Categoría: S.O.S Costa Grande

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Qué alivio representa para todos la entrada en vigor de la ley que prohíbe el uso de plásticos desechables, incluidas las bolsas que nos dan en el supermercado, y que son de un solo uso.

Pensamos que no veríamos una ley de esa naturaleza en México, cuando el fenómeno comenzó a ponerse de moda, siendo Querétaro la primera ciudad en prohibir el uso de desechables plásticos en el país, con miras a ser una ciudad limpia.

Lamentablemente, es en las entidades federativas donde se están haciendo estos esfuerzos, cuando desde la Cámara de Diputados todo intento de esta naturaleza se ha quedado en baúl de las cosas sin importancia.

Tan es así, que en la Ciudad de México apenas en mayo pasado aprobaron una iniciativa similar a la que hoy entra en vigor en Guerrero, pero se pondrá en marcha hasta 2020. Luego entonces, los vecinos de la megápolis no tienen todavía qué preocuparse en comprar sus bolsas de mandado, o sus canastas, como antaño.

Esto es tan difícil de lograr, que incluso en la Ciudad de México la prohibición se hará por partes. Primero, a partir de enero de 2010, se prohibirá el uso de bolsas de bolsas de plástico de un solo uso en establecimientos comerciales. Mientras que la prohibición para usar platos, cubiertos y popotes de plástico entrará en vigor hasta 2021.

En Guerrero, por fortuna, la prohibición es integral a partir de este jueves, según anunció ayer la Secretaría del Medio Ambiente, aunque a decir verdad la ley entró en vigor desde el pasado martes.

Y aunque el diputado Marco Antonio Cabada Arias denunció que la ley entra en vigor sin reglamento, debido a lo cual no será posible imponer sanciones de inmediato, algo es algo.

Según el legislador, la Semaren hizo caso omiso a la petición de que elaborara el reglamento en el tiempo de gracia que se dio a los establecimientos comerciales para hacer la migración de material plástico a material biodegradable; razón por lo cual hasta noviembre se tendrá la reglamentación para sancionar e imponer multas a los que violen la nueva disposición. Pero entre tanto, que sirva este mes para que la gente ensaye su adaptación, sobre todo los negocios de comida, que venden todo en desechables.

Con esta ley, Guerrero ha dado un paso muy importante para la conservación del medio ambiente. Porque además de que se usan plásticos al por mayor, lo cierto es que hay una nula gestión para su recolección y disposición final. De hecho, cuando venimos desde otros estados a la entidad, sabemos que ya estamos en territorio guerrerense por los tiraderos al aire libre, las bolsas, las botellas, los pañales y un sinfín de productos plásticos que la gente tira sin tener conciencia de cuán contaminantes son, cuán nocivos para la conservación de la flora y la fauna terrestre y marítima, y cuánto tardan en desintegrarse, que no biodegradarse; es decir, un plástico nunca se biodegrada, solamente se desintegra y queda en el medio ambiente como micropartículas.

La gente no sabe, por ejemplo, que aun cuando el plástico se desintegre, nunca se asimila al medio ambiente. Y entonces hay partículas de plástico en el aire que respiramos. Incluso se han detectado altas concentraciones de plástico en los peces, por el nivel de contaminación por plástico que hay en los océanos, ríos y lagunas. Al consumir nosotros esas especies, automáticamente también metemos plástico al cuerpo, con las consiguientes alteraciones a la salud pública, incluido el cáncer de todo tipo, especialmente respiratorio, de vías biliares, intestinales y de colon.

Por eso sostengo que la ley ambiental aprobada en marzo pasado es revolucionaria, pues viene a modificar todos los hábitos de consumo que tenemos, y a exigirnos una nueva visión por el medio ambiente y por nuestra salud.

Desde la legislatura federal anterior, el senador David Jiménez Rumbo quiso que el país adoptara una política parecida, pero le fue imposible romper las inercias. Simplemente a los legisladores federales poco les importa que las especies mayores del mar se coman los plásticos pensando que es plancton, y que se hayan hallado tortugas con popotes atravesando sus ojos o bocas, dando un espectáculo apocalíptico, por decir lo menos.

Dependerá de nosotros como ciudadanos si esta ley tiene éxito, o se queda en una mera buena intención. Y para ello las multas y sanciones son urgentes y necesarias.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El viernes 27 de septiembre, en el marco de la reunión nacional de turismo, el secretario del ramo a nivel federal, Miguel Torruco Marqués, reiteró la determinación de la Federación para hacer promoción turística de los destinos del país, pero “sin derroches”.

Torruco Marqués se refiere al uso faccioso que antes se hacía de los recursos para promoción turística, problema que fue detectado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pues funcionarios del desaparecido Consejo de Promoción Turística gastaban el dinero que debía usarse en publicidad en asuntos personales, e incluso se detectaron transferencias de recursos a sus cuentas personales.

De hecho, el titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo hace dos semanas que hay elementos suficientes para someter a juicio por desvío de recursos a los responsables de estos desfalcos.

¿A qué nos referimos con esto? A que no importa cuánto más dinero aumente el gobierno federal para promoción turística, si se va a usar en otras cosas, o si se va a desviar en gastos personales.

Hasta ahora, poco se sabía por cierto de ese tal consejo. Se pensaba que la Sectur tenía mecanismos directos de trabajo, y no mediante un organismo que actuaba como empresa privada, contratando por su cuenta servicios a diversos negocios, sobre todo agencias publicitarias.

