Categoría: S.O.S Costa Grande

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Una madre hincada frente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, resume la crisis humanitaria que hunde a México en una ruta de desesperanza, por la inseguridad. Esta mujer, identificada como María Icela Valdez Chaidez, no sólo perdió a su hijo mediante el método de desaparición forzada, sino que además, las autoridades de Tamaulipas, comenzando por el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el fiscal especial para desaparecidos,  y el fiscal general de esa entidad, son sus principales enemigos, al prohibirle continuar buscando a su hijo, Roberto Quiroa Flores Valdez, quien desde el 10 de marzo de 2014, hace ya 5 años, fue secuestrado.

María Icela tuvo que salir de Tamaulipas y vive en la Ciudad de México, y sólo retorna con protección especial para continuar su labor de búsqueda.

La mujer luce desesperada y angustiada. Le suplicó al presidente ayuda y protección; ayuda para continuar buscando a su hijo. Pero lo más alarmante es que pidió protección contra las amenazas de un gobernador, y dos fiscales, los mismos que deberían apoyarla y protegerla.

Es increíble cómo el poder se contaminó a un nivel de contubernio en muchas partes de la República. Los gobernantes están haciendo el trabajo sucio de los grupos delincuenciales, victimizando doblemente a las familias que sufren la pérdida de sus seres queridos.

Lo peor, es que cuando estuvo en Tamaulipas, a María Icela el gobierno le dio medidas cautelares, pero en realidad la puso en un mayor peligro, pues ella se dio cuenta que los policías que la cuidaban estaban acusados de secuestro. Debido a esto, ella rechazó la vigilancia.

“No tenemos confianza, por eso es que las víctimas no denuncian. ¿Por qué vamos a esperar a que nos pase lo que le pasó a Miriam?”, dijo ella.

La mujer se refiere a que el 10 de mayo de 2017, en San Fernando, Tamaulipas, fue asesinada Miriam Rodríguez, otra activista cuya hija fue desaparecida y fue su madre quien localizó sus restos. Miriam había denunciado ante la subsecretaria de Gobierno, Gloria Garza Jiménez, su temor a ser asesinada por los reos que habían escapado del penal localizado en la capital del estado, pese a ello no pudo evitarse que la atacaran y muriera.

¿Qué quieren los familiares de desaparecidos? En primer lugar, que se identifiquen todos los restos que permanecen en fosas comunes en los panteones de Tamaulipas, así como los que se vayan encontrando en las fosas clandestinas.

Que las autoridades preserven los restos, y que los clasifiquen de tal manera que sea fácil su identificación y cotejamiento con sus familiares.

En ese momento, de acuerdo con el gobierno federal, hay más de 8 mil cuerpos sin identificar en los Semefos del país.

En respuesta a esta exigencia, el presidente de la República anunció una inversión histórica para fortalecer al Servicio Médico Forense, que en las entidades está a cargo de la Secretaría de Salud.

En Guerrero, por ejemplo, el gobernador anunció que invertirá este año 35 millones de pesos para la construcción de un nuevo Servicio Médico Forense que dé cobertura a la recepción de cadáveres que en los últimos meses han saturado las morgues de la entidad.

Este Semefo estará ubicado en Acapulco, y gracias a la creación de una fundación entre las embajadas de Chile y México, la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) y el Conacyt, se trabajará para profesionalizar al personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y contar con especialistas en estudios de ADN, dactiloscopia y antropología forense.

Ya en Guerrero existe el panteón forense, donde se depositan los restos de personas son identificadas, pero a las que ya se le han tomado las muestras de ADN, para en caso de que sean reclamadas en el futuro. La medida se tomó ante la prohibición de lanzarlos a la fosa común, y ante la incapacidad de tenerlos en las morgues, preservándolos mediante refrigeración.

Todos los estados están en esta misma dinámica. En Jalisco, recordemos, se armó un escándalo por la existencia de 2 tráileres con cadáveres, que fueron rentados para mantenerlos en refrigeración.

La terrible realidad de la violencia en México, decíamos, se resume en la fotografía de una mujer hincada frente al presidente de la República, y quien desde hace 5 años busca a su hijos, pero la cual está en condición de desplazada y cuidándose de las autoridades de su lugar de origen.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El caso Fertinal parece que hará agua en cualquier momento, pues Emilio Lozoya amenaza con entregar esta misma semana evidencias de que él no decidió la compra de esa empresa que era chatarra y que además estaba súper endeudada, provocando un severo quebranto a Petróleos Mexicanos.

“Dejaron sólo a Lozoya, es chivo expiatorio”,  dijo ayer en entrevista Javier Coello, abogado de Emilio Lozoya Austin.

Javier Coello informó que mañana miércoles Emilio Lozoya dará explicaciones del caso. “Se van a presentar documentos importantes y vamos a demostrar que Emilio Lozoya no compró Agronitrogenados“, explicó.

La estrategia del abogado, entonces, ya no es solamente la defensa de su cliente en el ámbito legal, sino también el contra-ataque en el ámbito mediático, para exculparlo, echando la responsabilidad sobre alguien más.

