Localizan a Ángel Cabrera García, uno de los 4 pescadores desaparecidos en el Balsas 

IRZA

Chilpancingo, Gro(IRZA).- Este miércoles fue encontrado Ángel Cabrera García, de 16 años de edad, uno de los cuatro pescadores de la localidad de Mezcala, municipio de  Eduardo Neri, desaparecidos el domingo en el Río Balsas. 

Fue a pescar junto con su padre Ángel Cabrera Ávalos, Juan Carlos Catalán Silva y Guadalupe Bautista Astudillo, quienes siguen desaparecidos. 

Por su desaparición, sus familiares bloquearon la carretera federal Chilpancingo-Iguala, a la altura de Mezcala, el martes, para demandar a las autoridades su búsqueda. 

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la localización del jovencito Ángel Cabrera García, y precisó que a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, continúa la búsqueda de Ángel Cabrera Ávalos, Guadalupe Bautista Astudillo y Juan Carlos Catalán Silva. 

Indicó que en las labores de búsqueda han contado con el apoyo de sobrevuelos realizados por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, elementos de la Unidad Canina de la propia FGE, Policía de Investigación Ministerial, Policía Estatal, Ejército y Guardia Nacional. 

La FGE solicita a la ciudadanía su colaboración con cualquier información que ayude a localizarlos, al número de Atención Ciudadana: 747 494 2999 o al 911.

Vuelca camioneta de mudanzas en Tecpan

Cuauhtémoc Rea Salgado

TECPAN. El conductor de una camioneta del servicio público de mudanzas en esta ciudad, resultó lesiónado al volcarse la unidad motriz que manejaba en hechos registrados ayer sábado en la parte alta del barrio “Los Silleros”.

Según el reporte de las autoridades de Protección Civil municipal, el percance ocurrió cerca de las inmediaciones de la escuela primaria Guadalupe Victoria.

La camioneta iba cargada con tablas de madera, como esa parte de la colonia citada está muy empinada, fue allí precisamente, cerca de dicho centro escolar, donde sucedió este accidente donde afortunadamente sólo se registraron pérdidas económicas.

Economía, Omicrón y Narrativa

Armando Ríos Piter

La encuesta nacional publicada recientemente por Mitofsky, en la que habla sobre las proyecciones en torno al cambio de año 2021-2022, presenta datos interesantes sobre el optimismo que tienen los mexicanos frente al año que inicia.  Ante la pregunta, ¿cómo le va a ir en 2022?, destaca que el 75.7% contestó que sí le irá mejor, frente a un 15.4% que comenta que le irá peor. De la misma forma, cuando se les cuestiona a las personas, si piensan que tendrán posibilidad de comprar, el 69.4% manifiesta que sí cree que podrá comprar este nuevo año, frente a un 21.7% que cree que no podrá hacerlo.

El mismo estudio señala que lo más importante que la gente espera que le pase “en su persona” para 2022 es: “mejorar su calidad de vida” (26.3%), “mejorar su economía personal” (21.4%), “conseguir o mejorar su empleo” (12.5%), “tener salud” (11.9%). Estas respuestas coinciden con las proyecciones realizadas en otros estudios. Tal es el caso del presentado por El Financiero, donde se indica que el 81% de las personas opinó que el 2022 será un año bueno o muy bueno, mientras que el 7% piensa que será un año malo o muy malo.

Ambos estudios se hicieron a finales de noviembre y mediados de diciembre respectivamente, cuando los impactos de la variable Omicrón aún eran muy inciertos. Sirva recordar esto pues, a finales de noviembre, la calificadora Moody´s indicó que la nueva variante de Covid, plantea nuevos riesgos e incertidumbre para el crecimiento económico y las perspectivas de inflación a nivel global pues “la amenaza dependerá de la transmisibilidad y virulencia de la nueva variante”. Recientemente el Banco de México publicó en su recién Informe Trimestral Jul-Sep 2021, que la variable Omicrón se encuentra dentro del balance de riesgos para el escenario central de recuperación de la economía.

Aun cuando la mayoría de los analistas coinciden en que es previsible que no haya cierres totales de la economía como en 2020, lo cierto es que la reactivación económica prevista para 2022 podría verse afectada. Por esta razón, las proyecciones de la SCHP de que el PIB crecerá 4.1% en 2022 podrían cambiar a la baja. De hecho, Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, alertó a principios de diciembre sobre una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento mundial, aún situadas en 4.9% en 2022, pero que podrían modificarse a finales de enero.