Ahora mal, ¿cómo es que nadie auditó a ese Consejo? Hoy, los gobiernos estatales piden más dinero para promoción turística, y lo mismo hacen los empresarios, hoteleros y demás prestadores de servicios turísticos del país, pero en realidad nunca ese dinero llegó completo a las entidades federativas. Realmente nunca se tuvo ese dinero disponible y, por lo tanto, resulta ocioso pedir más si se va a aplicar bajo los mismos criterios.

Lo que se debe pedir es que se destine lo suficiente. O que lo que se destine, realmente se aplique; y que además se transparente el uso de tale recursos, porque simplemente se trata de sostener al sector que aporta el mayor número de ingresos al país, después de los migrantes con sus remesas.

Para Guerrero, eso es sumamente importante, porque somos una entidad con vocación turística en su mayor parte. Mejor dicho, eminentemente, porque los demás sectores no aportan lo que aporta el turismo. Por ejemplo, de la minería sólo nos queda enfermedades, explotación de recursos y contaminación.

En el campo y la ganadería, la limitante son las normas sanitarias y la falta de organización de ambos sectores, así como los raquíticos incentivos. Por lo tanto, no nos queda de otra, más que invertirle al turismo, si es que queremos dejar de ser la entidad con mayores rezagos en todos los ámbitos, y la primera en todos los delitos.

Cuando los turisteros le dijeron al titular de la Sectur que no hay inversión directa en materia de promoción turística, como antes, Torruco Marqués les contestó que todo cambio causa inconformidades, pero aseguró que se está trabajando para vender a México en todo el mundo.

“Siempre los cambios están sujetos a críticas, el quitar inercias que a lo largo de los años se fueron llevando, siempre ha sido difícil, pero poco a poco han visto que el turismo no ha caído, sigue su rumbo sobre todo a donde estamos apuntalando en las divisas donde hay crecimiento en más del 14 por ciento”, insistió.

Y sobre la petición del gobernador Héctor Astudillo Flores para que haya mayor inversión a la promoción turística, el funcionario federal respondió que eso no está en sus manos si no en el de los legisladores federales, que son los que aprueban el presupuesto para este sector en el país.

En efecto, los legisladores aprueban, pero el que proyecta le presupuesto federal es el Poder Ejecutivo. Y si de antemano el proyecto viene reducido en materia turística, difícil será que los diputados arreglen el entuerto, sin desequilibrar otros sectores.

Sin duda es doloroso enterarnos que por años el dinero para promoción turística estuvo en manos de vivales en nuestro país. Durante todos estos años nos han visto la cara. Incluso trascendió recientemente que las cuentas que manejó Claudia Ruiz Massieu como titular de Turismo, fueron congeladas porque hay cosas poco claras, por decir lo menos.

Pero habría sido peor que no se tomaran medidas al respecto, y  entonces la disolución del Consejo de Promoción Turística fue algo atinado, porque hay que desmantelar lo que esté podrido. Pero lo que sigue es crear un organismo especializado y no actuar de manera improvisada. Porque se trata de ahorrar dinero, no de hacer chambonadas. Recordemos que lo bueno, bonito y barato, sale caro.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Hoy, 1 de octubre, el Caso Ayotzinapa abre una nueva etapa, con la comparecencia de autoridades estatales, encabezadas por el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien junto con el ex procurador Iñaki Blanco, y el ex secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez, tienen cita para presentar su declaración ante la Fiscalía General de la República.

Entonces, cuando se suponía que el caso avanzaba, pues se trataba solamente de retomar la investigación del gobierno anterior y colocar cada pieza en su lugar, sin pretender hacer un control de daños al gobierno, el caso retrocedió, se comienza “de cero”, según órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, y eso implica llamar a declarar a las autoridades que en ese momento gobernaban el estado, y estaban a cargo de la seguridad.

Aunque el ex gobernador Aguirre dijo alegrarse por este citatorio, la verdad es que para él no será nada fácil explicar la actuación de las policías en las interminables horas del ataque a los normalistas, porque estamos hablando de por lo menos 6 o 7 horas de omisión, cuando los hechos estaban sucediendo a escasa una hora de la capital del estado.

Pero, además, porque Iguala es cabecera de distrito y cuenta con una Ciudad Judicial así como es sede de un C4, un Batallón de Infantería de la Sedena, una comisaría de la Policía Federal, y una comandancia de la Policía Investigadora Ministerial.

Sobre todo Iñaki Blanco y Leonardo Vázquez Pérez tienen muy difícil su defensa. No se trata de decir qué hicieron una vez que tomaron rumbo las investigaciones, pues Iñaki Blanco en eso se escuda, de que fue gracias a su indagatoria inicial que fueron detenidos los primeros involucrados, y fue posible dar con los cabecillas de Guerreros Unidos.

Eso no está a discusión, de hecho. Lo que importa saber es qué hacía Iñaki Blanco, y qué hacía Leonardo Vázquez Pérez, mientras los muchachos estaban siendo masacrados en Iguala –uno de ellos hasta fue desollado- perseguidos, detenidos y entregados a  un grupo delincuencial demasiado virulento.

Y, peor aún, leíamos que Leonardo Vázquez Pérez es un personaje incómodo para el gabinete que encabezó el gobernador Aguirre. Según el columnista Raymundo Rivapalacio, el ex secretario fue cuñado de Arturo Beltrán Leyva, jefe del cartel del mismo nombre, que dominó la escena gran parte del estado de Guerrero, sobre todo el corredor Ciudad de México-Morelos-Acapulco, hasta su asesinato a manos de elementos de la Marina, en diciembre de 2010, en Cuernavaca, donde fue acribillado junto con la mayoría de sus lugartenientes, excepto La Barbie.

