Categoría: Politica

Armando Ríos Piter

Gran revuelo generó la aprobación del plan de estímulo financiero impulsado por el presidente estadounidense Joe Biden, mismo que fue arpobado por el Congreso el pasado 10 de marzo de 2021. Con un monto de 1.9 billones de dólares, el plan forma parte de la estrategia de la nueva administración para enfrentar las secuelas de la pandemia en la economía de nuestro vecino del norte.

Primero fue aprobado en el Senado y posteriormente en la Cámara de Representantes, pero con la votación en contra de los republicanos. Aún cuando la líder demócrata, Nancy Pelosi declaró que el “American Rescue Plan” marcará la diferencia para millones de personas, “salvando vidad y medios de vida”, la minoría opositora cuestionó la propuesta por “partidista, divisiva, destinada al derroche y francamente inútil”.

El objetivo del plan de rescate es aliviar la dramática caída que ha sufrido la economía de los Estados Unidos, debido a la pandemia. Conlleva cheques directos por 1.400 dólares para aquellos contribuyentes que cuenten con ingresos inferiores a 80,000 dólares anuales y de 2,800 para una pareja casada que declare su renta de forma mancomunada. Dadas estas condiciones, la ayuda será recibida por la gran mayoría de estadounidenses, considerando que durante el 2019, el ingreso medio por hogar fue de 68,703 dólares. Los estímulos también implicarán subvenciones para apoyar a las pequeñas empresas que han sido afectadas.

Cabe recordar que con éste, ya van cuatro programas de impulso a la economía desde la época de Donald Trump, que en 2020 significaron 2.6 billones de dólares (equivalente aproximadamente al 13% del PIB). A pesar de los apoyos, la caída de la economía en aquel país a lo largo del 2020 significó una contracción de aproximandamente un 3.5%. Sirvan estas consideraciones para ubicar en su justa dimensión el perfil de apoyos implementado por el gobierno mexicano. A lo largo del año pasado, en México se destinó unicamente el 0.7% del PIB para ayudar a subsanar las afectaciones derivadas del Coronavirus. Nuestro país fue el penúltimo entre todos los del G-20 en este rubro.

De acuerdo con el segundo levantamiento de la Encuesta sobre el Impacto Generado por COVID-19 en las Empresas (ECOVID-IE), solo un 5.9 por ciento de empresas recibieron apoyos, mientras que el 94.1 por ciento restante no recibió ningún tipo de ayuda. Un 61.3% de los encuestados señaló que para hacer frente a la pandemia, la política de apoyo que más se requiere son fiscales.
40.6 por ciento indicó que se requiere un aplazamiento de pagos a créditos y servicios, 34.4 por ciento puntualizó las transferencias de efectivo y 30.3 por ciento dijo que se necesitan nuevos créditos.

La falta de apoyos ha sido mortal. De acuerdo con el estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) 2020 publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de las 4.9 millones de empresas micro, pequeñas y medianas que había en el 2019, sobrevivieron 3.85 millones, es decir, un millón 10 mil 857 establecimientos o 20.81 por ciento cerraron sus puertas definitivamente. En los establecimientos que dejaron de operar de manera definitiva laboraban casi 3 millones de personas, mientras que los locales sobrevivientes tuvieron una disminución de 1.15 millones de personas. En total se perdieron 4.12 millones de puestos de trabajo.

Estos indicadores dejan clara la imperiosa necesidad de generar una política inmediata de apoyo, especialmente a las MiPymes, con el fin de evitar que el empleo y la caída en los ingresos continue. Dado que un 37.6 por ciento de las unidades económicas prevé un retraso en el pago de sus deudas, es indispensable actuar de inmediato para evitar que la crisis se profundice.

Armando Ríos Piter

Guerrero es un espacio del territorio donde la pobreza, la desigualdad y la violencia de muchos siglos, dan muestra condensada de los tumores que carcomen al país. Tal vez por eso, cuando algo ocurre en esa dolida entidad suriana, igual que con los movimientos telúricos, las réplicas se manifiestan en muchos otros rincones del país. Hace seis años, la desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa evidenció desde Iguala, la forma en que la corrupción y la impunidad sistémica, por la complicidad entre autoridades y criminales, era la causa de que miles de vidas humanas se perdieran en todo el territorio nacional.

Desde esa agreste tierra en la que se consolidó la Independencia, se sembró la Guerra de Reforma y se profundizó la Revolución, también surgió el primer movimiento de la posmodernidad contra un Gobierno. El movimiento digital que siguió a los terribles hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, marcó el punto de quiebre para el mandato de Enrique Peña Nieto. En cierto sentido, desde ahí se abrió el camino para el triunfo de AMLO. Desde esa misma tierra parece que surgirá un nuevo episodio que podría reconducir la transformación que vive el país.

