(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Piso parejo están pidiendo los aspirantes a cargos de elección popular, sobre todo los que aspiran a la gubernatura de Guerrero y de otros estados. Esto implica que quienes detenten algún cargo, sea de representación social, o administrativo, renuncien y comiencen su trabajo como ciudadanos de a pie.
Claro, eso no lo veremos, porque la ley marca que 90 días antes de la elección (esto es, 3 meses), para que los funcionarios dejen sus cargos.
Para colmo, ahora con las facilidades para la reelección, alcaldes y diputados locales ni siquiera están obligados a pedir licencia, sino que pueden hacer campaña aun estando en sus cargos, colocando a los aspirantes de otros partidos, en el dilema de moverse sin los recursos que puede tener a la mano un presidente municipal, o sin la pantalla que significa ser legislador.
Sin embargo, sabemos que las leyes electorales están hechas a la medida de la clase política, no a la medida de los electores. Y como ellos hacen las leyes, las van acomodando a sus intereses.
A propósito de la exigencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que los delegados que manejan programas sociales renuncien a sus cargos de manera definitiva a más tardar a finales de octubre, eso sólo aplica solamente para Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, y para los delegados regionales que aspiren a competir por diputaciones y alcaldías; pero para el resto de los aspirantes, nada, lo más seguro es que se prolongarán en los cargos hasta diciembre o hasta que finalice el tiempo de la elección interna, que es en el 8 de enero, iniciando en 10 de noviembre (60 días).
Por eso el presidente puso como plazo máximo para renunciar 3l último día de octubre a los miembros de su gobierno, para que entren en el periodo de precampañas libres de cargas.
Sin embargo, ese proceso se puede hacer o no. Es decir, que alguien puede decidir no hacer precampaña, y obviar ese plazo de 60 días que contempla la ley, destapándose hasta que su partido defina la candidatura, pues el plazo formal para el registro de candidatos comienza hasta el 15 de febrero.
Esto lo aprovecharán, sobre todo, quienes tienen cargos de representación social, desde donde seguirán proyectándose sin problemas. Pues mientras no digan que van a competir, mientras no acepten que esas son sus intenciones, se harán como el tío Lolo.
Después del 8 de enero de 2021, viene un plazo de un mes en blanco, después de la precampaña de aspirantes, previo al plazo para que los partidos políticos y coaliciones registren a sus candidatos a la gubernatura, plazo que va del 15 de febrero al 1 de marzo. Así está el calendario oficial.
Entonces, no habrá nada definido en el corto plazo, porque sobre todo los partidos de la coalición opositora tendrán hasta el 1 de marzo para registrar a su candidato. Y entre tanto, tendrán de aquí a esa fecha para papalotear entre ellos, negociar, sopesar posibilidades y así hasta quedarse con el que consideren tiene mayores posibilidades de triunfo.
Hechos estos trámites, el 5 de marzo arrancan campañas para gobernador, y de ahí hasta el 2 de junio, 4 días antes de la elección.
Esto se irá empatando con las elecciones locales, tanto en la selección de candidatos a alcaldías y diputaciones locales, como en el inicio de las campañas constitucionales.
Por cierto, revisando el calendario, aunque la campaña electoral para gobernador comienza el 5 de marzo, es hasta el día 7 en que la ley prevé que renuncien aquellos funcionarios que deseen competir en esta elección que viene.
Para esto, el periodo de precampañas para ayuntamientos ya habrá pasado, así como también ese mismo proceso interno para definir candidaturas a diputaciones locales.
¿Qué tal?
Lo ideal, sí, es que todos los aspirantes renuncien a sus cargos, independientemente de si la ley marca una determinada fecha. Pero para eso se necesita mucho más que el deseo de competir: congruencia, en primer lugar. Segundo, honestidad y valor para ir por la conquista de un sueño, sin tener una catapulta desde donde impulsarse.
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