Categoría: S.O.S Costa Grande

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Este miércoles 8 de mayo arrancó el programa de fertilizante gratuito para los productores. El gobernador agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber retomado el programa, y financiarlo.

“Gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador por hacer posible que en Guerrero se realice esta entrega por 4to año consecutivo. Una buena noticia es que se abrirá una nueva ventanilla para los productores de frijol, arroz y maíz, lo que nos permitirá apoyar a más guerrerenses que viven del campo”, dijo en el acto del banderazo de arranque de los primeros camiones del insumo, que se desplegarán por las regiones de Tierra Caliente, la Montaña y la zona Centro, donde se abrirán los primeros 82 centros de distribución, de los 142 programados.

El tiempo apremia, porque aunque aún no hay visos de lluvia en nuestra zona, para la Montaña ya cayeron las primeras lluvias desde la semana anterior, acelerando los procesos de siembra.

Cabe recordar que para el gobierno federal este es el primer año en que distribuirá fertilizante gratuito y semillas mejoradas a más de 400 mil productores en Guerrero, y es la fase piloto de un programa que se pretende sea de aplicación nacional, para apoyar al sector social del campo.

De ahí la importancia de que el gobierno estatal, y los gobiernos municipales, pongan todo lo que esté de su parte para que el programa no aborte, y pueda trasladarse a otras entidades.

Esto pasa por la depuración de los padrones, tarea que en lo sucesivo recaerá en los comisariados ejidales, dándoles vida nuevamente a estos órganos de organización y gobierno en los ejidos. En 2020, los padrones que este año se construyeron apresuradamente, y quizás con fallas, tendrán que ser sometidos al escrutinio de las asambleas ejidales, para verificar la existencia de cada uno de los beneficiarios, así como para cuidar que no haya fantasmas incrustados, gente beneficiada con el insumo, por compromisos políticos, y toda la gama de irregularidades que ya se conocen y que era difícil erradicar, porque el reparto dependía de los ayuntamientos, y aunque había reglas generales, cada cual hacía lo que le convenía.

Hoy, sin embargo, los criterios se tienen que homologar, si es que quieren que el programa continúe. Pues no olvidar que la máxima del presidente AMLO es combatir al máximo la corrupción, y no se tentará el corazón para descartar el programa si observa que es una cueva de bandidos.

Astudillo hizo votos porque todo salga bien, y el estado no quede avergonzado. “Nos llena de orgullo que este programa piloto que se lleva a cabo en Guerrero sea un ejemplo de hacer bien las cosas y de coordinación entre los tres órdenes de gobierno como lo mencionó el secretario Víctor Villalobos. Este programa no tiene partido político, es necesario para los 401 mil productores registrados y es también una oportunidad para que en Guerrero caminemos juntos”.

Tiene razón el mandatario cuando señala que la entrega de apoyos a la producción no debe politizarse, pero todos sabemos que eso es imposible. Todo es capitalizable en el mundillo de la política, y más cuando la gente recibe cosas en efectivo o dinero.

Sin embargo, eso es harina de otro costal y lo que nos importa como ciudadanos, es que por primera vez este programa tenga puntos de referencia, así como se supervise si el insumo se emplea o no para lo que fue entregado. Porque esto es precisamente lo que ha pasado, que se han gastado 1,200 millones por año en este programa, pero ignoramos cuáles son los logros y avances.

Decir también que el padrón de beneficiarios cerró este martes 7 de mayo, y que la entrega arrancó ayer, con la consigna de parte del presidente AMLO de que el insumo llegue con seguridad a las manos de los productores, tarea en la que los alcaldes deben involucrarse. Como dice, si quieren que el año entrante este programa permanezca. De lo contrario, les será quitado.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

México está que arde. Y de entre todos los estados de la República, Guerrero ocupa el primer lugar en incendios forestales. Esto lo reconoció el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien informó que en lo que va del año se han registrado más de 130 siniestros, mismos que han afectado, según estima Protección Civil, 15 mil 342 hectáreas de vegetación diversa.

Tan sólo el incendio que lleva activo desde el sábado pasado en predios y cerros al sur-poniente de la capital del estado, ha consumido un aproximado de 600 hectáreas de bosque, lo que ha provocado que la ciudad se encuentre en contingencia ambiental por las densas capas de humo estacionadas.

Sin embargo, no es el único incendio de esa magnitud, sino que en este momento hay 5 conflagraciones fuera de control, una de ellas en Petatlán, en esta región de la Costa Grande.

Ayer, además, murió un brigadista de Protección Civil mientras combatía un incendio cerca de Tixtla, porque cayó a un barranco. Los diputados guardaron un minuto de silencio por Saúl Mier Deloya, y se limitaron a exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que facilite sus aeronaves, a fin de que sean utilizadas como tanques cisternas, para apagar por vía aérea el voraz incendio que afecta a la capital del estado, donde ayer se cancelaron clases para evitar que los estudiantes estuvieran expuestos al humo que desde el lunes afecta la ciudad.

El asunto es crítico. Los expertos afirman que el fenómeno El Niño está provocando una severa sequía en todo el hemisferio occidental, y eso repercute en mayores y más graves incendios. De hecho, si observamos imágenes en tiempo real de la Tierra por el programa Lance NASA – National Aeronautics and Space Administration, se pueden ver todos los incendios activos en América del Norte y América del Sur. Y todo Centroamérica, así como los estados del Sur y la costa del Pacífico en México, están ardientes. También se pueden ver incendios en el centro del país, y en la costa del Golfo, desde Yucatán hasta Tamaulipas.

¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no se aplica la ley? ¿Dónde están las acciones de prevención?

Aunque esto se vive cada año, desde febrero hasta que llegan las primeras lluvias, nadie hace algo al respecto. Año con año nos enfrentamos a las quemazones en bosques y potreros, incluso a bordo de carretera, así como a incendios de gran magnitud, provocados en un 90 por ciento por los campesinos y productores en general, que tienen la necesidad de preparar sus tierras para el cultivo, quemando los restos de la cosecha anterior.

Entonces recurren al método de roza y quema, pese a que ya existen otras opciones, como la incorporación de la materia orgánica a los suelos cultivables, para nutrirlos. Lo más fácil, sin embargo, es prenderle fuego a las parcelas.

Aunque se nos diga que existen los incendios “espontáneos”, aquellos que se producen en climas demasiado secos y con altas temperaturas, en lugares donde hay mucha materia orgánica expuesta, lo cierto es que las causas de los incendios son generalmente de origen agropecuario.

Y si eso ya se sabe, ¿luego entonces por qué no se combate desde ese ámbito el problema?

Lo que estamos viendo es una reacción oficial ante los incendios ya propagados, en lugar de prevenir que estos se susciten. Y si todo inicia con el productor, entonces ahí se debe actuar e intervenir en todo el proceso.

Por ejemplo, los campesinos deben avisar a las autoridades cuando vayan a realizar sus quemas, y hacerlas en equipo, para que los dueños de terrenos aledaños también estén al tanto y ayuden en caso de emergencia.

Pero sobre todo se debe aplicar la ley de protección al medio ambiente, según la cual, todo aquel que provoque un incendio, por la razón que sea, debe pagar e ir a la cárcel. Y si es un ejidatario en particular el que provoque este daño, se le debe multar al ejido en su conjunto, por carecer de un reglamento interno.

Además, a los productores negligentes se les deben cancelar sus apoyos para la producción, como una medida de apremio.

Hasta en esto se resiente la falta de aplicación de la ley, que ha generado una gravísima impunidad de parte de quienes van y a cualquier hora del día le meten fuego a los montes, en espera de que el viento haga su trabajo y les ahorre el pago de peones, la apertura de guarda-rayas y el cuidado de que el fuego no arrase con todo a su paso.

México está que arde, en todos los ámbitos de la vida pública. Guerrero, en primer lugar. ¿Acaso habrá algún asunto en el que no figuremos en el primer puesto?|

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Tenemos un PRD treintañero. El 5 de mayo, el ex partidazo de izquierda cumplió la etapa en que comenzaría la madurez plena, habiendo pasado por los vaivenes de la niñez y la adolescencia, que incluso fueron sangrientas, así como de una juventud apresurada, etapa en la que se echaron a perder merced a las componendas con los gobiernos de los que se supone serían oposición.

Bueno, fueron tantos los desatinos, que los perredistas solían marchar cada mes de marzo en Ometepec, en contra del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, a quien responsabilizaban del violento desalojo de perredistas del palacio municipal, en el que hubo muchos heridos, muertos y algunos desaparecidos. Era una marcha ruidosa, incendiada por discursos grandilocuentes de perredistas de viejo cuño. Pero eso se acabó cuando los dirigentes del partido decidieron lanzar como candidato al gobierno de Guerrero, a aquel a quien decían era su enemigo.

Bueno, la verdad nunca lo fue. Hay relatos de café que mencionan la manera en que el finado Armando Chavarría Barrera recibía sobres repletos de dinero en Casa Guerrero, lo cual le permitía ser un hombre adinerado, a pesar de que nunca realmente ganó alguna elección, pues los cargos que detentó en el Poder Legislativo lo hizo por la vía plurinominal.

Eso sucedió tan sólo en Guerrero, pero a nivel nacional todo es mucho peor.

Decíamos que el Sol Azteca llegó a esta fecha desgarrado por las traiciones internas, por las decisiones de cúpula, por la rebatinga de sus tribus. Y aunque estatutariamente estas tribus ya están extinguidas, la verdad es que siguen vigentes, pues no se elimina algo que es parte de los usos y costumbres de un instituto político, por un simple decreto.

Hoy esas tribus se mueven en espera de que el proceso de renovación del PRD se concrete, porque hasta ahorita nada de nada. Todo sigue igual. En los municipios, los comités carecen de noticias y, hoy más que  nunca tienen que resolver los problemas inmediatos con sus propios recursos; claro, los dineros del dirigente, porque la militancia no está acostumbrada a participar con nada. Y sólo unos cuantos locos están ahí dándole vida, respiración de boca a boca, a este partido que las élites se acabaron, acaparando los recursos que recibían del gobierno federal y estatal, prohijando una clase partidista obesa y disfuncional, que solamente medraba con el dinero, agenciándose jugosos sueldos y prestaciones, y rotándose en los cargos de elección popular, pero abandonando a los comités en los municipios, que son los que alimentan a las bases, bases que en realidad son el partido y no sus líderes.

