Categoría: S.O.S Costa Grande

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Pese a todas las manifestaciones realizadas a lo largo y ancho del país, por los administradores de las estancias infantiles, la Secretaría de Bienestar –antes Sedesol-, anunció que el programa se mantiene, pero con nuevas reglas de operación que le pegan directo al esquema originalmente planteado, y que consistía en que se entregaba un subsidio por cada niño beneficiario, directamente a los administradores de las estancias.

En lo sucesivo, según declaró la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, el subsidio será entregado de manera directa a los padres de familia y de manera directa, a través de una tarjeta bancaria. De este modo, los padres se encargarán de contratar el servicio de guardería para sus hijos.

El monto destinado para niños con capacidad será de 3,600 pesos bimestrales (1,800 mensuales). Aplica desde 1 día de nacido hasta un día antes de cumplir los 6 años.

Para niños no discapacitados el subsidio será de 1,600 bimestrales (800 pesos mensuales), desde un año hasta un día antes de cumplir 4 años.

Las reglas de operación implican la revisión de que los niños beneficiarios no tengan también el servicio del IMSS o del ISSSTE.

Y finalmente, hay la disposición para que se incorporen al programa niños de zonas de alto rezago social, pobreza extrema y algos grados de marginación y violencia, así como los que vivan en municipios indígenas.

La razón de estos cambios ya harto se ha dicho: corrupción. Tal y como sucedió con otros programas de desarrollo, asistencia social y salud, el de estancias infantiles se preñó de corrupción e impunidad, y la intención del gobierno federal es de desmantelar la estructura, sin eliminar el programa.

En este espacio hemos dicho, sin embargo, que el cambio no es ventajoso, sino todo lo contrario. Las mismas madres de familia han expresados que lo ideal sería someter a las estancias infantiles a una revisión estricta y periódica, tanto física como financieramente, en lugar de entregarle el dinero a los padres.

Reconocen que este dinero se diluirá más fácilmente, como sucede con el Oportunidades, que las madres más tardan en cobrarlo que en gastarlo, en la compra de artículos innecesarios o que nada tienen que ver con la alimentación de las familias.

Y a menos que en las reglas de operación se obligue a las madres y padres de familia para que contraten los servicios de guardería para sus hijos, podemos estar seguros que será dinero tirado, pues la cultura que prevalece es que dinero regalado, es dinero no apreciado.

La gente, cuando habla de que recibe apoyo “del gobierno”, considera que es dinero de nadie y que lo puede usar indiscriminadamente, pero lo cierto es que es dinero de la nación y que debe usarse de manera correcta y con responsabilidad.

¿Qué hará la gente con niños discapacitados, por ejemplo? Lo mismo que ahora hacen: tenerlos en la casa, viendo televisión, o con familiares, marginados y abandonados, cuando en las estancias infantiles al menos aprenden reciben algunos conocimientos básicos. Y, lo más importante, que se les saca del escenario familiar, donde incluso son maltratados, para ampliarles un poco su perspectiva de desarrollo.

Cierto, el gobierno de AMLO está cumpliendo al sostener el programa de estancias infantiles. También entendemos que hay una estructura corrupta que debe desmantelarse. Incluso es entendible que esto tiene que ver con partidos políticos, pues la estructura del viejo régimen inevitablemente respondía a las necesidades partidistas de intercambios de votos.

Pero, insistimos, el nuevo esquema puede ser un agujero sin fondo si no se le reencauza adecuadamente.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Un nuevo problema le estalló al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, con la desaparición de la dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel, y de Hilario Cornelio Castro, otro de los miembros de la organización que la acompañaban. Afortunadamente, tras cuatro días en poder de sus captores, fueron liberados y hallados el sábado de madrugada en el municipio de Tierra Colorada, bastión en pleito entre la UPOEG y el FUSDEG.

Cierto que no fueron hallados por los policías que las buscaban, pero la presión social y política logró que sus captores los liberaran, y el gobernador se reunió con ellos horas después.

La aparición de Obtilia desarticuló de inmediato todo operativo de búsqueda, pero no debe cesar la investigación, pues de ella dependen muchas cosas que –de no actuar-, podrán tener un impacto severo en el municipio de Ayutla de los Libres, que hoy tiene un gobierno por usos y costumbres indígenas.

En el inicio no se tenían detalles de este levantón, pero poco a poco, al paso de los días, se diseminaron diversas versiones. Según el esposo de Obtilia, Cuauhtémoc Ramírez, ella iba huyendo de Ayutla rumbo a Chilpancingo, porque desde el fin de semana anterior a su desaparición, ocurrida el martes 12 de febrero, arreciaron las amenazas en su contra.

¿La razón? Que ella forma parte del consejo de obras del nuevo gobierno comunitario de Ayutla, y tiene en su contra a los promotores de las elecciones por usos y costumbres, léase la Unión de Pueblos y  Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), cuyo líder es Bruno Plácido Valerio, pues estos exigen controlar el recurso de obras.

