Categoría: Opinion

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Como destino turístico, en sus tres costas, la del Atlántico, Pacífico y El Caribe, irremediablemente queda en medio de varios fuegos en la batalla contra el coronavirus.
El caso del crucero proveniente de Jamaica, en donde no lo dejaron desembarcar, y que llegó el miércoles a las costas de Quintana Roo –donde aún permanece-, es el primero de muchos que el gobierno de México tendrá que enfrentar, pues las noticias revelan que son varias las embarcaciones que están en altamar y que comenzaron a notificar de personas con síntomas de enfermedades respiratorias, que si bien pudieran ser de influenza común o estacional, nadie descarta que se trate de coronavirus, pues la enfermedad que hasta la semana anterior se limitaba a personas que habían estado en lugares de contagio, ya ccomenzó a manifestarse en personas que ni siquiera han salido de su lugar de origen, como sucedió en Estados Unidos, y esto refleja que la epidemia está avanzando.

Preocupan en este sentido muchas cosas. Primero, que el presidente de la República tiene una postura humanista en el asunto, pues considera que es inhumano que miles de personas permanezcan en un barco, sin permitirles descender a tierra y reunirse con sus familiares.

“Cerrar puertos es inhumano”, dijo el presidente en su conferencia mañanera de ayer, a propósito del crucero MSC Meraviglia, en el que viajan 7 mexicanos que hasta ayer al mediodía pedían que el gobierno de este país los atendiera.

“Si alguien presenta coronavirus, se le atiende”, dijo.

Pero, ¿y los posibles contagios? ¿Y la posible expansión de la enfermedad en el país? El presidente de la República tendría que darnos a los mexicanos la mínima seguridad de que se actuará con responsabilidad en casos como estos, y que seguirá los protocolos sanitarios básicos, como revisar primero a los pacientes antes de permitir un desembarco generalizado, como sucedió en Japón la semana anterior, donde después de un mes de mantener un crucero en cuarentena frente a sus cosas, finalmente se permitió que cada país repatriara a sus connacionales, y muchos de ellos ya estaban infectados.

¿Qué procedía? En efecto, permitir el desembarco, pero de manera controlada. En segundo lugar, mantener en observación a todos los pasajeros, en un área cuarentenada, sin contacto con otras personas, hasta que se descartara la infección pues recordemos que los virus tienen periodos de incubación de hasta 7días, tiempo en el cual no presentan ningún síntoma

Eso ha sucedido con gente que viajó a China, y que al volver a sus países de residencia, comenzaron a enfermar. Los primeros casos en Estados Unidos, concretamente en Seattle, estado de Washington, fueron así.

Por lo tanto, y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la que Juan Ramón de la Fuente es representante de México, nuestro país está obligado a respetar los protocolos epidemiológicos, pese a que sea presionado desde dentro para que abra sus puertos a desembarcos desordenados.

Sin esta mínima atención, lo que se desataría en nuestro país sería una epidemia de grandes proporciones, como ha sucedido con la Chikunguña y la Zika, que hicieron estragos en 2015, así como permanentemente lo es el dengue y la influenza.

Por tratarse de un virus sin vacuna, y desconocido para la comunidad científica, lo que queda es tomar precauciones y evitar en lo posible el contagio.

La verdad, sin embargo, es que sabemos muy poco de la experiencia China, porque por ser un régimen político cerrado, la comunidad científica no ha tenido acceso al país, y sólo se supo lo que el régimen chino nos quiso informar.

Es en el exterior, de donde ha salido más información que nos permite conocer el comportamiento del virus y sus formas de contagio.

Por ejemplo, ahora sabemos que no sólo se transmite mediante las gotas de saliva y estornudos, sino que también se transmite por vía fecal y sanguínea. Que el virus sobrevive largo tiempo en superficies contaminadas, y que una persona lo adquiere no sólo al respirar gotas de saliva y de secreciones contaminadas, sino también al tocar objetos expuestos, y al tocarse nariz, boca y ojos.

La higiene permanente parece ser la respuesta inmediata, pero lo que preocupa es qué hacer con el sistema de salud, que en México está desvencijado, sin medicinas, y con una comunidad médica y de enfermería bastante desprotegida.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Guerrero continúa siendo la entidad más lópezobradorista de México, según la reciente encuesta de Enkoll, que aunque es sencilla, pues no fue un sondeo exhaustivo, sí arroja resultados sumamente interesantes.

