Categoría: S.O.S Costa Grande

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Con lo del terremoto de antenoche, ni cuenta nos dimos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación legalizó el aborto.

Nuestros apreciados y costosos ministros desempolvaron un caso viejo, una controversia constitucional del estado de Coahuila, interpuesta en contra de esa entidad porque en su código penal mantenía como delito la interrupción del embarazo en cualquier fase, guardando únicamente las atenuantes de ley, como el aborto en caso de violación y enfermedad, y consumaron la legalización del aborto, sin permitir siquiera una discusión en el Poder Legislativo, donde se ventilan varias iniciativas que no han prosperado.

Al contrario, parecía ser que a nivel federal el Congreso de la Unión no quería tocar este espinoso asunto, y le había dejado a cada entidad federativa que, en el uso de sus facultades y soberanía, fuera decidiendo si se despenalizaba el aborto o no.

Pero entonces la liebre saltó por otro lado. La decisión de la Suprema Corte es de observancia general obligatoria, y por lo tanto los estados deberán

De un porrazo, sin decir agua va, y por iniciativa del presidente del organismo, Arturo Saldívar, la Suprema Corte de Justicia de la nación declaró inconstitucional la penalización del “aborto voluntario”. En lenguaje común, se despenaliza el aborto.

Al declarar inconstitucional cualquier ley que penalice la interrupción del embarazo, en palabras llanas, la Corte está legalizando el aborto, como ya sucede en la Ciudad de México desde el gobierno de Marcelo Ebrard Casaubón, y como ya ocurre también en otros países, donde esta exigencia de grupos feministas ha ido avanzando, hasta convertirse en parte de una agenda oficial.

Y aunque dejaron protegido el derecho de los médicos de practicarlo o no, la resolución del máximo tribunal de justicia de México borra la soberanía de los estados confederados, cuyas legislaciones locales se tienen que adaptar al nuevo decreto.

Es decir, que ni siquiera nos dieron tiempo a decidir en lo local nada.  La decisión es de observancia nacional, pues fue un asunto que se resolvió por más de 8 votos, y la ley indica que siendo así entonces no hay vuelta de hoja. O se cumple, o se cumple. No hay alternativas.
Les comentaba que para el debate desempolvaron una controversia en contra de la legislación local del estado de Coahuila, cuyo código penal declara como un delito la interrupción del embarazo en cualquier momento de la gestación.

La controversia de este caso es vieja. Data desde antes del cambio de la PGR a Fiscalía General de la República. Pero sirvió para el objetivo de legalizar el aborto a escala nacional.

Y ni siquiera fue algún magistrado el que se aventó el trompo a la uña, sino el mismísimo presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien llamó “a reconocer de una vez por todas el derecho fundamental de la interrupción del embarazo”. 

Aprovechando que ya se va, pues su cargo es interino y no será reelecto en el cargo -como pretendía el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador-, Saldívar recordó y aclaró que ni en la Constitución ni en los tratados internacionales se ha considerado al producto de la gestación como una persona en sentido jurídico susceptible de ser titular de derechos humanos, “por lo que, no se está frente a derechos humanos de dos personas”. ¡Zas! 

Un humano en formación en el vientre de su madre es, primero, un “producto”. Luego, como en tiempos primitivos, al ser un “producto” y no una “persona”, no tiene derecho a tener derecho. Es decir, el derecho a la vida consagrado en la Constitución para todo mexicano nacido en suelo nacional, no aplica para ese “producto”.

Así fue como este martes 7 de septiembre, los magistrados sentaran este precedente que impactará en todo el país por efecto dominó.

Saldívar dijo en su proyecto: “La criminalización de que son objeto o la obligación de llevar un embarazo no deseado producen un dolor humano inimaginable, sobre todo en las mujeres que viven en condiciones de marginación económica y social. El tipo de aborto castiga, sobre todo, a niñas y mujeres más pobres, más marginadas, olvidadas y discriminadas en este país; es un delito que en los hechos castiga la pobreza”, sostuvo. Por lo anterior llamó al pleno de la SCJN a “reconocer de una vez por todas, el derecho fundamental de la interrupción del embarazo y darle plena efectividad” con el objetivo de salvaguardar las libertades y derechos de las mujeres. 

Y así fue, estimado lector, cómo fue el albazo de la Corte. Los diputados y senadores, así como los congresos locales, ni siquiera se tendrán que embarrar las manos, más que para adecuar el Código Penal. Por cierto, horas después se registró un sismo en la Brecha de Guerrero. El que tenga oídos, que oiga.

 (Misael Tamayo  Hernández, in memóriam)

Los conflictos postelectorales continúan en Guerrero. La elección misma de gobernador está inconclusa, por impugnación de la alianza PRI-PRD y su candidato, Mario Moreno Arcos.

Además de Guerrero, los estados donde también se impugnaron los resultados de la elección de gobernador fueron Chihuahua, Campeche, San Luis Potosí, Michoacán y Nuevo León.

En local, este martes el Tribunal Estatal Electoral resolvió el caso Tlapa, donde Morena impugnó el resultado que favoreció al candidato del PRI, Gilberto Solano Arriaga.

Por presión de los morenistas, quienes postularon a Frey de Jesús Castro Guevara, el TEE sesionó de manera pública y por 3 votos a favor y 2 en contra falló a favor del PRI y su candidato, el ex secretario de Asuntos Indígenas, Gilberto Solano, quien festejó la decisión de los magistrados acompañado del ex candidato a gobernador, Mario Moreno Arcos.

En este caso hay algo importante a favor de Morena, y es que la de Tlapa fue la única elección en donde hubo disturbios poselectorales, y fueron robadas 3 casillas de la elección municipal la noche del 6 de junio pasado.

Y aunque los paquetes pueden considerarse perdidos, se tienen las sábanas de la elección, mismas que requisó la Fiscalía General del Estado y que tardó en entregarlas al Tribunal Electoral para el fallo.

Sin embargo, los magistrados declararon infundados los agravios promovidos por Morena, respecto a que en los resultados de la elección no contempló los resultados plasmados en las sábanas electorales de las tres casillas que fueron robadas el día de la elección, como prevé la ley.

