Categoría: S.O.S Costa Grande

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

_Señor secretario, sus cifras están equivocadas, son más los muertos que usted anuncia.

_Pero, cómo, nosotros tenemos los resultados de las pruebas de detección de Covid-19

_Sí, secretario, pero yo tengo las llaves del panteón.

No es un chiste, amable lector. No es un meme tampoco. Es la realidad de lo que se está viviendo en Guerrero y en todo México.

Parece que las autoridades hablan al vacío. La gente ya no escucha, ya aprendió a lidiar con la pandemia, y a resignarse a morir si le toca.

Ese diálogo lo tuvo un alcalde de la entidad -me reservo su nombre-, con el secretario de salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, a propósito de sus informes en torno a la pandemia, la alegría por avanzar al semáforo amarillo y la preocupación de volver al naranja, si no conseguimos que los casos de contagios y muertes sigan bajando.

Y por los contagios, aunque las cifras son alarmantes, no hay tanto problema. Lo que impactan son las muertes. Casi 70 mil a nivel nacional y casi 2 mil en Guerrero.

Pero, ahora si que como dice el dicho: “Si los muertos hablaran”, nos contarían la verdad.

El citado alcalde -de quien por ahora me reservo su nombre-, supo indicar cuál es el hilo que tenemos que seguir para determinar la magnitud de la pandemia, y ese hilo conduce a los panteones, lamentablemente.

A nivel nacional, incluso, se terminaron las actas de defunción en el registro civil, y ordenaron imprimir más, para distribuirlas a estados y municipios, que es donde se expiden.

Y las cifras oficiales indican que las muertes se triplicaron este año, a causa del Covid-19, que no sólo vino a matar a gente sana, sino también a acelerar la muerte de gente que de por sí ya tenía enfermedades crónico-degenerativas.

Por otro lado, conviene no ser tan alarmistas, tampoco. Las autoridades suelen ir sumando los casos positivos, defunciones y sospechosos de Covid-19, pero eso no significa que sean los números actuales.

Epidemiológicamente se habla de “casos activos”, y estos son los que importan a la hora de hacer pronósticos, no lo que ya sanaron o los que ya murieron.

Por lo tanto, aunque en el estado tengamos casi 16 mil casos de Covid-19 acumulados, el gobernador Héctor Astudillo habló ayer de la magnitud real de la pandemia, ahora.

Dijo que permanecen 867 casos activos, de los cuales 292 están en Acapulco, 217 en Chilpancingo, 57 en Tixtla y 50 en Zihuatanejo, municipios que encabezan las cifras más elevadas de la pandemia activa en Guerrero.

Hoy por hoy, esa es la magnitud de la pandemia. Hablando de cifras oficiales, claro, porque hay miles de casos que no están siendo reportados, sea porque la gente no acuda a los centros de salud a realizarse la prueba, se porque se atiendan en el sector privado; sea porque se estén medicando por su cuenta.

Recordemos que desde el comienzo se dijo que, por cada caso registrado, puede haber de 8 a 12 más fuera del registro oficial.

Así que, si hacemos esta simple multiplicación, tomando en cuenta los casos activos en la entidad, la pandemia real que tenemos va de 6 mil 937 a 10 mil 404.

Viendo así el panorama, todo cambia, y concuerda con la realidad.

Conozco familias enteras que enfermaron de Covid 19. En algunas, sólo uno de sus miembros se hizo la prueba, y al resultar positivo, por lógica los demás comenzaron a enfermar de los mismo, pero ya no fueron contabilizados por el sistema de salud estatal; y, por ende, no aparecen en el mapa nacional.

Por otro lado, siendo realistas, la gente no está haciendo su parte. Los festejos siguen, sobre todo los religiosos, porque la gente piensa que sus imágenes los van a salvar del contagio.

Por ejemplo, en la Costa Chica hoy 11 de septiembre se celebra la emblemática danza de Toro de Petate, en Ometepec, en honor a San Nicolás de Tolentino. Es única en su tipo a nivel nacional y atrae a miles de visitantes. Pero, sobre todo, involucra a cientos de ciudadanos en los preparativos de las danzas y los recorridos.

Se prohibieron estas fiestas, pero la gente las está realizando, aunque sea “en casa”, donde regalan comida y bebida. Sin embargo, eso es precisamente lo que está disparando las cifras de contagios. Dentro de 7 o 10 días, veremos cómo en ese municipio, así como en otros de la Costa Chica, los contagios se multiplican.

La gente, simplemente, no parece entender la magnitud de la tragedia, o a estas alturas ya no le importa.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El presupuesto federal 2021 no trae ninguna sorpresa, pues el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya nos había advertido que no habrá endeudamiento, y que nos tendremos que apretar el cinturón y, como nos decían nuestros padres, “comer lo que haya”.

Es decir, que el presupuesto de 2021 tendrá solamente 3 prioridades: programas sociales, salud, y las obras emblemáticas del sexenio, como el aeropuerto de Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya.

Y para nosotros que estamos en una zona turística, tenemos una noticia buena y otra mala. La buena, es que el presupuesto de Turismo se elevará 667 por ciento, si lo comparamos con lo que ejerció la Sectur en 2020.

De acuerdo con lo que ha ido informándose del presupuesto que el pasado martes entregó el titular de Hacienda a la Cámara de Diputados, el presupuesto de Secretaría de Turismo (Sectur) para 2021, será de 38 mil 613 millones de pesos, lo cual significa un histórico incremento de 667 por ciento respecto a lo otorgado en 2020.

