Las narrativas de Andrés y Claudio

Ernesto Hernández Norzagaray

Claudio X. González, el multimillonario X, en su campaña contra López Obrador acaba de salir a la plaza pública con una tontería: “La llamada 4T [Cuarta Transformación], una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Que no se olvide quién se puso del lado del autoritarismo populista y destructor”.

Y aquella chispa encendió rápidamente la pradera mediática. Se le calificó de todo: desde fascista hasta estalinista. Y bien merecido lo tenía. No se puede ir por la vida impunemente hablando como hacendado del siglo XIX y llamando a hacer una lista negra de quienes “alentaron” el “autoritarismo populista y destructor”.

No, creo, vivimos en una democracia sin hacendados, donde queremos muchos que cuenten las instituciones. Con poderes fácticos disminuidos, aunque, no desaparecidos. Sin listas negras, ni apandados. Se vio mal, muy mal, el empresario metido hoy de político opositor y activista de la alianza variopinta de “Si por México”. La machaca mediática no ha dejado de cobrar el yerro y se le ha cocinado a fuego lento por revivir las listas negras del inefable Gustavo Díaz Ordaz o las del torturador y asesino Miguel Nassar Haro.

La crítica vino de un lado y regresó encendida por otra. Se alineó el obradorismo al grito del unísono: ¡Anótame en tu lista!, reclamó Claudia Sheinbaum. Y el Presidente, como no, entró al quite con sonrisa burlesca y generalizó para sacar tajada: “Que se sepa que no tienen vocación democrática, que los domina el afán autoritario lo de Claudio es ‘vamos a empezar a hacer una lista’ o es lo que insinúa”, y eso lleva inevitablemente al dilema ellos o nosotros. O, como les exigió a los priistas cuando los puso ante el dilema para la Reforma Eléctrica ¿están con Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos o con Carlos Salinas de Gortari? Que en realidad les dijo: están conmigo o con ellos.

Y fue la yucateca Dulce María Sauri, no Alejandro Moreno, el dirigente priista, quien salió al paso del falso dilema: “El PRI está con Lázaro Cárdenas, el PRI está con Carlos Salinas de Gortari y lo está porque ambos como presidentes de México supieron en función de su tiempo y circunstancia responder por un país que buscaba construir alternativas de futuro”.

Y ya no es el señor X, sino el Presidente López Obrador quien busca dividir entre buenos y malos mexicanos. Entre los de una lista y otra. Al final ambos atizan a la balcanización social. A que cada uno de los mexicanos decida con cual narrativa quiere estar en esta coyuntura de la historia nacional.

En la de Claudio o en la de Andrés Manuel. En la de los conservadores o en la de los nuevos liberales. Y ese es el país que se ha construido con el dinero de los Claudio o con el dinero público, que se gasta en cada “mañanera”. Atizan unos y otros al fuego de la balcanización social. Y frente a ese fuego está una sociedad hirviendo en su propio fuego cotidiano para optar entre uno y otro bando. Entre una bandera y otra bandera. Entre un relato y otro.

Obnubilan la conciencia nacional con fuertes dosis de discursos emocionales. Unos desde el fatalismo y otros desde la esperanza. Y lo sorprendente es que uno y otro tienen una dosis de razón. La situación no está como la narrativa oficial busca trasmitir en su publicidad esperanzadora, pero, tampoco, tan mal, como ese Claudio colectivo, cuando intenta instalar la duda, la frustración, el fatalismo.

Todavía hay espacio para la inteligencia colectiva y para poder salirse de ese falso dilema que acrecientan los filoadherentes mediáticos de uno y otro bando. Ese discurso binario de conservadores y progresistas; de anclaje en el pasado y sin visión de futuro. De los que están con el pueblo y los que están en contra de él.

Quizá está en esa respuesta silenciosa, ordenada, que acomodó silenciosamente las manzanas en el canasto electoral del pasado 6 de junio. En la baja participación en la consulta nacional para enjuiciar a los expresidentes. Y la incertidumbre para todos de lo que se espera, no en la consulta de revocación de mandato, que recordemos necesita de un grupo promotor y, para activarla, el apoyo, con firma, de tres millones de mexicanos en edad de votar.

Ya los partidos de “Si por México” han dicho que no se activarán en esa consulta, que se esperarán las presidenciales de 2023-2024. Y no veo que el obradorismo se active para conseguir esos tres millones de firmas para medir la textura y consistencia del 60 por ciento de apoyo que trae el Presidente López Obrador en las encuestas de percepción.

O sea, en este mandato presidencial, es altamente probable que no haya consulta de revocación de mandato por simple cálculo político de ambos bandos y por una sociedad, que, en agosto pasado, vio con desdén y desconfianza ese tipo de rutinas democráticas.

Y ese silencio colectivo atiza, eso sí, la “incertidumbre democrática” de la que habla el politólogo polaco Adam Przeworski, en uno de sus libros, y que se da en sociedades democráticas altamente polarizadas. Ese, es, el futuro que resulta de estas narrativas que balcanizan y terminan por agrupar en torno a una emoción, un emblema, una narrativa o una figura pública a los contingentes de votantes.

Entonces, no se trata sólo de lo que digan las narrativas en pugna y adláteres mediáticos por la audiencia nacional, por el control de la mayoría de los votos, sino los silencios y desdenes, que han aparecido en medio de la bruma democrática.

Esa es la lectura que falta y se hace más visible en la medida en que aumenta el ruido del fanático que acríticamente se alinea a un lado y otro, de la línea imaginaria, que separa a los buenos de los malos mexicanos, ese mundo binario, que aun con todo, nos sirve para activar la conversación y para que haya brotes, cada día mayores de reflexión de lo público, no de lo que digan o dejen de decir dos cuates, que buscan atraer para si los reflectores y erigir desde ahí una narrativa de salvación nacional, redentora, excluyente, sino tomar distancia del simplismo y la manipulación de la esfera de lo público.

La 4T y los movimientos sociales

Rubén Martín

La retórica simplista y maniquea del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el gobierno de la Cuarta Transformación de clasificar a todos sus opositores o disidentes como conservadores, mientras él y sus seguidores se clasifican a sí mismos como liberales y transformadores, es un discurso que sirve para mover y unificar a sus bases de simpatizantes, pero que deja fuera de este binarismo a un amplio campo de luchas sociales y políticas que no pueden ni quieren ser clasificadas en los bandos liberales o conservadores.

El abuso de esta retórica política simplificadora ha provocado varias polémicas al descalificar a movimientos sociales como el feminista, ecologista o defensores del territorio, como conservadores o incluso de extrema derecha.

El presidente López Obrador lo volvió a hacer el pasado viernes 29 de octubre en su conferencia de prensa mañana, desde Campeche, al responder una pregunta que se le planteó sobre los opositores al megaproyecto del Tren Maya. Inicialmente respondió: “Bueno, la mayoría de la gente está a favor del Tren Maya y yo lo agradezco mucho, porque hay opositores, tenemos de adversarios a los conservadores que se oponen a todo (cursivas mías) , que quisieran que nos fuese mal”.

Luego al abundar en otra interpelación López Obrador soltó la frase que incendió el debate público al sostener que ciertas causas como el feminismo, ecologismo y la defensa de los derechos humanos fueron alentadas, incluso financiadas, por los mismos que diseñaron las políticas neoliberales. “(…) más que nada son grupos que tienen que ver con una forma que encontraron de trabajar. ¿Qué hizo el neoliberalismo o qué hicieron los que diseñaron para su beneficio la política neoliberal, qué hicieron? Una de las cosas que promovieron en el mundo para poder saquear a sus anchas fue crear o impulsar los llamados nuevos derechos. Entonces, se alentó mucho, incluso por ellos mismos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales.  Muy nobles todas estas causas, muy nobles, pero el propósito era crear o impulsar, desarrollar todas estas nuevas causas para que no reparáramos, para que no volteáramos a ver que estaban saqueando al mundo y que el tema de la desigualdad en lo económico y en lo social quedara afuera del centro del debate. Por eso no hablaba de corrupción, se dejó de hablar de explotación, de opresión, de clasismo, de racismo”.

