Categoría: S.O.S Costa Grande

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

A nivel local, Morena es el partido con más notas negativas, y menos positivos, según un estudio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Pero a nivel nacional, Morena no ha bajado de la preferencia del electorado, y sobre todo algunos de sus miembros.

De acuerdo con la cuarta encuesta de México Elige, la diputada Tatiana Clouthier la mejor calificada por los electores, seguida de la jefa de gobierno del Distrito Federal, Claudia Sheimbaum, y en tercer lugar está el canciller Marcelo Ebrard, aunque de este personaje se dice que es antipático para la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ha filtrado asuntos delicados, entre otros asuntillos de control y vigilancia del que fue coordinador de la campaña del ahora presidente de la República.

Seguimos con el listado de los políticos mejor calificados a nivel nacional. En cuarto lugar está la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; le sigue en quinto lugar el senador morenista Martí Batres.

En sexto figura el senador Ricardo Monreal, también de Morena. En séptimo, Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública. En el octavo sitio de popularidad está el diputado federal Mario Delgado; en noveno Porfirio Muñoz Ledo.

El secretario de Seguridad Pública, el ex colosista Alfonso Durazo está en el décimo sitio. Le sigue el jefe de la presidencia, Alfonso Romo. Y en el décimo lugar la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky.

¿Qué tal?

Ahora bien, hasta aquí, la calificación va de casi 49 puntos con Tatiana Clouthier, a los 16.9 de Yeidckol Polevnsky.

Pero de ahí para abajo, los que siguen o pasaron de panzazo, como el priísta José Narro, que goza de 6.5 por ciento de simpatía, siendo el mejor calificado del tricolor, hasta el 2.6 por ciento del ex gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros, o el 4.3 de Miguel Ángel Osorio Chong.

Y es obvio que si alguien tiene tan pocos positivos, tendrá muchos negativos. Como Osorio Chong, quien tiene 53.3 de puntaje como “pésima imagen”, seguido de Claudia Ruiz Massieu, quien tiene 51.1 de puntos en contra, y apenas 5 puntos a favor.

En resumen, el PRI a nivel nacional está por los suelos, comenzando por aquellos que pretenden dirigir los destinos del ex partidazo, así que más les valiera buscar por otro lado.

Revisando a los aspirantes a la presidencia nacional del PRI, descubrimos que de verdad se cumple a cabalidad eso de que “la caballada está flaca”, y el escenario es muy oscuro para un partido que aspira a salir de la era paleozoica.

Al oaxaqueño Ulises Ruíz lo repudia 59.2% de la población (75.7% efectivo)

Al guerrerense René Juárez Cisneros lo repudian58% (70.2% efectivo)

Al gobernador campechano Alejandro Moreno “Alito”, lo repudia 38.6% (63% efectivo)

A la ex gobernadora de Veracruz, Ivonne Ortega, la repudia el 41.3% de la población (55.4% efectivo)

Al ex rector de la UNAM José Narro lo repudia el 46.3% de la población (51.3% efectivo).

Lo anterior contando los calificativos de malo, regular y pésimo.

Panistas y perredistas ni siquiera pueden cantar victoria, mucho menos el líder del MC, Dante Delgado Ranauro, quien apenas tiene 1 por ciento de salud política, o el priísta Ulises Ruiz, quien ni siquiera alcanza el 1 por ciento de aprobación.

¿Qué sigue para el PRI en este contexto? Seguramente sacar fuerzas de flaqueza. Ellos afirman que las derrotas no son para siempre, y así es. En Guerrero un escenario similar se vivió en 2005, pero lo peor fue para 2012, cuando de plano la bancada priísta en el Congreso era de caricatura. Pero de esa bancada minúscula salió el actual gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores. Cuestión de tiempo, de esperar nuevos escenarios. No olvidemos que al paso de los burros, se acomodan las calabazas.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El Tianguis Turístico Acapulco 2019 quedó ayer inaugurado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien después de intercambiar con el gobernador Héctor Astudillo algunos halagos –que en política no son casualidad para nada, y que tampoco son gratuitos-, enfrentó las exigencias de los hoteleros en cuanto a la inversión destinada a la publicidad y difusión de los destinos turísticos del país.

Y es que desde que desmanteló el organismo público descentralizado que se encargaba de esta tarea, el plan es que en el exterior las embajadas y consulados se encargarán de la tarea de promover las bellezas turísticas de México, mientras que la Secretaría de Turismo (Sectur), podrá contratar los servicios de una empresa particular para diseñar algunas campañas generales, y también para encargarse de la participación de México en las ferias internacionales, pero nada más.

Este esquema no convence a los prestadores de servicios turísticos, quienes ayer demandaron que se destine medio punto porcentual de los ingresos anuales por concepto de turismo al país, y que suman 125 millones de dólares anuales, algo así como 2,375 millones de pesos, si tomamos el tipo de cambio de 19 pesos por dólar.

Esa inversión parece excesiva, pero no lo es considerando que la industria sin chimeneas es la tercera en cuanto a aportación del Producto Interno Bruto Nacional, sólo debajo de Pemex y las remesas de los migrantes.