Sólo para comparar, en el presupuesto de 2020, la Sectur obtuvo recursos por sólo 5 mil 034 millones de pesos para sus diversos trabajos; o sea, casi nada.

Pero la mala noticia es que el presupuesto de Sectur crece de manera histórica, pero de los recursos totales designados, la construcción del Tren Maya acapara 93.7 por ciento de ellos, es decir, se le darían 36 mil 287 millones de pesos.

¿Qué queda para todo lo demás? Solamente 173.6 millones para los programas de planeación y conducción de la política de turismo, “para continuar con el desarrollo de instrumentos y mecanismos de política pública, que contribuyan a una industria incluyente”, cita el documento.

Y concluye: “Para lograrlo, se fortalecerán los sistemas de información estadísticos y geográficos, así como la formulación de mecanismos de seguimiento y evaluación que faciliten la mejora del diseño de los proyectos”.

¿Qué tal?

Aunque el turismo es uno de los sectores más afectados por la pandemia, aun así, no habrá recursos ni siquiera suficientes. La obra del Tren Maya no es turismo. Servirá algún día para eso, pero por el momento es gasto. Por lo tanto, que no nos quieran dorar la píldora.

Y si los diputados no deciden otra cosa, porque acuérdense que en materia de presupuesto el presidente propone y los diputados disponen, el sector tendrá un presupuesto histórico, pero no será para reactivar la actividad turística en México, sino para consolidar una obra que muchos consideran faraónica, mientras el resto del sector muere de inanición.

Parecen no entender que el turismo es la tercera fuente de ingresos de este país, después de las remesas de migrantes y de Pemex. Vergonzosamente esa es la dinámica de la economía nacional, tan endeble como nunca antes, pero es nuestra realidad y la tenemos que asumir.

Que otros sectores se tengan que apretar el cinturón, de acuerdo con su participación en el Producto Interno Bruto nacional, ni modo, pero de que era urgente que Turismo fuera el sector más privilegiado, después de Salud, lo es.

Y primero salud, porque si no se recompone este sector, y si la pandemia por Covid 19 sigue pegándonos hasta por debajo de la lengua a México, entonces todo lo que se invierta en la recuperación del turismo será en vano.

Es como cuando se le inyectan a Guerrero 2 mil millones de pesos en fertilizante gratuito. Pero llega la sequía, o llegan las inundaciones, y todo ese dinero se pierde, ya que el sector depende del temporal de lluvias.

Es apremiante, entonces, ya no sólo cuidar la seguridad, sino sobre todo la salud del país. Ahorita, a las naciones lo que más les preocupa ya no es si matan o no a los turistas en México, sino si vienen a contagiarse por Covid 19 o no.

El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, que ya había relajado sus alertas hacia México, las volvió a poner en rojo, pidiéndole a sus connacionales que eviten venir a nuestro país, porque se está previendo un repunte en los casos de Covid-19.

Y con la noticia de que AstraZéneca suspendió los ensayos definitivos de la vacuna, por una reacción adversa en uno de los pacientes (mielitis, dicen unos), eso significa que no tendremos vacuna para el primer trimestre de 2021, y quizás no la tengamos ni siquiera e los primeros 6 meses.

Por lo tanto, aunado a que el Covid-19 se juntará con la influenza, tendremos pandemia por lo menos para el mes de abril del año siguiente, y sin vacuna, se cumplirán los 3 años pronosticados desde el inicio.

Todo esto impactará severamente todas las opciones de crecimiento planteadas por la Secretaría de Hacienda, porque el presupuesto y los planes están basados en un escenario muy distinto al que estamos viviendo ahora, y muy distinto al que se nos viene en 2021.

Si no hay vacuna para México y el covid 19 persiste, ya podemos olvidarnos de la recuperación económica de 4.3 por ciento pronosticado en el paquete económico de 2021.

Eso significa también más pobreza y más inseguridad. Y quizás también una mayor crisis e inflación. No somos pesimistas, somos realistas. Es mejor saber lo que nos espera a pensar que ya todo lo malo pasó. Mejor dicho, algo peor parece que va a llegar.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Algo interesante dijo ayer Porfirio Muñoz Ledo, al hablar del partido Morena. Éste, dijo, aún no es un partido de verdad; le falta organicidad.

En efecto, parece que nada dentro del partido lópezobradorista funciona. Tan es así, que tuvo que ser el Instituto Nacional Electoral el que saliera al quite para enmendarles la plana, a fin de que cumplan con el proceso interno para renovar su dirigencia.

Antes, mediante un consejo político convocado por Bertha Luján, pero que fue muy cuestionado, desbancaron a Yeidckol Polevnsky y colocaron a Alfonso Ramírez Cuéllar.

Y éste ya estaba de altos vuelos, organizando el proceso electoral interno, cuando le cayó el dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que renovaran, sí o sí, la dirigencia nacional, compromiso que recaía precisamente en Ramírez Cuéllar cumplir.

Al contrario, éste interpuso un recurso ante el TEPJF para que se le permitiera al partido renovar su dirigencia hasta 3 meses después de la elección de junio de 2021, bajo el argumento de que México está en medio de la pandemia por Covid-19.

El tribunal desechó la solicitud, por injustificada, y determinó que el INE hiciera una consulta abierta, la cual ya está en el proceso de organización, pues el instituto tiene un plazo muy reducido para cumplir con la orden del Tribunal.

El caso es que en Guerrero hay un gran desconcierto por esta encuesta, que realizarán 3 empresas, pero hasta ahorita pocos conocen el método, si será digital o presencial.

