Categoría: S.O.S Costa Grande

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El gobierno del estado de Guerrero comienza a ponerse a tono con la 4 Transformación, y este jueves el Congreso local aprobó la nueva Ley de Catastro, que fue enviada por el gobernador Héctor Astudillo como un asunto de urgente resolución, para tapar los agujeros que permitían a los propietarios de terrenos casas y edificios salirse por la tangente, pues incluso interponían amparos para que el gobierno les devolviera el importe del impuesto catastral.

Esta ley fortalecerá de lleno a los municipios, pues ese impuesto lo cobran los ayuntamientos.

El dictamen fue aprobado por unanimidad y sin discusión. Los diputados consideraron esto como un “logro histórico”, porque la autoridad municipal queda blindada ante los actos evasores de los propietarios.

Con la nueva Ley de Catastro para los municipios, quedó abrogada la vieja legislación, y eso significa que los ayuntamientos deberán prepararse de aquí al mes de enero, para afinar el área de Catastro, a fin de que le saquen provecho a esta nueva plataforma legal.

Sobre todo, porque ya no hay alternativas para que empresas y contribuyentes particulares se amparen, para evitar el pago de este impuesto.

¿Por qué lo hacían? Pues resulta que la vieja ley fue emitida hace 35 años, que fue cuando se les transfirió a los ayuntamientos el pago de este impuesto. Pero dado que no fue ratificada, entonces realmente no tenía validez, o era ambigua, tenía lagunas que les permitían sobre todo a los grandes propietarios ampararse, asesorados por sus abogados.

Obviamente eso afectaba sobre todo a los municipios grandes, como Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala y Taxco, que aunque cobraban el impuesto, sufrían grandes quebrantos porque los tribunales los obligaban a devolver el recurso, así como a gastar dinero en costosos litigios.

Nos preguntamos qué pasó a lo largo de los últimos 35 años, para que tanto diputados como gobernadores permitieran esas lagunas legales, que debilitaron tanto a los municipios.

Afortunadamente esto también le quita una mina de oro a los abogados tracaleros, que se alquilan al mejor postor, ayudando a sus clientes de diversas maneras para evadir impuestos y pagos de derechos, como el del agua potable, algo que por angas o mangas los ricos no pagan, sólo los pobres.

Ahí está el caso del panista queretano Diego Fernández de Ceballos, que debía casi mil millones de pesos por concepto de adeudo del impuesto predial. Cuando fue exhibido, entonces aceptó su abuso y negoció la condonación de recargos, y sólo pagó 12 millones, lo cual implica un “perdonazo” de 927 millones. Dijo el Jefe Diego que todo fue legal, pero lo cierto es que necesitaríamos ser muy ingenuos (pentontos), para pensar que este hombre que es uno de los más acaudalados del país, aceptó someterse al derecho. Siendo él abogado y político –ex candidato presidencial del PAN en 1994-, solamente usó sus influencias al interior de ese partido, para que el alcalde de Colón, Querétaro, se doblegara (ya había una amenaza de los líderes del PAN para investigarlo por saltarse las trancas). Entonces Diego pagó sólo 1.5 por ciento de su adeudo que tenía por no pagar durante 25 años el impuesto predial de su rancho El Estanco, de 220 hectáreas.

Recordemos que el Jefe Diego es un hombre que como abogado se enriqueció litigando contra el propio gobierno, como hoy los hay muchos en esta entidad, que trabajan para fregarse a los ayuntamientos, asesorando a los trabajadores para que demanden por despidos injustificados. Y gracias a eso tenemos municipios quebrados y atrasados, porque los laudos laborales los están ahorcando, mientras que los abogados laboristas ostentan fortunas.

Creo que siguiendo el ejemplo del predial, los diputados deben hacer una ley que impida que aquellos que llegan a laborar en una administración, como parte de un equipo político, puedan demandar por despido injustificado a los siguientes gobiernos, ya que esto se ha convertido en una especie de vendetta política entre adversarios políticos, para hacerse la vida imposible mutuamente.

Lo que no saben es que matando a la gallina de los huevos de oro, no habrá huevos para nadie…sólo para los abogados, que por cierto muchos ya andan de políticos y conquistando alcaldías y diputaciones, precisamente con ese dinero que le arrancan a la malagueña a los municipios.

Y también vemos a los presidentes tronándose los dedos, porque muchos de ellos ya gobernaron y mandaron a su gente a demandar. Pero hoy que volvieron a las alcaldías, pues resulta que les está tocando pagar millonarios laudos de su misma gente. Nunca esperaron que el karma los alcanzaría.

Bien por la nueva ley de Catastro. Que cada quien haga sus ahorros. 2020 ya está a la vuelta de la esquina.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Estamos entrando al mes de noviembre, y con ello se reanuda la esperanza de la reactivación económica para la zona costera de Guerrero, así como para los puertos turísticos en general del país, ya que la temporada decembrina es elegida por extranjeros que huyen de la nieve y las heladas de sus zonas de origen.

La fiesta del día de muertos que desde ayer comenzó a prepararse en la mayoría de los estados y municipios del país, será ocasión también para que el comercio local reactive sus ventas, aliviando así una prolongada sequía económica, llamada por los expertos como “recesión”, que conforme pasa el tiempo se agudiza, al grado de que el gobierno federal ya está tomando previsiones por ello.

