Categoría: S.O.S Costa Grande

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

En la difícil tarea de corregir la grave corrupción e impunidad que padece México, en todos los ámbitos desde el gobierno, la empresa y ahora también la cultura y las universidades, el gobierno federal se ha ido entrampando, cediendo a la tentación de centralizarlo todo, o bien modificando reglas de operación de los programas sociales para evitar que el recurso pase por muchas manos, y que se haga lo más directamente posible desde el gobierno central hasta las manos de los beneficiarios.

Pero en este caminar se han ido cometiendo algunos errores que vale la pena revisar, pues no todos los programas pueden aplicarse de manera directa y más bien se necesita la intervención de organismos de apoyo, como es el caso de los refugios que organizaciones no gubernamentales han construido para albergar a mujeres víctimas de violencia, a lo largo y ancho del país.

Y es que a la par que la inseguridad se fue apoderando de grandes territorios del país, también aumentaron otros males que, si bien estaban latentes, no eran tan graves, como la violencia doméstica, el maltrato infantil y el feminicidio, entre otros daños colaterales.

El aumento en el consumo de drogas, así como la participación de hombres y mujeres en las redes delincuenciales, forzosamente tenían que dar un fruto perverso, y eso decantó en las familias, donde los hijos golpean a sus madres, los esposos a sus mujeres, y ambos a los niños, creando un círculo dantesco muy difícil de resolver.

De ahí que se necesite de la participación de organizaciones sociales, activistas que han venido esforzándose por asesorar y orientar a las mujeres que sufren violencia y que no pueden salirse de ese ambiente viciado. Muchas de ellas están amenazadas de muerte, y no pocas han caído víctimas de sus locos compañeros; otras son explotadas, sea mediante la prostitución, o mediante el trabajo.

Todo el falso glamour de la contra-cultura del narco termina en la violencia intrafamiliar, y esa parte es algo tan lamentable que cualquier esfuerzo parece en vano, pues constantemente estamos leyendo noticias que hablan de mujeres asesinadas por sus cónyuges, niños golpeados, y crece el número de niños y niñas en situación de calle.

Por lo tanto, suena desatinada la propuesta del gobierno federal para modificar el programa de susidio para la permanencia de refugios, ya que las mujeres maltratadas están imposibilitadas de recibirlo directamente. Eso, automáticamente, las expone a una mayor vulnerabilidad, pues al saber sus maridos que están recibiendo ese dinero, con mayor razón las explotarán.

Este programa no es como el de los adultos mayores, o el de las becas de estudiantes, donde los beneficiarios son personas sin mayores conflictos, y pueden acudir a un banco por su remesa.

Ni siquiera se compara con el de las Estancias Infantiles, porque el apoyo lo recibirán los padres y estos se encargarán de contratar el servicio.

Entonces, el subsidio para mujeres víctima de violencia debe dárseles forzosamente a los refugios, y aunque no se duda que haya irregularidades en ellos –en este país todo puede suceder-, lo que procede es que el gobierno afine sus redes de vigilancia por un lado; por otro, que actúe de inmediato ante los actos de corrupción detectados. Sólo así, cuando los corruptos se vean en la cárcel, cuando los delincuentes de cuello blanco pisen las infames cárceles mexicanas, servirán de escarmiento para los demás.

Yo creo que, al contrario, este año debe ser de poner la manzana envenenada en mano de los corruptos, para que caigan en su propia red.

Se entiende el recelo del gobierno federal, pues las organizaciones no gubernamentales no son blancas palomas. Hay excepciones, pero en su mayoría medran con los recursos públicos; y si lo duda, preguntémosle a Martita Sahagún, a Josefina Vázquez Mota, entre otras honorables mujeres que dirigen organismos de este tipo, si no usaron membretes de ONGs para el hurto y para engordar sus propias chequeras.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Hay una grave omisión en el caso de la creación de la Guardia Nacional. Bueno, son dos lagunas que no sabemos cómo van a resolverlas y, además, que amenazan con boicotear el proyecto de pacificación en el país mediante la creación de ese nuevo cuerpo de seguridad pública.
La primera parte, es que la Guardia Nacional no involucra a las policías estatales ni municipales. Esto significa que estos cuerpos de seguridad no sufrirán cambios, aunque se antojan indispensables, sobre todo ahora que el diputado local priísta, Heriberto Huicochea Vázquez, aceptó que hay 24 municipios en los que sus policías han sido desarmadas.

Si bien se les estaría obligando a certificarse, este proceso sólo garantiza que sepan portar un rifle y accionarlo, y que tengan cierta actitud de servicio, pero no puede prevenirse que los oficiales de seguridad se inmiscuyan en delitos.

Para colmo, se les deja a los estados y municipios el uso de sus presupuestos a sus anchas, con la única promesa de que “ahora sí” será vigilado el uso de estos recursos, que por años ha sido la caja chica de los gobiernos locales.

La segunda omisión en el proyecto de la Guardia Nacional son las policías comunitarias y ciudadanas, que han permeado en todo el país, siguiendo el modelo de justicia comunitaria, pero que distan mucho de parecerse siquiera a aquel intento original de la CRAC-PC de Guerrero, de organizar a los pueblos para prodigarse seguridad mediante los usos y costumbres indígenas.