Pobre México, que teniendo tantos recursos naturales, tantas minas y bosques en sobre-explotación, tenga estas fuentes de ingresos tan dispares. Por un lado, Pemex, que de ser la principal fuente de ingresos para el sostenimiento del gobierno federal, los estados y municipios, desde hace tiempo ha sido superada por la aportación de los braceros, gente pobre que se va a vender su mano de obra a los Estados Unidos. Y de ahí, el Turismo, que también está subdesarrollado, salvo algunos lugares que a su vez están rodeados de pobreza, devastación ambiental y violencia.

Si algo distingue a lugares como Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo, Cancún y todos los desarrollos turísticos del país, son los cinturones de miseria formados por gente que se aglutina en busca de trabajo, y que propician el crecimiento desordenado de las ciudades, pero que a su vez demandan de las autoridades locales los servicios básicos.

El presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, Luis Barrios Sánchez, trató de convencer a AMLO de mantener la inversión en publicidad y difusión, apegándose al refranero popular. “Usaré frases pegajosas como las que usted usa, presidente AMLO, con todo respeto: El que no anuncia y no enseña, no vende. Apóyenos”.

Pero el presidente insistió en que su proyecto a corto plazo es levantar las zonas pauperizadas de los destinos turísticos para crear algunos equilibrios, pues actualmente tenemos las lujosas zonas turísticas, contrastando con las colonias pauperizadas. Y eso, dijo AMLO, también es promoción.

Asimismo les prometió brindar seguridad en los destinos de recreo, y eso también es promoción.

Y tiene razón el presidente, pues en la medida en que se recupere la seguridad de lugares como Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y otros destinos emergentes del estado y del país, en automático los visitantes volverán, como es el caso de los spring brakers, quienes precisamente para el periodo de las vacaciones de primavera acudían en masa a nuestras playas. Pero desde 2011 se alejaron completamente, y los promotores de este tipo de turismo lo movieron para Cancún y otras partes del mundo. Aunque se hicieron esfuerzos en el gobierno estatal por recuperar a este sector juvenil de visitantes, lo cierto es que ha sido imposible, sobre todo por las constantes alertas que emite el gobierno estadounidense en contra de Guerrero y centros de recreo.

Algo similar sucedió con el turismo de cruceros, que de tener cientos de arribos al año, se desviaron y sólo unos cuantos hacían tierra. Este tipo de segmentos turísticos no se han podido recuperar, pese a la costosísima promoción internacional.

Y es que seguir promocionando los puertos de México, sin mejorar la seguridad, será como echar dinero a un barril sin fondo.

Consideramos que una vez que se logren los objetivos de seguridad y urbanismo, que son básicos, podrá pensarse entonces en dar el siguiente paso, que es promover las bellezas naturales del país, sin problemas.

Eso es distinto a forzar la llegada de turistas, creando el turismo de circuito cerrado, y que se refiere a visitas de negocios, convenciones y otros eventos, pero que no salen de los hoteles, por miedo a la inseguridad. Así ha estado sobreviviendo Acapulco, y ni siquiera por eso los destinos anexos se han beneficiado.

No olvidemos que estamos en una fase de reconstrucción del país, en todos sus sectores. Y que cuesta más reconstruir que hacer algo nuevo. Será algunos años de espera, pero sin duda vale la pena.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El pasado martes, el gobernador Héctor Astudillo Flores presidió la cuarta sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde los alcaldes de Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo de Azueta, Taxco, Iguala y Chilapa, firmaron los convenios presupuestales que manda la Federación en materia de seguridad para los ayuntamientos, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

Estamos hablando de 212 millones de pesos adicionales que los municipios citados recibirán para, entre otras cosas, “fomentar el desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia, con participación ciudadana, en temas de seguridad pública”. También se incluye el desarrollo, profesionalización y certificación policial, así como la adquisición de tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial.

Para enterarnos un poco acerca de estos dos fondos de seguridad, hay que notar que el FASP es una partida que diseña la Federación en el presupuesto de egresos federal cada año, para distribuirse entre las 32 entidades federativas, con base en fórmulas matemáticas en la que se toman en cuenta el territorio, la población, la tasa de delitos y el tipo de estos, así como el número de personas que entran en delincuencia en cada periodo. Estas variables las dicta y las supervisa el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Este año, por ejemplo, se etiquetaron 7 mil 210 millones de pesos, de los cuales 212 millones 278 mil 138 pesos, le corresponden a Guerrero.

La cantidad descrita es inferior a lo que se transfirió para Guerrero en 2018, y que fue de 223 millones 89 mil 743, de un presupuesto global de 7 mil millones de pesos.

Una vez en la entidad, estos recursos son desplazados a los puntos más críticos, y que en el caso de Guerrero son las ciudades de Chilpancingo, Chilapa, Iguala, Zihuatanejo, Taxco y por supuesto Acapulco.