Esas agencias internacionales “que apoyaban el modelo neoliberal”, añadió el mandatario siguen financiando “a grupos ambientalistas, defensores de la libertad” e incluso a quienes se oponen a uno de los proyectos insignia del actual gobierno: el Tren Maya, “que recibían dinero de la embajada de Estados Unidos, como también las asociaciones de Claudio X. González”.

Estas desafortunadas declaraciones encendieron rápidamente las redes sociales y alentaron la tóxica polarización de proAMLO o antiAMLO. Pero esta polarización no permite reconocer con claridad que más allá de estas posturas políticas centradas en la disputa del poder estatal, hay luchas y movimientos sociales organizados que están defendiendo causas políticas que no tienen qué ver con la disputa del poder estatal.

Si bien es cierto que hay muchas organizaciones no gubernamentales que trabajan acompañando luchas sociales y que reciben financiamiento de organismos o fundaciones internacionales o nacionales, la mayoría de los movimientos sociales que el presidente quiere encasillas como “conservadores”, se organizan y financian por sí mismos, como hacen la miríada de colectivas que componen el amplio movimiento feminista en México, o los pueblos organizados en comunidad para defender sus territorios del extractivismo y los megaproyectos tan vivos ahora como en el periodo neoliberal, declarado ya difundo por el actual gobierno.

No es que no haya intereses geopolíticos, de agencias internacionales o que la derecha conservadora del país no pretenda intervenir en la lucha por el poder estatal en México. Sería ingenuo no admitirlo. Pero es obtuso del presidente y los promotores de su proyecto no reconocer que hay otros sujetos políticos que escapan a la polarización liberal – conservador.

Uno de ellos son los pueblos mayas de la península de Yucatán que se oponen al Tren Maya. Vuelvo a ellos porque la oposición a este megaproyecto fue lo que dio pie a las declaraciones de López Obrador.

Apenas tres días antes de las declaraciones del presidente, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, declaró ante una comisión de senadores que el gobierno tenía bien identificados a las “327 personas han interpuesto 25 amparos contra el proyecto y señaló que 49 personas físicas y morales se repiten en todos los amparos y se tienen identificadas a seis organizaciones de la sociedad civil detrás de estos” (La Jornada, 26 octubre 2021).

Luego sin prueba alguna, Jiménez Pons sostuvo que detrás de esos amparos “están organizaciones como el Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) e Indignación, grupos que no nos quieren. Es obvio que está la extrema derecha en la zona. Hay grupos mucho muy conservadores”. Otra vez se mete en el costal “conservador” a todos aquellos que no comulgan con el proyecto de la 4T.

Pero no es Frena, ni grupos conservadores de extrema derecha quienes se oponen al Ten Maya, como dice el titular de Fonatur. Son comunidades mayas organizada en redes más amplias, como es la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, quien reaccionó a las acusaciones de Jiménez Pons con un contundente comunicado: “Acusamos al gobierno federal de racista y promotor de la violencia contra los indígenas. La ridiculez inaudita e insensata de etiquetarnos como ‘grupo de ultraderecha’ habla por sí sola de la propensión a la mentira, la simulación y la mala fe del gobierno federal y del señor Jiménez Pons, director del Fonatur. (…) la única alianza de la ultraderecha de Yucatán en relación con el mal llamado Tren Maya es la complicidad que se ha establecido entre los gobiernos estatal (del panista Mauricio Vila) y municipales (como el del panista Renán Barrera en Mérida) con el gobierno federal mexicano para imponer y echar adelante el proyecto etnocida del presidente López, violando abiertamente los derechos del pueblo Maya”.

Las comunidades organizadas en la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal se oponen a este megaproyecto no porque formen parte de los “conservadores” opositores a la 4T; se oponen a esta obra porque temen que los despoje del territorio y de sus medios de vida.

Así lo dijo Pedro Uc, integrante de esta asamblea en una entrevista para Radio Universidad de Guadalajara: “el proyecto del Tren Maya está basado en un reordenamiento territorial en el que está planteada la construcción de por lo menos 15 o 20 ciudades que van a estar en el camino del tren en donde cada una de esas ciudades tendrá al menos 50 mil personas y esto va a generar un impacto muy fuerte en nuestra cultura maya, en el patrimonio cultural, en los espacios de agua como las lagunas y los cenotes; y está planteado para construir un corredor industrial en el que se plantea una línea de producción a través de fábricas y que esto va a servir para conectar con el otro tren, del istmo de Tehuantepec, y así abrir a los gobiernos esta parte del mundo y controlar los dos mares que hay en el istmo. Lo que nosotros vemos, y nos preocupa es el despojo de nuestro territorio y la destrucción de nuestro entorno…”.

En esa misma entrevista, vislumbró los riesgos que implica esta visión desde el desarrollismo capitalista de llevar “progreso” mediante la inversión pública a través de grandes megaproyectos: “Empezamos a tener conflicto con el término ‘desarrollo’ porque no entendíamos la palabra, es extraña en las comunidades que hablamos lengua maya. Y cuando vimos que el desarrollo estaba con las maquinarias que estaban tirando los árboles, están destruyendo la tierra, fumigando las abejas, contaminando el agua, todo este tipo de agresiones que sufre nuestro entrono y repercute en nuestra salud porque como pueblos mayas decimos que si el entorno tiene buena salud en consecuencia los seres humanos vamos a tener una salud para vivir bien. Sin embargo estos megaproyectos han venido a destruir a contaminar a acabar con muchos kilómetros de selva, de flores y sobre todo afectando la salud del agua que consumimos. Entonces, no lo vemos como una oportunidad, sino lo vemos como una amenaza de muerte y finalmente cuando nos quitan el territorio nos quitan la vida. Siempre hemos dicho que somos como los peces que si les quitan el agua obviamente se mueren. A nosotros si nos quitan el territorio, nos morimos. Y eso es lo que hace este gobierno que, curiosamente, ha declarado que se ha muerto el neoliberalismo”, denunció Pedro Uc.

Esta visión compleja con el territorio es la que los lleva a resistir los megaproyectos y a convertirse en sujetos políticos organizados para la defensa de sus modos de reproducción de la vida. Son las formas políticas que desde abajo se organizan para defender sus vida, pero que no caben en la retórica simplista de la 4T de poner en el bando conservador a todos los que no están de acuerdo con su proyecto.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Este jueves, el Fiscal General del Estado de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, presentó por escrito su renuncia irrevocable al cargo que ocupaba desde el 15 de mayo de 2018.

Esta renuncia surtirá efecto el 15 de noviembre y para elegir a su sucesor, el Congreso tiene dos opciones. La primera, es nombrar a un encargado de despacho, que podría ser el vicefiscal, mientras se emite la convocatoria de ley para convocar a los aspirantes a la Fiscalía, para elegir de un grupo de 10 al nuevo fiscal.

La segunda opción es renunciar a esta facultad, q ue sí ejerció en el caso del auditor general del estado, y esperar a que en el uso de sus facultades, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda envíe al Congreso la terna de posibles candidatos a suceder a De los Santos Barilla, dejándole al Congreso del Estado la facultad de elegir al mejor perfil.

Ayer, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Alfredo Sánchez Esquivel, habló escuetamente del caso. Aclaró, en primer lugar, que no fue el Congreso el que le solicitó la renuncia a De los Santos Barilla, sino que éste la presentó por sí mismo, argumentando tener “motivos personales”.

La renuncia es de carácter irrevocable; es decir, que la decisión está tomada y el mismo fiscal lo anunció ayer en sus redes sociales, antes de reunirse con los fiscales regionales para hablar de este mismo tema, de acuerdo con lo que divulgó en la página oficial de la Fiscalía.

En segundo lugar, Sánchez Esquivel precisó que esperarán la terna que envíe la gobernador para tomar una decisión, con base en el perfil de los aspirantes.

