Categoría: Opinion

Manuel J. Jáuregui

Como una especie de “Pulga” (mercado o bazar) aérea, el Gobierno federal puso en exhibición y venta un total de 72 aeronaves con las que se daban gusto paseando el anterior Presidente y sus subalternos. Muestra ésta de la AUSTERIDAD que pretende imponer el nuevo Gobierno federal.

Esto de la eliminación de gastos superfluos y lujos inaceptables resulta ser algo loable y merecedor de ser reconocido al Gobierno del Presidente López O., mas aún así no dejó de presentarse una piedrita en el arroz. Se les permitió (y seguro argumentarán razones de seguridad) al Secretario de la Defensa y al Secretario de Marina conservar para su uso exclusivo sendos jets ejecutivos de gran lujo y prestaciones: éstos un par de Gulfstreams G550 comprados en 2016 con un costo de CINCUENTA Y CUATRO millones de dólares CADA UNO.

Tendremos entonces la contrastante paradoja de que mientras el Presidente se mueve en aerolínea, dos de sus jefes militares viajarán en aviones privados como los que utilizan los magnates empresariales más acaudalados a nivel mundial. Como por ejemplo el co-chairman del Carlyle Group, David Rubenstein, quien comanda uno de los fondos de inversión más grandes del mundo y tiene a su disposición uno de estos Gulfstreams. Fuera de este detalle nos parece excelente que el Gobierno federal haya decidido deshacerse de tanto y tan caro JUGUETE para ingresar recursos a las arcas nacionales, ahorrar gasto y evitar tentaciones.

Sería bueno saber, por ejemplo, si están incluidas en la SUBASTA las aeronaves, tanto de ala fija (aviones) como de ala rotativa (helicópteros) que emplean paraestatales como PEMEX y la CFE. Recordamos que el que fuera director de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, solía darse enorme gusto apuntando horas de vuelo en la bitácora de los aviones de PEMEX, tan lujosos que hasta se los solicitaban en “préstamo” otros funcionarios del Gobierno peñanietista.

Dentro del total de 72 aeronaves de las que pretende deshacerse el Gobierno morenista hay una muy buena cantidad que son “chatarra”, esto es, viejos y descuidados, por los cuales seguramente no recibirán gran cosa, dado que quien los compre será sólo para el deshuesadero. Nos explicaban que en el caso de los aviones viejos el mantenimiento rebasa por mucho en costo el valor de la aeronave. Es el caso de aquel compadre que le ofreció a su amigo un excelente burro: “No, gracias, compadre”, le respondió el potencial comprador, “no es lo que cuesta el burro, ¡sino lo que vale el maíz!”.

Los más codiciados elementos de este aerobazar, pues, son dos de los tres Gulfstreams con los que se quedaron nuestros jefes militares. El deshacerse de tanto avión, no obstante, representa un gran ahorro para el Gobierno federal: menos sueldos de tripulaciones, menos costo de entrenamientos, menos pago de refacciones, de mecánicos, de turbosina, de reparaciones, de pagos por uso del espacio aéreo, etcétera.

No puede menospreciarse el poder de la señal que emana de tal decisión en lo que a la práctica de la austeridad se refiere. No hay más potente prédica que el ejemplo, por lo que al deshacerse de tanto avión y helicóptero el Gobierno morenista sienta un buen precedente: no es posible montar sobre los vencidos hombros de un pueblo pobre una clase elitista de burócratas que rápido y pronto se acostumbran a los lujos y los privilegios CON CARGO AL PUEBLO.

Muerto el perro, se acabó la rabia. Idos los juguetes y con las riendas del gasto bien apretadas, nuestra burocracia tendrá que ajustarse a lo modesto y prudente, acorde a las necesidades de una sociedad en la que abundan las carencias. Se acabaron esos episodios en los que bajaba un helicóptero Augusta 109 en el Campo Marte para recoger al “foursome” del Presidente Peña (Emilio Gamboa & Co.) para irse a jugar golf.

