minoría, el hecho de que alguien tan poderoso caiga por vez primera significa que sí es posible terminar con la impunidad.

Para bien y para mal, todos tienen un poco de razón. Pero lo cierto es que todos perdemos.

Enterarnos de que el responsable de la seguridad de los mexicanos trabajaba para el crimen organizado es como descubrir que el doctor al que le hemos confiado durante años la salud de la familia es un farsante o que el contador que hace nuestras declaraciones se inventó el título.

Por supuesto que la culpabilidad de Cienfuegos, detenido por la DEA en Estados Unidos, todavía está por confirmarse. Incluso si los cargos llegan a demostrarse resulta imposible saber en este momento si eso significa que otros generales estaban también involucrados o, peor aún, si lo estaba el jefe del militar, nada más y nada menos que el expresidente Enrique Peña Nieto.

Pero incluso si se tratase de un caso de corrupción individual, poco probable, se trata del hombre que dirigía al Ejército, responsable en última instancia del uso de la fuerza que ofrece tranquilidad o intranquilidad a los mexicanos, defensa y bastión del Gobierno y las instituciones. La mera aprehensión de un exsecretario de la Defensa por una autoridad extranjera representa un duro golpe a la credibilidad de México como país y del Ejército como institución. Y las dos cosas son gravísimas.

Por lo que toca al plano internacional, México y sus gobiernos quedan en un terrible entredicho. En París, Londres o Washington no distinguen entre una administración u otra, entre el PRI o Morena. Sobre todo porque no es este Gobierno el que está haciendo la limpia. A Cienfuegos o a Genaro García Luna los detuvo la justicia estadounidense no la mexicana que ni siquiera estaba enterada. Y eso solo puede interpretarse como resultado de la complicidad o la incapacidad de la justicia mexicana. En suma, de la imposibilidad de considerar al Gobierno mexicano como una entidad confiable en materia de seguridad o corrupción.

Por lo que toca al daño institucional, las consecuencias tardarán en eclipsarse. Sabíamos que la corrupción alcanzaba a los militares, por supuesto, pero preferíamos pensar que el Presidente elegía al General más confiable y capaz entre todos sus pares. A partir de ahora quedará en claro que no puede confiarse incluso en el más alto de los niveles.

Nadie ignora que el Ejército es la institución que goza de mayor credibilidad entre los mexicanos. Supongo que lo seguirá siendo, en parte porque las demás no tienen manera de mejorar su rating (iglesia, senadores y diputados, policías o periodistas son carne de escándalo reiteradamente); y en parte también por el esfuerzo de miles de soldados que hacen su trabajo y se ganan el respeto de la opinión pública todos los días. Pero resulta muy duro asumir que el jefe de todos ellos no se debía a las instituciones ni a todos los mexicanos, sino a un cártel de drogas.

Uno habría pensado que un Secretario de Defensa estaría por encima de esta tentación. Y no porque crea que el cargo no es susceptible de corrupción si no justamente por que sí lo es. El presupuesto de esta secretaría es de tal magnitud que si el Ministro quería enriquecerse habría encontrado la manera de hacerse multimillonario sin tener que recurrir a un cártel. Y tratándose de un régimen tan permisivo como el de Peña Nieto no es que hubiera encontrado demasiados obstáculos. Después de todo se trata de un ministerio con alta opacidad por razones de seguridad. ¿Por qué entonces exponerse al riesgo de corromperse en compañía de cómplices tan poco confiables como un traficante? O quizá no fue la codicia sino el miedo lo que terminó doblándolo, lo cual resulta aun más preocupante: si el jefe de todos los soldados es incapaz de defenderse ante una amenaza, ¿qué nos quedaría al resto de los mexicanos? Cabe también la posibilidad de que Cienfuegos hubiese sido corrompido hace años, mucho antes de saber que un día sería Secretario de Estado y después no le quedó más remedio que seguir en la nómina de los narcos. Una idea muy poco tranquilizante, porque significaría que los presidentes están a ciegas a la hora de decidir a quien le entregan el control de las Fuerzas Armadas.

