Categoría: Politica

César Antonio Aguirre Noyola

Estoy de acuerdo en que los mecanismos de participación ciudadana al margen de los procesos electorales encuentren carta de identidad en el sistema político de nuestro país. Por supuesto que eso lo celebro y aplaudo.

Comparto con ustedes el costo que el Instituto Nacional Electoral está proyectando para esta actividad que tendría como jornada de decisión el 27 de marzo de 2022: 3830.45 millones de pesos. Dinero que será, de llevarse a cabo esta consulta al pueblo, prácticamente tirado a la basura.

AMLO sabe perfectamente de su aceptación entre los mexicanos y las mexicanas (tiene en sus manos resultados constantes de estudios democópicos realizados por gentes cercanas como por medios impresos de información independientes u opuestos a él). En todos los resultados, punto más puntos menos, sale en promedio arriba del 60 por ciento de popularidad. Qué sentido tiene entonces desarrollar un proceso de consulta a la población dónde el resultado se conoce o se intuye por anticipado. Se trata de un mero capricho o presunción del inquilino del Palacio Nacional.

Cuántas vacunas Anti Covid-19 más podrían comprarse con ese dinero y seguir luchando con ello para contribuir a lograr la inmunización del rebaño. Cuántos medicamentos para tratar y/o combatir el cáncer en niñas y niños podrían comprarse con ese monto económico estimado. Cuántas políticas públicas podrían implementarse con esa cantidad de recursos monetarios podrían para atender a los miles de infantes en orfandad paterna y/o materna producto de los decesos generados por la pandemia y el crimen en nuestro país. Cuántas otras cosas más se puedieran hacer con esa plata…

El presidente tiene una especie de megalomanía o narcisismo político (por llamarlo de alguna manera). Deducimos que su verdadera intención es posicionarse políticamente primero, para tratar de ayudar a sus candidatos y candidatas a las 6 gubernaturas, diputaciones locales  en integrantes de ayuntamientos municipales y, segundo, preparar el terreno en la cercanía con el relevo presidencial. De paso, una vez más, la daría a la gente otro distractor (de esos al que le gustan a él). Siempre he sostenido que AMLO no es un buen gobernante y no es buen estadista, pero sí es un experto en hacer campañas politicas, en competencias electorales, en consultas populares, basta revisar sus antecedentes para darnos cuenta de ello.

César Antonio Aguirre Noyola

El viernes inmediato anterior (13 de agosto de 2021) la Sala Superior falló en tres asuntos impugnados relacionados con igual número elecciones de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa (votación directa en un distrito determinado).

Se trata de Wendy González (que compitió por la alianza electoral PAN-PRI-PRD, aunque es panista, por el distrito 03 de la Ciudad de México) quien fue ratificada; Marco Antonio Almendariz (igual por la asociación electoral PAN-PRI-PRD, aún cuando pertenece a las filas del blanquiazul, por el distrito 1 de Baja California Sur) quien también fue ratificado; y Wendy Cordero (fue sola como militante del PAN) en el distrito 03 de Nuevo León. Con estas decisiones se les esfuma la posibilidad de dos incrementos a MORENA y el PT pierde un espacio. Por lo que el PAN incrementó sus legisladores de 113 a 116. Pero a esta historia todavía le faltan muchos episodios porque está pendiente el reparto de las curules de representación proporcional (las famosas pluris) y, de acuerdo con la experiencia y el respeto del principio de no sobrerrepresentacion, seguramente la coalición MORENA-PT-PVEM perderá otras más.

Al trasijado Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se le avecina una tormenta más (que hoy empezó con las declaraciones de AMLO en su contra). Cómo si no fueran suficientes los hechos de que a su ex magistrado presidente José Luis Vagas Valdez le recae otra investigación ahora por lavado de dinero, y luego el problema doméstico de remoción y designación de su presidente que provocó una reyerta entre magistrados y magistrados para hacerse de dicho cargo, ahora emiten tres fallos donde les deja sin posibilidad de incremento de dos lugares a MORENA y le quitan uno al PT integrantes de la coalición MORENA-PT-PVEM.

La andanada de críticas, denostaciones, ataques y demás caricias que el Ejecutivo federal sabe proferir en cada momento que tiene oportunidad desde luego que no se iban a hacer esperar. Como dicen en el rancho, el inquilino del Palacio Nacional “los anda buscando como vaca pa pelar”.