Los magistrados determinaron que no se puede tener certeza en los resultados de las sábanas electorales -que de contarse darían el triunfo a Morena- porque el dictamen pericial de la Fiscalía General del Estado (FGE) arrojó inconsistencias en las firmas correspondientes a los representantes del PRI.

Es de esperarse que Morena no se quedará con esta decisión y recurrirá al tribunal federal, que de por sí está atascado de trabajo.

La queja de los morenistas era, precisamente, en el sentido de que el TEE estaba retrasando su veredicto para evitar que recurrieran a la instancia federal.

Hasta ayer, Morena-Guerrero aún no informaba si recurrirá al TEPFJ, pero es lo más seguro que harán, ante la decisión primero de la Fiscalía General del Estado, instancia que prácticamente justificó el robo de urnas al señalar que las sábanas de la elección son inciertas o que no hay certeza de que se trate de ellas, según su peritaje. Y, luego, ante la decisión de los magistrados.

Ayer por la tarde, se desataron diversas especulaciones en torno a esta decisión, pues afirman que ya es un pacto entre Félix Salgado y el gobernador Héctor Astudillo.

Al contrario, tanto Félix como la gobernadora Evelin Salgado publicaron ayer en sus redes sociales sendos mensajes de apoyo a Fredy Castro Guevara, y exigieron del Tribunal Estatal Electoral una decisión apegada a derecho, respetando la voluntad popular de los tlapenses que el 6 de junio pasado acudieron a las urnas.

“El día de hoy el TEEGRO resuelve el caso de la elección en Tlapa de Comonfort, por lo que exijo al máximo órgano estatal electoral que resuelva dicho proceso conforme a derecho, y no bajo criterios políticos o partidistas.

“En Tlapa ganó un hombre de izquierda, honrado y honesto, que es nuestro compañero Fredy de Jesús Castro Guevara, a quien el valiente pueblo de Tlapa eligió democráticamente en las urnas”, escribió Félix.

La gobernadora también envió un mensaje alentador para Fredy Castro: “En Tlapa el pueblo decidió y tenemos confianza en que triunfará la democracia con el fallo apegado a derecho por parte de las autoridades del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Compañero Fredy de Jesús Castro Guevara, ¡no estás solo!, seguimos en pie de lucha, en defensa de la voluntad del pueblo tlapaneco. ¡Hasta la victoria siempre!”

El dirigente de Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, afirmó que si los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, no respetan el triunfo de Fredy Castro Guevara como alcalde de Tlapa, sería una traición al pueblo y a la democracia.

También dijo que Morena defenderá por la vía pacífica y legal hasta las últimas consecuencias el voto del pueblo de Tlapa.

A todo esto, ¿quién es Fredy Castro? Fue una persona muy cercana al líder petista Victoriano Wences Real, hoy diputado federal por el distrito de la Montaña, en alianza PT-Morena. Aunque en lo local Wences destruyó la alianza con el partido lópezobradorista, fue uno de los principales beneficiarios de esa unión.

Fredy Castro, dicen, traicionó a Wences y buscó refugio en Morena, habiendo sido uno de sus principales colaboradores cuando el petista fue alcalde de Tlapa.

Pero en realidad habría que preguntarse si Wences es digno de lealtades, pues son públicas sus traiciones. Es más factible que Fredy haya sido alcanzado por una venganza de Wences que por una real competencia priísta.

Por cierto, los desencuentros entre Wences y Fredy fueron muy sonados en su momento, pues al ahora malogrado candidato morenista se le acusa de haber sacado a la luz los amoríos de Wences frente a su esposa, la diputada local Leticia Mosso.

Los verdaderos enemigos de Fredy, por lo tanto, no es Gilberto Solano Arriaba y el PRI, sino los diputados Wences y Leticia Mosso. Y seguramente él sabe por dónde le viene el complot.

Alejandro Páez Varela

Me llenó de satisfacción que los legisladores del PAN abrazaran las causas del presidente de Vox, Santiago Abascal, la semana pasada. Y no por un deseo insano de verlos avergonzarse de sí mismos, sino porque está bien que se quiten la careta y actúen con congruencia. Lilly Téllez ha llamado “trapo”, con menosprecio, al pañuelo que simboliza la lucha de las mujeres por decidir sobre su cuerpo, en un país en el que miles de mujeres pobres mueren o quedan dañadas de por vida por practicarse abortos ilegales. Julen Rementería, criado políticamente por Felipe Calderón y Miguel Ángel Yunes, es una fuente de noticias falsas y un balde de rencores; para él, por ejemplo, el apellido “López” es tan corriente que debe ser usado como adjetivo.

Pero no quiero hablar de ellos, o solamente de ellos. Tampoco quisiera hablar de Vox, tumor putrefacto de la democracia española, que mama de las ubres del franquismo y del fascismo, y sueña con la sumisión de las mujeres y las “reconversiones” de los homosexuales; que quiere lejos a los migrantes, a los judíos, a los gitanos, a los indios, a los mestizos, a los negros, a los que llaman “inconversos” y para terminar pronto: que aborrece a los otros. A menos, claro, de que pueda usarlos como se usa una mula o un caballo.

Vox, el que impulsa gobiernos católicos al servicio de dios (su dios católico es con minúscula para mí) y sueña con la Ciudad de Dios de Agustín de Hipona. El que aplaude a los gobernantes de mano dura, militaristas, porque los pueblos –incluso el propio– merecen ser sometidos antes que abrazados. Vox, que abreva de grupos de fanáticos ultraconservadores como El Yunque y proclama la supremacía de la España rica y blanca sobre el resto de las culturas insumisas, como la mexicana, que se atreve a usar la X de los indígenas y no la J que ellos dejaron. Y por eso llama Méjico al país, con jota, para que no olvide el hierro con el que le marcaron el muslo.

Vox, el que pide eliminar servicios de salud gratuitos a los indocumentados en España. Vox, el que exige tratar como terroristas a los migrantes sin papeles. Vox, el que pide que el español se obligatorio y perseguir a quienes busquen autogobiernos y autonomías. Vox, el que impulsa la creación de un muro en Ceuta y Melilla, donde España colinda con África.

