Lilia Arellano
*Cortinas de humo para
cubrir fallas evidentes
*Detalla la Clínica de
Derecho Internacional de Leiden guerra mexicana
*Estancamiento económico
comprime recursos federales para Estados
A fin de justificar
la falta de resultados del gobierno federal de la autodenominada Cuarta
Transformación, la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue
utilizando el recurso de echarle la culpa de la actual situación de México a
los gobiernos anteriores, del PAN y del PRI, y generar escándalos mediáticos
para desviar el foco de la opinión pública. Para distraer la atención de la
preocupante situación de la administración federal, derivada de la falta de
crecimiento económico, la cancelación de obra pública y el subejercicio del
gasto, revelan las inconsistencias en el gasto federalizado programable de 2018
por 38 mil 810.7 millones de pesos, de las cuales las entidades no han aclarado
37 mil 819.7 mdp, equivalentes a 97.3 por ciento del total.
Y para ocultar el fracaso de la “nueva estrategia” contra la
inseguridad pública y la ola de violencia en territorio mexicano, actualizan la
cifra definitiva de homicidios del año pasado, por parte del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), a 36 mil 685, un promedio de 100 al día,
cuando al décimo mes de este año se supera ya los tres decenas de miles de
homicidios dolosos.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador señala una
y otra vez que él no quiere la guerra, no desea continuarla y anhela no generar
más muertos con su “nueva estrategia” de seguridad, la realidad es: México
enfrenta desde el 2007 un conflicto armado interno entre las fuerzas armadas de
seguridad y grupos del narcotráfico con alta capacidad de fuego y organización
logística, como lo demostró hace unos días el Cártel de Sinaloa al impedir la
captura de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Culiacán, durante el
operativo conocido popularmente como ˝culiacanazo”, del cual es difícil se
pueda recuperar el prestigio de la Cuarta Transformación, pues fue doblada por
la mitad por los sicarios al servicio de los vástagos del capo preso en Estados
Unidos.
Un reporte de la prestigiosa Clínica de Derecho
Internacional de Leiden, Holanda, publicado en el reciente número de la revista
Proceso, precisa de los nueve grupos del narcotráfico analizados por los
expertos holandeses, siete fueron considerados grupos armados organizados
contra el Estado. De acuerdo a ese documento, entre 2008 y 2011 se registró una
prolongada violencia entre las fuerzas de seguridad del Estado y el Cártel de
Juárez; la Familia Michoacana mantuvo el conflicto armado entre 2007 y 2010; el
Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, de 2008 a 2012; los Caballeros Templarios
sostuvieron intensos enfrentamientos directos con los militares de 2012 hasta
2015. Y actualmente, la “guerra mexicana” la está librando la gestión de Andrés
Manuel López Obrador contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de
Sinaloa y Los Zetas.
No obstante, en el discurso del presidente López Obrador ha
dado órdenes de no derramar más sangre, cambiar el paradigma de la guerra y
evitar ocurran más enfrentamientos y los daños derivados de los mismos, pero es
evidentemente se trata de una estrategia sin resultados hasta el momento y,
además, no es tomada en cuenta por los grupos armados de los narcotraficantes.
Los argumentos jurídicos de la Clínica de Derecho
Internacional de Leiden, los cuales validan con toda precisión una situación de
guerra interna en México, sirven a organizaciones de derechos humanos y
ciudadanos quienes desde hace años exigen a la Corte Penal Internacional (CPI)
intervenga en nuestro país, pues hasta ahora la CPI no reconoce haya una
situación de guerra en México.
En la “guerra contra las drogas”, durante los gobiernos de
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, tanto el Ejército mexicano como las
policías federales, estatales y municipales cometieron crímenes de lesa
humanidad contra la población civil. Así, además, a las denuncias de que las
Fuerzas Armadas del Estado mexicano están cometiendo presuntos crímenes de lesa
humanidad se sumarán las de crímenes de guerra por las cuales también pueden
ser imputados los narcotraficantes, quienes los perpetraron en su afán de
controlar territorios e infundir miedo entre la población.
La guerra estaba aquí desde hace años y debe asumirse,
ganarse y pacificar al país.
Fracaso económico
pega a estados
En materia económica, el gobierno de López Obrador ha
fracasado estrepitosamente.
Los datos reportados por el Inegi registran que el Producto
Interno Bruto (PIB) cayó 0.4 por ciento a tasa anual desestacionalizada en el
tercer trimestre de 2019, la primera disminución desde el cuarto trimestre del
2009 –año de la crisis económica y financiera- (1.8%); mientras el acumulado de
los primeros nueve meses del año muestra un decrecimiento de 0.01% de la economía
mexicana.