Lo detención de Cienfuegos despierta muchas preguntas, todas las posibles respuestas son para quitar el sueño.

Rubén Martín

La detención del General Salvador Cienfuegos Zepeda por agentes de la DEA en Los Ángeles, bajo cargos relacionados con delitos de narcotráfico y lavado de dinero, es una noticia de la mayor relevancia, no sólo porque se trata del militar de más alto rango detenido bajo esas acusaciones, sino porque, como ocurre también con la detención de Genero García Luna, pone también en el banquillo de los acusados al Gobierno mexicano y confirma lo que muchas veces se ha afirmado: la existencia de un narco-Estado en México.

Al mismo tiempo, esta detención vuelve a revelar la falacia de que el Estado mexicano mantiene una lucha contra al narcotráfico, cuando los funcionarios de seguridad de mayor rango están involucrados con las organizaciones que se dedican a esta actividad del capitalismo ilegal.

Como se recuerda, Genaro García Luna fue detenido en Dallas, Texas, el 10 de diciembre de 2019 y posteriormente trasladado a una prisión en Nueva York para ser juzgado en la misma corte y por el mismo Juez encargado de sentenciar a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Ahora tras la detención de Salvador Cienfuegos se informa que su captura forma parte de investigaciones relacionadas con revelaciones que se hicieron durante el juicio del “Chapo” Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa.

Un punto que llama la atención en relación al actual Gobierno y al exsecretario de Defensa Nacional (Sedena), es que en el país no hay ninguna investigación en curso y que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no fue informado de las indagatorias contra Cienfuegos, a pesar de que a orden de aprehensión en su contra esta radicada desde agosto del año pasado.

La DEA acusa al extitular de la Sedena de “tres delitos para conspirar en la exportación a Estados Unidos de heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana, y otro cargo tiene que ver con el lavado de dinero procedente de la venta de drogas”.

Según datos aportados por el Fiscal que está tratando de condenar a Salvador Cienfuegos, existen “miles” de mensajes de texto que muestran cómo, a cambio de sobornos, el General ayudó al cártel H-2 a “operar con impunidad en México” y a “traficar miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana a Estados Unidos, incluyendo Nueva York” (Proceso, 16 octubre).

Con la detención de Salvador Cienfuegos son ya tres los integrantes del Gabinete de Enrique Peña Nieto que están siendo juzgados por diversos delitos. Los otros dos son Rosario Robles y Emilio Lozoya Austin.

Peña Nieto debe tener motivos de sobra para preocuparse, pues así como es poco creíble que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa no supiera de las relaciones que su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, tenía vínculos con capos del cártel de Sinaloa, al igual es difícil pensar que el expresidente priista no fuera enterado de las actividades ilícitas de su exjefe del Ejército.

Dije al principio que las detenciones y juicios contra García Luna y Salvador Cienfuegos también pone en el banquillo de los acusados al Gobierno mexicano. Y no puede ser de otra manera, pues estas acusaciones son una constatación de que los más altos funcionarios de seguridad y del Ejército en los dos sexenios anteriores estuvieran implicados en la protección a cárteles de la droga y otros negocios del capitalismo ilegal mexicano.

Estos dos exsecretarios de los gobiernos de Felipe Calderón y de Peña Nieto no son los únicos que han sido acusados y detenidos por estas mismas razones. Varios exgobernadores de Tamaulipas, Coahuila, Veracruz y otros estados también han sido acusados de trabajar o proteger a los cárteles de la droga. Y en Estados Unidos también está siendo juzgado el exfiscal de Nayarit Édgar Veytia no sólo de trabajar, sino de formar parte del cártel Jalisco Nueva Generación.

Estas detenciones son la constatación de que los grandes negocios ilegales del tráfico de drogas, armas y personas no podrían funcionar sin la complicidad y protección del aparato de Estado mexicano: desde los gobernantes federales o estatales, hasta soldados, marinos y policías de todos los niveles, pasando por jueces o encargados de las aduanas del país.