Luego entonces, no se apegarán al proceso abierto mediante convocatoria, sino que le dejarán a Evelyn Salgado Pineda que  ella proponga a quienes considere podrían desempeñar este cargo.

¿Los requisitos? Forzosamente un abogado. Si tiene maestría o doctorado mejor. Conocedor de los problemas de justicia de la entidad y, sobre todo, un hombre íntegro y probo, de cuya actuación pública y personal no haya dudas.

Sin duda en Guerrero hay muchas personas que reúnen estos requisitos. Pero ese no es el problema, pues podemos apostar a que el fiscal que se va sí los reunía, aunque en su momento su elección se notó descabellada, pues era un joven sin experiencia en el ramo, cuyo currículum se limitaba a colaborador del secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
Al paso del tiempo, desde 2018 que asumió el mando de la Fiscalía, en sustitución de Xavier Olea Peláez, a De los Santos Barilla le tocó vivir el momento en que ya con López Obrador en el poder cambiaron las cosas y los índices delictivos comenzaron a bajar.

Eso fue notorio y aunque el ex gobernador Héctor Astudillo Flores se adjudicó este logro, no fue así. En realidad, durante la primera mitad de su gobierno, Astudillo bien poco pudo hacer, pues el secretario de Seguridad le fue impuesto por la Federación y venía desde el interinato de Rogelio Ortega.

Para nadie fue un secreto que el general brigadier Pedro Almazán Cervantes hizo y deshizo. Cuando se fue, coincidiendo con el fin del gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobernador mantuvo a la Secretaría de Seguridad Pública con un encargado de despacho y fue hasta el cambio del gobierno federal, 5 meses después, que nombró a David Portillo Menchaca como titular.

Para colmo, el primer trienio del gobierno astudillista fungió como fiscal Xavier Olea Peláez, quien venía de defender al alcalde de Tlapa, Willy Reyes. De hecho, ya siendo fiscal renunció al caso y se encargó de ayudarle desde dentro.

¿Por qué traer este tema a colación? Porque siempre se mide la eficiencia de un fiscal, en función de la baja de los índices delictivos, cuando esa no es su función, sino del secretario de Seguridad en turno. Al fiscal le toca investigar los delitos y garantizar justicia para las víctimas en los tribunales, no en la calle.

La Policía Investigadora a su cargo, no se ocupa de prevenir el delito, sino de investigar los hechos ya consumados. Por lo tanto, estamos equivocados cuando se nos dice que el ahijado de Salazar Adame ha sido el mejor fiscal que Guerrero haya tenido en 20 años. Cosas parecidas escribieron ayer diversos periodistas en sus redes sociales.

Él mismo dijo: “Me separo de este encargo, con la satisfacción de que Guerrero mejoró considerablemente en sus indicadores delictivos, principalmente en homicidio, feminicidio y particularmente en secuestro. Seguiré siempre deseando lo mejor para Guerrero, y desde el espacio en que me encuentre como ciudadano, seguiré abonando al desarrollo de nuestro estado”.

¡Wow! Deberíamos revisar los rezagos en tribunales y las carpetas de investigación que se tienen archivadas durmiendo el sueño de los justos, y cotejarlas contra los asuntos desahogados, para de verdad evaluar al De los Santos Barilla. Créanme que habrá muchas sorpresas.

Por lo pronto, el fiscal se va un día después de que en redes sociales le filtraron una bochornosa fotografía, de la que por cierto ayer nadie habló: ni el fiscal, ni la prensa estatal, ni el gobierno de ningún nivel. ¿Qué tal?

Índice Político

Francisco Rodríguez

*Andy López y los sin-calcetines

* Colima, víctima de Videgaray

*El PRI-Mor gobierna Guerrero

Tienen entre 25 y 35 años.

Visten como lo hacían ciertos jóvenes… hace dos décadas.

Camisas vistosas, al estilo de las que en el siglo XX diseñara Versace.

Pantalones de brincacharcos…

… que permiten observar que el portador no usa calcetines…

… y que usa sus choclos Ferragamo “a rais”.

Son dos, tres, a veces cuatro.

Siempre citan a los clientes en restaurantes de moda…

… y, claro, de mucho postín.

Las cuentas, al final, son de cinco cifras más algunos centavos.

Y es que piden champagne.

Varias botellas de champagne.

Como aperitivo…

… para acompañar los platillos…

… y el postre, claro está.

Así, entre sorbo y bocado dicen poder arreglar cualquier problema con el gobiernito de la que, ¡oh ilusos de nosotros!, todavía llaman Cuarta Transformación…

… desde licitaciones que pueden ser “a modo” para que gane el cliente y ellos, por supuesto, se lleven su comisión…

… hasta cobros de facturas multimillonarias a Pemex –por ejemplo– que sólo a través de ellos culminan con una transferencia electrónica en la que ya están descontados los “honorarios” –la tajada del pastel, pues– de quienes dicen ser no sólo amigos sino ¡representantes de Andrés Manuel López Beltrán!, vástago de usted ya se imagina quién.

Comisiones, “honorarios” o tajadas del pastel hasta del 30 por ciento del contrato o del cobro.

Y en época de sequía económica…

… con los grifos de la Tesorería de la Federación cerrados…

… los clientes aumentan.

Para ganar licitaciones…

… para que los ayuden a cobrar adeudos.

Son exitosos.

Dicen ser amigos de Andy.

¡Así, quién no!

¿No cree usted?

El fracaso de

otro neoliberal

“¡Nacho ratero regrésame mi dinero!”

Así le escriben sus paisanos, en ciertos medios de comunicación, al todavía gobernador de Colima, Ignacio Peralta, impuesto hace poco más de seis años por Luis Videgaray, quien era –¿todavía lo es, dada la impunidad de la que goza? – todopoderoso dada su influencia sobre la debilidad mental del “¡ratero!” Enrique Peña Nieto.

Se va Peralta y deja a la entidad del Pacífico en una situación de verdadera emergencia.

“El sexenio más negro”, dicen sus paisanos.

Hay huelga de trabajadores al servicio del gobierno estatal y lo acusan de desviar el dinero que a ellos les corresponde en salarios para pagar mil millones de pesos a los bancos con los que su administración contrajo deudas de corto plazo.

También de llevar a cabo obras a sobreprecio, como el edificio de seguridad C5i, la remodelación del Palacio de Gobierno, la adquisición de la ex zona militar y la compra de los predios La Campana.

El número de infectados por Covid-19 es, proporcionalmente, mayor al de otras entidades con mucho más habitantes.

Y el de fallecidos a causa del virus, también.

La pobreza creció.

Pero Nachito se justifica: “… parece que la vida se ensañó conmigo. Primero, para llegar a la gubernatura, pasé por dos elecciones y recibo un estado en quiebra; yo no tenía acceso al mercado del crédito, la calificación crediticia estaba colapsada. Pasé 2016 y 2017 sin acceso al mercado de crédito”.

Nunca entendió que para solucionar eso fue que Videgaray lo puso ahí. Que por eso insistió en dos distintas elecciones. Un tecnócrata para solucionar un problema técnico que, paradójicamente, sólo puede arreglar un político.

Se va “Nacho ratero” y allá dicen que…

… “para coronar sus fechorías, Nacho ratero deja a uno de sus compinches más cercanos, bien posicionado en uno de los tres poderes del estado”.

La próxima gobernadora tiene la palabra.

Indicios

Ni los chairos ni los amlovers tuvieron cabida plena en el gabinete de la guerrerense Evelyn Salgado. Su padre, Félix Salgado Macedonio, impuso a muchos funcionarios, de nivel subsecretario y dirección general, que son o fueron priístas o perredistas.

De hecho, el astudillista Eduardo Loría Casanova, fue ratificado como titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, para cuidarle las espaldas a quien acaba de dejar el Palacio de Gobierno en Chilpancingo.