Así está ahora el PRD en Guerrero, entidad que presumen es la más perredista del país. Bueno, era. Porque aunque en la pasada elección pudieron conservar algunos distritos electorales, así como la mayor parte de los municipios, están muy lejos de ser lo que fueron. Para comenzar, el PRD gobierna la capital del estado, pero eso es un espejismo, porque Antonio Gaspar es más aguirrista que perredista, y no olvidemos que salió del círculo íntimo del gobernador Héctor Astudillo; es decir, era priísta. En cambio, el partido perdió a muchos de sus líderes, tanto de talla estatal, como en los municipios, que difícilmente podrán reponer.

Salvo Chilpancingo, los perredistas perdieron casi todo: Acapulco, Zihuatanejo, Ometepec, Iguala, Taxco, y la mayoría de los municipios grandes.

A nivel nacional, no hay nada que indique que quieran reformarse, sino al contrario. El partido terminó la pasada elección con multas, deudas y con un reducidísimo presupuesto, porque al bajarle la votación al máximo, en el mismo nivel le bajaron las prerrogativas.

Y hoy sus líderes nacionales ya piensan en enterrar al partido, porque cuesta más caro reconstruirlo que darlo por muerto. Pero en Guerrero, los perredistas se aprestan a rescatar lo que queda de él, mediante un frente de izquierda que les sirva para su proyecto en 2021.

Ese frente está siendo promovido y encabezado por el ex gobernador Ángel Aguirre, porque simplemente el PRD se quedó sin líderes de talla que puedan hacer ese trabajo. Y podemos apostar que ese frente será satélite del PRI. De hecho, eso ya está pactado y aprobado, según el rumor de las bases tricolores.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

La “Marcha Fifí” convocada por quién sabe quién, para realizarse en la Ciudad de México, así como en las entidades de la República, fue un fracaso evidente, pero es el comienzo de otras que vendrán a lo largo del presente sexenio, tal y como ha sucedido en otros países donde se tiene un gobierno opositor no sólo a las élites nacionales, sino sobre todo a los amos del mundo, que operan desde las potencias económicas mundiales –léase Estados Unidos y otros-, y sobre todo desde los organismos que regulan la economía de todos los países, a cambio de préstamos para el desarrollo, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Al grito de “Fue un error votar por Obrador”, y “Así no AMLO”, los “fifís” (término que el presidente AMLO desempolvó de la historia de este país, cuando la prensa fifí y los conservadores le quemaron la casa a Francisco I. Madero), marcharon en la Ciudad de México, con la consigna de que el mandatario renuncie.

¿Dónde hemos visto esto? Las marchas fifís, así como otros muchos problemas de corte social, son las armas de los regímenes conservadores, y la mayoría de los países de Latinoamérica lo han sufrido. Estar en contra de los barones del dinero, es echarse la soga al cuello. Estos no se tocarán el corazón incluso de provocar una guerra civil en México, si consideran que sus intereses están siendo trastocados, y para eso no necesitan venir a México, no son tan obvios, sino que utilizan a sus agentes locales. ¿O qué hace Vicente Fox Quezada, ex presidente de México por el PAN, marchando en su natal Guanajuato, custodiado por militares, en contra de AMLO, a quien llama “Lopitos”? Más claro ni el agua clara. Chente Fox, el presidente Coca Cola, es uno de esos hombrecillos que hacen el trabajo de zapa. Tanto a él como a Felipe Calderón no les bastó meternos en la guerra contra el narcotráfico, cuyo saldo es descomunal, nunca jamás concebido en un país en paz; no les bastó eso, sino que además tenemos que soportarlos como agentes de los poderosos del mundo, con los cuales pactaron combatir a los cárteles en México, donde no eran problema, pues el negocio está en Estados Unidos. Todo para regar de sangre el país mientras ellos avanzaban en sus planes para apoderarse de la nación, de nuestros recursos, como lo hicieron con el petróleo de la Dona del Golfo de México, petróleo que el gobierno americano succionó desde sus aguas internacionales con alta tecnología, pero pasando por el gran desastre del derrame petrolero en el Golfo de México, mientras Felipillo se entretenía en su guerrita contra los cárteles de la droga, sin saber que es Estados Unidos el que controla los mercados negros, incluido el de las armas, con la cuales se hacen las guerras. Así mantiene a su industria armamentista en movimiento.

A cambio, se le permitió a la clase política mexicana robar cuanto pudieran, saquear y enviar sus dineros robados a los paraísos fiscales. Basta un ejemplo para entender esto: el Caso Odebretch, que en otros países de Latinoamérica ya provocó el encarcelamiento de expresidentes, así como el suicidio de uno de ellos. Pero en México, ni sudan ni se abochornan.

Decíamos que la marcha es apenas uno de los instrumentos en contra de los países que buscan algo de paz y desarrollo. Lo otro es la migración. Si pensamos que las oleadas de migrantes desde los países más violentos de Sudamérica, como Honduras, son fortuitas o algo que surgió por generación espontánea, pues no. Existen análisis muy serios de expertos en el tema, que aceptan que esas oleadas de migrantes hacia México, están siendo promovidas por la Fundación Migrantes y Refugiados Sin Fronteras, cuyo financiamiento se le atribuye a Jorge Soros, uno de los pocos barones del dinero en el mundo.

Los migrantes son lanzados con el señuelo de llegar a Estados Unidos, pero en realidad se están quedando en México. Y no sólo vienen sudamericanos, hay de todos los países del mundo ahí, incluso árabes.