Nada que ver. En Guerrero, por ejemplo, hay unos 23 grupos armados de diversa índole, pero sólo una policía comunitaria formal, la de la CRAC-PC, que está amparada en la Ley 701 de derechos y cultura indígena.

Estos grupos estarían albergando a unos 20 mil hombres armados, en diversos territorios de la entidad guerrerense, los cuales están fuera de toda regulación, más los que se vayan sumando, porque esto parece no tener fin.

Aunque se diga, en el caso de la UPOEG que dirige Bruno Plácido Valerio, que los mandan las asambleas de los pueblos, eso es mentira. En realidad, se mandan solos y el asambleísmo sólo les sirve de parapeto, pues si alguien desde dentro del sistema quiere cuestionarlos, lo atacan.

Esto es sumamente grave decíamos, a raíz de la noticia que a finales de febrero surgió en Puebla, donde un grupo de supuestos policías comunitarios tomó el control de la seguridad de un amplio territorio, prohibiendo la entrada de cualquier otra corporación, tal cual acaba de pronunciarse al CRAC-PC en su asamblea del domingo pasado, en donde sus consejeros dijeron NO a la Guardia Nacional en su territorio, como si fuera exclusivo, o como si ellos no estuvieran también supeditados a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los comunitarios de Puebla, que a todas luces están vinculados a los huachicoleros, prácticamente están declarándole la guerra al gobierno federal, ante la inminente entrada de la Guardia Nacional. Lo que viene, entonces, es algo peor de lo que nadie se imagina, y de ahí que el presidente Andrés Manuel López Obrador quería una corporación militarizada, pues no se estaría enfrentando a delincuentes comunes.

En el caso del gobierno estatal vemos muy poco interés por regular a estos grupos, pese a que se tiene la vertiente de las policías rurales, en las cuales puedan encajar. Al contrario, se les ha dejado ser y actuar a sus anchas, como sucede en Filo de Caballos, por ejemplo, donde en noviembre pasado ingresó a un grupo armado autodenominándose como policías comunitarios, los cuales desde entonces han estado provocando el desplazamiento de familias a otros lugares. Y da el caso de que estos mantienen un plantón frente al Palacio Nacional, en espera de una audiencia con el presidente de la República, pues exigen que se haga algo por su territorio, para que las familias desplazadas retornen. Ese grupo amenaza con tomar los municipios de Leonardo Bravo, Chichihualco y Chilpancingo y  hasta le dieron un ultimátum al gobernador la semana pasada.

Falta conocer cómo la Guardia Nacional trabajará con estos grupos armados, que pululan no sólo en Guerrero sino en diversos estados del país, sobre todo Michoacán.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El 4 de marzo de 1946 nacería del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como continuidad del Partido Nacional Revolucionario (PNR) que se creó en 1929, tras la gesta sangrienta gesta de la Revolución Mexicana.

Así se dio por terminada la dictadura de 30 años del liberalista Porfirio Díaz, para dar paso a una dictadura de partido que apenas hace unos 30 años comenzó a resquebrajarse, merced a los excesos de la clase política y al duro cacicazgo que llegó a crearse, en todos los niveles.

A sus 90 años, el PNR-PRI ha transitado por todos los estadíos ideológicos. De hecho, nunca tuvo una ideología definida o dura, más bien fue blando y maleable, y eso le permitió ir adaptándose a todos los cambios. Esto gracias a que tenía un esquema corporativo, en el que estaban agregados todos los sectores productivos, laborales, empresariales, que eran bases de apoyo para la estructura formal, y con quien compartían el poder.

En 1992, por ejemplo, lo que se antojaba era una de las cosas más duras de mover por el activismo campesino, Carlos Salina de Gortari pudo reformar el Artículo 27 Constitucional, para dar por concluido el reparto agrario. Y con el argumento de darle certeza a la tenencia de la tierra, se creó una comisión para el caso, la CORETT, así como se extendieron escrituras agrarias, en lugar de los certificados agrarios de antaño, que solamente le daban a un ejidatario la calidad como tal, pero que no especificaba qué tierra poseía. Con el registro del Procede (Programa de Certificación de Derechos Ejidales), se le dio a las familias campesinas plena garantía de la propiedad de sus parcelas, terminando con interminables juicios agrarios.

Pero, obviamente, esta reforma iba encaminada a desincorporar grandes cantidades de tierras ejidales, pues la calidad del ejido como tierra inembargable e imprescriptibles, se relajó y entonces ya podían venderse. Posteriormente se aceptaría la inversión extranjera en el país, incluso en zonas ejidales, y recientemente se permitió la adquisición de tierras en la franja marítima y en las franjas fronterizas.

No se puede concebir a México sin el PRI. Somos resultado de la cultura priísta, pues el PRI no era un partido, era un sistema de gobierno, que involucraba a todos, desde las organizaciones juveniles, estudiantiles, sindicales, campesinas, etcétera.