Después de que el movimiento feminista se manifestó con un rotundo #ParoNacionaldeMujeres el 9 de marzo del año pasado, la falta de empatía del gobierno federal hacia las exigencias del sector feminista, ha implicado una polarización dramática. La decisión de poner a Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura por parte de Morena, ha generado un sinnúmero de reacciones por parte de mujeres en todos los rincones del país. La violencia que hoy sufren las mujeres en México, donde diez de ellas son asesinadas al día, ha encontrado en la figura del senador guerrerense, un símbolo para su lucha.

Denunciado por violación, pese a no tener sentencia judicial en su contra, las percepciones negativas se han concentrado en una sola frase #UnVioladorNoSeráGobernador. En un mundo donde las redes sociales hacen que la narrativa y lo simbólico pesen más que los dictámenes institucionales, el partido en el gobierno se ha puesto en un grave predicamento: Postular a Félix y arrasar en la elección guerrerense o cambiar de candidato y disminuir sus probabilidades de éxito para la gubernatura.

Sirvan estas consideraciones, para entender el paralelismo que presenta este caso con lo que ya se vivió el sexenio pasado:

1. Pensar exclusivamente en lo local. El movimiento feminista tiene un carácter global. Hoy las causas de las mujeres se encuentran ampliamente interconectadas. Así como el error de Peña Nieto fue pensar que el asunto de Ayotzinapa estaba circunscrito exclusivamente a la geografía igualteca, hoy se corre el riesgo de pensar que la elección de gobernador está circunscrita exclusivamente al territorio guerrerense. Félix podría ganar en la entidad, pero el golpe a Morena será brutal en las grandes ciudades del país, empezando por la capital.

• Afectar los cimientos de la “Cuarta Transformación”. La narrativa del movimiento social que llevó al poder a López Obrador, se ha sustentado en dos pilares: acabar con la corrupción y terminar con los privilegios que producen la desigualdad crónica que vive el país. El nombramiento de Salgado Macedonio podría poner en riesgo la solidez de ambos planteamientos. La propuesta por sí misma es ya percibida por el movimiento feminista como un acto en el que el gobierno ha preferido darle cobijo a uno de los suyos.  

Las colectivas feministas habrán de movilizarse nuevamente hoy, “día Internacional de la Mujer”, para continuar con su lucha por garantizar una verdadera igualdad de género. Son una semilla de la #SociedadHorizontal que crece día con día.

La clase gobernante debería revisar “con pinzas” el ciclo que en Guerrero vuelve a manifestarse con Félix Salgado como símbolo. Al igual que Ayotzinapa, la movilización en las calles y la articulación digital en contra de la violencia de género, pueden repercutir desde Tijuana hasta Chetumal, solo que ahora con muchísima mas fuerza, por tratarse de las mujeres mexicanas. Hoy #8m, con el grito “Somos las voces que nunca callarán, somos las voces de las que ya no están”, volverán a recardarnos #niunxmás, #niunxmenos.

Eleazar Arzate

El maestro César Antonio Aguirre Noyola, representante propietario del Partido Acción Nacional en el 11 Consejo Distrital Electoral Local, con sede en este puerto de Zihuatanejo, denunció nepotismo y corrupción en ese cuerpo colegiado electoral distrital y complicidad de autoridades del Instituto Electoral Estatal en la designación del personal.

El representante experto en materia electoral manifestó: “El presidente del 11 Consejo Distrital, el C. Uriel Mendoza Pano, otorgó un nombramiento como intendente al C. Andrés Camacho García, hermano de la secretaria Técnica del mismo Consejo de nombre Ma. de los Ángeles Camacho García, lo cual constituye una ilegalidad”.

El propio representante dijo que Uriel Mendoza Pano incumplió con la Toma de Protesta de Ley que rindió al asumir su cargo. Con lo cual transgrede las constituciones general y local, las leyes federal y estatales electorales, los principios rectores de la función electoral, la ley de responsabilidades de los servidores públicos al servicio del Estado, el Código de Ética y Conducta del Instituto Electoral, entre otros.

“Tienen responsabilidad tanto el presidente como la secretaria Técnica y el intendente; todavía a manera de burla el intendente envía un oficio con firma autógrafa al secretario Ejecutivo del IEPC el 1 de febrero de 2021 donde textualmente avala que  ‘por medio del presente y sin coacción alguna, manifiesto bajo protesta de decir verdad , que hasta el día de la fecha no soy familiar consanguíneo o por afinidad, hasta el 4º grado de algún integrante del Consejo General o Distrital 11 con sede en Zihuatanejo de Azueta”, afirmó.

