SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Siempre hemos sostenido que la desinformación se combate con información. Y que la falta de oportuna y suficiente información, da pie a la especulación.

Nunca tan claro como ahora vemos el hecho de que la oposición en este país está aprovechando todos los errores del gobierno federal, para sacar raja política. No podemos llamarle otra cosa a este oportunismo patético de legisladores locales y federales, quienes nunca antes se habían preocupado por las desastrosas condiciones del Sector Salud, que como dijo el presidente AMLO desde el inicio de su gestión, estaba mucho peor que el sector educativo, incluyendo a los organismos de asistencia social a derechohabientes, como el IMSS y el ISSSTE.

Es hasta la salida del ex director del IMSS, Germán Martínez Cázares, cuando parece que un asunto tan viejo como la falta de medicamentos, de falta de médicos y enfermeras en hospitales y centros de salud de todo el país, cobró vigencia y los vemos desgarrándose vestiduras.

Pero la diferencia entre antes y ahora es que el presidente de la República está aceptando el desastre, en lugar de taparlo. “No hay médicos, no hay medicamentos. Y estamos trabajando para que los haya, pero era un desastre, un desbarajuste por completo. Ya les he dicho que está peor el sistema de salud que el sistema educativo”, dijo ayer, al precisar que la diferencia es que ahora este tema sí se discute.

Estamos en desacuerdo, sin embargo, en la retención de recursos para el sector. Entendemos que aunque la corrupción ahí se tiene que erradicar, debe ser sobre la marcha, y no retener los dineros hasta que se tengan afinadas las redes de compra y abasto, sino que eso debe hacerse sobre la marcha.

El presidente quiere hacer todo de golpe, pero no le será posible. Es obvio que está concentrando en Hacienda la proveeduría de medicinas e insumos, mediante un comité único de adquisiciones, que permitirá hacer compras por anticipado abatiendo de manera extraordinaria el gasto, porque parece que no hay dinero que alcance.

Por ejemplo, explicó que el desvío de recursos por esta vía es fenomenal, al grado de que un medicamento que costaría 40 pesos en un esquema de compras consolidadas, en los estados de la República y en los hospitales lo adquieren hasta en 2 mil pesos.

¿Cómo logran hacer eso? Simple. Hacen compras de última hora, dejando que los productos se agoten. Entonces, como se trata de compras de urgencia, los laboratorios aplican las tarifas que quieren con el argumento de que no tienen capacidad para producirlos y que forzarían su planta productiva. Pero como se trata de un tema de salud, nadie respinga, aunque el problema sí tenga solución y está relacionada con la planificación. Simple. Pero obviamente tampoco esto es una omisión inocente, sino que se recurre a ella para justificar compras a precios sobre-inflados, para poder sustraer recursos del sector y desviarlo a los bolsillos privados de los administradores.

¿Podrán engañarnos y decirnos que todo el problema en Salud comenzó de hace medio año a la fecha? La verdad es que esto es el pan de cada día, y ya se informó harto que el Seguro Popular, mediante el cual se transferían a los estados jugosas partidas para la adquisición de medicamentos en insumos, fue desfalcado a tal grado, que la Secretaría de Salud está en bancarrota total.

Aquí en Guerrero ya se han manifestado los directores de los principales hospitales, como el de Chilpancingo, denunciando que carecen de todo, pero nada cambia.

Según la diputada Nilsan Hilario Mendoza, la corrupción en Salud es extraordinaria y en diciembre pasado propuso un exhorto a la Auditoría para que se revisara a la dependencia que dirige el doctor Carlos de la Peña Pintos, y aunque ese exhorto fue aprobado por unanimidad, nada se sabe al respecto.

Perredistas, priístas y panistas pidieron ayer que se le pida al gobierno del estado que informe acerca del impacto que la retención de recursos de salud tiene en Guerrero, sobre todo porque el mismo presidente aceptó que hay desabasto, algo que ningún gobernante debe decir, claro, porque todos hablan entre líneas.

Pero no vayan lejos, señores diputados. Tienen entre ustedes a Verónica Muñoz Parra, quien fue secretaria de Salud durante el gobierno de René Juárez Cisneros, actual diputado federal y ex senador de la República, misma que conoce al dedillo como las arañas tejen su nido en ese reducto.

No olvidar, por favor, que la señora Muñoz Parra fue denunciada penalmente por el gobierno de Zeferino Torreblanca por desviar recursos de salud a campañas políticas. Desde entonces, el partido viene colocándola en cargos legislativos, para protegerla, por si las moscas.

La retención de dinero para programas de salud no es correcta y ni siquiera el combate a la corrupción la justifica, pero tampoco es correcto que los que ayer se hicieron de la vista gorda, sobre todo ante tanta denuncia por falta de medicinas, médicos y maltrato en general a los pacientes, ahora se desgarren vestiduras. La hipocresía política en su apogeo.

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

Mando civil a la Guardia Nacional

Mis estimados, el martes fueron aprobadas por el Senado de la República, las cuatro leyes reglamentarias de la Guardia Nacional, en las que se pacta el mando civil de los uniformados de esta corporación. Así mismo, se fijan los protocolos para su atención, además de establecer los derechos de antigüedad y prestaciones de los militares en tareas de seguridad pública.

También se garantizan los derechos de quienes ingresan a la Guardia Nacional provenientes de las Fuerzas Armadas.

