Categoría: S.O.S Costa Grande

Rubén Martín

Ayotzinapa no es sólo una geografía y un calendario en la larga lista de masacres y violencia estatal contra los de abajo en México; es también un punto de quiebre en la época de barbarie que los mexicanos vivimos desde 2006, cuando el Estado desató una guerra contra la población con el pretexto de combatir al crimen organizado. La masacre de Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, donde se asesinó a seis personas y se desapareció a 43 jóvenes estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, fue un punto de quiebre porque desató la indignación de millones de personas en México y en varios países del mundo.

Casi de inmediato se entendió que los hechos de Iguala fueron un crimen estatal: “Fue el Estado”, se pintó en calles, muros y carteles de todo el país al tomar conciencia del hecho represivo de semejantes proporciones.

De la reconstrucción de hechos, recolección de testimonios y visitas al lugar, los expertos del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) encontraron que los ataques contra los normalistas incluyeron nueve escenarios y episodios de violencia diferentes, en los cuales murieron seis personas, entre ellas tres normalistas que fueron ejecutados con disparos a quemarropa y otro más torturado y después asesinado: Julio César Mondragón. Además de los 43 jóvenes desaparecidos, otras cerca de 120 personas sufrieron ataques contra sus vidas por disparos de armas de fuego; casi 40 de esas personas resultaron heridas, algunas de ellas de extrema gravedad, además de que un grupo de 14 normalistas fue perseguido. Los ataques se dieron entre las 21:40 horas y las 2:00 horas aproximadamente, de los días 26 y 27 de septiembre, lo cual muestra una capacidad operativa y coordinación de las acciones de nivel centralizado.

El reporte del GIEI destacó las proporciones de la agresión a los normalistas: un ataque masivo que produjo 180 víctimas directas, seis ejecutados, 40 heridos, 43 desparecidos y 700 familiares directos con impactos.

La investigación del GIEI demostró que existía información compartida de lo que estaba sucediendo en el ataque a los normalistas entre diferentes corporaciones del Estado a través del C-4 y a través de otros mecanismos e instituciones.

Además de revelar el estado de guerra que vivimos, la masacre de Iguala contribuyó a visibilizar la gran tragedia nacional de la desaparición de personas y de las fosas clandestinas donde muchos de los desaparecidos encuentran su fin, pero no así el consuelo para sus familiares que los siguen buscando tenaz y desesperadamente.

A pesar de la tenacidad de los padres, familiares y organizaciones que los acompañan, a pesar de las movilizaciones sin parar desde 2014, a pesar de desmontar lo que el Gobierno de Enrique Peña Nieto llamó la “verdad histórica” y a pesar de conseguir que el Estado constituyera una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, todavía no se sabe donde están los 43 estudiantes desaparecidos.

Las movilizaciones para exigir la presentación con vida de los normalistas no fueron suficientes para detener el fenómeno de las desapariciones en México. Triste y lamentablemente no sólo no se sabe donde están los 43 sino que en estos seis años se han acumulado decenas de miles más de casos de personas desaparecidos en todo el país.

Algunas lecturas de lo ocurrido en Iguala sostienen que esta masacre reveló la disfunción de las policías, la corrupción de los gobiernos locales y ambas como expresiones de un Estado fallido. Pero lamentablemente esto que se mira como fracaso de un modelo de Estado es un éxito para un modelo de control y reorganización del territorio y de las poblaciones. La violencia, el terror, la desaparición y muerte para quienes se oponen al despojo de territorios y de bienes comunes se impusieron como una constante por parte del Estado y el capital en México. La violencia parece caótica, indescifrable, pero todo indica que la violencia, la represión y el virtual Estado de excepción sirven para el despojo, la desterritorialización y la explotación: es una violencia funcional al capitalismo de acumulación por despojo que se impone a la sociedad mexicana.

Mientras el Estado apuesta por el olvido y la impunidad, las movilizaciones para no olvidar la masacre de Iguala y otras, la apuesta por no olvidar a los desaparecidos, no olvidar a los bebés que murieron en el incendio de la Guardería ABC y otros terribles casos ocurridos en años recientes, es una apuesta contra la impunidad, contra las desapariciones, contra el despojo y la represión que están detrás de esta violencia estatal en esta fase de acumulación por desposesión.

Vía: Sin Embargo

Alejandro Calvillo

Con una investigación realizada en más de 15 países en cinco continentes sobre las tácticas de las grandes corporaciones frente a la grave crisis global de contaminación por plásticos, la organización Changing Markets muestra cómo éstas han “obstruido y socavado durante décadas soluciones legislativas comprobadas”. Entre las 10 principales corporaciones globales con mayor impacto en la contaminación plástica del planeta, que va desde los impactos en la vida marina hasta los microplásticos en nuestro organismo, encontramos que la gran mayoría son de comida chatarra y bebidas endulzadas: Coca-Cola, Nestlé, Pepsico, Unilever, Danone, Mondeléz, Mars, P&G, Colgate Palmolive y Perfetti Van Melle.