Los sectores tienen meses reportando un entorno desfavorable: El desplome de la construcción –que acumula 14 meses de caída- , de la producción industrial y extractiva –de los últimos 65 meses, la minería sólo reportó uno con resultados positivos, el resto se tiño de rojo- y de las exportaciones, entre otros, que reflejan el estado de la actividad productiva del país.

Los partidos le echan la culpa al gobierno federal, por la política de austeridad o el retraso en el gasto del presupuesto, con los subejercicios consecuentes, lo cual ha contribuido al estancamiento económico, dicen.

No sabemos a ciencia cierta, porque la verdad es que los problemas económicos nacionales no son tan simples como es ve. Se tienen muchas aristas y las autoridades actúan no hacia dentro, sino hacia afuera, porque tenemos una economía globalizada.

Recesión no es una crisis económica propiamente, es sólo que el dinero se mueve más lento, merced a la desconfianza de los barones del dinero en México y el mundo, quienes guardan sus activos por temor a los cambios geopolíticos mundiales.

Ni siquiera tenemos idea de cómo nos afecta, por ejemplo, el conflicto comercial de Estados Unidos con China, y para los mexicanos de a pie tampoco queda claro cómo es que la economía de nuestro país depende de lo que hagan otras naciones. Pero así es. Los países llamados del tercer mundo no se mueven solos. Su toma de decisiones depende de qué tanto eso vaya a afectarles sus relaciones con sus socios comerciales. Y como ejemplo tenemos a México combatiendo frontalmente al narcotráfico, algo que no debería hacer porque se dice que 90 por ciento de la economía nacional está fincada en el Narco; o al menos no hacerlo al nivel actual, usando fuerzas militares. Pero eso es un mandato internacional, concretamente de los Estados Unidos, país que se ha adjudicado el derecho de certificar a otros en el caso del narcotráfico.

También estamos ahora combatiendo la migración ilegal, que antes no nos importaba mucho, porque la mayor parte del flujo migratorio toma al país de paso, pues su destino final es la Unión Americana. Sin embargo, ante las amenazas de Donald Trump para imponer sanciones comerciales a nuestro país, el presidente AMLO tuvo que hacer de tripas corazón y abandonar su política de buen vecino, para ayudarle a Estados Unidos a contener el flujo migratorio allende nuestra frontera sur. Y así sucesivamente.

¿Qué está haciendo el gobierno, entonces, para prevenir una crisis por la recesión que se resiente? No mucho. Sólo seguir las recetas de otros países, como usar el presupuesto público para estimular la economía. Por ejemplo, el titular de Hacienda dijo esta semana que van a adelantar las licitaciones de obras del año siguiente, con lo que se prevé una inversión de 8 mil 700 millones de pesos a partir de enero.

Y, dos, identificar cinco concesiones a las que se ampliará el plazo y, por tanto, los concesionarios aumentarán sus inversiones en ellas. Eso dijo el funcionario, de lo cual quedan para nosotros muchas dudas.

Otra acción para estimular la actividad económica está relacionada con apoyar desde la banca de desarrollo créditos al consumo. Esto se aplaude, porque la verdad es que el crédito en México es sumamente limitado y caro. Los bancos no prestan para la producción y el consumo, prefieren que la gente tenga tarjetas de crédito, que tienen tasas de interés especulativas, y que por las cuales además hay que pagar una anualidad sólo por tener el plástico.

Otra estrategia de más largo plazo es el inventario de proyectos de infraestructura hecho por el sector privado, aunque estos la verdad que no se ven interesados en meter su dinero en estos tiempos de la 4Transformación, y posiblemente ya lo estén sacando para llevarlos a los paraísos fiscales, como siempre lo hacen.

Veamos: para estimular a los empresarios que se niegan a invertir en el país, aunque de México tienen sus millones, el gobierno está clasificando tres tipos de proyectos de inversión: 1.- Obras de infraestructura rentables por sí mismas y lo único requerido es una concesión o aprobación del gobierno; en estos casos el sector privado aporta los recursos. 2.- Aquellos no rentables completamente y requieren de alguna garantía o un contrato de asociación pública-privada. Y 3.- Aquellos rentables socialmente, que son muy importantes para el país o para una comunidad pero no se pagan solos y serán realizados con recursos públicos. A los de abajo sólo nos queda tomar precauciones. Gastar menos, producir más y ahorrar. Eso dicen los expertos, aunque los sueldos no alcanzan ni para vivir, menos para ahorrar.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

A propósito de la desaparición de diversos programas y fondos de inversión a nivel federal, conviene revisar el programa de comedores comunitarios, que aunque fueron parte de una fallida estrategia contra el hambre del gobierno de Enrique Peña Nieto, a cargo de Rosario Robles Berlanga –cuyos desfiguros como funcionaria pública salieron a la luz y se denunciaron desde el sexenio pasado, y ella está a buen recaudo-, realmente fue lo único rescatable de esa estratagema que se inventaron para destinar toneladas de dinero para, según, salvar a los pobres de entre los pobres de la hambruna.

Y nos preguntamos qué pasó de ese tiempo a la fecha para que se haya decidido ya no mantenerlos abiertos. ¿Se acabó el hambre? ¿Ya no hay gente en extrema pobreza? ¿No hay viudas, ancianos, niños huérfanos, niños desnutridos, mujeres embarazadas anémicas, gente enferma y sin trabajo, sin acceso a la salud y a la educación?