Vox, el que pide derogar la Ley que castiga la violencia de género. Vox, el que pide cancelar los beneficios para las mujeres que buscan la interrupción del embarazo. Vox, el que impulsa las ayudas especiales para familias numerosas. Vox, el que intenta eliminar cualquier organismo que pueda interpretarse como “feminista”. Vox, el que está a favor de que las familias tengan armas. Vox, el que impulsa una Ley para proteger las corridas de toros. Vox, el que impulsa la cacería de animales salvajes.

Por eso me llenó de satisfacción que los legisladores del PAN abrazaran públicamente el pensamiento de Vox. No piensan distinto. Claro que durante años pueden caminar junto a los demás, si fuera necesario, para ganar adeptos entre los más vulnerables, aunque los menosprecian. Son iguales a Vox y por eso lo abrazan.

Tengo, sin embargo, algunas malas noticias para la mayoría de esos que acompañaron al presidente de Vox, tan contentos pero tan inocentes. Abascal podría considerar a algunos panistas como sus hermanos de armas, sí, pero no a todos. Abascal no daría una hija a los morenos que vi arengando a Vox, por ejemplo. Y no cabrían los que no son parte de la élite blanca y de preferencia españoles, para su desgracia.

Se veían tan contentos junto a ese rubio de ojos claros pero tengo que advertirles, a esos panistas que se ven reflejados en Vox, que Vox no se ve reflejado en ellos. Y que si por alguna razón llegan a España como migrantes, porque la vida es difícil y a veces da muchas vueltas, no serían bienvenidos. Se veían tan animados, aplaudiéndole a ese hombre barbado, pero los aplausos no les quita el haber nacido en un país que, en los sueños colonialistas de Vox, sigue siendo uno  conquistado por ellos al que le hicieron el favor de darle una lengua Occidental, aunque la lengua –todas las lenguas bellas– llegara cargada de malos hábitos.

Lamento decirle a Lilly Téllez que en la “ciudad de dios” con la que sueña Vox ella tiene 10 hijos y se queda en casa con la boca cerrada. Lamento decirle a Alejandra “Wera” Reynoso (el “güera” se lo pone ella así, con W) que el tinte de su cabello no es suficiente para quedarse entre ellos. Lamento decirle a Jules Rementería que aunque llame a sus hijos Iker, Imanol y Bingen nacieron en un país conquistado, es decir, de “segunda mano”; e incluso tendría que tragarse su orgullo vasco porque Vox no cree en las autonomías: les marcarán el muslo con la bandera de España y ya: coño, deje de andar poniéndoles nombres tan poco integrados.

Democracia, libertad, “anti comunismo”. Pfff. Esas son patrañas. Ni siquiera se han preocupado en actualizar sus consignas falsas con el fin de la Guerra Fría porque no les importa: son nacionalistas españoles, creen en Franco y en un dios católico-excluyente-y-ambicioso, en ese orden, y todos los demás, panistas arrimados, son carne de cañón: son un medio para su fin y ya.

Está bien que se hayan abierto. Está bien que digan quiénes son, cómo piensan, qué los mueve. Porque van por el mundo hablando de “humanismo” y les garantizo que ni siquiera saben de dónde viene esa palabra que han prostituido. Me llenó de satisfacción que abrazaran las causas del presidente de Vox, Santiago Abascal. Pero les debo advertir que el presidente de Vox los abrazaría por pragmatismo y frente a las cámaras. Y al volver a casa se habrá bañado con loción porque por dentro –así es su ideología– los aborrece. Lamento decirles, señoras y señores panistas.

Jorge Zepeda Patterson

Rogelio Ramírez de la O., el nuevo secretario de Hacienda, asegura que el Andrés Manuel López Obrador que veremos en lo que resta del sexenio será una versión más moderada, una versión que permitirá que aflore al socialdemócrata que lleva dentro, un AMLO que hará recordar al jefe de gobierno que tuvimos en la Ciudad de México.

Sería deseable. Hasta ahora lo que hemos tenido ha sido un mandatario de claroscuros, desmesurado en sus logros, como también en sus desaciertos. Un arengador de verbo encendido y polarizante en la tribuna, pero también un jefe de estado atento a mantener la estabilidad política y social y sorprendentemente responsable en lo que toca a las finanzas públicas.

Este panorama contradictorio que necesariamente resulta de cualquier intento de valorar al primer trienio del gobierno obradorista es, hasta cierto punto, explicable. No podía ser de otra manera, considerando la ambiciosa tarea que se propuso; nada más y nada menos que un intento de cambio de régimen. Algo que inevitablemente provoca entusiasmos entre los inconformes con el actual estado de cosas y resistencias en todos aquellos que no están de acuerdo con la naturaleza de estos cambios o la manera de procurarlos.

Si miramos con la perspectiva del bosque completo al sexenio de AMLO, y salimos momentáneamente de la polémica de la semana, que nunca falta, yo diría que el mayor acierto de su gobierno es haber convocado al país a ver por los pobres. Por absurdo que parezca, las mayorías se habían convertido en mera escenografía de fondo para la clase política y las élites encandiladas por una modernidad que beneficia mayormente al tercio superior. El 2.2% de crecimiento anual promedio en las últimas tres décadas, en realidad esconde una enorme disparidad pues entraña crecimiento de dos dígitos para las ramas y las regiones geográficas vinculadas a los sectores punta y decrecimiento para la enorme base social. El argumento de que la expansión de los de arriba y de la clase media “jalaría” a los de abajo dejó de operar hace rato. Habría que insistir en que el 56% de la población activa trabaja en el sector informal y es una proporción que ha venido creciendo. O dicho en otras palabras, el sistema dejó de tener respuesta para más de la mitad de los mexicanos.

López Obrador es la expresión política de la inconformidad de estas mayorías que, por fortuna, optaron por una vía pacífica en 2018 para externar tal malestar. En ese sentido, el tabasqueño, con todos sus rasgos pintorescos y rijosos, y quizá gracias a ellos, ha logrado mantener la noción de que el presidente gobierna para y por el interés de esas mayorías. Esa quizá es la clave para entender la relativa estabilidad social y política que tenemos, pese a estar sentados en el barril de pólvora que supone la violencia apenas contenida y la profunda desigualdad que nos caracteriza como sociedad.