Además, todo esto será a costillas de las prerrogativas del Morena, pero los que andarán a las carreras por este trabajo extra serán los del INE, que ya tienen bastante con el arranque del proceso electoral federal, así como los procesos estatales.

A pesar de todos los desencuentros entre los liderazgos de Morena, la encuesta del INE será para ellos un ensayo interesante, y nos ofrecerá a todos una perspectiva real acerca de la participación de los morenistas en estados y municipios, en ese tipo de ejercicios.

Obviamente, si se trata de encuestas digitales, el problema estará en las comunidades apartadas, donde no se tiene este tipo de redes, o bien entre la gente pobre, que no cuenta con algún teléfono, tableta o computadora, a donde los puedan contactar.

Por lo tanto, lo ideal sería la encuesta presencial, o una combinación de ambos métodos.

De acuerdo con el actual dirigente morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar, no todos los aspirantes de Morena son auténticos, sino que hay algunos que responden a los intereses de otros partidos, e incluso de personajes políticos que ya están siendo desechados por la 4 Transformación.

Empero, se guardó los nombres de los posibles infiltrados, hasta que concluyera la etapa de registros, lo cual sucedió ayer por la tarde, con el registro de Yeidkcol Polevnsky. Por la mañana lo hicieron Porfirio Muñoz Ledo, el más viejo de los aspirantes, con casi 90 años de edad; y Gibrán Ramírez, con 30 años, el más joven.

¿Cuál es el verdadero riesgo de la encuesta abierta?

La intromisión de otros partidos políticos, quienes podrían estar enviando a su gente a votar por el personaje menos idóneo o por el más polémico, o por quien vean susceptible de negociaciones.

Por otro lado, hay que decir que la decisión del Tribunal Electoral no está del todo clara, porque dio una orden que realmente no tiene sustento legal. Recordemos que el INE sólo puede participar en las elecciones internas de los partidos políticos, cuando estos se lo soliciten, y la ley no contempla excepciones.

Además, esto sólo puede suceder fuera de los tiempos de un proceso electoral.

Por lo tanto, en la elección interna de Morena, se están violando dos principios legales, y de ahí la inconformidad de varios líderes morenistas, pues consideran una burda manipulación la decisión del Tribunal, así como un grave injerencismo.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Este lunes arrancó el proceso electoral más grande de la historia de México, y que culminará el 1 de junio de 2021 con una elección masiva a la que serán convocados 95 millones de mexicanos, para elegir 21 mil cargos de elección popular.

Esa cantidad de electores incluye a 5 millones más que en la elección de 2018.

Están en disputa 500 escaños en la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, mil 63 diputaciones en 30 congresos locales; y mil 926 ayuntamientos en 30 estados.

El proceso costará tan sólo en prerrogativas para partidos más de 7 mil millones de pesos, y aunque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador pidió que los partidos por su propia iniciativa donen dinero para las vacunas de Covid-19, nadie le ha tomado la palabra, pues saben que en la elección que viene cada peso cuenta, pues aunque se diga que la corrupción electoral está erradicada, eso es sólo en la ley (ya se considera un delito la compra de votos), porque en la práctica veremos las mismas prácticas de mapaches, pero más sofisticadas.

Ahí tenemos como recuerdo, por ejemplo, las tarjetitas canjeables por despensas en Soriana, o bien las tarjetitas que incluían promesas de programas sociales, que eran puro plástico, pero a la gente le dijeron que era canjeables por dinero y que se distribuyeron profusamente antes de la elección.

Para costear los gastos de esta elección, el INE proyecta un presupuesto de 20 mil 464 mdp para 2021. Esto, aunque representa una disminución de 3.5% en el costo operativo por elector/a respecto a 2018, sigue siendo bastante elevado, considerando que estamos en plena austeridad por la pandemia de Covid-19.

Hace dos años, el INE gastó 89.47 pesos por cada elector. Hoy está proyectado un gasto de 86.32 pesos por cada persona inscrita en la lista nominal. Pero, ojo, ese gasto se hace, aunque la gente no vote, porque recordemos que en varias elecciones el que ha ganado es el abstencionismo.

Ahora mal, en cuanto al manejo de estos recursos, para los procesos federal y locales, solamente se necesitarán 9 mil 470 millones de pesos. El resto de los 20 mil 464 millones, se desglosa en un presupuesto base de 10 mil 992 millones, más 9 mil 470 de “proyectos institucionales”; así como 1,268 millones por concepto de “otros proyectos”.

En resumen, siempre hemos considerado que en México los procesos electorales son sumamente onerosos, y que comparados incluso con los de Estados Unidos, nos damos lujos mayores que los de países ricos.

Las críticas hacia los jugosos sueldos de los consejeros y funcionarios electorales, han sido copiosas, y aunque con la llegada de AMLO al poder se quiso poner orden en los sueldos de toda la fauna de empleados federales, quienes se adjudicaban sueldazos impropios de un país como el nuestro, hubo quienes se ampararon para que esa decisión no les tocara.

De inmediato, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, presentó una demanda de amparo a título personal para impugnar la reducción de su salario en 2019. La demanda fue presentada el 12 de marzo, para impugnar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y el Manual de Remuneraciones del INE, publicado el 28 de febrero del año pasado.

En dicho Manual, las percepciones por sueldo, compensación garantizada, pago de fin de año y prima vacacional de los once consejeros bajaron de 3.7 millones de pesos brutos en 2018, a 3 millones de pesos en 2019.