Sin embargo, estudios a nivel nacional revelan que este dinero que reciben los ayuntamientos de manera adicional, en ocasiones son subutilizados, porque los mecanismos de coordinación son deficientes.

Pero también se reportan falta de controles en el ejercicio del gasto en las entidades federativas que permite los desvíos de recursos.

A nivel nacional, los recursos del FASP parecen excesivos, pero expuestos al dilema nacional de inseguridad, son una bicoca.

¿Por qué las dificultades? Porque se trata de recursos que vienen etiquetados para programas diversos, por lo menos diez que son prioridad nacional. Para cumplir metas, la Federación transfiere los recursos a los estados y de ahí a los municipios, pero hay problemas en la coordinación y los resultados no son nada halagadores.

Por ejemplo, del total del FASP de 2013 a 2017, los estados con mayor subejercicio son Veracruz, con 568.3 millones de pesos; Michoacán, que no gastó 320.9 millones; y Guerrero con 147.4 millones, estados todos que se encuentran enfrentando graves crisis de inseguridad.

Los programas prioritarios son Infraestructura y Equipamiento; Desarrollo y Certificación; Prevención Social; Sistema Penitenciario, Justicia para Adolescentes; Búsqueda de Personas.

La queja en los estados es que cada uno de estos programas viene con recursos ya etiquetados; es decir, se determina desde la Federación cuánto se debe gastar en qué cosa, y ahí estriba el problemón.

Fuentes oficiales indican que el proceso de concertación de los recursos del FASP entre el SESNSP, las oficinas del Secretariado Ejecutivo en los estados, las Secretarías de Finanzas estatales, las Secretarías de Seguridad Pública o las Fiscalías no es lo suficientemente ágil para generar los anexos técnicos, sin los cuales no es posible realizar el ejercicio de los recursos del Fondo.

Esto se debe a que los estados deben reprogramar los recursos muchos meses después de la concertación para ajustar los montos a sus necesidades. En algunos casos, los anexos técnicos están listos en el último trimestre del año, lo que imposibilita un ejercicio eficiente y eficaz para satisfacer los objetivos del FASP.

Por este enredo, los estados prefieren regresar el dinero a la Federación, en lugar de prepararse con los expedientes correspondientes, que permitan un ejercicio de recursos normal.

Y si nos referimos a los municipios, es peor, pues los ayuntamientos carecen de personal especializado en el manejo de este tipo de programas.

Vale la pena, por lo tanto, que comiencen a afinarse estos detalles para que los recursos del FASP se aprovechen al máximo, y que no resulte lo que hasta ahora: que son dineros que van a un barril sin fondo.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

En una década, pese a lo que nos informan oficialmente, el turismo en Guerrero se ha colapsado. Datos proporcionados ayer por Macario Schettino, en su columna “La Caja Fuerte” de El Financiero, revela que hay muy pocos indicadores que nos permita revisar el crecimiento real del turismo en México, pero basta revisar el indicador “noches-turista”, para enterarnos de cómo nuestra entidad ha venido a menos de manera dramática.

Schettino señala que el caso de Guerrero es “trágico”, pues pasó de 1.3 millones “noches-turista” en 2007, a 0.7 millones en 2017, esto a pesar de contar con el lugar más representativo del turismo por décadas, Acapulco.

“Algo similar le pasa a Colima, que tenía 225 mil turistas-noche en 2007 y ahora apenas pasa de 100 mil”, refirió.

Se nos podrá decir que esto es normal, que en todo el territorio nacional se vive la misma tendencia pero no es así.

En la misma década, se registra un crecimiento inusitado a escala nacional, pues en 2007 se registraron cerca de 60 millones de noches-turista, mientras que para 2017 casi llegaron a 90 millones.

Se refiere que en esa década hubo para nuestro país un crecimiento anual promedio de 4 por ciento.

Es decir, que mientras la media nacional aumentaba, en Guerrero ese mismo indicador decrecía, hasta llegar a menos de tres cuartos de millón de noches-turista.

¿Por qué ese indicador? Porque siempre se mide la ocupación hotelera para definir si una playa está llena o vacía, y en ese sentido vemos que se presume llenos totales en temporadas para Guerrero, pero nada más. En el promedio anual nacional, casi no pintamos.

Señala Schettino que los mayores incrementos entre 2007 y 2017 se registraron en ciudades medias y no en la zona de playas.

Aguascalientes y en Puebla ocupan el primer lugar con 16 y 10 por ciento, respectivamente. Y explica: “Muy probable que en Aguascalientes el impacto de los viajeros de negocios sea significativo, porque en ese periodo la entidad ha multiplicado su presencia en exportación de vehículos. En Puebla ese movimiento ha sido menor, de forma que el turismo de placer puede explicar parte del crecimiento”.

¿Entonces qué pasa con los destinos del Sureste? En términos de volumen, la entidad más importante sigue siendo Quintana Roo, que representa más de la mitad del turismo nacional, con 53 de los 90 millones de noches-turista que hay en todo el territorio.