Veamos uno de ellos: Que la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador es aprobado por 86 por ciento de los guerrerenses. Y solamente 7 por ciento lo desaprueba.

¡Wow! Con razón los morenistas andan tan alborotados, y con razón Luis Walton Aburto dejó su partido, el Movimiento Ciudadano, y está peleando la candidatura de Morena como externo –aunque con pocas posibilidades, claro. Lo mismo que Beatriz Mojica Morga dejó el PRD, después de desgraciarlo, porque ella y Alejandra Barrales idearon el maridaje con el PAN, para votar en contra de López Obrador en la elección pasada.

Aunque ahora, tanto Walton como Beatriz traten de justificarse, su posición de líderes de sus partidos, ella a nivel nacional, y él a nivel estatal, su propia historia los condena.

Sólo falta que cumplan su palabra de que aunque cuando no sean los candidatos, apoyarán al partido lópezobradorista, o si se van al Partido del Trabajo, como lo han estado anunciando diversos opinadores.

Volviendo al tema, la encuesta de Enkoll nos demuestra que el Efecto Peje sí persiste en Guerrero, y que eso se decantará en la elección del 2021, quieran o no los partidos de oposición, que le apostaron al desgate político del presidente y, por ende, el de su partido.

Podemos afirmar, de hecho, que la popularidad de Morena en Guerrero se debe al presidente y no a ninguno de los morenistas locales, porque a los nuevos no los conoce la gente, y a los viejos les conoce las mañas.

Luego entonces, para los morenistas la elección de Guerrero está cantada y será un mero trámite. Por supuesto, tendrán que elegir al candidato idóneo y respaldarlo, porque lo que se olfatea en Morena es la traición.

Hay un grupo que representa un peligro, y ellos lo saben. Son los mismos que se apoderaron del partido, y que en caso de no ser ellos los que sean favorecidos, entonces trabajarán en contra, porque ya lo han hecho, así se movieron en la elección pasado.

Así pues, el enemigo de quien resulte candidato de Morena en Guerrero está dentro del mismo partido, no fuera.

Por otra parte, hay que aclarar que según la encuestadora, el objetivo del sondeo era revisar algunos problemas del país y del estado de Guerrero, cuestionando también a la gente con qué partido se identifican, por qué partido votarían y por cuál partido nunca votarían.

Los encuestados también respondieron acerca de qué personaje político conocían, lo cual nos permite medir la popularidad de los actores políticos de la entidad y del país, considerando únicamente al presidente de la República, en lo nacional, y  al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, junto con otros aspirantes a sucederlo, en cuanto a lo estatal.

Los más conocidos con el presidente AMLO, con 99 por ciento de respuestas; el gobernador Astudillo, con 92 por ciento; el senador priísta Manuel Añorve, con 76 por ciento; el senador morenista, Félix Salgado Macedonio, con 72 por ciento; el ex alcalde de Acapulco, el perredista Evodio Velázquez, con 60 por ciento.

A partir de ahí, todos los demás aspirantes están por debajo del 50 por ciento en cuanto al conocimiento que de ellos tiene la población.

Por ejemplo, a Luis Walton dijeron conocerlo 54 por ciento de los encuestados. A Adela Román, alcaldesa de Acapulco, 52 por ciento. Y al delegado del gobierno federal para los programas sociales, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, únicamente 35 por ciento.

Esta variante es importante, pues eso implica que los que estén por debajo de los 50 puntos, pero que tengan aspiraciones firmes al gobierno del estado, deben comenzar a menearse por la entidad ya, para que reposicionen su nombre.

Otro aspecto es el de la opinión que  la gente tiene de las figuras políticas. Es decir, que no basta que te conozcan, sino qué se dice de cada quien.

Y en este punto el presidente se mantiene con una opinión “muy buena” por parte de los encuestados, seguido de Pablo Amílcar Sandoval, con 32 por ciento de buena opinión; 16 por ciento regular, y 16 por ciento muy mala, más 32 por ciento que no sabe (aquí aparece nuevamente el desconocimiento de su figura). Su calificación global fue de más 16.