Todo apunta, pues, al ex presidente Enrique Peña Nieto, porque Coello en otras ocasiones ha dicho que nada se movía en Pemex sin la autorización del presidente de la república. Por este caso, cabe recordar, Peña Nieto tiene una denuncia en Estados Unidos, por haber recibido un soborno para autorizar la fraudulenta compra de Fertinal, algo que por supuesto el ex mandatario ya negó.

El abogado aseguró que hubo traición y deslealtad contra Emilio Lozoya. Y Coello hasta le dio la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando denuncia todo lo que hicieron con Pemex, para saquearla y quebrarla.

Pues ¡wow! Estamos a punto de conocer detalles de todo el entramado de corrupción que se cebó sobre Pemex. Pero esto es lo de menos, porque Fertinal sólo representa un pequeño punto negro en medio de un cúmulo de problemas mayores, pues el presidente ha dicho que no sólo se trata de esta  empresa que antes era una paraestatal, sino de otras tantas que la iniciativa privada primero compró a precio de ganga al Estado, y luego el gobierno se las volvió a comprar cuando ya estaban en desuso, o produciendo a su mínima capacidad.

Lo que se observa es que Emilio Lozoya ya se le acabó su capacidad de maniobra, y dará un golpe de suerte. Está repegado contra las cuerdas, en espera de ser noqueado, pero aún se defiende, y de eso se encargará su abogado.

Quién diría que Lozoya haya logrado zafarse del escándalo de los sobornos de Odebretch, pero cayó por donde menos se esperaba.

Habría que tener reservas con lo que diga el abogado de Lozoya, claro está, porque tratará de echar el muerto sobre todos los funcionarios y secretarios que formaban parte del grupo de control de Pemex, entre ellos el de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, el cual ya se lavó las manos y dijo que la compra de Fertinal se autorizó con base en avalúos que le fueron presentados de manera previa.

También involucrará a Peña Nieto, pero datos periodísticos revelan que el ex presidente no era el presidente del Consejo de Administración de Pemex, y que por lo tanto no hay documento alguno con su firma autorizando la compra de Fertinal, y mucho menos lo hay para acreditar que haya recibido algún soborno.

A menos que Coello logre tener a algún testigo del soborno, entonces por anticipado podemos augurar que está perdido en su maniobra. O, a menos que el propio Lozoya se haya curado en salud, y tenga evidencias que incriminen a su ex patrón y jefe político.

Para nosotros, es obvio que tratándose de un acto de corrupción, los puntos finos de la compra de Fertinal –como lo es el visto bueno de Peña Nieto- quedaron a salvo mediante los acuerdos en lo oscurito, que incluso suelen hacerse mediante terceros.

Y a menos que Lozoya tenga un haz bajo la manga, podrá hacer mucho ruido, pero romper pocas nueces. Y si es un chivo expiatorio, como dice Coello, con la novedad de que el chivo ya está amarrado, y el agua hirviendo en el fogón, en espera de su cabeza.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

¿Ha oído el cuento de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, busca apoderarse del PRI? Esto vienen sosteniendo desde hace tiempo los competidores a dirigir el partido, entre ellos el ex rector José Narro Robles, quien la semana pasada renunció al tricolor con cajas destempladas, así como la ex gobernadora de Yucatán, Ivone Ortega, quien ayer registró su candidatura por la dirigencia nacional, llevando como principal competidor al gobernador con licencia de Tabasco, Alejandro Moreno, alias “Alito”.

Pero a diferencia de lo que sostienen el oaxaqueño Ulises Ruiz Ortiz, en el sentido de que ya todo está planeado en el PRI para entregarle la dirigencia a “Alito”, acusando que AMLO está detrás de éste (al grado de que le apodan “AMLITO”), el gobernador de Monterrey, Jaime Rodríguez El Bronco, dio una importante pauta al señalar que el PRI está muerto, “sólo que los que se empeñan en mantenerlo vivo no se han dado cuenta”.

De su parte, el ex priísta afirma que no volverá a su ex partido, ni a ningún otro, y llamó a sus ex correligionarios a sepultarlo de una vez.

En pocas palabras, el primer proceso electoral del PRI que sería democrático, está abortado de antemano. Pero no creemos que sea por AMLO, sino porque dentro del partido hay cacicazgos grupales –tribus, pues- que se resisten a soltar el control de él, léase Grupo Atlacomulco, atracomulco para los críticos, cuyo gurú es Carlos Salinas de Gortari. Y, por supuesto, habrá que incluir a Enrique Peña Nieto, porque mal que bien fue durante 6 años el primer priísta de la nación, gracias precisamente a que cuando recuperó la presidencia para el tricolor, se modificaron los estatutos del partido para regresarle al presidente de la República esa categoría, que le permitía decretar órdenes y contraórdenes, contener a los enemigos de su régimen para evitar el fuego cruzado, y manejar la agenda legislativa y electoral a discreción.

Que no se quejen, pues, si ahora Peña Nieto está intentando manejar desde fuera la agenda del tricolor, pues su pellejo está de por medio; y lo menos que quisiera el ex presidente es que el partido caiga en manos de sus detractores, sabiendo que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo.