Siempre en la versión de Cuauhtémoc Ramírez, Obtilia era el muro de contención en contra de la UPOEG al interior del Concejo Municipal Comunitario, y de ahí que comenzaron a presionarla vía amenazas de muerte.

Hay que saber que elementos de la UPOEG así como los de la CRAC-PC se encargan de dar seguridad en Ayutla, pues desde que adoptaron este nuevo tipo de gobierno, el gobierno estatal y federal desarticularon a la Policía Preventiva Municipal y también les dejaron de entregar la partida relativa a la seguridad pública.

También hay que considerar que las amenazas contra Obtilia eran recurrentes y en realidad ha estado amenaza por muchos años –ella responsabilizaba a la gente del PRI-, al grado de que por presiones internacionales se le proporcionaron medidas cautelares y una patrulla de la Policía Estatal la estaba cuidando permanentemente, excepto ese día que desapareció, porque según los policías que fueron entrevistados por reporteros de la Costa Chica, la mujer tenía la costumbre de sa

lir sin avisar a dónde iba, y prefería andar con gente de su organización que con los uniformados dispuestos para su seguridad.

Desde el miércoles, el gobernador activó a través de la Secretaría de Seguridad Pública un operativo de búsqueda por tierra y aire, mientras que la Fiscalía comenzó también la investigación del caso y lanzó una recompensa para quienes proporciones información sobre el paradero de Obtilia y su acompañante.

El viernes, el Concejo Municipal Comunitario de Ayutla se presentó ante el gobernador para pedirle que la investigación del caso la retome la Fiscalía General de la República, y Astudillo en ese momento le pidió la atención del caso al fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

Claro que este caso es ocasión para responsabilizar al gobierno del estado por la inseguridad que priva en la entidad. Y por supuesto que el gobierno en turno es responsable de prodigar seguridad a sus gobernados, pero esto en un contexto de vida normal. Para nadie es un secreto que en México, sus estados y municipios, hace mucho tiempo que la normalidad se acabó, y que sobre todo Guerrero es un polvorín.

Considero que el caso de Obtilia será ocasión para que se revise la actuación de la UPOEG, organización armada a la que, sin embargo, los órganos electorales le permitieron empujar un proceso de gobierno por usos y costumbres indígenas, sin considerar que por el hecho de tener un brazo armado a sus órdenes, como el SSJC (que además tiene varias falanges peligrosas y que depende no de Bruno Plácido, sino del que se dice ser el comandante del grupo, Ernesto Gallardo Grande), la UPOEG estaba imposibilitada para actuar como organización civil y representante de los derechos políticos de los pueblos indígenas..

Pues bien, éste es apenas el comienzo del caótico gobierno de Ayutla, y esperemos a ver lo que sigue. Si la PGR profundiza realmente en esta investigación –que debe hacerlo porque fue un delito que no fenece con la aparición de la víctima- Bruno y sus muchachos están en problemas.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El martes se conoció la sentencia condenatoria que emitió un jurado anónimo en la corte donde se llevó su juicio, conocido entre nosotros como “El juicio del siglo”.

De repente, metidos como estábamos en el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y todo lo que se desprendió desde su llegada a la presidencia, el 1 de diciembre pasado, el tan publicitado juicio contra el narcotraficante más buscado del mundo, que llegó a ser una leyenda por las fugas espectaculares que –dicen- protagonizó (aunque la verdad es que lo dejaban ir), pasó para muchos desapercibido, o al menos no le dimos la importancia debida.

Al final de cuentas, es un jefe más metido en una de las mazmorras del siglo 21, un tanto cuanto más moderna que las de la edad media pero igual de letal. Uno más de muchos que optó por el camino corto, pero ancho (Joan Sebastian dixit).

Pero haciendo un juego de espejos, valdría la pena ahora preguntarnos qué pasa en México tras la detención, extradición y condena del Chapo Guzmán. ¿Cambió algo para nosotros? ¿Se redujo la violencia? ¿Terminó el trasiego de drogas desde este país hacia otras partes del mundo? Sus últimos años en el penal de Colorado, diseñado por mentes brillantes pero tan perversas como la de los mismos condenados, que es una cárcel dentro de otra cárcel, propia de un genio de Hollywood, ¿ayudará en algo para que México supere toda su desgracia, que ahora suma la trata de hombres, mujeres y niños, el secuestro, la extorsión, más lo que se acumule?

El gran golpe que dio el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2016, al recapturar al legendario narco sinaloense –quien pudo escaparse en dos ocasiones de penales de máxima seguridad: una vez en un carrito de lavandería en el penal de Puente Grande, Jalisco; y otra vez del penal del Altiplano, por un túnel que se abrió hasta su celda, pero del que nadie se dio cuenta hasta que Joaquín Guzmán Loera se metió al baño y no volvió a salir del retrete-; ese gran golpe, decíamos, que le lavó un poco la cara al desaseado gobierno peñanietista y a su malogrado precandidato presidencial, Miguel Osorio Chong, ¿fue la panacea para todos los males del país?

Y es que como sucede en estos casos, mientras que los medios de comunicación y las redes sociales alimentan historias morbosas, algo sigue igual o incluso empeora en la base de la sociedad. Nada cambia.