Por eso, si pensamos que estamos cerca de la paz en México, nos equivocamos. Y no porque el gobierno sea incapaz de construirla, sino porque los poderosos pondrán obstáculo tras obstáculo para que esa premisa no se consiga. Un México próspero y en paz, no sirve a los intereses de dominio de los que desde tiempos de la Independencia nos han tomado como patio trasero, sobre todo aquellos que dijeron alguna vez que “América para los Americanos”. Los mismos que financiaron a Juárez, los que usaron a Madero para encabezar la Revolución en contra de Díaz, así como a los demás jefes revolucionarios, a cambio de que México dejara de producir, por ejemplo, aviones y armas.

Veremos más de los Fifís en lo sucesivo. Prepárese, amable lector. E infórmese para que no le mientan.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Con la votación fallida de la Reforma Educativa en el Senado de la República, el pasado martes 30 de abril, siendo esa la recta final para la promulgación de los cambios constitucionales, la iniciativa regresó a la Cámara de Diputados, con todos los riesgos que ello entraña.

¿Cuáles? Más caos de parte del sindicato que pide más prebendas. En lugar de tener ahora ya una reforma educativa votada y autorizada, para pasar por los congresos estatales antes de su promulgación, lo que tenemos es a los energúmenos cetegistas nuevamente haciendo destrozos en edificios públicos, o sea nuestros, del pueblo, para con sus injusticias exigir su propia justicia.

Da rabia. En un estado tan castigado como Guerrero, y mientras los ciudadanos de a pie nos partimos el alma por sobrevivir y mantener los pocos empleos que hay, estos hijos del sistema político caciquil no paran de destruir lo que se construyó y adquirió con nuestros impuestos.

Y lo peor, que lo hacen con el rostro cubierto, para que no se les reconozca. Las fotografías muestran a profesores ya de edad, incluso al punto del retiro, destrozando con varillas los equipos de cómputo y oficinas del Congreso local, mientras que los más jóvenes lanzan piedras y botellas de agua sobre los diputados que salieron a atenderlos.

¿Son estos los que educan a nuestros hijos? Nadie puede dar lo que no tiene, y es obvio que a estos profesores, así como a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa –quienes son todavía aspirantes a estar frente a grupo-, les falta mucho para ser formadores de los nuevos ciudadanos mexicanos.

Y pensar que eso sucedió a causa de un voto que le faltó a Morena, de un diputado que abandonó el recinto de último momento, previo a la votación. En su descargo, el tal diputado –de cuyo nombre no quiero acordarme-, dijo que salió del Pleno del Senado porque su esposa le llamó para decirle que su hija había sufrido un accidente. ¿Le creemos?

Como resultado, los panistas se pusieron a festejar aquella noche, a los morenistas se les desencajó el rostro, y los priístas se encogieron de hombros, porque ellos habían prestado su voto, poniendo algunas condiciones, pero de ahí el resultado final era responsabilidad de la bancada mayoritaria.

Ya durante la difícil y prolongada discusión en la Cámara de Diputados, las diputadas de Morena por Guerrero, Abelina López Rodríguez y Rosario Merlín, votaron en contra de la reforma planteada por el presidente de la República, junto con otros seis diputados morenistas. Pero afortunadamente se logró la votación requerida.

En el Senado, sin embargo, pese a que se decía que todo estaba fríamente calculado, un diputado se salió y las cuentas se cayeron.

Con esto, automáticamente se dio pie para que la CNTE y sus filiales en los estados vuelvan a las calles, a protagonizar bloqueos, destrozos, pérdidas económicas y más conflictos –incluso tienen programado un paro laboral- para exigir que se abrogue la reforma peñista, pero también para que la reforma lópezobradorista no incluya absolutamente nada que les controle la vida sindical, y sobre todo que les impida meter mano en asuntos que son de estricta responsabilidad del gobierno.

En realidad, lo de la abrogación de la reforma peñista es un señuelo, una falsa bandera. La CNTE sabe que la reforma del sexenio pasado será abrogada, no porque ellos lo pidan, sino porque así lo prometió y lo dispuso el presidente de la República, que sobre todo la evaluación docente dejará de usarse como un instrumento de castigo para los profesores que no tienen perfil idóneo para estar frente a grupo.

Su verdadera bandera tiene que ver con el acceso a recursos humanos y materiales. Y, sobre todo, a que no se les haga efectivo el apartado de la reforma laboral, que tiene que ver con la autonomía sindical, siempre y cuando esté basada en la democracia interna.

Y pensar que todo esto está sucediendo por un senador que incumplió con sus obligaciones.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

1 de mayo, día internacional del Trabajo. Fecha en que los gobiernos usan como pasarela para exhibirse con discursos acedos, de presunta solidaridad con los que viven de vender su fuerza laboral; día en que sindicatos de trabajadores viven como un carnaval, para sacar el ¡fuaaaa! de sus frustraciones, porque aunque ellos le reclaman a los patrones mejores condiciones de trabajo, sus líderes los venden como puercos flacos, mientras junto con sus hijos viven como jeques árabes, disfrutando de las ricas mieles del poder.

La política sindical es así, completamente rancia, desfasada, caciquil, alimentada por una cultura política de intercambio de favores y plataformas electorales. En este caso, los sindicatos pasan a ser meros trampolines de alcaldes, diputados, senadores, y carne de cañón de los partidos políticos. Bueno, dicen que con la Reforma Laboral todo eso va a cambiar, y que en lo sucesivo será todo democracia al interior de los sindicatos. Que la Cuarta Transformación del país, promovida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, vendrá a meternos de lleno al país de las maravillas.