Las causas persisten, desde luego. También se tiene la infraestructura necesaria, porque si algún programa recibió el apoyo de los alcaldes fue el de comedores comunitarios, ya que incluso gastaron recursos del Ramo 33 para construir los edificios, que actualmente están abandonados, mientras que los enseres de cocina que se les proporcionaron están arronzados como trebejos viejos.

Lo que falta es una visión integral del desarrollo, que involucre la participación de la comunidad, como sucedía con este programa que, en efecto, aunque era usado con fines electoreros por todos los partidos políticos, y aunque se detectaron anomalías graves que implican actos de corrupción masivos, lo que procedía era resolver esos pequeños detalles, en lugar de desechar una experiencia que tenía ya 6 años operando y que de algún modo había logrado meterse al seno de la sociedad rural y de las colonias marginadas.

Y entonces se prefirió desecharlo, aplicando la teoría de vale más hacer algo nuevo que remendar algo viejo.

Así quedaron a expensas de la hambruna cientos, miles de personas que todos los días recibían en los comedores comunitarios un plato de comida.

Pero, sobre todo, se tiró a la basura un esquema valioso de autogestión y participación social, algo de lo que hoy se carece, y que es sumamente difícil construir. Porque a la gente invítala a un baile y va; pero no la invites a involucrarse en la solución de los problemas de la comunidad, porque entonces no van, o siempre preguntan cuánto les van a pagar.

En contraparte, el gobierno federal promueve sin éxito programas de reconstrucción del tejido social, pero mediante acciones de deporte y cultura, y rescate de espacios públicos.

Eso está demostrado que no da resultado, pues lo más importante es que primero se facilite la construcción de la “comunidad”, si queremos usar un término sociológico.

Si algo se padece en México es que el tejido está roto. Ya no hay vecinos solidarios. Ya no se tiene esa identidad de barrio, de colonia, de pueblo. Estamos todos contra todos.

Y los comedores comunitarios cumplían esa función. No sólo se trataba de ayudar a la gente necesitada, sino que mediante este acto de caridad, las mujeres y sus hijos comenzaron a socializar, a hacerse equipo.

Entonces, los comedores se convirtieron en un medio muy eficaz para garantizar el acceso al ejercicio del derecho a la alimentación, sí, pero también coadyuvaron a un fin aún mayor: fueron un vehículo para construir comunidad. Se convirtieron en el espacio, el punto de encuentro de vecinas y vecinos, en un lugar de ayuda mutua, en el medio de conocimiento y respeto de la gente. Así se fortalecieron los lazos de solidaridad y fraternidad, la responsabilidad de las personas y su vocación de servicio.

¿No es eso suficiente para reabrirlos?

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

La legalización de la marihuana parece ser el principal atractivo ya no de las autoridades de Gobernación, sino de las autoridades hacendarias.

Como siempre lo hemos dicho, la prohibición de las drogas ha dejado en todo el mundo una estela de muertos, pero principalmente en México, pues mientras Estados Unidos y Canadá están metidos ya en esta industria multimillonaria, aprovechando además todos los beneficios medicinales de la cannabis, nuestro país persiste en este tabú y, por consiguiente, se le está escapando la posibilidad de obtener ingresos extraordinarios por la legalización controlada y regulada de los estupefacientes.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) calculó que la legalización de la cannabis dejaría ingresos de hasta 18 mil millones de pesos durante 2020 al gobierno federal.

Si consideramos que para el año siguiente se tiene una proyección de 80 mil millones de pesos adicionales a los que se gastaron en 2019, para sostener sobre todo los programas sociales del régimen, si se consigue la meta de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en esta industria se tendría resuelto el 25 por ciento de ese gasto.

De lo contrario, todo se sacará del lomo de los contribuyentes, sobre todo los contribuyentes cautivos, empresas pequeñas, medianas y micros, así como los trabajadores y prestadores de servicios profesionales, a los cuales, además, cada día les nulifican sus posibilidades de deducir el IVA y el ISR, ya que Hacienda publicó un catálogo de las compras que sí son deducibles, así como las que se permiten para el Impuesto Sobre la Renta.

Por ejemplo, si una persona trabaja de manera independiente y exhibe sus recibos de honorarios, solamente se le está permitido deducir las compras que estén relacionadas con su trabajo: gasolina, pago de coche, teléfono, renta, etcétera, hospedaje y alimentación fuera de casa, papelería, productos de limpieza y párale.

Pero no puede deducir para ISR la comida, el vestido, el calzado, aunque todo eso lo compre con impuesto incluido.

Si a esto le agregamos que forzosamente un trabajador independiente tiene que contratar los servicios de un contador, pues ni para qué decir que ahí se gasta la mitad de sus ingresos.

También se nos informa que aunque se le permita deducir gastos adicionales, esto es para efectos del cálculo del IVA, pero no para el ISR. Por lo tanto, la gente tiene que andar viendo cómo factura, qué sí facturar para ISR y qué facturar aparte, porque de lo contrario el documento se invalida.

Y algo grave: si debe comprar un medicamento, éste tiene que ser recetado. Si la persona, además, incluye en su factura algún producto de farmacia que no esté dentro del esquema ya decretado, pues la factura no le es aceptada por el sistema digitalizado del Servicio de Administración Tributaria.

Por ejemplo, si se compra un antibiótico (obviamente con receta), no se puede incluir en la misma factura un Advil, porque aunque éste es un medicamento, está considerado en el catálogo como si fuera un producto de perfumería.