¿O alguien duda que Ulises Ruiz se tentará el corazón para perseguir a EPN?

Por lo tanto, el problema del PRI no está en Los Pinos, sino en el Estado de México. Desde ahí, se maniobra para mantener al partido bajo control, y eso implica –claro está-, vender los activos tricolores al mejor postor.

Esto no es nuevo de hecho; fue algo que el PRI ya hizo en el año 2000, cuando ganó Vicente Fox la presidencia de la República, y que repitió en 2006, con Felipe Calderón Hinojosa, a quienes les prestó sus votos en el Congreso de la Unión para sacar adelante sus ominosas reformas y ocurrencias, sin chistar y sin que más tarde quisieran investigar al mandatario en turno por los actos de corrupción documentados.

A cambio de esta sumisión, el PRI pudo tener de su lado al PAN en el sexenio de Peña Nieto, liderando las reformas fraguadas al seno del Pacto por México, e incluso imprimiendo mayor presión y apertura en aquellas en las que el presidente pensaba ser moderado.

Por ejemplo, si tenemos ahora leyes energéticas leoninas, fue precisamente a que mientras Peña Nieto optó por un modelo mixto de inversión, dejándole a Pemex cierto nivel de control sobre el sector (siguiendo el modelo de Brasil), los panistas presionaron de tal manera que llevaron al mayor nivel de apertura. Chantajearon a Peña Nieto con otras reformas.

Cuando los perredistas, que también formaban parte del Pacto por México, se dieron cuenta de lo que venía, sabiendo que no era algo light y menos de maquillaje, sino la reforma más agresiva y entreguista de que se tenga memoria, recularon. Pero el daño ya estaba hecho.

En resumen, el pactar con el poder en turno es parte de los usos y costumbres del PRI -y en realidad de todos los partidos-. Suelen pactar con el poder en turno para mantener ciertos privilegios y canonjías. Lo hacen sin rubor y sin consultar a nadie, más que a sus propios intereses.

Del otro lado, no vemos al PRI mejorando en manos de Ulises Ruiz, el bronco del Sur.

La mejor pieza era el ex rector Jorge Narro, pero ya no está. Así que lo que queda en el tricolor es más de lo mismo, y lo que resulte en la elección que viene, será la crónica de una farsa anunciada.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Comencemos a revisar el programa de becas para jóvenes que no estudian ni trabajan, denominado “Jóvenes construyendo el futuro”. Porque si este programa incumple con su propia mística, entonces al cabo de un año tendremos el mismo problema de los “ninis”, corregido y aumentado, pues en lugar de que estos jóvenes estén en las empresas e industrias aprendiendo algo en lo cual ocuparse al cabo del año que durará su beca, lo que tendremos será más “ninis” acostumbrados a recibir dinero del gobierno pero sin devengarlo realmente.

De hecho, estos “ninis” son los mismos que prohijó el sistema político del pasado, a través de programas como Prospera (antes Oportunidades y en sus inicios Progresa), que crecieron recibiendo este apoyo desde su infancia, y el único mérito para recibirlo era ser pobres, o decirse pobres, porque la verdad muchas familias que recibían esa beca no la necesitaban, mientras que decenas de mexicanos quedaron al margen del programa, que era manejado por “vocales” que decidían quién sí y quién no entraba.

En lo personal conozco mujeres sin hijos que recibían la beca, así como a otras con muchos hijos que ni caso les hacían.

Volviendo al tema, estos niños, ahora que ya son adultos, no saben lo que es trabajar para ganarse el dinero. Digo “ganarse” el dinero; es decir, hacer algo para obtenerlo, y no sólo “ganar dinero”, algo que llega sin esfuerzo.

El programa para levantar a jóvenes que no estudian ni trabajan es bueno. Aiga sido como aiga sido, porque no se entiende que si tenían beca de Prospera no fueron a la escuela, si a muchos de ellos les pagaban por acudir a un centro educativo, la idea de darles a estos jóvenes una capacitación previa para insertarlos de manera exitosa al mercado laboral, es genial. Sobre todo porque eso le quitaría a las empresas una carga extra, ya que para contratar a algún empleado, primero hay que pagarle para enseñarlo, y luego pagarle para que aplique lo aprendido. En esta fase se desgastan todos los empleadores, de cualquier nivel.

Pero…el programa no está funcionando así. Si nos diéramos a la tarea de revisar cuántos empleadores realmente fueron aceptados en las listas de la Secretaría de Bienestar, nos daríamos cuenta que son pocos, en relación a la demanda.

Y entonces, ¿a dónde están mandando a los jóvenes becarios? Esta es la pregunta de los 67 mil, porque basta seguirles la pista para enterarnos que están en todos lados, menos en lugares donde pueden aprender algo.

Así como lo lee, estimado lector. Resulta que los ayuntamientos acapararon a decenas de estos jóvenes becarios, y los están mandando a las diversas áreas del servicio público, alivianándole el trabajo a los burócratas, en lugar de que estén en talleres, negocios e industrias aprendiendo algo real, oficios reales, que les ayudarán a insertarse al mercado laboral, y dejar de ser una carga para sus familias y, obviamente, para el Estado.