A Pablo, lo ubica menos gente que a Félix Salgado Macedonio o a Manuel Añorve Baños, pero tienen mejor opinión de él.

En cambio, a Félix fue calificado con 30 puntos como muy bueno; 23 puntos como regular; y 33 puntos como muy malo. El resultado es un menos 3.

Añorve, por su parte, tiene 28 puntos como muy bueno; 21 como regular, y 40 como muy malo. Su resultado global es un menos 12.

Así las cosas en Morena, y en Guerrero.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

La semana que comienza arrancó con el destape del delegado de gobierno en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. El destape de su aspiración por la gubernatura del estado la hizo el presidente municipal de Azoyú, en la región de la Costa Chica, donde se celebró una reunión regional de presidentes y legisladores de Morena, siendo el anfitrión el alcalde azoyuteco, José Efrén López Cortés.

Bueno, en realidad eso fue de mero trámite, porque todos en Guerrero sabemos que Pablo Amílcar es aspirante a la gubernatura, no hacía falta un destape de parte de nadie.

En política, sin embargo, lo que no se expresa no existe. Y es por eso se estilan los destapes y autodestapes, que también ocurren, para decir “aquí está, sí va, si quiere”, o “sí voy, no me descarten ni me desencarten”.

Claro, una vez destapados, ellos mismos se encargan de decir que no, que no son los tiempos, que lo importante es cumplir con la encomienda que en este momento tiene, que llegados los tiempos, si la gente los aclama –digo, si la gente se los pide-, pues con gusto obedecerían la voz del pueblo.

Tanto se ha abusado de esta estrategia política, que ya nos sabemos el libreto.

Bueno, al menos Pablo tuvo la decencia de esperar este año para destaparse, pues los perredistas Carlos Reyes Torres y Evodio Velázquez Aguirre, tienen desde el año pasado encarrerados. Y no comenzaron reconstruyendo al partido, que tanta falta le hace, sino lanzando sus aspiraciones y creando bandos a favor de sus proyectos. El partido puede esperar, que al fin y al cabo ya está tan mermado, que la reciente encuesta de la empresa Enkoll, únicamente 12 por ciento de la preferencia electoral, “si hoy fueran las elecciones”.

Pero en cuanto a identificación de los electores con algún partido político, únicamente 7 de cada 100 se identifica con el PRD.

En contraste, 35 por ciento se identifican con Morena, y si hoy fueran las elecciones, siempre según Enkoll, 60 por ciento votaría por algún candidato morenista.

Y para no variar, en el top ten de Morena en Guerrero figura, prácticamente con un empate técnico, el senador Félix Salgado Macedonio, por quien votaría 36 por ciento de los electores; y el delegado del gobierno federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, con 34 por ciento.

Es decir, que estamos ante un empate técnico en Morena, que será muy difícil destrabar.

Pero, no es lo mismo ser senador, un legislador de la República, miembro de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, que ser un empleado del Poder Ejecutivo. Máxime cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha puesto reglas muy claras para quienes aspiren a algún cargo de elección popular: “Primero renuncien”.

Luego entonces, siguiendo esa regla del presidente, Pablo Sandoval tiene contados sus días como delegado en Guerrero, pues de otro modo no podrá cumplir con la norma y corre el riesgo de ser linchado políticamente, y ser acusado de que usa los programas sociales para hacer campaña.

Quizás lo más sensato para él sea volver al Congreso local, como líder de la bancada de Morena, o de plano esperar de aquí a septiembre, que es cuando comienza el proceso electivo, y meterse de lleno a la pelea.

Sea cual sea su decisión, Pablo tiene un escenario complejo delante de sí. En otros tiempos, estaría en el mejor lugar, pero en este momento está en el lugar más peligroso, prácticamente una vitrina, y recordemos que participar en política es como estar en la casa del jabonero, donde el que no cae, resbala.

La actual administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha desarrollado una intensa campaña en la que la institución es presentada como la Universidad de la Nación. La frase es brillante porque refleja tanto la opinión que los universitarios tienen de sí mismos, como la forma en la que les gustaría ser percibidos. Sin embargo, bajo la insistente campaña, se ocultan contradicciones que corresponden al ámbito universitario y no deben ser endosadas al país.