Y detallitos como estos van ahorcando de una manera muy maquiavélica a los contribuyentes, porque la ley ahora es “todos pagan”.

Ojo: Y si por error el contador declara en ceros algún mes, de inmediato se le exige al contribuyente que explique la causa de que está en ceros. Y si hay algún ingreso en cualquiera de sus cuentas (ya no hay diferencia entre cuentas fiscales o comerciales), que no esté respaldado por alguna factura, corre el riesgo de que se le venga una auditoría.

Todo esto sucede mientras el gran negocio de la marihuana se lo tragan los países aliados en el tratado de libre comercio, mientras México pone los muertos. Por ejemplo, hay estimaciones de que el Canabidol (CBD), la parte medicinal de la marihuana, es una industria que en los próximos 5 años podría alcanzar billones de dólares.

En México, hay muchas empresas en espera de que el Congreso de la Unión declare legal el uso de la marihuana, tanto para fines científicos, médicos, industriales y lúdicos, aunque esto último es lo que menos importa.

La propuesta ya está en manos de los legisladores. Hay muchos enfermos, además, esperando esta oportunidad de tener un producto barato disponible, porque actualmente se importa el CBD a precios en dólares, y un frasco de 30 mililitros puede costar hasta 2 mil pesos.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, indicó que se deliberará la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis.

“Si me preguntara cuánto le podría generar el próximo año a la hacienda pública, platiqué con el secretario de Hacienda (Arturo Herrera) y me decía que calculan 18 mil millones de pesos”, expresó Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, en una nota publicada por El Financiero. ¿Qué tal?

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Hay tantas modificaciones en el presupuesto de egresos federal de 2020, que gobernadores y alcaldes están con el Jesús en la boca. La esperanza para ellos salir de sus propios rezagos era, precisamente, que los diputados accedieran a darle al gasto anual una visión más –como su nombre lo indica- “federal”, respetando el pacto que le da vida a estos Estados Unidos Mexicanos, porque eso es lo que somos, una serie de estados confederados, con un gobierno central, 32 estados autónomos, que coexisten bajo un sistema de gobierno republicano, basado en los tres poderes de la Unión: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.

Pero la visión del gobierno en el poder es otra, distinta a la que ha venido operando hasta ahora, y que se basaba más en criterios políticos, que en necesidades y prioridades.

Para nadie es un secreto que el Presidente tenía gobernadores predilectos, alcaldes predilectos, empresarios predilectos y hasta narcos predilectos. Todo se basaba no en un proyecto de nación, sino en un proyecto de grupo político, y esto incluye los intereses económicos del presidente y sus muchachos.

Así, por ejemplo, se dice que Ernesto Zedillo encomendó a su hermano construir obras en los estados con mayor plusvalía, como Quintana Roo, Yucatán y Veracruz, simulando que se trataba de obras gestionadas por los gobernadores; y obviamente sin recibir estos nada a cambio (los moches en su esplendor). De ahí vendría la persecución contra el gobernador quintanarroense, Mario Villanueva Madrid, acusado de tener nexos con el narco, pero cuyos presuntos cómplices ya están libres, mientras que él en cambio ha pasado 17 años en cárceles de Estados Unidos y México, y a sus 70 años pide se le permita pasar lo que resta de su condena en su casa.

Él narra que el hermano de Zedillo lo presionó para hacer obras en zonas sensibles de la Riviera Maya, y que como se negó entonces el presidente lo tomó como enemigo.

Carlos Salinas de Gortari, por su parte, delegó en su hermano Raúl actividades sensibles, como el cobro del diezmo de obras y servicios, por lo cual se llamó el “hermano ten per cent”.

Y así sucesivamente. Aquello era un modelo harto conocido y harto practicado por tirios y troyanos, y se entiende que AMLO está intentando romper ese esquema, aunque de verdad dudamos que lo logre. No porque no quiera, sino porque es demasiado complejo. Podrá combatirlo y tener algunos triunfos, pero de ahí a erradicar estas prácticas que involucran a gobiernos y empresarios, está en chino.

Hay que decir, además, que para ir cubriendo todas las expectativas del presidente en turno y su grupo de poder, el país fue endeudándose de un modo grosero, sobre todo en la era panista, donde parece que Fox y Calderón simplemente no tuvieron límites, pese a que les tocó cosechar los excedentes petroleros (el barril de crudo alcanzó sus máximos internacionales, y eso hizo llover dólares al gobierno federal, pero los diluyeron. Se dice que con ese dinero Fox hubiese pagado la deuda de Pemex, que es la petrolera más endeudada del mundo).

Entonces, el gobierno está centralizando sobre todo los programas sociales, pero también diversos fondos, como el de educación y ahora también el fondo minero, que el jueves pasado 4 gobernadores pidieron se les devolviera, porque se trata de un recurso que se le devuelve a los estados para compensar la actividad minera que se realiza en sus territorios, y Guerreo forma parte de ellos por todas las minas que aquí existen.

Pero los diputados alegan que ese fondo es pura corrupción, que las obras programadas no existen, que las empresas maniobraban para que los gobernadores les dispensaran el cumplimiento de esos compromisos, etcétera.

Entonces, el gobierno determinó usar ese fondo de 4 mil millones de pesos, para construir escuelas en el medio rural, en las entidades con actividades extractivas.

Pero…las obras se harán de manera directa en los municipios, sin pasar el dinero por manos de los gobernadores. Si acaso se les haga firmar algún convenio de colaboración.

