Opinion | - Part 113

Buena ondita y libertario

Alejandro Páez Varela

Es primero de diciembre, 2024. Claudio X González Guajardo entra a Palacio Nacional después de una larga salutación. Estrena su escritorio. Abre la laptop: doble clic a un documento que titula: “lista negra”. Se pregunta, ahora sí, qué sigue: ¿ordena detener a todos los que están en ella? ¿Investigarlos? ¿Espiarlos-acosarlos?

Equis González se entera, entonces, que la lista plantea un primer reto: hay que clasificarla. Poco más de tres años antes había planteado anotar a todos los que por omisión (por no hacer nada) o por decisión (directamente lopezobradoristas) apoyaron el movimiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, anotar en una lista a todos los que no votaron por su alianza y caen en el estatus de “omisos” o “activos”.

El señor Equis ve con asombro que somos 126 millones 014 mil 024 mexicanos. Los únicos que no están en su lista son aquellos que votaron por PRI, PAN y PRD, partidos que dirige desde 2021. ¿Cuántos son? Ese año, 2021, votaron por el PAN 8 millones 969 mil 288; por el PRI, 8 millones 715 mil 899 y por el PRD, un millón 792 mil 700. Esos se salvan.

Pero los demás sí están anotados. La amenaza decía claramente que integrarían la lista negra por acción (son abiertos lopezobradoristas) o por omisión (los que ni fu ni fa). En total: 106 millones 536 mil 137 ciudadanos que no votaron por PRI-PAN-PRD.

Es aquí cuando el señor Equis se da cuenta que hay que clasificar la lista. Somos 126 millones, se dice; y algo se debe hacer con esos 106.5 millones, que son mucha gente. Pues a clasificar. No queda de otra.

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Ahora estamos en el presente. Claudio X González Guajardo defiende su derecho a hacer una lista negra. “No hay amenaza ni explícita ni implícita en mi comentario”, dice. La cuenta de Sí por México retuitea a quienes defienden al junior multimillonario pero sus partidos, PRI, PAN y PRD, guardan silencio.

Nadie se extrañe de su silencio. Mientras no consolide algo de lo que se ha propuesto, el señor Equis no pasa de ser un hijo mimado que vive de los miles de millones que su padre ha conseguido, en gran parte por sus nexos con el poder; no pasa de ser un “filántropo” de sombreros ajenos que no hizo el dinero que se gasta, ni puede garantizarle a los que se lo dan que podrá regresárselos porque, por un lado, ya no son deducibles sus donativos y porque, por el otro, sus proyectos no van tan bien como él quisiera.

La semana pasada, al cumplirse un año su movimiento, Equis González debió echar mano de la manipulación para inflar sus logros. “La Coalición Va por México más Movimiento Ciudadano tuvieron cerca de dos millones de votos más que Morena y sus aliados”, dijo. Mentira. Suma los votos de MC que no son suyos para hacer parecer como si todo fuera viento en popa. Y antes dijo: “La ciudadanía y la Coalición Va por México lograron arrebatar la mayoría calificada a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados”. Mentira. Morena nunca ganó esa mayoría calificada: la construyó para sacar su agenda.

Dentro de la coalición, no tardan en decirle al señor Equis quién manda. Pasará, anótelo. Quien manda, el que tiene el poder en la relación, no es él. Tampoco es el PRI, que quizás en los siguientes dos años pierda lo que le queda de gubernaturas. El que manda es el PAN. En 2024 no hay de otra: el PRI se vuelve oficialmente satélite del PAN y acepta que un panista sea su candidato, o no hay Va por México.

Mientras tanto, Equis González se entretiene en pensar cómo tomará venganza de los que no se compran su rol de multimillonario buena ondita y libertario a la Bruce Wayne, que de día come caviar y de noche toma no el traje de Batman, que no le da para tanto, pero sí el de progre rebelde, con cabello largo y sacos de pana con parches de piel.

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De regreso al primero de diciembre de 2024. Hay que iniciar –se dice el señor Equis– clasificando, dentro de la lista negra, a los intelectuales que defendieron o que no hicieron nada en contra del movimiento del Presidente. Agrega periodistas, activistas, escritores, actores y otras personas públicas. Ya quedó un primer grupo. Lo marca, dentro de la misma lista, con un color distinto: son los que tienen prioridad.

Con otro color marca a la burocracia federal, completa. Defendió o no hizo nada “para detener” el avance de Morena. Y mete en el mismo color a las burocracias de gobiernos locales de Morena. Listo. Ah, piensa el señor Equis, ¿y los líderes de Morena, PT y el Verde? Esos también tienen prioridad y se separan. Agrega de una vez líderes y funcionarios partidistas nacionales y locales (estatales y municipales).

El señor Equis ya está listo para citar a los titulares de la FGR, el SAT, la UIF, la Secretaría de la Defensa y la Marina para entregarles esa primera selección de su lista negra, pero recuerda que hay algunos moneros, columnistas, activistas y reporteros que lo lastimaron profundamente. Los separa. Y hay algunos empresarios y exfuncionarios que le caen mal, mal. Los separa. Y uno que otro, incluso un vecino que nunca simpatizó con él. Los separa.

Y ahora sí: el señor Equis tiene su lista marcada por prioridades. Y a por ellos. Se trata de poner el ejemplo y darles una lección. ¿Por dónde empezar?, pregunta el de Marina. ¿Les abrimos una investigación o los detenemos primero y ya veremos?, secunda el de la Fiscalía. El señor Equis no quiere perder tiempo: “Deténganlos y ya veremos”. Y los manda al sureste; PAN y PRI estarán de acuerdo en que mejor allá que acá, donde hay progreso. Se necesitarán lugares para meterlos: entonces pide campos de reeducación.

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Es la mañana de dos de diciembre de 2024 cuando Claudio X González Guajardo sale de Palacio Nacional, cansado pero satisfecho, aunque sabe que todavía hay que resolver el destino de otros 106 millones de mexicanos (la lista de colores apenas da unos 500 mil) que por omisión o acción permitieron el movimiento de López Obrador.

Por hoy resta descansar. Luego verá de qué se trata el cargo que asumió porque en realidad no ha trabajado en toda su vida. Dormirá bien porque mañana, con el nuevo día, acudirá al acto público en el que se dinamitará el Tren Maya.

“La dictadura ha sido derrocada”, piensa el señor Equis, y se queda dormido abrazando su lista negra de poco más de cien mil mexicanos que no le entregaron su voto por omisión, o que acción se abrazaron del lopezobradorismo.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

La carretera federal que conecta a los puertos de Acapulco con Zihuatanejo está cortada a la altura de Petatlán, donde las fuertes corrientes del río del mismo nombre afectaron el puente de la comunidad de Juluchuca.

Afortunadamente, no se trata de un daño grave, según se observa en las fotografías oficiales. Solamente que en una de sus bases laterales perdió el soporte de tierra, con la consecuente caída de la carpeta asfáltica de un carril al socavón. Cuestión de reconstruir esa parte para reanudar la circulación vehicular, y eso es tarea de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

A pesar de que la tormenta tropical Rick alcanzó la categoría de huracán grado 2, y que tocó tierra en el municipio de La Unión durante la madrugada de este lunes 25 de octubre, afortunadamente no hay pérdidas de vidas humanas, pero sí bastantes daños materiales.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda hizo ayer un recorrido por aire y por tierra en la zona afectada, acompañada de los alcaldes de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec, y de Petatlán, Perfecto Javier Aguilar Silva, quienes agradecieron la atención y solicitaron la inmediata reparación de los daños.

Como es obvio, un huracán no no sólo afectan el sistema carretero, sino que está comprometida toda la infraestructura pública, incluidos sistemas de agua, drenaje y alcantarillado, edificios, techados, escuelas.

Desde luego, también los campesinos padecen la pérdida de cultivos por inundación o por fuertes vientos, así como los fruticultores y todos quienes se dedican a la actividad agropecuaria.

La gobernadora anunció que, tal como sucedió con el sismo de Acapulco, se hará un censo de damnificados para entregar los apoyos de manera directa, sin intermediarios.

