Categoría: S.O.S Costa Grande

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Por cuarto año consecutivo y prácticamente sin problemas, el gobernador Héctor Astudillo acudió al Congreso local para informar del estado que guarda la administración pública estatal, rubro por rubro.

A diferencia, por ejemplo, del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, quien modificó este protocolo y solamente enviaba a la sede del Poder Legislativo su informe por escrito, para irse a informar región por región, Astudillo optó desde el inicio por este modelo republicano, presentándose ante los diputados -en su papel de representantes sociales-, para detallar lo que se ha hecho hasta ahora, sobre todo en el último año, lo que no se ha hecho, y los retos que falta por enfrentar.

La seguridad es, sin duda, uno de los principales activos de este año. A diferencia del primero trienio, Astudillo informó ahora de una importante reducción de los niveles de inseguridad, de 22 por ciento, tomando en cuenta la disminución de los homicidios dolosos, que aunque no son los únicos delitos con los que lidia la sociedad, sí son los de mayor impacto dentro y fuera de la entidad, que por su vocación turística fue duramente golpeada al grado de que desde 2010-2011 se retiró el turismo de cruceros, así como el turismo estudiantil de primavera, conocido como los Spring-Brakers.

Hoy, Astudillo hace un esfuerzo real por resolver esta crisis y los resultados están a la vista. Todavía ayer llegó el Norwegian Joy a playas de Acapulco, el tercer crucero de la temporada, con lo cual se alivia sobremanera la sequía de visitantes en los puertos de la entidad, que tras el verano están en receso en espera del periodo de invierno.

Para los detractores del gobierno astudillista, y para nosotros mismos, que siempre estamos viendo el vaso medio vacío, en lugar de verlo medio lleno, esto quizás no signifique mucho. Pero habría que preguntarle a los ciudadanos de a pie, si todo lo que se haga desde un gobierno para mejorar la situación social y económica les perjudica o les beneficia.

Al contrario, Astudillo ha demostrado que es un gobernador trabajador. No se le seca el sudor. Difícilmente se le ha sabido de borracheras y viajes de placer –que los debe tener, claro, porque no es de palo. Pero lo mismo se le ve en los municipios, que en la oficina de gobierno en Acapulco, que atendiendo a funcionarios y ciudadanos en Casa Guerrero, o en reuniones con funcionarios del nuevo gobierno federal.

Aunque se dice que es de pocas pulgas, el gobernador guerrerense es uno de los pocos que se han mostrado caballeros con el presidente de la República. De los primeros en aplaudir, además, el modelo de seguridad de la Guardia Nacional, algo que sabía era urgente y necesario. De hecho, recordemos que su intención desde su llegada al poder en 2015, fue concretar el Mando Único, pero intereses ajenos al bienestar de Guerrero –hay que decirlo-, lo obstaculizaron.

Vamos, aunque el gobierno federal era priísta, ni siquiera se le permitió nombrar a su propio secretario de Seguridad, y dependió durante casi 3 años de los criterios dictados desde el Grupo de Coordinación Guerrero, el modelito que se inventó Miguel Osorio Chong para tener acotados a los gobernadores, y con un secretario que era además general en activo de la Sedena, Pedro Almazán Cervantes, que dejó el estado peor, en medio de una falsa paz, y que a través de su vocero solamente presumía pequeños logros mensuales, que distaban mucho de ser una verdadera búsqueda de la paz en la entidad.

Imposible no recordar eso. Almazán incluso acusó a sus subordinados de ser miembros del crimen organizado, y los despidió sin derechos, sólo porque se rebelaron contra su forma de dirigir la corporación.

Afortunadamente son tiempos de cambio, y aunque se sabe que la Policía Estatal no está en óptimas condiciones, la ruta viene marcada desde la Federación, y al estado únicamente le compete fluir con esta nueva visión.

No olvidar tampoco que “Orden y Paz”, fue la gran promesa de Astudillo durante su campaña.

Tiene aún 2 años para consolidar lo que ya comenzó desde enero pasado. Hacemos votos, por el bien de todos, que eso se cumpla y que el gobierno que comience en 2021 tenga otra historia que contar. Pero, sobre todo, que Astudillo pase a la historia como el gobernador que pudo sacar al estado de sus deshonrosos primeros lugares de todo lo malo.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

La presión tuvo que venir de fuera para que el líder sempiterno del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, renunciara a su cargo como dirigente.

Ésta es quizás una de las renuncias más esperadas de todos los mexicanos, pero sobre todo de los empleados de Pemex que han sufrido marginación y abusos de parte de sus líderes y de parte de los directivos, que ahora juntos están inmiscuidos en un gran escándalo por corrupción tipo el de la compañía brasileña Odebretch, y que involucra no sólo al ex director de la petrolera, Emilio Lozoya, sino a prácticamente toda la estructura administrativa de la empresa paraestatatal, ya que todos ahí dentro pedían su moche a cambio de contratos y otros favores.