Pero estamos hablando de crecimiento y aunque Cancún y sus playas vecinas se mantiene en su nivel, no necesariamente ha crecido al ritmo que se proyectó.

La desgracia de Guerrero y sus destinos turísticos es evidente, si nos atenemos a las cifras. Nos pueden decir que vamos bien, que todo está en orden, que seguimos creciendo, pero la realidad es otra. Los números son fríos, no mienten.

Esto es entendible, por la extrema violencia que ha azotado a Guerrero precisamente en la década referida, y la caída que registró Acapulco desde tiempos de Zeferino Torreblanca, con el retiro de los spring-brakers, así como la reducción al mínimo del turismo de cruceros, simplemente no se ha podido recuperar.

Sabemos, con sólo platicar con la gente, que estamos en tiempos de vacas flacas y ahora ya sabemos la razón. Sobrevivimos por temporadas y nos entretienen con cifras temporaleras, dando la idea de que ¡wow!, todo marcha sobre ruedas, pero esconden las cifras duras que revelan la caía.

¡En una década hemos perdido 600 mil noches-turista! ¿Entonces, de dónde sacan que estamos bien en materia turística?

 (Misael Tamayo Hernández, in memoriam)

El gobernador Héctor Astudillo informó ayer que el mes de marzo es uno de los menos violentos de los últimos tres años, al registrarse 120 homicidios, comparados, por ejemplo, con los 191 de enero de 2018.

De hecho, marzo es el tercer mes en que se registra una reducción de homicidios violentos en lo que va de 2019. Esta reducción comenzó desde el mes de enero y coincide con la llegada al poder del nuevo gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, con quien el gobernador Astudillo afirma que está trabajando de manera coordinada en materia de seguridad.

Todavía en el mes de diciembre se registraron 154 muertes violentas en Guerrero; 167 en noviembre y 159 en octubre, para abarcar el periodo de los nuevos gobiernos municipales.

El promedio estatal durante todo 2018 fue de 165 casos por mes, aunque todo 2017 fue terrible, racha que abarcó hasta el primer trimestre del año pasado, luego de lo cual comenzó una reducción importante que, sin embargo, se mantuvo en los 150 asesinatos, salvo el mes de agosto, cuando se registraron 148 decesos violentos.

El homicidio, si bien no es el único referente de violencia en Guerrero –porque falta revisar asuntos de secuestro, extorsiones, desaparición de personas, etcétera-, sí es el de mayor impacto.

¿A qué se debe la disminución de homicidios? Definitivamente tiene que ver con el reforzamiento de la seguridad en Acapulco, donde ya operan desde hace tiempo grupos de lo que será la Guardia Nacional.

Al ser Acapulco el municipio donde más delitos de este tipo se comenten, es obvio que al reforzar la seguridad el impacto fue global, lográndose la reducción de 3 por ciento, dijo el mandatario estatal.

Se espera que tras la puesta en marcha de la Zona Prioritaria Chilpancingo, por parte de los tres órdenes de gobierno, se pacifique la capital del estado y los municipios de Zumpango y otros del filo mayor, como Tlacotepec, donde la violencia azota a tal grado que cientos de familias han tenido que dejar sus propiedades y estuvieron protestando frente al Palacio de Gobierno en la Ciudad de México, en demanda de garantías para volver a sus tierras.

A diferencia de lo que había sucedido con otros desplazados –fenómeno que comenzó a registrarse desde el gobierno de Ángel Aguirre Rivero-, esta vez los pobladores del Filo Mayor exigieron que las autoridades asumieran su responsabilidad y actuaran contra los grupos que se disputan la zona, colocando a las familias en una constante persecución, hasta que se vieron obligados a dejar sus hogares para salvar la vida.

Recordemos también que un grupo delincuencial del Filo Mayor había amenazado con incursionar en Chilpancingo si no se detenía a uno de sus adversarios, quien por cierto estaba como representante de los desplazados en México, y quien se defendió diciendo que el verdadero conflicto en la sierra no era propiamente la siembra de amapola, sino un proyecto minero que está por ser desarrollado.

Son 600 elementos (400 policías militares y 200 policías federales) los que se esforzarán por frenar la violencia que está afectando a Chilpancingo, pero que fluye desde la Sierra, pues los grupos que se disputan esa parte, se pelean por la capital con los que están en la Montaña baja, convirtiendo desde hace años a la capital del estado en una ciudad violenta.

Ojalá que la estrategia funcione y se adopte algo parecido para Chilapa y la región de la Montaña, donde también los pueblos están desde hace años a merced de por lo menos dos grupos delincuenciales, que mantienen a la zona indígena asolada.

Siempre hemos dicho que la paz de México pasa por Guerrero. Si el gobierno federal, en coordinación con el estado y los municipios, logra pacificar esta entidad, habrán avanzado mucho en la paz del país.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

La marabunta de migrantes cubanos y centroamericanos, la más grande de todas las caravanas que se hayan registrado en América, es una preocupación para los ciudadanos de este país, pero sobre todo para el gobierno de los Estados Unidos, al grado de que el presidente Donald Trump incluso ya amenazó con bloquear a México por la vía económica si no detiene a los migrantes.

