Acuerdo
gasero
Raymundo
Riva Palacio
El
presidente Andrés Manuel López Obrador tenía programado para este lunes un
encuentro vespertino fundamental, con el director de la Comisión Federal de
Electricidad, Manuel Bartlett, con los representantes de las gaseras con las
cuales se enfrentó y amenazó que llevaría a litigio, y con miembros del Consejo
Coordinador Empresarial que han servido como mediadores y facilitadores. Si las
cosas terminan como apuntaban antes de ir a Palacio Nacional, este martes
podría darse el anuncio de un acuerdo con lo cual un conflicto innecesario, se
habrá conjurado. Nadie espera que las cosas salgan mal en el último minuto,
pero habrá que esperar el anuncio.
López
Obrador había dicho que el jueves pasado se iba a anunciar el fin de las
negociaciones, pero el endurecimiento de Bartlett en la última plática del
miércoles, impidió llegar a buen puerto. Bartlett ha sido una figura muy dura en
la negociación, por la ignorancia que ha mostrado en materia financiera y su
intransigencia, describen varios de sus interlocutores, en la negociación de
temas donde podía haber entendimiento. Esa postura rígida y sin matices obligó al
presidente a hablarle fuerte hace unas semanas y señalarle que no iba a
permitir que se fuera a un litigio, que iba a durar mucho y les iba a costar,
por lo que el diferendo con las gaseras tenía que resolverse en la mesa de las
negociaciones.
Para
entonces, el presidente ya tenía encima las presiones de Estados Unidos y la
información que le había dado su equipo de que no ganarían un litigio en los
tribunales internacionales. Los miembros del Subcomité de Comercio del poderoso
Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, se lo plantearon
directamente a López Obrador en Palacio Nacional, y el secretario de Estado,
Mike Pompeo, también lo ventiló con el canciller Marcelo Ebrard durante su
última reunión en la Ciudad de México. Previamente, la embajadora en
Washington, Marta Bárcena, recibió llamadas de la Casa Blanca y el Departamento
de Estado donde le plantearon el tema y su pronta solución. Tras esas
comunicaciones, el gobernador de Texas, Gregg Abbot, el estado más afectado por
el impasse, le envió una carta al presidente urgiéndolo a resolver el problema.
Además, la posición de Bartlett estaba cerrando la pequeña ventana que todavía
existe para que se apruebe el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá en
los próximos 60 días.
La
declaración optimista del presidente de la semana pasada se fincaba en un
encuentro que había sostenido con el mismo grupo días antes en Palacio
Nacional, donde fue muy claro que a él sólo le interesaba ver el tema de las
tarifas y cuánto ahorro iban a tener los consumidores. Para llegar a ese punto
ya habían logrado sortear una convicción equivocada de Bartlett. El director de
la CFE no entendía que el contrato con las gaseras era por servicio de
transporte de gas, y exigía que los gasoductos pasaran a poder a la
paraestatal. Ante la insistencia de Bartlett, la impresión que dejó y se hizo
ver de diferente manera, fue que lo que buscaba, en palabras claras, era la
expropiación de los gasoductos. Expropiar es una acción que el presidente ha
rechazado sobre cualquier inversión, por las múltiples consecuencias negativas
que tendría para su gobierno.
La
negociación se ha dado de manera independiente con las cuatro gaseras, que
operan siete gasoductos, IEnova, filial de Sempra, con fuertes vínculos en la
Casa Blanca y el Capitolio, TransCanada, que tiene detrás al gobierno
canadiense, Fermaca, empresa mexicana que está apalancada con bancos
internacionales -por lo cual un litigio, como planteaba Bartlett, iría a
tribunales internacionales no sólo comerciales-, y Carso, cuya participación en
el mercado es marginal en la escala del corporativo, cuyos contratos con la CFE
tienen condiciones particulares.
Por
insistencia del presidente, el tema central con todas fue el de las tarifas y
la extensión de los contratos. De acuerdo con personas que participaron en las
negociaciones, cada empresa planteó su propuesta de ahorro, nivelada a 25 años
con posibilidades de extensión, con lo cual calculaban el ahorro, y se lo
dijeron al presidente, de alrededor de 15%. El anuncio del jueves pasado
reflejaría el éxito de la negociación, donde las dos partes ganaban. Pero no
contaban con Bartlett.
El director
de la CFE decidió que lo que quería el presidente no bastaba, y el miércoles
dijo que quería seguir discutiendo las cláusulas de fuerza mayor de los
contratos. Lo que establecen los contratos es que las “fuerzas mayores” pueden
durar hasta dos años, tiempo en el cual la CFE debe pagar por el servicio de
transporte de gas, y que si no se resuelven, se cancelan, pero no por decisión
de la CFE, sino que es facultad de cada empresa.
Esa
cláusula fue uno de los pilares de la afirmación de Bartlett que eran contratos
“leoninos”, refiriéndose en particular al gasoducto Guaymas-El Oro, que cruza
Sonora y Sinaloa, que entró en operación en 2017, pero que antes los sabotajes
de la comunidad yaqui dejó de operar en agosto. Los yaquis afirmaron que la
empresa IEnova, propietaria del gasoducto, no les había informado los detalles
de la obra, pero un juez desestimó el amparo al comprobar que sí les habían
informado. En agosto, Bartlett firmó una prórroga de cuatro meses a IEnova para
seguir negociando con los yaquis para evitar la cancelación del contrato.