No se trata solamente de las islas flotantes de basura en los océanos, de las ballenas varadas con estómagos repletos de desechos plásticos, de las tortugas muertas enganchadas en plásticos de six packs; se trata de la contaminación tóxica que viene desde la producción de estos plásticos, de las emisiones de gases de efecto invernadero en su fabricación, de sus micro y nanoparticulas ingresando en las cadenas alimenticias y de la gran cantidad de aditivos tóxicos que contienen. Entre estos aditivos se encuentran pigmentos, estabilizadores, ignifugantes, endurecedores como bisfenol A y ablandadores como los ftlatos. Estos dos últimos son identificados como alteradores del sistema hormonal que pueden afectar el desarrollo del feto en gestación y la fertilidad de los adultos. Estas sustancias se han encontrado ya en la leche materna.

La revista National Geographic reportó un estudio en el que se encontraron microplásticos en 114 especies acuáticas, señalando que más de la mitad son de consumo habitual. La contaminación plástica ha vuelto omnipresentes los microplásticos que tarde o temprano se degradan generando nanoplásticos, partículas aún más pequeñas, que pueden penetrar en las células y migrar a tejidos y órganos. Señala la revista: “pero como los investigadores carecen de métodos analíticos para identificar su presencia en los alimentos, no disponen de datos sobre su absorción y aparición en el organismo humano”.

El documento recientemente publicado por Changing Markets, “Hablan Basura. El manual corporativo de soluciones falsas a la crisis del plástico”, expone cómo estas corporaciones han seguido toda una estrategia doble, por un lado, manifestando que se preocupan por el problema y presentan supuestos programas para enfrentarlo y, por otro, bloquean por todos los medios las regulaciones que prohibirían/reducirían su producción y uso.

Al respecto, Changing Markets reporta que en la investigación en que participaron periodistas, investigadores y especialistas de todo el mundo se encontró que: “la percepción reflejada es la de una red de organizaciones muy bien constituida que ejecuta presión en todos los niveles y se moviliza incluso en contra del menor intento de restringir o regular la producción de plástico. También revela la hipocresía de las grandes corporaciones multinacionales, como Coca-Cola, la cual recientemente proclamó su apoyo a algunos proyectos de ley en la UE, pero aún ejerce presión en contra de cualquier cambio en África, China y Estados Unidos, no se diga en América Latina”.

El reporte destaca a la empresa más contaminante en plásticos, Coca-Cola, y la estrategia de dar una imagen de responsabilidad a través de una serie de compromisos públicos que no ha cumplido y que le han servido para continuar con sus prácticas, como a otras empresas. Menciona cómo estas corporaciones han comprometido mil 500 millones de dólares a la Alianza para Acabar con los Residuos Plásticos, un grupo que les sirve de maquillaje, mientras los miembros de esa Alianza invirtieron 186 mil millones de dólares en nuevas instalaciones petroquímicas entre 201 y 2017, y continúan invirtiendo para aumentar su producción de plásticos”.

Señalan que “nuestro análisis encontró una sorprendente superposición entre la membresía corporativa de las iniciativas que afirman resolver la contaminación del plástico, y las asociaciones comerciales y grupos de presión y lobby corporativo, que trabajan activamente para desacreditar cualquier tipo de legislación suficientemente ambiciosa”.

Es increíble ver cómo las estrategias de estas corporaciones son las mismas que aplican contra las políticas de salud pública. Son totalmente semejantes a las desarrolladas por la industria del tabaco, del alcohol, de la agroquímica, etcétera. El siguiente párrafo, que resume lo que la investigación encontró a lo largo de los cinco continentes sobre las estrategias de estas corporaciones para mantener sus prácticas plásticas, se puede aplicar a lo que vivimos actualmente por parte de las mismas empresas contra el nuevo etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas:

“Hay formas más sutiles de convencer a los legisladores de que la implementación de medidas obligatorias no es necesaria. Causar retrasos a través de compromisos voluntarios grandilocuentes, retener o tergiversar datos para enmascarar la gravedad del problema, pedir el retraso en la implementación o agregar condiciones a las leyes para ampliar el tiempo que las corporaciones poseen para continuar como de costumbre o buscar otros vacíos legales son algunas otras de las tácticas”. ¿Le suena?

En esta lógica es que por un lado llega a México el CEO de Coca-Cola, James Quincey, para reunirse con el Presidente y le dice que aceptan el nuevo etiquetado y, por el otro, su principal embotelladora en Yucatán, Bepensa, interpone un amparo en contra del etiquetado, además de que FEMSA Coc-Cola apoya a Concamin y ConMéxico a interponer otros más en el mismo sentido.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Piso parejo están pidiendo los aspirantes a cargos de elección popular, sobre todo los que aspiran a la gubernatura de Guerrero y de otros estados. Esto implica que quienes detenten algún cargo, sea de representación social, o administrativo, renuncien y comiencen su trabajo como ciudadanos de a pie.

Claro, eso no lo veremos, porque la ley marca que 90 días antes de la elección (esto es, 3 meses), para que los funcionarios dejen sus cargos.

Para colmo, ahora con las facilidades para la reelección, alcaldes y diputados locales ni siquiera están obligados a pedir licencia, sino que pueden hacer campaña aun estando en sus cargos, colocando a los aspirantes de otros partidos, en el dilema de moverse sin los recursos que puede tener a la mano un presidente municipal, o sin la pantalla que significa ser legislador.