Y es ahí donde se habla de una política de asfixia a los gobiernos estatales, porque no les están dejando casi nada.  “Austericidio”, le llaman.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Este jueves 24 de octubre entró en vigor la norma que obliga a las empresas a cuidar el estrés de los trabajadores.

La decisión la tomaron los legisladores porque el estrés está considerado una enfermedad tipo pandemia mundial, por la Organización Mundial de la Salud. De ahí que los países estén obligados a tomar medidas preventivas como se debe hacer en todo tipo de enfermedades.

Sin embargo, en México decidieron que sean los patrones los que se ocupen de la salud mental y emocional de la gente, considerando que el estrés laboral es el que los tiene enfermos.

Esto es relativo, desde luego, porque yo creo que no hay peor estrés que el que deriva de no tener trabajo. Y, sin embargo, ¿eso a quién le corresponde resolverlo?

Por falta de trabajo y de oportunidades, dice el gobierno, los muchachos se unen a los grupos delincuenciales. Y por eso se inventaron el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, mediante el cual se les otorga una beca de capacitación, para que se enrolen en las empresas, sí, esas empresas que les causan estrés, a fin de que se enseñen a hacer algo, porque como no terminaron sus estudios, tampoco se enseñaron a hacer algo, y entonces hay que comenzar de cero con ellos, para que de aquí a un año, sepan cómo ganarse el pan de cada día ellos solos.

¿Pero, cómo? Bueno, en las empresas. O, mejor, creando su propia empresa, como buenos cenicientos.

Todo eso es idílico, claro. Decía mi padre que no hay cosa más cara que lo que no existe. Y el dinero no se da en macetas, hay que trabajar para ganarlo. Y entonces el modelo laboral que hoy existe en el mundo –como antes lo fue el modelo de las haciendas-, más que ser “estresante” para la gente, es bueno si se le ve como el que resuelve la escasez en las familias.

No hay nada más sagrado en este México desolado que tener un empleo. Y si lo dudan, pregúntenles a los miles de desempleados que pululan en este país buscando una oportunidad, ya ni siquiera para desarrollar lo que saben, sino para pagar la comida del día.

¿O no hay abogados fungiendo como taxistas? ¿O no hay profesionistas como policías y soldados? Y no es que esto sea malo, sino que eso refleja un deterioro laboral gravísimo, porque las empresas están navegando –ahora sí válgame la palabra-, en medio de un profundo estrés, enfrentando problemas de liquidez por el incremento de los costos de las gasolinas, la electricidad, la telefonía, la falta de mercados, la merma de clientes, etcétera. Y, obviamente, los patrones también están estresados, algunos hasta el suicidio, por la presión del pago del IMSS, la nómina, los reclamos por incremento, el ausentismo laboral, el alza en sus materias primas, etcétera.

Todo esto es tan grave, que pocas empresas han subsistido en los últimos años a este embate que viene del gobierno, y que ha estresado no solamente a los trabajadores, sino sobre todo a los dueños, quienes en lugar de ganar, pierden.

Podemos apostar que muchas empresas están subsistiendo hoy en día a base de préstamos con el agio bancario, sacándole a las tarjetas de crédito para pagar la nómina de sus empleados que, dicho sea de paso, se chiquean, se envalentonan, creen que a la vuelta de la esquina pueden encontrar un trabajo con las mismas condiciones laborales.

Aplaudimos que el gobierno se preocupe por la salud de los mexicanos, pero a todas luces la NOM-035-STPS-2018 es injusta. Se dice que tiene entre sus objetivos prevenir los factores de riesgo psicosociales y promover un ambiente laboral saludable, pero está demostrado que el ambiente en la calle es peor que  el de dentro.

Reconocemos que hay casos graves de empresas que no respetan horarios, o que incluso no les pagan a sus empleados lo justo, a causa de que reciben propinas. Las hay también que no conceden días de descanso a sus trabajadores; por ejemplo, se nos reportan que algunas tortillerías estilan explotar a los trabajadores de domingo a domingo, con un día de descanso cada 15 días, y con horarios de 5 de la mañana a 5 de la tarde.

Todos estos casos deben ser sancionados, porque estamos hablando de un claro abuso patronal.

Pero, insistimos, la mejor manera de aliviarle la vida a un trabajador es garantizarle un sueldo, a tiempo y suficiente para financiar sus necesidades. Darle descanso e incluso incentivos. Pero la mala noticia es que las empresas en su mayoría no están en esas condiciones, porque también están estresadas.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Alfonso Durazo está en la mira de la oposición política de este país, pero también de Morena como partido en el gobierno. No hay quién lo defienda, pues. El próximo lunes, el secretario de Seguridad Pública, que llegó al gabinete lópezobradorista enarbolando su pasado colosista, será sentado en el banquillo de los acusados ante el pleno del Senado de la República, para que informe qué sucedió realmente en Culiacán, pues lo informado hasta ahora a nadie satisface.

Lo que ya se conoce como El Culiacanazo, está siendo duramente criticado no sólo por la clase política, sino también por empresarios y la ciudadanía en general, que por primera vez desde que comenzó este gobierno parece estar en contra mayoritariamente (los hay también a favor, y muchos) de la decisión que tomó el presidente de la República para abortar la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, cuando ya lo tenían detenido por petición de la Drug Enforcement Administration (DEA), el pasado jueves 17 de octubre.