Desde ahora, Romero Deschamps está solo. En cuanto presentó su renuncia, legisladores de Morena comenzaron a pedir se investigue su fortuna, aunque coincido en lo personal con Fernández Noroña, quien dijo que todo lo que pudiera tener el líder petrolero, es una bicoca con lo que robaron los administradores, en el sexenio peñanietista.

Además sus amigos del PRI se lavaron las manos y dijeron que, de una vez por todas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, deje de espantar con el petate del muerto y actúe.

Mario Zamora, un senador priísta, recalcó cuando se le preguntó si defenderían al ex líder petrolero: “No vamos a defender lo que sea indefendible. ¿Qué es lo que queremos? Que se acaben los dimes y diretes, una acción de justicia transparente, justa y clara, que no haya persecución y que se castigue a quien se tenga que castigar. Decía mi abuelita, toma chocolate, paga lo que debes… adelante”.

¡Wow! Más claro ni el agua Bonafont.

Lo grave es que el de Pemex ya no es un asunto doméstico. Se ha tornado en un problema internacional. Aunque el presidente dijo que las acusaciones que se están vertiendo en una corte de Estados Unidos en contra de la petrolera, por la empresa Oro Negro, uno de cuyos asesores, por cierto, es hijo del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil.

Estos están alegando que se fueron a la quiebra precisamente por los sobornos que le tuvieron que pagar a los directivos de Pemex.

Hasta aquí, pudiera parecer un caso de chisme local. Pero no lo es. Una vez que se abrió el esquema de inversión en Pemex, los pleitos entre la petrolera y los contratistas se ventilan en cortes internacionales, y de ahí derivará una investigación de largo alcance en contra de la petrolera mexicana, que podría derivar en multas y devolución de dinero, dinero que no tiene en este momento Petróleos Mexicanos.

El presidente no puede decir, por lo tanto, que se trata de un asunto del pasado. Sí lo es, pero le atañe resolverlo. Tendrá que contratar abogados especialistas en litigios internacionales, para defender a Pemex, pues de otro modo podrían caer en el embargo muchos de los activos de esta empresa, que apenas están tratando de levantarla.

Para colmo, los adversarios de Romero Deschamps se quejan de que durante todo este tiempo la justicia mexicana lo estuvo protegiendo pese a las denuncias de corrupción en su contra y, por lo cual, al renunciar, huirá del país para refugiarse en algún lugar donde no se tengan tratados de extradición con México.

En este tema, amable lector, correrá mucha tinta. Saldrá mucha correa de este cuero y si la presidencia no actúa de inmediato, se verá hasta cómplice de la corrupción que todavía destila en la Petrolera.

Este es un caso para el avispón verde de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto Castillo. Vale más que le siga la ruta al dinero de los ex directivos de Pemex y sus compadres que se encargaban de los sobornos a contratistas (dicen que Lozoya cobraba de 50 mil a 100 mil dólares sólo por una cita con algún empresario), y los entregue al cadalso.

Es la única manera de contener lo que se prevé será un juicio no sólo contra Pemex, sino contra México.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

“El pueblo pone y el pueblo quita”. Bajo ese lema, avanza en el Senado de la República la aprobación del derecho a la consulta popular y  a la solicitud de revocación de mandato, estatuto que se aplicará a todo servidor público electo por voto popular, incluido al presidente de la República y a los gobernadores.

Según lo aprobado en lo general (falta definir las particularidades), las consultas serán facultad del INE, y  a petición de los ciudadanos.

Aunque esta reforma conlleva sus riesgos, como el que a un gobernante se le imputen anomalías y se le lleve al linchamiento público por parte de los grupos inconformes –que en México en este momento están a la vista-, esta nueva ley es sin duda revolucionaria, porque viene a fortalecer la democracia participativa; es decir, que se abre un canal de ida y vuelta en la vida pública, y la sociedad ya no estará a expensas de un mal gobernante, pues siempre tendrá a la mano la ley que le permite solicitar la revocación de mandato de gobernadores, presidentes de la República, y todo servidor que haya ascendido al poder con el voto del pueblo.

Por eso los morenistas, quienes son los promotores de esta reforma, a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, sostienen que se le está devolviendo al pueblo su poder, tal cual dicta la democracia, en la que el poder emana del pueblo.

El dictamen aprobado en las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos establece que la revocación de mandato sólo la puede solicitar la ciudadanía, en un mínimo del 3 por ciento de la inscrita en el listado nominal. Es decir, que si se gesta algún movimiento social que logre el aval de este porcentaje de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, el Instituto Nacional Electoral estará obligado a actuar en consecuencia.

Hasta ahí el proceso de la solicitud, pero ¿Cuál será la mecánica a seguir?

La revocatoria la organizará el INE pero la calificará el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y será válida con la participación del 40 por ciento de la ciudadanía del listado nominal.

Bastante holgado, por cierto, porque no se exige mayoría de empadronados.