A los alcaldes y a los ciudadanos en general, les dijo que no están solos, que tienen en ella una mano amiga, con los cual les quitó la presión social que este tipo de fenómenos provoca, como sucedió con los damnificados por el sismo del 7 de septiembre pasado, sobre todo en Acapulco, quienes no recibieron la atención inmediata de parte del gobierno local, hasta que intervino la Federación a través de la Secretaría de Bienestar.

Se requiere revisar qué daños hubo en La Unión de Isidoro Montes de Oca, que fue donde el meteoro entró de lleno, para luego dispersarse por Michoacán como huracán categoría 1, hasta convertirse hacia al medio día en tormenta tropical.

Y es que es en el punto del impacto donde suelen registrarse mayores daños.

Lamentablemente, será la zona serrana la más afectada, pues de por sí ya estamos al final de la temporada de lluvias, y se habían reportado graves daños a la infraestructura caminera. Los vecinos de esa zona estaban ya pidiendo la atención del gobierno estatal para la reparación de sus caminos, que ya tenían tal nivel de deterioro, que prácticamente eran intransitables.

Con las torrenciales lluvias dejadas por Rick durante dos días continuos, justo cuando ya la zona se preparaba para reactivar sus actividades económicas (como por ejemplo los aserraderos que suelen cerrar durante tiempo de lluvias), seguramente las condiciones de las localidades serranas serán más críticas.

Con todo, el agua de esta temporada ha sido abundante, no podemos quejarnos. Recordemos que previo al inicio de las lluvias, México registraba un severo estrés hídrico en la mayoría de los estados del país, y Guerrero no era la excepción.

Los ríos y presas de la entidad estaban en su cota histórica más baja, pero afortunadamente en eta temporada se recuperaron.

El que Rick, que comenzó como una simple depresión tropical, hubiese alcanzado la categoría de tormenta y luego huracán 2, fue algo inesperado, pues está cerrando la temporada de huracanes.

Esperemos que el excedente de agua venga a recargar los manto freáticos y acuíferos de la entidad, independientemente de los daños que haya causado, pues el agua siempre será fundamental para la sobrevivencia humana, vegetal y animal.

Dice un dicho que “sin maíz, no hay país”, pero la verdad es que “sin agua, no hay nada”.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*¡Cuidado! si pretenden sacudir universitarios

*Noche de auténtico terrorismo en Tamaulipas

*70% de mexicanos viven en ciudades peligrosas

“Por mi raza hablará el espíritu”: UNAM

Resulta inexplicable sea el presidente quien se encargue, mañana tras mañana, de generar división, de alterar aquello catalogado como peligroso cuando se trata de garantizar la estabilidad, la gobernabilidad, la paz social. Cada sector, en su momento y de acuerdo a sus necesidades propagandísticas, recibe su dotación de crítica, de calificativos, es denostado. El turno le tocó a las universidades, particularmente a la UNAM y en este hecho no parece existir el tendido de una cortina de humo sino, más bien, se corrió el telón, lo cual permitió ver la terquedad, la insistencia de eliminar cualquier punto en el cual pueda llevarse a cabo la discusión, se planteen con distintas visiones los asuntos nacionales. Coartar esa libertad existente en los recintos de las máximas casas de estudios lleva directo al autoritarismo.

No solamente catedráticos de gran prestigio, ex rectores, directores de facultades han mostrado su inconformidad por las expresiones del tabasqueño, estudiantes de las facultades de Derecho y de Economía le han hecho saber públicamente al presidente sobre su gran equivocación. Utilizando a las redes sociales le aclaran abiertamente: la UNAM no se volvió individualista ni defensora de proyectos neoliberales, ni mucho menos carece de estudiantes que sirvan al pueblo, por el contrario, “existimos abogados, economistas, comunicólogos, sociólogos, médicos, científicos, filósofos y muchos más comprometidos por un verdadero cambio, porque en la UNAM nos forman para servir al pueblo”.

No dejaron de señalar sobre lo dicho: “Habla desde la ignorancia y el desconocimiento”. Hacen notar siguen vigentes todas las materias mencionadas por el primer mandatario como inexistentes e inclusive se ha agregado el Derecho Indígena, lanzando señalamientos sobre la defensa a los pueblos originarios “a los cuales se les aplasta con la construcción del Tren Maya”. Surgieron: Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable, Derecho a la Seguridad Social, Economía y Derecho, entre otras materias. Nuestro compromiso, le aclaran, no es con su gobierno. Hemos sido críticos de todos los gobiernos anteriores y “seguiremos siendo críticos de su gobierno aunque esto le incomode”

“En la Universidad se privilegia siempre la libertad de cátedra, una de nuestras mayores fortalezas, para formar ciudadanos íntegros, de pensamiento independiente, sin ideologías impuestas y comprometidos con la búsqueda de un país más justo, libre y con menor desigualdad”, le dejaron en claro las autoridades universitarias al presidente. No faltaron quienes hicieron un llamado a la reflexión y a la cordura del Ejecutivo tras considerar inaceptable se les calificara como defensores de proyectos neoliberales. López olvida la forma en la cual lo cobijó, durante sus campañas, este centro. Se le fue de la memoria es un egresado de esa Institución. No ha aprendido, pese a los reveses y ridículos hechos, cuando ha intentado recortarles el presupuesto, dictaminar una entrada masiva, alejar cualquier evaluación para dejar entrar sus tesis ideológicas, el significado del fracaso.

AMLO dijo: “Sí se requiere una sacudida y es una gran universidad pero no estuvieron a la altura de las circunstancias, la crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM, que la universidad no haya jugado un papel fundamental, determinante, al contrario muchísimos académicos e intelectuales de la UNAM, se dedicaron a legitimar la privatización, Salinas los coptó a casi todos”.

Habrían sus funcionarios egresados de la UNAM advertir al presidente sobre su propuesta de “una sacudida”, porque sabrían, como ahora ha quedado plasmado, el momento en el cual pueden generarse los conflictos, pero nunca sabrán cómo y cuándo van a terminar.

Por otra parte, quien ahora critica ¿ha apoyado alguna investigación en la Universidad referente a ventiladores, vacunas, medicamentos, etcétera? ¿Ha prestado atención a las recomendaciones de sus especialistas en diferentes ramas? ¿A la facultad de Ingeniería y Arquitectura le asignó un papel predominante en la investigación sobre la catástrofe de la L-12? ¿No es él mismo el más claro ejemplo del individualismo y el aspiracionismo? ¿Es para conformistas vivir en un Palacio?

Le hace falta recordar sus tiempos de estudiante fósil, podría hacer algunos recuerdos si le muestran las fotos de su aspirante consentida a sucederlo, de Claudia Sheinbaum agitando los brazos en señal de protesta y muy acompañada de su ex marido y receptor de millones de pesos en “aportaciones” en efectivo para la campaña de AMLO en el 2012, haciéndole segunda. En la UNAM han entrado todas las corrientes y es el tiempo en el cual, desde siempre, se considera existe una pertenencia “natural” hacia la izquierda. Y no debiera olvidar la pedrada a Luis Echeverría, las recepciones vapuleando a ex presidentes sin dejar de observar los cambios sufridos en pensamiento y obra al iniciar la etapa de desarrollo laboral. Ahí están sus mejores ejemplos, los miembros de su gabinete, los errores cometidos a cada paso y la corrupción imperante. Así no los formó la UNAM ¿quién sería?

Terror en

Tamaulipas

Una verdadera noche de terror e incertidumbre vivieron los residentes de Matamoros, Tamaulipas, el sábado pasado al registrarse varios narcobloqueos, incineración de autos, enfrentamientos entre sicarios en las calles y balaceras en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, los reportes oficiales solo informan de dos policías estatales heridos. De acuerdo con las autoridades locales, el caos se debió a un enfrentamiento entre civiles armados que protagonizaron una persecución en la ciudad. Muchos ciudadanos grabaron los sonidos de los tiroteos y subieron los clips a redes sociales, donde rápidamente se volvieron virales. También se reportó la entrada de hombres armados a un centro comercial, por lo que se generó el pánico.

Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, informó a través de su cuenta de Twitter, ordenó a elementos de la Policía Estatal, se desplegarán en Matamoros para atender la situación de riesgo y proteger a la ciudadanía. En esa entidad, de acuerdo a los datos del Inegi, en 2020 los enfrentamientos con presuntos delincuentes se incrementaron así como el número de civiles abatidos, mientras que las detenciones bajaron. También reportaron que durante la primera quincena de septiembre del 2021, 64.5 por ciento de los mexicanos consideró es inseguro vivir en su ciudad, según los resultados de la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. La mayor percepción de inseguridad fue en Fresnillo, Zacatecas, con un porcentaje de 94.3, seguido de Ciudad Obregón, Sonora; Irapuato, Guanajuato; Coatzacoalcos, Veracruz; Naucalpan, Estado de México, y Zacatecas, Zacatecas, con 92.5, 91.7, 898.0, 88.3 y 86.1%, respectivamente.

De los pasillos

Muy entusiasmados estábamos al escuchar asegurar al presidente se han levantado unas 200 o 300 denuncias en la Fiscalía Anticorrupción y en la Fiscalía General porque “no se protege a nadie”. ¿Seguro señor presidente? Porque si han interpuesto ese número entre funcionarios a los cuales no se les ha aplicado más allá de una corta inhabilitación y se han vendido los procesos a los particulares, las denuncias presentadas en los medios de información de actividades ligadas no solamente a la corrupción sino a la impunidad no son dos o tres cientos sino más de dos mil ¿y?… ¿Dónde está lo novedoso en la renovación de la concesión de Teléfonos de México a Carlos Slim? No se puede ir en contra de quien sostiene la Bolsa Mexicana de Valores y menos cuando en breve la inflación se reportará en un 6 por ciento y no se sabe con exactitud como cerrará el año. Así que a Carlitos lo necesitan y mucho, de ahí…

En el mundo entero se preguntarán ¿qué irán a hacer los mexicanos ahora con su litio? Porque ya han visto la desgracia petrolera, la de antes y la de ahora; saben de los abusos en la minería y de la forma en la cual el gobierno sigue protegiendo a dos nefastos seudo líderes, porque realmente son propietarios de concesiones y explotadores, con la bendición presidencial, de los trabajadores. Sus nombres: Napoleón Gómez Urrutia y Armando Guadiana…

Cargaron hasta con el perico a la toma de protesta de Evelyn Salgado, La Torita, la hija de Félix Salgado Macedonio, el candidato rechazado pero sin afectar en lo más mínimo, sino todo lo contrario…y el presi, en primerísima fila…

Alrededor de 6 mil migrantes, en su mayoría de Haití, El Salvador, Honduras y Guatemala, arrancaron el sábado una caravana desde el municipio de Tapachula, frontera con Guatemala, con el fin de llegar a la ciudad de México. Avanzan este domingo en Chiapas bajo temperaturas superiores a los 35 grados, sobre la carretera Costera hacia el centro del país, con graves riesgos para mujeres y niños. De acuerdo al personal de Grupo Beta, debido a las altas temperaturas, algunos migrantes han comenzado a presentar cuadros de insolación, deshidratación y ampollas, ya que el calor del pavimento aumenta las lesiones. Los migrantes tratan de evitar el asedio de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM). Las autoridades continúan con la captura de migrantes que se rezagan, pero han sido muy pocos, debido a que el grupo se mantiene compacto desde su salida de la Perla del Soconusco…

Aparece la OMS en el radar presidencial y los llama a no enojarse sino apresurarse a autorizar todas las vacunas, las rusas, las chinas, las cubanas y cuando existan, tal vez las mexicanas, ¿sin importar se inyecte agua destilada?…

Los maestros michoacanos entrarán a la era del plástico con su salario depositado en el Banco del Bienestar, ya se verá si logran acepten las tarjetas en todos los comercios, porque de eso nadie habla…

En un auténtico “sáquenme si pueden” se ha convertido el diálogo presidencial con quienes piensan distinto. Ese es el nivel de quienes añoran la UNAM del tiempo que les tocó., de sus épocas de ser aceptados aún con años de retraso para la culminación de su profesión.

Chile, año dos del estallido social

Rubén Martín

Como suele ocurrir con las grandes revueltas y revoluciones, la de Chile ocurrida en octubre de 2019, la rebelión comenzó con una acción política aparentemente pequeña. Un grupo de chicas estudiantes de secundaria tomó la estación Santa Lucía del metro de Santiago de Chile para oponerse al aumento de la tarifa de ese sistema de transporte decretada por las autoridades dos semanas antes. Era el 17 de octubre de 2019 y al grito de “evadir, no pagar, otra forma de luchar”, decenas de chicas de secundaria comenzaban, sin saberlo, la mayor revuelta social ocurrida en ese país sudamericano.

A dos años de distancia, ese gesto insumiso y rebelde de las chicas de secundaria que se oponían al aumento del pasaje del metro de la capital chilena, no solo se convirtió en el más grande ciclo de protestas y estallido social en Chile, sino que derivó en el proceso de una convención que redactará una nueva constitución política para ese país.

La protesta contra el alza del transporte iniciada por las jóvenes mujeres de secundaria, se convertiría en los siguientes días en la mayor protesta social en Chile. El mensaje de “evadir, no pagar, otra forma de luchar” tuvo tanto eco en el resto de la sociedad, que a los días siguientes sacaron a las calles a millones de chilenos que protestaron no solamente contra el aumento del pasaje del metro, sino contra todos los reclamos acumulados a lo largo de 45 años de régimen neoliberal impuesto en Chile mediante una sangrienta dictadura iniciada el 11 de septiembre de 1973 con el golpe militar que derrocó y asesinó al presidente socialista Salvador Allende.

En seguimiento a la protesta de las chicas de secundaria, el 18 de octubre de 2019 comenzaron las manifestaciones masivas y cotidianas en Santiago y que a lo largo de esa semana se extendieron por todas las regiones y grandes ciudades chilenas.

La primera respuesta del gobierno del conservador Sebastián Piñera fue ordenar la represión en contra de los manifestantes y a la vez operó un macabro plan de construir un “enemigo interno” al qué declarar la guerra. Este “enemigo interno” eran los “vándalos y violentos” (“alienígenas” los llamó incluso la esposa de Piñera), que se dedicaban a saquear supermercados y destruir patrimonio urbano y del trasporte público.

Pero desde la sociedad se documentó que la gran mayoría de saqueos, destrozos en estaciones de Metro e incluso el incendio en un edificio de la empresa Entel fueron provocados por agentes del régimen. Con el intento de sembrar miedo y aplacar el estallido social, el gobierno de Piñera declaró el estado de excepción y el toque de queda en Chile y ordenó que los militares volvieron a las calles.

Ni la dura represión, que incluyó el disparo de perdigones que lesionó a los ojos a 500 chilenos, ni el estado de excepción aplacaron la protesta. El 25 de octubre de 2019 se convocó a una huelga general que desató la movilización más grande de la historia de Chile. Se estima que unos cinco millones de chilenos salieron a las calles ese día.

A partir de ese día, cotidianamente miles de chilenos salieron a las calles. En especial la protesta se concentró en la renombrada Plaza de la Dignidad, oficialmente nombrada como Plaza Baquedano y popularmente conocida como Plaza Italia. En ese sitio se conformó la punta de lanza de la movilización: la “primera línea” conformada por jóvenes especialmente de clases bajas y medias, que enfrentaban día a día la dura represión de los carabineros chilenos. En torno a la primera línea se sucedían grupos de protesta social acompañados de un conjunto autoorganizado de proveedores de municiones (piedras del adoquín de las calles), enfermeros, médicos y especialistas en limpiar los ojos para revertir los efectos del gas lacrimógeno arrojado por las fuerzas de seguridad. Ni la pandemia que llegó en marzo de 2020 a Chile logró detener el estallido social.