Pero Córdova alegó: “Tales actos vulneran en mi perjuicio diversos derechos laborales y sociales, como son el de seguridad jurídica e irreductibilidad salarial reconocidos, entre otros, en los artículos 123, apartado B), y 127 de la Constitución”.

Este amparo, y otros promovidos por funcionarios del INE, fueron independiente de la controversia constitucional que dicho órgano presentó ante la Suprema Corte de Justicia, por la misma causa. Y aunque la suspensión les fue negada, eso no impidió que cada consejero demandara en lo particular.

Finalmente, para abril del año pasado, más de 100 consejeros y funcionarios ganaron amparos para que sus sueldos no fueran tocados, ni se les homologaran al sueldo del presidente de la República, entre ellos el mismo consejero presidente, Lorenzo Córdova.

Los consejeros electorales tienen un sueldo de 262 mil 634 pesos brutos, que tras deducciones de ley queda en 178 mil 324 pesos netos. Esto significa que ganan 70 mil pesos más que AMLO.

Luego entonces, vamos a las elecciones más grandes de la historia de México, pero también a una de las más costosas.

Mañana miércoles arranca el proceso electoral local de Guerrero. O sea, que tendremos de aquí al 6 de junio para ir conociendo los entretelones del proceso electoral.

Será un proceso intrincado por las alianzas entre partidos de varias especies, pero también muy interesante de ver y vivir.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

¿Y en Guerrero cuándo? Si el Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo la decencia de atorar la pretensión de 6 organizaciones sociales de convertirse en partidos políticos, entre ellos “México Libre”, perteneciente a Margarita Zavala y Felipe Calderón, ¿por qué no se aplica esta lógica en Guerrero?

De verdad que, aunque la ventana para la creación de nuevos partidos políticos es muy chica, porque las reglas son rigurosas, son los consejeros electorales los que las relajan.

De entrada, tendremos en esta entidad a 8 partidos políticos locales disputándose el voto de los guerrerenses. Se incluye a los partidos de influencia nacional que ya existen, que son otros siete, como Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena, más el que se acaba de aprobar, que es el PES.

Recordemos que 7 nuevas organizaciones buscaban su registro nacional, pero este fin de semana el INE desechó a 6 de ellas, y autorizó únicamente a la nueva versión del PES.

En el camino se quedó el Nuevo Panal (Grupo Social Promotor de México (GSPM); Redes Sociales Progresistas, del yerno de Elba Esther Gordillo; México Libre, de la pareja Calderón Zavala; Fuerza Social, vinculada al senador suplente y líder sindical Pedro Haces; así como Fuerza Alternativa, del expriísta César Augusto Santiago, y Súmate a Nosotros, relacionado con el expanista Manuel Espino.

Afortunadamente, si el Tribunal Electoral se mantiene en la lógica del INE, no veremos a estos partidos fragmentando el voto en 2021 en Guerrero, porque esa es realmente su intención; ni tampoco haciendo alianzas con los partidos fuertes para obtener votos y tener acceso a las prerrogativas, que en este proceso electoral que se avecina será de más de 7 mil millones de pesos, más lo que destine cada entidad.

Por ahora no sabe sabemos si tendremos partidos locales nuevos en Guerrero. El proceso nacional de registro concluyó en agosto y la decisión final se tomó el viernes por la noche, en el pleno del INE.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), aún no ratifica al PES, único partido que obtuvo su registro nacional, pero seguramente lo hará y lo veremos de nuevo en el ajedrez político, ahora del lado del PRI, dicen, cuando en la elección pasada lo hizo del lado de Morena.

Pero para los guerrerenses este tipo de jugadas no es nuevo. En 2018 participaron 16 partidos políticos, entre ellos varios locales. Y aunque la ley determina que un partido político local es aquel que tiene registro en el ámbito de cada estado, y que su objetivo es contribuir a garantizar la participación ciudadana en asuntos político-electorales, lo cierto es que no es así. En realidad, dificultan el proceso democrático y, al contrario, consumen muchos recursos económicos.

En 2018, por ejemplo, los partidos enanos andaban ofreciendo las candidaturas a cualquiera, y muchos las tomaron de último momento, sólo para aparecer en las boletas, pero realmente no hicieron trabajo de promoción ni mucho menos.

Algunos se compraron coche nuevo con las prerrogativas que les tocaron. La mayoría, en realidad, mandó sus pocos votos a favor de los partidos mayores, porque se los pagaron con pesos contantes y sonantes, y lo único que lograron fue mover a la gente en pos de una quimera.

Luego entonces, ¿en dónde está la utilidad pública y la efectividad democrática de estados mini partidos?

Algunos, como el Gallo Rojo, lograron una que otra posición, pero de todos modos perdieron el registro. El Partido Humanista, de plano, fue ave de paso. Y aunque el PANAL fue un sueño guajiro de Rubencito Figueroa Smutny, hoy tampoco existe.

Entonces, ¿cómo para qué crear nuevos partidos?

Además, ya existen las candidaturas ciudadanas, que tampoco dieron resultados en Guerrero.

Si se mantiene la existencia de los 8 partidos ya con registro, entonces iremos en 2021 a un proceso mucho más compacto. Veremos pocos candidatos, pues la mayoría irá en coalición. Hasta ahorita, podemos visualizar al candidato de la coalición opositora PRI-PAN-PRD, al candidato de MORENA-PT, y posiblemente al candidato de MC, que aún no ha decidido si se incluye en la coalición de panistas, priístas y perredistas, o va con sus candidatos propios.