Sin embargo, sabemos que las leyes electorales están hechas a la medida de la clase política, no a la medida de los electores. Y como ellos hacen las leyes, las van acomodando a sus intereses.

A propósito de la exigencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que los delegados que manejan programas sociales renuncien a sus cargos de manera definitiva a más tardar a finales de octubre, eso sólo aplica solamente para Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, y para los delegados regionales que aspiren a competir por diputaciones y alcaldías; pero para el resto de los aspirantes, nada, lo más seguro es que se prolongarán en los cargos hasta diciembre o hasta que finalice el tiempo de la elección interna, que es en el 8 de enero, iniciando en 10 de noviembre (60 días).

Por eso el presidente puso como plazo máximo para renunciar 3l último día de octubre a los miembros de su gobierno, para que entren en el periodo de precampañas libres de cargas.

Sin embargo, ese proceso se puede hacer o no. Es decir, que alguien puede decidir no hacer precampaña, y obviar ese plazo de 60 días que contempla la ley, destapándose hasta que su partido defina la candidatura, pues el plazo formal para el registro de candidatos comienza hasta el 15 de febrero.

Esto lo aprovecharán, sobre todo, quienes tienen cargos de representación social, desde donde seguirán proyectándose sin problemas. Pues mientras no digan que van a competir, mientras no acepten que esas son sus intenciones, se harán como el tío Lolo.

Después del 8 de enero de 2021, viene un plazo de un mes en blanco, después de la precampaña de aspirantes, previo al plazo para que los partidos políticos y coaliciones registren a sus candidatos a la gubernatura, plazo que va del 15 de febrero al 1 de marzo. Así está el calendario oficial.

Entonces, no habrá nada definido en el corto plazo, porque sobre todo los partidos de la coalición opositora tendrán hasta el 1 de marzo para registrar a su candidato. Y entre tanto, tendrán de aquí a esa fecha para papalotear entre ellos, negociar, sopesar posibilidades y así hasta quedarse con el que consideren tiene mayores posibilidades de triunfo.

Hechos estos trámites, el 5 de marzo arrancan campañas para gobernador, y de ahí hasta el 2 de junio, 4 días antes de la elección.

Esto se irá empatando con las elecciones locales, tanto en la selección de candidatos a alcaldías y diputaciones locales, como en el inicio de las campañas constitucionales.

Por cierto, revisando el calendario, aunque la campaña electoral para gobernador comienza el 5 de marzo, es hasta el día 7 en que la ley prevé que renuncien aquellos funcionarios que deseen competir en esta elección que viene.

Para esto, el periodo de precampañas para ayuntamientos ya habrá pasado, así como también ese mismo proceso interno para definir candidaturas a diputaciones locales.

¿Qué tal?

Lo ideal, sí, es que todos los aspirantes renuncien a sus cargos, independientemente de si la ley marca una determinada fecha. Pero para eso se necesita mucho más que el deseo de competir: congruencia, en primer lugar. Segundo, honestidad y valor para ir por la conquista de un sueño, sin tener una catapulta desde donde impulsarse.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Desde el lunes que comenzó la Jornada Nacional por Ayotzinapa, por el sexto aniversario de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en la ciudad de Iguala, advertíamos que las manifestaciones serían violentas y que la entidad tendría que prepararse para esta etapa, que esperamos culminen el sábado 26, cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anuncie los avances de la investigación que se reabrió a su llegada al poder.

Con todo, lo ocurrió ayer en el Congreso local, en el segundo día de la Jornada, no se justifica. Ningún alegato que hayan presentado los padres de los estudiantes, justifica su violenta manifestación, por el simple hecho de que ya está en proceso la investigación que venían reclamando desde septiembre de 2014, fecha de aquellos lamentables hechos.

Que los diputados no mandaron a comparecer al presidente del Tribunal Superior de Justicia, a pesar de que existe una comisión especial para dar seguimiento al caso, a fin de que presente los videos del sistema de vigilancia de la Ciudad Judicial de Iguala, que hicieron perdedizos, dijeron.

“Nos engañaron”, recalcó el vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, en un breve mitin antes de que una camioneta “robada” fuera introducida al Palacio Legislativo, donde le prendieron fuego en la puerta del inmueble, mientras los enardecidos jóvenes que participaron en la manifestación -unos 500 según medios locales-, rayaban el inmueble y le lanzaban petardos.

El escenario fue dantesco. Desproporcionado para un reclamo que, de hecho, ya se les está atendiendo por parte del gobierno federal, puesto que, al reabrirse el caso, y al ordenarse una investigación a fondo, es obvio que van por todos los cabos sueltos.

Antes de ahora, como ciudadanos entendíamos su indignación por la falta de justicia, y porque el gobierno federal decidió dar carpetazo al asunto, dando por hecho que los muchachos fueron quemados en el basurero de Cocula, y luego echadas sus cenizas al río San Juan.

Entendíamos que, al paso de los años, conforme avanzaba el gobierno de Enrique Peña Nieto, los casi 200 detenidos por el caso iban quedando en libertad apegándose al principio de que sus confesiones fueron arrancadas bajo tortura, por lo cual ya se busca a Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación de la antigua Procuraduría General de la República (PGR), a quien se le exhibió encabezando un interrogatorio irregular a Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, uno de los implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y por lo cual éste clamó por su libertad.