¿A quién se le ocurrió esto? ¿En qué parte del programa se dice que los gobiernos pueden ser empleadores? ¿Sirve de algo que los jóvenes anden barriendo calles y limpiando carreteras? ¿Sirve de algo que los tengan en las áreas de protección civil? ¿Sirve de algo que los traigan organizando eventos públicos?

Visto de manera simple, sí, está bien que estén ahí haciendo “algo”. Pero ese “algo”, no les servirá cuando la beca termine y entonces tenga que sea transferida a otros que están esperando la oportunidad.

Estos jóvenes debieran estar en talleres de carpintería, en talleres de herrería, en restaurantes y hoteles, en fondas y cocinas económicas, en palapas, en cibers, en gasolineras y hasta en estéticas, por citar algunos de los oficios que podrían ayudarles en una verdadera capacitación.

Nos comentan, además, que en muchos trabajos los chamacos no quieren asistir, porque están acostumbrados a cobrar las becas sin esfuerzo. Y en otros van sólo una o dos veces por semana. Y como el patrón no les paga, tampoco puede mandarlos. Y si los reporta, no los dan de baja, sino que los cambian a otro lugar. Por lo tanto, la opinión del empleador en cuanto a la conducta y disposición del trabajador no importa para nada. Entonces la beca se les está otorgando prácticamente sin restricciones.

Olvidan los promotores del programa, que si a los jóvenes no se les enseña primero disciplina, y la cultura del esfuerzo, entonces todo esfuerzo por rescatarlos será en vano.

De verdad esto es preocupante. Los delegados regionales y el delegado de Bienestar en el estado, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, debiera estar al pendiente de estos desajustes, porque ésta sí es su responsabilidad. De ellos depende si el programa es exitoso, o se cochinea como todos los demás, que sólo fueron usados con fines electoreros.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

México aprobó ayer el T-MEC (Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá), requisito que está esperando el Congreso de los Estados Unidos para aprobar lo que resultó de la decisión de Donald Trump al eliminar el viejo TLCAN que se firmó al final del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y que entró en vigor el 1 de enero de 1994, y que estuvo rigiendo las relaciones comerciales entre estos tres países, durante 25 años.

Pero Trump, quien el martes lanzó su precandidatura para un segundo periodo presidencial en Estados Unidos, no las tiene todas consigo. Es posible que a pesar de que México ya cumplió todos los requisitos que impuso, como aprobar una nueva Ley Federal del Trabajo, y recientemente la obligación desde contener desde nuestro territorio nacional la migración ilegal que tiene como destino el vecino país, el T-MEC no sea ratificado por los gringos.

¿Por qué? Porque sin duda que este nuevo tratado que le garantizará a Estados Unidos mantener la hegemonía sobre México y Canadá, creando el poderoso bloque comercial de América del Norte, será moneda de cambio en la elección del año entrante, entre republicanos y demócratas.

La mala noticia para Trump es que de los 6 demócratas que están en fila en espera de una candidatura, le ganan de medio a medio, según las encuestas recientes.

El más popular es Joe Biden, vicepresidente durante el mandato de Barak Obama, quien le ganaría la elección a Trump hasta con 10 puntos porcentuales de diferencia.

Por su parte, Trump está desempolvando algunas viejas propuestas, como la construcción del muro fronterizo con México, el cual dice que ahora será más barato y más bonito que el primero que proyectó sin éxito. Y desde luego está poniendo el control de la migración ilegal como moneda de cambio ante una sociedad cada vez más espantada por las terribles desigualdades que ha provocado la política económica de mercados, como la fase más abierta y voraz del capitalismo, conocida como “neoliberalismo”.

Estas desigualdades, que se extienden por todos los países en desarrollo, están desbordando a las naciones, y se traduce en un éxodo permanente y masivo de personas que huyen del hambre, de la guerra, de los estragos del cambio climático.

Para provocar ciertos equilibrios, tanto los gobiernos desarrollados como los empresarios de cada país, deberán plantear inversiones multimillonarias en las naciones en crisis, para evitar que su propio destino los alcance.

La mala noticia es que por las condiciones de inseguridad que privan en el tercer mundo, y que se crearon precisamente por la voraz política neoliberal, nadie quiere invertir donde no hay seguridad de que sus negocios florezcan.

Así las cosas, el T-MEC ya está aprobado en México con un amplio margen (por cierto que Nestora Salgado, siendo ciudadana estadounidense, votó en contra), pero todavía falta salvar el muro de Estados Unidos.

De paso, Donald tiene en contra los coqueteos de China con México, que se afianzaron a raíz de la guerra comercial que el presidente estadounidense emprendió contra el régimen comunista, llevándolo directo a los brazos de Rusia.

La próxima reunión del G-20, que incluye a todos los países desarrollados y a algunos en vías de desarrollo, como México, podría dar buenos réditos para nuestro país.