Los migrantes no vienen juntos, sino que viajan en grupos pequeños, de mil a dos mil personas, y se componen de hombres, mujeres y niños.

Ya se sabía de la organización de esta caravana desde inicios del mes de marzo. Incluso el gobierno de México anunció que se estaba organizando lo que sería conocido como “la caravana madre” de migrantes centroamericanos, que inicialmente buscarían llegar a los Estados Unidos por territorio mexicano.

Al paso de los días se comenzaron a dispersar las noticias por las redes, del avance de los grupos, uno de los cuales llegó este fin de semana al sur de Chiapas.

La semana pasada, ante el avance de cubanos y centroamericanos rumbo a la frontera sur de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que dar su postura al respecto, sobre todo por las amenazas de Donald Trump, a quien no le ha querido contestar directamente, sino que sólo ha afirmado que cada país tiene sus políticas y leyes, y que deben ser respetadas.

Pero Trump no se traga este cuento, y para eso es que tiene al gobierno de México al sur de su frontera, la más larga y porosa del mundo, para que le sostenga a raya a los migrantes centroamericanos.

De no hacerlo, dijo Donald, cerraría la frontera con México y también cerraría las fuentes de recursos. La amenaza no fue velada, fue clara. Estados Unidos quiere que México le sirva de policía migratoria porque sencillamente no quiere lidiar con su realidad como imperio, que por consumir los recursos de los países periféricos, en estos hay una terrible pobreza que no se solucionará cambiando presidentes –como pretenden hacerlo en Venezuela-, sino modificando sus políticas económicas globales.

Para los mexicanos, sin embargo, la nueva caravana es una verdadera preocupación, por todo lo que implica. Todos los países que son ruta o destino de migrantes, saben de lo que estamos hablando, porque la experiencia dicta que las migraciones masivas son incluso provocadas por poderes fácticos –en este caso terroristas, tratantes de personas y narcotraficantes. Es decir, que en medio de familias que están huyendo de la extrema pobreza de Honduras y países vecinos, viene camuflada gente que no viene con buenas intenciones.

Estados Unidos tiene razón en pedir que México actúe, porque de todos modos dependemos de ellos, y cuando al país vecino le da un catarrito, a nuestro país le da una neumonía.

Nada de lo que pudiera sucederle a Estados Unidos en materia de terrorismo nos es ajeno, sobre todo porque millones de mexicanos están en el vecino país, algunos de manera legal, otros ilegalmente.

¿Pero qué dijo el presidente López Obrador con relación a la caravana? Pues, nada, que aquí habría suficientes puestos de empleos para recibirlos, y puso de ejemplo la obra del Tren Maya, donde se necesitará la fuerza de más de 300 mil obreros. El mandatario dijo que no serían expulsados, pero únicamente ofreció que todo se hiciera de manera ordenada y con respeto al Estado de Derecho. ¿De veras? Éramos muchos y parió la abuela.

Cierto que no será la primera vez que México reciba migrantes en calidad de refugiados, pues nuestro país siempre se ha distinguido por ser una nación de refugio para todo tipo de perseguidos políticos. Desde los españoles que migraron cuando la dictadura de Francisco Franco, los judíos, así como la gente de Sudamérica que llegó escapando de la Operación Cóndor, fraguada por las fuerzas militares de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela –obviamente con el apoyo de los Estados Unidos-, en lo que fue la decena trágica de un Terrorismo de Estado, dirigido desde Washington por Henry Kissinger.

Pero una cosa es que lleguen personas que vienen huyendo de la persecución de sus gobiernos, pero que tienen alguna formación profesional, y otra que lleguen a este país miles de familias que vienen huyendo del hambre provocada precisamente por los regímenes que Estados Unidos ha ayudado a sostener, porque así conviene a sus intereses. Tal es el caso, que como en Venezuela no le conviene que exista un gobierno “no alineado”, entonces el gran imperio le está dando total apoyo al opositor Guaidó, para derrocar a Nicolás Maduro. Pero nada tiene que ver con la democracia, sino que están de por medio, ya decíamos, los yacimientos de petróleo más grandes de América, así como vetas de diamantes que son la delicia de cualquier gobierno cuya economía se alimenta de las guerras, del narcotráfico y, en general, de todo lo ilegal.

El reto de los migrantes no es cualquier cosa. Es un arma de doble filo que AMLO debe manejar con mucha cautela. De pronto, su gobierno queda en medio del sándwich.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Por fin se votó en la Cámara de Senadores la reforma constitucional que elimina el fuero al presidente de la República, y que se amplió para diputados federales y senadores. La reforma seguirá su ruta normal hacia los congresos locales, donde también se abrirá automáticamente este debate, pues un mandato constitucional es de aplicación general, no sólo para los miembros del Congreso de la Unión.