Esto, por supuesto, con cargo a los mexicanos, pues el costo de adquisición y operación de los helis y jets que usaban los funcionarios del pasado sexenio iba directo contra las aportaciones fiscales pagadas por todos los ciudadanos cautivos del fisco mexicano, en el pasado tan bueno para exigir, pero tan malo para rendir cuentas claras.

Oswaldo Zavala

El pasado 21 de junio, la fotoperiodista Hérika Martínez capturó en Ciudad Juárez una escena inconcebible en los inicios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: soldados de la Guardia Nacional –el nuevo cuerpo de seguridad creado el 28 de febrero con el objetivo de desmilitarizar gradualmente el país– detenían a dos mujeres y a una niña que intentaban cruzar el río Bravo hacia Estados Unidos. Según la agencia de noticias AFP, se trataba de una familia nicaragüense que fue separada al momento del cruce. Los hombres de la familia lograron atravesar la frontera, pero también fueron detenidos al norte del río.

No se trataba de indocumentados entrando a México por la frontera sur, sino de migrantes intentando salir del país en la frontera norte. En la imagen, los efectivos de la Guardia Nacional igualaban las funciones propias de la Border Patrol estadunidense. En más de un modo, los militares mexicanos suplementaban de facto la política antinmigrante del presidente Donald Trump desde México. Operaban, en efecto, al servicio del gobierno de Estados Unidos.

La actual instrumentalización de la Guardia Nacional para establecer un muro virtual en las fronteras mexicanas, tanto en el sur como en el norte, corre el riesgo de desarticular uno de los pilares del proyecto presidencial de López Obrador –la pacificación del país– y escalar hasta convertirse en la nueva “guerra” en nombre de la “seguridad nacional” de México y Estados Unidos. Propongo, en lo que sigue, analizar las terribles implicaciones que podría tener este nuevo conflicto militarizado en nuestro país.

Como sabemos, la movilización de la Guardia Nacional es el resultado del acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos convenido el pasado 7 de junio tras la crisis política que el presidente Trump desató cuando amenazó, mediante un post desde su cuenta personal de Twitter, con la imposición de 5% de aranceles a las exportaciones de México si la actual ola de refugiados centroamericanos no era atendida por el gobierno de AMLO en términos satisfactorios para Washington. Tras varios días de negociación, la delegación mexicana, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, anunció en un comunicado conjunto con el gobierno de Estados Unidos que “México incrementará significativamente su esfuerzo de aplicación de la ley mexicana a fin de reducir la migración irregular, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, dando prioridad a la frontera sur”. El acuerdo también especifica que los migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos “serán retornados sin demora a México, donde podrán esperar la resolución de sus solicitudes”. Finalmente, México se comprometió a ofrecer “oportunidades laborales y acceso a la salud y educación de los migrantes y sus familias”, además de “protección a sus derechos humanos”.

La concesión de este endurecimiento en la política migratoria mexicana significa más que una derrota diplomática para el gobierno de AMLO, como fue entendido entre los principales medios de comunicación del país. Las fotografías de las detenciones de migrantes en la frontera norte son la ilustración más elocuente de un complejo proceso de transformación de la política de seguridad del gobierno de AMLO que, lejos de avanzar hacia la pacificación del país, parece dirigirse ahora en sentido contrario.

Recordemos que la campaña presidencial de AMLO se distinguió precisamente por un mensaje de pacificación que, entre otros temas, se enfocó en la retirada del Ejército de las tareas de seguridad asignadas desde el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) durante el supuesto combate a los “cárteles de la droga”.