Los verdaderos morenistas fueron desplazados por personajes como América Astudillo Muñoz, prima hermana del exgobernador Héctor Astudillo Flores; Hossein Nabor Guillén, exalcalde perredista de Tixtla y ex funcionario del gobierno de Ángel Heladio Aguirre Rivero; Marco César Paris Peralta; exfuncionario también astudillista; Jorge Salgado Parra, exdiputado local y federal del PRI y del PRD y ex colaborador de Héctor Astudillo, entre otros personajes de la “mafia del poder” en Guerrero.

Por cierto que en la brava entidad del sureste se ha extrañado la voz de la no primera dama Beatriz Gutiérrez Müller con respecto al tráfico de niñas. Ella proclamó aquel “¡con los niños no!”, cuando irresponsablemente su hijo fue blanco de críticas en redes sociales y medios de comunicación, y ahora mantiene funesto silencio ante crímenes que su esposo, el okupa de Palacio Nacional, considera forman parte de tribales usos y costumbres que ya deberían haberse desterrado.

Sobre la anterior colaboración del escribidor, AMLO ¿boteaba en la UNAM?, cuando menos un par de profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales no recuerdan haberlo tenido como alumno. También varios de mis compañeros de generación en ese plantel universitario han coincidido con lo planteado. No asistía a clases. Nadie recuerda haber sido su compañero.

Por hoy es todo. Le agradezco la lectura de estas líneas y le deseo, como siempre, que tenga ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

Dinamarca queda en sentido contrario

Jorge Javier Romero Vadillo

Hace unos días, Tyler Cowen, articulista de Bloomberg, publicó un artículo pletórico de optimismo e ingenuidad en el que afirma que México está destinado a convertirse en una suerte de Dinamarca americana, simplemente como producto de una suerte de evolución natural provocada por la vinculación de su economía con la de los Estados Unidos. Como prueba de su predicción pone el testimonio de “muchos centroamericanos que dicen que México se esta volviendo muy parecido a Estados Unidos”.

El artículo de Cowen es bastante bobo y no merecería más que una mueca de sorna, de no ser porque algún reportero le preguntó al Presidente de la República su opinión sobre él. López Obrador reconoció no haber leído el texto, pero, dijo, Dinamarca “sí es mi modelo a seguir en lo que tiene que ver con un país extranjero” y con una simpleza parecida a la de Cowen, se lanzó a afirmar que los daneses no tenían pobreza porque allá no existe la corrupción.

No es la primera vez que López Obrador pone al país escandinavo como ejemplo y meta. En los días de la demolición del Seguro Popular y la creación del malhadado INSABI, ofreció que en unos meses México contaría con un sistema de Salud como el danés, lo cual no pudo haber sido tomado en serio ni por los más fieles seguidores, capaces de defender todos los disparates presidenciales con una vehemencia aterradora. Sin embargo, la aspiración presidencial resulta curiosa, sobre todo porque Francis Fukuyama, considerado por muchos el politólogo neoliberal por antonomasia, también ha usado a Dinamarca como la meta a alcanzar en cuanto a desarrollo político, social y económico.

La eutopía danesa de Fukuyama implica una sociedad imaginada que es próspera, democrática y segura, que está bien gobernada y registra bajos niveles de corrupción. Supongamos que López Obrador comparte estos objetivos y que en verdad él aspira a que México se transforme en la versión tropical del modelo escandinavo, lo que nos convertiría en el mismísimo paraíso terrenal, pues seríamos ricos y ordenados como daneses o suecos, pero con clima tropical. No creo que a alguien le disguste la idea de vivir en el edén, aunque es bien sabido que la idea de edén de los tabasqueños es bastante cuestionable.

El problema surge cuando se contrasta el sueño de Andrés con la vía que ha tomado para alcanzarlo. Ahí es cuando parece que el Presidente anda bastante desorientado y que ha tomado la ruta en sentido contrario a donde nos dice que quiere llegar, pues ¿cómo se llega a Dinamarca? Según Cowen casi no tenemos nada más que esperar a que la mano invisible nos conduzca por la senda del progreso. Fukuyama es mucho menos optimista, y ni siquiera tiene totalmente claro cómo es que Dinamarca misma ha llegado a ser Dinamarca. Sin embargo, los elementos que identifica como relevantes en el proceso de desarrollo de los órdenes sociales cercanos al tipo ideal danés implican un desarrollo institucional muy diferente al de los empeños de López Obrador.

En primer lugar, está el Estado. En este terreno, Fukuyama se aleja de los tópicos antiestatistas comunes a la ortodoxia neoliberal, pues en su ruta a Dinamarca lo primero que se requiere es un Estado fuerte. Hasta aquí parecería que López Obrador coincide: una de sus críticas al neoliberalismo es precisamente el desmantelamiento del Estado, así que de lo que se trata es echar abajo las privatizaciones neoliberales y reconstruir los monopolios estatales. El problema surge cuando vemos que la idea de Estado fuerte de Fukuyama es totalmente distinta a la del Presidente mexicano, pues se trata de un Estado moderno, impersonal, garante del orden y la seguridad, y fuente de los bienes públicos necesarios. Mucho más importante que el tamaño del sector público es su calidad, su profesionalismo, su capacidad técnica de la que se derivan los buenos resultados económicos y sociales. Nada más lejano al Estado clientelista, repartido como botín entre seguidores a los que se les pide un 90 por ciento de lealtad y un 10 por ciento de conocimientos.

La ruta a Dinamarca también pasa por la democracia. Otra coincidencia, dirán los corifeos, pues nuestro Presidente clama ser un demócrata. De nuevo, el problema está en el tipo de democracia requerida. Mientras que López Obrador defiende la democracia mayoritaria, la de la voluntad general encarnada en su persona, donde 30 millones de votos han hablado de una vez y para siempre, la democracia que conduce al desarrollo es la liberal, comprensiva de todas las instituciones del Estado, con imperio de la ley y rendición de cuentas, cuya calidad se mide no por la fuerza de la mayoría sino por el respeto y la consideración que merecen las minorías. Una democracia de consensos, no de hegemonía.

Y luego están las clases medias. Para López Obrador, estas son “aspiracionistas”, egoístas y conservadoras, la némesis de la pureza natural del pueblo. En cambio, en el camino a la eutopía danesa, la conversión de la clase trabajadora en clase media es valorada como un desarrollado inesperado que irrumpió en el camino hacia la revolución del proletariado. El edén escandinavo es una sociedad de clases medias y su repliegue es, según Fukuyama, uno de los grandes riesgos de retroceso hoy en las sociedades avanzadas. La clave para lograr el desarrollo de la clase media está en un sistema educativo que tenga éxito en situar a la gran mayoría de ciudadanos en niveles de formación elevados, también en el sentido contrario al que López Obrador ha conducido al sistema educativo mexicano, sometido a la inanidad presupuestal y condenado a la gobernabilidad corporativa en los niveles básicos, mientras se desmantela y ataca a la educación superior de calidad.

Si el Presidente cree que va rumbo a Dinamarca, está bastante norteado.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Va en serio la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con su plan de erradicar de Guerrero la venta de niñas y los matrimonios forzados. Sin importar la opinión que tiene el propio presidente de la República sobre este asunto, pues el pasado fin de semana en su gira por Guerrero el mandatario federal dijo que esos casos pueden ser la excepción, pero no la regla, y que no se les puede satanizar a los pueblos indígenas por sus usos y costumbres, Evelyn Salgado está decidida a devolver a los niños y niñas de las comunidades originarias el mínimo de paz y seguridad dentro de sus propios hogares.

Obviamente, el asunto no es nuevo. Los medios de comunicación nos hemos arriesgado a hacer denuncias de este tipo que, sin embargo, poco habían prosperado, pues hay todo un velo de tolerancia e impunidad, en el que gobiernos municipales, estatales, diputados,  comisarios, “principales”, policías comunitarias y hasta la propia iglesia, arropan y toleran estos abusos.

Tan sólo para comparar, la CRAC-PC castiga severamente la brujería en sus reglamentos, pero no castiga la compra-venta de niñas.

