Lilia Arellano
*Cortinas de humo para cubrir fallas evidentes
*Detalla la Clínica de Derecho Internacional de Leiden guerra mexicana
*Estancamiento económico comprime recursos federales para Estados
A fin de justificar la falta de resultados del gobierno federal de la autodenominada Cuarta Transformación, la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue utilizando el recurso de echarle la culpa de la actual situación de México a los gobiernos anteriores, del PAN y del PRI, y generar escándalos mediáticos para desviar el foco de la opinión pública. Para distraer la atención de la preocupante situación de la administración federal, derivada de la falta de crecimiento económico, la cancelación de obra pública y el subejercicio del gasto, revelan las inconsistencias en el gasto federalizado programable de 2018 por 38 mil 810.7 millones de pesos, de las cuales las entidades no han aclarado 37 mil 819.7 mdp, equivalentes a 97.3 por ciento del total.
Y para ocultar el fracaso de la “nueva estrategia” contra la inseguridad pública y la ola de violencia en territorio mexicano, actualizan la cifra definitiva de homicidios del año pasado, por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a 36 mil 685, un promedio de 100 al día, cuando al décimo mes de este año se supera ya los tres decenas de miles de homicidios dolosos.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador señala una y otra vez que él no quiere la guerra, no desea continuarla y anhela no generar más muertos con su “nueva estrategia” de seguridad, la realidad es: México enfrenta desde el 2007 un conflicto armado interno entre las fuerzas armadas de seguridad y grupos del narcotráfico con alta capacidad de fuego y organización logística, como lo demostró hace unos días el Cártel de Sinaloa al impedir la captura de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Culiacán, durante el operativo conocido popularmente como ˝culiacanazo”, del cual es difícil se pueda recuperar el prestigio de la Cuarta Transformación, pues fue doblada por la mitad por los sicarios al servicio de los vástagos del capo preso en Estados Unidos.
Un reporte de la prestigiosa Clínica de Derecho Internacional de Leiden, Holanda, publicado en el reciente número de la revista Proceso, precisa de los nueve grupos del narcotráfico analizados por los expertos holandeses, siete fueron considerados grupos armados organizados contra el Estado. De acuerdo a ese documento, entre 2008 y 2011 se registró una prolongada violencia entre las fuerzas de seguridad del Estado y el Cártel de Juárez; la Familia Michoacana mantuvo el conflicto armado entre 2007 y 2010; el Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, de 2008 a 2012; los Caballeros Templarios sostuvieron intensos enfrentamientos directos con los militares de 2012 hasta 2015. Y actualmente, la “guerra mexicana” la está librando la gestión de Andrés Manuel López Obrador contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y Los Zetas.
No obstante, en el discurso del presidente López Obrador ha dado órdenes de no derramar más sangre, cambiar el paradigma de la guerra y evitar ocurran más enfrentamientos y los daños derivados de los mismos, pero es evidentemente se trata de una estrategia sin resultados hasta el momento y, además, no es tomada en cuenta por los grupos armados de los narcotraficantes.
Los argumentos jurídicos de la Clínica de Derecho Internacional de Leiden, los cuales validan con toda precisión una situación de guerra interna en México, sirven a organizaciones de derechos humanos y ciudadanos quienes desde hace años exigen a la Corte Penal Internacional (CPI) intervenga en nuestro país, pues hasta ahora la CPI no reconoce haya una situación de guerra en México.
En la “guerra contra las drogas”, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, tanto el Ejército mexicano como las policías federales, estatales y municipales cometieron crímenes de lesa humanidad contra la población civil. Así, además, a las denuncias de que las Fuerzas Armadas del Estado mexicano están cometiendo presuntos crímenes de lesa humanidad se sumarán las de crímenes de guerra por las cuales también pueden ser imputados los narcotraficantes, quienes los perpetraron en su afán de controlar territorios e infundir miedo entre la población.
La guerra estaba aquí desde hace años y debe asumirse, ganarse y pacificar al país.
Fracaso económico
pega a estados
En materia económica, el gobierno de López Obrador ha fracasado estrepitosamente.
Los datos reportados por el Inegi registran que el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 0.4 por ciento a tasa anual desestacionalizada en el tercer trimestre de 2019, la primera disminución desde el cuarto trimestre del 2009 –año de la crisis económica y financiera- (1.8%); mientras el acumulado de los primeros nueve meses del año muestra un decrecimiento de 0.01% de la economía mexicana.