Que el presidente consiga imprimir esa percepción y al mismo tiempo conduzca en lo esencial una política económica conservadora en materia de finanzas públicas, es notable. Su aversión al endeudamiento y su obsesión por no incrementar impuestos, combatir la inflación, mantener el equilibrio en las finanzas públicas, reducir el gasto en burocracia, son medidas que figuran en el recetario del Fondo Monetario Internacional. Y ciertamente constituyen una conducción más responsable, en aras de la salud del gobierno, que la de sus antecesores. En suma, el presidente ha sido un equilibrista para conseguir una mezcla imposible: sacudir al sistema para obligarlo a ver por lo pobres y, al mismo tiempo, mantener la solidez del andamiaje que requiere la vida financiera. Lo primero procura la estabilidad política, lo segundo la estabilidad económica. Sin decirlo, López Obrador se ha mantenido fiel a una obsesión: conseguir un cambio sin desestabilizar el sistema. Sabe que las mayores víctimas en un desplome económico serían, justamente, los que menos tienen.

El problema es que la búsqueda de estos dos objetivos contradictorios desgasta mutuamente ambos polos. Ni se está cambiando en la intensidad deseada para hacer una diferencia significativa en el poder adquisitivo de los pobres, ni la estabilidad financiera se está traduciendo en el crecimiento que el país requiere.

O para ponerlo de otra manera; la rijosidad del presidente es el motor que asegura el apoyo de las mayorías, que genuinamente perciben que el hombre que está en Palacio habla y actúa en su beneficio. Eso constituye la clave para conjurar el riesgo de un estallido político y garantiza a AMLO niveles de aprobación del 60%. Pero tal logro político, conseguido gracias en gran medida a la polarización, genera un clima poco favorable para la construcción de los millones de empleos robustos que el presidente necesita para sacar de la pobreza a las mayorías. La conducción responsable de las finanzas públicas no basta para convencer a cientos de miles de empresarios maniatados por el nerviosismo, la irritación o la simple timidez, a participar activamente; pesa más el contexto marcado por el embate verbal y amenazante. El presidente ha sido muy exitoso en la tarea de convencer a los pobres de que él no está a favor de los ricos; pero su vehemencia ha terminado por convencer a estos últimos de que no estar a favor es lo mismo que estar en su contra. Y recordemos, el 75% del PIB del país y por consiguiente de los empleos son generados por la iniciativa privada. El sector público puede repartir recursos para paliar la situación de los necesitados, pero tal derrama está destinada simplemente a  aliviar la urgencia. La única solución definitiva para sacar de la miseria a las mayorías es una economía sana capaz de crear decenas de millones de empleos dignos. Las distorsiones de nuestro capitalismo tropicalizado no los estaban creando, y en esa medida se requería la intervención del Estado para propiciar un giro del mercado en esa dirección. Obviamente eso no está sucediendo. En la segunda mitad del sexenio el presidente tendría que buscar la solución a esta contradicción. De no hacerlo, su promesa por hacer una diferencia en la vida de los pobres de México habrá quedado en una admirable intención.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam) 

Estamos ya en la cuenta regresiva de las administraciones municipales. Ayer comenzó la instalación de los comités de entrega-recepción, bajo la supervisón de la Contraloría Estatal, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Social. 

De acuerdo con lo prometido por el gobernador Héctor Astudillo Flores, será un proceso muy cuidado no sólo en el ámbito estatal, sino también en el ámbito municipal. 

Hoy, por cierto, ya se tiene una ley recién aprobada por los diputados que obligan a todos sujetos de este proceso a realizarlo si o si. Es decir, que este año ya no deben suceder aquellos caprichos de los presidentes que se van, en que simplemente instalaban los comités de entrega-recepción pero a partir de ahí hacían lo que querían, dejando inconclusos los procesos y con un palmo de nariz a los gobiernos entrantes, los cuales simplemente guardaban silencio en público, aunque en privado renegaran, por ser eso parte de una tradición política, o un pacto de silencio que -cabe decir- aun está vigente y nadie puede garantizar que esta vez no se eche mano de ese recurso.

Tampoco quizás veamos aquellos espectáculos que han sido tan comunes sobre todo en los ayuntamientos, en que la administración saliente se lleva hasta los muebles, aires acondicionados, computadoras, etcétera, como hambreados, como si no les hubiesen bastado 3 años para hartarse los bolsillos, que al final dan rienda suelta al saqueo de bienes que no les pertenecen, en tanto que fueron adquiridos con recursos del pueblo.

Hay casos tan vergonzosos, que incluso antes de irse los ediles se ponen de acuerdo para vender el parque vehicular. Venden sobre todo los vehículos más nuevos, para que el gobierno entrante comience de ceros, con los coches chatarra.

Pero eso no sería tan grave, si se usaran los dineros de la venta para obras y servicios. Al contrario, se los reparten, en lo que ha sido uno de los pactos para robar más detestables, en donde se diluyen partidos e ideologías, porque en la arena pública los políticos suelen competir, pero tratándose de repartirse lo robado, rapidito se ponen de acuerdo y son “amiguis”. Así, el presidente saliente embarra manos y calla bocas a quienes pudieran acusarlo de robar.

Definitivamente eso configura claramente el delito de asociación delictuosa. Lamentablemente, nada de esto llega a la Auditoría y si acaso llega a presentarse alguna denuncia, de parte de algún alcalde valiente que decide no callar esos robos, es esfuerzo nulo, porque ahí para la cosa gracias a las componendas y arreglos bajo la mesa que en la “tapaduría” son también una ley.

Y, peor aún, ocurre que el presidente en turno se auto compra a precios de ganga los mejores vehículos del municipio, o hasta la maquinaria pesada que se llegue a adquirir. Y luego los vemos en las camionetas que debieron dejar para el ayuntamiento entrante. ¿Así o más obvio el robo? 

Eso es apenas una breve semblanza de lo que se atreven a hacer nuestros gobernantes con los bienes municipales, demostrando hasta el último momento que aquellas promesas de campaña fueron solamente el gancho para que la gente votara por ellos. 