Había unos cuantos disidentes haciendo ruido, pero a estos se les mandó a callar a sangre y fuego, en lo que fue la Guerra Sucia, y posteriormente, ya con los opositores metidos a políticos y aglutinados en partidos de izquierda, se tramaron asesinatos que hasta la fecha no se han resuelto.

Es cierto que el PRI llega a sus 90 años herido de muerte. Pero los priístas saben que nada es definitivo en la historia, y que si cuidan las formas volverán a renacer. De hecho, el partido dio una dura batalla durante 40 años –desde que en 1989 se levantó la primera gubernatura panista, en Baja California, con Ernesto Ruffo Appel- para evitar su caída. Para mantenerlo tuvo que pactar con el PAN y transigir con el PRD, hasta que finalmente perdió el poder nacional en el año 2000, pero lo volvió a recuperar en 2012.

Los que decían que en 1994, tras la muerte de Colosio el PRI moriría, pues no. Ese año ganó la presidencia con Ernesto Zedillo y fue hasta el año 2000 que se consolidó el cambio –que no transición-, con el panista Vicente Fox, algo que dicen que en realidad ya estaba pactado con Carlos Salinas de Gortari desde 1988, cuando le ayudaron a sacudirse a la oposición cardenista.

Los números no le favorecen por ahora al tricolor, pero los priístas de cúpula saben que esto ayuda. La crisis les permitirá purgar a los malos elementos, a los impresentables, y resurgir como una nueva organización. Así sucedió con el PRD Guerrero, donde la crisis política que le provocó Morena permitió deshacerse de liderazgos ya muy cuestionados, como el de David Jiménez Rumbo, y quitarse de encima a gente como Sebastián de la Rosa Peláez, quien hoy insiste en que formará desde la CODUC un nuevo partido político.

Finalmente, decíamos que el PRI está hecho de un material bastante maleable. Sus liderazgos se mueven por disciplina total, y el que se mueve, no sale en la foto (Fidel Velázquez dixit). Lo que decidan, no será difícil que lo logren, porque desde la cúpula hacia abajo, todo es orden y obediencia.

La disidencia está arriba, con gente como Ulises Ruiz, los Murat y la ex gobernadora de Yucatán, pero son una minoría. Imposible, por ejemplo, que el diputado guerrerense René Juárez Cisneros, o el senador Manuel Añorve Baños jueguen en ese bando, sobre todo porque ahora cualquier purga les favorece.

Hay PRI para rato. El partido está anciano y hasta enfermo, pero muy lejos de la tumba.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

La luna de miel que el poderoso sector empresarial del país comenzó con el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene fecha de caducidad; por lo mismo, puede ser corta, o puede durar por siempre. Todo dependerá de los intereses que estén de por medio, pero también del éxito que tengan los naturales contrapesos del poder, que ya están surgiendo y son variopintos.

Desde su primera campaña en 2006, López Obrador decía “Primero los pobres”. Eso originó una cruenta guerra mediática contra él pagada por los empresarios, quienes lo expusieron como “un peligro para México”. El poderoso Consejo Mexicano de Negocios, optó por el panista Felipe Calderón, habiendo vivido sus mejores años con Vicente Fox, quien se decía era un gobierno de empresarios y para empresarios.

Así fue como los empresarios de México participaron en el ascenso de Felipe Calderón, con quien sufriría nuestro país uno de los peores retrocesos, pues su estrategia para frenar a los cárteles de la droga, por acuerdo con Estados Unidos, sembró de muertos la patria.

Claro, los pobres no fueron primero, sino los últimos. Para ellos hubo migajas, mientras que para los empresarios hubo acciones de fomento y jugosas exenciones de impuestos. México se convirtió en un paraíso para los grandes y poderosos empresarios, los pequeños, medianos y micro-negocios, vieron cómo fue desplazándose el ángel de la muerte, el destructor, no dejando ningún rincón de la muerte sin visitar.

La mortandad del gobierno calderonista creó una estrella fugaz, en la persona de Enrique Peña Nieto, un hombre guapo pero que más bien obedecía a otros innombrables, para lo cual incluso tuvo que casarse con una popular actriz de televisión.

Para entonces los empresarios ya estaban espantados de la tragedia de quien se había erigido como “El presidente del empleo”, y creyeron que dándole lugar al “Nuevo PRI” el país renacería. Porque, además, usarían a EPN para anclar las reformas estructurales que los panistas no pudieron concretar, precisamente por el PRI los boicoteó, sobre todo en el caso de la reforma energética, pues incluso el partido tricolor modificó sus estatutos para instituir la expulsión por traición a la patria a todo aquel que modificara el estatus del sector energético.

Al contrario, con EPN la mortandad continuó, hasta hacerse insoportable. Las reformas se consiguieron gracias a un pacto signado por las cúpulas de los tres principales partidos políticos, quienes para ello traicionaron a sus bases, pero todo fue otro engaño, porque aunque se les entregó a los inversionistas nacionales y extranjeros el sector energético, es hora que las inversiones no se ven por ningún lado. Tampoco tenemos gasolina barata, como se nos dijo que sucedería si más empresas participaban en el sector, porque aunque se crearon nuevas marcas distintas a Pemex, es sólo membrete, porque estamos consumiendo la misma gasolina que trae Pemex de Estados Unidos, e incluso muchas de ellas participaron en la estafa del “guachicol”.