Un papel destacado en el estallido social lo desempeñó el movimiento feminista que participó activamente en las protestas y que obligó a incluir en el reclamo social, la lucha contra la violencia patriarcal. El performance de la colectiva feminista las tesis llamado “El violador eres tú”, le dio la vuelta al mundo por su alta carga simbólica del reclamo feminista.

El estallido social puso en cuestionamiento el discurso de legitimación del régimen. Apenas un mes atrás, las clases dirigentes chilenas decían que esa nación era un “oasis” en el contexto de la pobreza y atrasos de las sociedades latinoamericanas y un ejemplo de desarrollo y crecimiento económico.

El 15 de noviembre de 2019, apenas un mes después de iniciada la protesta de las chicas de secundaria y extendida a toda la sociedad chilena, la mayoría de los partidos con representación en el Congreso de Chile aprobó convocar a un plebiscito para preguntar a los ciudadanos: “¿Quiere usted una Nueva Constitución?”. El plebiscito se llevó a cabo el 25 de octubre de 2020, y ganó por amplio margen la aprobación de una nueva constitución: 78.27 por ciento de los chilenos votó por esta opción.

La nueva constitución será redactada por una Convención Constitucional que fue votada el 15 y 16 de mayo de 2021. La convención encargada de la nueva constitución está integrada por 155 constituyentes elegidos de manera paritaria (78 hombres y 77 mujeres) y 17 representantes de pueblos originarios. Se espera que la nueva constitución quede completada en mayo de 2022, luego de un proceso de deliberación amplio y democrático en todos los sectores de la sociedad chilena.

De manera más que simbólica, los constituyentes eligió a Elisa Loncón una dirigente y académica del pueblo mapuche, como presidenta de la Convención Constitucional. Al ser electa, Loncón dijo: “Esta convención transformará el país y lo volverá plurinacional e intercultural”, agregó. Junto al reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, la mayoría de la sociedad chilena espera que la nueva constitución entierre el modelo neoliberal que expropió y privatizó los recursos y bienes comunes de la sociedad y abra paso a un modelo que permita vivir con dignidad y paz. Si esto es posible, se debe al estallido social que comenzó con la protesta de decenas de chicas de secundaria hace dos años.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Hace dos días, la Fiscalía General de Justicia del Estado dio un paso importantísimo para frenar la venta de niñas para matrimonio e incluso para trabajos domésticos que suele darse entre las familias de la Montaña de Guerrero, así como en comunidades de la Costa Chica.

Por fin está detenido Rutilio Julián Moreno el suegro de Angélica N, la niña que fue vendida por su padre a los 11 años, y entregada para casarla con un niño de 12, y que luego sufrió cuatro intentos de violación por parte del hombre que la compró, aprovechando la ausencia del esposo, de 16 años, quien emigró a los Estados Unidos.

Fue detenido por elementos de la Policía Investigadora Ministerial, cuando se presentó a declarar en torno al caso de intento de abuso sexual en contra de la menor, a la Agencia del Ministerio Público de Tlapa de Comonfort.

Ayer, de nuevo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ratificó su exigencia de que nunca más se hablará de venta de niñas en Guerrero. “Yo lo digo fuerte y que quede claro; no más venta de niñas en Guerrero, ni en la Montaña ni en ninguna parte”, aseveró.

Obviamente, eso implica la aplicación irrestricta de la ley para castigar a los infractores, sino también un trabajo exhaustivo de campo para que las mujeres violentadas denuncien estos hechos, se amparen en la justicia, sabiendo que recibirán la protección de la ley.

El problema es tan grave, porque ocurre al seno de la familia. No se trata solamente de ir persiguiendo los casos de que se tiene conocimiento, como cualquier otro delito. Urge involucrar, por ejemplo, a la iglesia. Que los sacerdotes y ministros de culto no toleren ni permitan este tipo de prácticas en sus ministerios. Que prohíban estos tipos de casamiento, porque para los pueblos originarios no tanto importa el matrimonio civil, sino el religioso. Y para eso incluso se organizan entre vecinos para sacar adelante la fiesta, pero eso implica que el novio se quede endeudado con todos los que participaron.

O sea, que aparte de que el suegro pague por la niña, los vecinos participan en el casamiento, con dinero o en especie, pero como una especie de préstamo, de modo que los recién casados están obligados también a fungir como padrinos de las bodas de sus vecinos.

Volviendo al tema, porque finalmente la compra-venta de niñas es lo más grave que cualquier otra cosa, estamos de acuerdo con el diputado Raymundo García Gutiérrez, originario de Acatepec, uno de los pueblos de la Montaña donde también se registra esa práctica, en el sentido de que para erradicar la venta y matrimonios forzados de niñas y adolescentes en comunidades de Guerrero, las autoridades correspondientes deben implementar un esquema de trabajo social y concientización ciudadana, que permita resolver de la mejor manera la problemática.

Sin embargo, eso es solamente una parte, señor diputado. Lo más importante es castigar a los infractores, para que dentro de las comunidades vaya permeando esta realidad y sepan que habrá justicia para las niñas violentadas.

Mientras que esto no ocurra, no importa cuánto trabajo social se haga, cuántas charlas, cuántas terapias o tareas de convencimiento, porque la otra verdad es que los usos y costumbres indígenas, como su nombre lo indican, están bastante arraigados, de modo que un padre puede entregar a su hija por dinero, aunque la madre esté en desacuerdo.

Tenemos testimonios de niñas que son sacadas incluso de la primaria, para darlas en casamientos forzados, con nombres que no son sus novios.

Este tipo de denuncias siempre han existido, pero siempre ha habido quienes justifican este tipo de prácticas, idealizándolas como “usos y costumbres”.

Por eso también la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC),a pesar de que tiene más de 25 años ejerciendo justicia en la Montaña y Costa Chica, no ha considerado en sus reglamentos que ese tipo de actos sea un delito. Estas autoridades comunitarias castigan hasta la brujería como delito, menos la venta de niñas.

El diputado Raymundo García dijo también que un factor importante que detona la venta de niñas y la violencia contra ellas es la falta de programas sociales que dan a las mujeres independencia económica y social ante sus parejas y, en consecuencia, contribuyen a disminuir las agresiones.

Eso tampoco es cierto del todo. Los valores de protección de padres a hijos no tienen que ver tanto con el dinero, sino con el amor, mientras que la violencia extrema de vender a una hija, está relacionada con la visión machista de lo que una hija vale dentro de una familia. Nada. Sólo es como un objeto al que le pueden sacar provecho. O como un animal, al cual se le puede vender. El animal más caro que un hombre pueda tener, a menos que se trate de toros o caballos finos, pura sangre. O, ¿por qué no venden a los hijos varones?

Si la pobreza fuera una condición para la violencia, entonces eso no existiría entre las familias adineradas, que tampoco están exentas de violencia intrafamiliar. Hay caos de artistas, de políticos, de empresarios, que están siendo ventilados públicamente.

Todo tiene que ver con pueblos que se amparan en usos y costumbres, que en su momento pudieron ser algo bueno, algo lindo, parte de una cosmovisión muy propia, de hacer que el novio entregue un regalo, una dote, por la que será su mujer. Pero que ahora, a la luz de los derechos fundamentales, son claramente un delito, pues eso no lo determinan los novios, los enamorados, sino sus padres y sin importar la opinión de las niñas, que son condenadas a una perpetua esclavitud.

Como dice la gobernadora, esto tiene que frenarse ya.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*Año récord en ejecuciones

*Corrupción “a todo galope”

*1.7 millones de migrantes detenidos

“La violencia no es sino una expresión del miedo”: Arturo Graf.