Seguramente la nueva Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia que se encamina a ser aprobada vía fast-track, será estrenada con los angelitos y las angelitas que integran el órgano jurisdiccional  electoral federal. Y dedicaremos que las baterías se orientarán de una vez a algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral, pues aquí aplicaría aquella frase que reza: “te lo digo a tí Juan para que lo escuche Pedro”.

La finalidad de controlar al INE y al TEPJF no creo que la consiga AMLO, lo que sí les puedo garantizar es el teatro que se montará una vez más en la escena nacional para no volver la mirada a los problemas prioritarios que enfrenta el país.

Armando Ríos Piter

Desde el inicio del actual sexenio, diversos sectores han generado diversas críticas al presidente López Obrador. La mayoría se han centrado en contra de lo que ellos llaman “su intención de destruir a las instituciones”. Más allá de que los detractores del actual gobierno han dedicado poco tiempo a analizar las fallas y contradicciones que dichas instituciones han tenido, lo cierto es que el acuerdo de gobernabilidad que se mantuvo -derivado de las mismas- a lo largo de los últimos 25 años, ha tenido duras críticas, por parte del AMLO.

Palabras más, palabras menos, desde sus tiempos en la oposición, el mandatario mexicano ha esgrimido ataques contra lo que él ha señalado como “las instituciones” de una camarilla que no representa al pueblo. En ese contexto, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y  el Poder Judicial en su conjunto, han recibido señalamientos de “corrupción”, “favoritismo”, “falta de ecuanimidad” por parte del actual grupo en el poder. Cabe recordar que esta posición es apoyada por una parte importante de la sociedad.

Desde la resolución del Tribunal Electoral en 2006, AMLO se ha posicionado en contra de las instituciones electorales. Ya como presidente, recientemente ha dicho que habría que desaparecer al INE con la finalidad de que el Poder Judicial absorbiera los temas electorales. El mismo tono crítico, ha prevalecido en esta administración contra el Poder Judicial. Basta con recordar que el tabasqueño, respecto a los amparos interpuestos en materia de Energía, ha insistido en que los jueces federales están “al servicio” de los intereses privados.

¿Existe un verdadero plan para modificar estas instituciones? Es difícil creer con seriedad que si. No obstante que las posiciones públicas siempre han girado en torno a esa posición, más allá de las posturas declarativas, no han existido propuestas firmes para ello.

Sirva este contexto para analizar lo ocurrido en las últimas dos semanas. Dos noticias que sin duda alguna sorprendieron a muchos analistas.

Al inicio del mes, con gran sorpresa presenciamos la “destitución” de José Luis Vargas como presidente del TSJE por parte de varios de sus compañeros. Aún cuando él acusó la ilegalidad del proceso, al final de cuentas aceptó su salida del cargo. No sin antes provocar la renuncia de Reyes Rodríguez, quien había sido electo para tales efectos por los “rebeldes” ministros electorales. Cabe señalar que previamente existían críticas por la cercanía que el ministro Vargas mantenía con el gobierno de la República.

Casi en paralelo, dos días después, tras la reforma judicial en la que se planteaba que Arturo Zaldívar extendería su mandato por dos años más -con el apoyo implícito y contundente de López Obrador- el propio ministro anunció: “Quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros y compañeras ministros”.

A lo largo de décadas, la triste realidad de nuestra división de poderes y organismos autónomos, ha evidenciado de manera creciente que la fuerza del presidente logra trascender, cuando en su interés está algún tema. Puedo no estar en lo correcto. No obstante pienso que sería iluso pensar que en un sistema político como el nuestro, ambos eventos, a todas luces contrarios a los intereses del propio AMLO, ocurrieron sin el respaldo de alguien más.

Cabe recordar que el presidente del Tribunal Electoral no solo calificará la consulta de revocación de mandato, sino también la elección del 2024. Una hipótesis que resulta imprescindible elaborar es: ¿Estos eventos significan el fin del mandato -prácticamente omnipotente- que mantenía AMLO? ¿Cuál es la posición tras bambalinas del gobierno estadounidense frente a las actitudes tomadas por los ministros?

Armando Ríos Piter

Como lo he reiterado, me siento honrado por la invitación del nuevo Patronato de la Universidad de las Américas Puebla para asumir la rectoría, en condiciones muy difíciles. En medio de la pandemia y de procesos legales, reitero mi convicción y compromiso de que el litigio no debe, ni deberá afectar la armonía de la Universidad.