En la Legislatura pasada una diputada local retomó el caso y dio pie para que la Secretaría de la Mujer aceptara que en los pueblos monolingües de la alta Montaña, es una constante el pacto de matrimonios infantiles a cambio de dinero. 

El gobierno de Héctor Astudillo no hizo gran cosa al respecto, salvo los consabidos programas de “concientización”, que obviamente nunca han sido la solución a casos tan drásticos, en los que los delitos se toleran porque se les considera parte de la idiosincracia de los pueblos originarios.

Pero no sólo estamos ante matrimonios forzados, como bien dijo la gobernador a Evelyn Salgado Pineda, sino que el asunto ya raya en el gravísimo delito de trata de personas, pues muchos casos ni siquiera se entrega a las niñas para matrimonio, sino que les son dadas a cualquier gente que pague por ellas, sea para hacer trabajos domésticos o incluso para ejercer la prostitución.

Si realmente se investigara este asunto, descubriríamos casos de esclavismo sexual y laboral, sustentado precisamente en los usos y costumbres indígenas.

Los defensores de estos crímenes, entre ellos el Grupo de Derechos Humanos Tlachinollan, argumentan que la dote por una mujer por parte de los padres del novio es parte de las tradiciones romanticonas de los pueblos indígenas. Pero, claro, no estamos ante la decisión de una mujer de casarse con el amor de su vida, estando ella en el pleno uso de sus derechos civiles, y que los futuros suegros la “honren”, llevándole regalos o cosas por el estilo. 

Nada que ver. Estamos hablando de pactos que se hacen entre familias, con el visto bueno de los “principales” de los pueblos (léase caciques), y en donde las casaderas son niñitas de primaria, de 10 años o menos, porque se habla de que las nenas son más caras mientras no hayan tenido su primera menstruación. 

Y el caso más elocuente sucedió hace 3 semanas en Cochoapa el Grande, donde Angélica N, fue comprada desde que tenía 11 años para casarla con un niño de 12. Ella no resultó embarazada porque era una niña que no había menstruado. Entonces, se le utilizaba para trabajos domésticos, o para llevarla a laborar a los campos del norte del país, y sufría abuso físico de parte de la suegra, quien se creía con derecho de pegarle.

Afortunadamente ya está preso el suegro, quien pagó 110 mil pesos por ella y que mandó encarcelarla usando a la Policía Comunitaria de la CRAC-PC, para lograr devolución del doble del dinero que le entregó al padre de la menor, porque ella no se dejó violar en ausencia de su joven esposo, quien emigró a los Estados Unidos, y huyó a la casa de su abuela.

Lamentablemente tuvo que haber un cambio de gobierno para que este penoso asunto que coloca a Guerrero ante un nuevo escándalo internacional y avergüenza a la clase política y gobernante del estado y del país, entrara en la agenda pública con la finalidad no de apapachar a los pueblos originarios y sus famosos usos y costumbres, sino de obligarlos a apegarse a las leyes vigentes y a lo que marcan la Constitución del estado y del país, 

Parece que se alinearon las estrellas en este penoso asunto, pues no sólo la gobernadora está en esta línea, sino que ayer el senador Manuel Añorve Baños lanzó una iniciativa para perseguir los matrimonios forzados en todos los pueblos originarios, señalando que tan sólo en Guerrero hay 300 mil menores sufriendo ese tipo de abusos.

En cuanto a la gobernadora, está firme: “La postura sigue siendo la misma: estamos totalmente en contra de la venta de niñas no sólo en La Montaña, sino en cualquier parte de México y el mundo. Es una práctica que no debe existir y que vamos a erradicar”, dijo.

Salgado Pineda explica que la ONU Mujeres, la Comisión de Derechos Humanos, así como secretarías federales y estatales implementarán un programa que se dará a conocer próximamente para enfrentar este problemática. ¡Enhorabuena!

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*AMLO atiza confrontación

*SCJN invalida prisión preventiva a defraudación fiscal

*Quadri, Anaya y “jefe Diego”, en defensa de la UNAM

“El que lucha contra nosotros nos refuerza los nervios y perfecciona nuestra habilidad”: Edmund Burke.

 Al presidente Andrés Manuel López Obrador le favorece la polarización del país y la confrontación con supuestos o pretendidos adversarios políticos, por eso la atiza. Al continuar con su confrontación con la UNAM, a la cual señaló de conservadora y dominada por el neoliberalismo, se lanza ahora contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la cual acusa de actuar mal por invalidar la prisión preventiva oficiosa para delitos como contrabando, defraudación fiscal y facturas falsas porque, dice, refleja la justicia sigue al servicio del dinero y de los poderosos.

En su plataforma de combate contra prácticamente todos aquellos que no muestren coincidencia con él, sostuvo que esta determinación está enfocada a proteger a las minorías y los actos de corrupción los cuales, por cierto, en su administración abundan y son tolerados. No obstante, dijo, la SCJN será respetada por su administración. “Hace falta todavía lograr en otros poderes como en este caso, el Poder Judicial y en la Corte, que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito y que no esté la justicia al servicio del dinero”; no quitó el dedo del renglón al calificar las determinaciones de la Corte como la insistencia de seguir protegiendo la corrupción y mantenerse apoyando a las minorías.

Según López Obrador, cuando banqueros, grandes empresarios y dueños de despachos fiscales cometen fraudes millonarios, provocan que la Hacienda Pública deje de recibir ingresos que podrían ser utilizados para apoyar a la gente pobre con educación, salud y trabajo. En su opinión, los ministros de la Corte están siguiendo la misma política de la época de Carlos Salinas de Gortari donde se modificó el Código Penal para que la corrupción no fuera un delito grave.

Durante la sesión pública del lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó invalidar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y uso de facturas falsas, como lo aprobó en 2019 el Congreso de la Unión derivado de una iniciativa del gobierno de López Obrador. El ministro presidente Arturo Zaldívar argumentó la medida es “inconvencional”, pues viola derechos humanos. A través de Twitter, el togado señaló también: “la prisión preventiva oficiosa es inconvencional por ser contraria al principio de presunción de inocencia. Al interpretar la Constitución estamos obligados a hacerlo a la luz del artículo primero constitucional y privilegiar el principio de pro personae”.

Según la iniciativa del presidente, dichos delitos, a partir de ciertos montos, afectaban la seguridad nacional, pues causaban daños importantes a las arcas públicas. Por ejemplo, estas reformas tipificaron como delincuencia organizada la expedición de facturas falsas por un monto superior a 7 millones 800 mil pesos. Ante esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como un grupo de senadores de oposición, impugnaron ante el máximo tribunal estas modificaciones a las leyes de Seguridad Nacional, Federal contra la Delincuencia Organizada y a los códigos Nacional de Procedimientos Penales y al Fiscal de la Federación, al considerarlas excesivas e inconstitucionales. Incluso, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) entregó a la Suprema Corte un amicus curiae con estas consideraciones para que fueran tomadas en cuenta durante la discusión.

Y este lunes, durante la sesión pública del pleno de la Corte, ocho de 11 ministros le dieron la razón. Arturo Zaldívar. El también presidente del Consejo de la Judicatura rechazó la ampliación de delitos que ameritan dicha medida cautelar, aun cuando considere ponen en peligro la seguridad nacional. Destacó: “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que ni las características o apariencia del sujeto ni la gravedad del delito que se le imputa son suficientes para una prisión preventiva. El peligro procesal no puede presumirse. Tiene que justificarse”. Recalcó los jueces tienen la libertad de dictar prisión preventiva, pero ello debe justificarse en cada caso y no convertirse en una regla.

Para la Coparmex, con esta resolución las autoridades fiscales podrán investigar a los defraudadores, pero sin la herramienta de intimidación hacia todos los contribuyentes del país. Juvenal Lobato, presidente de la Comisión Fiscal de ese organismo, sostuvo el fallo tampoco impide a las autoridades fiscales hacer su trabajo por completo en temas de sanciones a quienes cometen acciones ilícitas.

