Arde el bajío
Dice el gobernador de Guanajuato Diego Sinhué Rodríguez que las reuniones diarias del gabinete de seguridad que lleva a cabo el gobierno federal en Palacio Nacional encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no definen las estrategias contra la violencia en su entidad.
El jefe de su partido, el PAN, Marko Cortés de plano desdeñó esas reuniones asegurando que no sirven para nada. Pero es en esa entidad de la región del bajío donde la violencia del crimen organizado se ha entronizado con más de 7 mil homicidios dolosos en los últimos cuatro años según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Hace un año exactamente publiqué un estudio de inteligencia militar (Proceso 2198) donde se acusaba a los gobernadores del PAN que han estado en Guanajuato desde hace más de una década de haber preferido invertir en votos que en seguridad pública en el tiempo en que comenzaban a tener presencia los carteles de Michoacán, Jalisco y el local, Santa Rosa de Lima.
Autoridades de inteligencia castrense previnieron a los gobernadores Sihnué Rodríguez, Juan Manuel Oliva, Héctor López Santillana y Miguel Márquez, que Guanajuato estaba en la mira del crimen organizado. Pero ninguno de estos panistas tomó en cuenta los llamados de los analistas militares y en lugar de dedicar una buena parte de su presupuesto a equipar las instituciones policiacas y de seguridad, decidieron comprar despensas en tiempos de elección para ganar votos y mantener el bastión político para el PAN.
En el informe se precisa que a los tres últimos gobernadores panistas previos a Sinhué Rodríguez se les pidió que tomaran medidas para enfrentar con urgencia esta situación, pero mostraron falta de interés para dedicarle recursos humanos, materiales y económicos a la crisis de seguridad.
“La inversión que no se realizó en su momento ahora resultará en extremo onerosa, se requieren fuertes cantidades en recursos humanos, equipamiento, logística, armamento y medios de inteligencia. Los gobiernos involucrados decidieron escatimar dinero a la solución del problema, la inversión en estos temas es muy cara y produce menos votos que convirtiéndolos en despensas.”
De acuerdo con las cifras oficiales, del 2014 al 2018 en Guanajuato se cometieron 4 mil 97 homicidios dolosos, la mayoría con armas de fuego. Esta cifra casi fue alcanzada en este año en que se registraron 3 mil 211 víctimas.
“La delincuencia organizada es un fenómeno que afecta a todas las entidades del país en forma diferenciada; sin embargo, existen factores diversos que permiten su desarrollo y expansión. En forma general podemos identificar en la entidad el accionar de organizaciones delictivas dedicadas a la falsificación o alteración de moneda, contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de menores e indocumentados, robo de vehículos, asalto organizado, robo y comercialización de carburantes, robo al transporte carretero y ferrocarrilero”, sostiene uno de los documentos militares mencionados.
Junto con Guanajuato, los estados que forman la región del bajío —Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Aguascalientes—, se han convertido en la región más peligrosas del país. Los principales carteles del crimen organizado se aposentaron ahí mientras que los partidos políticos, en este caso el PAN y PRD, decidieron invertir electoralmente antes que cumplir con su mandato principal: dar seguridad a la ciudadanía.
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