Ahora bien, la oposición triunfó en la parte que impide que la consulta por la revocación de mandato se haga en el marco de las elecciones ya establecidas. Al contrario, tendrá que ser fuera de esos tiempos, que era lo que precisamente le concernía a priístas, panistas y perredistas, porque le temen que el nombre de AMLO venga de nuevo en alguna boleta, justo durante el proceso electoral de 2021, pues con ese solo hecho se convocaría a la gente a las urnas de manera masiva.

Los requisitos primordiales son que la consulta no podrá coincidir con las elecciones intermedias, el gobernante deberá haber cumplido tres años de mandato (para que se nombre en su lugar a un interino, porque de lo contrario tendría que convocarse de nuevo a elecciones), y se incluye como sujetos a revocatoria al Presidente de la República y a los gobernadores. ¿Qué tal?

Por lo tanto, la clase política de Guerrero debe estar relax. En las elecciones de 2021 no podrá hacerse esta consulta por dos razones; primero, porque son elecciones intermedias. Segundo, porque el presidente de la República todavía no habrá cumplido los 3 años de su mandato a julio de 2021. Se cumplirán 3 años de que ganó en las urnas, pero no de que tomó el poder, lo cual se cumplirá hasta diciembre de ese mismo año.

Siguiendo eta lógica, la consulta para revocación de mandato deberá hacerse a partir de enero de 2022.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Morena se descompone. En el marco de su primera elección interna formal (las otras han sido por tómbola), al partido lópezobradorista se les hace bolas el engrudo, e incluso comienza a teñirse de violencia. Algo lamentable, por cierto.

Este fin de semana, el partido comenzó a elegir a sus consejeros en distritos y municipios, mediante asambleas. Pero en Jalisco y Veracruz, sobre todo, hubo hasta balazos. Gente armada llegó a las asambleas y disparó, con saldo de algunos heridos leves. La gente del partido está pidiendo la reposición de las asambleas que se suspendieron por la violencia.

Da escalofríos pensar que algo así suceda en el partido que gobierna el país, que es mayoría en el Congreso de la Unión, y que es el encargado de diseñar lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador llama La Cuarta Transformación. Y coincido con alguien que dijo que si no se ponen truchas los líderes del partido, si insisten en andarse quebrando las peinetas y sacándose la lengua, esto se convertirá en el Cuarto Infierno.

Los consejeros que están eligiendo en asambleas distritales son las personas que representarán a los morenistas en el Congreso Nacional, a celebrarse en noviembre próximo, cuando se elegirá al nuevo dirigente nacional.

La pelea está entre los lópezobradoristas Mario Delgado y Yeidkol Polevnsky; el monrealista Alejandro Rojas, y la consejera Bertha Lujan.

Por cierto, este fin de semana Alejandro Rojas incurrió en una pifia, pues divulgó que Yeidkol Polevnsky y Bertha Lujan estaban fuera de la contienda por la dirigencia nacional, porque los estatutos prohíben la reelección consecutiva.

Pero ayer domingo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aclaró que los derechos políticos de las damas mencionadas están a salvo, pues para ellas no aplica el nuevo estatuto, sino sólo para quienes serán electos en noviembre.

A partir del próximo proceso interno de Morena, quienes sean electos, estarán sujetos a lo que actualmente disponen sus estatutos; es decir, la reelección consecutiva hasta en dos ocasiones, “a excepción de quienes fueron electos en 2012 y 2015”.

Salvado el problema, la contienda parece reñida, sobre todo porque el famoso padrón de morenistas no aparece por ningún lado. Es tanto el sigilo con el que se están moviendo en el partido, que nomás no aparece el padrón completo. Hay gente que está y no aparece. Y hay quienes no están, pero sí aparecen.

Por lo tanto, los competidores están pidiendo certeza plena, o que se cambie la estrategia. Que en lugar de una elección interna general, que comienza por las asambleas distritales, se elija al próximo dirigente mediante una encuesta. Eso pide Mario Delgado.

Alejandro Rojas, por su parte, pide un acuerdo de unidad para evitar rupturas que puedan impactar en la elección inmediata, la de 2021.

No será nada fácil para los morenistas librar sus propias resistencias, ambiciones y desencuentros. Desde hace mucho que demostraron que son todo, menos el partido de la República amorosa de AMLO. Y tal vez por eso el presidente está pintando su raya muy claro, al grado de que amenazó con meter a la cárcel a todo servidor público que haga proselitismo por alguno de los aspirantes a dirigir el partido. Varias veces les ha dicho que el partido de Estado ya se acabó, y que no se inmiscuirá en la contienda.

Entonces, tienen que rascarse con sus propias uñas, porque el presidente no está dispuesto a hacerles la chamba, ni tampoco a ser la mano que mece la cuna de nadie, como sucedía en el viejo régimen.