Por lo pronto, el presidente López Obrador ha anunciado que durante la conferencia “mañanera” del primer jueves de cada mes, habrá una nueva sección con la finalidad de informar sobre el “desarrollo económico y social del país”.  De esta forma, se presentarán datos económicos tales como el índice inflacionario, el número de empleos formales registrados ante el IMSS, el tipo de cambio de la moneda mexicana, el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros. En esta nueva sección se presentarán datos económicos como el tipo de cambio.

El 2022 comprenderá eventos políticos de enorme relevancia, tales como la revocación de mandato y las elecciones en seis entidades federativas. Por esta razón, no debe extrañarnos que el gobierno busque construir una estrategia comunicacional con el objetivo de “alinear” la narrativa en torno a la situación que guarde la economía del país.

La preocupación de que Omicrón profundice impactos en diversos sectores, especialmente el turístico, el restaurantero o la hotelería, siguen latentes. Será necesario -como ya lo empiezan a hacer otros países- pensar en programas de ayuda estructural como el “Build Back Better” o el “Next Generation”, que en Estados Unidos y Europa respectivamente, ya preven reformas sociales, digitales y ambientales para mejorar en el contexto derivado de la pandemia.

En materia económica, se debe exigir políticas públicas concretas. Deberá estar atenta a verificar y contrastar los datos, así como las opiniones que se presenten desde el gobierno, con el fin de tener la mejor información posible y evitar caer en sesgos. Hoy por hoy, el año que inicia, pese al gran optimismo mostrado por la gente en las encuestas, se mantendrá sumamente incierto. Para tener buenos resultados, requerimos compromisos objetivos, no solo narrativa gubernamental.

¿Habrá negociación política?

Armando Ríos Piter

El pasado miércoles 1º de diciembre, no solo se dio la celebración del tercer año de Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno. La celebración presidencial sirvió también como escenario para la entrega -un día antes- de una carta por parte del diputado Santiago Creel en la que le solicitó al mandatario “un diálogo respetuoso para abordar los temas que afectan al país, el tema de la violencia, la inseguridad, la reactivación económica para que se generen empleos”. La difusión de este hecho se hizo a través de un video frente a Palacio Nacional, en el que el panista enfatizó: “Hablando se entiende la gente”.

El encuentro no se llevó a cabo con el titular del ejecutivo, sino con su Secretario de Gobernación a quien publicamente le pidió, “que lo reciba y que se abra la posibilidad de diálogo, que se escuche a todos”. De esta forma, Adan Augusto López desahogó el encuentro en Bucareli y coincidió con Creel en entablar un diálogo “cordial” entre el Gobierno de México y la oposición representada por el PAN. Ambos resaltaron la importancia de trabajar de la mano en temas como la reforma energética, la lucha contra la corrupcion, el papel de las Fuerzas Armadas en temas civiles, la inflación y la crisis económica que podría presentarse en 2022.

Creel notificó sobre la realización de un futuro encuentro en la Secretaría de Gobernación con legisladores, presidentes municipales, dirigentes y gobernadores de su partido. La Segob por su cuenta complementó que este mismo tipo de encuentros se desarrollarán con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como con el resto de las fuerzas de oposición.

De darse los mencionados encuentros, estos se darán  en un contexto en el que los partidos de oposición, aún no logran salir de sus múltiples crisis internas. Cabe recordar que sólo han podido ser competitivos en coalición, pero prácticamente en ningún lugar por sí solos. Como botón de muestra está el mismísimo PAN, del que  distintos expresidentes nacionales, ex gobernadores y legisladores han declarado que “los que votan por el PAN lo hacen por el miedo a Morena, pero no por sus propuestas o candidatos”.

El año entrante será un año de gran turbulencia política. La sucesión adelantada, la revocación de mandato y la elección en seis entidades federativas -Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas- abrirán múltiples espacios de desencuentro. Es indispensable que los liderazgos y representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso, eleven la mira y busquen preservar el diálogo constructivo, por encima de las tensiones que habrá de definir la coyuntura política cotidiana.

En un entrono complejo, vale la pena reflexionar: ¿qué tanto sirve el diálogo democrático cuando los partidos involucrados enfrentan retos de cohesión como los mencionados? Sin duda alguna, pese a todo, sirve de mucho. En tiempos de confrontación y polarización, aún cuando estos institutos políticos vivan problemas de cohesión e incluso de representación popular, hasta el momento son la única vía para representar institucionalmente las distintas visiones que tiene una sociedad compleja como la mexicana. Valga este recordatorio para subrayar que discusiones constitucionales como la Reforma Eléctrica, la Reforma Electoral o la Reforma a la Guardia Nacional, por la forma en que está la representación política en el país, requieren del involucramiento de todas las voces.