El 1 de mayo también es día feriado, que esta vez se juntará con el fin de semana y por eso muchas escuelas harán “puente largo”, y eso que el 5 de mayo, día de la Batalla de Puebla, cae en domingo, que si no se van hasta el martes de pinta. En su mayoría, en muchos municipios todavía se vive el recalentado del Día del Niño.

México llegó a este día con una Reforma Laboral en mano, dictada desde los Estados Unidos, que ayer presumió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Reforma en la que se tocaron muchos aspectos que le quitan yugos a los trabajadores, como el de la obligada pertenencia a un sindicato, pues en lo sucesivo serán libres de integrarse a o no a estas organizaciones, cumpliéndose de este modo con el derecho constitución a la libre organización.

Pero eso es lo de menos, porque los legisladores de la 4 Transformación, apoyados por los que ahora son “de oposición” (léase PRI, PRD, PAN, Verde, PT y MC), se movieron en un escenario hipotético, cuando la realidad dicta otra cosa: estancamiento económico para las empresas, desaceleración económica mundial, crisis, deuda y corrupción, que a pesar de los esfuerzos por erradicarla, continúa rampante en el país.

Y para que el tema de la reforma laboral amarre, el martes 30 de abril los empresarios y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, teniendo a los gobernadores como testigos, firmaron el Acuerdo para el Diálogo Social y el Fortalecimiento de la Paz Laboral. Mediante este instrumento, los líderes empresariales se comprometen a fortalecer la tranquilidad en el trabajo, en aras de un mayor crecimiento económico.

Es decir, en palabras llanas, se comprometen a aceptar la reforma impuesta por Washington, como un requisito indispensable para aprobar en definitiva el Tratado de Libre Comercio; de lo contrario, México será sacado de ese acuerdo, como desde el inicio era la intención del presidente Donald Trump.

Sin embargo, lo cierto es que la reforma laboral contiene muchas promesas que será imposible que el gobierno cumpla sin que mejoren los escenarios económicos.

Por ejemplo, los expertos hablan de desaceleración que se vivirá de lleno en los próximos dos  años, y todos sabemos que un fenómeno así viene acompañado de una precarización laboral y de un aumento en la inflación.

Febrero arrojó un crecimiento económico de sólo 1.1 por ciento, lo cual propició que el promedio de los primeros tres meses de la nueva administración fuera de 0.8 por ciento, el más bajo en el país desde la época de Ernesto Zedillo.

Las cifras de ocupación y empleo tampoco fueron favorables: Las tasas de desocupación y de ocupación en condiciones críticas van al alza. Si se encuentra empleo se trabaja mucho por una remuneración menor a los dos salarios mínimos.

En contra parte, la inflación de la primera quincena de abril fue de 4.4 por ciento y las exportaciones de marzo cayeron por primera vez en 28 meses.

En su conjunto, lo anterior presenta un marco económico que debe atenderse para evitar una mayor afectación a la sociedad y la economía nacional.

Así de grave. Y ayer, en las calles, en lugar de atender estos escenarios, los trabajadores y los gobiernos gastaban pólvora en infiernitos.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Los presidentes municipales están siendo notificados que el programa de Comedores Comunitarios de la Sedesol, hoy Secretaría de Bienestar, podrán ser operados por los ayuntamientos en puntos estratégicos, como parte de sus servicios de asistencia social.

Y para ello se les están ofreciendo en comodato los artículos, enseres y electrodomésticos que distribuyó la Sedesol a estos centros de atención a los más pobres, donde se ofrecen desayunos y comidas calientes a personas en situación de abandono o de pobreza extrema. De hecho, recordemos que los comedores comunitarios fue lo único que se salvó del naufragio de la mal llamada Cruzada Nacional Contra el Hambre, y es porque se tuvo el respaldo decidido de los presidentes municipales.

El rescate del programa es importante, precisamente porque se trata de un esfuerzo conjunto entre los tres niveles de gobierno, pero sobre todo de los alcaldes, quienes terminaron construyendo la mayoría de los comedores en sus demarcaciones. Perder este esfuerzo, que incluye la capacitación de las voluntarias y encargadas, sería penoso.

Pero la gran sorpresa es que ya en este momento son pocos los comedores que están funcionando, desde que en enero pasado el gobierno federal dejó de surtirles despensa. La mayoría de ellos cerró y lo más grave es que fueron saqueados por las encargadas o administradoras.

Esto significa que todos los artículos y enseres de que fueron dotados, ya no existen, se los repartieron entre las encargadas y entonces los alcaldes, en caso de que deseen retomar el proyecto, tendrán que volver a comprar lo necesario.

De acuerdo con la encargada de este programa, y de su traspaso a los ayuntamientos, se tiene una relación de lo que se entregó a cada comedor comunitario, y que se les proporcionará a los alcaldes para que estos vayan y les obliguen a las administradoras a que se los entreguen.

¡Menudo problema! Los alcaldes tendrán que andar de casa en casa recogiendo las cazuelas, ollas, estufas, cucharas, vasos, platos, alacenas y otros artículos, para recuperarlos.

Lo más sensato es que la Sedesol hubiese recogido todo, para guardarlo en sus bodegas, antes de dar por concluido el programa.