La estrategia para pacificar el país ha fracasado rotundamente. La ola de violencia en diferentes regiones de la República sigue incontenible y la gestión del tabasqueño no encuentra la fórmula para cubrir este hecho. Hasta en los datos oficiales, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se exhibe que, a un mes de cumplir la mitad de su sexenio, México rebasó las 100 mil víctimas de homicidio doloso y feminicidio, considerados delitos de alto impacto. De acuerdo a los datos recientemente divulgados, de diciembre de 2018 a septiembre de 2021, sumaron más de 100 mil 300 víctimas en el país, de las cuales 99 mil 569 son homicidios dolosos y más de 2 mil 800 feminicidios. Esto representa un incremento de 15% comparado con los últimos 36 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, en cual contabilizaron un total de 86 mil 408 asesinatos y feminicidios.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez, encargada de la seguridad en México señaló: “De enero a septiembre de 2021, con respecto al año anterior, el homicidio doloso disminuyó 3.4%, este delito es con el cual hacemos las mediciones mensuales y diarias”. Rodríguez reportó el incrementó de seis delitos del fuero común, siendo el robo en transporte público individual el que más se disparó con 33.1% en el presente año, en comparación con el mismo periodo de 2020. Informó el robo de transporte público colectivo suma un incremento de 8.2%, al pasar de 8 mil 630 denuncias abiertas en las fiscalías o procuradurías estatales en 2020 a 9 mil 340 de enero a septiembre de 2021. Habrá de hacer notar son las denuncias presentadas pero existe otro tanto no denunciado.

La titular de la SSPC confirmó hay aumentos en los delitos de tráfico de personas (190% más); robo a transeúnte (+8.9%); robo en transporte individual (+11.3%), robo en transporte público individual (+33.1%); extorsión (8.9%); violación (28.7%). Con respecto al delito de feminicidio, Rodríguez destacó una disminución del 63% en el mes pasado en comparación con agosto, mes con un registró de 107 víctimas, la cifra más alta dentro de los antecedentes. La funcionaria resaltó es en seis estados donde se concentran en números absolutos la mitad de los más de 25 mil homicidios registrados en 2021. Estos son Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. Y de los 50 municipios prioritarios, 17 registran altas.

De acuerdo con el reporte de incidencia delictiva mensual, Guanajuato es la entidad con más homicidios dolosos (2 mil 655), seguida muy de cerca de Baja California (2 mil 368); en tercer sitio está Michoacán (mil 982); Chihuahua (mil 884), y Jalisco, mil 884. Cerca de esos niveles está Sonora (mil 450); Zacatecas (mil 219) y Guerrero. El resto acumula en el año menos de mil crímenes de ese tipo. Respecto a los 50 municipios prioritarios por sus registros de violencia, hay una baja general de 8.4 por ciento, debido a que 32 reportan baja de 27 por ciento en promedio, pero 17 aumentó 23 por ciento. En esta última condición se encuentra León y Salamanca, Guanajuato; Fresnillo, Zacatecas; Culiacán, Sinaloa; Guadalajara y Tlaquepaque, Zapopan y Tlajomulco, Jalisco; Zamora, Michoacán; Ecatepec y Nezahualcóyotl, Estado de México; Ensenada, Baja California; y Manzanillo, Colima.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, reportó, en cuanto a los decomisos, en septiembre –y lo que va de octubre- hay reducciones en mariguana, heroína, fentanilo, no así en metanfetamina y cocaína. Cifras y números festinando bajas no eliminan el gran número de homicidios y habrá de anotarse tales reportes no coinciden con los surgidos de organizaciones civiles dedicadas a demandar permanentemente el regreso de la seguridad a nuestro país, sin ceder en sus exigencias de terminar con la impunidad hacia los delincuentes producto de la corrupción en las filas policiacas, en la complicidad con autoridades de todos los niveles. Le pediría poner atención al sube y baja de porcentajes y las contradicciones de la funcionaria. ¿Basta con lo dicho por Rosa Icela para recobrar un gramo de tranquilidad, para volver a dormir tranquilos? Al parecer nos sucede todo lo contrario.

Para AMLO, ya no

hay corrupción

Tras darse a conocer en el ranking de The World Justice Projet se coloca a México como el quinto país peor ubicado en corrupción, el presidente López Obrador sostuvo que, de acuerdo con datos de su administración, “ya no hay la corrupción que imperaba hace poco, eso ya se terminó”. El actual inquilino de Palacio Nacional fue cuestionado sobre esta medición en la cual la organización ubica a nuestro país en el lugar 135 de 139 en el ranking de Ausencia de Corrupción. En esa medición, México está sólo por arriba de Uganda, Camerún, Camboya y la República Democrática del Congo.

AMLO defendió: “Depende de la fuente, hay que ver qué opinión tiene la gente, a ver cómo se mide. Puedo garantizar que en México ya no hay la corrupción que imperaba hace poco, eso ya se terminó. Hemos avanzado mucho y la gente lo percibe de esa forma de acuerdo con nuestros datos, para ser honestos”. La realidad, incómoda para el tabasqueño, radica en el nulo avance en la lucha contra la corrupción en el país. Su excusa y justificación de contar con “otros datos” a nadie convence, así como tampoco sus señalamientos de búsqueda permanente para criticar a su gobierno. Sin embargo, se han hecho públicos y se han demostrado en todos los niveles actos de corrupción existentes en este gobierno y tocan no solo a miembros del primer nivel de su gabinete sino a sus familiares cercanos.

La listas de involucrados en este tipo de acciones dentro del gobierno crece rápidamente y no se han tomado, hasta ahora, las medidas prometidas, sino se ha visto transformar con un mayor grosor el manto de impunidad. Ninguno de los denunciados públicamente ha sido citado a declarar ante el Ministerio Público, la denuncia ciudadana es solamente para el papel y el discurso, no se practica ni se toma en cuenta, ni siquiera le tapan el ojo al macho abriendo alguna investigación.

Frente a todo ello es de aplaudirse la valentía del tabasqueño al presentarse próximamente ante una organización internacional de prestigio y hablar del combate a la corrupción en México. Ya veremos como se lo toman quienes habrán de escucharlo y no logran olvidar el calificar como “mascotas” a quienes dice gobernar, a 126 millones de mexicanos.

De los pasillos

De acuerdo con datos recopilados por el diario estadounidense The Washington Post, las autoridades de EU detuvieron a más de 1.7 millones de migrantes a lo largo de la frontera con México durante el año fiscal 2021, el cual finalizó en septiembre. Las detenciones de la Patrulla Fronteriza se dispararon hasta alcanzar los niveles más altos jamás registrados, según datos inéditos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Voy a hablar bien de Patricia Armendáriz

Salvador Camarena

Hace cosa de once meses la chiapaneca Patricia Armendáriz se entrevistó con Andrés Manuel López Obrador. La exfuncionaria de tiempos de Ernesto Zedillo recibió una invitación del presidente para convertirse en subgobernadora del Banco de México. Ella buscaba otra cosa.

Armendáriz declinó la invitación con un argumento sencillo. El Banxico tiene límite de edad (65 años) y ella lo había rebasado ya. A cambio, le pidió al tabasqueño ser diputada plurinominal. El presidente dijo que sí, pero le demandó que hiciera campaña. Hoy es legisladora en San Lázaro y eso no ha pasado inadvertido.

Este martes Armendáriz publicó un tuit que levantó ámpula. Dice así: “Pues pedí a papás, mamás, enfermer@s que me dieran evidencia de desabasto de medicamentos principalmente de nuestros queridos niños y no me dieron ni una sola evidencia”.

No sé por qué publicó eso. Sé, eso sí, que ella es una persona que ha lidiado con situaciones harto complejas de nuestra política, en las que ha sabido distinguir que a pesar de versiones maniqueas, la realidad suele ser mucho más que blanco y negro. ¿Ejemplo? El vilipendiado rescate bancario de los noventa, donde ella fue protagonista.

La hoy diputada, que fue parte de lo que hoy conocemos como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicó en 2011 su versión sobre el Fobaproa. Lo hizo en el libro “Privatización bancaria, crisis y rescate del sistema financiero. La historia contada por sus protagonistas”, editado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

En ese volumen ella tiene un capítulo llamado “Privatización, crisis y rescate bancarios. Desde la perspectiva de la supervisión”.

Recomiendo leer el detallado recuento en primera persona de Patricia, en el que subraya que el gobierno mexicano cometió varios errores en la privatización bancaria, primero, y en la supervisión del manejo de esas instituciones, después, cosa que, en parte, agravó la crisis de 1994-1995.