Esto se refleja en el nivel de recaudación. En el noveno mes del año, la Recaudación Federal Participable se contrajo 4.6 por ciento a tasa anual real, la segunda caída de forma consecutiva, como consecuencia de la disminución en el ISR, IVA, automóviles nuevos, Tenencia y comercio exterior, de acuerdo a datos de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Por esa razón, en septiembre pasado, las participaciones federales exhibieron una baja de 1.9 por ciento a tasa anual real, la segunda al hilo y tercera en lo que va del año. Es decir, la debilidad de la economía mexicana ya se resintió en los recursos destinados para los estados de la República y municipales, a través del Ramo 28, participaciones. Este ramo del gasto federalizado –el más importante- perteneciente al gasto no programable, es decir, ejercicio libre de los recursos, depende del nivel de recaudación que se determina por la actividad económica y petrolera.
De los 13 fondos del Ramo 28, nueve presentaron descensos anuales en ese periodo: Impuesto sobre Automóviles Nuevos (2.1 por ciento), Fondo de Fiscalización (2.9%); Fondo de Fomento Municipal, Fondo General (4.3% cada uno), Incentivos Económicos (6.1%), IEPS a gasolinas (8.6%), Fondo de compensación de Repecos e Intermedios (12.3%) y Tenencia (58.7%), lo cual precisa la debilidad económica en el país, su incidencia en el consumo privado resentida en los niveles recaudatorios, aunque el presidente López Obrador diga tiene otros datos y “la economía va bien”.
Dentro de ese esquema destaca el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye con 20 por ciento de la Recaudación Federal Participable (RFP), atendiendo a criterios de contribución económica y recaudatorios, ponderados por población, el cual además de contraerse, concentró 69.3% de los recursos de las participaciones federales.
Durante el pasado mes de septiembre, las participaciones disminuyeron en 19 entidades, destacando Guerrero (32.9%), Baja California Sur (7.9%), Yucatán (7.8%), y Veracruz (7.3%). Del otro lado, los mayores aumentos se dieron en San Luis Potosí (14.4%), Michoacán (9.9%) y Colima (5.2%). Los estados que recibieron mayores recursos del Ramo 28 fueron Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Nuevo León.
Para el próximo año, el gasto federalizado previsto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación suma 1.97 billones de pesos, menor 0.5 por ciento real con relación al presupuesto aprobado para el 2019. Y con la bolsa extra por 31,600 millones de pesos anunciada la semana para el fortalecimiento fiscal de los estados en el 2020, se espera el gasto federalizado ascenderá a 2.00 billones de pesos, un aumento en término reales de 1.1 por ciento, lo cual se ve difícil de alcanzar dadas las actuales condiciones económicas del país y el entorno internacional.
Esta preocupante situación se ha ido cubriendo con información del manejo irregular de la administración federal en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró inconsistencias en el gasto federalizado programable de 2018 por 38 mil 819.7 millones de pesos, equivalentes al 97.3 por ciento del total. La ASF destacó las entidades federativas apenas han aclarado 2.7 por ciento (mil 41.2 millones de pesos) de esos más de 38 mil millones.
Los estados con más recursos federales con inconsistencias son: estado de México, con 3 mil 301.2 millones de pesos, de los cuales 3 mil 161.5 no han sido justificados; Puebla, que sólo ha aclarado 17.3 millones de los 2 mil 765.9 observados; en Oaxaca de 2 mil 750.7 millones de pesos no se han aclarado 2 mil 737.1 millones; en Chiapas, la cifra observada por la ASF fue de mil 899.8 millones de pesos y faltan por acreditar mil 834.1 millones. Michoacán ha podido saldar apenas 16.1 millones, de los mil 435.1 millones señalados por presuntas irregularidades; a Jalisco le hicieron avisos por mil 371.9 millones y no ha justificado el destino de mil 295.1 millones de pesos. La Ciudad de México no ha documentado mil 199.7 millones de pesos de los mil 319.6 millones observados.
La carta de seguir culpando al gobierno anterior sigue prevaleciendo en el juego del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no se ve acompañado de las denuncias penales correspondientes para sancionar a los responsables de esos multimillonarias irregularidades. ¿O sólo se trata de otra cortina de humo?
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