De verdad que es vergonzoso que esto haya ocurrido. La gente piensa que las cosas públicas no tienen dueño, y se las apropian. Tan sencillo como el haber dejado todo en su lugar, en espera de las nuevas indicaciones.

Lo que procede es que los alcaldes emitan un comunicado para que los comisarios y delegados de colonias resguarden los enseres y artículos de los comedores comunitarios, mientras que se hace el trámite del comodato entre la Secretaría de Bienestar y los ayuntamientos.

Que sean las autoridades de los pueblos y colonias los que se hagan responsables de detener el saqueo de estos que son bienes federales, y que son el cimiento de un programa noble como el de los comedores comunitarios.

Una vez que se haga el traspaso, los ayuntamientos podrán restructurarlos; es decir, dejarlos donde están y ampliarlos, o bien moverlos a donde sean más necesarios, dependiendo del nivel de pobreza que se tenga en cada demarcación.

Hay denuncias en diversos municipios que indican que las encargadas se niegan a entregar los materiales. Esto, por ejemplo, está sucediendo en Ayutla, donde el coordinador del gobierno comunitario, Longino Julio Hernández Campos, informó que el Gobierno Federal cerrara 53 comedores comunitarios en Ayutla, y pidió a los comisarios que resguarden todo, ya que las encargadas se niegan a entregar el material.

Durante la reunión celebrada el domingo con comisarios y representantes, Longino Julio Hernández Campos pidió a los comisarios municipales que pongan policías comunitarios a resguardar los comedores, ya que algunos de ellos fueron saqueados, porque las encargadas se llevaron trastes y estufas, y han empezado a repartirse las cosas.

Señaló que todo lo que hay dentro del comedor pertenece al Gobierno Federal, y será esta instancia la que determine qué hacer con ellas, pero por el momento no se puede repartir nada, ya que el gobierno aún no ha venido a supervisar los comedores que se cerrarán.

Esperemos que quienes hayan robado los enseres del programa serán requeridas y se les sancione. Mínimo.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Estamos en la antesala de una profundísima reforma laboral, que le echará a las empresas la carga de regular las desigualdades que hoy persisten en el país, entre patrones y empleados. Bueno, al menos eso pretenden los diseñadores de la reforma, que por primera vez toca la vida interna de los sindicatos, aspecto que es de lo más interesante, por cierto, porque todos los partidos políticos sin excepción, pero sobre todo el PRI, tienen en los sindicatos una base cautiva de electores y militantes. De hecho, tanto los sindicatos como las organizaciones de productores, así como las organizaciones que aglutinan a los prestadores de servicios en las ciudades –denominado el sector popular-, sigue siendo la columna vertebral del tricolor. Con el cambio que podría definirse este martes en el Senado de la República (ayer se aprobó la reforma en lo general con cero abstenciones), el ex partidazo tocará fondo, pues de un momento a otro perderá un alto porcentaje de sus bases, que por hoy están cautivas e incluso forzadas.

Los cambios en este aspecto son profundos e insoslayables, pues no se puede oxigenar la vida laboral en el país, sin tocar a los sindicatos. Además, que esta reforma es una exigencia de los Estados Unidos, como socio comercial de México, y fue parte de los acuerdos que se quedaron en el tintero, con la aprobación del T-MEC, que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Por lo tanto, esta reforma va, sí o sí.

Ayer, los senadores aprobaron reformar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social.

De esta suerte, el derecho laboral pasa a ser parte del Poder Judicial. Desaparecerán las juntas de conciliación y arbitraje, que son ejecutivas, y los tribunales laborales serán parte del ámbito judicial.

Pero decíamos que la parte más importante de esta reforma –sin menospreciar todos los aspectos de ella-, es la referente a los sindicatos, pues viene a remover todos los cimientos del viejo sindicalismo, basado en el control de los empleados, en la obligación de pertenencia y en la coacción de sus votos.

Además, en la opacidad en el manejo de las cuotas sindicales, que son el patrimonio de todos los agremiados, y no sólo de sus líderes.

Si algo es despreciable en el Sistema Político Mexicano, y que nos recuerda la vieja escuela priísta, en la que se les pagaba a los dirigentes sindicales con altísimas canonjías a cambio de controlar el voto de sus representados, eso es precisamente la vida sindical, que hasta hoy no había sido tocada por ningún presidente de la República, pues nadie quería enfrentar a los pulpos como la CTM, la CROC, la CROM y sus muchísimos anexos, así como tampoco a los sindicatos de empresas del Estado, como Pemex, CFE, el sindicato educativo (en sus dos falanges), y los sindicatos de burócratas.

Tras la reforma, los empleados quedarán en libertad de pertenecer o no a un sindicato, sin que por ello se les conculquen sus derechos laborales. En caso de que deseen sindicalizarse, tendrán el derecho de conocer qué se hace con sus cuotas, de tener el beneficio de una verdadera defensa en caso de abusos patronales, y de votar a sus representantes en urna, respetando la máxima de la democracia del voto secreto y libre.

Esto, definitivamente removerá el viejo cimiento sindical, que fue incapaz de arrancarse a la llegada de la democracia a este país.