El narcotráfico funciona en México por la protección del Estado y la política mexicana funciona gracias al dinero que le sirven los cárteles de la droga. Y probablemente se sepan más detalles de esta relación en los juicios contra Genaro García Luna y Salvador Cienfuegos.

A la par de los juicios contra García Luna y contra Salvador Cienfuegos implica un juicio también al Estado mexicano debido a que una parte de su aparato de seguridad ha trabajado para los cárteles de la droga.

Pero al mismo tiempo estas detenciones constituyen un juicio histórico sobre la patraña que los últimos gobiernos han vendido como una guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado que ha desatado la ola de violencia más sangrienta y grave en México desde la época de la Revolución. Y esta violencia ha enlutado a cientos de miles de familias por el alza indiscriminada de asesinatos violentos, desaparecidos y cuerpos que se vuelven a desaparecer en las miles de fosas clandestinas que esta infame guerra ha dejado en el país.

La constatación de que los más altos funcionarios encargados de la seguridad del país, y por tanto de combatir a las organizaciones criminales, terminaron trabajando al servicio de uno o u otro bando de los cárteles del narcotráfico constituye una de las grandes traiciones de la clase gobernante contra la sociedad mexicana, puesto que con la mentira de combatir el crimen desataron una guerra que ha destrozado a cientos de miles de familias en el país. Por esta gran mentira y traición, los actuales detenidos también deberían ser juzgados, al igual que los expresidentes que los llevaron y protegieron en sus cargos.

Por los pronto, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto deberían ir preparando a sus abogados. Es probable que ellos sean los siguientes en la lista.

Fernando Valdés

@imcomx

Durante cuarenta años, en una cañada al oeste de la ciudad de León, el Centro de Investigaciones en Óptica A.C. (CIO) ha generado conocimiento de frontera en los ramos de la óptica y la fotónica, colaborando con diversos centros de investigación internacionales, y alianzas de desarrollo tecnológico con empresas nacionales e instituciones de salud pública y seguridad nacional. La semana pasada, este centro público de investigación (CPI) recibió la noticia de una iniciativa de reforma que busca eliminar 109 fideicomisos públicos, entre ellos el suyo.

El presupuesto de los fideicomisos de los CPIs es pequeño, pues representa el 1.2% del total de los recursos de los 109 fideicomisos que se planea desaparecer (ver el área naranja de la siguiente imagen). El fideicomiso del CIO, con un monto de 8 millones de pesos (mdp) en recursos mayoritariamente autogenerados es, en esos términos, microscópico.

Aunque la desaparición del fideicomiso del CIO no compromete su trabajo en ciencia básica, el proyecto de reforma sí impactaría en su rama de ciencia aplicada. De acuerdo con uno de sus investigadores, el cambio mermaría la capacidad del CIO para crear asociaciones de mediano y largo plazo con empresas e institutos, además de limitar su adaptabilidad a problemas coyunturales. Entre los proyectos recientes que pudieron llevarse a cabo gracias a dicho fideicomiso destacan los de desinfección de espacios con iluminación de onda corta y de ventiladores mecánicos intrusivos.

Por ley, los fideicomisos de los CPIs están obligados a contar con órganos colegiados (internos y externos), además de ser doblemente auditables por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, ¿en qué diagnósticos y evaluaciones se basa la decisión de eliminarlos? ¿Qué mecanismos los sustituirán? La falta de respuestas claras hacen dudar de la existencia de una justificación fundamentada, generando incertidumbre sobre el proceso de las decisiones de política fiscal en el país.

La inversión en ciencia en México pasa por un mal momento. El presupuesto de investigación científica e innovación ha permanecido estancado en la actual administración. En particular, los CPIs han sufrido recortes en los dos años anteriores y para 2021 se espera que por cada peso destinado a investigación científica, se empleen más de tres en los temas de seguridad y defensa.