Lo que vino después para Guerrero, pero sobre todo para Acapulco, fue lo que ya sabemos; el cártel de los Beltrán Leyva se desintegró en varias facciones, todas en pugna las unas con las otras, y es el caso de Guerreros Unidos que se quedó con la plaza de Iguala, y Los Rojos, que operaban en la Zona Centro y la Montaña Baja, en cuya pugna cayeron como víctimas los estudiantes de Ayotzinapa.

En este contexto también destaca la figura del ex secretario de Seguridad Pública, un hombre joven, sinaloense de origen, pero que no se sabe cómo de cuñado de Beltrán Leyva llegó a ser parte del gabinete de Seguridad, hasta el grado de subsecretario, y quien fue nombrado titular en enero de 2014, unos 9 meses antes del ataque a los normalistas.

El gobernador tenía a dos hombres clave en su gabinete de seguridad y procuración de justicia: Iñaki y Leonardo Vázquez Pérez. Ellos movían los hilos de la prevención y la investigación de delitos. Pero de entre ambos, el hilo delgado es el sinaloense, quien según Rivapalacio se fue a Estados Unidos tras la caída de Aguirre del poder, y posteriormente volvió a México con sigilo, con su residencia en Guadalajara.

Sin embargo, el largo brazo de la justicia ya lo alcanzó, y tendrá que presentarse a declarar, y a justificar la ausencia de apoyo de sus tropas en aquella negra noche de Iguala.

Sigo insistiendo en que otro que debe estar siendo citado a declarar es el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, quien se dice fue el que manejó la agenda del Caso Ayotzinapa, el que controló las reuniones de los padres con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el que hizo caer al ex mandatario en diversos errores que le costaron la credibilidad y popularidad de su gobierno. Entre estos, el no atraer la investigación de inmediato, sino que la PGR tardó más de un mes en reaccionar. Y en impedir –por razones de seguridad-, la visita de Peña Nieto a Iguala, recién ocurrido el problema, así como atender él a los padres en el Palacio Nacional, la primera vez que fueron, en lugar de que lo hubiera hecho el presidente.

Craso error, que llevó a la PGR a crear el cuento de la “Verdad Histórica”, diciendo que todos los muchachos fueron quemados en el basurero de Cocula, para que hoy el ex procurador Jesús Murillo Karam diga que “al menos dos” de los estudiantes sí fueron calcinados ahí. O sea, sólo dos de 43, y con eso determinaron que la misma suerte corrieron los demás.

¿Así de negligentes o más?

Hoy hay varias líneas de búsqueda, pues a estas alturas ya se sabe que los muchachos fueron asesinados. Y aunque hubo varias líneas de investigación, no las agotaron. Ahora se les busca en Carrizalillo, Mezcala, Tepecoacuilco o Huitzuco, incluso la Sierra.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

La tormenta tropical Narda puso en jaque este fin de semana a autoridades y población civil del estado de Guerrero. El meteoro solamente pasó de largo rumbo al norte, y tocó tierra en Michoacán, en la frontera con Jalisco, donde se degradó a tormenta tropical.

Sin embargo, a pesar de todos los avisos preventivos, anoche se reportaba la desaparición de 5 personas en la localidad de Agua Caliente, en los bienes comunales de Cacahutepec, al volcar la lancha en la que viajaban.

A las 5:00 de la tarde, el Consejo Estatal de Protección Civil había reportado “saldo blanco”, con daños menores en la infraestructura carretera, puentes y caminos. Ya más tarde, el director de Protección Civil estatal reconoció que se tienen 5 desparecidos, entre ellos una menor de edad, y que ya iniciaron su búsqueda.

Ya hacia las 9 de la noche, notificaron que las personas que viajaban en la lancha, en total 7, fueron rescatadas por los mismos lugareños, por fortuna.

Tras degradarse, se espera que Narda siga provocando lluvias. Por lo tanto, se declaró suspensión de clases para este lunes.

Para Guerrero, estas son las lluvias que la gente esperaba desde principios y mediados de septiembre, para rescatar sus siembras. Hasta hace poco, los ríos y presas estaban con un caudal muy pobre, y parecía que las reservas de agua estaban comprometidas.

Pero con las lluvias torrenciales de Narda, que comenzaron desde el sábado y que hasta hoy domingo, siendo las 9 de la noche, continuaba lloviendo aunque ya en forma menos tupida.

Los daños que se reportan son menores, como deslaves que provocaron la obstrucción de carreteras, entre ellas la carretera interestatal Acapulco-Pinotepa, cerca de Cuajinicuilapa, que dejó incomunicado a ese municipio de la Costa Chica.

Además, esa región estuvo incomunicada más de 24 horas, justo durante el tránsito del meteroro, pues las redes de telefonía, tanto la convencional como la celular, se cayeron y fue hasta este domingo en la noche que se reactivaron parcialmente.

Los apagones también fueron constantes, por la caída de árboles sobre las líneas del fluido eléctrico.

En la Costa Grande los problemas

Lo importante es que Protección Civil Estatal reporta “saldo blanco” por Narda, dado que no hay víctimas que lamentar, a diferencia de lo que sucedió en Oaxaca, donde en el municipio de Juchitán hubo desalojos de personas por inundaciones, y un muerto.