La UDLAP es una gran institución, con un alto nivel académico y prestigio internacional. Este éxito y reconocimiento se debe al compromiso de su comunidad académica, a la  generosa participación de muchos empresarios y también a la dedicación de sus rectores, en esta última parte a Luis Ernesto Derbez, a quien en lo personal le guardo respeto.

He insistido que mi mandato principal, mi responsabilidad y compromiso es garantizar la continuidad académica y la vida cotidiana de la Universidad, que se mantenga su prestigio nacional e internacional. Mi responsabilidad es darle certidumbre a la comunidad universitaria, en estos tiempos complejos.

Los procesos legales como el que hoy enfrenta la UDLAP, por su naturaleza tienden a generar polarización y confusión. Lo hemos sufrido las últimas semanas. Un claro ejemplo ha sido, que en distintos momentos el poder judicial nos haya dado la razón a uno y otro lado, sobre la titularidad de las cuentas bancarias. Desafortunadamente, debido a la propia naturaleza del juicio, esta situación podría prolongarse por varias semanas.

Por esta razón es indispensable separar el litigio de la operación cotidiana y procurar que permanezca encapsulado en los juzgados. Los estudiantes y los padres de familia deben tener la certeza de que nada cambiará y que contarán con la misma educación de calidad.

Debemos darles certidumbre de que sus becas continuarán. Que los acuerdos internacionales para desarrollar los intercambios en otros países perdurarán. Tenemos que dejarle claro a todos los profesores, investigadores y trabajadores que preservarán su empleo y mantendrán sus sueldos sin interrupción alguna.

Toda la sociedad poblana debe estar tranquila de que, independientemente de lo que determine la autoridad judicial, la UDLAP no cambiará su misión, mantendrá su autonomía como Institución de Asistencia Privada y seguirá siendo el patrimonio de todos los poblanos.

Para alcanzar este objetivo se requiere que todos pongamos a la institución por encima de intereses personales. De la misma forma en que ocurre en un divorcio, mientras el juez delibera sobre versiones encontradas, ambas partes pueden buscar el mejor interés para los hijos.

Dado que los procesos legales seguirán su curso, hoy depende de la voluntad de todas las autoridades que por encima de todo, garanticemos la continuidad de la vida universitaria y protejamos los intereses de estudiantes, profesores, colaboradores y padres de familia. Por eso tendamos puentes para evitar que el ruido que genera el conflicto legal, confunda o afecte a la comunidad universitaria.

Hoy que se acerca el reinicio de actividades, la comunidad debe saber que al inscribirse al semestre, sus pagos se reconocerán sin ningún contratiempo. También, debe estar segura de que éstos servirán puntualmente para que los trabajadores reciban sus sueldos, sin importar quien tenga la administración de las cuentas de la universidad.

Por eso convoco a que pongamos el interés superior de la institución y se coordinen los equipos de trabajo -administrativos y académicos- para la sana operación de todas las áreas de la UDLAP. No importa quien gane el juicio, si trabajamos de esta forma, quien ganará será la comunidad universitaria.

Toda crisis trae consigo un sinnúmero de oportunidades. La problemática actual se arreglará y ello dará pauta a construir un mejor momento. Celebrar nuevos convenios para multiplicar los intercambios en otras latitudes del mundo, mejorar la interacción con empresas y empleadores para que los estudiantes obtengan mejores ofertas laborales y atraer a más talento en todas las áreas, son solo algunas rutas que hoy podríamos construir independientemente del litigio.

Por lo pronto, estemos conscientes de que las personas van y vienen, pero las instituciones prevalecen. Hoy que todos estamos frente a una prueba tan importante, saquemos lo mejor de nosotros por el bien de la Universidad de las Américas Puebla. Eso es lo que espera la sociedad.  

Armando Ríos Piter

Cuando se presenta una situación crítica, es indispensable echar mano de todos los elementos que se encuentren a nuestro alcance para buscar soluciones, construirlas en equipo e instrumentarlas. En tiempos complejos, el liderazgo se convierte en la piedra angular para construir puentes, fomentar el diálogo y conjugar visiones que generen un mejor estado de cosas. Al cimentar ideas, aportaciones y propuestas de solución, que presentan los integrantes de una comunidad, es posible enfrentar los retos y resolverlos. Es la participación activa de todos los interesados, lo que permite salir adelante.