Desde luego que El Chapo merece estar en la cárcel por sus 25 años de carrera delictiva –sin contar el tiempo que sirvió como lugarteniente de otros- pero que no nos engañen. Nada ha cambiado y no cambiará ni siquiera si le quitan la fortuna que amasó en todos estos años (a propósito de que Donald Trump ya le puso el ojo a ese dinero para construir el muro fronterizo).

El trasiego de estupefacientes continúa, el sicariato se recrudece, los delitos se incrementan, los homicidios están a la orden del día, el gobierno se hace bolas tratando de enfrentar a un enemigo poderoso pero invisible, pues está incrustado en la sociedad misma, en el gobierno y en la empresa.

En junio próximo conoceremos el destino que correrá Guzmán Loera. Su defensa espera que no se le mande a la dantesca prisión de Colorado, donde no podrá volver a ver ni oír a ninguna otra persona (porque las celdas están desonorizadas, para que los presos no se comuniquen entre sí no por código Morse), mucho menos a su esposa o hijos.

Tal vez, algún día, nos darán la noticia de que El Chapo murió en prisión. Pero, ¿y México?

Todo sigue igual. La defensa hizo un buen trabajo, pero no en la defensa de El Chapo, que realmente era indefendible. Sino exponiendo cómo fue que este hombre iletrado, nacido en una sierra inaccesible de Sinaloa, se convirtió en el jefe de un imperio del narcotráfico. Y éste es el meollo del asunto. Jamás habría podido levantarse hombre alguno en ese negocio y perdurar por tantos años, sin protección y complicidades. Y, pues bien, él ya está juzgado y vencido en juicio, pero todos los que lo usaron para manejar el jugoso negocio del tráfico de estupefacientes, siguen en México, en paz y con fortuna. Es decir, que seguimos con el enemigo en casa.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El caso de las estancias infantiles ya llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde Chihuahua se interpuso la primera controversia para que el gobierno federal dé marcha atrás en su decisión de modificar el esquema de subsidios del programa Estancias Infantiles, creado desde el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Porque, conste, no se elimina el susidio, sino que éste ya no se les entregará a los administradores de los planteles, sino directamente a los padres de familia. Esto lo hace el gobierno para quitarles a administradores y empleados el subsidio que no fue del todo bien empleado, sino todo lo contrario. En lo sucesivo, por lo tanto, los particulares tendrán que sostener sus estancias con sus propios recursos, como toda empresa privada lo hace, y ofrecer sus servicios a los padres de familia, quienes tendrán que elegir a la estancia que les proporcione el mejor servicio.

Ellos, los administradores, argumentan que el subsidio de 800 pesos por cada niño por mes no es suficiente, ya que el servicio de guardería privada cuesta 2000 por mes; y así es, en efecto, pero sólo cuando ofrecen servicios educativos, tipo preescolar, de los cuales hay algunos muy contados en Guerrero. El esto son un sinfín de guarderías improvisadas, incluso en casas habitación que no cuentan con los espacios idóneos para que los niños estén.

Recordemos el caso de la guardería ABC, que estaba ubicada en una zona industrial, y al incendiarse una bodega anexa, arrasó con la estancia infantil, quemando a decenas de infantes.

De algún modo, el programa de estancias infantiles se diseminó en todo el país, y en una colonia puede haber 2 o 3 de ellas, pues ni siquiera se atendió la zonificación. Muchas operan con unos cuantos niños, y no se entiende cómo cubren todos los gastos –renta, luz, agua- empleados- pues aunque reciben un subsidio para alimentación y cuidados de los menores, dada su baja matrícula aún eso resultaría insuficiente. Aquí podría caber la posibilidad que alegan los diputados federales, en el sentido de que los administradores reportaban un mayor número de niños, de manera que pudieran con los gastos y además tener una ganancia, porque de otro modo no se entiende dónde estriba el negocio de tenerlas.

En este espacio defendemos el programa de guarderías infantiles, pero concretamente el subsidio. Y hay que aclarar que es algo que el gobierno federal no está quitando, sino que lo está reencauzando de otro modo, directo a los beneficiarios, como sucede con todos los demás programas.

Desde luego eso pone en aprietos a los administradores, porque si no están preparados para hacer el tránsito hacia lo privado, no van a subsistir.

Es un tema un tanto cuanto espinoso, porque por un lado están los niños que requieren cuidados mientras sus padres trabajan; pero por otro lado están los administradores que pelean el subsidio, para que se les entregue directamente a ellos, a fin de conservar los empleos.

Entonces no se trata de niños –o al menos no solamente-, sino de mantener un esquema de negocio y empleo que es obvio.

Y cierto que están en su derecho los administradores y empleados de pedir que se les respete su derecho al trabajo, pero por tratarse de un subsidio con recursos públicos, el gobierno que es el que administra nuestro dinero, tiene que hacer los ajustes que considere necesarios.