Y si esto está sucediendo en entidades donde se observan que son más civilizados, ni imaginarnos lo que podría suceder en Guerrero. Lástima, porque la contienda interna de Morena, es la antesala de la siguiente elección. Quien resulte ganador, hará cascada hacia estados y municipios. Quien resulte perdedor, encabezará las disidencias y traiciones. Al tiempo.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Un nuevo caso de negligencia médica sacude el estado, y para no variar sucedió en el Hospital Regional de Ometepec, nosocomio que se ha visto involucrado en varios de estos casos, donde el personal ceba su enojo y amargura en contra de los indígenas.

De hecho, en todos los hospitales de la Costa Chica hay casos emblemáticos de negligencia, maltrato y pésima atención con los pacientes, pero muy particularmente contra los indígenas, sean amuzgos, mixtecos, tlapanecos o nahuatls, que no tienen más alternativa que soportar el que los médicos primero atiendan sus despachos privados que sus turnos en los hospitales, o que sólo sean benevolentes en casos de recomendados.

Lo comento porque ahora que vino el presidente de la República a la Costa Grande, un indígena amuzgo de la localidad de Cochoapa, municipio de Ometepec, viajó desde su lugar de origen para ver al mandatario Andrés Manuel López Obrador, y exponerle su caso.

Ya estando en su camioneta, el presidente lo escuchó y le prometió que se haría justicia.

Pues sólo así, porque si confiamos en la CNDH, nada; esa institución es como la carabina de Ambrocio, que no sirve para nada, para nada y para puritita tiznada.

Al parecer, la Coddehum ya retomó el caso. Lo debe hacer por oficio, sin que medie denuncia de por medio del afectado. Incluso, dado que la medicina se regula desde la federación, el caso deberá reenviarse a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Pero, este asunto de las negligencias y abusos médicos no terminará si no se legisla al respecto. El asunto debe salir de la Comisión de Arbitraje Médico, porque siempre le dan la razón a los galenos y enfermeras, casi nunca al paciente.

Ahí mismo en el Hospital Regional de Ometepec, de acuerdo a lo que han publicado medios de esa región, ya sucedió el caso de una parturienta que perdió la vida, después de una larga agonía. Sí, intervino la CNDH y giró una serie de recomendaciones, como la de inyectarle recursos a ese nosocomio que estaba tirado.

También se recuerda el caso de una parturienta que fue atendida en el Hospital Básico de Copala, pero que al no aplicarle correctamente la anestesia, quedó en estado vegetativo. Era una indígena de San Luis Acatlán.

¿Y qué decir de esa región de la Costa Chica, que colinda con la Montaña? Durante muchos años Guerrero fue primer lugar en muertes maternas, y la mayoría se registraba en esa zona del estado.

Toda esa gente está abandonada, a su suerte. La Jurisdicción Sanitaria es un búnker de corrupción. No se genera información; al contrario, se obstaculiza. Por ejemplo, en el caso del niño recién muerto, el jefe jurisdiccional, Macario Navarrete, hizo mutis. Lo mismo hizo el director del Hospital.

Ahora mal, lo que procedería en un caso tan grave como éste, sería la separación del director y los médicos y enfermeras responsables, mientras que se hacen las investigaciones correspondientes. Todo lo contrario, se les permite operar mientras se determinan responsabilidades.

Lamentablemente, este problema de maltrato y prepotencia contra los pacientes se repite una y otra vez en cualquier lado. Desde los centros de salud, pasando por los hospitales regionales, y qué decir de los hospitales generales del estado.

Vamos, ni siquiera en el IMSS o ISSSTE se salvan los derechohabientes, pues tenemos la queja del familiar de una paciente que dializan en el IMSS de Acapulco, al que la trabajadora social le llamó para reclamarle que hayan llevado a su familiar a una cita, y hasta le dijo “burro” y otros improperios. ¿Pues qué no se supone que el área de trabajo social está precisamente para ayudar a los pacientes?

El presidente dijo ayer que está haciendo una renovación general de la vida pública del país. Con todo respeto, señor presidente, no se nota. Por donde se le vea, hay corrupción. Tránsito, policías, clase política –con sus honrosas excepciones-, están todavía actuando a sus anchas.

Las redes de corrupción no se han roto. Ni siquiera se han debilitado. Estamos muy lejos de ser la república amorosa que la Cuarta Transformación promete, comenzando por sus representantes, que son más prepotentes que sus contrincantes.

¿Y cómo, pues? Poder es poder. Y dice un dicho que si quieres conocer a alguien, dale poder, emborráchalo, hazlo enojar y pídele dinero.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Hay tensión en el ambiente social. Sobre todo en estos meses de “septambre” y “octambre”, en que los puertos turísticos padecen un receso en el flujo de visitantes, algo que es parte de un proceso natural, pero que imprime una gran presión económica en los municipios y localidades.