El secretario de Protección Civil, Marco Cesar Mayares Salvador, informó que tras casi 24 horas de lluvia continua en el estado por el paso de “Narda”, el conteo de daños, hasta el reporte de las 5 de la tarde, era 17 viviendas inundadas -15 de ellas en el municipio de Igualapa, región de la Costa Chica-, 91 árboles y espectaculares caídos.

Se registraron también bloqueos parciales en la Autopista del Sol, la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo y Chilpancingo-Tixtla, debido a deslaves y caída de un espectacular.

Lo fuerte es que Narda dejó ríos y lagunas la tope. El Consejo Estatal de Protección Civil, realiza un monitoreo permanente a la creciente de ríos, principalmente en los ubicados en las dos costas de Guerrero.

Aunque tras la experiencia que nos dejaron la tormenta Manuel, que se juntó con el huracán Ingrid, también en el mes de septiembre de 2013, las tormentas y huracanes generan temor e incertidumbre, ni duda cabe que las lluvias son providenciales.

Tras la prolongada sequía sufrida en muchas partes de la entidad, y el comportamiento errático del temporal en las costas, sobre todo, no podemos menos que agradecer el paso de Narda, que vino a refrescarnos y, sobre todo, a recargar los mantos freáticos de agua dulce, tan necesaria hoy en día.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Tres cosas marcaron el quinto aniversario del Caso Ayotzinapa. No, no fueron las marchas, ni las manifestaciones, ni los gritos de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, ni la comparecencia de los padres en la tribuna de la Cámara de Diputados. Nada de esto es novedoso, realmente.

Lo verdaderamente impactante han sido dos cosas: primero, que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se puso la camiseta del caso, literalmente, y reiteró la oferta de dos recompensas para esclarecer el caso: Una, de 1.5 millones de pesos para quienes aporten datos fidedignos de la ubicación de los 43 normalistas que fueron desaparecidos en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014. Y otra de 10 millones de pesos, para dar con el paradero de un sujeto identificado como Alejandro Tenescalo, de quien poco se sabe, salvo que habría sido el cerebro de la cacería de muchachos y su posterior desaparición. Al parecer, Tenescalo es el eslabón perdido del Caso Ayotzinapa, y su localización es crucial para desentrañar la verdad de aquella fatídica noche, que no sólo se llevó a 43 jóvenes normalistas, sino que acabó con un gobierno estatal, con el PRD, y con el gobierno de la República, encabezado por Enrique Peña  Nieto.

Nadie puede dudar de que a partir de la desaparición de estudiantes, nada fue igual para Peña Nieto. Jamás se pudo recuperar el presidente de toda la serie de pifias en que lo metieron sus muchachos, los Golden Boy que lo acompañaron en su gobierno. Pero específicamente el entonces titular de Gobernación, Miguel Osorio Chong, quien fue el que manejó la agenda del caso, incluyendo las reuniones del presidente con los padres de los normalistas desaparecidos.

Estamos ante el reinicio de las investigaciones, y definitivamente esperamos sorpresas. Por ejemplo, el titular de la Comisión Especial del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos en el país, informó ayer en presencia del mandatario federal, que el grupo científico que coordina ha hecho el análisis de 80 millones registros de llamadas de los teléfonos de los muchachos, “son 206 mil llamadas de interés que permitió una red de (…) Minuto a minuto de esta operación. No puedo dar el detalle, pero sí puedo decir que en ningún momento hubo contacto de algún estudiante con algún grupo delictivo ni con ninguno de sus integrantes”, dijo.

Esto en referencia a que le preguntaron si la indagatoria demuestra que los normalistas hayan tenido contacto con algún grupo delincuencial, que demuestre que estuvieron en Iguala no de manera fortuita, sino enviados por alguien más. Recordemos que oficialmente ellos fueron a esa ciudad por los camiones, porque en Chilpancingo la Policía Estatal les evitó la toma de las unidades. Pero los delincuentes detenidos han declarado que los confundieron con gente de Los Rojos, que habría acudido a Iguala a reventarles la plaza a los de Guerreros Unidos.

Encinas descarta esa posibilidad, aunque recordemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló en su recomendación del caso, que desde antes del ataque contra los jóvenes, la Normal Rural de Ayotzinapa estaba infiltrada por dos grupos de narcomenudistas, que operaban con autorización del Comité de Base Estudiantil, cuyo secretario general era David Flores Maldonado, La Parka.

Por lo tanto –y sin que esto implique incriminar a los jóvenes desaparecidos-, conviene preguntarse por qué nunca fue intervenida esa institución, cuyo director tuvo que reconocer que ahí opera un autogobierno, y que hay un comité que maneja a los estudiantes. De hecho, fueron los líderes de este comité los que comisionaron a los jóvenes para ir por camiones, aprovechando a los de recién ingreso. Por eso la mayoría de ellos son de primer año, porque recién iniciaba el ciclo escolar.

La segunda sorpresa de este quinto aniversario, es la versión del ex coordinador de la CRAC-PC, Eliseo Villar Castillo, quien viene afirmando en una serie de entrevistas vía telefónica desde la cárcel de Chilpancingo, que los muchachos fueron enterrados en un lugar inaccesible. Y que lo sabe porque tres reos que participaron en la masacre se lo dijeron. De hecho, esto ya se lo informaron los cuatro a Alejandro Encinas, en tres reuniones a los que los han convocado, en el penal de Cuernavaca. Indicó que existe, incluso, un mapa satelital de la zona donde estarían los muchachos.