Se “hamburguesaron”

en la UNAM

Este martes, López Obrador continuó con sus ataques a la Universidad Nacional Autónoma de México, pues la confrontación le reditúa dividendos políticos. Al atizar sus críticas contra la máxima casa de estudios del país, la cual, sostiene, se derechizó, sugirió que la comunidad universitaria se movilice y haga una marcha, aunque sea en su contra, como expresó el diputado federal Gabriel Quadri en sus redes sociales.

“Ahora vi en las redes que Quadri escribió que, no estudió en la UNAM, pero sí convocan a una marcha los que se sienten ofendidos por lo que dije: que se derechizó la UNAM. Y claro que lo sostengo, se derechizó la UNAM en el periodo neoliberal”, señaló el mandatario federal, quien animó: “Ojalá y lo hagan, aunque sea para marcha en contra de nosotros pero que hagan algo porque se ‘hamburguesaron’”(sic).

En su conferencia mañanera volvió a cuestionar la ausencia de la participación política de la UNAM en la vida pública del país durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Ayúdenme a encontrar los libros de la UNAM durante el periodo neoliberal cuestionando la corrupción que imperó en 36 años, a ver cuántos tratados, libros, ensayos sobre la corrupción, cuántos tratados, libros, ensayos sobre la entrega de bienes de la nación a particulares en el gobierno de Salinas, no van a encontrar muchos porque Salinas los cooptó a la mayoría de intelectuales y catedráticos, no hay nada”, señaló en referencia al tuit de Gabriel Quadri.

Insistió en que las áreas de Ciencia Sociales como Ciencia Política, Sociología, Economía, Filosofía y Derecho, se limitaron a guardar silencio. “¿Dónde estaban cuando entregaron concesiones mineras por 120 millones de hectáreas?, el 60 por ciento del territorio nacional, eso ni siquiera lo sabe la gente”, concluyó López Obrador.

Ricardo Anaya, ex candidato del PAN a la Presidencia en 2018, envió este martes un mensaje al presidente López Obrador, en el cual le exige respetar a la Universidad Nacional Autónoma de México. “Andrés Manuel, mi abuela empezó a dar clases en la #UNAM antes de que nacieras. Ahí estudiaron mis papás. Yo hice mi doctorado en la misma facultad a la que tú asistías. La UNAM no es tuya. Respeta su autonomía y entiende que su diversidad la hace la mejor universidad de México”, escribió en sus redes sociales.

También Diego Fernández de Cevallos, conocido como “Jefe Diego”, respondió este martes a las críticas hacia la UNAM hechas por el presidente. En un mensaje compartido en Twitter, el ex candidato a la Presidencia expuso que el líder de la Cuarta Transformación agrede a la UNAM porque lo reprobaron. “Cuando Tartufo agrede a la UNAM, me recuerda al loco que apedreaba un panal y al burro pateando al pesebre; y todo porque lo reprobaron en Economía y en Ciencias Sociales”, dijo.

De los pasillos

Al escribir estas líneas el Pleno del Senado de la República debatía el Paquete Fiscal 2022 para el cual se contemplan más de 100 reservas de los partidos de oposición. Según la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, aprobarán una legislación que hará “una revolución fiscal” y explicó el “abc”: aumenta la eficiencia recaudatoria, baja la evasión y elusión fiscal y combate la corrupción.

Pero para Julen Rementería, coordinador del PAN en la Cámara alta, el “abc” que aprobará la mayoría morenista es paquete “abusivo, bochornoso y contrario a lo que debe imperar en cualquier economía.

Reprochó el Paquete Económico lo único que busca es recaudar y no apoyar el desarrollo económico.

En dos años, más delitos y más reos

Adela Navarro Bello

En dos años nueve meses, desde que tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018, y hasta agosto de 2021, las personas privadas de la libertad han incrementado en México, un 12.13 por ciento, pasando de ser una población de 197 mil 988 reos, a ubicarse en los 222 mil 18.

De acuerdo a las cifras del sistema penitenciario nacional, desde diciembre de 2018, cada mes, incrementan entre 800 y mil, las personas privadas de su libertad. Pero el incremento significativo, lo sitúan en la población privada de la libertad del fuero común. Donde en 2018 eran 165 mil 213, y para agosto del 2021 ascienden a 193 mil 580. Las personas privadas de la libertad del fuero federal, por el contrario, han decrecido: de 32 mil 775 en diciembre de 2018, pasaron a contabilizarse 28 mil 438 este 2021. Aunque no aclaran los delitos por los que se encuentran tras las rejas, conocido es que muchas personas que cometieron un delito federal, se encuentran en una prisión del fuero común, de hecho, el gobierno de la República también tiene menos penales que los censados en 2018, cuando contaba con 19, contra los 15 que hoy reconocen.

Del 100 por ciento de las personas privadas de su libertad, los 222 mil 18, el 42.9 por ciento, no está sentenciado, continúa siendo procesado, pero su juicio lo siguen tras las rejas.

Esta semana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se dejó ver molesto ante la resolución de la Corte del lunes 25 de octubre, que determinó inconstitucional la prisión preventiva oficiosa cuando se trate de delitos de defraudación fiscal, como de expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos, es decir, de facturas.

Sin agregarlo al catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, los delitos de defraudación fiscal, habían sido incluidos -en un decreto publicado el 8 de noviembre de 2019- en el delito de delincuencia organizada, que sí cuenta con prisión preventiva oficiosa, es decir, que, forzosamente quienes estén acusados del mismo, serán puestos tras las rejas en lo que se lleva el juicio que determinará si es responsable o no.

El presidente López Obrador, quien considera que los delitos de defraudación fiscal son cometidos por una minoría privilegiada, dijo al respecto de la resolución de la Corte: “Se trata de delincuentes de cuello blanco, entonces no pueden ir a la cárcel los fifís… Nosotros vamos a respetar la decisión de la Corte, porque queremos estar en un auténtico, en un verdadero Estado de Derecho”.

E insistió en que el cambio, se realice desde el mismo poder judicial: “Todavía es tiempo para que se reforme el Poder Judicial, que lo hagan en ellos mismos, pero esas decisiones no le ayudan al Poder Judicial. ¿Por qué no actúan así cuando se trata de hacerle justicia al pueblo raso?”.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, respondió horas después al evidente descontento del presidente de la República. Dijo en una publicación en redes sociales: “La mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional”.

Y, de viva voz e imagen, a través de un video, compartió su posición al respecto, que, es evidente, contrasta con la del presidente de la República:

“Una persona debe estar privada de su libertad, o no, mientras se demuestra su culpabilidad, de eso trata la prisión preventiva oficiosa, en la mayoría de las democracias, salvo casos excepcionales, las personas se encuentran en libertad, salvo que haya ya una sentencia en la cual se acredita su culpabilidad, su responsabilidad. En México, desde hace mucho tiempo, hemos abusado de la prisión preventiva, muchas veces se detiene para investigar, y esto ha afectado, sobre todo a miles de personas pobres que no tienen la posibilidad de tener un abogado o una abogada de calidad, por eso la prisión preventiva oficiosa, aquella que se dicta en automático, sin valor las circunstancias del caso, es contraria a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto no implica que, sin prisión preventiva oficiosa, delincuentes peligrosos o que han defraudado de manera muy importante al país, estén en libertad, lo único que significa es que en estos casos, la juez o el juez, tendrán que dictar una resolución que justifique, que fundamente, porque una persona debe de estar detenida, mientras se resuelve sobre su responsabilidad. Se trata de avanzar en la protección de los derechos humanos de todas y de todos”.

Efectivamente, el 42.9 por ciento de la población privada de su libertad, lo está mientras es investigada y procesada para determinar si es responsable de los delitos que se le imputan, es decir, se presume inocente, pero está tras las rejas.