Este tema había sido uno de los más controversiales, por lo que implica: inmunidad judicial para los gobernantes, desde el presidente, los gobernadores, los alcaldes, así como los legisladores. Con la reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución, y la excepción queda eliminada, y los servidores públicos electos por voto popular ya no tendrán el fuero, de modo que si cometen excesos, delitos o traición a la patria, automáticamente se puede proceder contra ellos.

¿Qué es el fuero constitucional? Es definido por la jurisprudencia mexicana como una inmunidad del servidor público oponible al Poder Judicial.

Es decir, que haga lo que haga, diga lo que diga, simplemente por la acción del fuero no se le puede procesar. Vamos, ni siquiera denunciar.

Muchas historias de impunidad se han tejido en este país a raíz del fuero, pero poco a poco el debate en torno al beneficio de su eliminación comenzó a gestarse al seno de la sociedad mexicana, desde el nacimiento de nuestra todavía endeble democracia, y posteriormente fue asimilado por la clase política.

La reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos tiene el objetivo de ampliar las causales y agilizar el procedimiento del retiro de la inmunidad política al primer mandatario, diputados y senadores.

Por ejemplo, antes sólo se podía llamar al presidente de la República a tribunales por el delito de traición a la patria, y siempre siguiendo un tortuoso protocolo, conocido como “desafuero”, el cual comenzaba en la Cámara de Diputados, consistente en un juicio político tal cual, para que el gobernante señalado pudiera ser separado del cargo y juzgado. Al final todo quedaba en manos de las fracciones parlamentarias del Congreso.

En lo sucesivo, con base en la reforma aprobada ayer por los senadores, el titular del Ejecutivo federal podrá ser juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y delitos graves. Y lo mismo aplicará para diputados y senadores.

¿Cuál es el procedimiento? Basta que exista una denuncia en su contra, debidamente documentada y revisada, para que el Poder Judicial demande a su vez ante el Congreso de la Unión su intervención.

El Senado de la República resolverá mediante el voto de dos terceras partes de sus miembros presentes la acusación respectiva.

Actualmente, el fuero sustenta el quehacer de más de 2 mil funcionarios públicos. Originalmente se diseñó para dar estabilidad política a la nación, estados y municipios, así como al Poder Judicial y al Poder Legislativo.

En el caso de los congresos, tanto el federal como en los estados, se otorga fuero a los legisladores para que no puedan ser perseguidos judicialmente por la mera exposición de sus ideas en tribuna.

En resumen, el propósito del fuero había sido hasta cierto punto bueno, pero se llegó un punto en donde la corrupción y los delitos imputables a los servidores públicos es tan grave, que el fuero se convierte en un obstáculo para la aplicación de la justicia.

Nótese que por ahora no se incluye a los magistrados y jueces en esto del fuero, porque de otro modo no quedaría moro sin cabeza en este país.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

De nueva cuenta, las organizaciones campesinas que se aglutinaron en un frente estatal, encabezadas por la CNC, CODUC, UNTA, Antorcha y otras (en total unas 30, según un comunicado oficial), salieron a manifestarse con la toma de las oficinas de la SADER en el estado, para exigir que se flexibilicen las reglas de operación del programa de Fertilizante, sobre todo lo que concierne al registro de las tierras laborables.

Eso motivó otra reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores, el delegado del gobierno federal para programas sociales, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, y el coordinador del programa de fertilizante, Jorge Gage Francois, quien como ya hemos dicho, aunque ha sido parte de la plana mayor de la CNC, ignora todo lo relacionado con este programa que en realidad no manejaban las organizaciones campesinas ni mucho menos, sino los gobiernos municipales y el gobierno del estado.

Ayer, mientras los campesinos en pueblos y regiones se movilizaban en todo el estado, los líderes presionaban para flexibilizar las reglas de operación, argumentando que muchos campesinos se quedarían fuera.

Lo cierto es que sus intenciones van más allá de esto. Antier, por ejemplo, en conferencia de prensa en Chilpancingo, el ex diputado Sebastián de la Rosa Peláez, líder de la CODUC, y el priísta Edel Chona Morales, dirigente de la CNC, pidieron que se usara por este año el mismo padrón de fertilizante que se usó el año pasado, y que fue construido por cada gobierno municipal, y que sólo hasta 2020 se haga un nuevo listado, dejándole a los comisariados ejidales la última palabra en la depuración.

Pero, como se dijo en su momento, el registro individual de los beneficiarios del programa, y el cumplimiento de una serie de requisitos, es por sí mismo un filtro, y resulta que no todos pueden comprobar que tienen tierras para sembrar, pero que sí reciben el fertilizante.

Los líderes dijeron que se trata de gente que renta tierras para cultivar, lo cual no es creíble, al menos no en la proporción que dicen, pues hablan de que más de la mitad del padrón de beneficiarios quedaría fuera del padrón por razón de que no pueden presentar evidencias de la posesión de la tierra.