El “gasolinazo” hizo reaccionar un poco a los empresarios del país, muchos de los cuales, para 2018 inclinaron su voto al candidato de Morena, con excepción de los que están en la cúpula, a través del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que aglutina a una minoría de adinerados y quienes desde los años 80 habían venido hincando a los presidentes de la República, hasta ahora, que se toparon con pared y vieron la conveniencia de acomodarse o renunciar a sus privilegios.

La semana pasada, las principales cámaras y sindicatos empresariales pactaron con AMLO contribuir para sacar al país de la extrema pobreza e incluso se pusieron como plazo límite el fin del sexenio lópezobradorista. Tal vez ya entendieron la mística de “primero los pobres”, porque si los 60 millones de pobres de este país no tiene dinero y carecen de oportunidades de desarrollo, entonces no habrá quien compre los productos y servicios que ellos ofrecen.

Está muy ojona para ser paloma, claro. Pero al menos ya estamos en una ruta distinta, a la de la oposición y el boicot permanente de la clase empresarial, que teniendo la posibilidad de contribuir al desarrollo nacional, pagando sus impuestos y generando empleos, no lo hacen, dejándoles esta carga a los trabajadores, que son cautivos del SAT, y a las PyME, que tras el “gasolinazo” prácticamente ya operan sin ganancias, están extremadamente endeudadas, y aun así sostienen el mayor número de empleos que este país aún oferta.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El Senado de la República está retomando, por fin, el proyecto de legalización de la amapola. Aunque con tres años de retraso como mínimo, desde que el gobernador Héctor Astudillo Flores hizo la propuesta al Congreso federal, para que la amapola fuera legalizada con fines medicinales, para surtir al mercado de la medicina en la producción de analgésicos, los senadores de todos los partidos coincidieron en señalar que ya no se puede cerrar los ojos a la realidad que está golpeando a amplias regiones del país.

Al inaugurar el foro “Regulación de la amapola: retos y perspectivas”, el senador priísta Miguel Osorio Chong, y uno de los aspirantes a dirigir el PRI, fue el que trajo el tema a colación, al que se sumó el senador por el PRD, Miguel Ángel Mancera.

“No es momento de huir y darle la espalda a temas de interés nacional, pero que su legalización debe evitar consecuencias graves, como ha ocurrido con la marihuana en Estados Unidos, donde quienes tienen la facilidad de adquirirla han subido un escalón al consumo de otras drogas más lesivas, como el fentanilo”, expuso.

Desde luego que hay riesgos, y de ahí la importancia de una legislación rigurosa, como la que hizo Canadá con la marihuana, o como Uruguay, facilitando la participación de empresas y negocios privados, tanto en la producción como en la distribución para su consumo, y sometiéndolas a una rigurosa supervisión de diversas dependencias del Estado, sobre todo la de Salud –para asegurar que los productos que se ofrecen al público consumidor sean de calidad.

Pero esto sería sólo en el caso de que la despenalización sea generalizada, porque la propuesta que hizo el gobernador Astudillo va en el sentido de que se facilite la producción de amapola con fines medicinales, para surtir un vastísimo mercado mundial para la producción de analgésimos potentes, para ayudar a los enfermos terminales a tener una calidad de vida menos crítica.

Esto, obviamente, llevaría a México a una batalla internacional por meterse en un muy reducido padrón de países productores de amapola, y además procesarla, pero que de lograrlo se abriría un filón económico muy importante para el país y para Guerrero, que de algún modo se ha convertido en la meca de la amapola del país.

Cabe decir que Guerrero no es el único estado productor de amapola, sino que lo secunda Oaxaca, y también estados del norte del país.

Para darnos una idea de lo que está en juego, el Informe 2016 México Monitoreo de Cultivos de Amapola, señala que el área mínima de cultivos en el país era hace tres años de 21 mil 500 hectáreas, fluctuando a valor medio de 24 mil 800 hectáreas y un valor alto de 28 mil 100 hectáreas.

Consideremos también que la amapola es de los llamados cultivos de ciclo productivo transitorio, que representa hasta tres cosechas potenciales al año.

El senador por MC, Dante Delgado, fue más allá al señalar que la prohibición de las drogas que se producen en México ha estado basada mucho más en criterios político-electorales, que en la realidad imperante, por lo que indicó que es tiempo que se retome este asunto sin prurito político.

Incluso la ONU la estableció criterios para el debate y análisis de regular la producción de estupefacientes, si bien todavía mantiene la exigencia de su control y erradicación. Esto porque ya parece algo generalizado en el mundo y muchos países ya se adelantaron en la apertura, para poder controlar el mercado que en este momento está en poder de grupos que se mueven al margen de la ley.

“Está más que claro que para combatir la industria de la droga, el camino no es poner más balas sobre la mesa, México es el mejor ejemplo de que la guerra contra las drogas es el fracaso más contundente y doloroso. La única salida pasa forzosamente por la legalización, protegiendo la salud pública y regulando su distribución para evitar delitos”, expuso Delgado Ranauro.