Zerón se escondió primero en Canadá y la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estaba en Israel, país al que pidió no darle protección.

También se abrió una comisión nacional para el Caso Ayotzinapa, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien se dio a la tarea de recabar toda la información posible, mientras que la Fiscalía General de la República reabría el caso.

Por todo esto, es injustificada la violencia que hemos presenciado en estos dos últimos días, primero en la Ciudad Judicial de Iguala y luego en el Congreso local.

Ojo, estamos hablando del uso de la violencia, en cualquiera de sus formas, no de su derecho a la libre manifestación.

Ahora mal, ¿Quién dirige las manifestaciones de los contingentes de Ayotzinapa? ¿Los padres? ¿Los abogados? ¿A quién le conviene que el estado se convulsione de nuevo? ¿Qué pretenden?

Realmente estas manifestaciones están desfasadas, puesto que pierden de vista que hay otras cosas más importantes por las cuales protestar, como es el hecho de que un juez denegó las órdenes de aprehensión de medio centenar de funcionarios de Guerrero. En ese caso, cuando se conoció la noticia hace dos semanas, ni pío dijeron, ni el vocero, ni los padres, ni los flamantes abogados del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, entre ellos Vidulfo Rosales Sierra, el más visible.

Por fortuna, el gobernador evitó usar la fuerza pública en las manifestaciones, para evitar confrontaciones. Ya hemos visto desenlaces funestos, y parece que la única opción del gobierno es dejar a estos desmanes sigan.

Rubén Martín

Son tal la cantidad de agravios, faltas de respeto, crímenes y corrupciones que la clase política gobernante ha cometido contra la sociedad mexicana que casi con seguridad una mayoría quisiera que los responsables de esos agravios paguen con juicios justos y penas de cárcel y patrimoniales. Y sin duda, en la lista de responsables de ese imaginario popular de justicia, estaría encabezado por expresidentes.

Por eso, más allá de las lagunas jurídicas, resulta innecesaria y probablemente contraproducente la solicitud de una consulta para enjuiciar a los expresidentes que ha tenido México de 1988 a la fecha.

La noche del pasado martes el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado de la República, y éste a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una solicitud para que en las elecciones intermedias de 2021 se planté una consulta a la sociedad mexicana para decidir si están de acuerdo en juzgar a los exmandatarios.

La pregunta que López Obrador envió al Senado está formulada así: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

En su sano juicio y sin ser del círculo íntimo de estos exmandatarios, ¿quién se opondría a que se les enjuicie y en caso de encontrarlos culpables, que paguen con cárcel y daño patrimonial sus fechorías o crímenes?

Es tan popular la demanda de enjuiciar a los exmandatarios mexicanos que el Comité Promotor de la Consulta reunió 2 millones 700 mil firmas de ciudadanos en apenas dos semanas. En su caso, la pregunta que plantean para hacer la consulta popular cambia un poco respecto a la que Presidencia propone, pero esencialmente son semejantes: “¿Estás de acuerdo que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los expresidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial que garantice el debido proceso?”.

Pero el camino seguido por López Obrador y organizaciones afines parece más interesado en obtener titulares y reflectores, y eventualmente sacar provecho en la coyuntura electoral, antes que ir a fondo en la persecución de los delitos cometidos por los expresidentes.

Hay qué recordar además que la posición actual de López Obrador parece contradecir la postura que mantenía como candidato, como Presidente electo y ya como Presidente: decía que no era partidario de la venganza y que no quería distraerse investigando las corruptelas y anomalías del pasado.

Pero algo ocurrió y la postura de López Obrador cambió para impulsar el juicio a los expresidentes. Todo indica que es la coyuntura política, con baja tendencial de la popularidad presidencial, las movilizaciones semanales contra su Gobierno, las críticas a su gestión de la pandemia, los videos filtrados donde aparece su hermano recibiendo dinero para actividades de Morena, o por la articulación de sus adversarios ya sea tras bambalinas impulsando desde videos y bulos, coaliciones electorales, hasta cartas de abajofirmantes.

Pero además, un eventual rechazo de la consulta decidida por la Corte, le daría a López Obrador una justificación frente a sus seguidores para no llevar a cabo una consulta de juicio a expresidentes. Así podría decir: “yo lo intenté, pero otros poderes dicen que no se puede”.

Y esto puede ocurrir por las eventuales inconsistencias jurídicas de las solicitudes para enjuiciar a expresidentes. El mismo día que el Presidente envió la petición al Senado, consultados por La Jornada, media docena de expertos jurídicos comentaron las inconsistencias de este procedimiento. El Ministro en retiro de la Corte, José Ramón Cossío, dijo que la justicia no puede estar sometida a consultas populares: “No hay necesidad en modo alguno de abrir un procedimiento de consulta para determinar si las autoridades deben o no cumplir con sus atribuciones constitucionales y legales. Un proceso judicial debe regularse por razones técnicas basadas en las normas jurídicas y no en el voto popular”, señaló.

Ese podría ser el camino legal: investigaciones de la Fiscalía General hacia los exmandatarios. Y es que razones para juzgar a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, bastan y sobran.