Pero amárrense el cinto para que no les duela la barriga, porque viene lo mejor del tema de la Guardia Nacional. Apenas en el pasado mes de abril, medios nacionales revelaron que estados y municipios, junto con la Federación, tendrían la responsabilidad de pagar por las actividades de la corporación; sin embargo, al otro día, en su entrevista mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esa parte sí estaba contemplada, pero que él pediría que fuera eliminada, a fin de que ni los estados ni los municipios tuvieran que desembolsar nada cuando los guardias nacionales se movilizaran en sus territorios.

Incluso, en los primeros días de mayo, la jefatura de prensa del mandatario federal dijo que ya tenían el dinero etiquetado para pagar a la Guardia Nacional, que recibirían 17 mil 200 millones de pesos para el arranque de operaciones de este año.

Hasta el momento, dijo el presidente AMLO, se han liberado 4 mil millones de pesos para pagar el sueldo de quienes serán reclutados.

En esa misma entrevista expuso el presidente AMLO de dónde saldría el recurso para la Guardia Nacional. Sin embargo, el pasado martes, día en que el Pleno del Senado aprobó las cuatro leyes reglamentarias de la Guardia Nacional, el cuadro económico para el pago de esta corporación se pintó diferente.

Cabe hacer mención, mis estimados, que fueron modificadas casi un 70 por ciento de las propuestas del Ejecutivo Federal, aprobándose así la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley para Uso de la Fuerza Pública, la Ley del Registro de Detenciones y las modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Con esas modificaciones realizadas, resulta entonces que el financiamiento de la Guardia Nacional quedó tal cual la propuesta original; es decir, que la Federación, junto con las entidades federativas y los municipios, deberán aportar para el sostenimiento de este cuerpo de seguridad.

Pues ya valió chichi de iguana la Guardia en Guerrero. Y les hablo de la entidad suriana porque cada quien sabe lo que carga en el morral; aquí hay regiones con municipios jodidos, que no tienen recursos suficientes y apenas sobreviven con los ingresos propios que llegan a esos ayuntamientos, pero luego los desvían los alcaldes. Entonces, ¿de dónde canijos van a desembolsar la cantidad de dinero que les toque para la Guardia esos presidentes? Y saldría lo mismo que ahora, porque la mayoría de los ayuntamientos tienen una policía desnutrida, con uniformes pajizos, mal pagados, mal comidos. Fea la cosa, pues, para que me entienda. Y lo peor del cuadro es hay municipios que no tienen ni corporaciones municipales, sea porque les inhabilitaron a los policías, sea porque de plano son un puro membrete, con personas con uniforme pero sin certificación. Esto es cierto y es muy grave.

¿Y saben por qué no tienen dinero los ayuntamientos?  Algunos, por razones obvias que ustedes ya comprenden.

Además, aprovecho para alertar a las autoridades estatales que en la víspera de las lluvias, en varios municipios no cuentan con instalaciones de Protección Civil, ni siquiera precarias; no hay, ni se tienen elementos capacitados. Lo que hay son voluntarios y no tienen equipo para actuar en caso de desastres. Es bien importante que tomen cartas en este asunto, sobre todo ahora que el gobernador Héctor Astudillo Flores encendió el semáforo de alerta a todos los presidentes municipales, pues en caso de desastres en sus municipios son los alcaldes los principales responsables en caso de que se registre alguna tragedia.

Entonces, señores presidentes municipales, manos a la obra y busquen recursos para comprar equipo, al menos lo prioritario que se necesite en caso de una contingencia y estar preparados. Es una recomendación, mis estimados, pues es mejor prevenir que lamentar, y con estas altas temperaturas debemos estar preparados para todo.

Seguimos con la Guardia, ya que la zona centro del país que comprenden los estados de Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Edomex, CDMX y Morelos, está catalogada la región con los índices delictivos más altos. Así lo reveló el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Leonel Cota.

El funcionario aseguró que la Zona Centro del país se complicó en materia de seguridad, por lo que es prioridad para la Guardia Nacional.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, dijo por su parte que los primeros estados que recibirán a la Guardia Nacional, entre fines de junio y principio de julio, son los de la Zona Centro, a donde enviarán 450 y 600 guardias a cada región. Pues éxito a la Guardia y que venga lo mejor para el México lindo y querido.

Una de las leyes aprobadas por el Pleno del Senado es la que erradica el uso de la fuerza letal contra manifestaciones y protestas, y se mantiene un irrestricto respeto a los derechos humanos, habiendo un protocolo para combatir la inseguridad en el país.

Ya veremos, dijo un ciego.

Y otro tema mis estimados, casi me desmayo de la emoción al ver los carrazos que exhibió el presidente Andrés Manuel López Obrador, para la subasta que se realizará el próximo domingo, y ese dinero se destinará a los municipios pobres para invertirlo en obras.

Esos autos “machuchones”, AMLO dixit, se los decomisó el gobierno federal a los innombrables y a políticos corruptos. Entre ellos hay un Lamborghini Murciélago, dos Porsches, dos Corvette, entre otros autos más de lujo.

Sin embargo, viene la pregunta del millón: ¿Quiénes se animarán a comprar esos autos?

Si su servidora tuviera los chelines para adquirir un auto de esos, como decía Manteco, un muchacho de mi rancho, ni loca los compro. Jojojo.

¿Y que creen, mis estimados? Les hizo justicia la Revolución a los acapulqueños, pues resulta que la Auditoría Superior del Estado (ASE), finalmente determinó inhabilitar a tres ex funcionarios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), del trienio del perredista Evodio Velázquez Aguirre, entre los que están el ex director de la paramunicipal, Javier Chona Gutiérrez, el cual tiene que reembolsar un total de 146 millones 922 mil 607 pesos, según revelo el auditor Alfonso Damián Peralta.

