Categoría: S.O.S Costa Grande

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El sismo de 4.5 grados registrado ayer al noreste de Zihuatanejo, sumado a los dos ya registrados el lunes y martes en Ometepec, no son nada bueno. De acuerdo con los sismólogos no oficiales (que no trabajan para el Sistema Sismológico Nacional), estamos ante un “enjambre sísmico”, que involucra también a Oaxaca, y que estos movimientos telúricos podrían ser precursores de un gran terremoto.

De acuerdo con estos sismólogos, así como de medios independientes, se puede esperar uno de hasta 7.5, o incluso de 8 grados.

Los sismos registrados en la zona de subducción de la placa del Pacífico con la placa de Cocos, además, incrementan el riesgo de erupción del volcán Popocatépetl, ya que se encuentra en la línea de flexión de la placa Norteamericana (la placa continental) y la placa de Cocos, que subduce o se mete por debajo del continente. Una zona de flexión es el punto donde la placa que subduce o la placa subducida se quiebran, provocando fallas terrestres.

Estudios demuestran que después del gran sismo de Chiapas, del 7 de septiembre de 2017, la zona de flexión que se tenía tierra adentro, alcanzando Puebla, en realidad se multiplicó y ahora se tienen por lo menos otros dos puntos de quiebre, y de ahí la vulnerabilidad de los estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz, así como la posibilidad de que uno grande tenga lugar en el Itsmo de Tehuantepec.

Sin ser aves de mal agüero, solamente personas conscientes de una realidad que ya no pueden omitir las autoridades –algo que suelen hacer con el argumento de no generar alarma entre la población-, consideramos que es tiempo de que los gobiernos federal, estatal y municipal hagan su parte, y que la población se organice y esté consciente de manera permanente acerca de la posibilidad de un sismo.

Suele suceder que cada que se registra un terremoto, la gente está desprevenida. Se carece de una cultura de la prevención, pese a que harto se ha dicho que estamos en una zona de alta sismicidad, ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico, llamado así por la cantidad de volcanes que existen en las márgenes del gran Océano, tanto en Occidente como en el Oriente, donde hay también una gran placa marina suelta, que está moviéndose constantemente, conocida como la Placa del Pacífico.

Si revisamos las estadísticas del SSN, desde 1990 a la fecha, es obvio que la sismicidad ha aumentado de manera alarmante, y que esto es exponencial.

Es decir, que si en 2017 tuvimos 26 mil 363 sismos, para 2018 esa cifra aumento a 30 mil 193. En 2016 el registro fue de 15 mil 547 movimientos telúricos, y para 2015 la cifra alcanzó solamente 10 mil 946.

Es decir, que en un periodo de 4 años, de 2015 a 2018, se triplicó el número de sismos en México, pasando por los grandes terremotos de Chiapas y Pueblas, de cuyas secuelas el país todavía no se recupera. En 1990, tuvimos sólo 796 sismos.

¿Cuándo comenzó a incrementarse la sismicidad en México? Desde 2009, cuando se registraron 2 mil 301 sismos.

Pero en 2015 se dio un gran salto, al pasar de 7 mil 608 sismos en 2014, a 10 mil 946. Desde entonces, la tierra en México no se ha dejado de mover y en los últimos 4 años ha temblado más que en los anteriores 25 años.

Algo está pasando en la tierra, y nuestra entidad y nuestro país. Pero inmersos como estamos en asuntos que replican las redes sociales, y que involucran a los políticos y sus peripecias, no nos estamos ubicando en lo realmente importante, que por un lado son los sismos, y por otro lado la devastación ambiental.

¿Hasta cuándo?

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El Senado de la República votó a favor el dictamen de ley para garantizar a las trabajadoras del hogar las prestaciones de ley de cualquier otro trabajador, sobre todo IMSS y aguinaldos.

El proyecto de decreto, remitido a la Cámara de Diputados, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en materia de las personas trabajadoras del hogar.

No podemos negar que este decreto viene a traer un ápice de justicia sobre las trabajadoras del hogar, mal llamadas “chachas”, “criadas”, “gatas”, etcétera, sobre todo luego de siglos de que los adinerados han sometido a este tipo de empleados (no sólo hay mujeres trabajando en hogares), a un esquema quasi de esclavos, amparados en las lagunas legales que por centurias han prevalecido.

Seamos claros: las trabajadoras del hogar no sufren en los hogares clasemedieros, donde los padres tienen que trabajar y las contratan para cocinar, cuidar a los hijos, hacer las compras, lavar y en general todo lo relativo al cuidado del hogar.

En estas casas, las trabajadoras del hogar tienen un lugar casi de familia, pues no se contrata a cualquiera, sino a conocidas, vecinas, conocidas, etcétera, y suelen tener un trato muy humano, donde a pesar de no tener prestaciones de ley, sí tienen días de descanso, apoyos extras a su sueldo, comida, etcétera.