También el Partido Verde aún no se sabe de qué bando jugará, si con Morena, ahora que ya trabaron ligas a nivel nacional (aquí las rechazaron), o si también se va con candidaturas propias, para darle cauce a los enojos que puedan surgir en el PRI por su alianza con el PRD, que son los partidos que realmente se disputarán las candidaturas, pues el PAN podrá aspirar únicamente a aquellos municipios y distritos donde tiene presencia.

El proceso nacional comienza este lunes 7 de septiembre. El proceso local ordinario para Guerrero, inicia el miércoles 9. Hagan sus apuestas. ¡Arrancamos!

Una vez que sus proyecciones iniciales sobre los efectos de la pandemia en la población mexicana se mostraron como mera fantasía, Hugo López-Gatell intentó desviar la atención de su ineptitud para manejar la crisis sanitaria y buscó chivos expiatorios a los cuales atribuir la causa de la gran cantidad de muertes que la COVID-19 ha provocado en México. Como buen émulo de su jefe, echó la culpa a los gobiernos pasados, reos de neoliberalismo contumaz, que dejaron medrar a horribles empresas capitalistas a costa de la salud de los mexicanos y provocaron la epidemia de obesidad, causante real de las muertes, pues no ha sido la COVID-19, sino las comorbilidades las que han dejado la terrible estela de mortandad.

La coartada de López-Gatell no se sostiene, sobre todo porque sus predicciones iniciales las hizo, supongo, sobre la base empírica de la información disponible sobre el estado de salud general de los mexicanos. Es verdad que México es un país con un gran porcentaje de personas obesas, entre las que la diabetes hace estragos y que esa circunstancia ha agravado el impacto del virus en nuestra población, pero al principio de la crisis las cuentas alegres del epidemiólogo oficial y su jefe clamaban por la resistencia genética excepcional de la población mexicana y por su media de edad menor que la de los países que entonces se estaban viendo más afectados, para minimizar los efectos esperables en nuestro territorio y para desdeñar las medidas drásticas que por entonces se generalizaban en diversos países del mundo.

Cuando la realidad alcanzó al médico que por un momento se sintió estrella y se hizo evidente que México sería uno de los países más afectados del mundo, entonces se buscó en el pasado a los culpables del fracaso de la estrategia, como suele hacer el Presidente López Obrador frente a todos sus descalabros. La narrativa usó la cantaleta manida de que la culpa de la mortandad la tenía el nefando neoliberalismo, que había permitido a las empresas de alimentos procesados –chatarra, en su jerga–, sobre todo las refresqueras, medrar sin restricciones a costa de la salud de la población, sobre todo la de la niñez.

El discurso oficial ha tenido eco en muchas buenas conciencias que ven en los empresarios a una caterva de malvados que solo buscan su provecho económico sin parar mientes en los males que causan a su alrededor. Los consumidores son simples víctimas de engaños y no son capaces de tomar decisiones de acuerdo a sus preferencias, porque caen en los engaños publicitarios sin más.

Es cierto que las asimetrías de información son la base de las ineficiencias del mercado y que el Estado debe jugar un papel regulador esencial para disminuirlas, pero el problema de la obesidad y el sobrepeso va más allá de la existencia de empresas que buscan el lucro intencionalmente a costa de la salud.  Esa historia de malvados frente al pueblo bueno es una simpleza que poco contribuye a atacar un problema complejo, de múltiples aristas. Como ocurrió durante el Gobierno de Felipe Calderón, cuando se planteó la eliminación de la comida industrializada en las escuelas, la industria se convirtió en la malévola culpable a la que se debían achacar todas las causas de la crisis de obesidad y de la epidemia de diabetes y, como siempre, surgieron las voces del prohibicionismo como estrategia para enfrentar a los productos considerados malignos.

Ahora, en tiempos de demagogos, se ha abierto paso en algunos Congresos locales la brillante idea de prohibir la venta a menores de refrescos, bollos y otros productos de alto contenido calórico a los menores de edad. Es la idea recurrente de que el Estado debe prohibir aquello que hace daño, la misma que hace más de un siglo llevó a la prohibición de las “substancias que degradan la raza”, de los “estupefacientes”, prohibición costosísima, inútil y que ha servido de coartada para echar andar estrategias de control social y territorial extremadamente violentas, inicuas y fracasadas. El prohibicionismo como recurso facilón al cual recurrir para ganar el aplauso fácil y no enfrentar los problemas con políticas públicas basadas en la evidencia.

No se trata de romper aquí una lanza por las empresas refresqueras, panaderas y de botanas. No se trata de productos saludables, sin duda. Pero convertirlas en la bestia negra que ha provocado la crisis sanitaria es un despropósito. La obesidad de la población mexicana no solo ha sido provocada por la disponibilidad de comida industrializada. Los cambios en la dieta popular, producto de la urbanización, también han sido producto, en muy buena medida de la oferta de comida callejera no industrializada, de los problemas de distribución que en muchas regiones del país tienen los productos frescos, y de la falta de actividad física de la población, que ha cambiado trabajos que requerían gran esfuerzo por labores detrás de un mostrador, de un volante o un escritorio.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Las expectativas para 2021 no son favorables. Eso ya lo sabemos. Si este año logramos salir un poco adelante con lo que se tenía, lo que viene será peor, porque ya no habrá casas de narcos que subastar, ni tesoros escondidos, ni decomisos, ni adeudos en impuestos que cobrar.