Algo que también hizo el presidente López Obrador, fue ampliar el catálogo de delitos considerados como graves, y por lo tanto que requieren de prisión preventiva oficiosa. A los siete ya existentes en la Constitución mexicana, abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, “así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud”, agregó: feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento y ejercicio abusivo, robo a transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, desaparición forzada, y delitos en materia de armas de fuego y explosivos.

De esta forma, hay más personas, que, presumiendo la comisión de un delito, son privadas de su libertad para investigar si son responsables o no.

De acuerdo a las declaraciones y videos del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, en su disertación sugiere que este fallo, favorece a las personas de escasos recursos, aquellas que no tienen para pagar un buen abogado que les garantice seguir un proceso en libertad, pues además, a criterio del Juez, del poder y del dinero, se dan casos donde el juzgador determina, con un criterio particular, quien continúa su proceso en libertad, y quien lo hace privado de la misma, lo que genera un ambiente desigual, justo lo que el presidente quiere erradicar del sistema judicial mexicano.

El presidente López Obrador, con su respeto a la Corte, con el alarde de un pleno respeto al Estado de Derecho, ha dejado la pelota, está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto la prisión preventiva oficiosa, lo hizo a partir de una determinación con la cual no está de acuerdo, pero lo hizo. Habrá que ver si en la Corte, continúan por ese camino, y reducen el catálogo de delitos considerados como graves, y con ello regulan aquellos que en realidad y por la gravedad del caso, merecen la prisión preventiva. Aunque esto signifique ir contra la política del presidente de la República y el populismo punitivo que trae como consecuencia la ampliación y exageración de la medida cautelar de prisión preventiva y de las penas para aparentar una reacción eficaz del Estado contra el delito.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Sólo los perredistas no se han dado cuenta que están en bancarrota. En las recientes elecciones perdieron el registro en 15 entidades federativas, como Morelos, Chiapas, Campeche, y prácticamente todos los estados de la frontera norte, con excepción de Sonora, pasando por Jalisco, Querétaro, Guanajuato y San luis Potosí.

Y aunque en Guerrero lograron conservar el registro pese a su alianza con el PRI, la tendencia global es a la baja, no a la alza.

Pese a ello, los dirigentes del partido ni se inmutan y continúan con el plan que comenzaron desde 2009, que reafirmaron en 2012 don Enrique Peña Nieto (Pacto por México) y que de plano se desnudaron en 2018, cuando decidieron trabar la alianza Va por México con el PAN y el PRI, con el único objetivo de contener el avance de la Cuarta Transformación.

Quizás por eso la cruzada de Evodio Velázquez Aguirre para rescatar el PRD tiene futuro y puede prender a nivel nacional, con lo cual se estaría frenando la intentona de Los Chuchos y otras tribus afines para terminar de enterrar al partido del Sol Azteca, metiéndolo a la alianza que dirige el empresario Claudio X González.

Sí, la alianza Sí por México (antes Va por México), es idea de un empresario que es auspiciado por otros altos empresarios del país, y en la que los líderes del PRI, PAN y PRD, obedecen instrucciones de los barones del dinero nacional y extranjeros. Sólo eso. 

Triste papel el de los dirigentes de los principales partidos de oposición de México. ¿Para eso les pagamos onerosas prerrogativas los mexicanos? Olvidan que dirigen institutos de interés público, no privado, y que deben apegarse a sus estatutos, no a intereses particulares y de grupo.

El objetivo de los partidos políticos de México es promover la democracia, garantizando que todos los mexicanos cumplan con su derecho de votar y ser votados, compitiendo en el marco de los reglamentos internos de cada partido y con base en su propia conciencia e ideología.
Pero ya juntos PAN, PRI y PRD, no hay para dónde darle, son la misma gata, y ya ni siquiera revolcada como antes, sino descaradamente antimorenista.

No se necesitan 3 dedos de frente para entender que este es el juego de los grupos empresariales que en los últimos 30 años se beneficiaron con la piñata de los bienes nacionales y con los recursos naturales del país.
Por ejemplo, hasta antes de la llegada de Morena al poder no sabíamos que México tiene las reservas de litio más grandes del mundo, superiores a las de Bolivia, y que este mineral llamado “oro blanco” ya estaba siendo entregado a canadienses principalmente, pero también a otras empresas internacionales que ya estaban en proceso de conseguir sus concesiones.

Visto así, las alianzas de la izquierda con al derecha debieran estar prohibidas, porque son un engaño para el electorado. Como ciudadanos no dejan sin opciones y se supone que para eso pagamos, para tener opciones.

Actualmente ya sólo hay Morena y Sí por México. El partido lópezobradorista con sus aliados del PT y Verde, y la alianza empresarial sostenida por el PRI, PRD y PAN.

Pero hay una tercera vía, que es la que ya está capitalizando el voto inconforme con la Cuarta Transformación y que obviamente repudia a la alianza pro empresarial.

Evodio y muchos detrás de él ya entendieron que el partido Movimiento Ciudadano que dirige  Dante Delgado a nivel nacional, supo calcular los tiempos y da el caso de que ha sido el partido de izquierda con mayor crecimiento después de Morena, que en este momento detenta las gubernaturas de los estados más importantes económicamente hablando, después de la Ciudad de México y el Estado de México. Estamos hablando de Jalisco, gobernado por el ex rector de la UdG, Enrique Alfaro; y Nuevo León, donde en junio pasado triunfo el joven senador Samuel García.

Precisamente en esos estados es donde el PRD perdió su registro y para que lo vuelva a recuperar está en chino. A menos que….salgan de la alianza Sí por México y retomen el rumbo que perdieron.

Y mientras el PRD está ante el dilema de seguir con los empresarios y retroceder, el MC ya se prepara para capitalizar el voto que ellos van tirando, de cara a la elección presidencial de 2024.

Y lo más seguro es que el MC esté preparando cama para un aliado de Morena, que también tome votos del PT. Si lo duda, amable lector, al tiempo.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*Recuperación se frena; economía cayó en agosto

*Fiscalía busca imputar a ex funcionarios por colapso de L12

*AMLO, en aparición de EPN en Italia: “no me meto en eso”

“La inflación es como el pecado; cada gobierno la denuncia, pero cada gobierno la práctica”: Georg Lichtenberg.

Como consecuencia de la incertidumbre por el incompleto esquema de vacunación entre la población y los altos niveles de inflación, que a su vez han provocado un endurecimiento de la política monetaria del banco central, la reactivación económica de México en la era postpandemia se frenó en agosto pasado, cuando registró un retroceso de 1.6% respecto al mes anterior. Es su peor caída desde el inició de la recuperación de la crisis generada por el Covid-19. El sector servicios fue el de mayor deterioro con una baja de 2.5% – regresando al nivel de febrero de 2021-; las actividades primarias descendieron 2.4%, mientras las secundarias subieron 0.4%, de acuerdo con datos dados a conocer este ayer por el Inegi.

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) –un indicador preliminar de distintos sectores con el cual se muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo- disminuyó 1.6% mes contra mes en agosto, su segunda disminución en 3 meses, con lo tanto exhibe una incipiente tendencia decreciente alejándolo de su nivel prepandemia. “Quedó -4.5% debajo del nivel registrado en enero de 2020”, escribió en Twitter Julio Santaella, presidente del Inegi. Contrario a lo previsto por los analistas en espera de una expansión del 0.2%, la economía del país se vio afectada por un descenso en las labores vinculadas a la agricultura y los servicios.

El IGAE suma ya tres meses consecutivos con pérdida de dinamismo en el proceso de reactivación. Si bien en su comparación interanual muestra un rebote de 3.8%, todavía se encuentra en niveles significativamente bajos sólo comparados con los registros del 2016. Las cifras del Inegi muestran a los sectores con la caída más importante: el comercio y los servicios. Durante agosto anotaron una contracción de 2.5% respecto al mes previo. Esta caída impacta de manera especial el nivel generado de la economía mexicana, debido a que cerca del 65% del PIB proviene de estas actividades.