En estos hogares no se requiere que se queden a dormir, abandonando a sus propias familias, sino que terminando sus faenas se retiran, sobre todo cuando la madre del hogar regresa de su empleo, para ocuparse ella misma del cuidado de los hijos, las tareas, y los trabajos que quedaron pendientes.

¿Dónde es donde realmente sufren las trabajadoras del hogar? Con los ricos, con los millonarios, donde las ven como si fueran cosas, donde las obligan a portar uniforme, a cubrir horarios agotadores incluso nocturnos sin que eso signifique una mayor pago.

Estos millonarios contratan a sus empleados del hogar mediante agencias de colocaciones, las cuales pasan a ser los verdaderos patrones de las empleadas, porque los ricos no quieren pasar por el desagradable trabajo de entrevistar a quienes se han de ocupar de sus preparar sus alimentos, lavar sus ropas, limpiar sus pisos y baños, etcétera.

En realidad, este esquema viene repitiéndose desde tiempos inmemoriales, con la diferencia de que ahora se les asigna algún sueldo.

Esto incluye a la clase política, que definitivamente está acostumbrada a que le sirvan. Imposible ver, por ejemplo, a la esposa de un senador de la República, de un secretario de Estado, de un gobernador, de un director general, etcétera, fregando pisos y tendiendo ropa. ¡Jamás! Mucho menos un empresario de la talla de Carlos Slim, los banqueros, los dueños de empresas trasnacionales, los mineros, los grandes empresarios en general. Para ello cuenta con un séquito de empleados; porque hay que entender que tienen a un empleado para cada cosa: cocineras, recamareras, jardineros, choferes, etcétera.

Luego entonces, con esta reforma laboral, los senadores hicieron justicia a sus esclavos modernos, pero sometieron bajo una presión innecesaria a los hogares clasemedieros, que no contratan personal porque quieran, sino porque lo necesitan, pues les sería imposible trabajar sin el apoyo extra en el hogar, sobre todo las mujeres.

Estas madres y padres que trabajan, comparten su sueldo con alguna conocida para que les haga de comer, les lave y les planche mientras ellos van a conseguir el sustento, y cada semana pagan por este servicio de manera puntual, sin andar sacando a las “chachas” de la alberca, como sucede en las residencias de lujo, donde los empleados no disfrutan nada reservado para los patrones.

Aplaudimos esta medida, pero anunciamos que para un profesor, la dueña de algún negocio, o cualquier profesionista, les será más que imposible pagar IMSS o aguinaldos, porque incluso a veces ni ellos tienen estos beneficios.

El problema vendrá cuando por necesidad contraten a alguien, y entonces corren el riesgo de ser demandados ante los tribunales laborales, que en lo sucesivo dependerán del Poder Judicial.

Resumen: Los senadores parece que legislaron para un país primermundista, aunque ni en Estados Unidos se tienen semejante ley. Si así fuera, ninguno de nuestros connacionales obtuviera empleo limpiando casas, uno de los trabajos más socorridos para mujeres en la Unión Americana.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Bajó por tercer mes consecutivo el índice de homicidios dolosos en Guerrero, y la entidad logró pasar el deshonroso primer lugar, al octavo.

Esto es sin duda un gran avance, y nos trae un aire de esperanza, para que Guerrero pueda recuperar un poco de paz y parte del esplendor que esta docena trágica le ha dejado.

El último reporte dado a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del Centro Nacional, indica que en enero hubo 142 homicidios dolosos, en febrero 136 y en marzo 115.

Esto ubica a Guerrero en el octavo lugar nacional, después de Veracruz, Ciudad de México, Jalisco, Chihuahua, Baja California, Estado de México y Guanajuato.

Algo está cambiando en la estrategia de seguridad que se está reflejando en la reducción de homicidios, y que redundará en una mayor paz. Como dijo el gobernador, Héctor Astudillo Flores, ésta es la apuesta para que la empresa y el comercio florezcan en todas las regiones de la entidad, que Guerrero recupere su fortaleza económica como potencia turística, y que el desarrollo vuelva a florecer.

Cierto que es muy temprano para echar las campañas al aire. Sin embargo, el avance en este primer trimestre del año, que comparado con 2018 y peor aún, con 2017, no puede pasar desapercibido. El ambiente en Guerrero comenzará a cambiar, y aunque habrá voces que afirman que todo sigue igual o peor, los números no mienten.

Hay, sin embargo, un foco rojo en la Sierra, donde por la caída del mercado de la goma de opio y a falta de opciones productivas, las familias de esa vasta región podrán caer en una verdadera hambruna.

Aquí también conviene retomar la propuesta del gobernador Héctor Astudillo, que hizo desde su llegada al poder, y que consiste en legalizar el cultivo de amapola con fines medicinales, para retener ese nicho económico en la Sierra.

¿Por qué la propuesta? Porque una región que ha vivido tanto tiempo de la siembra del opiáceo, difícilmente se readaptará a un nuevo esquema productivo, pues en este momento toda la infraestructura productiva serrana está enfocada al cultivo de la amapola, lo mismo que la mano de obra está entrenada para cultivar ésta, desde su fase de siembra hasta la cosecha.