Los otros ex funcionarios son el ex director de Finanzas y Administración, Guillermo Adolfo Galeana Salas, y el ex director de Operación, Juan Antonio Ramírez Valle.

Les cayó la tartamuda a los ex funcionarios acapulqueños. Según datos, no se había dado una resolución contra ningún funcionario. Es la primera vez que se mira una situación de este tipo. Además que se exige a los ex funcionarios resarcir el daño y deberán regresar lo robado.

El director general como el de Finanzas, deberán resarcir 138 millones 2019 mil 607 y el ex director de Operaciones 8 millones 703 mil pesos. Igualmente los tres quedan inhabilitados para ocupar cargos públicos en los que se maneja dinero; el director por 10 años; el de finanzas por nueve años y seis meses; y el ex director de Operaciones, por tres años, expuso el auditor Alfonso Damián.

En las redes sociales se dijo que el ex presidente perredista, Evodio Velázquez Aguirre, había sido inhabilitado para ocupar cargos públicos por la ASE, pero no es cierto. La autoridad en ningún momento hizo mención del ex alcalde porteño, no sean mala leche. Por eso Evodio de inmediato desmintió el rumor en su perfil de Facebook. “Yo no he sido inhabilitado para continuar con mi vida política y profesional, sigue la persecución y el revanchismo político contra mi persona. ¡No me voy a dejar! Yo voy a seguir hablando de frente y con la cara en alto a la ciudadanía de Acapulco”, señaló. ¿Qué tal?

Que no olvide Evodio Velázquez que no hay quien escupa al cielo, que no le caiga en la cara, eso reza un viejo pero bien viejo refrán.

Editorial…

Primero castigar

Un principio jurídico fundamental en los países con estado de derecho es que toda persona es inocente mientras no se compruebe su culpabilidad. Primero se juzga y solo si se determina una responsabilidad se sanciona. En los países autoritarios, en cambio, primero se castiga y después se juzga. México está en este último grupo.

La muy parchada constitución mexicana incorpora todavía la presunción de inocencia en su artículo 20, el cual establece que todo imputado tendrá derecho “a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”. Al mismo tiempo, tenemos una lista de delitos llamados “graves” en los que se aplica “prisión preventiva oficiosa”, que no es otra cosa que castigar antes de juzgar. Lo peor es que el gobierno y el legislativo están ampliando el catálogo de estos delitos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece en su artículo 11: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.” La actual versión de la constitución mexicana, sin embargo, elimina la presunción de inocencia en casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con armas y explosivos, y delitos graves contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. El presidente está buscando incluir entre estos “delitos graves” la corrupción, las faltas electorales, el abuso sexual a menores y el robo de combustibles. Ayer, en uno de esos desplantes de una lógica peculiar, un non sequitur dirían los lógicos, preguntó cómo era posible respetar al INAI cuando la institución se creó en los tiempos del neoliberalismo en que se eliminó la clasificación de corrupción como delito grave.

         La verdad es que la ampliación de los llamados delitos graves es muy preocupante. El presidente está aprovechando el enojo de la sociedad ante la impunidad, pero castigar antes que juzgar no ayuda a disminuir la impunidad. “Tal vez la medida sea de utilidad política -escribió en Reforma el 7 de marzo Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos–, pero en modo alguno corregirá los problemas de fondo ni acabará con la impunidad, además de generar el riesgo de que se cometan abusos en contra de personas inocentes.”

         En los países donde prevalece el estado de derecho no hay listas de delitos graves que obliguen a los jueces a encarcelar primero y después juzgar. Cuando un detenido es considerado peligroso, o tiene antecedentes que permitan suponer que tratará de evadirse de la justicia, se puede aplicar la prisión preventiva, pero nunca de forma sistemática y menos obligatoria.

         Dado que en estos delitos graves la sola acusación basta para encarcelar a un inocente, es muy preocupante que se aplique a delitos como corrupción o robo de combustible, que pueden tener motivaciones políticas. Bastará con una acusación del presidente o su fiscal para encarcelar durante varios años a un enemigo político, aunque los tribunales lo declaren inocente después. Esta arma es particularmente peligrosa en manos de un gobernante que dice que va a someter a consulta popular la decisión de si acusa o no de corrupción a sus predecesores.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

La Secretaría de la Contraloría estatal, anunció ayer la creación de comités de vigilancia, sobre los ocho programas sociales que aplica la Federación en el estado.

De esta manera, el gobierno del estado pretende mantener un estricto control sobre estos programas, desde la base social, para evitar actos de corrupción y sobre todo el uso de estos programas con fines electoreros, que es lo que realmente les preocupa.

Conocedores de cómo funciona este asunto de los programas sociales, mediante los cuales el régimen ha venido aprovechando los altos índices de pobreza para engordar sus parcelas políticas, no desaprovecharán la oportunidad para ejercer control social de ellos.

De hecho, se tienen convenios para que se constituyan comités de Contraloría Social, y capacitaciones para que las y los beneficiarios de los programas sociales conozcan las reglas de operación de cada uno de ellos.

¿Qué harán estos comités? Darán seguimiento, recopilación de cédulas de la vigilancia, y atención a quejas y denuncias.

Interesante de verdad esta iniciativa, pero eso es algo que debió hacerse desde hace mucho tiempo,  no sólo ahora. Al contrario, por ejemplo, aunque cada ramo de inversión federal tiene sus propias reglas de operación, en las que se incluye la vigilancia ciudadana, ésta generalmente era opacada, comprada o de plano suprimida por los gobernantes.