Sirva también esta reflexión  para visualizar un futuro no muy lejano en el que el cambio tecnológico acarreará consigo una pronta evolución de las instituciones sociales. La posibilidad de votar sin intermediarios ni representantes populares, tardará poco tiempo en convertirse en una realidad. No obstante seguirá siendo indispensable, la participación de actores políticos que -previamente o después de las votaciones- se encarguen de conciliar intereses y de garantizar la coexistencia de las distintas posiciones sectoriales o territoriales del país.

Los políticos inalcanzables

YAREMY LÓPEZ

En los últimos días he tomado más conciencia del actuar diario de los políticos que nos rodean, y a decir verdad, pocos ciudadanos nos preocupamos por lo que sucede en esas “altas esferas”, pero todos estamos involucrados, tal vez, se preguntarán el por qué y es que nosotros fuimos los encargados de hacer a esas personas que hoy nos están gobernando.

Pero esa no es la mejor parte, sino que me he dado cuenta que al final todos esos políticos por muy alto o bajo cargo que tengan, como servidores públicos se vuelven inalcanzables, y déjenme aclarar, no todos son así, pero en su mayoría.

Poder, una palabra tan sencilla, de 5 letras que en realidad significa todo, porque quienes gobiernan lo tienen, todas las decisiones, los “intereses del pueblo” están en sus manos, pero claro que entre el pueblo, el político y las decisiones, estarán siempre sus propios intereses.

Aunque digan que no, todos se ven beneficiados por sus cargos, y les aclaro, no estoy hablando de robar, simplemente, tener un cargo público, sobre todo de alto nivel, siempre tendrá sus beneficios y claro que ellos no tienen la culpa de eso, porque simplemente lo pidieron, trabajaron para llegar ahí pero nosotros como sociedad se los concedimos.

Después de concedérselos, ahora ellos se vuelven inalcanzables, si lo pensamos por un momento, muchos tenemos amigos que trabajan en el Ayuntamiento, Senado, Cámara de Diputados, etc. Y en ese momento hasta uno se siente importante, que nadie puede tocarte y que la gente que no puede estar en tu esfera es inferior.

Me pregunto, ¿Por qué cuando una persona común y corriente llega a un cargo público se vuelve inalcanzable? Y no me pueden dejar mentir, a veces esos “amigos” que ahora tienen poder, no te contestan ni los mensajes porque “no tienen tiempo” o se les llena su buzón con tantos mensajes que no hay tiempo para un amigo.

Todo cambia en ese mundo, ahora comen en lugares caros, usan ropa de marca, el círculo social se vuelve selecto y una vez más aclaro, esto no es nada malo, al contrario, tienen una oportunidad y la toman, así debe ser en la vida, lo malo es que cuando ya tienen poder no solo cambian el estilo de vida, sino la forma de ser, la esencia y los intereses personales.

Del lado ciudadano, sabemos que es muy difícil acercarte si quiera a un Gobernador, al Presidente de la República, en ocasiones hasta a los Presidentes Municipales, Senadores, Diputados o simplemente a un Director de alguna dependencia, hasta se siente como un privilegio cuando esa persona se acerca a saludarte, todo debe ser pulcro, en perfecto orden, hasta la foto te tomas con ellos porque tuviste ese “privilegio”, que triste es esta realidad y no sólo en México, sino en todo el mundo, porque al menos en este hermoso país, todos los que aspiran a un cargo público en campaña se van a meter hasta tu casa, hacen tortillas, tapan baches, atienden el puesto, venden en triciclo, ¿Ridículo cierto?

Ya nadie o muy pocos creemos en esos cuentos de 2 pesos, porque hoy ocupamos a personas que tengan el conocimiento necesario para manejar el cargo por el que aspiran, porque no es sólo tomar decisiones que le beneficien a él/ella, ni a su partido, sino a toda una sociedad que los eligió.

Pero bueno, volvamos un poco a la historia en la que estábamos, en campaña hacen todo tipo de cosas “cercanas a la ciudadanía” pero, ¿Qué creen?, todo eso acaba una vez que ganan, porque como tienen demasiado trabajo, ya no es posible tener tiempo para escuchar, convivir y ayudar a tu gente.