Y hasta aquí todo parecería una especulación, o un mero momento de oportunidad para Eliseo Villar Castillo, para obtener su libertad. Sin embargo, Alejandro Encinas reconoció que, en efecto, se tiene otra línea de investigación y que no han acudido al lugar porque es una zona muy peligrosa, y están ideando una estrategia de seguridad para ir a explorarla. Esa zona está en la Sierra del estado.

Con estas novedades, así como el anuncio de la comparecencia de las autoridades estatales y federales, vemos que el caso avanza. Y es cuestión de tiempo para que el rompecabezas comience a tomar forma.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Hay un hartazgo persistente en el país por la inseguridad. En la mayoría de las entidades federativas, encabezando la Ciudad de México y el Estado de México, la percepción de inseguridad entre los ciudadanos es demasiado alta.

Y si en algunos lugares, Guerrero entre ellos, podemos presumir que el índice de violencia ha disminuido, eso no significa que el problema está resuelto, y que falta mucho para que los mexicanos nos podamos sentir seguros incluso en nuestra propia casa.

Salir de copras, de antro, de vacaciones, ir al banco, e incluso ir a la escuela por los hijos, se ha convertido en ocasión de estrés por la percepción de violencia.

Mientras hay todavía autoridades que mostrando cada día más alejamiento e insensibilidad social, que se atreven a minimizar el problema de la inseguridad y violencia que tienen asolada a la población, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2019 (ENVIPE) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), viene a confirmar que la escalada delincuencial sigue siendo el problema número uno del país, y de muchos estados.

¿Qué es lo que mide esta encuesta? Tiene algunos indicadores, que en suma resultan útiles para medir qué tanto ha cambiado la sensación o percepción de inseguridad entre la gente, lo cual es importante porque es lo que realmente impacta desde el punto de vista político y social.

Esa es la realidad cotidiana y cada vez se tiene mayor cercanía con víctimas de delitos (algo que antes era esporádico), de todos aquellos afortunados que no viven aún la traumática experiencia de ser agredidos o afectados en su patrimonio; o, lo más grave, tener desaparecido o haber perdido a un ser querido a manos de la delincuencia.

Si somos honestos, esto anula toda credibilidad a cualquier balance gubernamental que diga que están cumpliendo como deberían para garantizar la seguridad a los ciudadanos.

El gobierno federal sabe que esto apenas comienza. Que la Guardia Nacional es un proyecto todavía inacabado, y que si bien se tienen altas expectativas por este modelo, no significa que será algo fácil, sobre todo si desde los estados y municipios no se hace lo propio; o, lo que es peor, si se hace todo lo contrario, como sucedió en Tamaulipas, donde la Fiscalía General de la República ya investiga un grave caso de la ejecución extrajudicial de 8 personas, en lo que fue una bien planeada puesta en escena para hacerlos parecer como delincuentes.

Guanajuato, Veracruz y Jalisco, están que arden. Y la Ciudad de México y el Estado de México, que antes tenían cifras moderadas, son ahora pasto de grupos antagónicos que se pelean los territorios a sangre y fuego, pero donde también se da el mayor número de feminicidios y desapariciones.

Jalisco es caso aparte. Como estado sede del CJNG, los altos niveles de percepción de inseguridad de 78.9 por ciento que revela la ENVIPE son totalmente comprensibles. Ahí se dan continuos desafíos de las mafias a las autoridades, que van desde ataques orquestados a funcionarios de la Fiscalía, amenazas cumplidas a jefes policiales, la aparición constante de casas del terror en las que se secuestra, se tortura, se mata y se mutila.

Lo más reciente son las fosas clandestinas en Zapopan y Tala, donde se han encontrado en las últimas semanas casi 200 bolsas con restos humanos. Sin dejar de mencionar la aparición diaria de cadáveres por calles de todos los municipios del Área Metropolitana y las ejecuciones a plena luz del día y en los sitios más transitados, luego de los cuales, en rara ocasión hay detenidos.

Producto de toda la ineficiencia policial y de procuración de justicia, atrofiadas por los altos niveles de corrupción que provocan una impunidad casi absoluta, es, según la ENVIPE 2019, que 24.7 millones de mexicanos y uno de cada tres hogares haya sido víctima de algún delito, y que el costo de ello ascienda a 286 mil millones de pesos, que equivale al 1.5 por ciento del PIB y 6 mil 468 pesos per cápita.

El hartazgo por la impunidad se expresa en que 93.2 por ciento de los delitos no se denuncia y que prácticamente todos los actores públicos que tienen que ver en el tema de la seguridad estén reprobados en confianza ciudadana, a excepción de soldados y marinos. Los más corruptos son considerados los agentes de tránsito (76.6), jueces (68.4), policía municipal (67.9), ministerios públicos (62.3), Fiscalías (60.6) y la Policía Federal (55.2).

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

En pleno fragor por el quinto aniversario del caso Ayotzinapa, se pierde la noticia de la reciente encuesta de Reporte Índigo, publicada este martes, que confirma que es el senador Félix Salgado Macedonio, del Morena, encabeza las preferencias electorales con 40.7 por ciento, de cara al proceso de 2021.

Le sigue Manuel Añorve Baños, con 35 por ciento; y Mario Moreno Arcos, con 33.8 por ciento, ambos militantes del PRI.

Dentro de Morena, también figuran entre los aspirantes al gobierno estatal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, delegado de programas sociales del gobierno federal; y Adela Román Ocampo, presidenta municipal de Acapulco, con apenas 7.5 por ciento de potenciales sufragios.