Aguirre refirió también que esto no pudo darse solamente a propuesta y amparo del consejero Presidente y de la secretaria Técnica, sino que  tuvo que contar con el aval de autoridades electorales superiores, “este acto por supuesto que tuvo el respaldo de varias personas de superior jerarquía del Instituto Electoral Estatal por las que tuvo que haber pasado la documentación presentada para la contratación, entre ellos el consejero Presidente Nazarín Vargas Armenta, el secretario Ejecutivo Pedro Pablo Martínez Ortiz, la presidenta de la Comisión de Administración Cinthya Citlali Díaz Fuentes, la directora Ejecutiva de Administración Alejandra Sandoval Catalán y la coordinadora de Recursos Humanos Ana Iris Agama Velasco”.

Destacó el representante que este acto al margen de la ley entraña una estela de corrupción que alcanza otros niveles, a grado tal que se deduce que hay complicidad, participación o encubrimiento.

Por último, el entrevistado sostuvo que en los días venideros presentará una demanda de remoción del consejero presidente Uriel Mendoza Pano, de Ma. de Jesús Camacho García la secretaria Técnica y la nulidad del contrato del intendente Andrés Camacho García, todos ellos adscritos al 11 Consejo Distrital Electoral Local. Lo anterior sin soslayar la interposición de una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado de Guerrero.

Armando Ríos Piter

Estamos a catorce días de que se cumpla un año del #ParoNacionalDeMujeres. El 9 de marzo del 2020, una “colectiva feminista” de Veracruz llamada “Las Brujas del Mar”, impulsó la idea de un día sin mujeres,  “ni en las calles, ni en los trabajos, ni en las escuelas, ni en las universidades, ni cocinando, ni encargando comida, ni en las redes sociales…”

La chispa que en aquel momento encendió el movimiento, la inició una ola de feminicidios que sacudió las entrañas del país. Hechos terribles donde a mujeres y niñas les fueron arrebatadas sus vidas, se sumaron a condiciones históricas de desigualdad de salarios y oportunidades. El Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, en la CDMX publicó un tweet que sintetizaba la problemática que hoy y entonces viven las mujeres en México: “Paramos para hacer visibles las desigualdades. Porque las mujeres ganamos en promedio 34 % menos que los hombres. Porque en México ocurren 10 feminicidios al día. Porque las mujeres emplean 25 horas a la semana en trabajo doméstico, mientras los hombres solo 9 horas”.

El paro nacional fue todo un éxito, convocó y evidenció la problemática que sufren las mujeres en México. No obstante,  en lo que respecta a violencia letal contra las mujeres, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) precisan que a lo largo del 2020 las cifras mantuvieron su desgarrador incremento. Los feminicidios aumentaron alrededor de un 1.7 por ciento. Adicionalmente, la cuarentena implicó que el año pasado se registraron más de 250 mil llamadas a los sistemas de emergencias relacionadas con violencia a la mujer, aproximadamente un 36.7 por ciento por encima del año pasado.

La Organización de las Naciones Unidas ha calificado al feminicidio en México como una “pandemia”. De acuerdo con el informe “Del compromiso a la acción” publicado por ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la violencia contra la mujer se caracteriza por tres rasgos: 1) Invisibilidad, 2) Normalización, 3) Impunidad.

Invisibilidad. Es muy probable que las cifras oficiales no reflejen con exactitud la readidad nacional -con toda su crudeza- debido a que el 88.4% de las mujeres que fueron agredidas en México no presentaron denuncia alguna. Por falta de confianza en las autoridades, prevalece un profundo temor ante acusar a los agresores, por las consecuencias físicas y psicológicas que una víctima pudiera tener en caso de presentar una denuncia. A esto habría que sumarle la exclusión social, las burlas e incluso el desgaste emocional consecuencia del proceso de denuncia ante las autoridades.

Normalización. La violencia hacia las mujeres es percibida como una conducta “normal” o “esperada” en amplios contextos sociales. Existe una especie de cultura que la avala y permite que la violencia hacia la mujer se mantenga arraigada, se realize en forma continua y sistemática desde hace cientos de años.

Impunidad.  Según el Índice de Impunidad en México, el 99% de los casos de asesinato no son resueltos. Las autoridades mexicanas se caracterizan por el alto nivel de corrupción que existe dentro de ellas. Dicho entorno permite que la violencia de género y sus consecuentes denuncias no sean atendidas ni resueltas en perjuicio grave de las víctimas. Adicionalmente, el colapso institucional que evidencia la impunidad, es abono fértil para que los delitos contra las mujeres se perpetúen e incrementen.