Lo anterior no tendría gran relevancia si México contara con un presupuesto científico adecuado; sin embargo, de acuerdo a la UNESCO, México destina solo el 0.31% de su PIB a la investigación científica, un monto muy por debajo de la mayor parte de los países.

La ciencia aplicada vive de la cooperación con empresas y otras instituciones de investigación. En otros países del mundo esa capacidad cooperativa ha sido la clave para el desarrollo económico y la competitividad.

Destacan los casos del Instituto de Investigación de Tecnología Industrial de Taiwán (ITRI) y el Instituto de Investigación en Electrónica y Telecomunicaciones (ETRI) de Corea del Sur que, junto a empresas privadas, han logrado posicionarse como líderes en tecnologías optoelectrónicas y de semiconductores. México también es un importante jugador en esos mercados. Somos el segundo exportador mundial de computadoras y de televisiones en el Mundo, productos que representan el 9.4% de nuestras exportaciones, más del doble que las de petróleo crudo.

Sin embargo, la diferencia es que mientras los tigres asiáticos producen tecnología en estos productos, México solo los manufactura. Saber si seguiremos atados a un destino maquilador no dependerá en gran medida de la decisión de recortar fideicomisos como los del CIO, sino de la capacidad de nuestros representantes para decidir con base en evidencia y argumentos. En pocas palabras, el problema no es que se decida recortar fideicomisos sino que se hagan recortes con los ojos vendados.

Decía el némesis de la 4T, Felipe Calderón Hinojosa, que el reto del Partido Acción Nacional, era, entrada la década de los 2000, ganar el Gobierno sin perder el partido. En Morena ganaron el Gobierno con un incipiente partido que hoy se está perdiendo en la avaricia electoral por los procesos electivos del 2021 y el 2024.

Morena para el 2021 tiene la jugosa carnada de 15 gubernaturas y la Cámara de Diputados, los aspirantes, ya enrutados en el 2024, también aspiran a convertirse en el líder que ganó por primera vez más gubernaturas para ese partido desconociendo de manera intencional que la fuerza electoral radica en el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y no en un partido que, de hecho, ni estructura electoral posee al haberse fundado en liderazgos locales en los estados, sacados de la agenda del hoy Presidente y entonces fundador de Morena.

Yeidckol Polevnsky presume haber ganado, como dirigente de Morena, la Presidencia de la República, la mayoría en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, 17 congresos estatales y dos gubernaturas en el 2019, la de Puebla y la de Baja California, también restándole mérito al que fue hombre orquesta de Morena y hoy radica en Palacio Nacional.

Dos grupos se pelean la dirigencia nacional de Morena con mayor ahínco. El que tiene al Diputado Mario Delgado como fuerte aspirante, pero que encabeza el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien se asume como candidato natural para suceder al Presidente López Obrador en el 2024. El otro grupo lo encabeza la prosapia de don Porfirio Muñoz Ledo y es auspiciado por los más románticos del movimiento encabezado por el Presidente, entre ellos, la Gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien también aspira a suceder a  su líder fundacional.

En la primera encuesta después que el Instituto Nacional Electoral se hiciera cargo de la elección interna, aquel ejercicio de reconocimiento de nombre, dejó como mejor posicionado a Muñoz Ledo. En la segunda, ya para elegir a un dirigente de entre cinco, Mario Delgado, Hilda Díaz Caballero, Adriana Menéndez, Porfirio Muñoz Ledo y Yeidkcol Polevnsky, fue Muñoz Ledo quien ganó por décimas con un 25.34 de las preferencias, contra 25.29 logrado por Delgado.

Muñoz Ledo se hizo del triunfo por décimas pero él obtuvo la mayoría, recordando aquella elección constitucional a la Presidencia de la República en la que tanto el IFE y como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concedieron al 35.91 de la votación lograda por Felipe Calderón Hinojosa, contra el 35.29 obtenido por el hoy Presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el que sería su primer intento por hacerse de la Silla del Águila.