El relato que hace Patricia es detallado y, hay que decirlo, cuidadoso al aportar elementos para que no se hagan juicios sumarios sobre todos los banqueros, o sobre la operación del gobierno al enfrentar la insolvencia de instituciones bancarias.

Llega a comentar que “uno de los grandes mitos sobre el rescate bancario” es que “se utilizó para salvar a los banqueros, además de los ahorradores. Se olvida o se ignora que sólo sobrevivieron cuatro bancos, y lo lograron porque la estrategia que siguieron antes de la crisis los diferenció de aquellos que se dejaron llevar por la euforia o prácticas fraudulentas”.

Cito otros dos párrafos: “Otro gran mito es que los banqueros defraudaron al gobierno con el intercambio masivo de cartera (…) que nos entregaron toda la basura que pudieron encontrar e inventar a cambio de dinero de los contribuyentes. La acusación reiterada es que no supimos o no quisimos valuar lo que se nos entregaba. (…) El 99% de los banqueros se comportó de forma seria y responsable. Varios nos entregaron las llaves del banco porque ya no podían más. Aunado a lo anterior, no sabían cuántas pérdidas adicionales y otras sorpresas desagradables podían surgir en el futuro”.

El texto de Patricia apunta, claramente, a que el gobierno falló porque no existía “capacidad de supervisión”. Eso “en medio de las arengas que buscaban ver sangre por parte de los partidos de oposición y la Auditoría Superior de la Federacioìn (ASF). (…) El gobierno mexicano había actuado de la mejor manera posible dadas las circunstancias. Esto, por supuesto, no les gustó a los perredistas ni a los panistas, pero lo cierto es que se actuó como se pudo y como se debió actuar”.

Voy a hablar bien de Patricia Armendáriz, de hecho voy a proponer que haga algo parecido a un rescate del sistema sanitario de México. O al menos una auditoría.

Con la experiencia que tiene del rescate bancario, y con su conocimiento de lo que implica llegar al fondo de una realidad a pesar de lo que digan quienes no están inmiscuidos en ella, ahora como diputada tiene toda la capacidad, y asumo que el apoyo presidencial, para pedir en San Lázaro la instalación de una comisión especial plural para investigar, desde el Legislativo, la realidad del desabasto de las medicinas en México.

La Patricia de los noventa, estoy seguro, podrá -tres décadas después-impulsar ese esfuerzo.

Y en vez de pedirle a los pacientes de terribles enfermedades que le envíen pruebas del desabasto, usar las capacidades legales que le da ser miembro del partido oficial en el Congreso para citar a funcionarios, recabar documentos, indagar en instituciones y aportarle a los mexicanos, sus votantes al final de cuentas, una versión puntual, con los claroscuros obligados, de lo que es verdad, y lo que no, del sonoro desabasto de los medicamentos en los tres años del gobierno de López Obrador.

Con AMLO, más corrupción

Martín Moreno

El pañuelito blanco de López Obrador está tiznado de corrupción. Lleva los nombres de sus hermanos Pío y Martín. De su prima Felipa. De Bartlett. De Napoleón Gómez Urrutia. De Ana Gabriela Guevara. De los contratos sin licitar de la 4T entregados de manera directa a los amigos. La evaluación del World Justice Project (WJP) es un mazazo en la nuca para AMLO: durante su Gobierno aumentó la corrupción. Hoy, México ocupa el lugar 135 de 139 entre las naciones más corruptas del mundo.

El discurso estrella de López Obrador, su emblema, su escudo, ha quedado hecho trizas. Se le acabó. Está fundido. Durante su régimen, en México se registra mayor corrupción, sólo debajo de Uganda, Camerún, Camboya y Congo. “En el mismo nivel de países africanos pobres o envueltos en violencia”, arroja el comparativo del diario Reforma en la medición de la corrupción global.

Con AMLO, México hoy es más corrupto. Ese es el hecho irrefutable. Comprobado y no desmentido. La dura realidad.

¿Con qué cara se plantará Andrés Manuel en la ONU el próximo 9 de noviembre para hablar – según presumió- de la corrupción en nuestro país, cuando el informe del WJP está a la vista de todo mundo y demuestra que su discurso anticorrupción sólo es una más de sus puntadas y ocurrencias? AMLO llegará, como el pato cojo, a la tribuna de Naciones Unidas. Sin autoridad moral.

Aún más: El informe divulgado por el WJP presenta un comparativo negro para López Obrador y su 4T: en 2012, último año del Gobierno de Felipe Calderón, México se ubicaba en el lugar 74 de 97 países evaluados en sus niveles de corrupción. En 2018, recta final de Peña Nieto, era el país 117 de 126 naciones medidas. Hoy, a la mitad del sexenio, AMLO y su Gobierno tienen a México entre los cinco países más corruptos del mundo. Y nadie desde Palacio Nacional se atreve a desmentirlo. ¿Por qué? Porque no tienen argumentos sólidos para refutar a WJP. Tan sólo se escuchan los dichos chabacanos presidenciales como tibia autodefensa.

Y que el México gobernado por Andrés Manuel López Obrador alcance los niveles de corrupción más altos de los últimos tres sexenios, no es de gratis. Tiene razones y causas fundamentales. Aquí, algunas, entre muchas otras más:

Corrupción mayor con AMLO, consecuencia de que ocho de cada 10 contratos públicos se entregan por adjudicación directa. Durante el primer semestre del 2021, la 4T otorgó 80.6 por ciento de los contratos públicos a los principales proveedores del Gobierno mediante adjudicación directa, advierte un estudio de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). De acuerdo a los especialistas Leonardo Núñez y Javier Martínez, este porcentaje corresponde a 55 mil 691 contratos de asignación directa por un monto equivalente a 74 mil 639 millones de pesos. Es decir: contratos sin concursar, sin filtros, entregados sin licitar a los amigos del régimen obradorista y que, por tanto, son caldo de cultivo para la corrupción.

“En 2020, y por primera vez desde que se tiene registro, los recursos públicos destinados a adjudicaciones directas hechas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fueron mayores a aquellos contratados mediante licitaciones públicas.

“Según datos de Compranet, el Gobierno realizó adjudicaciones directas que alcanzaron más de 205 mil 195 millones de pesos, lo cual representó el 43 por ciento del monto contratado en todo el 2020, mientras que en el mismo periodo, las compras realizadas por licitación pública apenas alcanzaron el 40 por ciento”, reveló Animal Político el pasado 29 de abril.

Corrupción mayor con AMLO, consecuencia de que los programas sociales del Gobierno federal carecen de transparencia, regulación y auditorías. Tan sólo el año pasado, se manejaron 447 mil 837 millones de pesos sin fiscalizar. A nadie se le rinden cuentas de estos recursos.

Corrupción mayor con AMLO, consecuencia de no investigar el dinero ilegal recibido en años pasados por Pío y Martín López Obrador, cuyo destino eran las arcas de campaña de su hermano Andrés Manuel; de obsequiar millonarias licitaciones públicas directas a la familia Bartlett; de entregarle jugosos contratos de Pemex a la prima consentida y enriquecida, Felipa Obrador; de solapar a ese pillo certificado llamado Napoleón Gómez Urrutia; de cerrar los ojos ante las corruptelas demostradas en la Conade de Ana Gabriela Guevara. Y muchos ejemplos turbios más.

Corrupción mayor con AMLO, consecuencia de otorgar cargos públicos de alto escalafón a los amigos de los juniors López Beltrán, a los ayudantes carga portafolios (literal) de López Obrador, a los neófitos que de la noche a la mañana se sacaron la lotería con la 4T:

“Al menos 10 integrantes de la Ayudantía de López Obrador han sido designados en cargos en la SEP, SAT, Insabi, Conapesca y en la Asea”, publicó el diario Reforma el 14 de septiembre pasado. Es abrir las alforjas de la corrupción a los cercanos a la familia presidencial.

Los oídos de AMLO se han vuelto sordos a las denuncias de corrupción comprobadas y expuestas dentro de su Gobierno. Y ante ello, las consecuencias: con AMLO, México es más corrupto.