En este contexto, frente a las manifestaciónes de mujeres en las redes sociales, en las cuales exigen que retire su apoyo a Félix Salgado debido a denuncias por violaciones sexuales a través del hashtag #PresidenteRompaelPacto, el presidente López Obrador se enfocó a decir: “Como dicen, ya chole”, recordando que “en estos tiempos electorales existen todo tipo de señalamientos para descalificar a los rivales políticos”.

Armando Ríos Piter

Excelsior

15.02.2021

Por una #SociedadHorizontal

Gran revuelo provocó la visita del Presidente López Obrador, acompañado por algunos miembros de su gabinete y gobernadores, a lo que es el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Juntos supervisaron el aterrizaje de un par de aviones comerciales sin pasajeros y oficialmente abrieron la primera pista en lo que pretende ser un aeropuerto internacional, aunque aún no cuente con torre de control.

Ante estas imágenes, los detractores del gobierno federal arreciaron sus críticas contra el mandatario recordándole las múltiples polémicas que en torno a sus decisiones se han presentado a lo largo del sexenio. Durante más de 26 meses, el Nuevo Aeropuerto, al igual que el Tren Maya y la Refinería en Dos Bocas han sido duramente criticados por sus costos y cuestionados por la viabilidad que puedan tener como proyectos de inversión.

Importantes sectores del país han planteado que sería mejor destinar los recursos que hoy se canalizan a estas obras, en las medicinas para niños con cáncer o mejorar el equipamiento del personal médico que hoy atiende la pandemia. Lo cierto es que la decisión de llevar a cabo estos proyectos, ha dependido prácticamente más de una decisión individual -la de AMLO- que de una mayoría popular que las haya tomado.

Aún cuando la representación popular en la Cámara de Diputados es la que define si estos proyectos se fondean o no con presupuesto público, la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, es prácticamente nula. Sin embargo, todo indica que esta dinámica debe y puede cambiar muy pronto. 

Jason M. Hanania, autor de “Architecture of a Technodemocracy”, nos orienta sobre cómo la tecnología y la democracia pueden retroalimentarse para revolucionar los gobiernos, empoderar al 100% de los habitantes de un país y terminar con el sistema en el que sólo el 1% de las personas -los representantes populares- toman las decisiones por encima de los demás. La República “Tecno-Democrática” implica que mediante el uso de las nuevas herramientas que hoy provee la tecnología, todos los integrantes de la sociedad -incluidos los representantes electos- tienen la oportunidad de comunicarse entre ellos, más como “pares” que como “impares”.

En este modelo de gobierno, todos los integrantes de una sociedad tienen la posibilidad de proponer opciones y priorizar entre las propuestas de todos para elegir la que más les guste. A manera de ejemplo ¿queremos que se invierta en este aeropuerto o en el que estaba en Texcoco? De esta forma, cuando todos los integrantes de la sociedad -no solo unos cuantos- tienen la posibilidad de votar y decidir por la opción que más les interesa, la decisión se alinea con el interés de la mayoría y se maximiza el bienestar social.

Así, todos los integrantes de un grupo, se comunicarán unos con otros en las mismas circunstancias, propondrán opciones y decidirán por la que más les convence. La comunicación se dará en una plataforma que será un bien público, donde cada miembro del grupo es dueño y puede controlar su participación, sin el sesgo de un tercero. La labor del representante será únicamente, cumplir con el mandato de la mayoría y rendir cuentas de una manera transparente.

El autor propone desarrollar, con la maximización del uso tecnológico, cuatro derechos universales: 1) El derecho a comunicarse; 2) El derecho a proponer para tener opciones; 3) El derecho a decidir sobre las elecciones; 4) El derecho a la rendición de cuentas. Hoy que el país atraviesa por un momento de cambio, donde la sociedad se informa, comunica y organiza cada día más de una forma descentralizada, la evolución institucional debe apuntar hacia un modelo de esta naturaleza.

Parecería que nuestro sistema político vive sus últimos días; como cuando una estrella va a morir, crece y alcanza su máxima dimensión, para después achicarse en grados absolutos hasta volverse una estrella enana, que eventualmente muere. Sirva la analogía para describir lo que estoy convencido, le ocurre al presidencialismo mexicano.

Al darle ruta institucional a lo que hoy ya ocurre de manera incipiente, la #SociedadHorizontal crecerá con el fortalecimiento de estos derechos. La verdadera transformación, la transformación participativa, será viable con las herramientas que hoy puede aportar la “tecno-democracia”. Con ello, lograremos construir un México mas fuerte.

Armando Ríos Piter

La transformación del país será participativa o simplemente no será. Dado que La gran participación del 2018 exigió una transformación de fondo. Cansados de la vieja forma de hacer política, millones de mexicanes salieron a votar con el fin de impulsar un cambio. Una sociedad más consciente, informada, comunicada y organizada manifestó un contundente ya basta. Con ello, entregó a López Obrador el bastón de mando para redirigir el rumbo nacional.