La verdad todos la sabemos: el programa de fertilizante en Guerrero, desde que se concibió, era nidal de falsos campesinos, que recibían el insumo para revenderlo, o simplemente dejarlo perder. También servía para alimentar amplias parcelas políticas del PRI y del PRD –y en general de todos los partidos. Pero lo más grave era el manoseo de dinero desde los ayuntamientos, que eran en los que recaía el mayor gasto de los 1,200 millones de pesos anuales que costaba sostener este programa, del cual nunca hubo una evaluación real, pues habría sido suficiente confrontar cifras de inversión con las cifras de producción para saber si funcionaba o si se estaba metiendo dinero bueno al malo.

Si alguien sabe de esto es precisamente el gobernador Héctor Astudillo, quien de plano ya no siente lo duro, sino lo tupido, y gestionó ante el presidente de la República que retomara el programa. AMLO, con toda la buena voluntad del mundo, lo retomó y no sólo para Guerrero, sino para aplicarlo en otras entidades. De ahí la importancia de que se haga algo bien este año en la entidad, porque aquí se hará el primer ensayo, para luego importarlo a los estados vecinos.

Las organizaciones sociales, en lugar de estar en los CADER registrando a la gente, o bien orientando a los campesinos para que se registren y obtengan los documentos que requieren, están en la calle cansando a la gente y desgastándola.

El argumento que esgrimieron ayer es falso, y más bien llevaba otra intención, porque desde la semana anterior se acordó que el aval de la renta o posesión de tierras la hicieran los síndicos o los secretarios generales de los ayuntamientos. Pero en lugar de informar a su gente, los dirigentes persistieron en su demanda de que se modifiquen las reglas.

Ayer, finalmente, los acuerdos son los mismos, con algunas variantes. Por ejemplo, el registro de los solicitantes vía internet va, porque la Federación requiere de ello para programar las compras del insumo y los paquetes que entregará (de los cuales armará 3 diferentes). Sólo se amplía el plazo y el número de ventanillas para la recepción de solicitudes, a fin de agilizar la entrega del insumo.

Es importante saber que ninguna organización civil intervendrá en la distribución y entrega del fertilizante. Se les está pidiendo a los ayuntamientos algún apoyo en esta etapa, pero nada más.

Para corroborar si están registrados en el padrón, los campesinos sólo se necesitan la CURP. Ya estando en el padrón, para recibir el fertilizante, solamente con su credencial de elector será suficiente, pero deben tener su documentación a la mano, por cualquier duda o aclaración.

Más sencillo no puede ser. La Fecha estimada de entrega no pasará del mes de mayo.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Nos quedamos a medias con el tema de la CNTE y sus malabarismos para intervenir en el espíritu de la reforma educativa del régimen actual, y su exigencia de que la reforma del sexenio pasado se derogue totalmente. Es decir, que no se tomen en cuenta ni siquiera los puntos que son favorables.

El diálogo final entre la CNTE y el gobierno federal, fue que se tomaría en cuenta al sindicato magisterial, en sus dos vertientes (SNTE-CNTE), en la elaboración de las leyes secundarias, porque la reforma constitucional es estricta y su análisis y aprobación corresponde exclusivamente a los legisladores.

Recordemos que los líderes de la CNTE exigían que se les mostrara el borrador de la reforma antes de siquiera discutirse en comisiones, asunto que es absolutamente ilegal y violatorio del protocolo legislativo.

De acuerdo con los diputados priístas, la propuesta enviada al Congreso federal por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es adecuada y votarán a favor, dado que contempla los tres pilares fundamentales de la educación que son: ingreso, promoción y evaluación del magisterio.

Este proceso debe cuidarse en grado sumo, para evitar la crisis que se tiene en este momento en el país, con docentes sin perfil, contratados por amigazgos y compadrazgos, o mediante la compra-venta de plazas, negociazo en el que el sindicato en sus dos falanges participaba hasta en 50 por ciento de los puestos.

Y la evaluación, si bien en el contexto actual se dejará sólo como parte de la capacitación magisterial y ya no como un requisito para mantener la plaza asignada, debe también permanecer, porque de otro modo cómo los profesores van a garantizar su actualización en materia de conocimientos y tecnologías.

La CNTE pide la anulación de la evaluación docente, pero eso es imposible, porque sería dejar al sector a la deriva. Y es que,  quiérase o no, los profesores son los transmisores de los conocimientos, no al revés. Actualmente se evalúa a los estudiantes, para conocer el estado que guarda la educación en el país, pero no se evalúa a los profesores para conocer directamente si dominan los temas que imparten. Y esto, por donde se le vea, es una mera simulación.

La CNTE también pide que se mantenga la política de dar plazas automáticas a normalistas, algo que también ha minado al sector educativo, porque no necesariamente se elige a los mejores. Al contrario, el concurso de plazas por oposición, y mediante la presentación de un examen de ingreso al servicio docente, es lo único que garantiza que se esté contratando a profesores de 10.

Y hay que decir que aún con este esquema se cometen arbitrariedades, porque simplemente no se están publicando los resultados de los exámenes, y se hace una selección en el escritorio de los jefes de la SEG-SEP.

Conozco casos en los que se les dice a los aspirantes que presenten su examen, y una vez que se presente, sin importar el resultado, el resto lo hacen los promotores de plazas, que son los que cobran el favor.