Con honrosas excepciones, en los gobiernos pasados fuimos testigos y dimos cuenta de muchos conflictos entre gobiernos entrantes y salientes. 

Además de lo ya dicho, los más comunes suelen ser los adeudos descomunales de electricidad, pagos de las cuotas al ISSSPEG que se les descuentan al personal sindicalizado, así como abultados adeudos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por concepto del Impuesto Sobre la Renta, descuento que se le hacen a los trabajadores pero que ilegalmente son retenidos por el gobierno en turno. Léase robados. 

Al cambiar la fecha de toma de posesión de los nuevos gobiernos (recordemos que antes tomaban posesión en diciembre), los conflictos aumentaron, porque se hace cuando aun falta un trimestre para que concluya la programación anual de obras. 

Entonces quedan obras pendientes. Los gobiernos que se van, ejercen por adelantado todo el recurso, y los que llegan reciben el dinero solamente para pagar a los constructores. Algunos se resisten y usan el dinero para obras nuevas, dejando a los constructores un conflicto grave, porque entonces recurren a demandas para recuperar lo invertido. 

¿Se puede hacer de otra manera? No ¿Por qué razón? Porque la obra se programa desde el primer trimestre del año, en la reunión del Coplademun. No hay manera de que el gobierno entrante programe nada y, por lo tanto, solamente le resta concluir lo que su antecesor planificó.

Para colmo, y será el caso este año otra vez, los gobiernos salientes están obligados a ahorrar para el pago de la parte proporcional del aguinaldo a los trabajadores, pero no lo hacen. El caos entonces se le deja al gobierno entrante, que tiene que cubrir sus gastos de nómina y servicios, y además pagar aguinaldos y prestaciones sin haber manejado recursos. La mayoría recurre a préstamos particulares para hacer frente a esas obligaciones y desde ahí todo comienza a entramparse. 

Estamos a punto de ver, estimado lector, este espectáculo de nuevo. Seremos testigos de los hurtos de última hora, de los conflictos heredados y de los acuerdos entre el que se va y el que se queda, que nunca saldrán a la luz, pero que definitivamente sufriremos las consecuencias: más demandas laborales, adeudos, ayuntamientos quebrados, etcétera.

Lo peor, es que la gente olvida, y a los que más roban y derrochan, son a los que más respaldan si vuelven a postularse. Por eso, sin que suene a ofensa, pero hay un dicho que indica que el pueblo tiene el gobierno que merece. Si no fuera así, no veríamos a los mismos individuos en la palestra política desde hace unos 30 años a la fecha. Ya estaría purgado ese mundillo de la política y bien. Pero como nos vuelven a convencer, los volvemos a aceptar y votar, esperando que hayan cambiado. Pero éste es un tema de sociología que en algún momento revisaremos, no ahora. 

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

A la mitad del camino llegó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. En marzo próximo pondrá su mandato a escutrinio de la sociedad, y se someterá a un plebiscito, para que los mexicanos decidamos si se va a su rancho de Palenque, o se queda a terminar su periodo.

Luego de presumir que los resultados de los primeros 3 años de su gobierno son “como para presumirlos a los 4 vientos”, y como para darles un zape a los tecnócratas neoliberales y decirles “toma para que aprendas”, el mandatario señaló que los cambios impulsados por la Cuarta Transformación difícilmente serán revertidos.

Incluso dijo que si en este momento debiera irse de la Presidencia de la República, se iría en paz.

A partir de este tercer informe, amable lector, se abren dos rutas. Una de mediano plazo, que tiene que ver con el referéndum del gobierno lópezobradorista y, por lo tanto, de su gestión. Y otra ruta es de largo plazo, distante hasta 2024, que es cuando se renovará la presidencia de la República.

Y como primero es lo primero, vamos viendo qué posibilidades tiene la oposición de frenar a AMLO y su proyecto reformista en el referéndum del primer trimestre de 2022.

Si nos atenemos a las encuestas recientes de Reforma y Mitofksy, no hay ninguna posibilidad de que el pueblo vote en contra. Ninguna. El presidente goza de una popularidad de 60 por ciento, lo cual quiere decir que 6 de cada 10 mexicanos avala su gestión.

Pese a la pandemia y sus muertos; pese a la violencia imparable (tenemos 3 años al hilo con récords de muertes), pese a la falta de incentivos para la pequeña y mediana empresa, los mexicanos están por el SÍ, desde ahora.

Por lo tanto, los opositores aglutinados en la alianza Va por México, detrás de la cual están los grandes empresarios que se han visto muy lastimados con el cobro de impuestos y la cancelación de las exenciones de que gozaban en gobiernos pasados, y que les permitió quedarse con cerca de 400 mil millones de pesos por decisión del presidente en turno, carecen de tiempo y estrategia para revertir los números de las encuestas que muestran qué tan fortalecido está el presidente de la República.

Los sucesores

Pasemos entonces a la segunda ruta. Todo indica que el referéndum dará el SI al presidente y, obviamente a su partido. Por lo tanto, la elección de 2024 es una elección cantada a favor de Morena, y de ahí la importancia de revisar los perfiles que pueden suceder a AMLO en Palacio Nacional.

De acuerdo con el periódico Reforma, la favorita para suceder a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia es la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

La encuesta publicada este miércoles 1 de septiembre señala que la mandataria capitalina tiene el apoyo del 26 por ciento de los encuestados.

En la misma encuesta se señala que en segundo lugar se encuentra el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, con 23%.

Como dicen los técnicos, estamos ante un empate técnico entre Claudia y Marcelo, y el posicionamiento de la jefa de Gobierno y el canciller dependerá de los movimientos que hagan a partir de ahora.

Por si no lo sabe Claudia, la gente de Marcelo ya se está moviendo en todo el país. Por ejemplo, se sabe que el ex candidato a gobernador, Luis Walton Aburto, está activo no sólo en esta entidad, sino en varias más donde tiene contactos, para ir posicionando la imagen de Ebrard, y para ello están usando la red de Quadratín, cuya franquicia en Guerrero es de su pertenencia.