Ojalá los servidores públicos hicieran una reflexión interna y se dieran cuenta que no necesitamos que nos den despensas, o tal vez sí las necesitamos, artículos básicos, pero también ocupamos que no se olviden de que después de sus oficinas, sus vidas de lujo, hay una realidad afuera que enfrentamos todos, que necesitamos que se involucren, que sean humildes, que ya no sean esos típicos políticos inalcanzables.

Los ciudadanos estamos cansados de esa situación, tal vez si tú eres un servidor público no estarás de acuerdo conmigo, pero déjame decirte querido amigo y amiga, lo has hecho, tal vez tú no lo notas, pero los demás sí.

Hacer política cada vez es peor, cuando debería ser todo lo contrario, hoy tenemos infinitas formas de informarnos, de aprender y saber el verdadero manejo de un gobierno, siendo empáticos, viviendo de forma correcta, con la vista fija en tus objetivos; No está mal aspirar a más, jamás, siempre uno debe buscar llegar a una meta y después escalar a otra, pero todo eso requiere no sólo trabajo de campo, sino también interno.

¿Cómo van a conocer las verdaderas necesidades de la gente si viven en una burbuja?, no pasan fríos, en sus casas no entra el agua cuando llueve, no sufren pensando qué van a comer al final de la quincena sin dinero, pero oye, afuera sí pasa todos los días.

Qué bueno sería que los políticos dejaran de ser inalcanzables, entiendo que muchas veces y sobre todo por la vida actual, es casi indispensable tener personal de seguridad, pero nunca dejes de ser lo que fuiste, supérate, aprende, capacítate, pero no te vuelvas el típico inalcanzable con la gente, porque hoy estás arriba y mañana ya no estás ahí, nunca olviden que la misma sociedad los pone en donde están hoy.

Servir al pueblo es la meta más grande de todos los servidores, hagan su trabajo, pero no dejen de ser humildes y reconocer a quienes siempre les apoyaron y sobre todo a toda la ciudadanía porque sin ellos ustedes no estarían en donde hoy están.

¿En qué va la demanda contra armeras en EU?

Carlos A. Pérez Ricart

Es un esfuerzo jurídico y político sin precedentes. La demanda mexicana contra varias compañías productoras y distribuidoras de armas en Estados Unidos es el mayor intento realizado por el Estado mexicano para detener el flujo de armas provenientes de aquel país. A continuación, un recuento de lo sucedido desde el 4 de agosto, fecha en que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó la demanda ante la Corte del Distrito de Massachusetts y el pasado 22 de noviembre, día en que las empresas respondieron al alegato mexicano.

Empecemos por el principio. El 4 de agosto de este año, el Gobierno de México acusó a once empresas distintas de conducirse en forma negligente al diseñar, producir, distribuir y comercializar sus armas. La negligencia con la que se conducen estas compañías —según la lógica de la demanda— facilita que todos los días se trafiquen alrededor de 600 armas de manera ilegal a México y terminen en manos del crimen organizado.

Son varios los puntos que ataca la demanda, pero pueden sintetizarse en tres áreas: diseño y producción, distribución y venta, y publicidad y comercialización. En el primer campo identifico los siguientes argumentos: a pesar de que existen tecnologías para ello, las armas no tienen dispositivos que impidan su uso por personas distintas al comprador, que faciliten su trazabilidad o impidan su fácil modificación para aumentar su poder de fuego. En el área de la distribución y venta, la crítica es que las empresas distribuyen y venden sus productos a toda tienda con licencia para vender armas, sin importar si esta ha sido investigada por haberse coludido en el pasado con traficantes. Además, toleran (e incentivan) ventas múltiples a compradores recurrentes y previsiblemente asociados a redes criminales. Esto es: saben que sus armas son parte del tráfico ilegal y no solo no les importa, abastecen precisamente a ese mercado. Por último, con relación al área de publicidad y comercialización, la demanda sugiere que los departamentos de venta de las empresas enfatizan las “características militarizadas” de las armas, y hacen uso de motivos mexicanos especialmente atractivos para usuarios al sur de la frontera. Esto solo puede significar una cosa: las compañías saben que su mercado está en México. No lo esconden. No les importa. Son negligentes.