Es decir, que 2021 será de pobreza extrema, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró ayer, en el marco de su Segundo Informe de Gobierno de la República, que no contratará deuda para ayudar a la reactivación económica, aunque eso no evitará que la deuda crezca, cabe aclarar, pues tan sólo por el tipo de cambio del peso frente al dólar, automáticamente los intereses de deuda y la deuda misma también aumentarán.

En la costumbre nuestra, pareciera que los préstamos son la única alternativa para continuar como nación, pero López Obrador está forzando acuerdos internos entre los sectores productivos, sindicatos y gobiernos, para frenar esa receta que tampoco ha funcionado en el futuro, pues parece una receta fácil para ir saliendo de apuros, pero que a la larga se convirtió en una trampa.

México adeuda 12 billones de pesos a organismos financieros internacionales, dinero que pocos sabemos que pertenece a alguien más, o que el dinero que manejan esos organismos en realidad tiene dueños y son un puñado de súper-extra-archi-millonarios.

La intención de AMLO es dejar de ser carne de cañón de gente como los Rockefeller, Soros, entre otros, y más bien aprovechar el dinero que se tendría que pagar en intereses para inversión nacional.

Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a finales de junio, la deuda pública de México alcanzó los 12 billones 73 mil millones de pesos. Esto supone un incremento porcentual de 10.6 en un año. Es decir, que la deuda va aumentando a ese ritmo año con año, tan sólo por los cambios de valor de nuestra moneda, y en ese mismo ritmo aumentan los intereses.

Este año, se espera que la deuda alcance los 55.4% puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Es decir, que 55 de cada 100 pesos que México tiene de ingresos por las diversas actividades productivas, se tienen que destinar para el pago de los intereses de la deuda.

Explicado así, con manzanitas, se entiende la posición del presidente para no pedir más dinero prestado, y su posición para que México salga adelante con lo que tiene -que no es mucho-, aunque ello implique la pérdida de muchos negocios y, por lo tanto, de miles de empleos.

Esto sería como un daño colateral.

En contra parte, AMLO y los grandes empresarios del país llegaron al acuerdo de impulsar un plan de recuperación económica, tras la pandemia de Covid-19, y están por presentarlo.

De parte del gobierno, sin embargo, sólo existe la promesa de no incrementar impuestos. Los empresarios, por su parte, tendrán que hacer los ajustes correspondientes y meter de su bolsa si desean recuperarse.

Pero no olvidan que la recuperación de los negocios de este país, dependerá, en gran medida, de la recuperación del consumo. Pero si la gente no tiene dinero para gastar, simplemente no habrá tal recuperación.

Al contrario, los bancos se preparan para traspasar su deuda a despachos de cobranza, porque la previsión es que muchos de sus tarjeta-habientes caerán o ya cayeron en cartera vencida.

No sabemos de qué nivel es la cartera de los bancos, sólo sabemos que para muchos será impagable, porque no tienen empleo, o porque el que tienen es insuficiente para cubrir los gastos de subsistencia, pues hay que reconocer que en medio de la pandemia los acaparadores de alimentos y medicinas hicieron su agosto, causando una burbuja inflacionaria que nadie paró.

Por todo esto, más allá de los amores y desamores hacia el presidente, como pueblo tenemos que hacernos a la idea de que la austeridad será mayor, que los estados y municipios también lo resentirán, y que todo dependerá de lo que como empresarios hagamos y dejemos de hacer.

Si no hay empresa, señores, no hay pago de impuestos. Tampoco hay empleos.

Falta por saber qué incluye el plan de los empresarios, y si este plan involucra a la micro, pequeña y mediana empresa, o solamente a los grandes consorcios del país.

Rubén Martín

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llega a su Segundo Informe de Gobierno en medio de una crisis sin precedentes en el país dado que es una crisis tanto sanitaria, económica, social como política. Y todo indica que podría convertirse en una crisis también de legitimidad si el mandatario no cumple su promesa central que proclamó en campaña electoral: encabezar un Gobierno de transformación nacional.

Es evidente que la actual situación de crisis que vive el país no fue creada en estos 21 meses del Gobierno de la auto proclamada Cuarta Transformación. Ya AMLO había heredado un país devastado por una guerra y la violencia desmedida, la depredación territorial, una fuerza laboral súper explotada tras 30 años de contención salarial. 

En el modelo de súper explotación del trabajo era difícil obtener o mantener un empleo, pero aún más conseguir salarios decentes. La consecuencia es que se observa una mayor presión sobre quienes viven de su fuerza de trabajo. La fórmula de las políticas liberales impulsadas por los partidos del Pacto por México (PRI, PAN, PRD), se puede resumir en lo siguiente: más ganancias y más rápidas para los capitalistas en tanto a los asalariados se les condena a mayores cargas de trabajo y con menores ingresos. Esta combinación provocó una enorme dificultad para que la mayoría de la población consiguiera satisfactores esenciales: vivienda, alimentos, educación y medicinas.

Pero lo que puso el límite fue el hartazgo hacia un régimen de corrupción generalizada en que se convirtieron los gobiernos de la partidocracia tradicional.  

AMLO supo leer las corrientes del que abrevaba el hartazgo social y de ahí armó su programa: lucha contra la corrupción y cambio del modelo económico neoliberal. 

Por eso ganó con tal fuerza en julio de 2018. Pero luego, tras casi dos años de Gobierno (21 meses en Palacio Nacional), hay evidencias sólidas que muestran que López Obrador no está cumpliendo con el proyecto de un cambio de fondo tanto en el sistema político como en el modelo económico. 

Su estrategia contra la inseguridad y para poner fin a violencia, desapariciones y homicidios se cimienta, igual que sus antecesores, en la militarización de las fuerzas de seguridad. 