Hasta ahora, ese caso parece una nebulosa. Un tanto turbio desde el origen de la solicitud de detención y extradición, pero sobre todo por la forma en que se llevó a cabo el operativo, que propició que el Cartel de Sinaloa se apoderara de la capital sinaloense y por primera vez, según vecinos, atentara contra la sociedad civil de manera directa, pues amenazaron con tomar de rehenes a mujeres y niños, y torturarlos.

Además detuvieron a soldados, a uno de los cuales ejecutaron, y amenazaron con exterminarlos a todos. Y, por si fuera poco, cercaron el lugar donde viven las familias de los soldados, con la amenaza de matarlos.

Este es un caso ambivalente. Se mueve entre el Derecho y la Justicia, y depende del gobernante en turno elegir entre uno y otro. El presidente de la República acepta que optó por abortar un operativo que era estrictamente judicial, para preservarla vida de la población, cosa que ya se enmarca en el ámbito de la justicia y no en el estricto Estado de Derecho o en el cumplimiento de una ley, que es lo que reclama la oposición. El mandatario sostiene que por encima de la detención de un personaje que se mueve al margen de la ley, está el derecho a la vida de todo mexicano.

Visto de esta manera, el presidente tiene razón. Siempre habrá otra oportunidad para detener a Ovidio y a cualquier otro, pero las vidas que se perdieron en ese fallido operativo jamás habrían tenido una segunda oportunidad.

“No queremos una paz-narca”, reclamó el PRD al presentar el martes una demanda de juicio político contra Alfonso Durazo.

PRI, PRD, PAN y MC están unidos en este clamor por el Estado de Derecho, como nunca los hemos visto. Los priístas, más moderados que los perredistas y los panistas, aducen que le están dando el beneficio de la duda al gobierno federal, pero no por ello están de acuerdo con lo que sucedió en Culiacán.

Y siempre será interesante ver la otra cara de la moneda. Operativos fallidos siempre los ha habido y siempre los habrá, porque en esto no siempre se tiene éxito. Si en Culiacán vimos que manda el Cartel de Sinaloa, algo ya sabido de antemano, en Guadalajara vimos hace años que el que manda es el Cartel Jalisco, pues cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto quiso detener a Nemesio Oceguera, alias El Mencho, su grupo procedió de la misma manera, con bloqueos en avenidas, quema de camiones y hasta un “eurocopter” derribaron en el sur de la entidad. Finalmente El Mencho no pudo ser detenido y hasta la fecha sigue libre y extendiendo sus dominios en el territorio nacional. Y curiosamente, tanto Jalisco en la administración pasada, como Sinaloa en ésta, son gobernados por el PRI.

En aquel tiempo nadie hizo escándalo por eso, ni tampoco llamaron al titular de Gobernación, Miguel Osorio Chong, al comparecer al Senado (por cierto, Osorio Chong estará entre los que cuestionen a Durazo este próximo lunes). Por angas o mangas, “aiga sido como aiga sido”, Alfonso Durazo está solo. No tiene un partido que lo defienda, porque hasta la misma fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, exigió su comparecencia. La diferencia con la oposición, es que Morena está pidiendo también que comparezca el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, para que ambos cuentas por el “fracaso” en el operativo para capturar a Ovidio Guzmán López. La vicecoordinadora de Morena, Tatiana Clouthier, llamó a cuentas a ambos. “No pretendo negar con esto la realidad, hubo un operativo que fracasó el jueves pasado en Culiacán, sí, por ello y como Cámara de Diputados estamos exigiendo y llamando a cuentas al secretario de Seguridad y a su equipo para que vengan a decirnos qué pasó, pero también pedimos cuentas al gobernador y a las autoridades locales, no aparecieron esas armas en menos de 24 horas, esas armas que tienen en Sinaloa”, sostuvo.

Para la oposición, estamos peor que antes. El presidente se defiende. El Culiacanazo, podría convertirse en el punto de quiebre del lópezobradorismo.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Ya comenzó la movilización de presidentes municipales, en demanda de mayores recursos al gobierno federal. Una vez que la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos, y cuando ya se disponen a revisar el presupuesto de egresos para 2020, los alcaldes comenzaron a exponer su necesidad de mayores recursos para obras de infraestructura y seguridad.

El reclamo es bueno, y es justo y necesario que se fortalezca a los municipios, porque desde siempre se ha sabido que a pesar de que las actividades productivas se desarrollan en las demarcaciones municipales primeramente, son el estado y la Federación los que se reparten con la cuchara grande los ingresos por concepto de cobro de impuestos, mientras que a los presidentes municipales les queda la opción de andar mendingando recursos para las obras que les reclaman sus gobernados.

En Zihuatanejo, por ejemplo, cuánto tiempo tuvo que pasar para que la obra del Muelle se atendiera. Gracias a la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores, sobre todo al cambio de gobierno municipal, esta obra fue posible y está programad para inaugurarse en diciembre próximo.

Pero baste este ejemplo para entender cómo los municipios están muy castigados, y la visión administrativa no es para nada municipalista, pese a que los municipios son la célula del país, aunque en esencia el cuarto nivel de gobierno también existe y son las comisarías, cuyos representantes también son electos por voto popular.

No obstante, únicamente 4 de cada 100 pesos que se distribuyen para los tres órdenes de gobierno en el país, llega a los municipios, bajo criterios bastante erráticos.

