Presentan iniciativa para establecer legalmente la modalidad de “teletrabajo” o a distancia

CHILPANCINGO. Para incluir el “teletrabajo” como una modalidad en la forma de laborar a distancia y garantizar el respeto, los derechos e igualdad de condiciones del trabajador, la diputada Leticia Mosso Hernández presentó una iniciativa de adición a la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y a la Ley de Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Guerrero.

Al exponer el sentido de su iniciativa, la diputada representante del Partido del Trabajo refirió que ante  la emergencia sanitaria mundial causada por el SARS-COV-2, que obligó a millones de personas a quedarse en casa para reducir los números de contagios, se ha implementado, con la autorización del  empleador, que el trabajador realice sus actividades laborales desde su domicilio, haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación.

La diputada refirió que gobiernos de diversos países han promovido o regulado el “teletrabajo” para mejorar la conciliación entre la vida laboral y personal y el rendimiento empresarial, y para promover la continuidad operativa en tiempos de crisis, así como la inclusión de grupos específicos en el mercado de trabajo, como trabajadores mayores, mujeres con hijos pequeños y personas con discapacidades.

Manifestó que la reforma a la Ley Federal del Trabajo para regular el  “teletrabajo” fue aprobada en la Cámara de Senadores el 19 de junio de 2019, pero se mantiene en la Cámara de Diputados, lo cual no impide que a nivel estatal se empiece a analizar el tema, ya que el “teletrabajo” es una práctica muy común en estos tiempos de pandemia sanitaria.

Precisó que es necesario regular esta práctica, contar con una legislación que ampare a la persona empleada que se encuentre bajo este esquema de trabajo, ya que de momento se aplica por acuerdo de palabra entre el trabajador y su empleador, lo cual se presta a malentendidos y conflictos.

La propuesta se turnó a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo para su análisis y dictaminación.

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