Como respuesta a esta exigencia, el nuevo gobierno propuso una “cuarta transformación”, que en su dicho tendría la profundidad de la Independencia, la Reforma y la Revolución. Desde entonces, un amplio despliegue propagandístico, aderezado con fuertes símbolos que contrastan con el pasado, han marcado la forma en la que AMLO y su equipo han intentado dar cauce a la exigencia social de hace unos años.

Sin embargo, en los hechos que afectan la vida cotidiana de madres solteras, vecinos, comerciantes, por solo mencionar algunos, la mayoría de las decisiones y políticas públicas han quedado -como siempre- sujetas al mandato de unos cuantos. La mayoría de las decisiones se toman de la misma forma en la que lo hicieron los gobiernos predecesores, sin generar un diálogo que construya de manera circular propuestas y soluciones, sin un diagnóstico compartido ni la participación de todos los puntos de vista.

En lugar de aprovechar el potencial de millones de personas, se limitan las capacidades. La improvisación e incluso la soberbia de los pocos que toman decisiones, profundiza el riesgo de cometer errores, incrementa las tensiones a falta de conciliación y desencanta ante la insuficiencia de resultados. Vivimos un momento de transición, donde una sociedad que aspira a convivir y organizarse de una forma mucho más horizontal, sufre del verticalismo gubernamental que no logra visualizar la evolución de lo preestablecido.

En el caso de la CDMX, el gobierno central, las alcaldías y el Congreso Local reproducen estas fallas. Ante el drama de la pandemia, han dado muestra de una nula capacidad de consensuar nuevos mecanismos que involucren a la sociedad para construir respuestas. En el ámbito económico, el cierre de negocios da muestra clara de este drama. De las 345 mil empresas que existían en 2019, en 2020 sólo sobrevivieron 224 mil. El grito de restauranteros, meseros, cocineros con el #abrimosomorimos ha dado muestra del grado de emergencia que vive la actividad económica en el centro del país, donde el cierre de tiendas, centros comerciales, escuelas, gimnasios, estéticas, entre otros, ha significado la pérdida de miles de empleos. ¿No podríamos organizarnos mejor para enfrentar el problema?

Estoy convencido que sí, pero necesitaríamos propiciar una acción colectiva, con propuestas de todos los actores, no solo con la decisión de unos cuantos burócratas o líderes políticos. Todos los sectores afectados deben involucrarse de manera decisiva.

Si dos cabezas piensan mas que una, imaginemos lo que lograríamos con mil o un millón de ellas involucradas. Hoy que existen nuevas herramientas tecnológicas, seguir esta ruta es lo único que hace sentido para enfrentar los nuevos retos.

Hoy podemos convocar a una transformación participativa porque la sociedad cambió y el centro del poder hoy lo tiene la gente. La nueva forma de informarse, comunicarse y organizarse gracias a mecanismos como el whatsapp da cuenta de ello. El despliegue que han logrado las mujeres o los restauranteros con acciones que rebasan las capacidades institucionales tradicionales, es testimonio de esa nueva fuerza.

Por eso afirmo que la transformación será participativa o no será. Hoy debemos involucrar a todas las voces, escuchar las propuestas de quienes sufren los problemas y pensar juntos cómo enfrentar la crisis económica que vivimos en la CDMX, así como en todo el país.

La nueva era implica tener una consciencia diferente sobre nuestra vida en comunidad y el compromiso que tenemos con los demás. Las herramientas que nos ofrece la tecnología, nos permitirá trabajar mano con mano, con solidaridad y género-sidad para lograr una nueva economía del cuidado, donde todos cuidemos de todos.

Armando Ríos Piter

Según el reporte anual de Dataint.mx para 2020, la mayoría de los delitos cometidos en México, cayeron significativamente durante el año pasado debido principalmente a la pandemia del Covid-19. El estudio señala que la incidencia delictiva total disminuyó un 12%. El robo de vehículo disminuyó un 23%, el secuestro cayó un 38.7% y la extorsión un 9.8%.

La caída de estos delitos no implicó la disminución de la violencia, misma que se mantuvo prácticamente en los mismos niveles que en 2019. Los estados de Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Sonora, Michoacán, Colima, Morelos, Guerrero, Quintana Roo y Jalisco presentaron las mayores tasas de violencia, debido principalmente a la presencia del crimen organizado en dichas entidades.