En pocas palabras, Félix no tiene en este momento competidor visible dentro de su partido, pues tanto Pablo Amílcar como Adela Román están demasiado lejos del senador. Bueno, ni siquiera se podrían igualar con el principal aspirante del PRD, Carlos Reyes Torres, quien reporta hasta ahora 12 por ciento de la preferencia electoral.

En Morena figuran también el ex alcalde acapulqueño Alberto López Rosas, con 6.9 por ciento. Y Gilberto Herrera Ruiz, con 6.3 por ciento.

En el PRI es donde se observa mayor competencia entre los actores políticos. Bueno, concretamente con dos de ellos: El senador Manuel Añorve tiene 35.8 por ciento de la preferencia electoral; seguido de Mario Moreno Arcos, titular de Desarrollo Social, con 33.8 puntos. Además, Alicia Zamora Villaba con 5.3 por ciento; y Héctor Apreza Patrón con 3.3 por ciento. Estos dos últimos son marginales y si acaso podrían aspirar a declinar por alguno de los primeros.

En el PRD está a la cabeza, como ya dijimos, Carlos Reyes Torres con 14.8 por ciento. Seguido de Bernardo Ortega Jiménez con 9.3 por ciento. Y no hay más.

El MC y el PAN no presentan candidato ganador, con lo cual se deduce que la pelea será entre priístas y morenistas, teniendo al PRD o bien en alianza, o bien en el cabuz de tren electoral; algo lamentable para un partido que detentó dos veces la gubernatura del estado, y que fue también mayoría en el Poder Legislativo, así como la primera fuerza en ayuntamientos.

Es debido a estos números que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero ha propuesto que el PRD vaya en alianza con el PRI, para sacar adelante una candidatura conjunta en la que, obviamente, el tricolor sería el beneficiario directo, concretamente el senador Manuel Añorve Baños, si tomamos en cuenta que es el mejor posicionado.

¿Qué definirá la candidatura en el PRI? Si es por encuesta, la diferencia entre Añorve y Mario es muy cerrada, de apenas 2 puntos porcentuales. A esto, los expertos llaman “empate técnico”. Entonces, el tricolor estaría empantanado entre dos figuras que tienen prácticamente el mismo nivel de aceptación, con lo cual corre el riesgo de generar una grave disidencia si no elige al correcto, como sucedió en 2010, cuando Aguirre se les salió del carril cuando fue nominado Añorve.

En esta ocasión podría suceder lo mismo, sobre todo porque los Moreno Arcos son gente más cercana a Aguirre que a cualquier otro liderazgo del PRI. Tan es así, que Ricardo Moreno Arcos fue diputado local por el PRD, y a Mario lo marginaron en la selección de candidatos para le elección de 2015, precisamente porque se le estigmatizó como uno de los hombres de Aguirre.

Pero hoy que todo cayó del lado de los disidentes, y que muchos ya volvieron al PRI, como los Salgado Leyva, y Sofío Ramírez Hernández, por citar a los más visibles, todos esos viejos agravios están caducados y se tendrán que buscar nuevas fortalezas y debilidades para tomar una decisión.

En Morena, sin embargo, parece que las cosas están demasiado claras. Y aunque falta mucho tiempo para la elección, no vemos por dónde se puedan levantar Pablo Amílcar o Adela Román. Tampoco vemos cómo en un escenario tan definido pueda meterse el ex emecista Luis Walton Aburto. Una jugada así, simplemente no se justificaría.

Pablo y Adela pudieran cobijarse en la fortaleza de Morena, porque es el partido que mayor preferencia tiene en Guerrero, también con 63 puntos porcentuales, seguido del PRI, con 16 puntos El PRD, con 7 por ciento. El PAN con 4.4 por ciento. El MC, con 3.3 y un 6.2 por ciento que aún no decide.

Sin observamos, aún si todos los partidos opositores a Morena fueran en alianza, sumarían apenas poco más de la mitad de la preferencia que tiene Morena. De ahí que los perredistas digan que  no vale la pena el sacrificio de ir aliado con el PRI, y piensan competir con candidato propio, para ir labrando su recuperación. ¿Será?

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Por primera vez desde que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa fueron desaparecidos, la máxima tribuna social en el país estará abierta para los padres de familia que tienen 5 años buscando a sus hijos, y que esperan hallar pronto, vivos o muertos.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó ayer -tal y como lo anunció el líder de la bancada de Morena, Mario Delgado-, abrir por primera vez la tribuna nacional a los padres de los normalistas, y eso sucederá pasado mañana jueves, día en que se cumplen 5 años de la desaparición de los muchachos.

En el marco de la glosa del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los padres tendrá su tiempo para exponer ante los diputados la situación del caso, y hacer un pronunciamiento por aquellos hechos que enlutaron al país entero, que conmovieron a la comunidad internacional, y que expusieron a un gobierno y a una sociedad podridos desde sus entrañas.

Justo cuando están programadas las comparecencias de varios secretarios, entre ellos el de Hacienda, Arturo Herrera, los diputados abrieron un espacio para uno de los padres.

Entonces, ojalá que no sea el vocero el que tome la palabra, porque él es un cetegista que se le pegó al movimiento, aunque ninguno de los desaparecidos sea su hijo.