Hoy que la Universidad de las Américas Puebla vive tiempos de turbulencia, he tenido el honor de haber sido nombrado rector de la misma. El litigio jurídico que se mantiene alrededor del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, del cual forma parte la propia universidad, ha llenado las páginas de los medios locales y nacionales. No obstante, independientemente de las posiciones controvertidas, el mandato principal para mí, es y será, darle certidumbre a la comunidad universitaria. Garantizar que la vida cotidiana de la universidad no se vea interrumpida. Que el perfil académico se mantenga en los altos niveles que hoy tiene. Que su prestigio nacional e internacional no se vea afectado por ningún motivo.

Con base en estos objetivos, nuestro actuar a lo largo de la semana pasada fue trabajar con ética, compromiso y responsabilidad.

La presencia de la policía auxiliar armada, utilizada para cumplir el mandato judicial y darle posesión del recinto al nuevo patronato, generó una enorme preocupación a nivel local y nacional. Conscientes de que la defensa de la autonomía universitaria tiene raíces y sensibilidades históricas, desde el primer día ordenamos la salida del personal armado del campus de la UDLAP. La libertad de cátedra y la garantía pacífica de la misma, requieren de señales inmediatas. Hoy el campus universitario mantiene las condiciones de seguridad que desde hace años le ha caracterizado y todos los elementos armados fueron retirados.

Otro reto que sorteamos fue pagar la nómina de los trabajadores y trabajadoras. Al no tener en nuestro poder las cuentas bancarias para pagarles sus sueldos, avocamos todo nuestro esfuerzo para que los bancos reconocieran -en virtud del mandato judicial- la administración legítima de las mismas. Tras una exhaustiva revisión realizada por las instituciones financieras, nos confirmaron la validez jurídica para realizar operaciones, por lo que cubrimos los salarios de los empleados. La gente está trabajando de manera regular, por lo que hemos garantizado su pago. De esta forma, impedimos que el conflicto afectara al personal sindicalizado, administrativo y docente.

De la misma forma ocurrió con algo tan sencillo, pero tan trascendente como el pago de los recibos de luz. Acudimos a la Comisión Federal de Electricidad para garantizar el suministro eléctrico y con ello, el funcionamiento de las plataformas tecnológicas. Gracias a ello, ha sido posible continuar con el funcionamiento de las plataformas tecnológicas y los servidores para no frenar el trabajo en línea. Se ha logrado mantener en marcha las herramientas que garantizan el desempeño cotidiano de la universidad.

Con estas acciones hemos logrado avanzar en el cumplimiento de la tarea que nos fue encomendada. Hoy la UDLAP está funcionando sin mayores altibajos.

De la misma forma hemos iniciado contacto con personal académico, funcionarios de distintos niveles, estudiantes y exalumnos.  Mi prioridad es y será detener la afectación a la UDLAP. El conflicto jurídico no debe minar la certeza de que se confirmarán las titulaciones, se mantendrán las becas, continuarán las investigaciones y las clases. Como lo he dicho en todo momento, reitero mi respeto a Luis Ernesto Derbez. Mi compromiso firme es que esto se resuelva de la mejor forma para los estudiantes, el claustro académico y toda la comunidad universitaria.

Estoy convencido de que este es un ejemplo más de los nuevos tiempos que vivimos. La atención e involucramiento de la comunidad en este tema, así como el escrutinio diario sobre las acciones realizadas, son una muestra fehaciente de cómo la #SociedadHorizontal participa, se informa y organiza. También nos deja claro que actuar con transparencia y comunicar ampliamente, son la base para que el diálogo nos permita solucionar en equipo, los retos que enfrentamos. Continuaremos en esa ruta.

Julio Cesar Hernandez Martinez

El 6 de Junio miles de guerrerenses acudimos a las urnas a ejercer nuestro derecho al voto. Decidimos quienes serán nuestros gobernantes y representantes populares. Ahora estamos a escasas semanas de que los órganos de justicia electoral decidan sobre los recursos presentados para darle definitividad a este proceso electoral.

Creo que a partir de que inicie el nuevo gobierno estatal que encabezara Evelyn Salgado Pineda, así como la nueva legislatura local y los cabildos municipales en donde se expresa una gran pluralidad política, se debe hacer un esfuerzo colectivo para convocar a un Pacto por la Gobernabilidad Democrática en Guerrero.

