Categoría: Opinion

La bancarrota del sistema educativo

La profesión de maestro en la educación básica ha sido ubicada en el escalón más bajo del trabajo intelectual. Los educadores no son considerados como tales, sino que han sido sometidos a unas burocracias sindical y gubernamental desde donde se organiza la función educativa con una muy escasa participación del magisterio.

Las condiciones materiales de los planteles educativos se encuentran por lo regular también en la ruina. Los hay pobres y los demás son paupérrimos.

Los niveles en el aprendizaje de los educandos son bajos en comparación con los observados en otros países con desarrollo semejante al nuestro.

Para completar este deteriorado cuadro, la escuela mexicana es autoritaria y, en consecuencia, no prepara a la juventud para la democracia mediante el método de la conjunción de la teoría y la práctica.

Las y los educadores sólo intervienen mediante consejos técnicos escolares, sin tomar parte en las decisiones generales. Al carecer de parámetros educativos, maestros y maestras no cuentan con instrumentos para comparar a su propia escuela con otras y evaluar al sistema educativo en conjunto. No pueden, por tanto, hacer firmes propuestas de modificación del proceso educativo. No existen consejos académicos propiamente dichos.

Durante muchos años, la ausencia de instancias de participación académica y técnica del profesorado contribuyó al gremialismo estrecho, sectario y corrupto, hostil a la democracia y, en consecuencia, orilló a la clausura de la intervención del magisterio en la forja de la materia de su propia profesión.

Muchas autoridades educativas no han sido profesores sino burócratas. El Estado no es quien debe educar sino ser educado. El Congreso debe proveer, el gobierno debe administrar.

Tampoco se integraron suficientes contenidos regionales a los programas de estudio ni se analizaron las problemáticas de los pueblos indígenas y sus derechos políticos y culturales.

El reconocimiento de que los educadores son aquellos integrantes activos del magisterio no debería ser indispensable, pero lo es, aquí y ahora, porque se niega en los hechos el carácter profesional de las maestras y maestros.

El acceso de las y los educadores a la formación académica debería ser un derecho garantizado por el Estado mediante todo un entramado institucional: la escuela de la escuela como proceso de continuo cambio e innovación.

Como trabajadores, las maestras y maestros fueron sometidos por el charrismo sindical, lo cual generó un desgastante proceso de resistencias en muchos lugares del país. Esto, como se sabe, se agudizó a partir de la reforma educativa del sexenio pasado. En lugar de construir las bases de la nueva escuela mexicana, se abrieron exámenes punitivos y promocionales a las y los educadores. La escuela, como tal, no fue evaluada y mucho menos reformada. Así ha llegado a la bancarrota.

Se precisa, por tanto, un acuerdo político nacional para acometer una transformación que abarque la reforma de la escuela y las garantías del derecho a la educación, otorgadas de manera siempre creciente por el Estado: abrir la educación, mejorar la escuela y garantizar la permanencia y éxito de los alumnos.

El magisterio y el alumnado deben ser los dos grandes protagonistas de la nueva escuela mexicana en un marco democrático y participativo.

En tu primera conmemoración 8M

Que crezcas libre, sin carencias, sin estereotipos, sin fanatismos, sin miedos. Que crezcas auténtica, bondadosa, curiosa, rebelde, solidaria, soñadora, valiente. Que tengas un mundo en el cual crecer, un mundo no más de un grado y medio más cálido, con agua, con aire limpio, con alimentos, con muchos caminos y cada vez menos fronteras, del que te sientas parte y no centro, en armonía con todo lo vivo.

Que crezcas en paz, con seguridad, que no tengas que abandonar tu hogar a la mala, que no te arrebaten el paisaje, que no te desplacen a la fuerza, que no te ignoren, que no soportes ni sufras los privilegios de unas cuantas personas. Que contigo crezcan la democracia e igualdad que no tenemos hoy, que llegue el día en que sumes tu grano de arena, que hagas una diferencia para mejorar este país.

Mientras tanto, que puedas crecer con el nombre que con gran orgullo, del bueno, elegimos para ti. El nombre que lleva los apellidos de tus abuelas, nuestros apellidos maternos. ¿Por qué razones? Porque queremos, sin más explicaciones. Pero también porque nuestras madres que nos cargaron consigo, nos cuidaron, educaron, nos trajeron hasta aquí, sin cuestionarlo siquiera, no tenían esa opción.

Queremos que abras caminos y como lo mejor que podemos intentar darte es un buen ejemplo, esperamos que no te moleste que tu primer exigencia por el respeto a tus derechos, la hagamos en tu nombre, tan temprano en tu vida. Tienes el derecho a llevar nuestros apellidos y es nuestro derecho elegir para ti, nuestros apellidos maternos. Pero es México y toca defender estos derechos en tribunales.