Veremos si los senadores realmente se pondrán de acuerdo en este asunto, o harán lo que sus antecesores, que prefirieron encarpetar el tema, para no perder votos en la elección presidencial, que finalmente terminaron perdiendo.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

¿El PRI va por un proceso democrático en la renovación de sus dirigencias? Así parece. Lo que se veía imposible, podría ser una realidad y eso metería al tricolor, automáticamente, en el carril de la democracia. Pero no una democracia controlada, como la que ejerce el PAN, o una democracia de grupos, como la que se hace en el PRD, donde las camarillas de poder se ponen de acuerdo entre sí y luego sus consejeros ejecutan las órdenes votando en el sentido que les dictan los jefes de las hordas.

Pero parece que los priístas ya se dieron cuenta de que si no van por una transformación radical, están condenados al fracaso. Lo mismo el PRD, que parece que aún no termina su resquebrajamiento, está obligado a meterse a un proceso de restauración y restitución que vaya de la base hacia la cúpula y no al revés.

Por supuesto que los priístas no se arriesgarán mucho, y por ahora sólo los disidentes –los que no forman parte del clan en poder del partido- piensan pedirle al Instituto Nacional Electoral (INE) que organice la elección interna para la nueva presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, algo que está programado para que tenga lugar el mismo día que el PRI cumpla nada más y nada menos que 90 años de su creación.

Esto es apenas una idea. Fue expresada durante la sesión ordinaria del Consejo Político Nacional y sería el primer acercamiento del partido tricolor con la dependencia federal.

Aún con la intervención del INE en los comicios internos, el PRI tiene la última decisión de elegir el método para seleccionar a los candidatos y después a su dirigente nacional.

Entre los aspirantes a ocupar el puesto que actualmente se ocupa Claudia Ruiz Massieu, se encuentran la ex gobernadora de Yucatán, Ivone Ortega; el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz; Alejandro Moreno, gobernador de Tabasco; Ismael Hernández; José Narro y el senador Miguel Ángel Osorio Chong.

Miembros como el ex diputado federal José Ramón Martel, insisten en que para recobrar la confianza de la militancia, lo primero que debe de garantizarse es la democracia interna. Y si bien están de acuerdo en que la unidad es algo importante, indican que tampoco debe significar unanimidad, por lo que no es necesario un consenso.

Otra cosa por la que están pugnando los disidentes es que el partido haga una especie de “mea culpa”, como en su momento lo hizo el PRD con el Caso Ayotzinapa, y dado que ya es imposible ocultar todo el entramado de corrupción que había, sugieren que la dirigencia nacional acepte los actos de corrupción que cometieron gobernadores del PRI.

Claro, eso no sería suficiente, porque tendrían que aceptar también lo que hizo el ex presidente Enrique Peña Nieto, y con ello prácticamente desmantelar al Grupo Atlacomulco y trastocar los intereses de Carlos Salinas de Gortari.

En este desenlace tan dramático, los gobernadores priístas están preocupados, y junto con la dirigente nacional, Claudia Ruiz Massieu, y otros liderazgos del PRI están negociando un acuerdo político para empujar un candidato de unidad.

Ante tanta competencia interna, Claudia Ruiz Massieu garantiza piso parejo para todos los que aspiren a este cargo. Sobre todo Ivonne Ortega y Ulises Ruiz, son los que están más reacios a aceptar un acuerdo, pues aseguran que desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI hay una estrategia para posicionar al gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, y a éste ya le llaman “AMLITO”, porque presume su cercanía con el presidente de la República, y el visto bueno del ex presidente Peña Nieto.

Cosas veredes, Sancho. El PRI llega a sus 90 años con una grave crisis de identidad, y aún atrapado entre cacicazgos tan añejos, que difícilmente podrán avanzar si, en efecto, no se meten a la trituradora de la democracia interna.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

A propósito de los censos del Bienestar que desde hace varios meses realiza el gobierno federal, usando para ello cuadrillas de los llamados “Siervos de la Nación”, conviene que en la Costa Grande se haga lo que se hará en la Costa Chica: que estos siervos sean presentados ante los Cabildos municipales, y ante la sociedad en general, para que se les identifique y se conozca sus modos de trabajar.

Todos hemos visto a estos muchachos –muchos de ellos voluntarios- que portan el chaleco guinda del gobierno federal, aplicando los censos del Bienestar, que servirán de base para orientar los programas sociales del régimen lópezobradorista.

Sin embargo, también se sabe que esos “siervos” trabajan por grupos, y que algunos responden a los jefes políticos de Morena en el estado, quienes a su vez están empeñados en ganar terreno uno al otro, de cara a la elección local y de gobernador en 2021.

Así las cosas, los grupos se han acusado mutuamente de trabajar mal y a favor de sus jefes, siguiendo criterios políticos, como sucedió en la Tierra Caliente, previo a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 8 de febrero.

A petición del presidente municipal de Ometepec, Efrén Adame Montalván, se anunció ayer que los servidores de la nación, encargados de realizar censos para implementar programas sociales, serán presentados ante los cabildos municipales de la región de la Costa Chica, para evitar cualquier sesgo político que se le pueda dar a esta actividad.