El Gobierno de la 4T sigue sin cancelar el modelo extractivo, como bien han señalado recientemente la Red Mexicana de Afectados por la Minería y la Alianza Mexicana contra el Fracking. 

La ratificación del Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) es una apuesta por la asociación estratégica con EU y la supeditación a sus proyectos geopolíticos. Esto se revela con el mantenimiento de grandes megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Transístmico y otros. 

Estas medidas han sido acompañadas de alianzas con representantes de intereses empresariales, mediáticos, sindicales del pasado. Por ejemplo, los empresarios que López Obrador llevó a la cena a la Casa Blanca en Washington; los contratos con las televisoras para impartir clases a distancia y el aval a los charros sindicales que han controlado a la clase trabajadora mexicana. 

Desde la 4T pueden decir que son movimientos tácticos para no abrir varios frentes de lucha o que no se pueden librar todas las batallas. El resultado es el mismo: se perdieron oportunidades históricas para promover cambios de fondo, esenciales para el país. Por ejemplo, crear una gran comisión de la verdad nacional que revisara todos los grandes casos de violencia, represión, desapariciones y enterramientos clandestinos y sometiera a juicio e investigación a los responsables, como ocurrió en Guatemala. También se perdió la oportunidad de dar pasos agigantados para detener desapariciones y terminar con la crisis de identificación forense. El cambio de discurso ante el tema de las desapariciones no es suficiente para lo que necesitan los cientos de miles de familias vulneradas por una desaparición, un enterramiento o un asesinato violento. 

El actual Gobierno perdió oportunidad histórica de dar muestras firmes de poner fin al modelo neoliberal extractivo, explotador de recursos y mano de obra: suspendiendo fracking, minería a cielo abierto, democratizar los sindicatos, garantizar el acceso a la mayoría de la población a la salud, educación, vivienda, seguridad social, etcétera.  

Es evidente que son demasiados problemas, demasiados retos y una oposición que no descansa, pero hasta ahora hay más semejanzas con el anterior modelo que nos trajo a esta crisis profunda que vive el país; y el Gobierno de la 4T la combate con parches, no creando modelos alternativos, por ejemplo con una apuesta por una economía basada en la cooperación, la solidaridad, el respeto por su pueblos y por sus recursos. 

Pero mientras transcurre el tiempo del sexenio sus opositores avanzan en su objetivo de dañar la imagen del Presidente y de la 4T y ya han hecho mella en el escudo político que presumía AMLO: la anticorrupción. El escándalo tras la difusión del video donde su hermano recibe recursos (“aportaciones”, dijo) para la campaña de Morena en Chiapas en 2015, por más que el Presidente y sus seguidores quieran minimizarlo, representa una abolladura en la legitimidad presidencial, lo que implica debilidad política. 

Mientras más tiempo sexenal se consume queda más claro que se perdieron oportunidades históricas para hacer los cambios de fondo que necesita este país para detener la guerra, parar la devastación, la explotación y para vislumbrar una sociedad donde valga la pena vivir, como exigían los chilenos en las protestas de octubre de antes de la pandemia. 

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Aunque en el Senado apenas comienza a tomar forma la iniciativa para levantar una consulta ciudadana y llevar a juicio a los ex presidentes de la República por actos de corrupción, en Guerrero desde el sábado comenzaron a instalarse mesas receptoras de firmas, impulsadas por morenistas, simpatizantes del partido lópezobradoristas y organizaciones sociales con actividad política.

La primera en anunciar sus actividades fue la organización social que preside Beatriz Mojica Morga, quien comenzó en Iguala y Chilpancingo, pero con la intención de abarcar todas las regiones del estado.

También ayer, en Acapulco, organizaciones afines al lópezobradorismo comenzaron con esta actividad, y se espera que a lo largo de esta semana que inicia, otros grupos se sumen a la iniciativa que desde el pasado jueves plantearon algunos senadores morenistas.

Esa primera solicitud, cabe decir, fue desechada por incumplir el número de firmas que se necesitan para darle cauce, así que ayer domingo, al término de la plenaria de Morena que durante dos días se desarrolló en la Ciudad de México, senadores del partido guinda decidieron crear una comisión que analizará la posibilidad de presentar una solicitud formal, para llevar a cabo la consulta popular sobre el juicio a los ex presidentes de México Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo Ponce de León y Carlos Salinas de Gortari.

Dicha comisión analizará los pros y los contras de esta iniciativa, y elaborará un documento de soporte.

De entrada, Morena debe tener las 43 firmas que se requieren para que una iniciativa de ese nivel avance, y el Poder Legislativo se involucre.

Vemos, entonces, que los morenistas pretenden ir por 2 vías para movilizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este asunto: la vía civil, ciudadana, y la vía legislativa.

Se tiene la otra vía, la de la aplicación directa de la ley, y eso depende de la Fiscalía General de la República. Es decir, que si hubiera algún delito que perseguir, y dad que la ley negociable, el fiscal Alejandro Gertz Manero estaría obligado a presentar las denuncias correspondientes, y exigir la reparación del daño causado al erario público, pero también el castigo correspondiente, esto de acuerdo al Artículo 21 Constitucional.

Hasta hoy, recordemos, ese precepto legal era letra muerta, porque lo que se estilaba en la política era una ley no escrita de usos y costumbres, que se aplicaba a valores entendidos entre el presidente saliente y el entrante.