Se habla, por ejemplo, de un recorte sustancial al programa, pero los diputados alegan que se hizo porque en realidad es dinero que se desviaba, y no beneficiaba a los niños. Tal como sucedía con el dinero para el campo, que se entregaba como una cuota para las organizaciones sociales. Y dado que ya los subsidios al campo serán directos, entonces se recortó el dinero de las organizaciones como CNC, CODUC, UNTA y otras, que entregaban ese dinero público a sus militantes y sin supervisión alguna.

No sabemos qué tanto avanzarán los administradores de las guarderías en sus manifestaciones, porque en estricto sentido el programa no desaparece, sólo cambia de reglas de operación. La recomendación es que en lugar de desgastarse en las calles, se adapten, y se organicen para instalar guarderías competitivas. Tal vez si se asocian unos con otros, podrán crear una red de este tipo de centros de atención infantil, y tener muchos más niños de los que hoy tienen, aprovechando el subsidio que les dará a los padres el gobierno federal.

Aunque claro, estos podrán incluso pagarles o a algún otro familiar para que les cuide a los pequeños. Ese es el problema.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

A propósito del recorte de recursos al programa de las estancias infantiles de Sedesol (hoy Secretaría de Bienestar), así como a la suspensión temporal del programa, al detectarse graves irregularidades –lo que ha provocado manifestaciones en todos los estados de la República-, conviene hacer algunas precisiones.

Primero, que en definitiva es un programa prioritario, que debe mantenerse por dos motivos centrales: uno, que permite que las mujeres en etapa productiva se inserten al mercado laboral sin limitaciones de sus hijos. Segundo, que estos tengan un espacio digno donde estar mientras sus padres trabajan, y sin estar expuestos a la violencia intrafamiliar, que se ha diseminado como un cáncer por todo el país, aunque la verdad nunca hemos sido el paraíso de los derechos infantiles, pues que yo recuerde, los golpes, varazos y chanclazos eran la mejor manera de educar a un niño en nuestros tiempos. Pero de aquella violencia hasta cierto punto entendible, que se aplicaba a los hijos desobedientes y rebeldes, lo que ahora vivimos sí que raya en la crueldad, merced al consumo de drogas de parte de los adultos, al alcoholismo, a la pobreza extrema y otros tantos factores que meten a los seres humanos en verdaderos infiernos, que los niños no tienen por qué vivir.

Se dice que las abuelitas dulces y amorosas son las mejores para educar a los hijos, pero eso tampoco es verdad. Todo lo contrario, la experiencia dicta que una abuela mal cría a un niño, pues ya no está para dirigirlo con mano firme, sino que le tiene lástima y es condescendiente con él.

Pero lo más grave que ocurre es que las abuelas y abuelos se apropian de un papel que no les corresponde, usurpando el papel de los padres, a quienes llegan a quitarles autoridad, mal aconsejando a los hijos para que no los obedezcan. Este es el camino más corto para crear niños malcriados, que serán jóvenes problemáticos, de los cuales tenemos muchos hoy en día.

El modelo de que mientras la madre trabaja el hijo esté en una guardería no es nuevo, sino que desde 1837, Friedrich Froebel creó el primer jardín de infancia o “Kindergarten”, como un instrumento educativo eficaz para desarrollar las destrezas y conocimientos en el niño en relación con el mundo.

En México, las guarderías pasaron a ser una conquista sindical de los beneficiarios del IMSS y del ISSSTE, aunque en realidad la Ley General del Trabajo siempre estipuló que los patrones debían proporcionar el servicio a sus empleadas, para evitar el abandono de los hijos, algo que desde luego nunca se cumplió.

En 2007, el ex presidente Felipe Calderón decretó el establecimiento del Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para aquellas familias que no son trabajadores del Estado ni son derechohabientes del IMSS, tratando de volver el servicio universal. Algunas –sobre todo en las grandes ciudades- comenzaron a dar clases de preescolar.

La concepción original de las guarderías y preescolar fue la de “potenciar el desarrollo cognitivo, afectivo, psicomotor, social, creativo, etc., en los niños”.

Es decir, que el planteamiento era excelente, como todo lo que sucede en el ámbito gubernamental. Pero desde entonces, como se ha visto, el asunto de las estancias infantiles se convirtió en un tema económico más que formativo. Comenzaron a operarlas personas improvisadas, gente sin educación y sin carrera, hasta convertirse en negocios familiares, que contrataban empleadas también sin perfil en muchos casos.

De ahí que el gobierno federal esté decidido a reducir al mínimo la inversión en las estancias infantiles, considerando que la mayor parte del recurso programado se diluía en la corrupción, pues las encargadas reportaban más niños de los que atendían, para bajar el dinero y robarlo, algo que no es nuevo de hecho, porque si algo distingue a este régimen político es la corrupción.

Pero insistimos que eso no es suficiente motivo para desaparecer el programa. Las familias entienden que las guarderías son un lugar donde se “guardan” a los niños, es decir, un lugar donde están a salvo. Y probablemente consideran que es lo mismo tener estancias infantiles, guarderías, preescolares o que los cuide algún familiar. Pero no es así. Una estancia infantil nos da la oportunidad de guardar a los niños de la violencia desde su edad como lactantes, y a recibir una formación previa al inicio de su educación formal. Hay que recordar que la palabra educar implica no sólo la enseñanza de contenidos, sino que implica dirigir, encaminar, desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño.