El presidente AMLO ya anunció que no irá, sino que mandará en su representación al canciller Marcelo Ebrard y al titular de  Hacienda. Y aunque eso causó desagrado entre los países potentados, la agenda mexicana va en otro sentido. Ebrard hará un viaje por China, donde se entrevistará con su homólogo en ese país, así como con otros ministros, para promover proyectos de inversión y desarrollo, aprovechando que el gobierno de AMLO tiene muchos proyectos –sobre todo carreteros y de trenes-, en los que podrán participar.

Se dice que China tiene varios cañonazos de dinero que podría invertir en México ipso facto, y sólo falta el visto bueno de AMLO.

Y como dicen que un perdido, a todas va, lo más seguro es que Ebrard venga como Santa Claus, cargado de buenas noticias.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Urge un cambio para las políticas de seguridad locales. Tanto estados como municipios no deben estar al margen de los vientos de cambio que está impulsando el presidente López Obrador en esta materia, y mucho menos dejar que la Guardia Nacional venga a solucionar todos nuestros problemas. Eso, por donde se le vea, sería un terrible error que abortará cualquier esfuerzo que se haga desde el nivel central, como ya sucedió en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que primero se puso a sacar al Ejército a las calles en contra del crimen organizado, y después se puso a resolver el gravísimo problema de las policías locales; mejor dicho, los problemas, en plural, porque son muchos los asuntos que deben resolverse en lo local, sobre todo la falta de capacitación de los uniformados, la falta de certificación, someterlos a los programas de control y confianza, entre otros aspectos.

Si estados y municipios insisten en seguir como hasta ahora, serán parte del problema y no parte de la solución.

Y si lo dudamos, veamos cómo por un lado bajan los homicidios, pero por el otro lado aumenta el secuestro a niveles alarmantes. Y ya no sabemos qué es peor, que se maten entre ellos, o que la tomen contra la sociedad civil, porque un secuestro atenta contra la gente que no tiene nada que ver con grupos delincuenciales, sino que se les utiliza precisamente para sostenerlos.

Era lógico que esto pasaría. A mayor presencia de la Guardia Nacional, inhibiendo la actividad delincuencial, entonces aumentarán los delitos que se puedan hacer en lo oculto, y el secuestro se presta para ello.

De ahí que sean las policías estatales y municipales las que deban activarse en la disuasión de los delitos, en lugar de estar esperando a que la Guardia Nacional venga a hacerles el trabajo.

El deterioro de la seguridad es sumamente alarmante. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública (Inegi, 2019), el 76.8% de la población se siente insegura. En ciudades como Cancún, Tapachula y Villahermosa, la situación es terrible. Estos municipios habían sido gobernados por el PRI y el PRD, pero ahora son gobernados por Morena y las cosas no han mejorado. Lo mismo sucede en Acapulco y Chilpancingo, uno en manos de Morena y otro en manos del PRD.

Sabemos que esto no es nuevo, claro. No se puede decir que a la llegada del gobierno federal de Morena, todo comenzó a deteriorarse, porque sería mentir. La inseguridad viene de tiempo atrás y es uno de los principales retos de esta administración. Al contrario, de parte del presidente de la República ya se está actuando en consecuencia, con la creación de la Guardia Nacional, cuyas leyes secundarias todavía están a discusión, ¿pero qué están haciendo los gobiernos estatales en esta materia? Nada. Siguen con sus policías raquíticas, mal formadas y mal equipadas.

Hace falta mayor compromiso de los gobiernos locales, sin duda, y no se ve por ningún lado. El mejoramiento de la seguridad requiere una mayor inversión en recursos. Las condiciones de las policías estatales y municipales es muy deficiente, y eso lo reconocen ellos mismos.

Un estudio del Inegi que data del año pasado revela que los policías laboran, en promedio, 70 horas a la semana, con ingresos apenas suficientes para satisfacer las necesidades básicas de sus hogares (67.4%); tienen poca formación, pues el 25.9% no recibió cursos de formación inicial; el nivel educativo promedio de educación media superior; tienen sobrepeso (52.2%) u otro tipo de afectaciones a su salud (18.4%) e incluso ellos deben poner de su bolsa para la compra de equipo de trabajo y de su uniforme (42.3%).

En resumen, tenemos policías con una gran carga de trabajo, bajos ingresos, poco capacitados y salud deficiente.

Pero si nos vamos a los estándares internacionales, nos va peor, porque en México se tienen pocos policías. Por ejemplo, hay 236.2 policías por cada 100 mil habitantes, pero la recomendación de la ONU es que haya por lo menos 300 policías debidamente capacitados, para esa cantidad de personas.

En cuanto al nivel de confianza de que gozan policías estatales y municipales, son las peores evaluadas. 55 por ciento de la gente no les tienen confianza, y sólo cuatro de cada 10 personas consideran efectivo su desempeño.

¿Por qué insistimos en esto? Porque la tarea de las policías municipales es fundamental, porque son el eslabón más importante del sistema de seguridad de nuestro país debido a que son los más cercanos a la ciudadanía. Pero parece que lo han olvidado.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Por más esfuerzos que se hacen, pese a que ya al Guardia Nacional está operando en Acapulco y Chilpancingo, la violencia no cesa y recientemente se está ensañando en contra de los jóvenes universitarios.