Ojalá que tampoco tome la voz el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, empleado del Tlachinollan, organización defensora de los derechos humanos que dirige Abel Barrera, pues ha estado trascendiendo en estos últimos días que esa agrupación ya conoce el paradero de los estudiantes, al menos de oídas, y no exigido que se revise el sitio, además de que también le ha sado raja económica al caso, pues este tipo de organizaciones no gubernamentales suele recibir financiamiento internacional, y por lo tanto tienen que demostrar trabajo para seguir recibiendo dólares y euros de gobiernos y grupos homólogos de otros países.

Digo, no es que la labor de Tlachinollan en este asunto no sea valiosa, pero tampoco podemos soslayar que no es algo desinteresado, sino más bien parte de un quehacer que ya tomaron como un “modus vivendi”. Y, como tal, actúan para mantenerse vigentes.

Retomo, por ejemplo, lo dicho por el ex procurador general de justicia del estado, Iñaki Blanco, quien señaló que gracias a Tlachinollan –que se empeñó en denunciar que los detenidos por el caso fueron torturados, en lo que fue un abierto juego de juez y parte-, fue que los principales cabecillas del grupo delincuencial que atacó, detuvo y desapareció a los muchachos hoy están libres.

Incluso, Iñaki Blanco pidió investigar a Tlachinollan, que se revise qué juego están jugando; si de defensa de los agraviados, o de los victimarios.

Y si no se investiga al grupo de Abel Barrera, al menos que explique por qué, en efecto, se determinó a hacer ese doble juego.

Decíamos que algo se cocina en el ambiente. Se sabe que el comisionado especial para el Caso Ayotzinapa ha estado sosteniendo reuniones con todo tipo de personas; incluso con presos en penales locales, para ir tejiendo la trama de aquella fatídica noche y sus consecuencias, así como ir armando el rompecabezas con tiempos, lugares y personas.

Debe ser un trabajo descomunal, por cierto, algo que al gobierno anterior le tomó años construir, está siendo a hora deconstruido para volver a empezar.

Pero también se dice que la gente tiene miedo de hablar, sobre todo porque las reuniones con Encinas no son en privado, sino que siempre está presente el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, a quien no le tienen plena confianza.

Tal vez entonces Encinas deba considerar cerrar sus reuniones, sobre todo las que son confidenciales, atendiendo el llamado que hizo el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para que todo aquel que tiene información que aportar, lo haga; con plenas garantías del gobierno federal.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Los diputados federales de Morena ensayaron ayer una especie de informe colectivo, al organizar un evento general en Chilpancingo, para dar a conocer lo que como representantes sociales han hecho desde la tribuna de San Lázaro.

Fue un evento sui géneris. Es la primera vez que los legisladores guerrerenses se unen para presentar un informe global. Esto no se hacía en la era del PRI o del PRD. Vamos ni siquiera los diputados panistas, emecistas o verde ecologistas tuvieron a bien hacer este tipo de informes, pese a que esa es una de las principales ofertas de campaña.

Generalmente, cada cual acudía a su distrito para informar, si es que bien nos iba. La mayoría de las veces se escabullían, y hubo algunos que, aprovechando su alta jerarquía, simplemente ni se acordaban que acá abajo había gente esperando ser informada, escuchada y atendida.

Los diputados federales, por ejemplo, tienen una partida para abrir casas de gestoría en sus distritos. Y aunque ya no existe eso de las “gestiones”, porque se acabaron “los moches”, su obligación sigue siendo la de mantener un vínculo con sus regiones, y sobre todo informar acá abajo, de lo que está sucediendo allá arriba.

Todo lo contrario, han sido pocos los legisladores que atienden a sus representados. El glamour de la Ciudad de México les arrebata el podo decoro que tienen, se olvidan de que son representantes sociales, y ya no quieren sabe nada de lo que sucede en el rancho.

Aún ahora, entre los morenistas hay diferencias. No todos están cumpliendo con la orden expresa del presidente de la República, para que nadie se desentienda de su quehacer, sino que se mantengan en contacto con la población, lo cual es una de las metas de Morena y que favoreció tanto a los candidatos de este partido en la elección pasada. De hecho, era una obligación de todos los aspirantes recorrer barrios, colonias y comunidades, gastarse las chanclas y acudir hasta los lugares más alejados, para dar a conocer el proyecto lópezobradorista y el de la Cuarta Transformación. ¿Recuerdan?

Pues bien, esa misma estrategia continúa, ahora a cargo de los funcionarios y representantes sociales. Incluso la Guardia Nacional tiene que estar haciendo labores de “proximidad social”, porque la intención es crear un gobierno de y para la gente, a fin de que los mexicanos nos quitemos de encima el síndrome de peones de hacienda, o de esclavos de los “tlatoanis”, y comencemos a desmitificar a las figuras de poder para que, sin faltarles al respeto, entendamos que son “servidores públicos”; es decir, los que sirven, no los que están ahí para ser servidos.

Bien haríamos con ir trascendiendo esa costumbre política. Por eso decíamos que el evento de los morenistas fue interesante. Mientras ellos hablaban, por ejemplo, una organización civil subió al estrado para extender una manta con un reclamo por la aparición con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Además, hubo rechiflas contra líderes del partido, lo cual le quitó solemnidad al evento.

Y obviamente, los diputados no se escamaron ni nada por el estilo. Tampoco mandaron a sacar a los manifestaron, ni a callar a los que abucheaban, por ejemplo, al presidente municipal de Chilpancingo, el prerredista Antonio Gaspar, quien sólo acudió como invitado de honor para darles la bienvenida.

Y ya encarrerado, el titular de Finanzas del gobierno del estado, Tulio Pérez Calvo, quien asistió como representante del gobernador, aprovechó el momento para pedirles a los diputados morenistas que trabajen por mejorar el presupuesto para Guerrero, sobre todo en los rubros de Turismo y Campo, que son los que más recortes van a sufrir.