Y un niño maltratado y abandonado, definitivamente no podrá nunca insertarse de manera exitosa a la vida social. Porque si algo marca a un niño es el rechazo y el abandono. Esto es lo que está en juego en el tema de las estancias infantiles, señores diputados. Estamos hablando de niños, de los futuros ciudadanos mexicanos, no de animales ni de costales de mercancía.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Tras el escándalo de Pemex, se abre otro en la CFE. Eso nos da una idea clara de que la más alta corrupción se desarrollaba en las altas esferas del poder, y que fue en la era panista a la que yo llamo “la docena trágica”, cuando la ambición de la clase política se desbordó al máximo, al grado de que ni siquiera con el regreso del PRI se detuvo.

Hay trascendidos que señalan, por ejemplo, que el ex presidente Vicente Fox Quezada es dueño de gasolineras, todas con prestanombres, quienes están asociados entre sí, pero cuya misión era vender el combustible robado de la refinería de Salamanca, Guanajuato.

Por eso el guanajuatense se desgañita contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, y fue la figura política más activa durante su campaña, en contra de AMLO.

Ahora sabemos lo que realmente quería evitar el Zorro de Guanajuato, el que encabeza procesiones al Cristo Rey de la Montaña. No era su pensión lo que le preocupaba. En realidad, quería evitar a toda costa el triunfo de López Obrador para evitar que se le cayera el negocio del huachicoleo.

A Vicente Fox lo podemos catalogar entonces como el huachicolero mayor de México.

Pero en la Comisión Federal de Electricidad las cosas no son mejor, y ahí todo apunta hacia Felipe Calderón Hinojosa, quien no sólo trabajó para evitar el triunfo de AMLO, sino que incluso postuló a su mujer primero por el PAN y luego como independiente, para hacerse otra vez del poder de la nación, pues sus negocios tienen que ver con el sector energético.

Estos consisten en comprarle electricidad a empresas privadas, sin necesidad de ello, pues la CFE por sí misma producía más de lo que el país necesitaba. Por lo tanto, para poder cumplir sus compromisos con particulares, tanto nacionales como extranjeros, Felipe Calderón maniobró para que la empresa del gobierno produjera menos.

De hecho, por eso Calderón mandó a desaparecer en 2009 la empresa filial de la CFE, Luz y Fuerza del Centro, que distribuía energía eléctrica a la zona central de México (Ciudad de México, a 80 municipios del Estado de México, dos de Morelos, dos de Puebla y cinco de Hidalgo), con el argumento de que era económicamente inviable.

La semana pasada, AMLO acusó a Calderón de haber actuado de manera ventajosa en esto de la CFE, por primero desincorporó parte del sector y posteriormente se fue a trabajar como asesor de una de las empresas beneficiadas.

Calderón negó que haya actuado con alevosía y ventaja, pero aunque lo que hizo no esté tipificado como delito, en realidad sí debiera serlo porque un presidente de la República, tal como dijo AMLO, tiene toda la información de los negocios del Estado a la mano y puede maniobrar en cualquier dirección.

Para no variar, con Enrique Peña Nieto se firmaron contratos leoninos que hunden aún más a la CFE. Desafortunadamente, tienen que ver con Pemex algunos de ellos, pues para operar 7 gasoductos que actualmente están inactivos, Peña Nieto contrató a 3 empresas a las que hay que pagarles algo así como 21 mil millones de dólares por año, y así será a lo largo de 25 años.

En resumen, los mexicanos estamos vendidos hasta los calzones.

Para salvar un poco la situación, y evitar que hasta el año 2040 estemos pagando por servicios caros y malos, pero sobre todo porque la CFE es complemente autosuficiente para producir la energía que necesita el país y a menor precio, López Obrador lanzó ayer una convocatoria a las empresas Carso, IEnova y TransCanada, para que se acerquen a renegociar sus contratos.

Lo más grave es que estas empresas producen electricidad utilizando infraestructura de la CFE, como la presa de El Gallo en Cutzamala de Pinzón, Guerrero, construida sobre el río Cutzamala con fines de riego, pero que terminó siendo una hidroeléctrica, cuyo único fin es producir electricidad para vendérsela al gobierno, sin importarles el deterioro de la actividad agropecuaria de la región.

De ese tamaño es nuestra triste realidad. Nosotros estamos tratando de sobrellevar esta terrible crisis económica, esperando que el cambio de gobierno fuera suficiente. Pero no lo es. La verdad es que el principal problema de este régimen no sólo es la inseguridad, sino la falta de recursos que se tienen por tanto saqueo y deudas y compromisos contraídos por los ex presidentes, quienes no conformes con saquear el país a manos llenas, nos vendieron por anticipado, dejándole a los gobiernos siguientes la única opción de administrar la miseria.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Es ya 11 de febrero y a la mayoría de los ayuntamientos, hasta el viernes pasado no les habían depositado los recursos de la primera ministración de este año.