El alcalde priísta hizo esta solicitud ante el delegado de gobierno federal en el estado, Pablo Sandoval Ballesteros, quien le dio cauce a la petición y ordenó al delegado regional, que haga lo propio.

Los siervos de la nación serán presentados en los municipios costachiquenses, a partir del próximo jueves 28 de febrero, por el coordinador regional de dicho programa en la zona, Alberto Salgado, quien hará un recorrido en cada ayuntamiento.

De verdad que esto es algo que debió hacerse desde un inicio, sobre todo desde la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque se presta a confusión la forma en la que están trabajando los “siervos”, ya que algunos están siendo regenteados por ex candidatos a las presidencias municipales, y se entiende que estos –aunque estén censando parejo a todos los ciudadanos-, su sola presencia ayuda a que capitalicen políticamente ese trabajo.

Otro problema que enfrentan los “siervos”, es que les prometieron a algunos un sueldo fijo, y a otros, los voluntarios, darles apoyos durante el proceso, pero en varias regiones persiste la queja de que a seis meses de que comenzaron sus actividades, no les han cumplido.

El conflicto en Tierra Caliente surgió porque un grupo acusó al delegado federal de estar privilegiando a su grupo, mientras que a los demás les dijo que no hay dinero y que, por lo tanto, no habría pago.

Pablo Sandoval desmintió la nota, por supuesto. Alegó que se trataba de un golpeteo político en su contra. Pero eso no obsta para desmentir que, en efecto, los “siervos de la nación” son un ejército de voluntarios –asalariados o no- que bien pueden ser utilizados desde el punto de vista político-electoral.

La recomendación es que estos hombres y mujeres, jóvenes en su mayoría, sean presentados ante los Cabildos, donde están los representantes del pueblo, pero también ante la sociedad en general, para que los miembros de los diversos sectores los conozcan y sepan a qué equipo pertenecen.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

A propósito de que ya se marcó el arranque formal del programa de Fertilizante para los productores de granos básicos en Guerrero -el cual adoptó el gobierno federal como una concesión a esta entidad-, cabe decir que el coordinador del programa, Jorge Gage, ya anunció que se tiene el insumo en bodegas, para comenzar a distribuirlo en el mes de marzo, pero no se tienen todavía las reglas de operación.

Tal cual, los alcaldes fueron citados el pasado jueves a una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores y Jorge Gage, junto con el delegado federal para los programas sociales, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, para darles a conocer los lineamientos del programa.

Raro, porque se supone que los presidentes municipales ya no tienen nada que ver con el programa de Fertilizante. Ya no pondrán recursos para la compra y distribución del insumo, por lo que se espera que ahora sí hagan obras sociales en sus municipios, sin excusa ni pretextos.

Sin embargo, Jorge Gage, en lugar de convocar a comisarios y comisariados ejidales, así como a presidentes de bienes comunales, convocó a los presidentes municipales, para pedirles su apoyo en la distribución del insumo, y a fin de que éste llegue hasta los lugares más apartados.

Luego entonces, los alcaldes sí están convidados al programa, de una u otra forma, pero se está dejando fuera a los beneficiarios directos.

Esto es grave, de verdad. Jorge Gage se está comportando como un líder campesino naylon, de los muchos que hay hoy en día, como buen ex cenecista que es, y en lugar de venirse a recorrer las regiones, a conocer y a empaparse de la problemática que enfrentan el día a día los campesinos guerrerenses, prefirió hacer una reunión de besa manos en la ciudad capital, con el gobernador y los alcaldes, y hasta ahora los hombres del campo ni han oído hablar de él, pese a que era un alto líder de la Confederación Nacional Campesina, filial del PRI, desde donde avaló todas las reformas federales que afectaron el campo, como el fracking y la desincorporación de las tierras de playas y las fronterizas, entre otras muchas leyes que pasaron a encuerar al campo aún más de lo que ya estaba.

Claro, él puede reunirse cuantas veces sea necesario con quienes gobiernan esta entidad, sobre todo porque se habla de que hay una clara coordinación institucional, pero definitivamente no pueden dejar de lado a los campesinos, porque son ellos los que deben actuar como contraloría social en un programa que ha estado plagado de escándalos.

Es sumamente preocupante, por ejemplo, que los padrones no se estén purgando. La transferencia del programa al gobierno federal; o, mejor dicho, la adopción por parte del gobierno federal de este programa de fertilizante que estaba condenado a desaparecer, al no existir un techo financiero específico para ello, era la oportunidad de oro que se tenía para sanearlo y transparentarlo, luego de que soportamos 25 años de opacidad administrativa, en la que se iba mínimo la mitad del presupuesto de los ayuntamientos etiquetada para obras sociales. Y al final todo resultó peor: los pueblos y sus comunidades están con rezagos graves en materia de obras básicas, y los campesinos nunca vieron el desarrollo que les prometieron al darles miles y miles de toneladas de un solo fertilizante –si acaso dos-, cuando los suelos requieren de abonos específicos, según la zona en que se ubiquen. De paso, ellos recibían fertilizantes químicos, la mayoría de las veces de mala calidad, mientras en sus pueblos se atrasaban las obras de combate a la pobreza, como aulas educativas, casas de salud, carreteras, sistemas de agua potable y drenaje, etcétera.