El Ramo 33, por ejemplo, depende de un Consejo de Planeación Municipal, en la cual hay un consejo de vigilancia. Además, para cada obra se debe contar con un comité ciudadano, mediante el cual los beneficiarios de las obras ejercen su derecho a la vigilancia, debiendo recibir copia de los expedientes técnicos, pero nada de esto se cumple en la práctica.

En cuanto a los programas sociales, nada. Se ejercían hasta hoy a ojo de buen cubero, al grado de que en la reciente entrega del programa Un cuarto Más, la Sedesol estatal cobró 1,500 pesos a cada beneficiario, aunque son gratuitos. Trascendió que este negocito lo armó el titular, Mario Moreno Arcos, con la ayuda de dirigentes y regidores del tricolor en los municipios, quienes se adjudicaron los folios por montón, y cada uno de ellos lo distribuyó entre sus conocidos y parientes.

En cuanto a los programas sociales, ni para qué quejarnos, porque a pesar de que eran ejercidos por la Federación, en los delegados de las dependencias federales, y estos a su vez se entendían con los funcionarios estatales, así como con los vocales y representantes en los municipios.

Si pensamos que había control alguno, basta conocer los escandalosos desvíos de la Sedatu y la Sedesol. La primera, se atascó con los recursos del plan de reconstrucción en Guerrero, tras la tragedia de Ingrid y Manuel. La reubicación de comunidades y colonias fue ocasión para desvíos tan graves, que es hora que ese proceso no se concreta. Y, lo más grave, que no hay nadie que resuelva el problema de los damnificados.

Por eso, qué bueno que ahora sí el gobierno estatal vaya a facilitar el derecho de los ciudadanos a ejercer una contraloría social, y que por primera vez en nuestra historia podamos todos vigilar la manera en que se ejercen los programas sociales, denunciar toda irregularidad y tener la certeza de que se investigará.

¿Cuántos de nosotros hemos sabido que personas pudientes reciben, por ejemplo, las becas de Prospera? Pero nada se podía hacer, pues el programa estaba controlado por “vocales” y oficinas de enlace que hacían muy difícil tanto la denuncia, y mucho menos las sanciones. Y lo más grave es que todo aquel que protestaban, simplemente lo daban de baja, y de eso se encargaban las vocales.

Todo eso se termina. Los beneficiarios recibirán su dinero mediante tarjetas bancarias. Pero todavía falta por vigilar la actuación de los “Servidores de la Nación”, que andan censando a las personas en situación vulnerable, sobre todo porque se tiene la noticia de que son los ex candidatos y otros aspirantes de Morena los que están manejando estos grupos, y finalmente todo llega al delegado del gobierno federal, Pablo Sandoval Ballesteros.

Con los comités de contraloría social, el gobierno del estado pone un pie adelante sobre todo a Pablo Sandoval, quien abiertamente aspira a ser gobernador de la entidad.

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

Acuerdo con delincuentes, arma de doble filo

“El ser humano es un mero mortal con defectos y virtudes, y no adquiere entidad divina por el hecho de desempeñar un cargo público”: Ibiza Millán.

Sin duda, el tema del indulto y perdón a delincuentes, propuesto y aprobado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, mis estimados, es un tema complejo y alarmante por donde usted lo vea, pues es difícil confiar en la palabra de estas personas, ya que ni a su familia respetan cuando se deciden a realizar actividades ilícitas, cuanto menos van a respetar la palabra pactada con el gobierno.

Sin embargo, como reza el refrán, no hay peor lucha que la que no se hace; además, ya hay otras alternativas y la situación que vive el estado de Guerrero, que es la entidad que nos ocupa a los guerrerenses, es muy grave y deben parar cuanto antes los ríos de sangre porque el estado sureño vive del turismo, además de otras actividades que también ya no son negocio y el crimen organizado está matando a la gallina de los huevos de oro en la entidad.

La propuesta del presidente AMLO fue bien recibida por gobernadores y congresos locales, pues la inseguridad y violencia no sólo tiene de cabeza al estado de Guerrero, está patas arriba el país entero; por eso los presidentes municipales y diputados locales, ante el riesgo y costo que esto conlleva, principalmente con los deudos, apoyaron varios de ellos la propuesta del mandatario federal de cancelar los procesos judiciales contra los delincuentes, siempre y cuando los afectados les concedan el perdón.

La presidenta de Acapulco, Adela Román Ocampo, festejó que se busquen vías para apaciguar el país; incluso le dio gusto el decreto del mandatario federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación hace ocho días, pues para nadie es un secreto la descomposición que vive el municipio de Acapulco, el más golpeado por el crimen organizado, y donde la presidenta ya no siente lo duro sino lo tupida de los fregadazos. Por eso ella acepta lo que venga, con tal de apaciguar el municipio que gobierna.

Cabe hacer mención, mis estimados, que de acuerdo con el documento Estrategia Nacional de Seguridad publicado el pasado jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el gobierno de la República propone varios modelos de justicia transicional que incluyen desarme, desmovilización, reinserción social, reducción de penas, amnistías condicionadas al perdón de las víctimas y negociaciones con los grupos delictivos condicionadas a la “plena colaboración con la justicia, manifestación inequívoca de arrepentimiento y reparación del daño”.

¡Wow! Lo que no se atrevieron a hacer gobiernos anteriores, lo hará AMLO, sobre todo lo de los acercamientos con los grupos delictivos, pues finalmente aunque la amnistía es la que más está dando de qué hablar, esto no será tal cual, porque una amnistía la concede el Estado, mientras que en este caso serán los familiares de las víctimas los que perdonen a los victimarios y retiren los cargos, con lo cual en automático se desdibuja la acción penal, creo yo, porque debo reconocer que no soy experta en temas judiciales.