El año pasado se cometieron 35,484 asesinatos en México, lo que significó un promedio de 97 víctimas por día. Esta cifra significó apenas un 0.4% menor al año previo. La tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes fue de 26.9%, esto es 1.3% inferior a la que se presentó en 2019. Esto refleja con toda claridad que ni la pandemia, ni las medidas de distanciamiento social tuvieron mayor incidencia en la reducción de la violencia.  Cabe mencionar que tanto en 2019 como en 2020 -los dos primeros años del sexenio de AMLO- las cifras experimentadas son las mas elevadas desde que existen registros confiables.

El documento también señala que en las carreteras federales del país prevalecen dos problemas estructurales: los robos y la toma de casetas.  Con base en información de la Guardia Nacional, de enero a octubre de 2020 se cometieron 650 robos a transporte de carga y 45 a transporte de pasajeros en la red carretera federal.  Los tramos carreteros que presentaron el mayor número de robos fueron el de Puebla-Córdoba, el México-Puebla y el México-Querétaro. En paralelo, la toma de casetas de cobro se ha convertido en otro problema grave en distintos puntos de la geografía nacional.

La obtención de rentas ilegales que han generado grupos de manifestantes a través de las casetas, ha significado que 33 casetas fueran tomadas entre 100 horas y hasta 10 meses durante el período comprendido entre enero y octubre del año pasado. Esto significó una pérdida de más de 3 mil mdp por cuotas no cobradas.

Respecto al 2021, las proyecciones que establece dicho documento son que persistirán los conflictos entre organizaciones criminales en varias entidades. A su vez, se prevé que durante los comicios electorales de junio, incremente la violencia. La investigación destaca la realización de 22 asesinatos relacionados con el proceso. Adicionalmente, el deterioro de la economía también podría generar un repunte de la delincuencia.

Para terminar, Dataint.mx subraya que la debilidad institucional se sigue deteriorando en el sector de seguridad en México. El frágil control civil sobre las fuerzas armadas, el deterioro de la relación con las agencias estadounidenses y los recortes presupuestales dirigidos a las corporaciones locales son variables que han generado impactos significativos en las capacidades de atención a este flagelo.

La desaparición del subsidio FORTASEG, del cual dependían las policías de 280 municipios, implicarán una importante disminución de las capacidades del Nuevo Modelo Policial.  El recorte de 4.13 mil millones de pesos en este rubro para 2021, implicará dejar con menos capacidades a las alcaldías del país, el eslabón más débil de la cadena. Este último punto es el que más preocupa.

Sería un error que el gobierno eche campanas al vuelo por la caída de los delitos ocurrida en 2020. Esto puede ser engañoso. Los datos podrían incrementarse nuevamente conforme aminore la pandemia.  Si queremos contar con una verdadera estrategia integral que garantice seguridad y justicia a la población, debemos entender que las capacidades locales son fundamentales, no solo para combatir a la delincuencia en todos sus niveles, sino para generar dinámicas preventivas donde los habitantes se coordinen entre ellos y lo hagan de la mano con las autoridades.

Armando Ríos Piter

Según la Organización Mundial de la Salud, por infodemia se entiende la “Cantidad excesiva de información que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando las necesitan”. En Wikipedia, se describe que este “término se deriva de la unión entre la palabra información y la palabra epidemia. Se relaciona con conceptos similares como Fake News o Infoxicación”.

Esta “enfermedad” se presenta cuando los datos que se difunden tienden a ser falsos y se desvirtúan las fuentes confiables de información que buscan ofrecer insumos relevantes -datos, respaldos técnicos- acerca de un tema en específico. La rápida propagación de estos datos, a través de los medios de comunicación de libre acceso como las redes sociales, generan confusión. “La inexistencia de filtros de veracidad en estas plataformas propicia la desinformación del público general inexperto”.

En reiteradas ocasiones hemos remarcado que las instituciones deben evolucionar, debido a que la humanidad hoy se informa, comunica y organiza cada vez más de una forma descentralizada. Conforme esto ha ocurrido, los actores sociales logran velocidades que rebasan por mucho, las capacidades de los mecanismos instituidos para adaptarse. Tal es el caso de la información, que en muchos casos puede ser errónea, basada en rumores o incluso desinformación. Esta situación genera equivocaciones en las respuestas que los ciudadanos realizan frente a hechos concretos.

Sirvan estas consideraciones para ejemplificar lo que hoy ocurre cuando el presidente López Obrador informa en sus conferencias mañaneras sobre algún tema. El jueves de la semana pasada, AMLO dijo que el acceso a la vacuna será universal y gratuito, se aplicará primero al personal médico y posteriormente a los adultos mayores, con el fin de terminar ambos segmentos de la población en mayo.

