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SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

En su lucha por mayores recursos, los presidentes municipales aglutinados en la Asociación de Autoridades Locales de México AC., (AALMAC), de la que forma parte la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, lograron mucho más mediante el diálogo con los diputados federales que aquellos que fueron a tronar cohetones al Palacio Nacional.

Y no estábamos hablando de más dinero, aunque sí consiguieron una bolsa de alrededor de 35 mil millones de pesos, en diversos rubros; sino que estamos hablando de un momento histórico en el que por primera vez los presidentes municipales se hacen oír, sin necesitar de ningún “líder político” disfrazado de representante social.

En la reunión vimos, por ejemplo, al ex gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros, que está acotado por las nuevas formas de gobernar, y su papel fue el de escuchar a los alcaldes y respaldar finalmente el acuerdo de 10 puntos que alcanzaron, para derivar más dinero a los municipios.

Por primera vez, decíamos, los alcaldes se organizaron para ir por más apoyos, exigiendo que se le dé mayor importancia a los municipios, que son la célula del federalismo, y que se revise la crítica situación económica que enfrentan, merced a numerosos adeudos heredados.

Entre los logros que se plasmaron en un acuerdo de 10 puntos, destacan la reasignación de recursos en materia de seguridad a través del Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), y para el fondo de infraestructura social, así como la atención a los pueblos mágicos, comunidades indígenas y fondo migrante.

El Fortaseg, por ejemplo, en este 2019, tuvo un monto de 4 mil millones de pesos y para el 2020 se proponían 3 mil millones de pesos. Los alcaldes lograron que se mantenga el presupuesto de 2019; esto es, 4 mil millones.

En cuanto al fondo migrante venía en ceros en la propuesta, estaba prácticamente desmantelado; ahora se destinarán alrededor de 300 millones para atender la crisis migratoria que viven varios municipios del país, merced a las políticas impuestas por el gobierno de Estados Unidos, que desde hace años ha venido acelerando los procesos de deportación de connacionales.

En términos reales, se van a mantener las participaciones y aportaciones federales para el 2020 a estados y municipios. Es decir, que no van a perder recursos, no se les harán descuentos.

Lo que sí, es que se revisará el Fondo de Aportaciones a Infraestructura Social (FAIS), lo cual viene siendo una exigencia de los ayuntamientos, para que se flexibilicen las reglas de operación, ya que actualmente se constriñen muchas obras; es decir, no se contemplan un sinnúmero de obras, pues el fondo está diseñado únicamente para obras básicas.

Pero eso no es todo: Los alcaldes también lograron que se revisen los adeudos que los municipios tienen con la Comisión Federal de Electricidad, el ISSSTE y el IMSS; así como la revisión en el PEF de los pasivos con Conagua y Hacienda en materia de retención de ISR de los trabajadores, lo cual, como todos sabemos, ha provocado una severa crisis económica en la mayoría de los municipios, que junto con los laudos los tienen al borde de la quiebra.

Incluso, los diputados le pedirán al gobierno federal que revise las obras inconclusas en los municipios, para que se asignen recursos y se concluyan.

Adicionalmente, a los municipios de Jojutla, para atender la reconstrucción por los sismos de 2017, y Tlahuelilpan, que sufrió los estragos del huachicol.

Como podemos ver, se trata de logros históricos, porque por primera vez los gobiernos municipales se hicieron escuchar por quienes parten y recomparten el pastel en el país.

En dos o tres horas de diálogo no se puede arreglar el mundo, máxime cuando no hay recursos contantes y sonantes. No olvidar, por ejemplo, que el presupuesto de egresos siempre es hipotético, pues dependerá para su cumplimiento de los ingresos que el gobierno federal reciba.

De lo contrario, simplemente se harán recortes donde sea necesario. Luego entonces, los alcaldes deberán cuidar los aspectos de recaudación, y también el asunto de la transparencia y honestidad. Porque ciertamente les están dando un poco más de lo que ya tenían, y al menos no les están recortando (como era el temor) pero todo estará supeditado al despeño que demuestren; de lo contrario, los diputados no dudarán en dar marcha atrás a su apertura.

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