En este momento, reciben recursos los municipios muy ricos, o los municipios muy pobres. Los primeros por los recursos propios que puedan cobrar, y los segundos porque no cobran nada y tienen graves niveles de subdesarrollo, máxime si cuenta con zonas serranas o pueblos indígenas.

Los municipios intermedios, que son la mayoría, andan a la quinta pregunta.

Ese modelo ha demostrado que es obsoleto, porque los municipios muy pobres, aunque reciben mucho dinero, siguen siendo pobres. Y los municipios ricos, aunque recaudan mucho dinero, siguen con graves carencias.

Entonces, se requiere de una reforma administrativa muy profunda, en la que se fortalezca a los municipios, pero no sólo con dinero, sino también con capacitación en todas sus áreas porque, de verdad, dan pena ajena.

Incluso, se estila en los ayuntamientos que el alcalde en turno nombre a cualquier hijo de vecino en la Tesorería, sin respetar el perfil que éste debe tener, el de un contador con conocimiento de finanzas públicas. Al contrario, se ha visto en las tesorerías a profesores, ingenieros, e incluso analfabetas, que sólo cargan los cheques porque son otros los que manejan todo. ¿Por qué hacen esto? Porque es moda que los ayuntamientos contraten despachos contables, donde se encargan de llevarles sus cuentas, cuadrarlas y resolverles todos los problemas. Obviamente todo por cuantiosos recursos, porque un despacho cobra y cobra bien. Mientras que el tesorero en turno si acaso firma los vales de gasolina, y pone el nombre y el apellido ante los órganos fiscalizadores. En caso de algún desfalco, es el tesorero mentecato el que queda en entredicho, no el despacho contratado por su jefe, y entonces enfrenta el largo brazo de la justicia, quedando inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta por 10 años, si bien le va.

Por lo tanto, para exigir hay que primero que ofrecer. Si la Cuarta Transformación trae como política central el combate a la corrupción; luego entonces, está por demás recordarles lo que deben hacer.

Primero, orden; mejor gasto e inversión, supervisión para el rendimiento del recurso público, mejor administración para que alcance para todos, pues difícilmente les serán autorizados presupuestos para privilegios y despilfarros.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Las reglas del juego de Morena eran muy claras. Participarían en las asambleas gente registrara hasta 2015, lo cual constituye el padrón original del partido. Por lo tanto, sólo esa gente debió ser informada e invitada a las asambleas distritales, que en el caso de Guerrero son 9; a nosotros en Zihuatanejo nos corresponde el distrito 03 federal, con sede en Zihuatanejo.

La otra regla era que todo participante en la asamblea para elegir a los consejeros del partido, tendría que tener un pre-registro antes de ingresar al salón donde se llevaría a cabo la elección, de lo cual les darían un código QR (imagen digital), que les serviría para votar.

Pese a ello, la elección distrital se les hizo un desgarriate a los morenos por múltiples razones. Primero, no informaron con oportunidad de todos estos requisitos. Anduvieron ocultándolo todo, viendo a todos como enemigos de su causa. Y en este escenario cerrado, en la que sólo los líderes conocían los requisitos, se fraguaron una serie de irregularidades que ahora se le imputan a la oposición: acarreos de personas, clonación de códigos QR, manipulación del voto a ojos vistas, pues hasta en las mismas filas había gente de diversos líderes instruyendo a la gente por quién y cómo votar.

Si en el pasado se les criticaron duramente sus juegos de lotería, aquellos en los que los consejeros y candidatos a cargos de elección popular eran seleccionados mediante una tómbola, dejándole a la suerte algo que le corresponde a la democracia participativa, hoy simplemente los morenistas demostraron que no saben jugar bajo las reglas del juego democrático, y que –como dijo uno de sus fundadores, Sergio Montes Carrillo-, se estrenaron como mapaches.

Es mucha la inconformidad entre las bases de Morena. Sobre todo los líderes más cercanos a las bases, encargados de informar y movilizar a la gente hacia las sedes distritales, quienes ya hicieron el gasto y sufrieron el desgaste de esta primera asamblea, pues tendrán que reponer el proceso y eso para ellos implica mayor esfuerzo.

¿Qué ocurrió? Nada. Faltó información, coordinación y trabajo en equipo. Es obvio que dentro de Morena cada araña está jalando para su hebra, y que tal y como ocurre en los demás partidos, la asamblea distrital no era la oportunidad de acercar el partido a las bases, y facilitar su participación, sino la prolongación de la guerra encarnizada que tienen desde antes de la elección de 2018, cuando se dividieron en torno a las candidaturas y cargos de elección popular.

La dirigencia estatal de Morena está rebasada, lo mismo que la dirigencia nacional, máxime cuando Yeidckol Polevnsky es juez y parte en el proceso de renovación del comité ejecutivo nacional del partido.

Se entiende entonces que estas asambleas distritales son cruciales para que a los consejos estatales llegue el mayor número de consejeros afines de cada grupo, pues de su voto dependerá quién resulte ser el presidente nacional del partido, en los años siguientes.

Ahora entendemos cómo es que un simple ejercicio democrático se tornó tan reñido, al grado de que hubo violencia y un alto grado de competencia entre grupos políticos, para manipular a las bases a su favor.