Adicionalmente, según información publicada por Juan Pablo García Moreno en Nexos, el número de dosis contratadas por parte del gobierno federal -en millones de unidades- es de: 77.4 a Astra/Zeneca, 51.5 a Vovax, 35 a CanSino Biologics y 34.4 a Pfizer Biontech. No obstante, en paralelo se difundió información de que el gobierno no había comprado vacunas, sino que Pfizer había donado vacunas a México, con la finalidad de experimentar con sus ciudadanos. Tras verificar la información, en concordancia con información emitida por la oficina para la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA), la Secretaría de Relaciones Exteriores dejó claro que lo relacionado con las pruebas “regaladas” era falso.

Las aclaraciones por parte de las autoridades resultan sumamente positivas para evitar desinformación y errores. El problema es que en un contexto de polarización como el que hoy vivimos, la participación de un gobierno que en reiteradas ocasiones ha utilizado el “yo tengo otros datos”, ha restado confianza. Lo que dictan las actuales autoridades en muchos casos no es creíble por parte de importantes segmentos de la población.  En la actualidad una misma realidad puede ser interpretada y descrita desde distintos ángulos -incluso erróneos o distorsionados- según convenga a quien haga pública su posición al respecto. Por esta razón, sería positivo contar con un elemento institucional “autónomo y confiable” que verifique la información.

Ante la infodemia, la #Sociedad Horizontal requiere nuevos instrumentos por parte del Estado que ayuden a resolver los nuevos problemas que se presentan. En reiteradas ocasiones hemos enfatizado en este espacio que lo que vivimos es un cambio de era, no una era de cambios. Precisamente por esta razón, es indispensable entender que los fenómenos sociales que hoy ocurren de manera acelerada, exigen una transformación y evolución institucional, igualmente dinámica.

Sirvan estas consideraciones para entender que en lugar de pensar en desaparecer al Inai, valdría la pena revisar la forma en que este organismo ayude no solo a transparentar la información gubernamental, sino a verificar la información que se genera desde distintos espacios, para un momento específico. Esta nueva institución deberá ser confiable, pero sobre todo descentralizada y participativa para garantizar el discernimiento de los actores sociales sobre la información que circula. 

Armando Ríos Piter

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el domingo que los legisladores demócratas están listos para proceder con la legislación para llevar al presidente Donald Trump, a un segundo juicio político. La legisladora calificó a Trump como una amenaza para la democracia y la Constitución, después de la movilización que se dio en Washington, D.C.

Ante este llamado, algunos republicanos se sumaron a solicitar la renuncia del mandatario, con lo que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la apertura de un nuevo juicio político contra el presidente saliente. La acusación es por “incitación a la insurrección”, debido al asalto contra el Capitolio. Trump se ha convertido en el primer presidente en la historia de Estados Unidos que es enjuiciado políticamente en dos ocasiones. La votación se saldó con 231 votos a favor y 197 en contra, con diez legisladores republicanos que se sumaron a la bancada demócrata.

Trump ha calificado el nuevo juicio político como algo “absolutamente ridículo” y “una continuación de la mayor caza de brujas de la historia de la política”. Lo anterior en el marco de la suspensión permanente de su cuenta de Twitter. En paralelo, Instagram y Facebook anunciaron que suspenderán la cuenta del presidente, una vez que termine su mandato. YouTube y TikTok también señalaron que emplean diferentes mecanismos de moderación para disminuirle visibilidad a los partidarios del presidente.

Twitter argumentó que tras evaluar la forma en que Trump utilizó la plataforma en últimas fechas, decidieron suspender -de forma inmediata y permanente- la cuenta “debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia”.  Jack Dorsey, CEO de la empresa subrayó que “el daño fuera de internet como resultado del discurso en línea es demostrablemente real, y es lo que principalmente impulsa nuestra política”. No obstante, también aceptó que la medida tendría consecuencias para una internet abierta y gratuita. “Tener que tomar estas acciones fragmenta la conversación pública. Nos divide. Limita el potencial de aclaración, redención y aprendizaje. Sienta un precedente que creo que es peligroso: el poder que un individuo o corporación tiene sobre una parte de la conversación pública global”.

Las nuevas tecnologías dieron voz y presencia a millones de personas que anteriormente estaban excluídas. Debido a ello, principios como la libertad de expresión se han puesto a prueba. La sociedad los emplea de una forma más veloz y potente de lo que las instituciones pueden procesar.

Donald Trump dijo -basado en la libertad de expresión- lo que según su percepción y la de muchísimos de sus seguidores ocurrió en la elección: Que hubo fraude. No tengo identificado ningún mensaje en el que él haya arengado la toma del capitolio. La gente hoy se moviliza por lo que cree. Los integrantes de una sociedad heterogénea, se informan, comunican y organizan más rápido de lo que las propias instituciones puedan prevenir y conducir. Lo que vimos el 6 de enero fue un claro ejemplo de ello. Por eso no compro el argumento de que la movilización extremista ocurrida en Washington sea su responsabilidad. Mas bien, creo que el intento de impeachment tiene que ver con descarrilar a Trump frente a un eventual intento de reelección en cuatro años.