Tan corrupto es quien roba como quien desperdicia recursos públicos para caprichos y obsesiones inviables. Sí, como esos armatostes llamados Base Militar Aérea Santa Lucía (no es un aeropuerto), Tren Maya o Refinería Dos Bocas. O la pérdida de un billón de pesos en Pemex por los traumas ideológicos-petroleros de AMLO. O el retiro criminal de servicios de salud a 15 millones de mexicanos desde que llegó este gobierno. O la eliminación de fideicomisos en perjuicio de millones. Y así podríamos citar mil ejemplos más.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*L-12 factor de sucesión

*Dos aspirantes en el banquillo

*FGJCDMX: buscan culpables

“El jurado está compuesto por doce personas elegidas para decidir quién tiene el mejor abogado”: Robert Frost.

El trasfondo de la investigación de la tragedia de la Línea 12 del Metro es la sucesión presidencial. El método para definir al candidato de Morena a la Presidencia de la República es nuevamente el “dedazo” del mandatario, y éste señala a Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Por ello, las indagatorias se enfocan en dejarla limpia de toda culpa e incluir a toda su administración. En este esquema, mientas el presidente López Obrador declara en las indagatorias “no se protege a nadie”, cuando en los hechos evidencian lo contrario, al canciller Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno capitalino durante la construcción de esa vía, le cargan todas las culpas y el intenta defenderse: “Yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí, no podría yo dar la cara, actué profesional y de una manera íntegra”.

Según el resultado del peritaje elaborado por la Fiscalía de la Ciudad de México, el cual ha sido cuestionado por abogados y especialistas, el colapso del intertramo de la línea en las estaciones Olivos-Tezonco se debió a errores en su construcción, deficiencias de origen en su diseño, uso de materiales no adecuados y falta o mala colocación de pernos. Se dejó totalmente de lado la responsabilidad del mantenimiento, el cual no se hizo adecuadamente durante los más de tres años bajo la responsabilidad de la administración a cargo de Claudia Sheinbaum, y se le exime de antemano de cualquier responsabilidad. La Fiscalía capitalina solicitó audiencia inicial contra 10 personas físicas y morales para formularles imputación por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad, todos culposos, tras el colapso de una trabe del tramo elevado de la línea 12 del Metro el 3 de mayo pasado.

En la mañanera matutina López Obrador dijo sobre la fiscalía: “depende de Claudia Sheinbaum” y ellos son los que están sacando estos resultados. No hay en ningún caso con el propósito de proteger a nadie. Marcelo podría explicarles. Es parte también de lo mismo; a lo mejor estaban esperando que la fiscalía de la Ciudad de México que es Claudia, le iban a hacer juicios a Marcelo. Si, si (una confrontación política) a lo mejor estaban esperando eso y se quedaron con las ganas y están enojados. Tras darle la palabra el presidente al titular de la Secretaría de Relacione Exteriores, Marcelo Ebrard reconoció en principio no tener toda la información reciente del reporte de la Fiscalía, porque ayer se concentró en Palenque con el enviado del presidente Joe Biden, aunque si conoció la semana pasada el dictamen que pondera la reparación del daño.

“Me voy a enterar a fondo porque no me gusta opinar superficialmente. Yo lo que diría es que seguramente a quien se impute seguramente se va a defender; muchas de esas personas ya pasaron procesos en la época de Mancera: de 154 causas el gobierno de la Ciudad perdió 124 y de los mencionados o casi todos ganaron muchísimos casos. No me meto en ese detalle, tenemos que partir de la base de que se está haciendo un trabajo profesional”. Al responder a la pregunta sobre si se siente responsables por la mala construcción de la línea, el ex jefe de Gobierno señaló: “Lo que vi la semana pasada es que no se pusieron pernos o que estaba mal una soldadura. Yo creo que el jefe de gobierno es muy difícil que pueda supervisar eso personalmente, por eso se creó un organismo muy grande que se llama Proyecto Metro con autonomía técnica y financiera. Intervino un consorcio con muchísimas empresas, añadió Ebrard, quien resaltó que el encargado de la supervisión de la obra fue el Premio Nacional de Ingeniería e intervino hasta el Instituto de Ingeniería de la UNAM en ese tramo.

Ebrard insistió en que cumplió con su deber en ese momento, como jefe de Gobierno. “Es lo que tenía que hacer (con la intervención) de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, ICA, que ganó una licitación internacional, que había construido casi todo el Metro; supervisión a cargo de uno de los ingenieros más destacados de México, que fue el ingeniero Alejandro Vázquez Vera; empresas reconocidas, certificación a cargo de uno de los grupos internacionales más importantes. Pues es lo que tenía que hacer el jefe de Gobierno”, reiteró el funcionario del gobierno lopezobradorista.

Ayer, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México solicitó audiencia inicial contra 10 personas físicas y morales para formularles imputación por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad, todos culposos, tras el colapso de una trabe del tramo elevado de la línea 12 del Metro el 3 de mayo pasado. El Ministerio Público judicializó, sin detenido, la carpeta de investigación iniciada a raíz de ese hecho, en el que murieron 26 personas y 98 resultaron lesionadas, pero no solicitó órdenes de aprehensión. Tanto las personas físicas como morales fueron citadas a comparecer ante un juez de control el 25 de octubre a las 10:30 horas.

Los involucrados, cuyos nombres no dio a conocer la dependencia –aunque entre ellos se encuentra Enrique Horcasitas, ex director de Proyecto Metro, órgano desconcentrado encargado de la construcción de la llamada línea dorada-, como sus defensas, dijo la Fiscalía, podrán tener acceso a los actos de investigación al ser citados a comparecer en calidad de imputados. De acuerdo con el resultado del peritaje de la Fiscalía, el colapso del intertramo de la línea en las estaciones Olivos-Tezonco se debió a errores en su construcción, deficiencias de origen en su diseño, uso de materiales no adecuados y falta o mala colocación de pernos. No hizo señalamientos en cuanto al mantenimiento, con lo cual deja libre de toda culpa a la actual administración de Metro y de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum.

Ante los cuestionamientos de sus imputaciones, la Fiscalía capitalina aseguró que ha conducido la investigación con estricto apego al debido proceso, y “de ninguna manera obedece a consignas políticas, ni busca la fabricación o protección de culpables”. De acuerdo con los especialistas, la clasificación de culposo de los delitos que se les imputan es una atenuante que permitirá a los ex servidores públicos y particulares involucrados llegar a un acuerdo reparatorio, “sin ni siquiera pisar la cárcel o llegar ante un juez de control”. Se trata, explicaron, de un delito no grave, por lo que “no tendrían que pagar ni siquiera una fianza para continuar con el proceso en libertad y, en caso de llegar ante un juez, les podrían imponer la medida cautelar de firma periódica”.

Cabe destacar que el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México y al Fiscalía capitalina han impulsado la vía de un acuerdo reparatorio con las empresas y ahora lo hará con las personas físicas, cuando “las primeras si tuvieron una responsabilidad en los hechos”, indicaron.

Por otro lado, el despacho Regino Abogados Penalistas, junto con el Colectivo por la Seguridad del Metro, interpondrán una denuncia penal en contra del ex jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera y los ex servidores públicos Jorge Gaviño Ambriz y Jorge Jiménez Almaraz, quienes se desempeñaban como directores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) durante su gestión. Durante una conferencia de prensa, el abogado Gabriel Regino García señaló que cinco de sus representados, cuyas carpetas de investigación ya fueron judicializadas por la Fiscalía General de Justicia local, entre ellos Enrique Horcasitas Manjarrez, quien fue director del Proyecto Metro, encargado de construir la Línea 12, “darán la cara y se presentarán en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia el 25 de octubre, porque son inocentes”.