Esto significa que los municipios tienen desde finales de octubre, en que les llegó la última ministración del año pasado, operando prácticamente sin dinero, considerando además que en esas condiciones tuvieron que hacer frente al cierre de año y al pago de aguinaldos.

La razón que se les ha explicado es que porque como los diputados aprobaron tarde el presupuesto de egresos del gobierno estatal, entonces eso retrasó todo lo relativo al gasto del gobierno estatal.

Es posible que así sea, sobre todo en lo que se refiere a gasto corriente, pero no así en cuanto a seguridad y obras públicas, porque estas partidas vienen directamente de la Federación, aunque pasan por el gobierno del estado.

A propósito de esto, hace tiempo, durante el gobierno de Zeferino Torreblanca, los alcaldes trataron de que la Federación les transfiriera directamente sus partidas, pues el cruce con el estado los sujeta a vaivenes políticos. Además, el hecho de que los proyectos municipales deben ser calificados por la Secretaría de Planeación (antes Copladeg), merma sus ingresos porque se les retiene un porcentaje determinado para ello.

Desafortunadamente, las administraciones municipales no son nada confiables, y por ello no prosperó su petición de que la Federación les hiciera llegar los recursos de manera directa, sino que se los manda a través de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado. Claro, esto no cambia en casi nada la manía de hacer obras malas, desviar recursos y todas esas manías que a lo largo de muchos años de tolerancia han ido adquiriendo los alcaldes, pero al menos no les llegan los dineros en caliente, sino que a principios del mes los recibe el gobierno estatal, y es hasta finales de mes cuando se les ministra a los municipios. Burocracia, pues.

¿Por qué decimos que no son confiables los gobiernos municipales? Porque de los tres órdenes de gobierno, es el nivel municipal donde se registra la mayor opacidad, y se da el mayor número de actos de corrupción. Pueden ser los menos gravosos en cuanto a dinero, pero sumándolos (hay casi 2,500 municipios en todo el país), los ayuntamientos terminan por ser un gran agujero negro donde cuantiosos recursos son engullidos por el gran monstruo llamado corrupción.

De nada han servido las auditorías, ni tampoco el famoso instituto de transparencia, porque lo único que vemos todos los días son quejas de los consejeros en cuanto a que los ayuntamientos incumplen con las reglas del juego para transparentar el uso de los recursos públicos.

Y estamos hablando de los recursos que reciben de manera directa, sin contar los que logran gestionar por su parte, a través de programas específicos, como el de Hábitat para elevar la calidad de vida de las zonas urbanas, y otros que en el sexenio pasado fueron otorgados por la Sedatu.

Se tiene conocimiento, por ejemplo, que la Sedatu ya comenzó a reclamar varias decenas de millones de pesos en algunos ayuntamientos de Guerrero, porque sencillamente nunca justificaron su aplicación. Para ello están enviando cartas de requerimiento a los nuevos alcaldes, para que a la brevedad presenten los documentos que comprueben en qué se gastaron los antecesores el recurso que les fue transferido.

¿Por qué insistimos en la transparencia de las finanzas públicas municipales? Porque éstas afectan de manera más visible la vida cotidiana de las personas. Esta unidad de gobierno es la encargada de proporcionar servicios como alumbrado, mercados, panteones, pavimentación, agua, administración territorial a través del catastro, entre otros; por ello, conocer quién, cómo y en qué se gastará el dinero público es de suma importancia.

Conviene saber esto porque este año, desde hace casi 30, los ayuntamientos por fin tendrán todo el Ramo 33 para aplicarlo en obras de combate a la pobreza, porque ya no comprarán el fertilizante. Por lo tanto, los miembros del Coplademun –órgano integrado por comisarios, delegados de colonias y presidido por los alcaldes, con un secretario técnico-, deben ponerse las pilas y cumplir con su labor de revisión y supervisión.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El presidente de la República está en Guerrero. Ayer jueves estuvo en Iguala, donde puso en marcha las becas para el bienestar, y hoy estará en Ciudad Altamirano, para poner en marcha el programa de fertilizante para productores de granos básicos, único en su tipo a nivel nacional.

En esta ocasión –a diferencia de lo que sucedió en Tlapa- se están cuidando muy bien los escenarios y no hubo abucheos para nadie, y sí muchos aplausos. Sobre todo cuando el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que gracias a las gestiones e intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores, se estaría entregando este beneficio a los productores guerrerenses de manera especial.

Y precisó que Astudillo “se ha portado bien, muy bien, requetebién”. AMLO no dijo qué fue eso de portarse bien, y no faltará quien lo acuse de ser condescendiente con el gobernador. Pero seguramente se refiere a que Astudillo fue el primer mandatario estatal en apoyar la propuesta de la creación de la Guardia Nacional. Además, aplaudió sin poses el combate al huachicoleo que está secando a Pemex.