Las actividades primarias, la agricultura, ganadería, pesca, caza y explotación forestal cayeron 2.4% durante este periodo. Las actividades industriales presentaron un mejor comportamiento, con un avance modesto de 0.4%; insuficiente para impulsar el nivel general de actividad económica. Los analistas y organismos nacionales e internacionales esperan durante el último trimestre del 2021 logre la economía mexicana retomar el ritmo de recuperación; para el cierre del año se proyecta un rebote de entre 4 y 6 por ciento.

Alfredo Coutiño, analista de Moody´s Analytics, destacó: “La actividad económica sorprendió a la baja en agosto, al reportar una afectación mucho mayor por la aceleración de las infecciones con Covid-19, cuyos casos alcanzaron su nivel más alto hacia finales del mes y afectando varias actividades”. La evolución de la economía continúa sujeta a un grado importante de incertidumbre. “La trayectoria futura de la pandemia va a tener un impacto significativo sobre lo que suceda con la demanda interna, al tiempo que el entorno desfavorable para la inversión prevalece”, señaló el IMEF. Sólo velocidad pero, en reversa.

Segunda temporada

De la Línea-12

Tal y como se suponía, Carlos Slim no sufrirá ninguna disminución en las acciones del Grupo Carso, ni en las de sus constructoras en las Bolsas de Valores. Los culpables de lo sucedido en la L-12 del Metro serán otros ¿quiénes? los atravesados en el camino, quienes también gozarán de protección porque los cargos imputados ni ameritan prisión preventiva ni se llevarán juicios largos, menos aún si intervienen tantos intereses. Marcelo Ebrard la librará porque Slim construyó y lo están dejando fuera de cualquier imputación y dicen cargará con los costos de rehabilitación. Miguel Ángel Mancera también la librará porque puede aportar pruebas de la mala construcción y de la pronta aprobación a bote pronto de Ebrard y Claudita es tan honesta, noble y cumplida que nada tiene ver con el mantenimiento ni las supervisiones, ella solamente es la jefa de gobierno y su amiga nada más se desempeñaba como directora del Metro.

Así, mientras Grupo Carso, de Carlos Slim, reportó su subsidiaria Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) celebró un convenio de colaboración y acuerdo reparatorio con el Gobierno de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo (STC-Metro) para el tramo elevado de la Línea 12, diez ex funcionarios del Metro comparecieron ante un juez del Tribunal Superior de Justicia por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos, derivados del colapso de la Línea 12. La audiencia inicio en la sala 7 de los juzgados orales, ubicados en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, donde la fiscalía pretende imputarlos por la muerte de 26 personas y las lesiones de otros 98 durante el derrumbe del tramo elevado de la L-12.

El abogado Christopher Estupiñan, quien representa a 14 víctimas del colapso del Metro destacó, antes de la comparecencia, su inconformidad con la manera como se ha llevado el caso por parte de la fiscalía capitalina, al señalar aún no se ha vinculado a ninguna de las empresas constructoras, y solamente se ha imputado a ex funcionarios del gobierno. En efecto, el Grupo Carso, ha sido protegido cuidadosamente no sólo por sus ejecutivos sino por el propio gobierno federal, previa autorización presidencial. Así, el acuerdo reparatorio entre el Gobierno de la CDMX y Carso Infraestructura y Construcción abarcan la reparación del tramo colapsado en mayo entre las estaciones Olivos-Tezonco y el reforzamiento del tramo metálico elevado construido por CICSA y entregado al GCDMX desde al año 2013.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa señaló: “Para que dicho tramo elevado se ajuste a las nuevas exigencias del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, modificado en 2017, para implementar estándares más robustos en seguridad estructural con motivo del sismo ocurrido en septiembre de ese mismo año”. CICSA subrayó “no causó ni es responsable del lamentable evento del pasado 3 de mayo en la Línea 12 del Metro”, la cual, explicó, es operada y supervisada de manera independiente por el STC-Metro desde que el consorcio entre CICSA-ICA-Alstom entregó la obra en 2013, a satisfacción del Gobierno capitalino. “No obstante lo anterior y a pesar de las diferencias sustanciales existentes entre los dictámenes periciales y los estudios técnicos sobre las causas de este lamentable evento preparados a petición de CICSA y los realizados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el objeto de prolongar más la rehabilitación y reforzamiento del tramo metálico elevado de la Línea 12 del Metro, CICSA ha coincidido en resolver anticipadamente los procedimientos legales asociados a este lamentable evento mediante la firma de los mecanismos convencionales referidos”.También manifestó CICSA a la Fiscalía su interés en participar en el fondo de indemnización complementaria para víctimas, lo cual es más barato que el derrumbe de sus acciones ante las pésimas construcciones de sus empresas.

Así, mientras CICSA llega a acuerdos con el GCDMX, diez ex funcionarios del Metro de la Ciudad de México comparecieron ante un juez del Tribunal Superior de Justicia, entre quienes se encuentran el ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, y el ex director de Construcciones de Obras Civiles, Moisés Guerrero Ponce, quienes, además de otras personas, cuentan con suspensiones provisionales impidiendo su detención en caso de haber librado mandamientos judiciales en su contra. Las otras personas comparecientes ante el juez son: Héctor Rosas Troncoso, ex subdirector de Obra Civil “C”, y Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo, ex director responsable de obra esta construcción.

También, Ramiro Lalana, ex director de coordinación de supervisión de obra, ex encargado de realizar la supervisión y autorización de planos y proyectos; Ricardo Pérez Ruiz, ex encargado de estructuras corresponsables de seguridad estructural, y Fernando Amezcuea Ordaz, ex director general de Supervisión de Obra, quien era representante legal de LYTSA, IACSA y EINSA. Asimismo, Juan Carlos Ramos Alvarado, ex residente de obra en el tramo Olivos-Tezonco; Juan Antonio Giral y Mazón, ex director de Diseño de Obras Civiles del Proyecto, y Enrique Baker Díaz, ex subdirector de estructuras e ingeniería.

El pasado 14 de octubre, la fiscal general capitalina Ernestina Godoy, dio a conocer los resultados del peritaje elaborado por su dependencia, el cual concluyó el desplome del tramo elevado en la alcaldía de Tláhuac se debió a errores de su diseño y construcción. Así, se anunció el inicio de procesos judiciales contra personas físicas, “tanto particulares como ex servidores públicos”, y contra las empresas que participaron en su construcción. Sin embargo, a estas últimas ni siquiera las han molestado y el gobierno federal se ha afanado por alcanzar acuerdos con ellas para no perjudicarlas y de esta forma no se obstaculice el desarrollo de otras obras de su gobierno en marcha.

De los pasillos

Ante el cuestionamiento sobre la más reciente aparición del ex presidente Enrique Peña Nieto y su novia, la modelo Tania Ruiz, cuando salía de un hotel de lujo en Roma, Italia, en donde una ciudadana mexicana le gritó “ratero”, López Obrador evitó opinar sobre este asunto. “No me meto en eso”, respondió AMLO ante las preguntas de la prensa en la mañanera. ¿Sigue vigente el pacto de impunidad para Peña Nieto?…Seis casetas de cobro sonorenses fueron devueltas a Capufe; la negociación se dio entre el Movimiento Libre Tránsito y Gobernación. En ellas se evitaba los automovilistas pagaran el peaje, situación en extremo diferente a los extorsionadores a quienes no logran retirar de otros puntos de paga ni con la Guardia Nacional. Se arreglan para el pago de los ciudadanos, pero no para molestar a los delincuentes quienes cobran cuota por dejar transitar todo tipo de vehículos, los cuales además, liquidan la cuota de las casetas. Ahí el gobierno no pierte y el ciudadano es quien se va al rancho de Palenque y no por su gusto…Se anuncia próxima pelea: AMLO vs FMI, y sin llegar al mejor encuentro con la ONU, la OEA, la OMS, la UNAM o con los abogados o con los aspiracionistas o con los investigadores, bueno ni siquiera con Lozoya y compañía o con Alonso Ancira o ¿esas están pactadas?

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