En las regiones, se mueven los grupos de civiles armados, identificados como “policías comunitarios”, haciendo su esfuerzo, pero también contaminándose con aquello que pretenden combatir, lo cual parece inevitable.

El grito de hartazgo lo dio ayer el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, luego del asesinato de dos estudiantes universitarias en Acapulco, homicidio que se registró en una de las colonias populares del puerto. Una de ellas era estudiante de Derecho, y otra de psicología, ambas parientes entre sí.

Por primera vez en mucho tiempo, Saldaña Almazán amenazó con sacar a los estudiantes a marchar, tal y como lo hizo la Universidad del Pedregal, tras el secuestro y asesinato del estudiante originario de Chihuahua, Norberto Ronquillo.

El rector siempre había sido mesurado en este asunto, y aunque siempre declaraba que la violencia estaba golpeando duramente a la universidad, mediante secuestros de estudiantes y profesores, sobre todo, no había considerado la posibilidad de marchar para denunciar los altos índices de inseguridad que los afecta.

Recordemos que el rector determinó desde hace años contratar seguridad privada para resguardar los planteles, tanto para preservar el orden interno, como para evitar que entren extraños a estos. Eso implicó un gasto extraordinario que antes no se hacía, y que truncó en parte su proyecto de modernización académica, que incluía la creación de nuevas carreras y la construcción de otros planteles.

Inseguridad e insuficiencia de recursos serían las dos causas por las que la UAGro no está en su mejor momento, pero de ambas la que más pega es la primera. El propio rector ha estado trabajando bajo amenazas, y ha necesitado de guardias para desplazarse en el estado.

Saldaña tiene razón en su denuncia, pues en los últimos 6 años, han sido asesinados 35 universitarios, y los focos rojos siguen siendo Acapulco y Chilpancingo.

Fuera de las aulas universitarias, sin embargo, la realidad es peor. La activación de la alerta ámber por la desaparición de jovencitas y jovencitos, a lo largo y ancho del país, no da abasto. A muchas de ellas luego se les encuentra muertas, y otras pasan a engrosar la lista de desaparecidos.

Últimamente, a la par que se anuncia una reducción de los índices de homicidios, también se advierte del incremento de los índices de secuestro, y eso les pega directamente a los jóvenes universitarios, sobre todo de escuelas privadas.

El Caso Ronquillo, por ejemplo, sería parte de una estrategia de secuestro y cobro de rescate de una célula delincuencial que opera en la Ciudad de México y cuyo objetivo son los jóvenes estudiantes del nivel superior.

En cuanto al rector de Guerrero, generalmente prudente y afín al gobierno estatal, parece que está llegando a su límite y anunció que lo más probable es que se adelanten las vacaciones en diversos planteles, para evitar exponer a estudiantes y maestros.

De su parte, en cuanto al asesinato de las dos universitarias en Acapulco, el rector dijo que le exigió avances al fiscal de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barila, en un lapso de tres días, “porque esto no puede seguir así”.

El que tenga oídos, que oiga.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

¿Qué se vaya Pablo? Tarde o temprano, de continuar el delegado federal de programas sociales con su pose de diva, sus detractores lo harán barbacoa, y pedirán su destitución.

Bueno, tal vez esto no les convenga mucho a los priístas, panistas y perredistas, que aunque están muy disminuidos políticamente, nadie dijo que estuvieran muertos. Siguen activos, y conforme se acerca el 2021, apueste usted, amable lector, a que usarán todo lo que esté a su alcance para ir remontando posiciones, lo cual sólo lograrán haciendo bajar al enemigo, léase Morena y sus precandidatos.

Por lo tanto, ésta es una carrera de resistencia y de largo aliento, en la que aquel que tenga más saliva, tragará más pinole. Y esto parece faltarle a Pablo, porque aunque es delegado del gobierno federal, “súperdelegado” dicen algunos, lo cierto es que su oficina opera casi sin presupuesto, sujeta a una severa política de austeridad, al grado de que se tuvieron que crear grupos de “servidores de la nación”, para que elaboraran de manera voluntaria los censos de los programas que antes manejaba la Sedesol, así como los programas que son la columna vertebral del gobierno lópezobradorista.

De paso, Pablo tiene una pésima política de comunicación social, pues primeramente su talante agrio no le ayuda en nada. Lo peor, es que pretende que sus actividades le sean difundidas de gratis, pensando en que es obligación de los medios cubrirle su agenda. De su parte, divulga los programas y acciones de gobierno mediante su Facebook (la verdad que se les debiera prohibir a los políticos usar esta red social para emitir su información oficial, y obligarlos a divulgarla por páginas formales, aunque luego se retomen por otros medios); Pablo usa esta red, decíamos, a la que sube información muy escueta de sus actividades, y desde donde opina acerca de los problemas que debe resolver.