El fondo de este tema puede ser un arma de doble filo; sin embargo, insisto que no hay peor lucha que la que no se hace, aunque el costo resulte muy alto para el gobierno en caso que no funcione el plan.

La síndica de Gobernación y Seguridad Pública, Leticia Castro Ortiz, indicó que el perdón no es como el que dan las iglesias, sino que “este perdón es legal y político”.

No obstante, mi estimada Leticia Castro Ortiz, no son las iglesias las que perdonan al hombre, es Dios el único que perdona el mal, no el hombre ni los políticos.

El plan de AMLO en letra se lee bonito, pero en los hechos no será nada fácil. Y que conste que no soy negativa, pues en serio hay mucho alacrán ponzoñoso y apaciguar a los alacranes va estar cañón, dijera el curita del chiste.

Los diputados de Morena dieron todo el respaldo al decreto del presidente AMLO. Los legisladores del PRD y PRI, más prudentes, piden analizar más el tema.

El senador priísta Manuel Añorve Baños, dijo “sería muy malo” que el gobierno federal haya iniciado pláticas con grupos delictivos para proponerles reducción de penas, como se plantea en su Estrategia Nacional de Seguridad, si no lo han hecho primero con las víctimas, para obtener el perdón condicionado de las personas afectadas.

Y pues no olvidemos a los activistas y familiares de víctimas, los cuales le reprocharon en su propia cara al presidente AMLO, con la consigna de “ni perdón ni olvido” ante la propuesta de reducción de penas, amnistía e indulto previo perdón de las familias víctimas.

Lo cierto es, mis estimados, que el plan propuesto por el presidente AMLO hasta al momento es visto con buenos ojos por parte de presidentes municipales y organizaciones civiles, pues el país se tiñe de sangre a diario y ya no hay manera de decir si estamos de acuerdo o no los ciudadanos con la decisión tomada por el gobierno, ya que no le han funcionado las estrategias establecidas para combatir estos grupos delincuenciales; por el contrario, entre más gente les atrapan más se reproducen, y eso tiene nervioso a los gobernantes; por eso optaron por negociar con ellos, pues hasta reza el refrán que “si no puedes con el enemigo, únete a ellos”. Jejeje.

En otro tema, mis estimados, y para no variar en casos de violencia contra la mujer, consternó al municipio de Tecpan de Galeana el asesinato de Marlen Ochoa Urióstegui, en Chicago, Illinois. Ella es una jovencita de 19 años de edad a la que le abrieron el vientre para robarle su bebé.

Según la nota, los asesinos fueron una mujer, su amante y su hija. Estos están detenidos como los presuntos asesinos de Marlen y para acabarla de molar es latina la presunta asesina, y no dude que hasta son paisanas.

Ellos son Clarisa Figueroa, de 46 años; su hija Desiree Figueroa, de 24 años; y el novio de Clarisa, Piotr Bobak.

Aterradora la muerte de esta chica. Qué terrible cuadro, mis estimados, pensé que sólo en nuestro México pasaban estos crímenes, pero me quedé muda, al ver que es una latina la que mató a una jovencita que apenas comenzaba a vivir.

Marlen desapareció y estuvo perdida casi tres semanas. Los relatos indican que la mujer criminal enlaza a sus víctimas por Facebook, pues ahí encontraron datos que llevaron a la Fiscalía de Chicago a dar con el paradero de Ochoa Urióstegui.

La presunta asesina ofreció ropa para bebé a Marlen y ésta salió en busca del regalo, y apareció tres semanas después, muerta en el mismo barrio donde fue por la ropa.

Según las autoridades, estas mujeres usan el gancho de la ropa para atraer a mujeres embarazadas y sacarles al bebé, y luego matan a la madre. Que horror. Este suceso estremece a la cualquier persona.

El gobernador Héctor Astudillo Flores, apoyó a los abuelitos de Marlen para que asistieran al funeral de su nieta. De verdad, qué triste cuadro.

Escribo el relato, mis estimados, para que vigilen a los hijos. Las redes están envenenado la mente de sus retoños. Datos recientes indican que menores de 9 años están visitando páginas de pornografía y son cifras altísimas de menores y adolescentes, y eso descompone la vida de sus hijos. ¡Aguas!, porque también esas redes los vuelven víctimas de los malvados.

No en balde son incorregibles los adolescentes en la secundaria, nivel educativo en el que se detectó alto índice de violencia escolar, concretamente en tres secundarias del puerto de Zihuatanejo, por si tenían duda.

No es chiste, mis estimados. En la primaria, los docentes tienen que estar alertas porque los niños manejan conductas muy raras, son demasiado agresivos y groseros: hay pequeños que golpean a las niñas a puñetes, con odio, y cuando los maestros los corrigen dicen que así le da su padrastro a su mamá y que por eso ellos golpean igual (omito las palabras obscena que dijo el niño).

Estamos en problemas, mis estimados, y los padres creen que los maestros tienen la obligación de enseñar valores a sus hijos; pero no, los valores los aprenden los niños en casa. Decía mi madre que los valores se maman, para decir que los padres eran el reflejo de los hijos. Si ellos ven golpes y escuchan gritos y groserías, las repiten. La mente de un niño es una esponja, todo se graba.

Nunca es tarde para que el gobierno efectúe programas de “Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia con Participación Ciudadana FORTASEG2019”,  incluso lo deben establecer en todas las instituciones de nivel primaria, secundaria, preparatoria y universidad, pues todos los estudiantes requieren orientación en ese tema.