En estricto sentido, Porfirio Muñoz Ledo fue el ganador de la interna de Morena, pero en las nuevas bases del Instituto Nacional Electoral el resulto fue un empate técnico que habrá de dirimirse en una nueva encuesta que se desarrollará del viernes 16 de octubre al 22 del mismo mes, presentando los resultados definitivos el 24 de octubre.

Lo que está en juego pues son las candidaturas que se habrán de asignar, sea por designación, por encuesta o por dedazo (también en Morena hay dedazo, y para ejemplo, el Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, pues no hay pruebas de haber ganado una encuesta pero sí fue electo, al más estilo priista, por aclamación).

Del triunfo que se señale el 24 de octubre dependerán las renuncias y solicitudes de licencia de morenistas enquistados en cualquier orden de Gobierno y que aspiren a una candidatura para el 21, pues en los grupos que ya se definen en Morena, hay aspirantes que simpatizan con Delgado y aquellos que lo hacen por Muñoz Ledo, es de esperar que quienes pertenezcan al bando ganador serán eliminados o minimizados de las contiendas internas en estados y municipios, y por supuesto de las listas para integrar las candidaturas representativas a la Cámara de Diputados Federal.

La codicia y la avaricia electoral ha pegado fuerte en Morena, donde en varios estados se comienzan a presentar rupturas que no son ideológicas, sino de poder. Encaminándose a perder el partido por la búsqueda de ganar el Gobierno.

El manejo financiero de Morena tampoco es cualquier cosa. Para 2020, le fueron destinados por el INE en prerrogativas más de mil 600 millones de pesos, con lo que se situó como el instituto político con mayores recursos, aun en época de recesión, de crisis o de contingencia sanitaria. Al haber renunciado al 50 por ciento de sus prerrogativas, y el INE aceptado esa condicionante, se quedaron con poco más de 785 millones de pesos para Morena, lo cual, de nueva cuenta, no es una bicoca, sino una abundancia financiera en tiempos de crisis económica, y en el preámbulo de la elección más grande que se desarrolle en México.

Para el 2024 la elección de la dirigencia nacional de Morena también es determinante. Marcelo Ebrard aspira a convertirse en el candidato de ese partido para suceder al Presidente López Obrador, y la llegada de Mario Delgado le allanaría el camino electoral en la sucesión presidencial. El triunfo de don Porfirio, por otra parte, significaría una línea más institucional y de menos acarrea hacia un tapado o candidato natural. Muñoz Ledo sería el primer mexicano en haber dirigido en el comité ejecutivo nacional de tres partidos políticos, el PRI de 1975 a 1976, el PRD de 1993 a 1996, y ahora, de lograr ganar la encuesta por tercera ocasión, Morena.

Las cartas ya están echadas, los nombres dados y toca una nueva votación dentro de un partido joven, pero viejo en las prácticas políticas y electorales, que significan el acarreo, los intereses de grupos, el manejo de los recursos y, por supuesto, la lucha por el poder, una acción que el Presidente de la República quería evitar, al hacer un llamado a que Morena no fuera como el resto de los partidos, pero que ante su ausencia de liderazgo político –él ha dicho que no entra en las decisiones de partido porque está ocupando su tiempo en gobernar–, se está dividiendo y entrando a una lucha insana en la carrera electoral del 2021 y el 2024. Como todos los partidos en el poder siempre.

La comparecencia virtual de Genaro García Luna en Nueva York el miércoles pasado, fue una comedia en dos actos. En el primero, el Juez Brian Cogan, claramente contrariado, suspendió momentáneamente la audiencia debido a la cacofonía de voces en español en la línea telefónica, que el magistrado atribuyó a “reporteros mexicanos”, y al ruido de una emisión radial en vivo, en el mismo idioma. En el segundo acto, el ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón se declaró “no culpable” de la acusación de colusión con el Cartel de Sinaloa para traficar cocaína. La próxima comparecencia en la Corte del Distrito Este de Brooklyn está programada para el 7 de diciembre.