Basta revisar esa agencia de noticias para enterarnos de por dónde anda la tenebra en los intereses waltónicos.

En la misma encuesta se indica que en tercer lugar está la exprimera dama, Margarita Zavala, con un apoyo del 17%.

Estamos hablando que la esposa de Felipe Calderón tiene apenas 10 puntos menos de apoyo que los morenistas.

Por el Partido Acción Nacional (PAN) se ubica el expresidente del partido, Ricardo Anaya, con un 15% de las preferencias. Sin embargo, Anaya se encuentra fuera del país, exiliado dice es, y está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) acusado de recibir sobornos por parte del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

En cuanto al senador por el Partido del Trabajo, Ricardo Monreal, el zacatecano tiene un 9% de apoyo, 3 veces menos que Sheimbaum y Ebrard.

La encuesta incluyó al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, con una preferencia del 8% de los encuestados.

Mientras que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, tienen apenas el 5% de las preferencias.

Estamos a la mitad del camino, amable lector. Comienza la cuenta regresiva rumbo a 2024. Haga sus apuestas.

(Misael Tamayo Hernández,in memóriam)

El sueldo de 3,600 profesores “No Fone” de Guererro está en la cuerda floja porque el gobernador Héctor Astudillo Flores claramente dijo ayer en su conferencia matutina de seguridad -en la que se tratan temas diversos- que no hay recursos para prestarle a la Federación para el pago de la nómina educativa, como se había venido haciendo a lo largo de su sexenio.

Hay que recordar que la nómina educativa se federalizó o centralizó, y está a cargo de ella la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, en ese proceso quedaron fuera miles de trabajadores de la educación, cuyas plazas y contratos se habían gestado fuera del presupuesto disponible.

Es decir, que los gobiernos estatales abultaron la nómina educativa sin tener realmente recursos disponibles para el pago de sueldos, pues el fondo que recibían de la Federación no los incluía.

Antes de la centralización de la nómina, consecuencia de la reforma educativa, los estados designaban una partida específica para esos trabajadores, pero al tiempo que se hicieron los cambios, ellos se quedaron fuera y en la cuerda floja.

Tras manifestaciones y negociaciones de docentes que exigían ser incluidos, la Federación accedió a revisar caso por caso, y es así que se han incluido en la nómina federal unos 5 mil trabajadores de la educación, pero restan unos 3,600 más.

Aunque se había dicho que a lo largo de este sexenio se completaría la meta de insertar a todos los profesores a la nómina de la SEP, eso no sucedió. Básicamente la mitad de ellos sigue fuera y en la incertidumbre salarial. Además de que no pueden avanzar tampoco en sus prestaciones.

Claro, también hay que reconocer que la Federación puso candados y filtros para evitar que los aviadores se colaran en la nómina educativa federal, pues eran demasiados.

Aunque poco de esto ha trascendido más allá de lo prudente, lo que en su momento se dijo es que en Guerrero eran más de 10 mil los puestos otorgados fura del Fone, y de estos un alto porcentaje correspondía a aviadores, en detrimento de los verdaderos trabajadores del sector.

Por lo tanto, la centralización de la nómina fue un mal necesario para sanear al sector educativo en Guerrero.

Los planes de inclusión para los profesores No Fone también se vieron truncos por el tema económico. En los primeros tres años del gobierno de Héctor Astudillo, que correspondieron a los últimos tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto, el avance fue lento, y más se alentó al cambio de gobierno en 2018, sobre todo cuando devino la pandemia de Covid-19, que durante año y medio ha limitado muchas tareas del gobierno federal, pues hay prioridades y lo más importante era contener la plaga.

La gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, heredará el problema que ahora enfrenta el gobernador Astudillo, de pagar sueldos y prestaciones a los 3,600 profesores “no Fone”.

El gobernador dijo ayer que en cuanto la Federación deposite para el sueldo de los docentes y administrativos que están en esta situación, de inmediato se les pagará. Pero dejó en claro que ya no tiene más dinero para tomar y pagar lo que no le corresponde.

Y es que, hasta ahora, y para evitar problemas, el gobierno estatal dispone de dinero de otras partidas para pagar a los profesores “no Fone”, y lo reintegra una vez que se lo deposita la Secretaría de Hacienda. 

Pero dado que se está ya en la entrega de la administración estatal y está por iniciar el proceso de entrega-recepción, no puede darse el lujo de tomar dinero de otras partidas para destinarlas al ramo educativo, porque eso sería considerado como un delito.

El reclamo de los profesores “no Fone” que ayer marcharon en Chilpancingo provenientes de varios municipios, y bloquearon calles de la capital en demanda del pago de la segunda quincena de agosto, debe ser hacia el gobierno federal, no hacia el gobierno estatal.

Es la Secretaría de Hacienda la que debe estar pendiente de su suerte, y de que reciban a tiempo sus sueldos.

Lamentablemente, en cada fin de gobierno siempre surgen este tipo de problemas, máxime que el cambio se hace ya casi para finalizar el año. Eso ha causado muchos problemas, tanto en los municipios como en el estado, porque los gobiernos que salen ejercen todo el recurso y dejan a los que llegan solamente problemas.

Los profesores demandan la intervención de la administración estatal para que la Secretaría de Educación Guerrero, les pague la segunda quincena de agosto, así como el pago de estímulos a maestros con más de 30 años de servicio.

Además, volvieron a exigir que que los 3,600 docentes de Guerrero que están fuera de la nómina federal, sean ingresados al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE) y sean reconocidos por el gobierno federal.

Hasta que eso no suceda, su incertidumbre continuará.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El PRIMOR está en ciernes a nivel nacional y, obviamente, a nivel estatal también. 

La composición de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, así como el modelo de gobierno de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que en este primer año lo tendrá el PRI, a través del ex gobernador coahuilense Rubén Moreira (el segundo año presidirá Morena y el tercer año el PAN), ya era una firme evidencia de que priístas y morenistas harán alianza en la próxima legislatura, dejando  fuera al PRD.