Por ejemplo, la discusión previa a la nominación de Jorge Gaje, en lugar del ex secretario de Desarrollo Rural, Héctor Manuel Popoca Bone (cuando éste ya había comenzado la creación de nuevos listados de beneficiarios, dejando esa atribución en las asambleas de productores) fue en el sentido de que el recurso asignado era insuficiente, pues en lugar de los 1,200 millones que se gastaban ayuntamientos y el gobierno del estado, el gobierno federal había programado 600 millones.

Ambas cosas eran necesarias: que se purgaran los padrones para que el recurso se le entregara a los verdaderos productores; y, desde luego, que se purgara la corrupción, para reducir los costos de inversión.

De un día para otro, el delegado Pablo Sandoval Ballesteros anunció que no sería Popoca el encargado, y que se estaba nombrando a Jorge Gaje, un foráneo de Guerrero, que seguramente sabe hacer política pero nada de los procesos productivos, y menos de una entidad como Guerrero, conde se cultiva más para autoconsumo que una agricultura extensiva.

Todos los planes de sanear el programa de fertilizante se fueron por la puerta de la política. Aunque el delegado del gobierno Federal, Pablo Sandoval, afirma que los que no sean productores no recibirán el fertilizante y serán sacados de los padrones, no hay seguridad de que así sea. De algún modo, en algún momento todo se torció, y una oportunidad de oro se perdió.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya tiene la aprobación del Congreso de la Unión para instituir la Guardia Nacional, pero no como él la proyectó, sino todo lo contrario. Va esta nueva corporación de seguridad, pero con un mando civil total. De hecho, entre los requisitos que tendrán que cumplir los mandos de dirección estará el de no formar parte del Ejército y la Marina, y que todos los elementos de las Fuerzas Armadas que pasen a la Guardia Nacional, sean civiles.

La oposición en el Senado de la República impuso finalmente su criterio, y desde la noche del miércoles los líderes de las bancadas de los partidos con representación en la Cámara Alta, aglutinados en la Junta de Coordinación Política, modificaron en el escritorio la minuta que había sido aprobada en comisiones, según la cual la Guardia Nacional tendría un mando mixto.

El pasado lunes, se recordará, en comisiones se aprobó que la el mando administrativo de la Guardia Nacional fuese civil, a cargo del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y que además tuviera un mando operativo, a cargo de una junta de gobierno integrada por jefes militares, conforme ya lo habían aprobado los diputados federales.

Sin embargo, representantes del PRI, PRD, PAN, MC, Verde y otros partidos se aglutinaron en un frente para evitar lo que ellos dijeron era la “militarización de la seguridad pública en México”, esto pese a que los gobernadores de todos los partidos pedían con urgencia la aprobación de la Guardia Nacional y estaban de acuerdo en el modelo mixto propuesto por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien busca a toda costa que la Guardia  Nacional sea un instrumento útil y no la reedición de la Policía Federal Preventiva.

Recordemos que fue durante el gobierno de Ernesto Zedillo cuando se creó la Policía Federal Preventiva, con elementos de la Sedena, con atribuciones de seguridad pública federal. Vicente Fox continuó con esta misma estrategia y creó la Secretaría de Seguridad Pública, desconcentrada de la Secretaría de Gobernación, modelo que adoptó el presidente Felipe Calderón. Con este último, sin embargo, ya era evidente que la Policía Federal era insuficiente para enfrentar la multiplicación de los grupos delincuenciales, y sacó el Ejército a las calles, en un modelo mixto de operación, y posteriormente hizo lo mismo con la Marina. Al tiempo que lanzó una nueva ley de seguridad pública e instituyó con urgencia el sistema de certificación policial para corregir las deficiencias de las policías estatales y municipales.

Definitivamente el modelo de Calderón fracasó por los dos frentes, por reticencia de los gobernadores y los alcaldes. Al final de su mandato, el país terminaba con caso 200 mil muertos y 30 mil desaparecidos, y un modelo de seguridad costoso pero inoperante.

Enrique Peña Nieto, por su parte, prefirió nadar de a muertito y desmanteló la red de seguridad que ya se había creado, a través de retenes militares. Esto para dar la idea de que las calles ya eran seguras. Dos años de esta política de avestruz metió al país en un pozo aún más profundo, y los crímenes se multiplicaron.

Con estos antecedentes, AMLO decidió no entretenerse en la certificación policial, y entrar de lleno al combate de las razones de la inseguridad, creando la Guardia Nacional, con un perfil militar y dependiente directamente de la presidencia de la República.

A los estados y municipios se les dejó en paz, pero con la exigencia de que continúen a su ritmo los procesos de certificación, dejando a los gobernadores la titularidad de los grupos de coordinación.

Da el caso que esta premisa no se cumplió. La bancada de Morena en el Senado hizo lo que pudo para salvar el proyecto. Es así que con 8 modificaciones a la minuta de la Cámara de Diputados, nace la Guardia Nacional pero como un organismo civil, y aceptando únicamente una “coordinación interinstitucional” con las Fuerzas Armadas.