Era previsible que el camino legal de una demanda de este calado iba a estar lleno de espinas. No es fácil ganar una demanda en Estados Unidos; mucho menos cuando se hace contra uno de los grupos de presión más grandes del mundo, con excelentes relaciones entre los congresistas de ese país y con abundantes recursos para pagar abogados. La respuesta a la demanda por parte de las empresas y hecha pública el lunes pasado confirmó dos cosas: aunque el camino es cuesta arriba, una victoria mexicana no es inverosímil. Aquí David le puede ganar a Goliat —aunque necesitará más que una honda y una piedra para ello.

¿Qué argumentan las empresas armamentistas? Muchas obviedades, algunas con mayor sentido que otras; y, sin embargo, afortunadamente, casi todas fáciles de contra replicar para la Consultoría Jurídica de la SRE. A continuación, resumo los argumentos de las empresas en cuatro puntos.

Dicen, en primer lugar, que todas las acusaciones de la demanda nacen del hecho de que son criminales quienes compran ilegalmente la armas, que son criminales quienes las introducen de manera ilegal a México y que son criminales quienes hacen uso indebido de las mismas en territorio mexicano. Todo el daño narrado en las 130 páginas de la demanda, dicen, es 100 por ciento atribuible a actividad criminal de gente que de ningún modo está relacionada con las empresas. El razonamiento es fácilmente rebatible.

Argumentan, también, que la demanda no cumple con el “umbral de evidencias suficientes” para iniciar una acción legal. Según la respuesta de las armerías, la demanda mexicana está repleta de presunciones, pero no presenta evidencias concretas que muestren responsabilidad alguna por parte de los acusados. Etiquetan la evidencia mexicana como “vaga y “llena de conjeturas”. Esto es sencillamente falso y una somera revisión a la demanda original basta para desvirtuar el argumento.

Dicen, en tercer lugar, que existe un argumento de legitimación procesal activa. Según las empresas, el Gobierno de México no solo no puede acreditar que ha sufrido directamente un daño por parte de las empresas demandadas, sino que no puede demandar. Así sin más, las empresas piden a la Corte que desestime de inicio el caso y ni siquiera entre al fondo del asunto porque México no ha probado que tiene derecho a una reparación. En este sentido presentan dos argumentos: uno tiene que ver con la larga cadena que inicia con la compra de un arma y que termina con el  acto criminal (lesión u homicidio) y otro que tiene que ver con el hecho de que México se considere víctima de crímenes cometidos en su territorio o en contra de su población. En ambos casos, el Gobierno tiene suficientes elementos para hacer frente a los razonamientos.

Por último, las empresas sostienen que la famosa ley Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA)– hace improcedente la demanda. Esta ley —que es, en la práctica y en la teoría, inmoral y resultado de una arbitrariedad— vuelve prácticamente inmune a la industria armamentista ante demandas por daños ocasionados por sus productos. La Cancillería mexicana defiende que PLCAA no resulta aplicable para crímenes cometidos fuera de la frontera de los Estados Unidos y que, por tanto, no evita la procedencia de este litigio particular. Las distribuidoras y fabricantes de armas consideran lo contrario. Este debate, aparentemente trivial, será el mayor obstáculo que tendrá que sortear, al menos en primera instancia, la demanda mexicana. Es la primera vez que un Gobierno extranjero hace este tipo de demanda y, por tanto, aquí el pronóstico debe ser más cauteloso.

¿Qué sigue? La etapa de la “esgrima jurídica”; la etapa de los alegatos y el debate; la hora de los especialistas. Tocará esperar al próximo 31 de enero para conocer la contrarréplica del Gobierno de México a los argumentos de las armadoras y al 28 de febrero para revisar la respuesta final de las empresas demandadas; será, sin embargo, hasta mediados de 2022 en que conoceremos si la Corte Federal de Massachusetts admite o no la demanda; luego, solo mucho tiempo después, sabremos la decisión de los jueces.

La moneda está en el aire. En esta columna seguiremos su vuelo esperando, claro, que no caiga cruz. David puede ganar a Goliat. Sería un acto de justicia.

La COP 26 en Glasgow

Armando Ríos Piter

El día de ayer inició en Glasgow, Reino Unido, la Conferencia de las Partes (COP26). Esta conferencia se realiza en el Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En esta reunión habrán de encontrarse 196 países y la Unión Europea con la finalidad de tomar decisiones por consenso. Esta reunión se ve como un encuentro crucial, pues después del Protocolo de Kioto suscrito en 1997 donde se acordó la reducción del 5% de las emisiones de los países y el Acuerdo de París en 2015, en el que se estableció la disminución de la temperatura global a no más de 2º C al 2100, Glasgow surge como un momento de evolución y posible catarsis frente a lo que no se ha logrado.