De esto hablaba ayer, precisamente, algunos conocidos que tiene experiencia en el plano económico. Están preocupados. Dicen que la recesión viene y que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, así lo deja entrever en sus declaraciones de hace tres días, cuando dijo que debemos estar preparados.

¿Preparados para qué?

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, está confiado. Afirma que la deuda pública no aumentará, y que poco a poco iremos recuperando la capacidad económica que antes tenía el país.

Pero los escenarios son adversos, sobre todo en materia de inversión privada. Básicamente se estancó la inversión, a pesar de que el presidente ha estado dando una y otra vez garantías plenas para los empresarios, quienes a pesar de ello se resisten, aunque se reúnen con el mandatario, ponen buena cara y hasta dicen estar contentos con la Cuarta Transformación.

Por ejemplo, la inversión fija bruta, hasta julio pasado, se desplomó en 9.1 por ciento, en comparación al mismo mes de 2018, según el INEGI. ¿Cuánto representa ese porcentaje?

Cientos de miles de millones de pesos en inversión que no se hizo y que, por lo tanto, el empleo también se estancó.

Tan sólo en el rubro de inversión extranjera se tiene una importante diferencia. En 2018, la inversión extranjera fue de 22 mil 278 millones de dólares.

Para 2019, de 18 mil 102 millones de dólares.

Ahí tenemos una diferencia de más de 4 mil millones de dólares.

Es obvio que en este primer año de gestión, la clase empresarial, sobre todo, era la que más dudas tenía acerca de los alcances y profundidad de los cambios. Y vaya que han sido muchos, sobre todo lo relativo a la prohibición de condonación de impuestos, que beneficiaba directamente a los grandes inversionistas.

Hasta podemos afirmar que su capacidad de inversión se debía precisamente a que no pagaban casi nada al Fisco, operaban en completa holgura, con sus ganancias intactas, mientras que un contribuyente común debe pagar altos impuestos, y de sus ganancias más de 30 por ciento.

Es decir, que los empresarios mexicanos de alto poder adquisitivo, reinvertían el dinero que le tenían que pagar al SAT. Algo así como que invertían con nuestro mismo dinero, al tiempo que aumentaban sus bienes.

Ahora, con todos los cambios decretados por el gobierno lópezobradorista, las empresas se están preparando para hacer frente a esa obligación que para ellos es nueva, y sin duda su capacidad de inversión será menor.

Lo otro, es que estén reteniendo sus dineros e incluso sacándolos del país en busca de algún otro paraíso fiscal, como medida de presión para el gobierno actual, para que les dé algunas prebendas.

Pero parece que se están topando con pared. Antes de aflojar la cuerda, parece que se tensa más, y las consecuencias no sabemos hasta dónde podrán arrastrarnos.

¿Qué hay que hacer? Muy poco. México irá normalizándose y dejando de ser un paraíso fiscal para los inversionistas extranjeros. Por ejemplo, ahora se sabe que a los bancos –todos extranjeros-, se les exentaba el pago de impuestos, pese a sus muy jugosas ganancias y a sus prácticas de usura.

Los inversionistas que se queden, será para jugar con las nuevas reglas fiscales. Los que no, emigrarán en busca de países en donde sus autoridades les entreguen los bienes de la nación, les permitan prácticas de usura y depredación, sin pagar casi nada.

Salir de este bache no será nada fácil. Estos economistas señalaron que el presidente se está preparando para la crisis, precisamente bajando los dineros directamente a la base social, no tanto para garantizar su aplicación, porque eso podría hacerse con base en una fiscalización estricta, sino para amortiguar el golpe que pegaría con una recesión.

Por ahora, hay elementos para estar tranquilos: el peso está fluctuando pero no se ha disparado, y tampoco hay inestabilidad social. Entre tanto, el presidente lucha por recuperar el sector energético, cuyos ingresos son vitales, al grado de que en otras épocas se evitó con ello una revolución.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo ayer en la Costa Grande, acompañado del gobernador Héctor Astudillo Flores. Vino a tratar un asunto de salud, pero anunció también inversiones sin precedentes en materia de empleo y en el sector educativo.

AMLO nos anunció 10 mil empleos mediante el programa Sembando Vida, con lo cual matará dos pájaros de un tiro: primero, generar fuentes de trabajo para los campesinos y gente del medio rural; y, segundo, reforestar las reservas forestales de los ejidos, con lo cual también se tendrá un impacto positivo en la captación de agua y carga de los mantos freáticos.

A diferencia del programa forestal de Felipe Calderón (porque con Peña Nieto nadie se ocupó del medio ambiente), que consistió en entregar arbolillos a grupos ambientalistas, gobiernos, particulares y ejidatarios, pero sin darle seguimiento a los renuevos, en esta ocasión los principales vigilantes serán los mismos ejidos y comunidades agrarias, así como los pequeños propietarios.

El recurso se entregará mediante un sueldo, como se hace con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, en razón de 5 mil pesos por mes, dejando 500 pesos para reserva. Entonces los beneficiarios recibirán únicamente 4,500 pesos.