Editorial…

La loca de Jesusa

A Jesusa Rodríguez la conocía un sector del país por su apoyo al plantón de López Obrador, por su trayectoria como directora y actriz de teatro o por su trabajo como cabaretera, pero recientemente su entrada a las redes sociales la convirtió en tema de debate nacional digital por sus comparaciones de las mujeres con las vacas y otros animales no humanos, así como por hablar de la Conquista y los tacos de cerdo o por relacionar el desconocimiento del clítoris con la ignorancia de las propiedades de la mariguana. La loca de Jesusa, le han dicho en redes. Bendita locura.

Entiendo al feminismo como una gran herramienta teórica para promover la justicia y entender las distintas opresiones a las que están sometidos los cuerpos de las mujeres y con el regalo del concepto del género, la teoría feminista abrió nuevas rutas para entender las causas de la desigualdad y la injusticia, no sólo para las mujeres cisgénero y el movimiento feminista, sino para otros movimientos identitarios como el LGBT. Jesusa tiene múltiples identidades: es feminista, lesbiana, ecologista, animalista, subversiva, pero no le gusta que la cataloguen ni le gustan las etiquetas, ella vive su vida y defiende sus causas.

El pasado 8 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Jesusa hizo explotar las redes al mencionar que “no debemos olvidar en el día de la mujer a las hembras de todas las especies que están siendo explotadas por la industria alimenticia de una forma brutal… todas las hembras de todas las especies son iguales” y remató diciendo “la lucha feminista si no es antiespecista no es”. Tiene razón.

Jesusa lleva una dieta vegana, desde hace ya 8 años. Es decir, no consume productos provenientes de animales y va por el mundo tratando de convencer a otros a que abandonen el consumo alimenticio de cadáveres de animales. Tiene un tono de voz dulce, pero firme y en el momento en el que yo pido unas enchiladas para desayunar me siento culpable porque las pido con queso. Yo tengo 19 años sin comer carne roja, pollo, cerdo, pero sí consumo aún pescado, huevo y quesos, pero para Jesusa no es suficiente: “algún día comer animales será vergonzante”, me dice.

La lucha feminista tiene una vertiente con el ecologismo y el veganismo. Desde fines de los años setenta, varias teóricas feministas desarrollaron estas conexiones, tratando de explicar que la explotación de la Madre Tierra, del planeta, se puede entender como una explotación patriarcal y que ésta vulnera especialmente a las mujeres más pobres del llamado Tercer Mundo. En 1990 la teórica y activista Carol J. Adams publicó La política sexual de la carne: una teoría crítica feminista-vegetariana, un libro que se convirtió inmediatamente en un clásico.

Desde el Senado Jesusa impulsará una agenda de derechos para los animales no humanos. Prohibir las corridas de toros es uno de sus temas, pero dado que ocupa la curul que dejó Olga Sánchez Cordero también promueve la regulación del mercado de la mariguana, así como el derecho a decidir. Aunado a esto, impulsará la protección del maíz mexicano y la proscripción de los transgénicos.

La hoy senadora impulsa esas agendas y comunica los temas en las redes, aunque a veces en su intensidad se pierdan los mensajes al mezclar varias causas. El antiespecismo (creer que la especie humana es mejor o superior a las demás), el feminismo y el goce de la sexualidad, el anticolonialismo y el uso medicinal y lúdico de la mariguana. Por ello la llaman la chaira y loca del Twitter, pero su locura lleva mucha razón y representa a un sector de la población y una demanda histórica de los defensores de los derechos de los animales no humanos. Como escribió Isaac Bashevis Singer, premio Nobel de Literatura, “en relación a los animales, todos los humanos somos nazis”, lo mismo piensa J.M. Coetzee, Peter Singer y, claro, la loca de Jesusa…

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El gobierno de AMLO, pese a las buenas intenciones del presidente, va dando tumbos. Ayer renunció al IMSS uno de los hombres que considerábamos más útiles dentro de la administración federal, el ex panista Germán Martínez Cázares, quizás el que más claro tiene los principios de la Cuarta Transformación.

Martínez Cázarez se convirtió desde el inicio de este gobierno en un duro crítico del cochinero que encontró en el IMSS, y fustigó a los gobiernos anteriores panistas y priístas, por permitir que las cuotas de los trabajadores se usaran para que unos cuantos protegidos del régimen amasaran fortunas, mientras que la infraestructura del instituto, que no es oficial, sino de propiedad tripartita (gobierno, patrones y trabajadores), se caía a pedazos, así como las clínicas y hospitales se vaciaban de medicamentos y materiales de curación.

De verdad que tanto el IMSS como el ISSSTE y la Secretaría de Salud están ante una situación tan crítica, que debiera declararse emergencia nacional, y aunque se está en espera de una reestructuración, mientras eso ocurre también está presente el fantasma de la corrupción, que podría hacer abortar el proyecto lópezobradorista en materia de salud.

En su carta de renuncia, Germán Martínez Cázares fue enfático al señalar las causas de su renuncia a la dirección general del IMSS, y acusó a funcionarios de la Secretaría de Hacienda de ejercer un control absurdo sobre los recursos del instituto, cuando lo que debiera priorizar es al ejercicio oportuno de los mismos, pues en materia de salud cualquier ahorro o subejercicio resulta ser criminal, ya que de la inversión dependen vidas humanas.

¿Qué hizo el presidente? Lamentó la renuncia de Martínez Cázares, pero respaldó al titular de Hacienda, cuya encomienda es que haya finanzas sanas en el país.

Sobre el relevo en el IMSS, dijo que “hay muy buenos servidores públicos para sustituir a quienes no están conformes, y además son libres, no se puede tener a nadie a la fuerza, hay que trabajar con convicción y a gusto”.