Pasarán años antes de que las miles de familia de la Sierra, desde los pueblos grandes hasta los más pequeños, se reorganicen en torno a los cultivos lícitos, y esto considerando que el proceso de conversión comience ya.

Ayer el gobernador volvió a plantear el tema, y creo que a nivel nacional están las condiciones dadas para que México recupere la autonomía que el control internacional le quitó, pues mientras que aquí se prohíbe, por ejemplo, el cultivo de la marihuana, en la mayoría de las entidades federativas de Estados Unidos así como en Canadá se creó ya una gran industria en torno a este cultivo, que no es propio de esos climas, pues en Canadá, por ejemplo, la cultivan hasta en invernaderos con calefacción artificial.

¿Cómo justificar que el país que nos califica en materia de control de narcotráfico, ya haya legalizado el cultivo, industrialización y comercio de la marihuana? No estamos hablando de una industria sólo con fines lúdicos y recreativos, sino que también potenciará la industria farmacéutica, pues la marihuana tiene propiedades que ayudan a la salud humana en varios padecimientos para los que la medicina convencional no haya cura.

Igualmente la amapola, tiene propiedades analgésicas potentes, de donde se extraen las medicinas como la morfina, para el alivio del dolor extremo, como el que padecen los enfermos terminales, sobre todo de cáncer.

Renunciar a esta posibilidad sería una locura histórica. Retener un negocio regulado, que de por sí ya está instalado en la entidad, pero de manera ilícita, sería un acierto.

A pesar de que la propuesta está sobre la mesa desde hace por lo menos tres años, el ex presidente Enrique Peña Nieto ni siquiera consideró la posibilidad de plantear a la Organización de las Naciones Unidas esta propuesta, a pesar de que podía hacerlo, incluso con un propósito humanitario, pues contribuiría a la pacificación de la nación.

Esperemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador actúe en este caso, y  permita que lo malo que nos ha inundado de sangre, se convierta en algo bueno, y que traiga prosperidad a la entidad con el cultivo de la amapola de manera extensiva y regulada, para montar una poderosa industria farmacéutica, que en este momento no existe, pues son pocos los países que tienen autorizado producir medicamentos a partir de los opiáceos, e incluso este privilegio lo tienen países que ni siquiera los producen y que, por lo tanto, tienen que adquirir la materia prima en el exterior.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

México está entrando en una peligrosa espiral de violencia que no es precisamente normal. No se trata del famoso cambio de jefes delincuenciales en alguna zona determinada, que se registra periódicamente en regiones y municipios del país; sino que hoy por hoy se observan patrones de violencia que nos permiten aventurar que incluso son hechos provocados.

¿Qué les impide a los miembros de la oposición usar la violencia como arma de guerra electoral? No será la primera vez que lo hacen, de hecho, pues a lo largo de estos últimos 12 años eso ha sido la constante.

Pero como decía un compañero periodista: “Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa”. Una cosa es el curso “natural” del fenómeno de la violencia, que responde a variables muy bien definidas de competencia y mercadeo, y que incluso es muy entendible para el ciudadano común, y otra cosa son los actos de violencia que rayan en la crueldad contra gente inocente, como el que registró el pasado viernes en Minatitlán, Veracruz, en el que murieron 14 personas, incluido un menor de 1 año de edad.

Se dice que iban por el dueño del lugar, un conocido transexual de esa ciudad. Pero, lo más común es que sólo maten al blanco del homicidio, o bien se lo llevan para tirarlo después, ya muerto. Pero en este caso torturaron y acribillaron también a la gente que festejaba un cumpleaños en el lugar. Incluso, los sobrevivientes dicen que fueron obligados a ver cómo le disparaban al bebé un balazo en el cuello, que en un instante le arrebató la vida, pues le destrozó las carótidas, las arterias que oxigenan el cerebro.
Por este solo detalles observamos que el objetivo de los atacantes, no era ir solamente por Julio César González Reyna, mejor conocido como Becky o La Potra, sino provocar un crimen que por su crueldad traspasara fronteras y perjudicara al presidente Andrés Manuel López Obrador, a sabiendas de que éste estaría ayer domingo en la capital veracruzana para conmemorar un aniversario más de la defensa del Puerto de Veracruz, donde efectivamente lo cuestionaron acerca de ese acontecimiento.

Y aunque el presidente señaló que se investiga el caso, y argumentó que le dejaron “un cochinero” en todo el país, la sociedad no quedó conforme y sobre todo los grupos empresariales están convocando a una marcha social en contra de este tipo de actos violentos.

¿Por qué Veracruz? Porque es la única entidad gobernada por Morena, con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien sustituyó al panista Miguel Ángel Yunes, quien a su vez gobernó en sustitución del priísta Javier Duarte de Ochoa, cuya historia conocemos al dedillo, pues es el mejor ejemplo de la alta corrupción que padecemos los mexicanos.