Guerrero se encuentra frente al reto histórico de establecer y consolidar una sociedad dentro de la cual el Estado pueda ejercer su autoridad y cumplir con sus obligaciones fundamentales. Entendemos que el logro de nuestros objetivos dependerá de un proceso social durante el cual será de vital importancia un consenso duradero dentro de la sociedad, donde la gente entienda y exija sus derechos, al tiempo que esté dispuesta a cumplir con sus deberes.

El vocablo democracia deriva del griego DEMOS; pueblo y KRATOS gobierno o autoridad, y significa gobierno o autoridad del pueblo.

            Manuel Alcántara sostiene que puede entenderse por gobernabilidad la situación en que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno que se sitúan en su entorno o que son intrínsecos a éste.

            Angel Flisfisch concibe a la gobernabilidad democrática como la calidad en el desempeño gubernamental a través del tiempo donde se deben considerar las siguientes variables: capacidad de respuestas eficaces, aceptación de dichas decisiones a través del tiempo de manera que no produzcan efectos contradictorios.

            Cuando pasamos de la simple gobernabilidad a la gobernabilidad democrática? ¿Qué características determinan que la gobernabilidad de un sistema social pueda calificarse de democrática?

            La Gobernabilidad Democrática se dará sólo cuando la toma de decisiones de la autoridad y la resolución de conflictos entre los actores estratégicos se produzca conforme a un sistema de reglas y fórmulas que podamos calificar como democracia.

            Con el objeto de fortalecer el grado de Gobernabilidad del Estado de Guerrero se debe convocar a los poderes públicos de la entidad, a los partidos políticos y a la sociedad civil guerrerense, en todas sus manifestaciones individuales y colectivas, a celebrar cuatro pactos fundamentales para optar por los caminos convenientes al interés superior de Guerrero. Estos pactos, ampliados por la aportación de diversos actores de la vida política, económica y social del Estado serían los siguientes:

1. Pacto por la Democracia y la Participación
2. Pacto por la Productividad, la Inversión y el Empleo
3. Pacto por la Educación, Salud y Bienestar Social
4. Pacto por la Justicia, la Seguridad y la Legalidad.

La necesidad del Pacto por la Gobernabilidad Democrática tiene su origen en una amplia demanda de los guerrerenses para encontrar las vias de acceso al desarrollo integral de sus capacidades y recursos, bajo un marco de colaboración creciente y responsabilidad compartida. Nadie debe quedar fuera de este sano ejercicio político

Armando Ríos Piter

Como ya se ha vuelto costumbre, Jorge Ramos y el presidente López Obrador discutieron durante la conferencia mañanera por las cifras relacionadas con homicidios dolosos en el país. Nuevamente el periodista increpó al mandatario y criticó la falta de resultados en torno al combate a la violencia en el país. Incluso fue incisivo al decirle que “fuera de la burbuja de Palacio Nacional, el país no está en paz y tranquilidad. Le están matando casi 100 mexicanos por día, en Aguililla, en Zacatecas, en Reynosa”.

En un tono en el que AMLO pocas veces es cuestionado, el comunicador insistió: “ya lleva casi la mitad de su gobierno y sigue todavía culpando a otros expresidentes por lo que usted no ha podido hacer, así que mi pregunta es si usted cree que su estrategia de abrazos y no balazos ha sido un verdadero fracaso”. El tabasqueño respondió: “Hemos avanzado. Ahora sí que tengo otros datos y no estoy en una burbuja porque no me gusta el autoengaño (…) Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio pero, sí hemos logrado contener el crecimiento que se traía” en ese rubro.

Lo cierto es que aunque el presidente recurra a la frase “yo tengo otros datos”, los números sobre el mal desempeño del gobierno en esta materia son demoledores. Los asesinatos en el país, se han estabilizado en las tasas más altas en la historia reciente. Un total de 35 mil personas fueron asesinadas en 2020 y todo indica que así se repetirá en 2021. La cifra más alta de Peña Nieto fueron 31,285.  Por otro lado, en la administración de Felipe Calderón se cometieron 121 mil 613 homicidios dolosos, lo que ubica ya al sexenio de AMLO en sus primeros dos años con casi el 60% de las muertes que tuvo el sexenio completo del panista.