También conozco casos de estudiantes de excelencia, que pese a sus promedios no fueron considerados para una plaza, simplemente porque no pudieron cubrir la cuota que les impusieron.

El sindicato magisterial (bueno, todavía se considera un solo sindicato, aunque en realidad son dos), debiera ser el principal interesado en que todo esto se controle de manera muy estricta, en lugar de pedir mano en el reparto de plazas.

Qué difícil es conciliar intereses políticos y de grupo con las grandes reformas que este país demanda. Lo único malo de la reforma peñista fue, en efecto, que se endosó sobre los profesores todo el peso de sacar adelante al sector, porque el Estado tiene una gran deuda con la educación en México, además de los padres de familia, que parece que no estamos haciendo nuestra parte, al menos en lo que respecta a la formación de los nuevos ciudadanos, con base en el respeto y los nuevos valores universales. Al contrario, el incremento del bullying en escuelas, la obesidad, el abuso de dispositivos móviles y la falta de disciplina en el trabajo, nos reprueba también a nosotros.

Pero la realidad nos alcanza y sólo tendremos una oportunidad a la vez para mejorar. Y lo hacemos, o nos retrasamos otra generación.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Afortunadamente el programa de fertilizante queda fuera del control del delegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Sandoval Ballesteros, porque es un problemón que terminó por tronarle ya en las manos al secretario del ramo, que ha venido haciéndose como el tío Lolo en estos últimos cuatro meses, cambiando de opinión y retrasando las reglas y los lineamientos del programa.

El resultado es que ya casi es abril y apenas están con la organización de los padrones, porque aunque habían decidido que para entregar el fertilizante se tomarían en cuenta los listados que se tienen a nivel federal de lo que antes era Alianza para el Campo, en realidad lo que afecta radicalmente a los productores son las reglas de operación, que son muy estrictas, pues no se está tomando en cuenta a los arrendatarios, que son los que rentan tierras para cultivar, y tampoco a los que tienen tierras comunes.

Por lo tanto, en la última reunión que tuvo el encargado del programa federal, con el gobernador, los alcaldes y el delegado Pablo Sandoval, así como los representantes de las organizaciones de productores, se aclaró que el diseño federal ahorca a muchos, y que la mitad del padrón que venía manejando el estado quedaría fuera.

Fue ahí que se determinó relajar las reglas de operación, y que los arrendatarios de terrenos presenten su contrato de arrendamiento, con el croquis del terreno que están rentando para cultivar, y que este documento sea certificado o avalado por el síndico procurador o secretario general de cada ayuntamiento.

De esta manera, aunque se pretendía que ni el gobierno del estado ni los ayuntamientos metieran mano en el programa del fertilizante, pues ahí tienen. Se les enredó la madeja de tal modo que no hallan la punta. En medio de amenazas de manifestaciones y de quejas de los productores, los del gobierno federal y concretamente el encargado del programa, que ni conoce Guerrero y mucho menos a sus productores, dobló las manos y tuvo que recurrir a lo que han manejado el programa por 25 años.

Ni siquiera tendrán que ir a un notario público, porque eso, además de costoso, sería muy tardado para los productores pobres y los que viven en zonas aisladas. Basta ir a la sindicatura de su municipio, para certificar las parcelas que estarán cultivando, para recibir el insumo.

El gobierno federal, ya con el tiempo encima, decidió relajar al máximo sus reglas de operación, que entre otras cosas señalan que aquellos productores que reciben beneficios de otros programas federales, ya no tendrían acceso al fertilizante.

Lo único que se sigue conservando es que la parcela que se inscriba para el programa, sea propia o mediante renta, se tendrá que geo-referenciar, porque la intención es registrar las tierras, no tanto a los productores, para ir controlando los excesos, que son muchos y muy costosos.

La buena noticia es que el programa se trabajará ahora con base en 3 paquetes, que se estarán recomendando y distribuyendo según el tipo de suelos.

La empresa encargada de proveer el fertilizante es la empresa con razón social Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Rural (SADER).

Esta empresa realizará la entrega de tres diferentes paquetes, de acuerdo al tipo de suelo, y será para una hectárea: el paquete uno incluirá 2 bultos de Urea, 2 de Fosfato Diamónico (DAP) y un biofertilizante. El paquete dos, 3 bultos de DAP, 3 de Sulfato y biofertilizante. Mientras que el paquete 3 será de 2 bultos de DAP y 4 de Sulfato.

Además, informaron que no serán sólo 81 centros de distribución, uno por municipio, sino que serán 100 centros de distribución los encargados de realizar la entrega de este insumo, los cuales estarán instalados en puntos estratégicos y de fácil acceso a los productores.

Con eso se resuelve el problema del fertilizante, que tiene en ascuas a los productores de granos básicos en Guerrero. Esta experiencia, hay que decir, servirá de programa piloto para que el gobierno federal lo aplique a varios otros estados, sobre todo del Sureste mexicano, donde se tiene al mayor número de productores pobres.