Para colmo, trascendió que el ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, está siendo investigado por la Fiscalía General de la República por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La primera de las denuncias fue presentada en mayo de 2013. La denuncia y el soporte presentado generaron escándalo público. Sin embargo, tras cuatro años de presentada la averiguación previa, la Procuraduría no ha ofrecido resultado.

En 2016 se presentaron dos nuevas denuncias contra Yunes. La primera por lavado de dinero y delincuencia organizada. La segunda, otra vez por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Tal vez por eso el reproche que durante su gobierno le hicieron grupos criminales al ex gobernador.

Una situación similar se vive en Guanajuato, donde gobierna el ex presidente panista, Vicente Fox Quezada, y donde se dio la más dura batalla contra el guachicoleo en los primeros meses del gobierno de AMLO. Fox no pierde oportunidad de denostar al régimen lópezobradorista, por cierto, y esto de la masacre de Veracruz le vino como anillo al dedo para señalar que el gobierno de AMLO todavía no comienza, y ni lo hará pronto.

Es obvio, entonces, que Guanajuato y Veracruz son dos entidades que se han convertido en “foco rojo”, y que los hechos de violencia escandalosos e indiscriminados, ni siquiera a los delincuentes les conviene. Pero sí a los políticos.

AMLO tiene que actuar y quitarles a sus adversarios la tentación de usar la violencia para reventar su gobierno. Y por ahora el único instrumento que tiene para hacerlo es la Guardia Nacional, a la que sin embargo todavía le cuelgan varios meses para que se concrete.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Tras darse a conocer que los estados y municipios que necesiten de la Guardia Nacional tendrán que pagar una parte proporcional de los gastos de operación de los agentes, así como también los municipios, se armó un sainete entre los senadores, sobre todo del PRI, como Manuel Añorve Baños, quien vino a decir a Guerrero que no estaba de acuerdo con eso, y que votarían en contra de la Ley de la Guardia Nacional.

Antes, durante la discusión de la reforma, los miembros de la oposición habían pedido que se especificara que el gobierno federal no tendría atribuciones para revisar a las policías estatales, dejando a los gobernadores prácticamente a sus anchas, pese a que los recursos de seguridad pública que se manejan en estados y municipios son de la Federación, no se trata de recursos propios, sino de participaciones federales.

Ahora que la creación de la Guardia Nacional entró a su fase final en el Senado, Morena empuja las leyes secundarias que deberán discutirse y aprobarse en las próximas semanas, con los cambios que plantearon los mismos senadores en la reforma constitucional.

Pero ahora la sorpresa es la de la movilización de los contingentes de la Guardia Nacional, y la disposición para la que las entidades federativas absorban una parte proporcional del costo. Y eso fue algo que no les gustó a los senadores de la oposición, pues consideran que eso lesiona las finanzas estatales.

De ese tamaño es el compromiso que tienen por la seguridad de sus estados, los flamantes senadores, así como la disposición que tienen para trabajar de manera coordinada con el gobierno federal para abatir los índices de violencia en estados y municipios.

Sus discursillos politiqueros, en los que siempre hablan de unidad, coordinación, trabajo conjunto y esas bellezas con que se adornan, son sólo frases engaña-bobos, porque en la realidad no les gusta para nada eso de compartir, y mucho menos si se trata de una pantalla política, pues quieren para sí mismos los reflectores.

Y es que tal vez pensaron que la Federación se haría cargo de todo, para pacificar las regiones del país actualmente violentadas, y que a los gobernadores, que son los que constitucionalmente los responsables de la vida pública en sus estados, se echarían a la hamaca, viendo como el presidente de la República se desgasta tratando de traer un poco de paz al país.

Afortunadamente, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo ayer que está dispuesto a asumir el costo que le corresponda en el despliegue de la Guardia Nacional.

También dijo el gobernador que no era algo desconocido para él, o alguna sorpresa desagradable, porque en las reuniones que han tenido con el presidente y el secretario de Seguridad Pública. Por lo tanto, si el senador Manuel Añorve quiso venir a congraciarse con Astudillo, resolviéndole el entuerto del dinero, se equivocó. Nada más sano que las entidades y los municipios sean corresponsables de la estrategia de seguridad, ya no como un tema de apoyo al gobierno federal, sino como el cumplimiento de una obligación para brindar seguridad a sus gobernados.

No olvidemos que una de las principales críticas que se ha hecho a los gobiernos estatales es que han dejado pasar el tiempo y nunca prepararon ni capacitaron policías capaces de enfrentar el crimen organizado. En una reunión nacional el ex presidente Felipe Calderón hizo este tipo de reclamos, argumentando que por eso falló su estrategia de seguridad. El senador de Morena, Ricardo Monreal, criticó que distintas autoridades como presidentes municipales e incluso gobernadores, que solicitaban apoyo a través del gobierno federal, de las Fuerzas Armadas, no contribuían con ningún recurso para combatir la criminalidad de su estado.

El gobernador dijo ayer algo importante: que el estado apoya con combustible la actividad de la Policía Federal, y que podrá hacer lo mismo con la Guardia Nacional.