Primer acto:

Cogan: Hay alguien que está hablando en español y no es la interprete. ¿Qué está pasando? Quizá sea un eco de la interprete. Si alguien está utilizando teléfono y computadora para escuchar, por favor silencien el teléfono.

Segunda llamada: Hay una tremenda cantidad de interferencia. No podemos escuchar lo que está diciendo la corte o la parte. Estoy escuchando voces de reporteros. Oigo a gente hablar español. No quiero escucharla. Los reporteros van a tener que permanecer en silencio o voy a tener que cerrar la sesión.

Dirigiéndose a García Luna: Usted se encuentra aquí porque el jurado acusatorio le ha hecho cargos en una acusación formal sustituta. Lo acusa de haber cometido cinco delitos. Si no entiende algo, alce la mano y se lo explico.

Tercera y última llamada: Le he pedido repetidamente a la prensa mexicana que deje de hablar, de tal manera que se pueda escuchar. Es un obstáculo para la vista. No puedo continuar y ahora escucho toser a alguien de la prensa. Levanto la sesión y la haré en otro momento.

Reportero mexicano: Ya nos está regañando.

Interprete: Un hombre dijo, nos está regañando.

Cogan: Está bien que lo diga, pero yo no quiero escucharlo. Levanto la sesión. La retomaremos más adelante. Gracias.

Fiscales y defensa: De acuerdo, su Señoría.

Poco después, la audiencia de reanudó, con una severa advertencia.

Juez Cogan: Creo que la prensa mexicana sigue en la línea escuchando, no se le puede oír (aparentemente la corte silenció el audio de los enlazados), quiero advertirles a ellos que, bajo las reglas de este tribunal y del gobierno federal, se les prohíbe tomar fotografías, grabar o transmitir los procedimientos de la corte. Violación de ese código puede resultar en castigo, incluyendo el retiro de credenciales de prensa, restricciones de acceso a audiencias y prohibición del ingreso a futuras vistas, o cualquier otro tipo de sanción que el juez considere pertinente.

Cogan asumió que las personas que provocaron la interrupción eran reporteros mexicanos porque el número telefónico que proporciona la corte suele ser para uso de la prensa y personas relacionadas a las partes. La difusión mediática en México del teléfono y código de acceso dio lugar a que un volumen alto de enlaces. No todos necesariamente periodistas.

El noticiero nocturno de Milenio TV publicó en pantalla el número y el código de acceso, exhortando a llamar al “hot line” (sic) para “enlazarse en vivo” y escuchar la voz de García Luna (video @mileniotv 23/09/2020). Machacó con un artículo que tituló: “A través de un hot line (sic): así se podrán conocer todos los detalles del caso García Luna (Milenio 23/09/2020).

No encontré precedente de un caso así en medios estadounidenses o extranjeros. Se sobrentiende que es para uso profesional. ¿Está permitido? Sólo la Corte del Distrito Este de Nueva York puede responder, me dijo una fuente legal.

Lo que es un hecho es que no es un “hot line” (sic), similar a los hotlines para alertar sobre suicidios o pedir ayuda de emergencia. Debido a la pandemia, Pacer, el sistema de pago de acceso a documentos judiciales no confidenciales de las cortes federales, ha estado publicando los números telefónicos para las audiencias virtuales, como parte de la agenda de las cortes.

El desacato a las órdenes del juez y el caos que generó, sienta un mal precedente que pudiera tener consecuencias para el acceso de los reporteros mexicanos. Es un comportamiento incompatible con la cultura legal de Estados Unidos donde los jueces federales son tratados con respeto y reverencia, y las cortes como templos del Estado de Derecho.

Segundo acto:

García Luna se declaró no culpable en la instrucción de los cinco cargos que se le imputan sobre una presunta asociación delictuosa para distribuir cocaína cuando fue alto funcionario en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, y perjurio a la autoridad migratoria. Los cargos provienen del encausamiento actualizado del 30 de julio (¿Puede ser completamente imparcial el juicio de García Luna? Sin Embargo, 11/09/2020).