Ante este debate, surge la pregunta legítima: ¿Podemos esperar que con las políticas que actualmente se siguen, pueda haber cambios y resultados en el futuro inmediato? Es dificil o practicamente imposible imaginarlo. Aunque los partidos y sus discursos han cambiado al asumir el poder, la estrategia de seguridad ha sido practicamente la misma. El involucramiento del ejército y la marina armada -que ha prevalecido y se ha incrementado- desde el 2006, así como la falta de inversión pública en policías municipales y estatales, son condiciones estructurales que prevalecen desde FCH hasta AMLO.

No obstante, un aspecto angular sobre el que es indispensable profundizar es el de la corrupción en los mandos policíacos. La capacidad corruptora del crimen organizado, junto con la permeabilidad que ésta ha tenido en las autoridades, es una variable fundamental para entender qué tanto avance podría existir en torno a combatir el flagelo de inseguridad que aqueja al país. ¿Qué tanto ha logrado abatir este problema la administración de AMLO?

Como marco de referencia, se tiene la detención ocurrida también la semana pasada, del ex director de Seguridad Federal de la Policía Federal en tiempos de FCH, Luis Cárdenas Palomino. Uno de los actores clave en la actividad policíaca de hace dos sexenios -brazo derecho de García Luna- fue detenido por una investigación relacionada con el caso Florence Cassez.

Un policía esencial en la administración calderonista, ahora es acusado de tortura. Quien fuera condecorado y reconocido hace dos sexenios, ahora es señalado por tribunales estadounidenses por vínculos con el Cártel de Sinaloa. ¿Qué nos asegura que no hubo casos similares en el sexenio de Enrique Peña Nieto? Peor aún, ¿Qué instrumentos tenemos como sociedad que garanticen que algo similar no ocurre en el sexenio de AMLO? Los “otros datos” del presidente no bastan.

Armando Ríos Piter

Desde que terminaron las elecciones y se supieron los resultados finales, han surgido dudas sobre cómo funcionará la Cámara de Diputados durante los próximos años. Los presidentes del PRI, PAN y PRD han asegurado que esta vez no habrá diputados que se pasen de su bancada a la de Morena “ya que hay compromisos firmados”. También han dicho que mantendrán su unión para los siguientes años e incluso han abierto la puerta para repetir su alianza en los siguientes procesos electorales, incluído el de 2024 cuando se renovará la presidencia.

No obstante, aunque por el momento el presidente López Obrador no contaría con los votos suficientes para impulsar cambios a la Constitución Política del país, éste ha declarado en sus conferencias mañaneras que podría buscar acuerdos con el PRI para lograrlo. La polémica se ha profundizado aún más con el anuncio de que AMLO enviará al Congreso reformas constitucionales relacionadas con la generación de energía eléctrica, con el Instituto Nacional Electoral y con la Guardia Nacional. Aún cuando los líderes del PRI, PAN y PRD aseguraron que no permitirán la “militarización de la seguridad”, el control del gobierno en las elecciones ni el monopolio de la energía eléctrica, lo cierto es que persisten muchas dudas sobre la solidez que pudiera manterner el bloque.

Llama la atención lo publicado por el columnista Darío Celis, quien recientemente escribió que Alejandro Moreno, actual presidente del PRI, recibió un expediente realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera en el que se detallan “operaciones de lavado de dinero con recursos de procedencia ilícita”. En dicha publicación se señala que la oficina de Santiago Nieto documentó “transacciones con empresas factureras durante y después de su gobierno en Campeche”. Sobre esto comenta que “se la pusieron muy sencilla: o jalaba con AMLO o le judicializaban el expediente. Por esta razón se espera que cierren la pinza con el Verde y el PT para alcanzar la mayoría calificada”. Por lo pronto, ya fue elegido por unanimidad Rubén Moreira Valdés como el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados para la 65 Legislatura.

Sirvan estas consideraciones para reflexionar las graves limitaciones que mantiene nuestro sistema electoral. Aún cuando el voto de millones de ciudadanos fue para quitar la “mayoría calificada” al titular del Ejecutivo y garantizar que no se realicen más cambios constitucionales por parte del actual gobierno, lo cierto es que en los hechos esto es muy probable que ocurra. La vulnerabilidad que en lo personal tienen muchos integrantes de la clase política puede llevarnos a que con el fin de protegerse y tener impunidad, los nuevos diputados acuerden con las autoridades definiciones políticas distintas al mandato popular.