Dado que la pandemia del COVID-19 obligó a posponer la 26ª COP el año pasado,  existe una gran expectativa ante la participación de más de 100 países que se reuniran con la finalidad de “fijar claramente sus compromisos nacionales de reducción de emisiones para mantener el calentamiento previsto a finales de siglo como máximo en 1.5 ºC con respecto a los niveles preindustriales”. El cumplimiento del Acuerdo de París será la columna vertebral de la discusión. Entre los principales puntos que habrán de tratarse se encuentran:

  1. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 40% para 2030, con respecto a las que tenían en 1990.
  2. Impulsar la innovación a partir de tecnologías que promuevan la eficiencia, reduzcan los costos de producción y de gestión de energía.
  3. Impulsar el consumo que provenga de energías renovables y la sustitución de fuentes de energía contaminantes.
  4. Conducir el proceso hacia una transición energética que sea accesible para todos los sectores de la población, no solo a quienes gozan de un mayor poder adquisitivo.
  5. Incentivar la movilidad sostenible y el uso de transporte ecológico, con emisiones cero, asi como el impulso de políticas que posibiliten el acceso masivo de dicho transporte a costos más bajos.

Para apuntalar estos objetivos, los acuerdos que se requieren entre los países participantes son principalmente:

  • Concretar los compromisos nacionales. Es fundamental que se logren acuerdos en la cuantificación y sincronización de las “Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional”.
  • Consensar el funcionamiento de los mercados de carbono.
  • Acordar los mecanismos de “Compensación de pérdidas y daños” respecto a los países más afectados por el calentamiento global.
  • Identificar los mecanismos de financiaciamiento de la acción climática a paises en vías de desarrollo.

La trascendencia histórica de este encuentro es evidente, solo a través de acuerdos puntuales entre los países y su cumplimiento individual, será posible alcanzar las metas colectivas en torno a la disminución de la temperatura en el planeta. Encontrar mecanismos tecnológicos y financieros eficientes, es una oportunidad para la humanidad. El diálogo y la transparencia en cuanto a la información científica permitirán a los participantes construir una visión compartida.

No obstante, además de los objetivos ambientales, este encuentro internacional también tiene un importante significado geopolítico. Mientras que China y la India se muestran reacios a asumir el costo de los acuerdos, Estados Unidos regresa con la intención de liderar el proceso, tras la ausencia que generó el gobierno trumpista. El escenario para los estadounidenses se ve complejo, ante una presidencia que se encuentra en sus peores niveles históricos de aprobación. ¿Podrá Joe Biden recuperar el terreno perdido e impulsar esta agenda?

El resultado aún es impredecible, especialmente en el contexto de la guerra comercial que prevalece entre nuestro vecino del norte y el gigante asiático. Sin embargo, más allá de países y liderazgos nacionales, esta es una oportunidad para que la #SociedadHorizontal que está atenta a esta cumbre en todas partes del mundo, utilice los mecanismos de información, comunicación y organización descentralizada para participar e imprimir sus preocupaciones desde cada rincón de la Tierra. Cuidar nuestro planeta debe ser una responsabilidad de todos.

Encontronazo en Dos Bocas

Armando Ríos Piter

La semana pasada tuvimos noticias sobre un enfrentamiento entre dos agrupaciones sindicales, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM). Se dice que ambas luchan por el contrato colectivo de trabajo de quienes laboran en la Refinería de Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco. Los hechos tuvieron fuerte difusión, con imágenes de trabajadores heridos, mismos que fueron replegados por parte de la policía, elementos de la Marina y la Sedena fuera de la zona de construcción, de la obra prioritaria del gobierno federal.

En el enfrentamiento se usaron gases lacrimógenos contra empleados de la empresa ICA que reclamaban mejores condiciones laborales. Ante estos hechos, el presidente López Obrador declaró que hay una competencia entre sindicatos y subrayó: “No es que se esté pagando mal a los trabajadores. Tienen todas sus prestaciones y tienen sus sueldos justos, el problema es que se pelean los líderes para tener el control”. En torno al conflicto se ha dicho que los trabajadores tienen que cubrir una cuota sindical de hasta el 4% para tener acceso al empleo. Al mismo tiempo se han expuesto críticas sobre el hecho de que el sindicato ya se había elegido, aún antes de que hubiera trabajadores, lo que a decir de algunos, es la base para el “control político” en la obra.