¿Qué nos indica esto? Que eso lo puede hace desde cualquier lado, incluso desde el baño, porque cualquiera que tenga un teléfono de los llamados “inteligentes (aunque el que lo tenga no sea tanto), puede estar navegando en la red y emitiendo comentarios, pensando que con ello arregla el mundo, pero sin involucrarse de manera directa, como ha estado sucediendo en el conflicto por el retraso del fertilizante, en el que Pablo Amílcar pretende arreglar los problemas a fuerza de facebookazos, con el perdón de la palabreja.

A diferencia del gobierno estatal, que tiene toneladas de dinero para meterle a los medios, creando inclusos sitios digitales que son fácilmente detectables como “oficialistas”, para divulgar al “instante” las actividades, opiniones y obras, Pablo pretende abrir camino a salivazos.

Si visita las regiones, ni se sabe. Si encabeza alguna reunión, lo clásico es leer un párrafo en su “face”, con algunas fotos, y punto.

No digo que lo uno sea mejor que lo otro; lo que pretendo hacer notar es la diferencia en cuanto al dinero y al poder que Pablo tiene que enfrentar, y no será por su linda cara que podrá superar esta evidente falta de proyección.

Se equivocó Pablo al pensar que el contundente triunfo de Morena en la elección de 2018, le allanaba el camino rumbo a la gubernatura. Nunca pensó que tendría que pasar por un territorio plagado de dinosaurios, y lo que es peor, que lo haría con las bolsas vacías.

Más le valiera volverse al Congreso local, donde al menos estaría hablándole al gobernador de tú a tú. De hecho, la animadversión de Astudillo hacia Pablo viene desde cuando era diputado local, y sobre todo porque se le quiso montar a las barbas, pensando en que el presidente de la República sería tan tonto como para hacer a un lado a los gobernadores.

Si Pablo no cambia, será reventado políticamente. Y eso no es lo más grave, pues será por su gusto. Lo peor que está sucediendo es que están poniendo al gobierno federal en entredicho, con los enemigos de Morena echándole encima toda la frustración de los sectores sociales, para los que los apoyos tardan, a fin de ir creando entre el electorado la sensación de que se equivocaron al votar por AMLO.

De parte del PRI, PAN, MC, PT y PRD –en esto sí están juntos-, todo error es oro molido, y para eso mueven a sus organizaciones sociales, que están muy activas, como Antorcha Campesina, CNC, CODUC, entre otras, para azuzar problemas donde pueden, en lugar de apagarlos.

Cierto que hay descontento e inconformidad entre los campesinos, pero si el objetivo fuese agilizar la entrega del fertilizante, lo último que harían sería bloquear carreteras y caminos. Basta analizar el asunto desde todos sus ángulos para entender que hay manos que mecen la cuna.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El caos en la entrega de fertilizante y las protestas de campesinos, organizaciones sociales e incluso presidentes municipales, registradas en varias regiones de la entidad en esta última semana, justo cuando ya los centros de distribución estaban funcionando, retrasará aún más la entrega del insumo a los productores ya enlistados.

¿Qué reclaman? Primero, la exigencia es porque se les entregue el insumo porque las lluvias ya están encima y el tiempo corre para la siembra. Segundo, porque no se rasure los padrones que, de entrada –y esto lo aceptó en su momento el gobernador Héctor Astudillo Flores- estaban tan inflados que superaban con 72 mil beneficiarios el que oficialmente manejaba el gobierno estatal.

Forzosamente tenía que haber una depuración, pues de un padrón de 330 mil productores, el registro se elevó a 402 mil. Sin embargo, todo esto se hizo de manera tardía y bajo una constante presión política, así como también de un claro intervencionismo oficial, derivando en el consecuente retraso del programa.

Pero justo cuando ya se estaba distribuyendo el abono, surgen estas nuevas inconformidades. La principal, que hay muchos rasurados del padrón. Además, que se les está entregando menos fertilizante que lo que especifica el programa, pues hay regiones –como Tierra Caliente-, donde se les entrega lo correspondiente para habilitar una hectárea de maíz o frijol, en lugar de las dos que por norma deben recibir.

Por supuesto, por ser el programa de índole federal, toda la responsabilidad recae en los funcionarios federales, desde los encargados de los centros de distribución, pasando por los servidores de la nación, quienes una vez desmantelada la estructura que antes tenía el programa están haciendo las veces de repartidores (cuando esa no es su función), y para finalizar el delegado de Bienestar, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien está siendo sometido de manera casi evidente a un desgaste constante, con miras a reventarlo políticamente. ¿Por qué? Porque el delegado aspira a ser nuevamente el candidato a la gubernatura por Morena, y obviamente está en una posición bastante peligrosa. En este momento, Pablo Amílcar es el blanco principal de un campo de tiro con muchos cazadores.

Siendo certeros, sin embargo, la responsabilidad principal recae en el encargado del programa, Jorge Gage Francois, quien fue impuesto en enero de este año por el titular de la SADER, Víctor Villalobos Arámbula, en sustitución de Héctor Manuel Popoca Boone, pero sólo para provocar un nudo gordiano que no se ha podido superar.