No te preocupes, te enseñaremos que no hay que conformarse, que no hay que entristecer. Te haremos ver que la vida es un presente y que si algo no está bien, contamos con la libertad y la fuerza para buscar corregirlo. Si eliges ese camino, te darás cuenta que no estás sola, que somos más, que jalamos bien parejo y que no hay necesidad de aguantar tanto… Desde la sociedad civil organizada o la desorganizada a la que pertenecemos, sabrás defender lo propio y hasta lo ajeno.

Por lo pronto, la batalla legal por tu nombre ha iniciado. No es algo nuevo. Nuestra Suprema Corte de Justicia hace años que reconoció el derecho al nombre. Pero qué te podemos decir, las autoridades del Registro Civil de la Ciudad de México andan distraídas o no se toman en serio las obligaciones que les impone nuestro orden constitucional. En lugar de prevenir violaciones a derechos humanos, optan por complicar las cosas. Ya aceptaron registrar a las personas primero con el apellido de sus madres y luego el de sus padres, pero no con apellidos maternos.

Aprenderán. En tu nombre y si es que tenemos la suerte de encontrar un juzgado, un tribunal, una Corte en México, garantes de derechos humanos, ya aprenderán. Al final, llevarás tu nombre con orgullo. Y claro, si no te gusta, llegará el día en que tengas edad suficiente para cambiarlo, porque es tu derecho. Más importante todavía, recuerda siempre que Tú, eres tuya, y de nadie más. Así que ya sabrás si dentro de unos años te manifiestas el ocho de marzo, o semanalmente en contra del calentamiento global, o lo que decidas hacer en libertad, consciente, muy feliz.

La independencia de los ministros

“No hagas cosas buenas que parezcan malas”. Este mantra, que debería guiar la conducta de todo servidor público, adquiere máxima relevancia cuando un presidente elige a sus candidatos a ministros de la Suprema Corte.

Porque como lo establecieron la ONU, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no basta con que la justicia sea independiente, también debe parecerlo.

Es decir, la legitimidad de la próxima ministra, pero también de la institución entera a la que va a llegar, depende de su apariencia de libertad y autonomía. Sin esta legitimidad de origen, es probable que cualquier decisión que tome en el futuro sea interpretada como señal de sumisión al Ejecutivo o su partido, incluso si se apega estrictamente a derecho.

Desafortunadamente, tales señales ya están aquí: la polarización y los cuestionamientos han caracterizado al actual proceso de designación de un nuevo ministro de la Corte en sustitución de Margarita Luna Ramos, como también fue el caso del que tuvo lugar en diciembre pasado y culminó con el nombramiento de Juan Luis González, quien reemplazó a José Ramón Cossío. Esta “falla de origen” tiene raíces profundas, pues algunos de los procesos de designación de ministros propuestos por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto enfrentaron críticas similares.

Hoy se ha señalado que las tres candidatas propuestas por el titular del Ejecutivo tienen cercanía con él, sus consejeros y/o su facción política, condición que no garantiza la independencia judicial y representa un elevado riesgo de conflictos de intereses al momento de impartir justicia.

Cuando lo interrogaron sobre el tema, Andrés Manuel López Obrador defendió a su terna y, con toda razón, argumentó que no existe impedimento legal para que un miembro de un partido político pueda ocupar el cargo de ministro de la Corte.

Sin embargo, es importante recordar que Loretta Ortiz, quien forma parte de la actual terna, también había integrado la que propuso el presidente en diciembre. Y en aquella primera ocasión decidió renunciar a su militancia en Morena horas antes de comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado, con el fin de “disipar cualquier duda” sobre la idoneidad de su candidatura. Esto demuestra que la candidata tenía conciencia plena de que pertenecer al partido político mayoritario no la hacía lucir bien.

En todo caso, la nominación de estas ternas ha sido posible porque los requisitos contemplados en la Constitución son relativamente sencillos de cumplir y las prohibiciones muy laxas.

Hoy el artículo 95 de nuestra Constitución dispone que, para ser elegido como ministro de la Corte, se necesita ser ciudadano mexicano, tener al menos 35 años, haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación, poseer título de licenciado en Derecho con antigüedad mínima de 10 años, gozar de buena reputación y no haber sido condenado a ciertos delitos ni haber ocupado ciertos puestos públicos durante el año previo al día del nombramiento.

Además, la ley identifica ciertos criterios de preferencia en la selección de los ministros: haber servido con eficiencia, capacidad y probidad en el caso de los candidatos que han trabajado en la impartición de justicia, y distinguirse por su honorabilidad, competencia y buenos antecedentes profesionales para los que provienen de otras áreas de la profesión jurídica.

Indudablemente, el universo de mexicanos que cumplen con estos requisitos es bastante amplio. No obstante, es importante recordar que dichos criterios no son más que un piso mínimo para un cargo que, dada su importancia, debería ser ocupado por los juristas más destacados del país.