Por fortuna, Astudillo ha demostrado prudencia y decoro en muchos aspectos en donde sus antecesores fallaron. Con razón el presidente de la República lo ve con buenos ojos, porque no tiene que estar batallando con un vivales que lo único que quiere es ahorrarse dinero a costa de la seguridad del pueblo.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Hay ecos importantes del Tianguis Turístico de Acapulco 2019. Uno de ellos habla del infructuoso esfuerzo de los empresarios del ramo turístico, así como de los gobernadores, para arrancarle al presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario del ramo turístico, Miguel Torruco, una millonaria cantidad para la promoción nacional e internacional de las bellezas naturales, históricas, religiosas y etnográficas del país, para garantizar un continuo flujo de visitantes. Y es que no olvidemos que a su llegada, Torruco decretó la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), organismo que se encargaba de la publicidad y promoción de los destinos del país, aunque cabe decir que lo hacía con criterios muy poco equitativos, pues a es obvio que a Guerrero lo dejaron solo durante mucho tiempo, y se enfocaban más en la Riviera Maya, Riviera Nayarit, Los Cabos, y otros destinos pudientes. Por ser Guerreo uno de los estados más violentados, el CPTM estaba obligado a buscar estrategias para conservar el flujo turístico, en lugar de abandonarnos y permitir que perdiéramos a los spring brakers o al turismo de cruceros, que se redujo al mínimo.

En cambio, nos mandaron puro turismo de circuito cerrado, como el turismo de convenciones y reuniones que generalmente se va a ciudades de mayor actividad empresarial y ejecutiva, dejándole al estado cargas fuertes para facilitar seguridad y hasta servicios adicionales de hospedaje.

Ningún puerto sobrevive así, y la gran crisis la pasamos solos, cosa que todavía no se resuelve, de hecho. Los guerrerenses siempre nos quejamos del abandono de la Federación en materia turística, sobre todo desde que durante el gobierno de Felipe Calderón nos quitaron el Tianguis Turístico, para hacerlo itinerante, aprovechándose del nombre que ya tenía, en lugar de crear otro concepto. El gobernador Héctor Astudillo ha defendido mucho a Guerrero, y siempre ha dicho que si no nos dan, pues no nos quiten. Eso hizo Felipe Calderón con Guerrero, y los gobernadores anteriores se dejaron vencer, no defendieron lo que era nuestro, y el CPTM tampoco sirvió de muro de contención para este atraco, como era su obligación.

¿Por qué quitarle a Guerrero lo que él mismo había construido por tantos años? Nos encueraron, de hecho. Y escribo esto como evidencia de que no es a partir de la llegada de AMLO que nos va mal a los guerrerenses. Al contrario, la historia de ninguneos es vieja. Yo creo que hay más esperanza de sacar algo ahora, que antes, porque ya de por sí se tenía una red de intereses que los gobernadores no podían traspasar, y como ejemplo tenemos el Tianguis Turístico.

Volviendo al tema, se dice que los gobernadores están realmente preocupados por la falta de divulgación, sobre todo los que carecen de sol, playa y arena, y que más bien dependen de la divulgación de sus acervos históricos y culturales, como Zacatecas, Puebla, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, entre otros, que vienen empujando al seno de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago), para que se reconozca el programa de Pueblos Mágicos y se mantenga el apoyo que se les daba.

Pero no sólo ellos. La verdad es que también los gobernadores de las entidades donde hay desarrollos turísticos, Guerrero entre ellos, están siendo presionados porque sus mayores ingresos provienen del turismo, y sin una adecuada difusión, es obvio que habrá un impacto negativo, al menos de momento, en lo que se reactivan otros canales de difusión. Luego entonces,  los turisteros tienen que hacer su parte, sobre todo los grandes consorcios –que dicho sea de paso se han acostumbrado a que los gobiernos les resuelvan muchas cosas.

Pero no olvidar por favor que el turismo no es sólo cosa de ricos, sino también cosa de pobres. Hay una gran diferencia entre un palapero, que vive de sus magros ingresos anuales, que un consorcio inversionista que puede gastar miles de millones de dólares en la construcción de algún hotel, o de algún edificio de condominios, y que dice necesitar para llenarlos del apoyo gubernamental. No es lo mismo Chana que Juana.

Yo creo que el gobierno debe hacer esa diferencia, y meter a los inversionistas al ajo de la difusión, en una especie de dúo dinámico, mientras que el esfuerzo estatal se enfoca en las playas emergentes, donde los turisteros pobres viven con su propio esfuerzo y casi sin apoyo.

Lo que está haciendo ahora el gobernador con el binomino Playa Ventura-Playa Azul, en Copala, es ejemplar, pues por primera vez se está planificando un desarrollo turístico, en una región que ha crecido por el esfuerzo de los pobladores, porque dicen que los gobiernos municipales ni siquiera les garantizan el servicio de recolección de basura.