Tras ellos hay una estela de fraudes electorales, compra masiva de votos, desvío de dinero público y privado a campañas, uso discrecional de partidas secretas de Presidencia, asesinato de disidentes políticos, proceso legales viciados, privatización de los bienes nacionales a una escala sin precedentes, convertir en deuda pública deuda privada irregular (Fabaproa), masacres contra comunidades, ejecuciones extrajudiciales, aumento de la violencia contra las mujeres, deterioro sostenido y significativo de los servicios públicos, entrega de los recursos naturales a particulares mediante concesiones, drásticas políticas de reducción salarial, desarrollo urbano en detrimento de la calidad de vida, devastación ambiental, y un periodo de violencia organizada que ha sometido a la mayoría de la sociedad mexicana a una guerra brutal y sanguinaria con más de medio millón de victimas de asesinatos y desapariciones.

Como resulta evidente de este recuento incompleto de agravios cometidos por los pasados gobernantes, razones para juzgar a los expresidentes sobran. No se necesita una consulta para integrar expedientes sobre cada uno de estos agravios y llevar a los exmandatarios a prisión y privarlos de sus bienes. Que así sea.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El daño al sector turístico nacional por la pandemia de Covid-19 es irreversible. Lo que se pueda rescatar desde ahora hasta que logre controlarse el problema, será ganancia. Como decían los abuelos, de lo perdido, lo que aparezca.

Pero no será mucho de lo que antes conocíamos. Podremos ver inversiones nuevas, pero éstas no sustituirán a las que se agotaron, negocios que se forjaron durante varias generaciones en el sector y que hicieron historia entre las generaciones actuales. Podrán pasar de mano, en el mejor de los casos. En el peor, simplemente ya desaparecieron y no volverán a activarse.

Y no, no es tanto la culpa de la gente que no se cuida, ni de los gobiernos que no curan a los enfermos de Covid 19. Son las funestas consecuencias de una pandemia que, como su nombre lo indica, es “una enfermedad incontrolable”, y de propagación mundial.

Ningún país, por rico que sea, puede decir que pasó indemne esta pandemia. Algunos que incluso ya cantaban victoria pensando que vencieron la enfermedad, están volviendo a cerrar porque reiniciaron los brotes. Los contagios so masivos a escala mundial y las muertes no cesan, si bien disminuyen.

En medio de esta vorágine que se ha prolongado ya por casi 7 meses en este país, no podríamos estar dando cuentas alegres en ningún sector. Ni el gobierno, que es el que maneja nuestros recursos, puede considerar que la está librando holgadamente; al contrario, el primer impacto por la reducción en el pago de impuestos, se dará precisamente en las arcas federales. Eso a su vez impactará en las arcas estatales y municipales, y finalmente en todos los sectores que dependen de la inversión oficial, como la construcción, y otras muchas proveedurías.

Pero de todos, es el turismo el peor calificado. El titular de la Secretaría de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, informó ayer que al menos 7 mil millones de dólares ha perdido el sector turístico del país, una cifra similar a los 145 mil 414 millones de pesos presupuestados para Salud en 2021, por la pandemia de Covid-19.

Es decir, que justamente lo que ha perdido el sector turístico, es lo que necesitará el sector salud para seguir combatiendo el Covid-19, sin considerar siquiera las otras muchas enfermedades que padece el pueblo mexicano, así como las necesidades en materia de sueldos, medicinas, insumos e infraestructura.

Por eso decimos que lo que se pierda en un sector, se necesitará en otro, forzosamente, y que a la larga lo que se respira en este país es pobreza, miseria, enfermedad y desánimo, condiciones que están aprovechando los detractores del gobierno para alimentar su movimiento opositor, que no por ser opositor a AMLO significa que sean buenos. Tan sólo hay que recordar sus saqueos y corrupción para entender de qué son capaces. Al contrario, si a alguien hay que responsabilizar de los estragos del Covid en México, es precisamente a los gobiernos anteriores, que desmantelaron sectores enteros sin escrúpulo alguno.

Y aunque dicen que el dinero no es la vida y no da la felicidad, tenerlo hubiera reducido los impactos de la pandemia, al menos en sectores que no han tenido el mínimo apoyo federal o estatal.

Por el Covid 19, pedimos el turismo extranjero. Alrededor de 23 millones de turistas este año no llegaron al país, de los 45.2 millones que nos visitaron en 2019.

Estamos básicamente a la mitad en cuanto a afluencia turística, y falta ver otros detalles, como gasto por visitante, tiempos de estancias, etcétera.

Torruco insiste, sin embargo, en ser optimista y augura que tendremos un buen fin de año. Como dijo Santo Tomás, “Ver para creer, señor secretario”.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Por fin, a los esfuerzos de la alcaldesa Adela Román Ocampo para poner orden en las playas de Acapulco, se sumó el gobernador Héctor Astudillo Flores, y se tomó el acuerdo de regular a los negocios establecidos en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), que por ser precisamente zona federal, sus concesionarios hacen lo que quieren.

Realmente la Zofemat es un caos, no sólo en Acapulco, sino en toda la franja costera de Guerrero, y me atrevo a decir que es así en todo el país.