No se dijo si el programa tiene caducidad, como sí ocurre con el de jóvenes, que tendrán acceso a la beca de capacitación únicamente por un año. Tampoco se habló de restricciones de ningún tipo: es decir, si sólo podrán participar hombres o también mujeres, y si está limitado a cierto número de empleos por familia.

Suponemos que el empleo será para quien quiera trabajar, y lo que se habría que cuidar es que no se caiga en el vicio de “Empleo Temporal”, que era básicamente pura simulación, pues incluso se enlistaba a la gente con basen en su filiación política, y generalmente no era necesario desempeñar trabajo alguno.

Habría que tomar en cuenta que la reforestación no podrá realizarse todo el año, sino solamente previo y durante a las lluvias. Por lo tanto, los meses fuera de temporal se podrían ocupar en preparar terrenos para evitar incendios, e incluso para montar algún vivero en el que se produzcan los árboles que se van a plantar.

Ya el gobierno federal tiene en marcha viveros enormes en el Sureste, pero no está mal que se haga uno por estado, para producir los árboles nativos.

El presidente también anunció una inversión sin precedentes al programa la Escuela es Nuestra, de 1700 millones de pesos, para aplicarse de manera bipartita. Es decir, la mitad será aportada por la Federación, y la otra mitad por el Gobierno del Estado, para atender a los poco más de 9 mil planteles que existen en la entidad.

Y diferencia del programa Escuelas al 100, que era manejado desde arriba hacia abajo, en esta ocasión tendrán un papel importante los comités de padres de familia, que son los que determinarán qué obra se necesita en cada escuela.

Hay todavía dudas en este programa, sobre todo porque se piensa que los padres recibirán el recurso, y se encargará de aplicarlo de manera directa, con lo cual se corre un gran riesgo de desvío, no sólo deliberado, sino involuntario, porque en este sector, no todos tienen capacidades técnicas y administrativas, que les permitan desarrollar un trabajo de planeación y ejecución de obras.

El caso es que los comités ya se están constituyendo en cada escuela, en espera de que el recurso fluya.

Pero dado que el gobierno estatal tendrá participación equitativa, la vigilancia de los recursos también le compete, a menos que hagan lo que hacía Peña Nieto, de dividir los programas, aplicando él su parte y dejando al estado libre para aplicar la suya, con lo cual una parte cumplía y la otra no.

Las dos noticias son buenas. Aunque no se está programando obras de alto impacto, salvo la conclusión de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, como una petición del gobernador Héctor Astudillo, el dinero que llegue a las familias campesinas también es algo importante. Porque como el presidente dice, crecimiento sin desarrollo es algo cruel.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El presidente Andrés Manuel López Obrador estará este martes en la Costa Grande, concretamente al municipio de La Unión, donde mañana revisará un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Hace meses que el presidente se propuso recorrer personalmente todas las clínicas rurales del IMSS, para cerciorarse de las condiciones de la infraestructura, pero sobre todo del servicio.

A partir de estas visitas, aparentemente intrascendentes, el presidente ha ido moldeando sus políticas de salud. Por ejemplo, ordenó que los médicos que trabajen en el medio rural, reciban mejores sueldos y compensaciones que aquellos que no quieren salir de las ciudades.

También se dio cuenta que hay un severo déficit de médicos y sobre todo de especialistas, pese al presupuesto que se otorga a las universidades públicas, por lo cual lanzó un ultimátum a éstas para que reactiven la preparación de médicos o el gobierno federal se verá obligado a crear una escuela superior de medicina, para ir generando los recursos humanos que demanda el sector.

Y esto es cierto. Si algún problema tiene la Secretaría de Salud en el estado –e indudablemente el esquema se repite en otras entidades-, es la falta de médicos especialistas. Son las regiones, sobre todo, las que sufren de este déficit, al grado de que se tienen hospitales básicos comunitarios sin ginecólogos, sobre todo en la Costa Chica y la Montaña, provocando con ello que por muchos años Guerrero fuera primer lugar en muertes maternas.

Fue hasta que el médico Lázaro Mazón Alonso, en su paso por la Secretaría de Salud, que ideó rescatar el modelo de parteras tradicionales, para capacitarlas en conocimientos básicos de asepsia, y evitar con ello la mortandad materno-infantil, que era una vergüenza para Guerrero.

Mazón incluso impulsó la creación de la Escuela de Parteras, la única en el país como tal, de donde se han graduado ya varias generaciones de parteras profesionales, para atender sobre todo a las mujeres indígenas que todavía dan a luz con los métodos tradicionales.

Por otra parte, el presidente de la República llega a Guerrero en un momento muy importante, pues quedaron fuera del Fonden muchos municipios, incluso varios de los más afectados como Ometepec, en la Costa Chica; y otros de la Montaña alta.