En Guerrero, se tienen muchos otros municipios en el litoral Pacífico que viven de flujos periódicos de visitantes, y que tienen muchos años en las “pipirrias” (Costa Chica dixit), pues el impacto de la violencia en Acapulco también los reventó. Pero lo más grave es que el gobierno, por tratar de levantar a Acapulco, ha abandonado a otros destinos y ha cancelado los planes de desarrollo para las regiones, léase Costa Chica y Costa Grande.

Creo que es cosa de que las cosas cambien.

 (Misael Tamayo  Hernández, in memóriam)

El dirigente del PRD en Guerrero, Ricardo Barrientos Ríos, comenzó a nombrar comités municipales del partido, en calidad de interinos, pese a que el instituto político está en un proceso de cambios, y en la antesala de la elección de sus nuevas dirigencias, tanto nacionales como estatales.

En Guerrero estamos esperando, por ejemplo, que el propio Barrientos Ríos deje el cargo para dar paso a una dirección colegiada, que se encargará del proceso electoral interno, y cuyos miembros no deben tener, de preferencia, ambiciones para ocupar algún cargo partidista, pues el objetivo es que no se meta competencia desleal, sino que los dirigentes sean imparciales en lo posible.

Desde luego eso no se logra al 100 por ciento, por su propio bien, pero el partido debe exigir el cumplimiento de este requisito, si desea llegar fortalecido al 2021, como dijo Barrientos Ríos.

No será pegando parche sobre parche, como el partido se reconstruirá, y esto obliga a una reforma desde los municipios, donde se vivió crudamente la sangría hacia Morena, pero también una rebatinga agresiva entre quienes se quedaron en el partido.

La operación cicatriz debió hacerse de inmediato; al contrario, la dirigencia estatal le dejó al tiempo y al olvido este trabajo, mientras ellos mismos, ahí arriba en el Comité Ejecutivo Estatal, se mordían por los despojos.

Los acuerdos electorales no se cumplieron, de hecho, y hay un resquebrajamiento evidente, que por el momento está contenido, pero que puede estallar en cualquier momento.

Ricardo Barrientos se mantiene en el poder, sin cumplir los acuerdos con otros grupos políticos, argumentando que está en ciernes el cambio de dirigentes con base en los cambios a los estatutos, que se votaron en el verano pasado, y que tienen que ver con la eliminación de las tribus como centro de la vida interna del PRD. Porque claro que no podrá evitarse nunca que la gente se aglutine en torno a liderazgos municipales, estatales y nacionales, pero sí se puede evitar que se divida a las bases partidistas en torno a proyectos individuales, antes que de partido.

A lo largo de la historia del partido amarillo hemos sido testigos de hartos ejemplos de traiciones entre los de arriba; pero lo más grave ocurre en los pueblos y comunidades, donde los que pertenecen a un grupo, no se hablan con quienes pertenecen a otro, aunque sean parientes.

La política y los partidos han dividido tanto a los pueblos, que sobre todo en las comunidades hay tiendas para cada partido, pues los perredistas no compraban en la tienda de un priístas, ni a la inversa. Y bromeábamos diciendo que en los ranchos hasta los perros están peleados a causa de los partidos.

Pero la división en la base la causan los líderes, y es ahí donde deben poner orden. El respeto a los tiempos, los estatutos y los acuerdos, es propio de los buenos hombres, pero parece que hasta eso han perdido entre los políticos, la bonhomía y el respeto a su propia palabra empeñada.

Los comités municipales que se están organizando en los municipios, dijo Barrientos Ríos, se encargarán del proceso de afiliación de nuevos miembros, y la reafiliación de los militantes, pero nada dijo del gran proceso interno que el PRD está por vivir, y que es la única oportunidad que tendrán para llegar fortalecidos al 2021.

Esperemos que no haya mano negra en los comités, que no se coloque a personas con el sello de las tribus que actualmente están en la dirigencia del partido, y sobre todo que se promueva la unidad. Digo, a propósito de que ya a nivel nacional quieren que el PRD desaparezca para formar otro partido, lo cual solamente favorecería a los grupos fuertes, y desmantelaría a lo que ya se tiene en estados y municipios.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Pues bien, ya se tienen los nombramientos de quienes coordinarán las actividades de la Guardia Nacional. Son tres hombres y una mujer los anunciados ayer como coordinadores por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador: dos de la Sedena, un marino y una policía federal.

De los cuatro, la dirección recaerá en el General en proceso de retiro Luis Rodríguez Bucio. Y como miembros del Estado Mayor, se designó al general de brigada Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez, como representante de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); también al contraalmirante Gabriel García Chávez, como representante de la Secretaría de Marina (Semar) y la doctora Patricia Rosalinda Trujillo, como representante de la Policía Federal (PF).

Todos sin excepción, traen las huellas de la lucha contra el narcotráfico de los últimos 13 años, pero también todos tienen perfiles envidiables. Por ejemplo, la doctora Patricia Rosalinda Trujillo cuenta con doce doctorados en diversas materias y disciplinas, y ha sido considerada por la revista Forbes como una de las mujeres más influyentes del continente.

Antes de esta nominación, la doctora Trujillo ocupaba la titularidad de la División Científica de la Policía Federal.