Y era el caso de que todo comenzó a reformarse y a renovarse, menos los sindicatos. En las empresas y en el gobierno comenzamos a ver caras nuevas, como muestra del relevo generacional, pero no así en los sindicatos, donde se mantuvieron intactos los cacicazgos políticos acuñados en tiempos de la vieja guardia priísta. Y si alguien estorbaba, era necesario meterlo a la cárcel porque había acumulado tanto poder, que difícilmente se podían deshacer de ese personaje, a no ser que se le acusara de algún delito, como sucedió con Elba Esther Gordillo, cuyas causas de su encarcelamiento fueron tan obvias de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, que se cometieron muchos errores en el proceso, al grado de que la mujer ya está libre y dispuesta a recuperar su poder en el SNTE.

Lamentablemente, estos cambios que debieron programarse desde dentro, se están forzando desde fuera. No sabemos cómo reaccionarán los patrones ante los cambios, como tampoco los sindicatos. El riesgo es una ruptura con AMLO, auspiciada por los partidos de oposición, aunque por ahora estos parecen de acuerdo.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Las circunstancias van empujando al gobierno federal, y este viernes, con por lo menos dos meses de anticipación, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, echó a andar las primeras coordinaciones de la Guardia Nacional. Esto pese a que todavía no se discuten ni mucho menos aprueban las leyes secundarias del organismo, proceso que comenzará el 13 de mayo en el Senado de la República, en el marco de un periodo extraordinario de sesiones.

Como se esperaba, la primera coordinación que se abrió fue la de Minatitlán, Veracruz, donde el Viernes Santo hubo un baño de sangre en un antro, en que varios adultos, jóvenes y menores festejaban un cumpleaños. Tras el ataque, murieron 14 personas, entre ellos un bebé de 2 años, así como el dueño del local, y hubo varios heridos.

Posteriormente se instaló otra coordinación en una zona crítica de Oaxaca, y se anunció la presencia de 600 agentes de la Guardia Nacional en Acapulco, en los próximos días.

En la Ciudad de México ya se tiene presencia también de la Guardia Nacional, pero se trata de un operativo menos ostentoso que el de Veracruz.

Y es que el ataque de Minatitlán colocó al gobierno de López Obrador ante una encrucijada. Lo culparon del ataque. Le recordaron que había prometido paz y seguridad. Él mismo trató de defenderse de sus detractores, señalando que la violencia viene de gobiernos anteriores, y que los que ahora se rasgaban vestiduras, toleraron todo lo que sucedió en sexenios pasados, sobre todo los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Los analistas políticos han sido implacables contra el presidente. Quieren que haga en un trimestre, lo que los demás no hicieron en sexenios enteros.

Incluso hubo quienes consideraron la probabilidad de que el ataque en Minatitlán hubiese sido premeditado, pensando en que Veracruz es el único estado gobernado por Morena, y donde los dos últimos gobernadores, uno del PRI y otro del PAN, dejaron una estela de violencia y corrupción. El objetivo era dejar mal parado al partido lópezobradorista, por la cercanía de la elección en Puebla, y la antesala de elecciones en otros estados, Guerrero entre ellos.

Otros comentarios menos graves, explicaban que Minatitlán pasó a ser desde hace mucho tierra de nadie, como lo era también la zona del huachicoleo en Hidalgo, donde se registró el estallido de un ducto, mientras los vecinos robaban combustible y hacían fiesta por el atraco a un bien nacional.

Los defensores de derechos humanos, por su parte, volvían a sus frases comunes: que lo que sucedió en Minatitlán –ejemplo de lo que ha sucedido en muchas otras partes del país, como en Iguala en 2014, con los estudiantes de Ayotzinapa, era parte de la descomposición social.

En medio del dolor, de la ofensa, de la indignación social, y contrario a lo que Peña Nieto hizo en el Caso Ayotzinapa, el presidente López Obrador tomó el torpor los cuernos y adelantó la entrada en vigor de la guardia Nacional, poniendo en marcha la primera de 266 coordinaciones en que se dividió el país para efectos de blindarlo, combatir a los grupos delincuenciales y devolverle a los ciudadanos la paz robada desde hace por lo menos 13 años.

El plan era que a mediados de junio, ya estarán funcionando 51 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional con 25 mil elementos. Era necesario que en el Congreso federal se discutieran las leyes secundarias. Y mientras tanto, continuaríamos con el mismo esquema de seguridad heredado del sexenio pasado, y los estados también moverían sus propios programas.

El presidente prometió algo en el marco del lanzamiento de la Guardia Nacional: Que habrá combate parejo a los grupos o personas que violen las leyes vigentes.

“No se va a perseguir a grupos delincuenciales para proteger a unas organizaciones criminales de otras”, dijo, en alusión a que los gobiernos solían combatir a un cártel, pero para proteger a otro, haciendo una historia interminable de relevos, ventas de plaza, limpias y todo lo que deriva de la eterna reconquista de territorios.

López Obrador aseguró que en su gobierno ya se pintó la frontera entre las autoridades y el crimen organizado. “No va a haber mescolanza, no va a haber contubernio. Esto también significa que no se va a perseguir a una banda para proteger a otra como también se llegó a hacer”, sostuvo.

Y, ojo, se revisará concienzudamente el comportamiento de los fiscales generales de los estados, para que “las denuncias no se vayan al congelador”. Al contrario, indicó que habrá transparencia en las detenciones y que se cuidará que los casos denunciados se atiendan, en lugar de lo que ahora sucede: que los detenidos más tardan en ser presentados ante los ministerios públicos, que en ser liberados, como si esa fuera la consigna.