Algunos daban algunos golpes de timón, como Ernesto Zedillo cuando encarceló a Raúl Salinas de Gortari; o Enrique Peña Nieto cuando encarceló a Elba Esther Gordillo Morales; o el mismo Carlos Salinas de Gortari, cuando mandó encarcelar al líder petrolero, Joaquín Hernández Galicia La Quina. Pero se trataba de golpes quirúrgicos, y encaminados a “legitimar” sus gobiernos, sin que eso significara realmente traer justicia al pueblo.

En el caso de Felipe Calderón, se entiende que pagó su inmunidad regalándole el avión presidencial a Enrique Peña Nieto; un avión inútil para un gobierno pobre, pues se trata de una nave que hace vuelos intercontinentales, pero que resulta muy costosa en vuelos cortos, dentro del país.

Pues bien, tan sencillo como que la Fiscalía General de la República ejerza su autonomía y haga valer la ley, olvidándose de cualquier acuerdo que pudiera existir entre, por ejemplo, López Obrador y Peña Nieto.

Tampoco es necesario que se involucre el Senado, pues la consulta ciudadana ya sería suficiente para que la Corte aceptara la revisión del caso, sin tener que meter este ruido político en las cámaras.

Las próximas dos semanas, a lo largo y ancho del país, veremos a organizaciones sociales afines y partidistas moverse para recabar firmas, pues se necesitan unos 3 millones de ellas para que los ex presidentes enfrenten la ley por sus actos.

El proceso es inédito para México y, por lo tanto, sumamente interesante. Veremos si este país es capaz de hacer valer estas herramientas ciudadanas para mover el aparato burocrático de la justicia.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Con la llegada de las lluvias, los problemas se multiplican para gobierno y sociedad. Sabíamos que este temporal sería crítico, pero nunca imaginamos cuánto hasta que tenemos encima los cántaros de agua.

En los últimos tres días, pero sobre todo el miércoles, Guerrero vivió lo que se conoce como Vaguada Monzónica, o Convergencia Intertropical, fenómeno que consiste en que surgen depresiones tropicales, tormentas o huracanes en ambos océanos, el Pacífico y el Atlántico, y se influyen mutuamente.

Es algo similar a lo que vivimos en septiembre de 2013, con el fenómeno de la tormenta Manuel y el Huracán Ingrid. En esa ocasión, los vientos huracanados de Ingrid influyeron en Manuel, se retroalimentaron ambos fenómenos, dejando niveles de precipitaciones pluviales históricos en el país, pero sobre todo en Guerrero.

En el caso de México, esta semana, la convergencia se dio en el Istmo, que es la parte más estrecha del país, pero se dispersó el fenómeno desde el estado de Sinaloa, hasta Centroamérica.

Del lado Pacífico, había dos depresiones tropicales, que se habían formado el martes por Chiapas, y que caminaron muy lentamente a lo largo de la costa (una más cerca del continente, otra más alejada), precipitando grandes cantidades de agua casi por 24 horas ininterrumpidas.

Afortunadamente estos fenómenos se convirtieron en tormentas tropicales (Hernán y Giselle) casi al mismo tiempo, a la altura de Sinaloa, porque de otro modo la precipitación pluvial hubiese sido mayor.

Por el Golfo, el huracán Laura tocó tierra en los primeros minutos del jueves por Louisiana y Texas, con categoría 4, y vientos sostenidos de 150 millas por hora. Cientos de miles de familias fueron evacuadas, y los daños aún son incuantificables, más la muerte de una adolescente.

Como quien dice, vivimos para contarlo.

Cuando se registró el fenómeno de Manuel e Ingrid, los científicos decían que no habían visto algo parecido en México, pero también dijeron que eso sería cada vez más común en nuestro país, que está rodeado de dos océanos y un golfo que atrae recurrentemente huracanes.

Del lado del Pacífico no cantamos mal las rancheras. Por ejemplo, apenas la semana anterior cruzó por nuestras aguas continentales el huracán Genieve, pero como iba muy alejado de las costas, sus efectos fueron leves. Más bien impactó a Baja California, donde el Mar de Cortés también es un punto para atraer huracanes.

De los municipios más dañados por el exceso de precipitaciones pluviales es Petatlán, a donde ayer estuvo el gobernador Héctor Astudillo Flores, luego de haber visitado la Costa Chica, donde también hubo cortes de carreteras y daños menores.

El mandatario supervisó la atención a 1300 damnificados en el municipio petatleco, pero también recibió de parte del alcalde de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Alec, la petición de declaratoria de desastres para este municipio, ya que los daños también son cuantiosos, y aún se están evaluando.

Afortunadamente se tuvo una atinada coordinación entre elementos policiales y de Protección Civil del Municipio, con la Marina y la Sedena, quienes estuvieron auxiliando a la población y habilitando las calles y avenidas dañadas.

En Costa Grande, sin embargo, todos sabemos que los más afectados vienen a ser los pueblos de la Sierra, donde los caminos se cortan y las redes de telefonía y de electricidad se dañan.

Las autoridades tendrán que trabajar con diligencia y rapidez para restablecer todo, porque recordemos que estamos en el inicio del ciclo escolar y los estudiantes están tomando clases a distancia, mediante la televisión o el Internet.

Tendremos que saber también que estamos en alerta por el Covid-19, y estas aguas traerán la sobrepoblación de zancudos que transmiten el dengue, la zika y la chikunguña, cuyos síntomas son parecidos a los de la infección por coronavirus.

Muchos trabajos tienen los gobiernos de todos los niveles, pero también los ciudadanos. El autocuidado de la salud es algo que comienza por la prevención. No se descuiden. Feliz fin de semana.