Mientras otros gobernadores –priístas, panistas y perredistas- se ponen todavía sus moños y quieren una Guardia Nacional sin dientes, pues la presencia de una corporación con tinte militar les provoca prurito, más que las decenas de miles de muertos y desaparecidos que este país produce cada año; mientras otros gobernadores, decíamos, cuidan sus palabras y pretenden servir a Dios y al diablo, Astudillo ha sido muy claro en su postura de que la Guardia Nacional es algo no sólo necesario, sino también urgente.

Astudillo, como pocos gobernadores –incluidos los que le antecedieron- ha dicho sin espavientos pero sí con preocupación, que su gobierno apoya ampliamente la creación de la Guardia Nacional, lo cual implica que su partido en el estado también está a favor de esta medida, reconociendo que en la entidad se carece de una fuerza policial suficiente y entrenada para hacer frente a los grupos delincuenciales que se pelean entre sí por el control de regiones y municipios.

Mientras que los demás gobernadores de Guerrero han navegado de a muertito en el gravísimo problema de inseguridad y violencia que afecta a la entidad, Astudillo puso los puntos sobre las íes desde su llegada al poder y trató de que avanzaran dos iniciativas: primero, la de la legalización de la amapola con fines medicinales. Y, segundo, la creación de un mando único.

Sus dos propuestas se murieron en el intento simplemente porque quedaron empantanadas en una gruesa madeja de intereses que tenían que ver con la elección de julio de 2018, cuando los partidos políticos ya no se ocupaban del avance del país, sino de conservar sus prebendas, intereses y posiciones de poder. El resultado para los partidos tradicionales fue una de sus más terribles derrotas, y es el caso que ahora los vemos dando bandazos, llamando bueno a lo malo, y malo a lo bueno. A eso creo que se le llama tener mente réproba.

Recordemos que Astudillo llegó al poder en 2015, como resultado de la debacle del PRD por el Caso Ayotzinapa –por cierto, ayer AMLO ofreció protección para cualquiera que aporte datos de esa negra historia, a la comisión especial del caso. Y en lugar de tapar el cochinero que encontró, lo dio a conocer. Un desfalcó por 19 mil millones de pesos, un parque vehicular inexistente y un largo etcétera. Pero sobre todo puntualizó la situación de la inseguridad en Guerrero, cuál era la causa de ello, y cómo podría resolverse.

Por esta postura, el presidente de la República lo apapachó ayer en Iguala. Con esto no sólo lo desagravió con lo de Tlapa, sino que marcó una nueva ruta de entendimiento y colaboración entre el gobierno federal y el gobierno del estado.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

René Bejarano Martínez, ex líder de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (IDN), y actual líder del Movimiento Nacional de la Esperanza, que en la pasada elección apoyó el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer la adhesión a este grupo político de unos 110 mil militantes de diversos partidos políticos, que dejarán su militancia actual para incluirse en una organización que si bien tiene intereses políticos, opera desde el ámbito civil.

Esto significa que el proceso electoral de julio del año pasado, no ha terminado de modificar el mapa político del país, ni tampoco de hacer mella en los partidos políticos mayores, que definitivamente perdieron tanto que ahora buscan sumarse en una gran coalición opositora. En Guerrero, por ejemplo, esa iniciativa proviene del PRD, que busca una alianza con el PRI, para competir por la gubernatura en 2021.

Ahora bien, el líder del PRD en Guerrero, Ricardo Barrientos Ríos, justifica que la alianza que están trabando ser hará con el ala izquierda del PRI, que eventualmente estará en desacuerdo con la postulación que haga el partido como tal en la siguiente elección para gobernador.

Esto es grave porque entonces significa que el PRD está promoviendo una desbandada del PRI hacia la coalición que pretende encabezar el mismo partido amarillo.

Eso un poco arriesgado y complicado pero no difícil de lograr, sobre todo cuando va de por medio la promesa de mantener el poder, aunque sea compartido apoyando a un perredista, que por ahora no se vislumbra quién pudiera abanderar esta gran coalición.

Porque siempre está la opción de que sea un priísta, que se meta por el PRD como “externo”, al fin que ya es común que eso suceda, que se arreglen los escenarios políticos, y se perviertan de tanto manipularlos. Cuando no hay buen pan, buena es la semita, dicen los calentanos.

Cruzando información, haciendo trenzas informativas –como solía decir un gran maestro del periodismo-, leyendo entre líneas, nos damos cuenta que lo que anuncia Bejarano es una realidad: el PRD se está derechizando, y la gente que aún conserva los ideales de izquierda se irá desplazando. Esto significa que en los próximos meses y todavía acercándose la siguiente elección estatal –que se empatarán con la elección legislativa federal-, veremos una sangría mayor y tal vez más agresiva en las filas perredistas.

¿Se van a Morena entonces? No. La opción que les ofrece Bejarano es hacer actividad política desde su organización, que es apartidista y aglutina a gente de varios institutos políticos, una extraña mezcla de militancias, que coinciden en un solo punto: evitar la contaminación de los escenarios políticos y la manipulación del electorado.

Pues bien, decíamos que cada militante del MNE decidirá de manera personal si hace vida partidista, y solicitará por su cuenta propia su adhesión a algún partido, pero sin dejar de pertenecer al grupo de Bejarano.