El presidente dijo que también se continúa con la limpia al interior de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para que “ningún juez libere a personas que esté demostrado están cometiendo ilícitos”.

En resumen, les cayó la voladora a todos los involucrados en la administración de la justicia.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Para los guerrerenses, sigue siendo un enigma la forma en que se maneja el Poder Judicial del Estado. Pero de lo que sí estamos seguros es que al seno del Tribunal Superior de Justicia, se cocina todo tipo de delitos imputables a los servidores públicos, como el nepotismo en las designaciones de cargos, tema en el que los magistrados ponen, imponen y disponen, en un enredado reparto de cuotas de poder entre los togados.

Pero no sólo los magistrados llevan mano en esto, sino también funcionarios de menor rango, que se ceban sobre los cargos de jueces de control y ejecución penal, algo tan crucial en el nuevo sistema de justicia penal, que los tristes resultados que se tienen en Guerrero en materia judicial se deben precisamente a que esos cargos se entregaron en una subasta entre cuates, y no por sus perfiles, sin respetar los exámenes de oposición.

Hasta donde logramos entender este asunto, los magistrados son propuestos por el gobernador en turno, pero votados por el Congreso local. Obviamente los criterios que prevalecen no son los profesionales y de perfil, sino que es un asunto entre amigos y familiares (y hasta “protegidos”), pues todo cargo público es bueno para el pago de favores electorales.

Y si el gobernador propone, el Poder Legislativo le hace el favor de que todo salga a pedir de boca; incluso suelen presentarse ternas disparejas, en las que uno es el bueno y los demás son los rivales más débiles; desechables, pues. Mentira que se tengan convocatorias abiertas y exámenes de oposición, o cosas por el estilo.

Ahora mal, ¿qué sucede en el Congreso, una vez que la pelota está en su cancha? Todo se mueve en función de intereses partidistas: por un lado, está el partido interesado en quedar bien con el gobernador, sobre todo los plurinominales, pues para eso justamente los enviaron a esa tribuna. Y luego están los partidos interesados en llevar mano de este tipo de negociaciones. No es que les importe quién llegue como magistrado, sino que lo que importa es vender el voto para que el partido que sí está interesado logre su objetivo.

Y así es como se da la compra-venta de votos en el Pleno del Congreso local, cosa que ha existido por siempre, hasta convertirse en “parte de” la vida legislativa en el estado, y donde los diputados no votan libremente, sino a juicio de sus coordinadores, y estos a su vez a juicio de su partido –cuando se da el caso de que no haya gobernador afín-, pero sobre todo a juicio del gobernador en turno. Todo esto corrompe de origen al Poder Judicial, que como denunciaron diputados de Morena desde el pasado martes, es un verdadero nido de corrupción y nepotismo. La fracción parlamentaria de Morena denunció que magistrados, jueces y funcionarios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) beneficiaron a esposas, hijos, familiares y amigos otorgándoles plazas de jueces de control y ejecución penal, sin contar con carrera judicial ni el perfil.

De acuerdo con la diputada Nilsan Hilario Mendoza, los ganadores del concurso para elegir a los jueces de control y de ejecución penal, no acreditaron los requisitos de elegibilidad establecidos en la propia ley y no cuentan con carrera judicial de conformidad con los artículos 97 y 163 de la Constitución local.

Los nueve acreditados como jueces de control son, siempre de acuerdo con el informe de Morena: Víctor Hugo Nava García, hijo del magistrado Félix Nava Solís; Yolanda Morales Silva, quien se desempeña como proyectista del magistrado Nava Solís “y protegida del magistrado Paulino Jaimes Bernardino”, dijo la diputada.

Francisco Michel Espinoza Larios, hijo del consejero Francisco Espinoza Grado, y su proyectista, Reyner David Ramírez, también fueron designados como jueces de control, al igual que Luis Jesús Hernández, sobrino político del secretario general de acuerdos del TSJ, Juan Sánchez Lucas.

En la lista se encuentra también, Evelyn Ramírez Venegas, “protegida” del magistrado Víctor Arellano Justo; Mario Hernández, “protegido” del asesor de la presidencia del TSJ, Adrián Vega Cornejo. Verónica Roldán, quien es auxiliar de la magistrada Norma Leticia Méndez Abarca, y Erick Serrano Aguirre, proyectista del consejero magistrado Alfonso Vélez Cabrera.

Los cuatro jueces de ejecución penal son: Celia Croman Flores, esposa del juez Bartolo Currichi Meza; María Teresa Sánchez Romero, sobrina del secretario general de acuerdos del TSJ, Juan Sánchez Lucas, y esposa del juez de Control Luis Enrique Hernández. 

Génesis Hernández Rodríguez, esposa del magistrado Raúl Calvo Sánchez, y Flaviano Alfaro Fierro, secretario auxiliar de la Secretaría General de Acuerdos del TSJ, área que preside Juan Sánchez Lucas.

En el exhorto que propusieron los diputados de Morena pedían también al presidente del TSJ, Alberto López Celis, que entregara  al Congreso un informe de los métodos de selección, criterios, lineamientos y bases para el otorgamiento de plazas a las juezas o jueces de control y juezas o jueces de ejecución.

Las bancadas del PRI y PRD votaron en contra y el punto de acuerdo fue turnado a comisiones. ¿Qué tal?