Aunque en su junta plenaria, los líderes de los partidos de la Alianza por México (PRI-PAN y PRD), dijeron que trabajarían juntos en una imbatible alianza legislativa para frenar al régimen de Andrés Manuel López Obrador, algo por ahí se va suavizando entre tricolores y morenistas.

Ayer, el líder de la bancada de Morena, Ignacio Mier, aceptó que buscarán acuerdos y consensos necesarios para sacar adelante las 3 grandes reformas del régimen lópezobradorista que aún están pendientes, como la reforma electoral, la reforma eléctrica y la reforma de la Defensa Nacional.

Sin estas reformas, la Cuarta Transformación se quedará trunca

Además, para sacar del rezago otras importantísimas leyes secundarias, como la de aguas nacionales, que ante el anuncio de 10 años de sequía para la mayoría de los estados del país, es de obvia y urgente resolución.

Para lograr todos estos acuerdos, Morena dejó su acostumbrada beligerancia, para dar paso al pragmatismo, que tendrá que practicarse también en el Senado de la República, ya con la ministra Olga Sánchez Cordero como presidenta de la Mesa Directiva, donde se habrán de ratificar las reformas constitucionales que faltan, así como en lo inmediato sacar adelante el esquema del plebiscito al que se someterá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en marzo próximo, y que quedó pendiente en la legislatura que está por concluir.

¿Qué dijo Mier? “El PRI es un partido de la socialdemocracia y se acerca mucho, fue el promotor, como partido, en los procesos de nacionalización de la industria eléctrica y petrolera. Y tiene en su génesis una opción preferencial para que la representación del Estado garantice una cuestión de seguridad nacional la industria energética, especialmente la industria eléctrica”.

¿Qué tal? En lugar de que Morena se identifique con el PRD, está dándole todo su espaldarazo al PRI.

No es poca cosa lo que está en juego, así que los morenistas se mueven con tiento, para no despertar al “tigre” de la oposición, que aunque ya sin uñas ni dientes, sigue con suficiente poder legal para frenar las reformas constitucionales, para las que por ley se exige las dos terceras partes del voto de ambas cámaras.

A nivel estatal vemos también esa tendencia. Hay un obvio amasiato ya entre Morena y el PRI, y también es obvio que en este maridaje no entra el PRD, salvo que haya diputados que quieran migrar desde el partido amarillo al partido guinda, como sucedió en 2018.

Como siempre suele suceder en cada cambio de gobierno, las negociaciones son las que le van dando forma a la nueva administración, y en este caso las “concertacesiones” se darán tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo.

Para eso está repitiendo el sempiterno Héctor Apreza Patrón y la ex presidenta del Congreso, Flor Añorve, quien presidirá en el primer año la Mesa Directiva.

A diferencia de lo que sucederá en el ámbito federal, en Guerrero no hay visos de que Morena vaya a ceder la Junta de Conciliación Política, siguiendo el esquema de rotación que ya se ha ensayado también en lo local, en otros trienios, pero se nota que será un nuevo tiempo para el Poder Legislativo.

No olvidemos que Legislatura que está por concluir se distinguió por su constante confrontación entre bancadas, pero sobre todo en el pleito intestino de los morenistas, atizados por el grupo de Pablo Amílcar, que esta vez está bastante disminuido por cierto, con sólo 4 curules. 

El control de la bancada de Morena lo tendrán los felixistas, aliados con los nuñistas, eso es algo que también ya se ha analizado, y la tarea es arropar el gobierno de Evelyn Salgado Pineda.

Hay muchas preguntas que quedan en el aire: ¿Qué negociará el PRI en Guerrero frente al primer gobierno morenista, que esta vez llega también con mayoría en el Congreso local? ¿Qué ofrece el PRI a cambio de, digamos, un trato cordial para la administración que fenece, en lugar de una cacería de brujas?

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Estamos por entrar al mes de septiembre, el mes patrio de nuestro país, cuando recordamos a los próceres que nos dieron patria y lo celebramos con noches mexicanas, desfiles militares y grandes reuniones y días de asueto.

Pero por segundo año consecutivo estas fiestas patrias serán empañadas por la pandemia de Covid-19, que atraviesa su tercera oleada, esta vez a causa de la variante Delta del coronavirus, una mutación que, dicen expertos, es 40 por ciento más contagiosa que el virus original y por eso el pico de contagios y muertes ha sido mayor.

Para colmo, ya tenemos presencia de la variante Lambda en 17 estados de la República, y por eso ya se habla de la cuarta oleada del Covid-19, aunque otros señalan que Lambda no tiene capacidad de contagio tan elevada como Delta, y que por eso será solamente una variante más del coronavirus en el país.

En medio de todo este escenario, este lunes regresan a clases escasos 1,334 escuelas, de la que la gran mayoría están ubicadas en el medio rural, atendidas por profesores del Conafe (1,032). 

Un ínfimo porcentaje tomará clases en un esquema híbrido o mixto, y alrededor de 10 mil escuelas de educación básica del estado de Guerrero tomarán clases a distancia, como desde el año pasado, hasta que existan mejores condiciones sanitarias, y los padres de familia y profesores estén preparados y se tomen acuerdos.

Bueno, no hay sorpresas en este tenor, porque era algo que el gobernador Héctor Astudillo Flores ya había determinado. Aunque el plan nacional era el retorno a clases presenciales de manera masiva, en el estado y dado que Guerrero es una de las entidades más afectadas por el Covid-19, se determinó un esquema escalonado.
Primero, la Secretaría de Salud dijo que en 17 municipios de los 81 de la entidad había condiciones para el retorno a clases, por la baja prevalencia de los contagios. 

Sin embargo, ni siquiera a nivel municipal se pueden tomar decisiones generalizadas, porque habrá comunidades libres de contagios, pero no así en las cabeceras municipales, donde se desarrolla la vida económica de los pueblos en su conjunto y que por lo mismo están más propensas a que haya brotes y se desaten los contagios.

Luego, el gobierno estatal determinó abrir escuelas de los lugares más apartados, sobre todo atendidas por el Consejo Nacional de Fomento Educativo; unas cuantas lo harán usando el esquema híbrido de clases presenciales y a distancia (sobre todo los planteles de educación media superior y superior), pero la gran mayoría del millón de estudiantes de la entidad continuará con clases a distancia, particularmente las escuelas de Costa Chica, Costa Grande, Acapulco, Chilpancingo y otros de la Zona Norte y Zona Centro.