Lo que preocupa enormemente es que las plataformas digitales no logran entender su papel frente al fenómeno disruptivo que ellas mismas han instalado. La elección estadounidense evidenció que no logran adaptarse al nuevo mundo que ellas mismas procrearon. Al promover la censura a Trump, se dan un balazo en el pie. Se repliegan en lugar de exigir la evolución de las instituciones -en defensa de la libertad de expresión- para que éstas se adapten al nuevo ritmo de la sociedad. Promueven y aceptan la censura en lugar de adecuarse a los nuevos retos que plantea la libertad de expresión.

Armando Ríos Piter

Sin duda alguna, una de las películas que marcaron la década de los ochenta fue aquella en la que Marty McFly, a bordo de un DeLorean convertido en máquina del tiempo, regresa varias décadas atrás. El filme se basa en evitar que el protagonista se quede estancado en el pasado y regrese a la época que le corresponde. No son pocas las veces que en estos últimos dos años he tenido esa misma sensación. Cuando para resolver los problemas actuales se buscan soluciones del pasado o esquemas que dejaron de funcionar, surge la necesidad crucial de volver al futuro.

Propuestas como la realizada por el presidente López Obrador en su  mañanera del jueves de la semana pasada nos recuerdan esta situación. AMLO dijo que analizará con su gabinete la posibilidad de que órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai), sean absorbidos por las secretarías de la Función Pública, de Comunicaciónes y de Gobernación. Su principal argumento es disminuir el gasto que estos provocan.

La creación de estos organismos y especialmente dotarlos de autonomía, tuvo como justificación darles mayor capacidad técnica para la toma de decisiones, independencia frente al poder público y protegerlos de la cooptación política.  Derivado de ello, algunos expertos destacan que la Cofece ha supervisado concentraciones económicas o de mercado por más de 13 billones de pesos, además, ha impuesto multas superiores a los 6 mil millones de pesos. Por su parte, el IFT, ha logrado reducir los precios de los servicios de telecomunicaciones en 27 por ciento y en el caso de los servicios móviles hasta 44 por ciento, lo que implica ahorros por 425 mil millones de pesos para los consumidores.

No obstante, para continuar con el recuerdo ochentero, la serie Cobra Kai -tan en boga estos últimos días- nos recuerda que en esta época debemos considerar diferentes ángulos para analizar y entender la realidad. La vieja rencilla del buen discípulo del señor Miyagi, contra el pedante Johnny Lawrence, vista 30 años después, nos muestra que siempre hay dos puntos de vista, donde el bueno no es tan bueno y el malo no es tan malo.

Sirva esta analogía para entender los nuevos tiempos. El cambio tecnológico, particularmente la hiperconectividad ha posibilitado que amplios segmentos de la población unifiquen criterios y expresen su visión de la realidad. Se acabaron las verdades absolutas. Hoy es evidente que en nuestra sociedad coexisten distintas formas de interpretar cualquier hecho. Las redes sociales nos han demostrado que un mismo fenómeno puede entenderse de distintas formas y defenderse de manera masiva desde cualquier ángulo. Para una sencilla muestra, las imágenes del pasado miércoles en Washington D.C. donde miles de personas se manifestaron en contra del fraude electoral.

Por ello, la propuesta de AMLO también debe revisarse desde otra perspectiva. Cuando López Obrador critica que el INAI es poco eficiente, advierte que una solicitud de información tarda hasta 30 días en cubrirse. Generalmente, las respuestas se entregan en el último minuto antes del vencimiento del plazo. Cuando critica la dificultad que tiene elaborar una solicitud de información actualmente para la mayoría de la población, tiene razón. Incluso, cuando ha dicho que para la mayoría de la gente en el país estas instituciones no son relevantes, tiene un punto, pues la gran mayoría de los mexicanos desconoce que éstas existen o su funcionalidad.

Con base en esto las preguntas son: ¿Cómo hacer que el gobierno cueste menos, pero sea más eficiente? ¿Cómo mejorar la capacidad de las instituciones para garantizar transparencia inmediata? ¿Cómo hacer que el trámite sea sencillo, popularmente entendido y masivamente aprovechado? Si las respuestas institucionales de hoy no son suficientes, tampoco lo serán las del pasado. Se requieren nuevas solciones para evolucionar, no estancarnos ni regresar a un pasado que dejó de funcionar.