Esto se refleja en el nivel de recaudación. En el noveno mes
del año, la Recaudación Federal Participable se contrajo 4.6 por ciento a tasa
anual real, la segunda caída de forma consecutiva, como consecuencia de la
disminución en el ISR, IVA, automóviles nuevos, Tenencia y comercio exterior,
de acuerdo a datos de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP).
Por esa razón, en septiembre pasado, las participaciones
federales exhibieron una baja de 1.9 por ciento a tasa anual real, la segunda
al hilo y tercera en lo que va del año. Es decir, la debilidad de la economía
mexicana ya se resintió en los recursos destinados para los estados de la
República y municipales, a través del Ramo 28, participaciones. Este ramo del
gasto federalizado –el más importante- perteneciente al gasto no programable,
es decir, ejercicio libre de los recursos, depende del nivel de recaudación que
se determina por la actividad económica y petrolera.
De los 13 fondos del Ramo 28, nueve presentaron descensos
anuales en ese periodo: Impuesto sobre Automóviles Nuevos (2.1 por ciento),
Fondo de Fiscalización (2.9%); Fondo de Fomento Municipal, Fondo General (4.3%
cada uno), Incentivos Económicos (6.1%), IEPS a gasolinas (8.6%), Fondo de
compensación de Repecos e Intermedios (12.3%) y Tenencia (58.7%), lo cual
precisa la debilidad económica en el país, su incidencia en el consumo privado
resentida en los niveles recaudatorios, aunque el presidente López Obrador diga
tiene otros datos y “la economía va bien”.
Dentro de ese esquema destaca el Fondo General de
Participaciones, el cual se constituye con 20 por ciento de la Recaudación
Federal Participable (RFP), atendiendo a criterios de contribución económica y
recaudatorios, ponderados por población, el cual además de contraerse,
concentró 69.3% de los recursos de las participaciones federales.
Durante el pasado mes de septiembre, las participaciones
disminuyeron en 19 entidades, destacando Guerrero (32.9%), Baja California Sur
(7.9%), Yucatán (7.8%), y Veracruz (7.3%). Del otro lado, los mayores aumentos
se dieron en San Luis Potosí (14.4%), Michoacán (9.9%) y Colima (5.2%). Los
estados que recibieron mayores recursos del Ramo 28 fueron Estado de México, la
Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Nuevo León.
Para el próximo año, el gasto federalizado previsto en el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación suma 1.97 billones de
pesos, menor 0.5 por ciento real con relación al presupuesto aprobado para el
2019. Y con la bolsa extra por 31,600 millones de pesos anunciada la semana
para el fortalecimiento fiscal de los estados en el 2020, se espera el gasto
federalizado ascenderá a 2.00 billones de pesos, un aumento en término reales
de 1.1 por ciento, lo cual se ve difícil de alcanzar dadas las actuales
condiciones económicas del país y el entorno internacional.
Esta preocupante situación se ha ido cubriendo con
información del manejo irregular de la administración federal en el último año de
gobierno de Enrique Peña Nieto. La Auditoría Superior de la Federación (ASF)
encontró inconsistencias en el gasto federalizado programable de 2018 por 38
mil 819.7 millones de pesos, equivalentes al 97.3 por ciento del total. La ASF
destacó las entidades federativas apenas han aclarado 2.7 por ciento (mil 41.2
millones de pesos) de esos más de 38 mil millones.
Los estados con más recursos federales con inconsistencias
son: estado de México, con 3 mil 301.2 millones de pesos, de los cuales 3 mil
161.5 no han sido justificados; Puebla, que sólo ha aclarado 17.3 millones de
los 2 mil 765.9 observados; en Oaxaca de 2 mil 750.7 millones de pesos no se
han aclarado 2 mil 737.1 millones; en Chiapas, la cifra observada por la ASF
fue de mil 899.8 millones de pesos y faltan por acreditar mil 834.1 millones.
Michoacán ha podido saldar apenas 16.1 millones, de los mil 435.1 millones
señalados por presuntas irregularidades; a Jalisco le hicieron avisos por mil
371.9 millones y no ha justificado el destino de mil 295.1 millones de pesos.
La Ciudad de México no ha documentado mil 199.7 millones de pesos de los mil
319.6 millones observados.
La carta de seguir culpando al gobierno anterior sigue
prevaleciendo en el juego del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no
se ve acompañado de las denuncias penales correspondientes para sancionar a los
responsables de esos multimillonarias irregularidades. ¿O sólo se trata de otra
cortina de humo?