El gobernador dijo ayer que está solicitando la declaratoria de desastre para 16 municipios más; pero en caso de que no sea posible lograr ese apoyo, entonces será el gobierno estatal el que se haga cargo de los apoyos para damnificados, lo cual no es nada justo, porque para eso se creó el Fondo Nacional de Desastres, para atender este tipo de emergencias.

La presión mayor la tienen los alcaldes de los municipios no incluidos en la declaratoria, porque incluso tampoco han recibido el apoyo estatal, y están atendiendo la emergencia con sus escasos recursos, pues recordemos que los ayuntamientos no manejan recursos etiquetados para estas emergencias y con seguridad están tomando dinero de obras o de seguridad pública para salir del paso.

Ojalá que el presidente de la República, por la sensibilidad que lo caracteriza, tenga a bien revisar el caso de Guerrero, e integre a los municipios excluidos en la declaratoria.

De paso, ojalá que reaccione y quiera autorizar la Zona Económica Especial de Puerto Unión, que abarca territorios de Guerrero y Michoacán, con lo cual esta franja dejaría de ser tierra de nadie.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El senador Manuel Añorve Baños rindió ayer su informe de trabajo legislativo, en un evento en el que concentró a unos 5 mil priístas de la entidad, en el Fórum Mundo Imperial de Acapulco.

Pero, sobre todo, Añorve concentró a la plana mayor del priísmo en el estado, encabezados por el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien nos dicen canceló las visitas que tenía a algunos municipios para acompañar al senador, y a los invitados especiales, entre ellos al dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Alito.

El protocolo se cumplió. Y no tanto importa lo que se dijo, sino lo que vimos: Añorve rodeado de los hombres que en el futuro inmediato pueden influir en el rumbo de su vida. Sea que se consuele con una diputación federal, o sea que le devuelvan la posibilidad de una revancha (como la tuvo el gobernador Astudillo), luego de que en 2010-2011 dio una pelea muy desigual con su primo, el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.

En aquel tiempo, recordaremos, Aguirre dejó el PRI porque estaban de moda las disidencias, y se enfrentó a su primo y miembro de su grupo político, Manuel Añorve, derrotándolo. En esa escisión, tres personajes estuvieron muy activos. Del lado de Manuel Añorve lo estuvo Manlio Fabio Beltrones. Del lado de Aguirre, el entonces gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, quien de ese modo cobró venganza contra el sonorense. Posteriormente Osorio Chong se convertiría en el secretario de Gobernación del gobierno de Enrique Peña Nieto, y en un fallido prospecto a la Presidencia de la República, nominación que le quitaron para dársela a José Antonio Meade Kuribreña, dándole como consuelo la senaduría que ahora goza.

El tercero en discordia fue Marcelo Ebrard Casaubón, actual morenista y poderoso secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien fue el que invitó a Ángel Aguirre al PRD, ofreciéndole la candidatura a gobernador, aunque eso implicaba sentar a por los menos 6 verdaderos perredistas, a saber: Lázaro Mazón, David Jiménez Rumbo, Armando Ríos Piter, entre otros de triste memoria. Fue Armando el más reacio, pero Ebrard lo convenció, con la promesa de una senaduría. Dicen las malas lenguas que Ebrard cumplió, pero Ríos Piter lo traicionó. Hoy, el costagrandeño es un ave sin rumbo.

El escenario de 2021 será muy sui géneris, pero se volverá a repetir la historia, si nada lo impide, pero con algunas interesantes variantes: Si Añorve resulta candidato, en esta ocasión su ex enemigo Miguel Osorio Chong, será su aliado. Y un perredista, le ayudará con una alianza que antes era imposible, pero que a partir de la grave derrota de 2018, es sumamente factible.

¿Quién creen que está jugando el papel de Ebrard en torno a Manuel Añorve? Por lo que vimos ayer, será Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México y actual senador de la República, compañero de legislatura de Añorve, cuyo partido está empujando desde el centro del país una alianza con el PRI.

Así que ya podemos decir que Añorve tiene 3 ángeles custodios: Miguel Ángel Osorio Chong; Miguel Ángel Mancera; y Ángel Aguirre Rivero. ¿Qué tal?

¿Lo de ayer fue un destape? No propiamente, porque desde hace tiempo se sabe que Añorve aspira a ser nuevamente el candidato a la gubernatura por el PRI. Le asiste el derecho, porque a pesar de las derrotas y las traiciones, se ha mantenido como priísta, de lo cual no pueden presumir sus más cercanos competidores. Entonces, lo de ayer fue más bien un informal arranque de campaña. A partir de ayer, Añorve tiene otra talla, y un abierto programa de trabajo electoral, aunque todavía legalmente no son los tiempos.

Malo sería si no lo hiciera, con los perredistas ya en campaña, y los morenistas montados en los programas de gobierno.

El senador juntó en un mismo espacio al gobernador Héctor Astudillo Flores. Al líder del partido, Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito; al senador Miguel Ángel Osorio Chong.