Según el documento aprobado, “el presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas durante cinco años, pero deberá hacerlo bajo parámetros de convencionalidad (normado, subordinado, complementario y fiscalizado) y deberá informar de sus actividades al Senado”.

Entre los controles institucionales, que el Senado analizará y aprobará, se encuentra la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y los informes anuales de la Guardia Nacional, donde se incluirá la actuación extraordinaria de las Fuerzas Armadas. También destaca el fortalecimiento de las capacidades policiales de estados y municipios, con inversión de estados y federación, así como evaluación de metas.

En materia de leyes secundarias, se establecen reformas a las leyes del Sistema Nacional de Seguridad pública, de la Guardia Nacional, a la Nacional de Uso de la Fuerza y a la Ley Nacional del Registro de Detenciones.

Respecto al fuero, se acordó no reformar el Artículo 13 Constitucional, de manera que los elementos de la Guardia Nacional estarán sujetos a la jurisdicción civil.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

En el caso de las estancias infantiles, cuya polémica continúa a nivel nacional y estatal, aunque el programa ya tiene otras reglas de operación, comienza a relucir la vena política de las manifestaciones de administradores y empleados.

Y es que no es un asunto de defensa de los niños, como antes se planteaba, haciendo ver al régimen lópezobradorista como enemigo del bienestar de la niñez pobre, cuyos padres los dejan al cuidado de terceros porque tienen que trabajar; en realidad, el asunto ahora es la defensa de los administradores de las estancias diseminadas a lo largo y ancho del país, quienes asumen que tienen el derecho de que se les subsidien sus actividades.

No han comprendido que al modificarse las reglas de operación del programa, con la entrega directa del subsidio a los padres de familia, queda desmantelada de manera automática la red que se creó en torno al programa, y que venía en cascada desde el ámbito federal hasta lo local.

El Partido Acción Nacional, por ejemplo, cada vez muestra un mayor activismo a favor de las administradoras de las estancias infantiles, y ayer anunció que interpondrá recursos de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, para obligar al gobierno federal a entregar el subsidio a las estancias, y no a los niños de manera directa.

Diputados del PAN anunciaron que promoverán un amparo colectivo indirecto, al cual se pueden agregar todos los administradores de estancias infantiles que lo deseen.

El diputado Jorge Luis Preciado presentó el formato del Amparo Colectivo Indirecto que se promoverá por todo el país, e hizo un llamado a los padres de familia así como a las trabajadoras, para que se sumen a este recurso legal que interpondrán.

“Lo que estamos haciendo como grupo parlamentario, es poner un instrumento legal al servicio de la sociedad que, en este momento, se está viendo afectada por una decisión del presidente de la República” dijo el panista y explicó que este amparo indirecto que se presentará ante un juzgado federal, podrá ser firmado por dueños de las estancias, trabajadoras y padres de familia, ya sea con un interés jurídico o legítimo.

Bueno, considero que una vez que el gobierno federal aclaró a través de la Secretaría de Bienestar, que el programa continúa, y que no se afecta a niños ni a padres de familias, sino todo lo contrario, el problema de las movilizaciones es estrictamente de las administradoras y trabajadores, que han tomado el programa como propio.

Y si bien es importante mantener los empleos, sobre todo en esta época en que escasea, sería mejor que lo plantearan como tal, y no como que es algo que se les debe dar por la fuerza.

El PAN, en lugar de estar buscando pleito, podría ayudar con una contrapropuesta, para que el programa sea vinculatorio; es decir, que no se le entregue el dinero de guardería para niños a los padres de familia, de manera incondicional, sino que se les obligue de veras a contratar el servicio; porque de otro modo, se estaría echando dinero público a un barril sin fondo y eso no es lo que queremos.

Si esto se logra, entonces las estancias infantiles pueden erigirse por su cuenta como empresas particulares, registrarse, cumplir con requisitos básicos para operar, pagar impuestos y profesionalizar y capacitar a su personal.

Digo, esto ayudaría mucho más a los administradores y los empleados que un pleito estéril que no va a llevarlos a  ningún lado, porque el derecho de los niños está amparado, y nada obliga al presidente de la República a amparar también a los encargados de las estancias. Hay prioridades.

Desafortunadamente, cuando los asuntos se politizan, salen a relucir los tiburones que quieren llevar agua a su estanque.

Ya está autorizado el programa, recordemos. Nunca fue la intención del gobierno federal eliminarlo, pero sí le asiste el derecho de corregir los errores. Están protegidos los niños, y sobre todo los menores discapacitados, los que están en extrema pobreza y los de zonas indígenas; luego entonces, no queda nada que alegar. Conviene, por lo tanto, que los representantes de la oposición sean realmente propositivos, si pretenden ayudar a administradores y trabajadores.

Es obvio que al gobierno federal no le importa el desmantelamiento de las estancias infantiles, sino que es precisamente eso lo que pretende, que ya no vivan del erario público, ni lo desvíen, ni se favorezcan unos con otros. Adaptarse a los nuevos tiempos es lo de hoy.