El resto de los miembros de la coordinación, tanto militares como el representante de la Marina, son gente experimentada en trabajo de campo y de planificación de estrategias, y no cabe duda que se hizo una selección muy acuciosa.

Pero hay un pero para los dos militares, tanto para Luis Rodríguez Bucio, como para el general de brigada Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez, pues ambos son militares en proceso de retiro; pidieron su baja apenas en diciembre pasado, cuando seguramente ya se les tenía en la mira para ocupar estos cargos, y será hasta el verano cuando se liberen totalmente del servicio militar.

Esto definitivamente generará discusiones en el pleno del Senado de la República, que apenas ayer recibió los proyectos de leyes secundarias de la Guardia Nacional.

De entrada, la Junta de Coordinación Política del Senado ya avaló los perfiles del cuerpo que coordinará los trabajos de la Guardia Nacional, pero desde fuera del Congreso de la Unión hay voces que afirman que se está violando el artículo 21 Constitucional, que dice que se tendrá una fuerza policial de carácter civil.

No sólo la oposición se pronunció ayer contra Rodríguez Bucio y Núñez Márquez, sino también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que estos nombramientos son de entrada inconstitucionales.

Pero nadie puede negar que por primera vez se tiene un cuerpo de seguridad dirigido por verdaderas lumbreras en materia de seguridad, cerebros que antes estaban bajo el mando de sus jefes, pero que hoy se encargarán directamente de combatir la inseguridad que priva en el país.

Aunque hay muchos rasgándose las vestiduras en este momento, porque se designó como director de la coordinación de la Guardia Nacional a un militar “en proceso” de retiro, el diputado federal por Guerrero, el ex gobernador René Juárez Cisneros, fue muy ecuánime al señalar que más allá de quién ocupe la coordinación, lo que importa es el trabajo que desempeñen.

“La Guardia Nacional debe tener capacitación y adiestramiento donde se privilegie el respeto total y absoluto a los derechos humanos, que más allá de la buena voluntad debe quedar plasmado en las leyes secundarias, será el trabajo que viene y debe tenerse cuidado de que así sea”, dijo.

Y por supuesto tiene razón René Juárez. Lo que importa es el trabajo que realicen, y esto será en torno a sus perfiles, pues son idóneos, no fueron elegidos por preferencias políticas ni por escalafón en la milicia, donde también opera el favoritismo de los generales, que se van heredando el poder en cada sexenio.

Aplausos por estos perfiles.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Hacienda bajó desde marzo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que es el impuesto que se paga por la producción y venta o importación de gasolinas, pero esto no tuvo ningún impacto en el precio del combustible que Pemex vende a los distribuidores, sino todo lo contrario.

Los gasolineros no sólo se quedaron con el dinero del subsidio, sino que además incrementaron los precios de las gasolinas y el diésel, agravando así mismo la inflación en el mercado nacional.

¿Qué sucedió? Que a pesar de que el gobierno está haciendo su parte para que la gasolina no sólo mantenga su precio, sino que baje, los gasolineros se determinaron a hacer incrementos al precio de los hidrocarburos que les surte Pémex a precios subsidiados, algo que es absolutamente injustificable.

El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicó que en el primer trimestre de este 2019 el margen de ganancia de los gasolineros aumentó notablemente, “y sin una razón clara de costos”.

Dijo, por ejemplo, en comparación con el primer trimestre de 2018, los gasolineros se están quedando con un margen de beneficio de 70 centavos más por la venta de gasolina Magna, lo que implica un 55% al alza. En la Premium el margen es todavía mayor: 1.20 pesos, un 84% al alza. Y en el Diesel, 47 centavos, un 36% al alza.

Esto provocó que el pasado martes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los exhibiera públicamente, y les advirtiera que de continuar con esta práctica desleal hacia el consumidor final, Pemex crearía su propia red de gasolineras, para sembrarles una real competencia.

Así pues, luego de ser acusados de “embolsarse” estímulos fiscales y no bajar por ello los precios de las gasolinas, empresarios gasolineros buscan aclarar con Hacienda costos al público.

Obvio, los representantes argumentan que recurrieron al incremento de precios porque por la estrategia de combate al guachicol tuvieron pérdidas cuantiosas, por el desabasto que provocó el cierre de ductos de Pemex, y la transportación vía terrestre del combustible desde las refinerías.

Los empresarios buscan una reunión con la Secretaría de Hacienda para establecer cuáles son los verdaderos factores que influyen en los costos de la gasolina, pues para ellos no basta que Pemex se las dé a menor costo, sino que desean agregarles otras minucias, como la distancia entre las estaciones de servicio y las terminales de almacenamiento, que obviamente son las mismas, pues hasta ahora no se sabe que Pemex haya construido nuevas, sino al contrario, se tiene un rezago en esta materia de unos 25 años.

Pero el subsecretario de Hacienda fue claro al explicar que los precios de las gasolinas aumentaron principalmente por decisiones de los mismos empresarios gasolineros, quienes aumentan los estímulos fiscales a sus ganancias en lugar de aprovecharlos para reducir sus precios al público.