AMLO también anunció que habrá otras renuncias en su gabinete, y que eso es normal.

Difiero con el presidente acerca de que hay sustitutos de Martínez Cázares. Porque como éste mismo dijo, hay gente más preocupada en el cargo que en el encargo, dos cosas totalmente distintas. Una cosa es ocupar un lugar en la administración, nadar de a muertito o fingir que se trabaja, y otra muy distinta es dar resultados, y enderezar las sendas torcidas.

Martínez Cázares sabía que sin un adecuado ejercicio presupuestal, sus propias metas no serían cumplidas, y por ende tampoco las del presidente de la República, quien prometió combatir la corrupción, pero también mejorar los servicios y, en el caso de salud, rescatar a las instituciones que prestan este servicio que es un derecho constitucional para los mexicanos.

Es obvio que el presidente busca que se controle el destino de cada peso en su gobierno, pero también debe ser verdad que para eso eligió a los mejores hombres y mujeres para sacar adelante los trabajos. Y todos sabemos que con dinero baila el perro, y sin dinero Martínez Cázares sólo tendría la opción de hacer lo de sus antecesores: poner cara de chacape ante las infames condiciones en que opera el IMSS, mientras el recurso de las cuotas sindicales y patronales se desvía, como también sucede en Salud, que ha venido a ser la caja grande de un puñado de burócratas, tanto a nivel nacional como en los estados.

¿Quién sustituirá a Martínez Cázares? Es lo de menos. Porque si no cambia la política de inversión del gobierno federal, y si persiste el control de los dineros del IMSS, quien le supla muy poco podrá avanzar y será, como dijo el ahora ex director, “un florero”.

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

Los más pobre son perjudicados con la eliminación de Prospera

De principio de año, mis estimados, cuando ya era presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo mucha presunción en relación a los programas sociales de este gobierno, así como de otros programas de salud. Incluso, el mandatario aseguraba que no se eliminaría ningún programa social y hasta se mofaba del gobierno anterior. “No quitaré Prospera, como por ahí andan diciendo que quitaré Prospera; no lo voy a quitar, seguiré con el programa y se agregarán otros”, dijo.

Sin embargo, en la vida real, como dice un programa televisivo, el dichoso Prospera salió violando del gobierno de Morena, un programa que según registros oficiales otorgaba recursos a casi 7 millones de familias mexicanas para que tuvieran buena alimentación, salud y educación.

Así mismo enlazaba a personas con proyectos productivos.

El mandatario federal expuso en varios estados que los programas que ahora van en apoyo de niños, adultos mayores y personas con discapacidad, se denominan “Programas Integrales de Bienestar”, y en ese discurso recalcó el mandatario que son programas dirigidos a quienes más lo necesiten, para generar oportunidades de desarrollo y de paso hacer frente a la inseguridad y la violencia.

Y repitió uno de tantos de su slogan de campaña: “No puede haber trato igual entre desiguales. Primero hay que darle la mano al que quedó atrás. Esa es la justicia”, repetía el mandatario.

No obstante, esa linda frase de “Primero los pobres”, quedó bien lejos de cumplirse por el gobierno de Morena, pues no están siendo los pobres los apoyados por el presidente AMLO. Y lo peor es que los niños y sus familias resultaron ser los más perjudicados; ellos están viviendo un momento egoísta para el que no se prepararon sus padres, y para muestra un botón: El programa Prospera se llevó entre patas a los más pobres de este jodido país, pues antes los padres si tenían cuatro hijos, los cuatro recibían Prospera, con sus becas para educación y salud; pero ahora, desde que tomo el mando Morena, los apoyos se acabaron y los más afectados con la pérdida del programa son los chamacos, pues los padres, al ver que les daban dinero por cada hijo, se pusieron a parir el montón de guaches y ahora que ya no tienen el apoyo, está cañón para mantenerlos y mandarlos a la escuela a ocho o nueve pequeños en edad prescolar, mayormente.

Y para las regiones del estado de Guerrero, donde hay personas en pobreza y extrema pobreza, el problema es mayor, pues centenares de niños no podrán seguir la escuela y tampoco tienen atención médica. La Secretaría de Salud se fue junto con Prospera.

En algunos municipios, las madres ya comenzaron a dar de baja a sus hijos en el kínder, pues no tienen dinero para que sigan en prescolar, y dicen que las educadoras piden mucha cooperación y ellas apenas ganan 60 pesos diarios.

Y varias familias sacarán de la primaria a sus hijos para que trabajen en el campo o de lo caiga, dicen las señoras, pues se necesita dinero para comer, no para estudiar.

Cabe hacer mención, mis estimados, que al Prospera lo remplazaron las Becas para Bienestar Benito Juárez. Esto se publicó el pasado mes de febrero; sin embargo, las quejas de la población son en el sentido de que no les ha llegado la información completa de esas dichosas becas y tampoco han sido censadas muchas familias; por lo menos en zonas guerrerenses.

Comprensible es también por los altos índices de violencia. ¿Quién gorros quiere ir a las comunidades lejanas a hacer un censo? Nadie, pues.

Las madres aseguran que Prospera dejó de funcionar desde el pasado mes de enero y ellas comentan que ni la beca de educación básica han echado andar.

No obstante, el golpe bajo que recibieron las madres fue que sus hijos menores de cinco años quedaron fuera, pues también los apoyos en materia de salud fueron cancelados por el gobierno de Morena de manera definitiva.

El duro golpe a las familias más necesitadas que tienen hasta siete pequeños en casa, es fuerte, pues ellos mismos se lamentan que definitivamente no tienen dinero para que un pediatra atienda a sus hijos y antes esa atención era gratuita.