Recordemos que en Morena no hay corrientes ni grupos políticos, están prohibidos expresamente en sus estatutos. Por lo tanto, la jugada consistirá en crear organismos civiles que en su momento puedan meter personas a los partidos, para ir ganando espacios de elección popular, sobre todo en apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo que busca Bejarano es que para 2021, la Cámara de Diputados no caiga en manos de la oposición, ya que eso debilitaría al gobierno federal de AMLO, dificultando la actividad legislativa, que es la base de movilidad para el poder ejecutivo.

Una red de organizaciones sociales, que a su vez representen una opción para los desencantados de otros partidos, parece ser la opción.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El ex gobernador Ángel Aguirre viene marcando la agenda política en el estado desde la semana pasada, cuando anunció en la Ciudad de México una probable alianza del PRD con el PRI, de cara a los comicios de 2021.

Claro que en el ámbito estatal, el líder del partido matizó el tema y dijo que, en efecto, el PRD va por la construcción de una gran alianza electoral, pero que primero buscarán la adhesión de la izquierda. Y que de no ser posible concretarla con Morena, pues luego entonces buscarían al PRI.

Se sospechaba que la búsqueda de diálogo con Morena era un mero pretexto para descartar a los lópezobradoristas y justificar la alianza con el PRI. El fin de semana, el ex gobernador se reunió con diputados y alcaldes, entre ellos Adela Román, de Acapulco, a la cual exhibió en sus redes sociales. Fue la alcaldesa la que dijo que no se trató de un encuentro privado con Aguirre, sino colectivo, y que asistió en su calidad de mujer política; aunque, claro, sin compromisos porque simplemente Adela no tiene capacidad para definir la ruta que su partido, el Morena, habrá de tomar en 2021.

Pues bien, ayer, el ex gobernador se reunió con el alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar (quien por cierto salió del grupo político del gobernador Héctor Astudillo Flores). Fue un encuentro privado, pero obviamente se propició la presencia de la prensa –como suele suceder en estos casos-, y la entrevista fue inevitable.

En ésta, Aguirre fue contundente al indicar que la ruta más factible para el PRD es su alianza con el PRI, algo que no debe escandalizar a nadie, porque ya el partido ha hecho alianzas con partidos de derecha, como sucedió en efecto el año pasado, pero sobre todo en su propia campaña de 2010-2011, cuando a la gran coalición que lo llevó al poder se sumó el PAN, pues ambos partidos ya venían desde 2009 de una ruta de alianzas denominadas “estratégicas” e impulsadas por Los Chuchos, con Beatriz Mojica Morga como encargada de ellas.

Pero lo más sorprendente es que Aguirre no se descartó para competir por tercera vez a la gubernatura del estado de Guerrero. Y esto es ahora el tema de discusión. ¿De verdad el ex gobernador se lanzaría a otra batalla de este calibre? ¿O el que recibirá su respaldo será Toño Gaspar?

Primero, no es de extrañar que dos partidos que quedaron tan disminuidos en la elección reciente, busquen una alianza para presentar una candidatura común, con el ánimo de contener el avance de cualquier morenista –que a decir verdad con varios, pero hasta ahora ninguno con piernas de jinete para alcanzar la máxima magistratura del estado. Decir que el candidato a gobernador de Morena que resulte, podría competir impulsado solamente por lo que se logre de aquí a 2021 por el gobierno de López Obrador, es un sinsentido, pues si no sucedió cuando éste era candidato, menos sucederá ahora que ya está en el ejercicio del poder; simple y sencillamente porque el poder desgasta a cualquiera. Y si no, habría que preguntarle, por ejemplo, a Adela Román si es lo mismo ser candidata que alcaldesa. O a Pablo Sandoval Ballesteros, sobre quien están recayendo todas las quejas de Morena, por su plan avasallador.

Volviendo al tema, consideramos que de verdad una alianza PRD-PRI acabaría con cualquier intento de Morena por tomar el gobierno de Guerrero, partiendo de que en este partido no hay tela de donde cortar.

Pero hay una duda en este escenario, que dará mucho de qué hablar en los próximos meses y años: ¿El plan de Aguirre es también el plan del PRI? ¿Trabajarán los priístas para traspasar al PRD el poder? ¿Y, más aún, trabajarán para que Aguirre retorne al gobierno estatal? Lo dudo, de verdad.

Hasta ahora, el PRI nacional no se ha pronunciado al respecto. Al contrario, se observa más bien una alianza estratégica con Morena, como en su momento lo hicieron con el PAN, de lo cual depende su supervivencia.

Tampoco la dirigencia del PRD en el país ha dicho nada sobre el plan de Aguirre. Y en lo local, varios líderes perredistas ya mostraron su inconformidad, entre ellos el diputado Celestino Cesáreo Guzmán.

Estemos atentos al desenlace de este novelón, estimado lector, porque pensamos que ya todo está dicho en política, pero la verdad es que ese mundillo está lleno de grandes sorpresas.