Sirva este episodio para recordar que con base en la Reforma Laboral aprobada en la presente administración, la elección de los dirigentes laborales deberá ser efectuada mediante el voto personal, libre y secreto de los trabajadores. Lo anterior con el fin de que los empleados elijan a los líderes sindicales, evitando las votaciones a mano alzada. Esta misma condición deberá cumplirse cuando los grupos sindicales aspiren a establecer una huelga o firmar un contrato colectivo. Incluso, en consonancia con la legislación nacional, el nuevo capitulado del Tratado Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) en este rubro propone establecer mejores condiciones de justicia laboral y estándares de contratación.

Connotados laboralistas han criticado que en la actual legislación, persisten condiciones que contrarían el espíritu de la reforma, en cuanto a la libre elección. Tal es el caso de la “cláusula de exclusión por ingreso” expuesta en el artículo 395, la cual mantiene una forma de condicionamiento en su empleo a los trabajadores, debido a que permite que se exija la afiliación a un sindicato o de lo contrario no podrán trabajar. Del mismo modo, hay que recordar que en virtud del artículo 110, fracción VI de la Ley Federal del Trabajo, las cuotas sindicales deberían ser voluntarias, de la misma forma en que el trabajador debe ser libre para elegir si pertenece o no a un sindicato.

Es indispensable que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), verifique la situación que impera en Dos Bocas. Es necesario que se escuche a los trabajadores de la empresa encargada de la construcción de la refinería y se rinda un informe puntual que sea conocido en todo el país. La crisis en la obra tabasqueña puede servir como un gran ejemplo sobre la forma en que deben evolucionar los derechos e instituciones laborales en nuestro país. También será precedente de la forma en que deben transparentarse las relaciones productivas entre empleados y empleadores.

El mercado laboral sigue siendo uno de los grandes retos en nuestro país. Basta mencionar que en el Foro Económico Mundial, este tema ha sido considerado como el segundo mayor problema de México, sólo por debajo de la inseguridad, debido al impacto que genera en la competitividad en su conjunto. Tan solo recordar que el año pasado se publicó que México pasó del lugar 50 al 53 en el ranking de competitividad  del IMD Business School, debido al debilitamiento del desempeño económico, debido principalmente por deficiencias en el empleo y el sector educativo.

La Reforma Eléctrica

Armando Ríos Piter

Por sus implicaciones políticas, económicas y sociales, la iniciativa presentada por parte del presidente López Obrador en materia de energía eléctrica, sin duda alguna es uno de los temas de mayor relevancia para el presente sexenio. Después de que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se modificó la Constitución General de la República con el fin de abrir el mercado para la participación de la Iniciativa Privada en materia de generación de electricidad, la izquierda en el poder ha decidido dar marcha atrás a dicho modelo.

Desde su aprobación el sexenio pasado, se criticó que la reforma peñista se había excedido en promesas. Las expectativas de menores tarifas eléctricas y la baja en los precios del gas no se cumplieron a cabalidad. Si bien, al cierre del sexenio pasado se habían logrado mantener sin variaciones abruptas las tarifas del sector doméstico de bajo consumo, a inicios del 2018 el sector comercial e industrial llegó a reportar incrementos de hasta 40%. Lo cierto es que muchos analistas coinciden en que comparado con otros países donde procesos similares tardaron hasta 15 años, en México se intentó madurar de manera muy acelerada la Reforma.

Ante el incumplimiento de algo que se “sobre-utilizó para vender” la propuesta, hoy los distintos consumidores al no ver un recibo de luz más barato, se sienten engañados. Cambios en este tipo de mercados requieren de tiempo para adaptar y afinar lo que no funciona, pero para que verdaderamente le hagan sentido a la población, es importante informarla e involucrarla, lo que jamás ocurrió. Como muchas cosas que se promovieron en la administración anterior, los acuerdos cupulares cuando no cuentan con el consentimiento pleno de la población, cuando no promueven su participación y especialmente su apropiación, sufren duros reveces.  

Cuando se trata de responderle a los consumidores ¿cómo tendrán recibos de luz más baratos?, el debate sobre quien produce la electricidad, si es la Comisión Federal de Electricidad como representante del Estado Mexicano o la Iniciativa Privada, se vuelve ocioso, si éste se realiza únicamente bajo una perspectiva ideológica. Hay que revisar qué modelo es más eficiente y proyectar su sostenibilidad para los próximos años.