La neta, su servidora nunca he estado de acuerdo en que le den dinero a la gente, pero atención en materia de salud y educativa sí, pues esos dos rubros por ley los debe otorgar el gobierno. Dinero en efectivo no deben soltarles, porque los usan para otra cosa, pero los servicios directos sí deben tenerlos. Y la beca que se la otorguen al estudiante que la merezca por promedio, pues el programa de Prospera se prostituyó tanto que los padres hacían del recurso lo que les venía en gana, menos comprar zapatos o útiles a sus hijos. Y tampoco eso está bien. Sin embargo, pagaron justos por pecadores, pues hay padres que sí usaban bien el recurso con sus hijos, y ahora ya no podrán seguir en la escuela.

Lo grave de este asunto lo manifiestan madres que se dedicaron a parir niños, pensando que iban a recibir dinero por cada hijo de por vida, pero ahora están desamparadas, no tienen como mantener a tanto pequeño

Y no se vayan lejos, mis estimados, en el municipio de Zihuatanejo, en las colonias populares hay madres de familia con cuatro y cinco pequeños. Una de tantas su hijo mayor tiene 9 años, ya no irá a la escuela, lo va a sacar de la primaria para trabajar. Dos van al kínder y el más pequeño es de meses. Ella asegura que recibía 4 mil pesos de Prospera, además de recursos para atención médica de sus hijos.

Estas personas de las que les hablo, mis estimados, viven en extrema pobreza, en un cuarto de madera sin baño ni ningún otro servicio básico. Los seis integrantes de la familia papá mamá e hijos, viven en esa chocita. ¿No son estos pobres a los que se refería en sus discursos el presidente AMLO?

Lo cierto es que apenas estamos viendo lo serio del problema que generó el gobierno de Morena. Quedó en un discurso bien elaborado la promesa del mandatario federal. Resultó falso, pues, que sean primero los pobres y peor por el bien todos.

Según datos de los propios morenistas, son al menos 24 millones los beneficiarios de la beca Benito Juárez los que se inscribirán al próximo ciclo escolar, “para que los niños no dejen de ir a la escuela” (su lema), y el programa pude activarse hasta dentro de seis meses, mientras se ajusta el padrón. 24 millones de favorecidos parecen pocos, pero lo bueno es comenzar. Lo que sí queda fuera es la salud para los pequeños, ya que las madres recibían un recurso para llevar a sus hijos con pediatras, y de esa manera daban atención a los pequeños en sus vacunas y nutrición. Se acabó  lo relacionado a salud. A partir de este mes, sólo los niños escolarizados serán aptos para obtener una beca Benito Juárez.

Y miren, mis estimados, según los registros oficiales, son más de 1 millón de niños de entre cero a cuatro años, los que hasta el pasado año eran beneficiados por Prospera, pero esta vez no serán habilitados al nuevo sistema.

Lo grave del tema es que los niños son lo más vulnerable para lo que hoy vive y sufre la nación mexicana.

En otro tema, mis estimados, hablando de jóvenes emprendedores, sabemos que al gobierno en sus tres niveles nunca le ha importado la juventud; ayudan, pero a los recomendados, a los que tienen un padrino que los encarga con el poderoso, y a quien no tiene un padrino ni caso les hacen.

Es triste que los políticos y funcionarios no apoyen un proyecto que traerá beneficios a la región. A los jóvenes los apoyan sólo en campañas porque acarrean agua a su molino. Si no hay campañas, ni te voltean a ver, y si te los topas te dan atolito con el dedo, como han hecho muchos políticos con los jovencitos emprendedores de JUGRO.

Les cuento que los chicos egresados del Tecnológico de Zihuatanejo emprendieron un negocio de jugo de mango, un producto artesanal proyecto de ellos, lo fabrican en la Costa Grande, ellos son originarios de Papanoa y Coyuquilla Norte. Son dos chicos emprendedores que sin un peso en la bolsa han logrado superar todos los obstáculos que se les han presentado para poner su empresa, y poco a poco, con ayuda de sus padres y amigos, han ido logrando su sueño y ya distribuyen el jugo en varias tiendas de la Costa Grande.

Sin embargo, hace falta mucho y lo triste del relato es que los chicos han tocado puertas de funcionarios estatales del ramo de la economía que presumen apoyo a los jóvenes emprendedores para un negocio, pero es falso, ni siquiera fueron capaces de recibir en su oficina a los muchachos, los flamantes funcionarios estaban muy ocupados y mandaron a su representante, pues como los van recibir si no aportan nada a cambio. Ninguno de esos funcionarios pájaros nalgones da paso sin huarache, todos persiguen un fin. Y como les decía, hasta diputados locales y federales engañaron a los muchachos, no se diga el presidente municipal de Tecpan, Yasir Deloya. Ese alcalde es un muchacho que cree que con su cara bonita seguirá ocupando cargos. Se la pasa nomás tomándose fotos y subiéndolas a su perfil de Facebook, para que lo adulen las muchachas. Sólo para eso sirve ese alcalde, no tiene trabajo en Tecpan de Galeana, y se dio el lujo de darles una patada en el trasero a los muchachos.

Y de los diputados, ni me gasto mi dedo, esos pajaritos andan en otro mundo.

“Sólo nos han engañado los políticos y funcionarios, son puras promesas”, dijeron los jóvenes emprendedores de JUGRO.

Mis estimados, apoyemos el proyecto de los muchachos de Costa Grande comprando el jugo, pues los funcionarios y políticos dan pena ajena.

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