Las asambleas serán repuestas en noviembre, previo al Congreso Nacional electivo del partido. Tal vez entonces ya demuestren que son el partido por el que votó la mayoría de los mexicanos en 2018; o bien confirmen que son una sarta de oportunistas que se le colgaron a Andrés Manuel López Obrador.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

De acuerdo con cálculos someros, las víctimas en Culiacán habrían sumado entre 500 y mil muertos, incluidos unos 200 civiles. Los más, habrían sido sicarios del Cartel de Sinaloa, soldados y policías. Una verdadera carnicería.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, explicó esto durante una entrevista el pasado sábado, y eso nos hace redimensionar la decisión que tomó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para ordenar la liberación de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón e hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

AMLO no quería una victoria “pírrica”, dicho así en memoria de Pirro, aquel general que logró una victoria contra el Ejército de Roma, pero a cambio de perder a casi todos sus hombres.

No a la detención de un delincuente por órdenes de Estados Unidos, a costa de más vidas de mexicanos. No a la obediencia ciega al gobierno del Norte, acostumbrado a imponer sus políticas públicas en México, como lo hizo con Felipe Calderón, quien a cambio de respaldo para su gobierno espurio, acordó con George Bush Jr y luego con Barak Obama, combatir desde territorio nacional a los cárteles del narcotráfico, para que México pusiera los muertos, mientras ellos hacían negocio con la legalización de la marihuana, para crear un mercado potencial de billones de dólares, aprovechando su calma chicha allende sus muros.

Basta ver los videos de la gente sitiada en tiendas, tirada sobre el pavimento, parapetados en sus vehículos, ancianos al borde del infarto, para entender lo que vivieron los “culichis” (mote de los vecinos de Culiacán), y para respaldar con todo la determinación del presidente.

AMLO nos dio una lección a los mexicanos, pero sobre todo a sus detractores, los panuchos, gente que come santos y defeca diablos, quienes desde la máxima tribuna de la representación social del país le gritaron cobarde y le pidieron su dimisión inmediata.

¿Cobarde un hombre que ponderó salvaguardar la vida de inocentes más allá de su ego personal?  Creo que los panistas olvidan que fue su partido, desde la época de Vicente Fox, el que metió a México en esta guerra fraticida, por cobardes. Pues cobarde es el que entrega a su patria a cambio de intereses extranjeros. ¿O qué no dice el Himno Nacional: “Más si osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo; piensa oh patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo te dio?”

Sí, la patria está llena de alimañas, pero son las que ellos alimentaron, a cambio de dinero con la Iniciativa Mérida, y a costa de una terrible traición, como la de “Rápido y Furioso”, porque mientras Calderón mandaba a los soldados a combatir a los narcos, Estados Unidos les vendía a éstos las armas.

Sin embargo, no reaccionó. Bush y Obama lo traicionaron con el contrabando de armas y eso habría sido suficiente para echar abajo sus compromisos con ellos. Pero, cobarde como es, le faltaron aguacates para oponérseles y terminó de cuclillas ante el inquilino de la Casa Blanca.

Olvidan también los panistas que a Fox se le escapó el Chapo Guzmán metido en un carrito de lavandería del penal de Puente Grande, Jalisco, y que El Chapo (y obviamente sus Chapitos) fue el narco preferido de la docena trágica del panismo. Hay análisis que revelan que incluso su mujer y sus hijastros, los hijos de Martita Sahagún, le entraron en eso de la protección de ciertos capos.

¿Así o más cobarde el de las botas grandes y la lengua larga?

Fue el gobierno de Peña Nieto el que reaprehendió al Chapo, pero se les escapó por un túnel del penal de alta seguridad de Almoloya, siendo el senador Miguel Osorio Chong secretario de Gobernación.

Y aunque lo volvieron a agarrar, fue para enviarlo casi de inmediato a los Estados Unidos, donde luego de un corto proceso al que llamaron “el juicio del siglo”, condenaron al capo sinaloense a pasar el resto de sus días en la Súper Max de Colorado, pero sin dejarlo explicar cómo fue que su imperio creció al grado de hacerse mundial, pues la DEA sabe que el Cartel de Sinaloa (que tiene por lo menos 3 falanges), opera en 70 por ciento del planeta.

Recordemos que en cuanto el abogado del Chapo ventiló que éste dio dinero a Calderón y a Peña Nieto para sus campañas, el juez de inmediato acalló esas filtraciones, y centró el juicio en el tráfico de drogas y muertes.

Aquello, en realidad, fue un juicio injusto, porque no vemos en la Súper Max a los ex presidentes, ni a los ex senadores, ex diputados; tampoco a los soldados que se corrompieron, ni a los jefes policiacos, ni a los alcaldes, ni a los empresarios “lavanderos”…y a todos aquellos que eran parte y siguen siendo del Cartel de Sinaloa, o de cualquier otro, de una o de otra forma.

El presidente olió la celada de la DEA. Hay informes periodísticos de que hace dos semanas el director de la agencia antidrogas de Estados Unidos estuvo con el gobernador Quirino Ordaz. Ahora dicen que el operativo para detener a Ovidio fue improvisado. Pero a ojos vistas fue una provocación. La intención era meter al gobierno de AMLO a la boca del lobo, con sólo 70 soldados, para provocar al cartel. ¿No era eso el inicio de una guerra civil?

Pero el presidente reculó y se quedaron con las ganas. Eso no es ser cobarde. Eso es ser un hombre de mente, corazón y tanates. Y, dicho y hecho, Trump le llamó ayer sábado, y acordaron combatir el tráfico de armas. Sí, algo que Calderón, ni Fox, ni mucho menos Peña Nieto, exigieron en su tiempo.