Y, en efecto, la modificación al Presupuesto de Egresos de la Federación dependerá de los diputados federales, quienes pueden optar por no molestar al presidente y aprobarle el presupuesto tal cual, o bien hacer las modificaciones que crean pertinentes, atendiendo las necesidades de los estados.

Víctor Mojica Wences, Aracely Ocampo Manzanares, Manuel Huerta Martínez, Idalia Reyes Miguel, Avelina López Rodríguez, Javier Manzano Salas, Carlos Sánchez Barrios, Rubén Cayetano García y Rosario Merlín García, tienen la última palabra.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Proponen meter a prisión a familiares que abandonen a adultos mayores. Es una propuesta de los diputados, que ojalá se concrete cuanto antes.

La verdad, lo leo y no me la creo. Hace mucho tiempo que los legisladores debieron hacer esto, porque desde hace años a la fecha es una práctica común que los ancianos sean abandonados incluso por sus hijos, o utilizados para pedir limosna, o para trabajar incluso enfermos.

Si se enferman, no los curan, no los procuran, les niegan alimentos, los despojan de sus propiedades y los confinan a rincones malolientes, o hasta viven entre los animales. Permiten que los nietos les falten al respeto, que los golpeen, incluso que los maten.

Los usan de nanas, les dejan a criar a los hijos, sin pagarles un solo peso.

Para quienes vivimos de las redes de información, estas historias son harto frecuentes. Pero desafortunadamente no hay nada que obligue a los hijos a velar por sus padres y abuelos ancianos, salvo las normas que rigen a los DIF, que a su vez hacen las veces de tutores de los menores y las familias.

Pero no hay nada concreto para los ancianos, que habiendo dado su vida productiva para criar a las nuevas generaciones, terminan enfermos, abandonados, repudiados por hijos y nietos.

Hay casos tan brutales, que los amarran para que no se salgan. Otros se pierden cuando la mente les falla por el Alzheimer, y un sinfín de penurias que padecen los ancianitos de México.

Por mucho tiempo, la unidad familiar sostuvo a este país. Nos enorgullecíamos de que los Tatas eran los jefes de las familias. Y una vez que envejecían, los cuidábamos con esmero. Los familiares se turnaban para cuidarlos, hasta darles el buen fin, como decían ellos. Hasta que colgaban los guantes o entregaban los zapatos, en palabras de los buenos boxeadores.

Mientras que en Estados Unidos y Europa se construían asilos de ancianos para confinar a los adultos mayores ya incapacitados para trabajar, segregándolos de la vida familiar de una manera cruel, los mexicanos nos jactábamos de cuidarlos, siendo ellos parte importante de la familia.

Eso nos hacía fuertes como país. Pero poco a poco esos valores se han ido perdiendo, al grado de que hoy se necesita una ley para frenar los abusos de los hijos ingratos contra sus padres y abuelos.

Así debemos llamarle a esa ley que los diputados locales están proponiendo, para evitar el abandono y maltrato de los adultos mayores, la “ley de los hijos ingratos”, y que el cuidado de los viejos deje de ser parte de la buena voluntad de alguien y pase a ser una obligación legal.

Y es que si los padres dejan de mantener a los hijos, ¿qué no harán con sus padres?

Así como se crearon leyes para proteger a los hijos y procurarles manutención, cuidados, salud y educación, así también debemos proteger legalmente a los abuelos.

Al contrario, todo lo que parece importar de los viejos son las herencias. Hasta las cazuelas viejas se andan peleando a la hora de que mueren. Y si los cuidan, es por interés. Conocemos casos en donde un hermano se queda al cuidado de su padre o madre, pero no por amor, sino para aprovecharse de ellos para que les firmen los papeles de los terrenos propiedades, y para ellos impide a los demás hermanos y parientes que se acerquen.

Estos chacales deben ser encarcelados y que les sea quitado lo mal habido.

La sanción que proponen los diputados es sancionar con 3 meses y hasta 3 años de prisión a quien abandone a una persona mayor de 65 años en situación de enfermedad o incapacidad física, que le impida valerse por sí misma.

La propuesta es de Morena, concretamente del diputado Marco Antonio Cabada Arias, quien propuso una iniciativa de reformas al Código Penal del Estado de Guerrero.

En la exposición de motivos que hizo el diputado, se exponen cifras escalofriantes: “De acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, tres de cada cinco de ellas sufren violencia dentro de la familia y el 82 por ciento vive en pobreza; es decir, que 8 de cada 10 no tiene los medios económicos para cubrir sus necesidades básicas.

Y aunque existe una Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado, “ésta sólo se enfocó en crear el Instituto Guerrerense para la Atención de Personas Adultas Mayores (IGAPAM) y a instituir el programa asistencial Pensión Guerrero, pero no a garantizar la protección de este sector vulnerable”.

La verdad es que esa ley debe también extenderse a clínicas y hospitales, donde los ancianos son también atendidos de mal modo. Pero definitivamente lo más doloroso es lo que ocurre al seno familiar, y como son asuntos que se consideran privados, nadie interviene.

Lo mejor es que la propuesta de ley incluye que todo hijo o nieto o nuera maltratadores de algún anciano, sean excluidos de la herencia del ofendido, por ingratos. En lo personal, apoyo al mil esta iniciativa, y hago votos porque no quede en el papel y se concrete cuanto antes.