Si García Luna mantiene su posición de no pactar, habrá juicio, aunque no pronto. Cuestión de recordar que el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán empezó en noviembre de 2018, 22 meses después de su extradición. Y eran tiempos normales. García Luna lleva 10 meses tras las rejas. La pandemia ha prolongado el proceso de descubrimiento de evidencia e impedido reuniones regulares de García Luna con su abogado defensor, Cesar de Castro. Al margen de cuando pueda empezar, los fiscales estiman durará entre 2 y 3 meses, por encima del promedio y similar al de El Chapo.

El caso de García Luna está catalogado como “complejo” con base en la abundancia de pruebas, que incluyen cerca de 80 kilos de cocaína y heroína física, intercepciones de comunicaciones, registros financieros, así como entrevistas de testigos presos. Los fiscales llamaron “tedioso” su inspección. Informaron que recién completaron la entrega a de Castro de un expediente de 12 mil cuartillas y 1,500 comunicaciones interceptadas (llamadas, textos, correos electrónicos, etc.).

A la fecha, la Fiscalía ha producido un total de 189 mil hojas y “voluminosas” intercepciones. Asimismo, ponto proporcionarán aparatos electrónicos (celular, computadora, etc.) confiscados a García Luna cuando fue arrestado en 2019. Revisar el material confidencial bajo la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, necesario para completar los preparativos de juicio, “tomará algunos meses”. A eso seguirá una moción de anticipación de juicio y la selección de un jurado (carta de fiscales a Cogan 2/10/2020).

Aunque no se descarta que, ante el brutal peso de la montaña de evidencia García Luna acepte pactar, es poco probable. Enfrentar un juicio, que lleva la de perder, es cuestión de honor. Asumir responsabilidad por sus actos no está en el ADN del hombre que esgrimió tanto poder que se creyó infalible, que nunca aceptó equivocarse o dar un paso en falso. Admitir delitos que dice no cometió es darle la razón al tribunal de la opinión pública que hace tiempo lo juzgó y condenó.

Rubén Martín

Donald Trump no es solo un ser humano despreciable por sus comportamientos racistas, machistas, clasistas y vulgares. También parece que el peor Presidente en la historia de Estados Unidos ahora pretende convertirse en un gobernante autócrata y tiránico de la peor ralea.

A pesar de todas las imperfecciones y descomposturas que tiene, el sistema político de Estados Unidos se presenta como la “democracia más antigua del mundo”. Esto a pesar de que la Presidencia de esa nación no la elige el voto popular, sino un Colegio Electoral añejo y viciado que en más de una vez ha dado la victoria a quien no ganó la mayoría de votos, como Donald Trump en 2016 que tuvo 3 millones de votos menos que su oponente demócrata Hillary Clinton. Una de la supuestas razones que el sistema político estadounidense se presenta como democrático es la práctica de las transiciones ordenadas y pacíficas de poder.

Un ejemplo de ello ocurrió en la elección presidencial del año 2000 en la que se enfrentaron el republicano George W. Bush y el demócrata Al Gore y cuya victoria se adjudicó al primero a pesar de que Gore obtuvo más votos populares y a pesar de las evidencias de fraude en el recuento de boletas en estados como Florida. Con todo y estas agravantes los demócratas reconocieron la adjudicación del triunfo a Bush hijo y evitaron un conflicto poselectoral y con ello una crisis política.

En la elección presidencial de Estados Unidos, que se celebrará en tres semanas, todo apunta a que se creará un escenario inédito donde no se tendrán resultados electorales la misma noche de los comicios, como ha sido tradición. De hecho funcionarios de Estados Unidos han anticipado que los resultados finales podrían tardar en conocerse dos o tres semanas, es decir hasta el final del mes.

Este escenario de retraso en los resultados finales se debe a que por el contexto de la crisis sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19 muchos electores estadounidense pretenden votar en sus casas y enviar su voto mediante correo tradicional o depositarlo en urnas dispuestas anticipadamente.