¿Qué tal? Consideramos que el presidente debe meter la competencia del Estado, porque si nos atenemos a que los empresarios piensen en nosotros, eso jamás va a suceder. Ellos están para ganar-ganar, nunca para perder.

Para darnos una idea del atraco, desde el viernes 5 de abril hasta hoy se aplicó un estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 1.62 pesos por litro de la gasolina Magna, pero eso no se reflejó en el precio final, sino todo lo contario. Y la semana anterior a ésta, el subsidio fue de 1.05 pesos al IEPS.

Los gasolineros se quejan de que Pemex les da un margen de ganancia reducido; por lo tanto, se sirvieron con la cuchara grande.

Se supone que la apertura comercial de Pemex Distribución se hizo para que el consumidor final tuviera un mejor servicio. Y que la creación de nuevas marcas de gasolinas se autorizó para que el consumidor tuviera de dónde elegir. Pero todo es un montaje, porque no importa el nombre de la gasolinera, si es Pemex el que les surte a todas, y sobre todo si el gobierno está subsidiando el IEPS, impuesto que se aplica al precio final, y por lo cual los consumidores debemos ser los beneficiarios directos, no ellos.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Aunque días antes se había anunciado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público analizaba volver a crear el impuesto de la tenencia, y además fue fuese controlada por la federación, pero el presidente de la República desmintió esta noticia ayer, asegurando que cumplirá su promesa de campaña relativa a evitar la creación de nuevos gravámenes que incrementen la carga impositiva para la población.

Actualmente el cobro del impuesto de la tenencia lo manejan los gobiernos estatales, porque aunque no es un impuesto federal, sí está vigente en la mayoría de las entidades federativas, ya que constituye un filón de ingresos muy importante para éstas.

Sería importante que así como la tenencia ya no existe a escala federal desde 2008, también desaparezca a escala estatal, porque en materia de impuestos no podemos los ciudadanos vivir esta desigualdad. O todos coludos, o todos rabones.

Y lo grave es que la tenencia se cobra con mayor rigidez en los estados pobres, porque los estados más ricos tienen otro tipo de ingresos que les permiten renunciar a este ingreso para sustentar las actividades del gobierno.

En estricto sentido, el cobro del impuesto sobre tenencia vehicular es ilegal. No podemos estar pagando anualmente por tener un coche, del cual ya pagamos también el seguro obligatorio, y si lo compramos a crédito, los correspondientes intereses.

Lo más grave es que los coches se van degradando, van perdiendo valor comercial, hasta casi quedar en ceros. Y pese a ello, todavía nos siguen cobrando miles y miles de pesos por los refrendos de la tenencia.

¡Ah!, pero no para eso ahí, porque si el gobierno necesita más dinero, simplemente ordena el ya famoso reemplacamiento, que consiste en eliminar las placas de los coches para obligar a los automovilistas a poner otras nuevas, aunque no se necesiten, aunque no haya motivo para ello, salvo su necesidad de recaudar más dinero. Esto de verdad que es desalentador.

Ahí se esconde un tremendo negocio, porque se gasta por mandar a hacer las nuevas láminas, con el distintivo del gobierno que las diseñó, y para eso obviamente se contrata a alguna empresa particular. Imaginemos los miles de miles de vehículos que circulan en alguna entidad, y los cientos o miles de millones de pesos que se recaudan por el concepto de reemplacamiento.

No  puede haber mayor injusticia que se nos obligue a pagar por un bien no necesario, porque si ya pagamos por las placas originales de nuestro coche, tremendamente injusto es que cada que un gobierno disponga el cambio de placas, de un plumazo inutilicen las nuestras, algo por lo que ya pagamos.

En Estados Unidos, por ejemplo, un coche trae la misma placa desde que se compra hasta que pierde su vida útil. Cuando se vende, se tiene que entregar con todo y placas, y éstas sólo cambian de propietario. ¿Por qué se hace esto? Porque hay un registro nacional de vehículos, y a cada unidad se le da una identidad que se rastrea por su placa. Si se estuviera cambiando cada rato esta placa, entonces se dificultaría en gran manera llevar el historial del vehículo.

Se hace cambio de propietario y de placas, únicamente cuando la unidad se mueve de estado, para que adopte la del estado donde estará circulando, pero para ello se recogen las placas viejas y se le asignan las nuevas. Pero sólo en este caso y es porque el vehículo deja de formar parte del inventario de coches de una entidad, para pasar a otra.

En México, en cambio, la placa es desechable. Los vehículos pueden cambiar de placa cada que a un gobierno se le ocurra, y aunque no haya una justificación plena.

El impuesto sobre la tenencia se instauró en 1962 como un mecanismo del gobierno federal para obtener recursos con los que financiar los Juegos Olímpicos de 1968. Se dijo que sería temporal, pero se quedó hasta 2008, cuando durante el gobierno de Felipe Calderón fue eliminado de los impuestos federales; sin embargo, quedó vigente la tenencia vehicular que cobran los gobiernos locales.