Estuvieron también los ex gobernadores Rubén Figueroa Alcocer, René Juárez Cisneros, y el líder del partido en el estado, Esteban Albarrán Mendoza, además del rector Javier Saldaña Almazán. Se dieron cita también la mayoría de los alcaldes priístas, diputados, líderes del partido en los principales municipios de la entidad. Pero, sobre todo -y como el diablo está en los detalles-, destacó presencia del senador perredista Miguel Ángel Mancera, ex jefe de Gobierno del Distrito Federal.

En política no hay casualidades. La alianza PRI-PRD va, y apenas estamos viendo los primeros bosquejos

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Dos importantes decisiones tomaron ayer los diputados locales, concerniente al desarrollo del campo guerrerense, que indudablemente sigue siendo uno de los pilares de la economía local; pero, sobre todo, el sector del que depende la subsistencia alimentaria del país.

La LXII Legislatura el dictamen de adiciones a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Guerrero Núm. 814, para que el Gobierno del Estado, a través de Sagadegro y del Sistema Producto Maíz, junto con los productores de este grano, organizaciones y el Consejo Guerrerense para el Desarrollo Rural Sustentable, pongan en marcha mecanismos de protección, producción y fomento de maíz nativos y criollos.

Además, se ordena la constitución de Consejos Locales de Productores de Maíz Nativo y sus Centros de Abasto, con el objeto de preservar dichas especies, en cumplimiento de la legislación en la materia.

La diputada tlalchapense, Celeste Mora Eguiluz, fue quien dio lectura al documento.

Además, la diputada terracalentana dio lectura a otro dictamen para reformar la misma ley, para que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro), en coordinación con los gobiernos municipales y el Gobierno Federal, “implementen acciones y políticas públicas que aceleren la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres que laboran y viven en el sector rural de Guerrero, con el objeto de que tengan las mismas oportunidades de inclusión y acceso a los programas de subsidio productivo, equipamiento, asistencia técnica, seguros y financiamientos”.

Estas dos propuestas son cruciales para generar equilibrios e igualdades en el campo, particularmente en las zonas rurales indígenas, donde la mujer es base del hogar y de la economía, pero sin embargo no se le reconoce como beneficiarias de programas, incentivos y apoyos, que generalmente están enfocados a los hombres.

Pero hablemos del rescate y conservación del maíz criollo. Nos hemos olvidado que las semillas de los cultivos de cada región pasan a ser su patrimonio. Sin embargo, bajo el modelo económico actual que priva en el mundo, empresas trasnacionales se han apoderado de ellas, y las patentaron. De modo que si alguno de nosotros quisiera en un futuro cultivar, por ejemplo, maíz morado, tendría que ser con permiso del dueño de la patente, y usando las semillas que él vende, las cuales están modificadas genéticamente.

¿Y por qué las modifican? Para su control comercial. ¿Cómo? Fácil. La semilla está programada para dar cosecha una sola vez. Pero si uno quisiera resembrarlas, ya no se daría la mazorca. Entonces cada año los campesinos tienen que ir a conseguir a las tiendas la semilla “mejorada”, que en realidad es “modificada”.

Este modelo atenta contra el derecho de los pueblos a explotar sus recursos naturales y, obviamente, pone en riesgo su sobrevivencia. Por lo cual, es importante que alguien ayude a los pueblos originarios a patentar sus semillas, no sólo de maíz, sino de todos sus cultivos criollos, que son los que en un futuro serán los que se adapten a los cambios climáticos.

En una tercera vertiente está el aspecto cultural, pues el maíz no sólo constituye el alimento básico de Mesoamérica; además es uno de los pilares de la cultura de nuestro país.

Recordemos que México, como algunos otros países, es centro de origen y diversidad de decenas de especies de plantas alimenticias, entre las que destaca el maíz.

Según expertos, existen unas 60 razas de maíz criollo en el país, cada una con diversas variedades domesticadas y silvestres.

Ahora mal, desde 1998, una moratoria a la siembra a campo abierto bajo cualquier régimen (incluido el experimental) de maíz transgénico, lo cierto es que eso es puro  papel; porque la venta y uso de semillas transgénicas sí está autorizada en el marco de la Asociación de Libre Intercambio de Norteamérica con Estados Unidos y Canadá. Por si no lo sabía usted, amable lector.

Y esto es grave. Los maíces transgénicos contaminan a las semillas criollas, mediante la polinización las van modificando genéticamente también. Y es cuestión de años para perder todo nuestro banco natural de semillas en el país. Sin contar los efectos a la salud y el medio ambiente.

Aplaudimos entonces la iniciativa de nuestra paisana, la diputada Celeste Mora Eguiluz, pues es de suma importancia proteger la gran riqueza genética del maíz que existe en nuestro país, e impedir que siga contaminándose con transgenes. En caso de que no se atienda este problema de manera inmediata, se vislumbran algunos escenarios no deseados.