Con el anuncio de su Plan Nacional de Paz y Seguridad, AMLO y su equipo de transición dejaron claro que se alejarían de la política antidrogas estadunidense y que en cambio se enfocarían en atender el problema del consumo de drogas como una cuestión de salud pública y no como una emergencia que debiera ser combatida militarmente. La propuesta de campaña se formalizó durante la rueda de prensa matutina del 31 de enero de 2019, cuando AMLO declaró el fin de la “guerra contra el narco”: “Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz y vamos a conseguirla”, dijo entonces. En consecuencia, menos de un mes más tarde, la creación de la Guardia Nacional marcó un plazo de cinco años para el regreso del Ejército a los cuarteles y se estructuró con un mando civil a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
Cuando comenzó a agravarse la crisis migratoria de centroamericanos que masivamente comenzaron a cruzar el país hacia la frontera norte en las llamadas “caravanas”, el gobierno de AMLO una vez más se mostró decidido a un cambio radical de las políticas neoliberales de los gobiernos anteriores. El 17 de enero decidió abrir la frontera para los refugiados y agilizar los trámites para recibir a los migrantes indocumentados. Para principios de febrero, su gobierno ya había otorgado 12 mil 500 visas humanitarias en lo que fue considerado como un “gesto histórico”.

Dos meses después, el panorama era otro. Según datos oficiales, el gobierno de AMLO deportó a más de 37 mil 450 migrantes centroamericanos en los primeros cinco meses de su gobierno. Entre marzo y abril, la política de deportaciones ya había superado en 67% las cifras del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) durante el mismo periodo. Según una nota de The New York Times, la bienvenida inicial que el gobierno mexicano ofreció a los migrantes pudo haber contribuido a aumentar el desplazamiento de centroamericanos a la frontera sur. Las cifras oficiales en la frontera norte también se dispararon: las autoridades estadunidenses dijeron haber detenido a 109 mil indocumentados sólo en abril, la cifra más alta desde 2007.

Con el acuerdo migratorio del 7 de junio, AMLO decidió abandonar su discurso de pacificación y se comprometió a desplegar a 6 mil elementos de la Guardia Nacional para reforzar la detención y deportación de migrantes. Presionado, el gobierno mexicano ha adoptado el lenguaje de la “crisis fronteriza” que el presidente Trump ha estado repitiendo como parte de su estrategia para la reelección en los comicios de 2020.

Pero en el panorama mexicano el acuerdo tiene un peso simbólico muy distinto: obligó al gobierno de AMLO a la aceptación pública de un nuevo conflicto de “seguridad nacional” que amerita el uso de su Guardia Nacional ya no para la pacificación del país, sino para echar a andar un continuo y violento mecanismo de militarización de las fronteras en contra de un flujo migrante que, siguiendo la crisis política, económica y ambiental de Centroamérica, lejos de agotarse, con toda certeza repuntará en los siguientes años. Entre 2014 y 2018, según un estudio hecho por especialistas de la Universidad de Texas en Austin, la migración de los países del llamado “triángulo norte” (El Salvador, Guatemala y Honduras) se incrementó y se estabilizó en alrededor de 300 mil refugiados que anualmente abandonan sus países para intentar migrar a Estados Unidos. Para 2019, sin embargo, se estima que esa cifra rebase los 700 mil refugiados.

A la problemática militarización de las fronteras se suma el hecho de que México admitirá en su territorio a los migrantes que consigan solicitar asilo en Estados Unidos. Y aunque el gobierno mexicano celebró haber rechazado que México sea designado como “tercer país seguro” –una de las propuestas del gobierno de Trump más insistentes–, el acuerdo migratorio orilla a México prácticamente a realizar esa función, pero sin los beneficios de un acuerdo formal que conllevaría una compensación financiera por los servicios necesarios para recibir a los refugiados.

En este punto no podemos exagerar la dramática alteración de la política migratoria de AMLO, que ha sido reconfigurada esencialmente como una nueva política de seguridad nacional que da continuidad a la sistemática violación de derechos humanos de los refugiados en Estados Unidos. Sin objetar la separación de familias y la detención de niños en “campos de concentración” carentes de las más básicas condiciones sanitarias, como sí lo ha denunciado la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, el gobierno de México está renunciando por igual a la protección de los derechos humanos de los migrantes en su propio territorio nacional.

La militarización de las fronteras mexicanas funciona, entonces, como una extensión dire150