La injerencia del municipio y del estado es despreciada, y ni siquiera las delegaciones de organismos como Profepa o Semarnat, intervienen, provocando el deterioro permanente que observamos en esas áreas que se concesionaron a particulares, pero de las que depende, con mucho, el desarrollo de los puertos y las zonas turísticas.

Y ni siquiera estamos hablando de un asunto debidamente regulado por la autoridad federal. La mayoría de los que operan en la Zofemat carecen de la concesión correspondiente y, por lo tanto, operan en la ilegalidad.

Si a eso le agregamos que se niegan a someterse a la regulación de cualquier autoridad, ya podemos entender el caos que han propiciado.

En esta condición caen no sólo los vendedores ambulantes, sino la mayor parte de los negocios establecidos en la franja federal, que precisamente por estar fuera de la jurisdicción municipal y/o estatal, ni siquiera pagan impuestos locales.

Pero, sobre todo, ignoran a las autoridades en casi todos los rubros, pero demandan todos los servicios: agua, seguridad, recolección de basura, alumbrado.

Vuelvo y repito que eso no se da únicamente en Acapulco. También en Zihuatanejo se tienen problemas de esa índole, pero sobre todo en las playas que aún están en proceso de desarrollo, en el resto de los municipios, tanto de Costa Grande como de Costa Chica.

Aunque los alcaldes presumen en el discurso los centros turísticos de sus municipios, en corto reconocen que se niegan a todo y exigen de más. Por ejemplo, no pagan las licencias comerciales. Tampoco colaboran para ningún tipo de mejoramiento en sus comunidades, a pesar de que el municipio es directamente para ellos. No pagan tampoco el impuesto predial, porque ellos están en zona federal. Mucho menos pagan el impuesto de hospedaje, que es para la hacienda pública estatal.

Eso en cuanto a su regulación como contribuyentes. Falta revisar la generación de basura, la invasión de áreas naturales como lagunas, esteros, barras, la contaminación por aguas negras, algo que se nota sobre todo en playas emergentes, donde la gente se va incluso a vivir en esos lugares, y desechas sus aguas negras a los manglares, de modo que cuando la gente llega a esos sitios, apesta a drenaje.

Lo peor, es que sus pozos de donde toman agua para lavar la loza de sus cabañas, está cerca de esas descargas.

La basura la queman porque no siempre llega el carro recolector del municipio, y ellos mismos no se organizan para tener su propia camioneta que recoja los desperdicios, entonces la queman o solamente la van depositando en lugares a lo largo de las carreteras de acceso, provocando tiraderos al aire libre.

La alcaldesa de Acapulco comenzó a regular todo esto, pero se echó encima a la gente, tanto a la que está organizada como a la que anda por su cuenta, y por eso la atinada intervención del gobernador.

La verdad es que el ejercicio que ya comenzó en Acapulco debe trasladarse a otros lugares, al resto de los municipios con vocación turística, para que aprovechando las restricciones por Covid-19, avancemos en estos otros aspectos.

Que de algo haya servido la pandemia.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Como ayer lo decíamos en estas líneas, en el México del siglo 21, hay nuevos héroes que bien merecen ser reconocidos.

No son tiempos de guerras, ni de revoluciones, pero sí hay una guerra que como sociedad y como raza humana estamos librando. El enemigo es invisible, microscópico. Un virus tipo corona, como el del SIDA, que dicen surgió de manera espontánea en un mercado de animales de una provincia de China.

Para los expertos, sin embargo, este virus no surgió por casualidad, ni mutó por casualidad. Ni pasó de los murciélagos a los humanos que gustan comer sopa de esos animalitos en el lejano oriente.

Si nos atenemos a su comportamiento, el Covid-19 es un virus de diseño. Es un virus diseñado para atacar a cada persona de manera distinta, algo que no sucede con otros virus, como el de la gripe, cuyas manifestaciones son similares o idénticas en todas las personas.

Del Covid, en cambio, se tienen por lo menos 6 cuadros de síntomas distintos, y eso ha ido en contra de los médicos, que se prepararon para combatirlo como neumonía atípica, pero que ahora sabemos también puede manifestarse con diarrea, o con una simple gripe que igual como llega desaparece, o bien con fiebre y dolor de cabeza, no siempre con afectación en la garganta y neumonía.

Volviendo al tema, fue muy atinado que el gobierno federal dedicara el acto cívico militar en el zócalo de la Ciudad de México, a médicos y enfermeras del Sector Salud, y que entregara la presea Miguel Hidalgo a los héroes de la pandemia por Covid-19.

La selección de los docentes fue a propuesta de y postulación de pacientes dados de alta de esta enfermedad, así como a personal de salud.

Se entregó una condecoración póstuma al médico cirujano de la Secretaría de Marina, Luis Rey Calderón, quien perdió la vida atendiendo pacientes en el Hospital Naval de Veracruz.

El número de las condecoraciones en grado de Collar corresponde a la edad en la que murió el cura Miguel Hidalgo tras el Grito de Independencia.

“El cálculo, sin reserva, jugándose la vida, minuto a minuto, han actuado muchas personas del gobierno federal durante esta pandemia covid-19”, dijo la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, durante la ceremonia, quien además los calificó como “héroes y heroínas”.