El prestigiado show de John Oliver presentó un reportaje donde se explica lo lento y tardado que puede ser el proceso de identificar, autentificar y clasificar los votos de millones de electores que manden su sufragio por el servicio postal.

Varias encuestas indican que la mayoría de los que votarán a través del correo son de tendencia demócrata, porque es la población que también acata más las medidas de distanciamiento sanitario, contrario a los republicanos que haciendo eco de sus dirigentes, con Trump a la cabeza, han mandado mensajes confusos en acatar el confinamiento y la emergencia sanitaria.

De tal modo que se prevé que los primeros votos que se cuenten la misma noche del 4 de noviembre sean los que se saquen de las urnas instaladas para el voto presencial y que eventualmente esas tendencias favorezcan al actual ocupante de la Casa Blanca, Donald Trump, pero que conforme vayan llegando y contándose los votos emitidos a través del correo pueden ser favorables al demócrata Joe Biden.

Consientes de ese escenario, varios periodistas han preguntado a ambos candidatos presidenciales si respetarán el recuento y admitirán los resultados electorales cabalmente. Joe Biden ha respondido afirmativamente, pero Donald Trump ha dado respuestas no solo evasivas, sino que apuntan claramente a que no reconocerá el resultado de la elección, a menos que lo favorezca. Es una postura que tiene el potencial para generar una crisis política de gran envergadura que tenga impacto no solo en Estados Unidos y en el resto del mundo, especialmente en naciones como México y Canadá relacionados por la frontera y amplias relaciones económicas y personales.

De hecho ha sugerido que en lugar de transferencia, podría haber continuidad de poder. “Francamente no habrá una transferencia. Habrá una continuación”, dijo Trump en respuesta al periodista de Playboy Brian Karem (New York Times, 24 septiembre 2020).

No es la única vez que Trump deliberadamente siembra la duda de que aceptará el resultado electoral. Pero además de ello, ha dicho a sus simpatizantes que “La única forma en que pueden quitarnos esta elección es si se trata de una elección amañada”, exclamó durante la Convención Nacional Republicana en agosto pasado.

Dicho este recuento, podemos imaginarnos la situación política que se puede crear la noche de y los días posteriores de la elección: un Trump que se proclama triunfador con datos parciales del resultado electoral, movilizaciones de “triunfo” de sus simpatizantes y el inicio de un conflicto poselectoral una vez que los votos a favor de Biden puedan ir aumentando, y si finalmente los resultados proclamaran vencedor el demócrata, el escenario está puesto para que Trump denuncie trampa y fraude electoral, y se niegue a ceder el poder. Es una maniobra equivalente a un golpe de Estado, pues significa quedarse por la fuerza con la presidencia.

Es cierto que puede ocurrir un triunfo mayoritario y sorpresivo de Donald Trump, tal como el que ocurrió en noviembre de 2016 al vencer a Hillary Clinton.

Pero el mero hecho de que Trump esté amenazando con no dejar el poder y dar este virtual golpe de Estado da idea de sus nociones de democracia y de su deseo de apoderarse de la presidencia de Estados Unidos para beneficio suyo, de sus partidarios y de su base electoral compuesta de supremacistas blancos, racistas, cristianos, católicos, fundamentalistas, terraplanistas y derecha radical. Su amenaza de no dejar el poder desnuda sus pasiones tiránica y autoritarias.

Lamentablemente un conflicto político así no queda encerrado en las fronteras de Estados Unidos. Tendrá repercusiones mundiales tanto en la economía como en la política. En lo económico se pude esperar turbulencias en los mercados y fuertes consecuencias financieras. En lo político, la postura tiránica y autoritaria de Trump, alentará aún más a los grupos extremistas de derecha radical y fascistas. Este es el peligro que genera Trump para el mundo: un renacimiento de un fascismo mundial. El antifascismo es hoy más necesario que en mucho tiempo.