De acuerdo a nuestra legislación, “Los partidos políticos son entidades de interés público…que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público”. Los partidos deben perseguir dichos fines de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal libre, secreto y directo.

Si el objetivo es que los partidos políticos funcionen como “puentes” que impriman el sentir de los ciudadanos en las decisiones del Estado y que éste a su vez, actúe en consonancia con lo que estos esperan del ejercicio del poder político, es indispensable garantizar congruencia en el actuar público. La credibilidad de los votantes en nuestra democracia depende de ello. La #SociedadHorizontal deberá estar atenta y exigir que las fuerzas políticas actúen en congruencia con lo que les mandató el electorado. El interés colectivo debe estar por encima del de unos cuantos.

Una lectura adicional a la masiva participación ciudadana expresada el pasado 6 de junio. Los ciudadanos hoy reclaman cambios profundos a nuestro sistema de representación partidista. Más allá de declaraciones y compromisos por escrito, el PRI, el PAN y el PRD, deberían pensar seriamente en fusionarse, constituir una sola fuerza política de cara a los años que vienen y replantear su conexión con la sociedad. No basta con ser antagónicos a AMLO. Son demasiado costosos para los contribuyentes como para permitirles seguir con la inercia polarizante que poco construye.

Armando Ríos Piter

La jornada electoral concluyó y con ella, uno de los episodios políticos más complejos de los últimos años. No solo termina la elección más violenta de la historia reciente -89 candidatos asesinados- sino que estuvo plagada de crispación social, donde los distintos bandos participantes echaron mano de cuanta herramienta estuvo a su alcance, para desprestigiar a sus competidores. Más allá de los resultados, por encima de quién gane y quién pierda, será importante hacer una revisión profunda sobre el momento político que vivimos y los desafíos que tenemos por delante.

Una vez terminado el proceso electoral, ha quedado claro que un creciente segmento de la sociedad está ansioso y preocupado por el crecimiento de la sombra populista. Muchos millones de mexicanos se movilizaron para votar, contra lo que consideran la amenaza de que un solo hombre y una sola visión se adueñen del país. Por ello, independientemente de los resultados electorales, es indispensable descifrar, entender y arreglar ciertos patrones de comportamiento político que podrían poner en riesgo nuestra aún frágil democracia.

Tras revisar el texto de Jan-Werner Müller, “What is Populism” (¿Qué es el populismo?), surgen algunas consideraciones que es importante tener en cuenta. El autor afirma que “el populismo no es una patología ocasionada por ciudadanos irracionales, sino que es en realidad la sombra permanente que resulta de las fallas de la “democracia representativa”. Debido a las deficiencias en la representación popular, el líder que encarna el fenómeno, se asume como el único que puede hablar en nombre del “pueblo”. Asumir esta voz lo lleva a confrontar directamente a las élites políticas, económicas y sociales, precisamente para defender a ese pueblo que sólo él representa.

Uno de los principios fundamentales sobre los que actúan estos personajes es que para ellos “cualquier otro competidor político es esencialmente ilegítimo” y afirman que cualquiera que no esta de su lado, “básicamente no es parte del pueblo”. Cuando los populistas se encuentran en la oposición, continuamente atacan a las élites, a las cuales califican de “inmorales” y contraponen esta imagen con la de sus representados que son los verdaderamente “morales”. Cabe recordar que para los populistas, el pueblo es un ente homogéneo que no comete error alguno (¿pueblo bueno?).

El argumento esencial del texto es que “el populismo busca gobernar a partir de la idea de que solo existe un único personaje que verdaderamente representa a la gente”. De manera concreta, estos personajes enfocan sus acciones en “confrontar al Estado imperante, la corrupción y enfrentarse a cualquier tipo de sociedad civil crítica que exista”.

Con base en estos argumentos, una vez que han terminado las elecciones, es indispensable recordar que el populismo surge como respuesta a los excesos, vicios e insuficiencias que caracterizan a la democracia representativa. De alguna forma, el populismo “acerca la política a la gente” y aprovecha los huecos de representación -de intereses e identidad – que sufren importantes segmentos de la población. Cabe recordar que si estas graves limitaciones en la representación popular no se subsanan, la raíz que genera el populismo siempre se mantendrá presente.