Y sí que lo son. Ayer, México se acercó a las 72 mil muertes por Covid-19, y aunque el subsecretario de Salud afirma que hay evidencias de que la pandemia está cediendo en algunos estados -no en Guerrero-, a nivel nacional las cifras de contagios siguen siendo impactante.

En Guerrero, la Secretaría de Salud estatal informó que el estado acumula 16 mil 855 casos confirmados de Covid 19, de los que sólo 813 de ellos permanecen activos, y registra mil 833 muertes.

Decíamos que aunque no hubo desfiles conmemorativos por la gesta independista, y los “gritos” se dieron casi en privado a lo largo y ancho del país, el evento que presidió el presidente de la República en el Zócalo de la Ciudad de México, fue sumamente especial, pues no sólo se trató de que las Fuerzas Armadas del país se lucieran, sino que todo estuvo dedicado al personal médico y de enfermería, y en general a todos los trabajadores de salud, que han tenido que trabajar como un ejército contra la muerte que acarreó la peste del Covid.

Pero no perder de vista que esto sigue. El peligro del Covid-19 no ha terminado. Al contrario, sigue presente y si nos descuidamos, podría volver a tomar fuerza, como ya está sucediendo en Europa.

Lo dijimos antes de que pasarámos a Fase Amarilla, que siguiendo el ejemplo de España, la apertura de bares y cantinas era lo de mayor riesgo. Y así fue.

Convendría, por lo tanto, trabajar para que volvamos a la fase amarilla, pero cuidando en extremo a este tipo de negocios, mientras lo demás se va recuperando poco a poco.

Sí, sabemos que en todos hay necesidad, pero no por un sector deben de parar los demás. Cada cual vive su realidad, y es obvio que no es lo mismo ir a comer a un restaurante, que salir a bailar y a las “conbebencias” en los bares.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

“Todos los males de la democracia pueden curarse con más democracia”: Juan Bautista Alberdi.

¿Qué está pasando en el partido lópezobradorista? Una verdadera carnicería. Poco falta para que no quede mono con cabeza. La encuesta por la dirigencia nacional, que se aplicará del 26 de septiembre al 2 de octubre, es una pantalla gigante que magnifica las diferencias de este partido que, como dijo Muñoz Ledo, aún no se puede considerar partido, porque le falta organicidad, dijo.

En resumen, Morena es todavía un amasijo de grupos políticos, sociales y económicos, muchos venidos de otros partidos. Es un partido tan joven, al que le llegó el poder tan pronto, que si no despiertan de su marasmo y se restablecen de la fiebre de la piñata del triunfo de 2018, llegarán a 2021 despedazados, y muertos para 2024.

Con sólo saber que en el proceso abierto que está desarrollando el INE, para elegir al presidente y al secretario general del partido, se inscribieron más de 100 aspirantes, y el instituto ya redujo esa lista a 71, de donde elegirán a los 6 candidatos para cada cargo.

Imposible que las 3 encuestadoras contratadas puedan resolver este nudo de aspirantes, y por eso lo limitaron a 6, que no dejan de ser muchos burros para tan pocos elotes.

Algunos comentaristas señalan que lo que sucede en Morena es el reflejo de la cultura antidemocrática del país.

En parte coincido, porque procesos similares ya sucedieron en el PRI, y también en el PAN, donde hace años vimos un choque entre los institucionales y los neopanistas. O lo que vimos entre los tricolores, con Madrazo Pintado y Beatriz Paredez Rangel.

En el PRD sucedió lo mismo con el grupo de Amalia García y Los Chuchos, quienes terminaron apoderándose del partido, desplazando a las demás tribus y convirtiendo la dirigencia del Sol Azteca en un imperio faraónico.

Pero, no sé si sea por el efecto de las redes sociales, o si se trate de algo más grave. Pero lo que está sucediendo en Morena, no tiene nombre. Es una guerra campal. Todos contra todos y no hay visos de conciliación entre los grupos.

Recientemente, cuando Noroña quiso ser presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, haciendo algunos truquillos que aparentemente eran saludables, vino el linchamiento mediático de Mario Delgado, líder de la fracción morenista en la Cámara Baja, quien se apegó a los acuerdos iniciales, y a quien evidentemente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya le había dado línea de que se respetaran los tratos. “No somos iguales”, dijo, en tratando de corregirles la página.

Pero los indignados morenistas, quienes estaban empecinados en desplazar al PRI de su turno en la Mesa Directiva, se abalanzaron en contra de lo que ellos llaman “traidores”, exhibiendo los nombres de los que votaron a favor de que la presidenta de ese órgano fuera la diputada priísta Dulce María Sauri Riancho.

Volviendo al escenario de las encuestas, mucho peor. Es un “todo contra todos”. Hasta el más viejo de los participantes, don Porfirio Muñoz Ledo, le entró a la diatriba, aunque con más bases que los demás.

A todos parece asistirles la razón. Todos tienen un cachito de la verdad. Y si tan sólo se pusieran de acuerdo, Morena sería -como en sus tiempos lo fue el PRD-, no sólo un partido político formado a la sombra del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino un verdadero partido político, en donde todos sus miembros tuvieran los mismos derechos de aspirar a algún cargo, sin tener que ser llamado corrupto, ni vendido, ni traidor.