Una de estas contradicciones la representa la forma en la que han abordado las demandas del movimiento feminista en la UNAM; el proceso en sus inicios y en su desarrollo ha permitido a la opinión pública observar cuál es el significado de la autonomía para los actores del conflicto universitario. Para éstos, autonomía y cumplimiento de su propia legislación no están vinculadas porque la entienden a la manera de la sociedad feudal, como un privilegio de carácter colectivo que les permite, en primer lugar, disfrutar de leyes particulares, y en segundo, cumplirlas o no a su arbitrio. Esta manera de entender la autonomía es resultado de la confusión que existe entre aquellos que no conocen la historia ni el significado de la autonomía.

La autonomía no se entiende sin el privilegio. Éste es propio de las sociedades jerárquicas, antidemocráticas, organizadas para preservar la desigualdad. Por esta razón las revoluciones del mundo moderno tienen como rasgo común su lucha contra los privilegios, porque éstos se oponen a la igualdad.

En sus distintas etapas la Universidad ha portado diferentes apellidos, Real, Nacional, y a partir de 1933, Autónoma; pero sin importar el nombre, su función ha sido la de preparar los cuadros al servicio de un proyecto de organización social; en el caso de la Colonia, de organización jerárquica, y en el caso de la etapa posterior a la Revolución Mexicana, de organización horizontal, democrática, lo cual significa que la Universidad cumple una función política porque su vocación desde su inicio es la de servicio público. La idea de que es una institución apolítica, neutral, es resultado de una lectura mal intencionada que pretende, por una parte, desnaturalizar la función para la que fue creada, y por la otra, plantear en términos de conflicto la relación su relación con el Estado.

Los hechos ocurridos entre noviembre del año pasado y el día de hoy han servido a la opinión pública y a las nuevas generaciones de universitarios, observar lo que hoy parte de su comunidad entiende por autonomía, es decir, la forma en la que las autoridades aplican las leyes y la manera en la que las universitarias y los universitarios cumplen las leyes que ellos mismos se han dictado. En pocas palabras, la autonomía, desde la perspectiva moral, no significa ni ausencia de leyes ni suspensión de las mismas; significa, sí, la voluntad de cumplirlas sin necesidad de una fuerza externa que nos obligue a ello. Desde el punto de vista jurídico, la autonomía no significa leyes “a modo”, especiales para un grupo; tampoco significa extraterritorialidad ni licencia para violentar la ley en forma impune.

Los sucesos invitan a la reflexión porque, al amparo de la autonomía, han pasado casi cinco meses desde que estalló el conflicto en algunas dependencias universitarias y lo único que se ha podido observar es que, en vez de diálogo, se formulan invitaciones al diálogo; en vez de un ejercicio racional, existe un ejercicio emocional; en vez de acciones para solucionar el conflicto, se realizan acciones para prolongarlo; en vez de acatar la ley, se proponen modificarla; en vez de participación de la comunidad, la autoexclusión de un sector de la misma. La opinión pública, con razón, se pregunta: ¿Es esto autonomía?

Para no especular sobre la autonomía ni para teorizar sobre ella, basta observar la conducta seguida por los universitarios en dos reuniones recientes. Una la del Consejo Universitario, reunido el 12 del mes en curso, con el propósito de modificar el Artículo 95 del Estatuto General de la UNAM, según el cual se considera falta grave cualquier acto de violencia y en particular la violencia de género que vulnere o limite los derechos humanos y la integridad de las personas que forman parte de la comunidad universitaria.

Ignoro cuál fue la intención de quienes participaron en la redacción de esa modificación, así como la de los consejeros que la aprobaron, casi por unanimidad, de vincular cualquier tipo violencia, en particular la de género, con las garantías a los derechos humanos. Con este enunciado, la violencia en la universidad cubre un espacio tan amplio como el de los derechos humanos, que son el fundamento del estado de derecho.

Resulta alarmante que, a partir de ahora, en este nuevo contexto, si las universitarias o los universitarios realizan una “toma” de las instalaciones y suspenden las actividades, vulneran el derecho humano a la educación. Vale recordar lo que establece el artículo 1º de la Constitución Política: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidas en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”