(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
¿Se acaba la luna de miel con el presidente AMLO? Así
parece, al grado de que medios de comunicación que replicaban sus mañaneras
casi sin cuestionar, y que fungieron de algún modo como guardia pretoriana del
mandatario en los primeros meses de su gobierno, comienzan a sumarse a las
voces en contra.
Los hechos de las últimas 3 semanas, primero en Culiacán,
con la fallida detención de Ovidio Guzmán, en que su gobierno fue duramente
criticado por doblegarse ante esos capos; y luego en Chihuahua, donde mujeres y
niños de la familia LeBaron, una de las más ricas e influyentes de esa entidad,
y quienes también tienen la nacionalidad estadounidense, fueron masacrados y
por lo menos cuatro de ellos quemados, vinieron a convertir la carroza de la
Cenicienta en calabaza.
AMLO está en un momento muy crítico. Tras los hechos de
Culiacán se negó a reventar a su secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, como
procedía. Alguien debía pagar esos platos rotos, pero el presidente optó por
mantener a su funcionario como cabeza del gabinete de Seguridad.
Y tras los hechos de Chihuahua, con la crítica internacional
encima, incluso con la oferta de Donald Trump de que la guerra contra el narco
la hagan de manera conjunta, para que sea rápida y exitosa (lo cual suena
fantástico, sino fuera porque eso es inconstitucional en nuestro país, y porque
obviamente Trump no permitiría que un país vecino le fuera a limpiar su casa);
tras estos hechos, decíamos, ya queda muy poco que rescatar.
Por lo tanto, el presidente está obligado a dar un golpe de
timón, si desea apaciguar los ánimos de propios y extraños, que ya consideran
que estamos ante la prolongación del Estado fallido que nos heredó la era
panista y priísta.
Es obvio que los grupos delincuenciales están empoderados
sobre un Estado débil, desorganizado, sin vinculación entre federación,
estados y municipios. No vemos a estos
últimos niveles de gobierno actuando en la misma sintonía que la Federación,
sino al contrario, parece que se lavan las manos como Poncio Pilatos, mientras
sus territorios se incendian.
Eso sucedió en Culiacán, por ejemplo, con el priísta Quirino
Ordas. Y también en Chihuahua, con el panista Javier Corral Jurado. Ni pío
dicen, cuando los delitos se cometieron en los estados que mal gobiernan.
Eso, por donde se le vea, es sospechoso. Se le está dejando
al gobierno federal toda la carga de una batalla que también involucra a los
gobernadores, sobre todo.
Y con la pena, pero aunque AMLO haya querido pacificar al país con abrazos y no balazos, buscando
primero alternativas para los miles de jóvenes que año con año se enrolan en
las filas del Narco, no es así como las cosas funcionan.
Eso ya quedó harto demostrado. Entonces, debe actuar en consecuencia
y rápido.
Sus enemigos, además, piden sangre. Quieren acción. No les
gusta eso de besos, abrazos y apapachos. No importa si mueren inocentes, al fin
que son daños colaterales. Y por eso los vimos rabiosos cuando se determinó
dejar libre a Ovidio Guzmán, con el fin de preservar la vida de los culichis.
Pero curiosamente, ahora los vemos harto indignados por la masacre de la
familia LeBaron. Y no es que esto no sea un hecho cruel e indignante. Lo es.
Pero también el destino de los habitantes de Culiacán debió habernos preocupado
en la misma medida.
Parece que, al contrario, los adversarios del régimen
querían sangre para luego, a partir de ahí, culpar al gobierno de esa masacre.
Pretextos pues. Como dicen en mi rancho, no hay tarria que les acomode.
En este escenario, lo que sigue es acelerar el paso, pero
sin que se reviente la reata, lo cual será harto difícil.
Por lo pronto, es aplaudible, por ejemplo, que los diputados
estén dando herramientas legales a Hacienda, y a la Unidad de Inteligencia
Financiera, para que se ataque a los grupos delincuenciales desde su flanco
económico, porque es justamente lo que ha fallado, que se les combate con las
armas, pero dejan sus activos intactos.
Ayer, se votó en la Cámara de Diputados la ley que le
permitirá a Hacienda congelar las cuentas que sean sospechosas de financiar al
terrorismo o producto del lavado de dinero ilícito. Recordemos que esa fue una
de las propuestas de campaña del priísta José Antonio Meade, algo que él
consideraba indispensable si se quiere tener éxito en esta guerra, que no se
ganará en un día, obviamente.
Pero otra vez la oposición se negó a que esta medida fuese
radical, y se ampararon en la violación a los derechos humanos de los
cuenta-habientes, considerando que todo mundo es inocente hasta que se le demuestre
lo contrario.
Largo camino le resta al presidente. Y no será nada fácil.