Lo que se necesita es saber, ante todo, ¿cuál es la mejor forma de invertir como país, para generar energía accesible y barata, se trate de inversión pública o privada? 

No se trata de un debate sobre quien es más nacionalista, sino sobre como financiamos mejor nuestras oportunidades de futuro. Para aminorar las tarifas de electricidad, se requiere reducir los costos de generación, invertir en plantas más eficientes y hacerlo apoyados en tecnologías que sean mucho más limpias.

El debate no es menor, la competitividad de la planta industrial mexicana, la capacidad de generación de riqueza de millones de negocios en distintas regiones del país y por ende, de su capacidad para crear empleos tiene mucho que ver con lo que pagan de luz. Si a esto añadimos que problemas ecológicos y medioambientales ya afectan a la población -nacional y global- por el uso de tecnologías altamente contaminantes, entonces la discusión se vuelve mucho más trascendente.

Por lo pronto, el análisis ha iniciado. Habrá que revisar a fondo si estamos gastando de más por tener que comprarle a los privados. La iniciativa de AMLO argumenta en su exposición de motivos, que la energía no despachada de la CFE -que no es priorizada por resultar más cara que la renovable de privados a la que no se les cobra la transmisión y se le dan incentivos como los certificados de energía limpia -asciende a 45% de la capacidad de la CFE. Esto representa unos 215,400 millones de pesos anuales desde el 2017, además de 222,900 millones por lo que le tiene que comprar a privados dada su obligación del suministro básico del país.

Notarios continúan en plena actividad, aclaran

Edwin López

El Colegio Nacional del Notariado Mexicano aclaró que en lo referente a la cancelación del esquema de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para diversos fedatarios de la República, no implica que no puedan realizar sus funciones notariales.

A través de un comunicado, precisó que siguen en plena actividad los notarios a los que únicamente se les ha retirado el registro para dar de alta a personas físicas y morales ante el RFC por vía remota.

“La cancelación de registros a notarias y notarios del país por parte del Servicio de Administración Tributaria se refiere, exclusivamente, a la posibilidad de llevar a cabo en sus oficinas la inscripción de personas físicas o morales al RFC. En nada califica ni modifica el que continúen ejerciendo su función notarial plenamente, incluso en la constitución formal de empresas y otros actos. Es de advertir que en la propuesta del Proyecto de Decreto de la Miscelánea Fiscal para 2022, se propone que el trámite de inscripción al RFC ya sólo se realice ante la propia autoridad fiscal”, puntualizó.

El Colegio Nacional del Notariado Mexicano refirió que, como coadyuvantes de la autoridad fiscal en la formalización de la actividad económica y la recaudación de impuestos, entre otras tareas, los notarios del país son un apoyo de las autoridades a efecto de facilitar el tránsi- to a una economía cada vez más regida bajo el Estado de derecho.

Apuntó que el “Esquema de inscripción en el RFC a través de fedatario público por medios remotos”, se creó en 2002 con el objeto de facilitar la incorporación

al RFC de personas físicas y morales y explicó que su utilidad es evidente en la actual pandemia, ya que permite realizar dicho trámite en las notarías ante la insuficiencia de citas en el SAT, al tiempo que disminuye la concentración de personas en oficinas gubernamentales.

Indicó que es importante considerar que la actividad irregular e ilegal de empresas conocidas como “factureras” o “fantasmas” conforma un delito de origen complejo y multifactorial.

Por ello, enfatizó que pretender señalar a los fedatarios como colaboradores de las factureras está alejado de la realidad.

“Pretender orientar la opinión social en el sentido que las y los fedatarios en el país asumen una colaboración para ello se aleja de la realidad. La responsabilidad de un fedatario al constituir una empresa no es ni puede hacerse extensiva al uso que sus accionistas pretendan darle a la misma, lo que se aleja del control preventivo del notariado”, remarcó.

Los notarios puntualizaron que desde el inicio del actual Gobierno han actuado en coordinación con las autoridades fiscales, por lo que confían en que se dé una relación respetuosa y de cooperación.

“Como ha sido desde el inicio de la presente administración federal, las y los notarios del país reiteramos la plena disposición de trabajar de manera coordinada con la autoridad fiscal para los temas

ya referidos y otros más. Esperamos pues el mantenimiento de una relación constructiva, respetuosa y que busque, permanentemente, una mayor coordinación”, indicaron.

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