Los defensores de la democracia liberal -que tanto han elevado la voz en las últimas semanas- deberían tomar conciencia sobre cuales son las fallas profundas que prevalecen en la representación popular en nuestro país. Hoy mas que nunca es fundamental responderle a la ciudadanía, ¿cómo atenderemos las preocupaciones de aquellos que apoyan y votan por el populismo, haciendo a un lado el prejuicio de que éstos solo lo hacen por frustración, enojo o resentimiento? ¿Cómo ponernos en los zapatos de los demás y atender desde su propia perspectiva la problemática que viven?

Armando Ríos Piter

Gran revuelo generó la noticia que dio a conocer “Latinus” en la que se documentó que Argos, la casa productora de Epigmenio Ibarra, recibió un crédito por 150 millones de pesos por parte del Banco de Comercio Exterior (Bancomext), a mediados del 2020. Dicho crédito consta de dos partes, una de 50 millones de pesos destinada a la adquisición de equipo, insumos y remodelaciones y otra de 100 millones enfocados a la producción de series de televisión. Para ejecutar el mencionado préstamo, la banca pública creó un fideicomiso que permitirá la operación del mismo.

Al ser cuestionado sobre este asunto, el presidente respondió que “esto puede ser cierto porque Nacional Financiera y Bancomext dan créditos a las empresas y la empresa de Epigmenio tiene la posibilidad de recibir crédito”. Adicionalmente, López Obrador arremetió contra Loret de Mola al afirmar que dicha nota solamente es “para afectarlo” pues “nosotros no apoyamos, no damos créditos a periodistas para que hablen bien del Gobierno. Nosotros no repartimos chayote”.

Más allá de las críticas de AMLO hacia el periodista que dio a conocer este tema, es indispensable entender que el reportaje involucra a una de las personas más cercanas al presidente. Hay quienes lo identifican como el mayor propagandista de la 4T, debido a que ha realizado documentales de la carrera política de López Obrador previo a ser presidente e incluso recientemente en Palacio Nacional ya como mandatario.

Hay quienes ubican en la figura de Ibarra como estratega e ideólogo de la propaganda gubernamental, así como principal articulador de los mensajes que se generan diariamente en redes sociales, gracias a los cuales se posiciona la narrativa gubernamental y se defiende al mandatario.

Seguramente por ello en las redes sociales se presentaron duras críticas y reacciones. Tal fue el caso de lo expresado por Brozo: “Los privilegios que algunos perdieron, ahora los reciben otros. Es cosa de tener buenos amigos. Como siempre”. Otro usuario expuso en su cuenta: “La 4ta Ley de Newton: La corrupción no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¡De ahí viene el término 4ta Transformación!”.

Sirvan todas estas críticas para recordar un popular dicho mexicano que reza: “No hagas cosas buenas que parezcan malas”. No es ningún delito recibir financiamiento por parte de una institución pública como el Bancomext. Financiar a empresas mexicanas que desarrollan actividades económicas en el extranjero, es la misión fundamental de dicha banca pública. Cabe decir que una vez que se aclaren los términos de dicho préstamo por parte de las autoridades, no tendría nada de malo que así hubiera ocurrido. El problema en este caso es de forma, pero conlleva un error simbólico de fondo.

Que alguien tan cercano al presidente reciba un beneficio de esta naturaleza, trae a la memoria colectiva, el tradicional funcionamiento que ha tenido el gobierno. A lo largo de décadas, emplear los instrumentos del Estado, para facilitarle la vida a los amigos y compadres, ha generado una profunda indignación popular por el “privilegio” del que gozan unos cuantos, en detrimento del bienestar de las mayorías.

A lo anterior habría que sumar la percepción de incongruencia por parte de un personaje que ha sido duro en sus ataques a los gobiernos anteriores, pero que hoy aparecería como un ejemplo más de los mismos pecados del pasado. Cabe recordar que en declaración hecha por parte de una periodista de Infobae, quien en 2018 preguntó a Ibarra si a la llegada de AMLO al poder él se dedicaría a la comunicación presidencial, Epigmenio respondió: “No, si yo he sido un opositor toda mi vida, pues estaría muy mal que ahora decidiera vivir del Estado. Podría trabajar en lo que pueda personalmente para apoyar al nuevo presidente, pero no vamos a cobrar ni un centavo ni a asumir ninguna posición dentro del gobierno de López Obrador”.