Lo grave es que, a diferencia de los perredistas, que eran como las buenas comadres (se podrán ofender, pero jamás hacerse daño), los morenistas se están mostrando muy cerrados, nada proclives al diálogo y mucho menos a aceptar las diferencias entre ellos.

Esto, en lugar de ser algo alentador, es algo aterrador.

Todo forma parte de cómo se creado los partidos; y de su relación con el poder político y económico, y por eso cada mono le reza a su santito.

Pero también se observa una grave fata de formación ciudadana política, en las deferentes esferas de la actividad pública. Hay poca madurez de esta organización (ya dijo Don Porfirio que todavía no son un partido) y su llegada al poder tan temprano, en lugar de ayudarles, les está haciendo daño.

Es como aquel que cuando llega a tener, loco se quiere volver.

Claro, hay que resaltar un aspecto grave: la intromisión del Tribunal Federal Electoral, que mandó hacer elección de la nueva dirigencia del partido, cuando en su reglamento interno de Morena está prohibido realizarlo por esta vía. Lamentablemente AMLO ha sido consecuente con esa intromisión, y en realidad desde que renunció como líder de este partido, dejó todo en manos de los grupos internos, que comenzaron a desgarrarse.

Debe haber, y pronto, una amalgama entre partido y movimiento, si quieren Morena para rato.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Septiembre de sismos, inundaciones y desgracias.

Este que a nivel nacional es uno de los meses más hermosos del año, porque el pueblo mexicano celebra las fiestas patrias, para Guerrero es uno de los que más infortunios nos ha traído.

Y para no variar, ayer se registraron dos sismos en la entidad, de magnitud 4.2. Ambos ocurrieron durante la madrugada, en el puerto de Acapulco, lo que desató alarma entre los habitantes.

Y eso nos volvió a todos a la cruda realidad de que estamos en una región altamente sísmica, y que precisamente el mes de septiembre es un mes en el que han ocurrido movimientos telúricos mortales y debastadores a la población

De acuerdo a informes del Servicio Sismológico Nacional (SSN) el primer temblor se registró a 4:54 de la mañana de este domingo, al sureste de Acapulco.

Fue ubicado a una latitud 16.79, una longitud -99.75 y a una profundidad de 10 kilómetros, destacó el SSN en su cuenta de Twitter.

El segundo sismo se registró a las 5:44, localizado a 18 kilómetros al sureste de Acapulco, en una latitud de 16.79, una longitud de -99.75 y una profundidad de 10 kilómetros.

Al amanecer, el gobernador Héctor Astudillo informó mediante su cuenta de Twitter, se activaron de inmediato los protocoles de seguridad. Por fortuna, no se registraron daños.

Claro, el miedo es genuino y justificado. Fue en septiembre de 1985 cuando un sismo con epicentro en Michoacán remeció la Ciudad de México, dejando un saldo devastador de 3,692 muertos, de acuerdo a cifras oficiales, aunque la Cruz Roja Mexicana estimó que el número de fallecidos superó los 10,000.

Fue también en la noche del 7 septiembre de 2017, hace apenas 3 años, cuando se registró un potente terremoto de 8.2, con epicentro en las costas de Chiapas, que dejó un saldo mortal en esa entidad y en Oaxaca. El saldo estimado es de 100 muertos pero los daños materiales fueron cuantiosos, sobre todo en Juchitán, Oaxaca, ciudad que quedó devastada.

Y justo el 19 de septiembre, cuando el país conmemoraba 32 años de la tragedia del 85, y con apenas 12 días de diferencia del terremoto de Chiapas, cuando vino otro sacudimiento de 7.2 grados, con epicentro en la frontera entre Puebla y Morelos, sismo que golpeó severamente -este sí-, al estado de Guerrero, particularmente la Zona Norte, cercana a Cuernavaca.

Sí sabemos que Guerrero es una zona en la que, junto con Oaxaca, se están registrando continuamente sismos. De hecho, son las dos entidades con mayor número de movimientos telúricos detectados por el Sistema Sismólógico Nacional, pero no deja de ser interesante que los más devastadores han sido en el mes de septiembre.

Pero no sólo hemos tenido sismos potentes. También las inundaciones más graves por tormentas y huracanes se han registrado en este mes.

Cómo olvidar a Manuel e Ingrid, meteoros que remecieron la entidad entre el 13 y el 16 de septiembre, con un saldo de daños y pérdidas de vidas aún incalculables.

Y por si algo faltara, fue en septiembre cuando sucedió una de las tragedias más graves de la entidad y del país, con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.

Ese hecho vino a cambiar la vida política de México, y nos colocó como un país con un gobierno genocida. El caso aún no se esclarece, aunque el presidente anunció el viernes que, al cumplirse los 6 años de la desgracia, dará a conocer los avances de las nuevas investigaciones.

En resumen, para Guerrero, septiembre en lugar de ser el mes de la Patria, parece ser el mes de la desgracia.

Este año, para colmo, por la pandemia de Covid 19 no habrá fiestas patrias. Y en lugar de avanzar en el semáforo epidemiológico, retrocedimos.

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