Simplemente Gage Francois no se aparece por la entidad y le dejó toda la carga a Pablo Amílcar, como cosa hecha a propósito. Cuando viene, es sólo para reunirse con el gobernador, pero nunca se le vio al ex cenecista en las regiones, coordinando el trabajo de los censos, lo cual era el objetivo central.

A Popoca Boone lo grillaron los mismos alcaldes, comenzando por los de Morena, tan sólo por su pasado priísta, pues fue secretario de Desarrollo Rural con René Juárez Cisneros. Pero les salió el tiro por la culata, porque Gage Grancois es ex priísta, miembro de la cúpula nacional de la CNC. Y obviamente como cacique se conduce.

Todavía recordamos cuando fue Pablo Amílcar el que aclaró que Popoca Boone estaba fuera del programa, justo cuando éste andaba en Tierra Caliente organizando los primeros censos. Tal vez ahora esté arrepentido de haber sido el conducto de esa noticia, sino es que contribuyó a ello, pues lo que hizo Gage Francois ha sido prácticamente nada, y le ha echado el bulto encima al precandidato a gobernador morenista.

Ahora mal, al margen de que los campesinos tienen razón en reclamar por el retraso, también es más que evidente el intervencionismo de organizaciones partidistas, así como de los alcaldes, quienes antes –recordemos- eran los dueños del programa.

Lejos de contribuir a que la distribución del insumo fluya, tal y como se comprometieron en reuniones estatales, la están obstaculizando. Luego entonces, el objetivo de las protestas es otro.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Hay una reforma electoral en ciernes, impulsada por Morena, que será de gran calado, de acuerdo con los legisladores que la promueven. En ella, se prevé la centralización de todos los procesos electorales, sean federales, estatales o municipales, así como también están contempladas modificaciones profundas al sistema político-electoral, incluyendo la reducción de las prerrogativas a los partidos políticos, que con el nuevo modelo aumenta en forma exponencial, y la eliminación o reducción de candidaturas plurinominales.

Obviamente esta propuesta está levantando ampolla en los partidos de oposición, porque al centralizarse los procesos electorales en el Instituto Nacional Electoral, desaparecerían las estructuras electorales locales, y todo lo relativo a lo electoral pasará a ser de competencia federal.

En Guerrero, desaparecería el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, así como el Tribunal Estatal Electoral. Eso, dice el ex diputado local calentano Ramiro Alonso de Jesús, atenta contra la autonomía de los estados.

Pero independientemente de eso, habría que revisar si en el Instituto Nacional Electoral tendría la capacidad para atender todos los procesos electorales del país, y es obvio que absorbería mayores recursos de la Federación, deslindando a las entidades federativas de ese gasto.

Ahora mal, si revisamos la utilidad de los órganos electorales locales, tanto en materia de consolidación democrática, combate a la corrupción electoral y otras minucias que vienen a hacer la diferencia, pues lo cierto es que estas instancias dejan mucho que desear, desde el momento en que los nombramientos de sus titulares son impulsados por el partido gobernante.

No hay una autonomía real, y a partir de ahí todo se contamina.

La prueba está en que las candidaturas ni siquiera se revisan, y llegan al gobierno personajes con antecedentes de corrupción, sobre todo si ya ejercieron el poder. Y qué decir de los antecedentes penales.

En este aspecto, el IEPC es algo así como la carabina de Ambrocio.

El Tribunal Estatal Electoral, por su parte, ha demostrado que también suele ser comparsa de fraudes y conflictos, al grado de que los afectados recurren a la instancia federal, donde les corrigen la página, quedando demostrado que son aparatos de control político, lejos de la supervisión y aplicación de las leyes electorales vigentes.

En cuanto a la viabilidad de la centralización de los procesos electorales, el titular del INE, Lorenzo Córdova, tocó un punto importante, diciendo que si bien en este momento se tiene un sistema electoral funcional, cualquier reforma mal planificada podría destruirlo, pues se requeriría “refundar” al INE, con mayor presupuesto, más atribuciones y más personal.

Otro consejero, Marco Baños, señaló que no será despareciendo las autoridades electorales en los estados como se ahorrará dinero en el sistema político-electoral, porque lo que no hagan los estados tendrá que absorberlo el INE –léase gobierno federal.

Propone, en cambio que se adopte la boleta electrónica, para que se ahorren los multimillonarios recursos que se utilizan en la impresión de boletas, su movilización antes, durante y después de la elección, así como su almacenamiento.

Hay gente de otros partidos que están de acuerdo en que se promueva la austeridad republicana en el ámbito electoral, pues estamos conscientes todos que tenemos las elecciones más caras del mundo, y que hay un prototipo de asignación de prerrogativas a los partidos que es exponencial, año con año aumentan.

Otra propuesta es reducir los tiempos de campaña. Por ejemplo, si la campaña para presidente de la República es de 90 días, podría reducirse a la mitad, y así sucesivamente.

Actualmente se están desarrollando los foros de consulta para esta propuesta de reforma electoral, y sin duda será uno de los temas del año que ocuparán mucha tinta y papel para documentarse, aunque los diputados opositores advierten que viene la aplanadora morenista y que la reforma va porque va.