Regino García explicó que la denuncia contra Mancera y los ex directores del STC, el 20 de octubre, se hará porque “fue durante su administración cuando se sobrecargó la vía elevada”, a pesar de que en 2017 “el despacho Colinas del Buen notificó al gobierno de Mancera del grave riesgo que se estaba presentando con esa sobrecarga en la trabe que colapso”. Colinas del Buen “incluso les sugirió reforzar una parte de las columnas 12 y 13 de esa trabe y no lo hicieron… los que tiene que contestar son esos funcionarios, a los que extrañamente la fiscalía capitalina no ha tocado ni con el pétalo de una rosa”, cuestionó el litigante. El abogado adelantó que igualmente interpondrán otra denuncia contra la ex directora del Metro Florencia Serranía y el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina, debido a que la empresa DNV que contrató el gobierno local “nos dio a conocer que en diciembre de 2019, la Secretaría de Obras contrató un dron para filmar la trabe –sostenida por las columnas 12 y 13- que colapsó, y desde entonces advirtieron la separación de vigas. ¿Hicieron algo? No hicieron nada”, recriminó.

Regino García rechazó las conclusiones de la FGJ “sobre las causas del desplome y la tragedia de la línea 12, porque son manipuladas y a conveniencia”. También señaló a diferencia del gobierno local, “que contrató a una empresa experta en alimentos orgánicos y plataformas marinas”, el despacho que encabeza contrató a ESi, “certificada internacionalmente en investigación forense de destrucciones, incendios, colapso de vialidades y puentes, que es una de las más consultadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para averiguar todo sobre este tipo de accidentes. Una de las conclusiones de ISi “alude a la posible ausencia del número necesario de pernos nelson, pero no la toma como la determinante; menciona el análisis de la sobrecarga de la estructura. El abogado apuntó que todo esto lo agregarán a la queja que ya presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pedirán la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

De los pasillos

Iván Reyes Arzate, La Reina, ex mando de la Policía Federal, aceptó en EU el cargo de conspiración para distribución de cocaína, será sentenciado el 6 de enero y podría alcanzar entre 5 y 40 años de prisión. Ante el juez Brian Cogan, declaró: “Alrededor de septiembre y noviembre del 2016 siendo servidor público en México y a cambio de un pago, estuve de acuerdo en darle a una organización criminal datos que facilitaran la distribución de cocaína”.

Mucha campaña y poca acción de la FGR

Adela Navarro Bello

En por lo menos tres ocasiones, noviembre de 2020, agosto de 2021 y octubre de 2021, la FGR ha dicho que “va por Peña Nieto” (ahora sí), y ya suma el expresidente de México, cinco delitos: traición a la Patria, cohecho, lavado de dinero, asociación delictuosa y, el más reciente, delincuencia organizada, con el que dicen, podría alcanzar una pena de hasta 60 años. El problema es que más que investigación ministerial, parece arenga política. Porque todos los señalados, continúan libres.

De cuando en cuando y para subir los bonos que le bajan ante la deficiente procuración de justicia, la Fiscalía General de la República recurre a una campaña mediática de persecución contra quien consideran el más atractivo pez grande, el expresidente Enrique Peña Nieto, pero que finalmente no concreta.

Por lo menos en tres ocasiones ha informado, o entregado la exclusiva a un impreso de la Ciudad de México, para arengar que ahora si, “la FGR va por Enrique Peña Nieto”.

Hace casi un año, el 12 de noviembre de 2020, el periódico Reforma develó que en el expediente sobre el caso de los sobornos de la compañía brasileña Odebrecht, al expresidente Peña Nieto “se le señala directamente como el principal responsable de los delitos de cohecho y traición a la Patria”. La información se había obtenido de una orden de aprehensión presuntamente girada contra el exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y otra contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

“Enrique Peña Nieto fue autor mediato de los delitos mencionados y los de carácter electoral. Cometió los ilícitos utilizando como instrumento a Videgaray y Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex”, citó en aquel momento Reforma sobre la orden de aprehensión.

A la fecha, Videgaray permanece libre, ateniendo asuntos en el extranjero y desde donde se ha defendió; Lozoya es un protegido por el Estado Mexicano, en calidad de testigo colaborador. Peña Nieto se sabe, lleva una vida libre de persecución real.

Luego, en agosto del 2021, se “liberó” parte de la investigación ministerial en el proceso contra el exsenador Jorge Luis Lavalle. Y la FGR, arengó una vez más que ¨Van por Peña Nieto”, Luis Videgaray y Ricardo Anaya, el exdiputado federal y excandidato a la Presidencia de la República por el Partido Acción Nacional, en esta ocasión por los delitos de asociación delictuosa, cohecho, y lavado de dinero.

Entonces sustentaron que los millones de dólares entregados por los ejecutivos de Odebrecht, a cambio de recibir contratos, fueron depositados en cuestas en las Islas Vírgenes Británicas, y posteriormente retirados en efectivo.

Hace unos días, por ahí del 9 de octubre, la periodista Lourdes Mendoza, reveló en sus redes sociales, como plácida e impunemente, su acusador, (la señala de haber recibido una bolsa de diseñador por parte de Luis Videgaray), Emilio Lozoya, departía con amigos en un restaurante de la Ciudad de México, sin grillete electrónico, sin supervisión ministerial, libre gozando de la buena vida.

Menos de diez días después, la FGR, señalada de ser una institución al servicio de lo que fue la mafia en el poder, encarnada en este caso por Lozoya, el acusado y evidenciado por los ejecutivos brasileños de haber recibido 10 millones de dólares en sobornos, emitió el 18 de octubre de 2021, una nueva campaña mediática de persecución contra el expresidente.

En esta ocasión, el periódico Milenio dio a conocer la información, revelando que ahora la FGR, buscará imputar el delito de delincuencia organizada, tanto al expresidente Enrique Peña Nieto, como al exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y también al excandidato panista a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortez. Los tres, mencionados y supuestamente empapelados, en el mismo caso de Emilio Lozoya Austin.

“Tras más de un año de indagatoria en el que el Ministerio Público acusó a los involucrados en el caso de delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, ahora la FGR recurrirá a un delito que implica cárcel forzosa y una pena que alcanza hasta los 60 años de prisión”, detallaron en Milenio.

Informaron además que el 2 de septiembre, “la Unidad de Investigación emitió un acuerdo en el que remitió a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada la carpeta de investigación FED/SEIDF /CGI-CDMX/0000865/2020, que se inició a raíz de la denuncia de Lozoya realizada en agosto de 2020”.

A su vez, que Alfredo Higuera Bernal, titular de la Fiscalía Especializada, determinó: “esta Representación Social de la Federación considera que los hechos investigados podrían constituir alguno de los delitos de delincuencia organizada competencia de esa Fiscalía Especializada”.

La acusación, basada en los dichos de Lozoya, indica que tanto el expresidente como el exsecretario de Relaciones Exteriores, fueron quienes recibieron el soborno de Odebrecht “a través de Emilio Lozoya”, dinero mal habido que utilizaron, tanto para la campaña presidencial de 2012, como para la entrega de sobornos a legisladores, entre los que se supone está Ricardo Anaya, para aprobar las “reformas estructurales” del sexenio de Peña, particularmente la energética.

Entonces, resumiendo, en noviembre 2020 la FGR imputaría al expresidente Peña Nieto dos delitos; en agosto de 2021, otros dos, y el 18 de octubre de 2021, uno más. En total, de acuerdo a las tres veces que desde la FGR han amenazado con ir por el expresidente priista, éste ya ha acumulado cinco delitos: traición a la Patria, cohecho, lavado de dinero, asociación delictuosa, y ahora, delincuencia organizada… y sin embargo, nada sucede.

Lozoya goza de una libertad “legal, pero inmoral”, resumiría el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Videgaray hace lo propio en el extranjero, al igual que el expresidente Enrique Peña Nieto, mientras Ricardo Anaya, se dice perseguido político y busca asilo, que no ha encontrado, en los Estados Unidos de Norteamérica.

Total, que la FGR más que procurar justicia, realiza campañas mediáticas, amenazando con la investigación y posterior aprehensión de un expresidente, pero sin dar resultados tangibles. Ahora sí, que mucho ruido y pocas nueces. A ver para cuándo Fiscal.