El gobernador dijo que aún las escuelas que tendrán clases presenciales lo harán con un aforo controlado; es decir, que un día puede acudir un grupo de estudiantes y otro al día siguiente, para cumplir con el requisito de la sana distancia.

En resumen, estimado lector, lectora, podríamos estar ante un espejismo, pues recordemos que los criterios epidemiológicos tuvieron que ser modificados para permitir el retorno a clases. Si se estuvieran aplicando los criterios originales, del año pasado, las escuelas de Guerrero para nada califican, pues la entidad está en semáforo rojo, lo cual indica que estamos ante un riesgo muy elevado de ser contagiados, y se había dicho que ninguna entidad activaría las clases presenciales hasta alcanzar el semáforo verde, categoría que la entidad suriana alcanzó en el marco de las elecciones, pero semanas después ya habíamos retrocedido al amarillo, al naranja y casi de inmediato al rojo.

El gobierno federal decretó las clases como “actividad esencial” para poder reactivarlas, pero eso fue atendiendo criterios políticos.

Ya el año pasado hubo entidades que reanudaron clases, pero de inmediato las cancelaron, precisamente porque hubo brotes importantes del Covid-19.

Ahora se nos dice que el avance de la vacunación permite reactivar las clases, porque a estas alturas ya los profesores están vacunados, así como la mayoría de la población adulta.

Pudiera ser válido el criterio, pero el gobernador no quiso arriesgarse, y menos ahora en que la cuarta oleada no cede, pues siguen muriendo un promedio de 30 personas por día,   incluidos menores de edad. Y aunque se habla de que ya se registra un ligero descenso en los casos activos y positivos, no estamos aún para cantar victoria.

En lo personal, creo que ya urge volver a clases, pero también creo que la obligación de todo gobernante es preservar la vida de sus gobernados. 

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Punta Diamante, la zona turística más pujante de Acapulco, encierra un oscuro acuerdo entre el PRI y el PAN, que data desde 1988, y que benefició directamente al panista Diego Fernández de Cevallos, diputado federal en aquellos tiempos en que Carlos Salinas de Gortari asumió el poder bajo señalamientos de fraude, pero que con el cobijo del panismo nacional logró contener la inconformidad del Frente Democrático Nacional, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, frente que a la postre sería el Partido de la Revolución Democrática.

Ya mucho hemos hablado de cómo aquella confrontación política se fue diluyendo con el paso del tiempo, y los fundadores del PRD terminaron cerrando un grotesco círculo vicioso, como la víbora que muerde su propia cola

Claro, eso no fue fácil. Lo que ahora vemos como alianza Va por México (antes Pacto por México), es el resultado de un doloroso pacto por la democracia que resultó fallido, pero que cobró muchas vidas y sometió a muchos luchadores sociales a persecución y muerte.

Muchos lograron salir y replegarse de esa absurda mentira en que se convirtió el perredismo nacional, con el clan de Los Chuchos a la cabeza, arropados por otras tribus con las que compartían el poder.

De aquellos tiempos, no quedan muchos, salvo los mismo negociadores de siempre, mientras que la gente de las bases fue desencantándose y replegándose, o bien transmigrando a otros partidos.

De este aborto democrático surgió Morena, del seno del PRD, claro, pero amarrado en la figura de Andrés Manuel López Obrador, quien fuera líder nacional del partido en sus mejores momentos, cuando Lázaro Cárdenas ganó la jefatura de la Ciudad de México, y que representó la toma de la capital del país, espacio que aún detenta la izquierdsa, pero a hora bajo el signo morenista.

Volviendo al tema, en su mañanera de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador trajo a colación aquellos años oscuros en que los neopanistas también se vomitaron encima de los panistas fundadores. En 1988, ellos pelearon con el sinaloense Manuel Clouthier, padre de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, cuyo reclamo de fraude fueron ahogados por los dirigentes nacionales de su partido, entre los que figuraba precisamente el Jefe Diego.

Ayer, AMLO habló del este penoso asunto, cuando se defendía de las acusaciones de otro panista de pedigrí, Ricardo Anaya Cortés, vinculado con la trama de corrupción de empresa brasileña Odebretch, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y a quien el presidente señaló que era discípulo de Diego Fernández de Cevallos.

El presidente recordó que tras el fraude del 88, fue el Jefe Diego quien subió a tribuna en San Lázaro para exigir que se quemaran las boletas de la elección, razón por la que nunca se pudo conocer la verdad aquel proceso electoral.

A cambio, dijo, le entregaron un terreno de 5 hectáreas en Punta Diamante de Acapulco, predios que el gobernador José Francisco Ruiz Massieu expropió a los ejidatarios del lugar, con el señuelo de impulsar el desarrollo del puerto, pero que terminaron en manos de potentados, sobre la miseria de sus verdaderos dueños.

El inmueble de Diego Fernández, ubicado en el predio conocido como La Zanja, tiene una extensión de 53 mil 418 metros cuadrados y de acuerdo a los especialistas de bienes y raíces, su valor es de casi 500 millones pesos.

Desde hace poco más de 10 años, se construye una zona exclusiva de condominios y hoteles de gran turismo, en el lugar que alguna vez fue tierra de pequeños propietarios y de centenares de ejidatarios viveristas quienes de pronto se vieron despojados de sus propiedades.

Con razón, los perredistas llamaban a Ruiz Massieu “el déspota ilustrado”. Claro, aunque ahora son una sola cosa.

Queda pues este asunto que involucra al estado de Guerrero, como uno más en la lápida de la democracia nacional que soñamos la generación de los 80-90. Los vientos democráticos de aquellos años se enterraron de muchas maneras, y una de ellas fue dando prebendas y regalos a quienes en ese momento dirigían los destinos de la partidocracia, que fue lo único que nos quedó.

Con el predio de Punta Diamante se selló una negra historia de contubernios que aún continúan. Lástima que fue sobre el lomo de los ejidatarios y pequeños propietarios.