Categoría: S.O.S Costa Grande

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El PRI a nivel nacional acaba de darle un vuelco a su estrategia de renovación. Mejor dicho, acaba de cancelarla y lo que están promoviendo es la “unidad”, pase lo que pase.

Lo que comenzó como algo justo y necesario, y algo que las bases estaban demandando, ya no es posible. Arriesgarse a una purga en el marco del blanqueo de dinero por robo de combustible desde las entrañas mismas de Pemex, los dejaría tan diezmados, que difícilmente podrían llenar la membresía.

Sin embargo, seguimos pensando que la única opción que le queda al PRI es deslindarse de los ladrones y saqueadores. De los corruptos. De la mafia del poder, como la llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su campaña, y que finalmente resultó que era verdad, que esa mafia existía, y que no sólo se amafiaron políticos y empresarios para dividirse el poder en el país, sino para, literalmente, saquearlo, para apoderarse de los recursos nacionales y servir de monigotes a intereses extranjeros.

Para el pueblo, nada, sólo el hambre, la miseria, la muerte y la migración.

Es tan terrible todo esto, que una calificadora internacional que se encarga de catalogar la competitividad de las empresas, redujo al mínimo la posibilidad de Pemex de hacer negocios, justo ahora en que el presidente de la República está limpiando la casa. Por eso AMLO los llamó “hipócritas”, pues a sabiendas de que la reforma energética fue un vil fraude –ninguno de los contratos de inversión solicitados por empresarios extranjeros se ha concretado en el país, y por eso tanta hambre y falta de oportunidades-, y pese a que estaban enterados del vil saqueo de hidrocarburos en México, aun así los organismos internacionales toleraron esas prácticas y mantuvieron a Pemex como empresa solvente para hacer negocios dentro y fuera del país, cuando realmente estaba siendo desmantelada.

En este contexto, el PRI se ha ido plegando a los nuevos tiempos e incluso en el asunto de la Guardia Nacional se tornó aliado de Morena, el partido lópezobradorista.

Pero, por otro lado, el PRI está pasmado ante la exposición de abusos y corrupción. Les descubrieron el pastel y no saben qué hacer. Este problema también lo tiene el PAN. Simplemente jamás podrán justificar el tamaño de la corrupción que fueron capaces de crear y de tolerar, mientras el pueblo se empobrecía, al grado de que si al final del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en 1994, México sumaba 20 millones de pobres, para 2018, al término del gobierno de Enrique Peña Nieto, esa cifra había crecido 3 veces, hasta 60 millones de personas empobrecidas al máximo, con millones de jóvenes sin opciones de empleo, y con un sector empresarial también empequeñecido por el bajo consumo y la multiplicación de impuestos, así como el encarecimiento de insumos como gasolina, luz, teléfono y gas.

Pero si pensábamos que lo que sucedió en los estados, donde los gobernadores se cebaron sobre el dinero público, era lo más grave, pues nos equivocamos; había algo más, y esto se daba en el seno mismo del gobierno de la República. Por eso nunca se actuó realmente en contra de la corrupción de gobernadores, pese a escándalos tan graves como el de Javier Duarte, gobernador de Veracruz, que llegó al grado de inyectar agua a niños con cáncer, para robarse el recurso destinado a ese programa de Salud. Es decir, que  la corrupción llegó a tal nivel, que el gobierno federal y los gobiernos estatales incurrieron en casos graves de violaciones a los derechos humanos, que son también crímenes de lesa humanidad, pues dejar morir a niños enfermos de cáncer no puede catalogarse de otra manera.

Pero en el marco del huachicolazo, el partido ha sido incapaz de expulsar a los sátrapas, como el jefe del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, que se dio el lujo de ampararse en cuanto comenzaron las investigaciones. Sin embargo, nada de lo que sucede en Pemex hubiera sido posible sin el visto bueno de Romero Deschamps, el hombre fuerte de por lo menos 5 sexenios, y quien el PRI siempre aseguró una poltrona sea en el Senado, sea en la Cámara de Diputados.

Ayer, por fin, el ex gobernador René Juárez Cisneros, llamó desde la Cámara de Diputados a la unidad del país, y a evitar que la nación se divida entre buenos y malos. Refrendó que PRI está a favor de la lucha que está dando el presidente de la República contra el robo de combustible. “Nos parece que es una determinación correcta, atacar un mal que nos ha dañado y nos afecta como nación. No importa que no coincidamos en la forma o en el cómo, me parece que la decisión es correcta”, agregó el efímero presidente nacional del PRI. Pero la de René Juárez es una voz aislada. No representa en realidad la postura de su partido. Al contrario, el PRI le está apostando a la amnesia social, y a que el gobierno federal asuma solo las consecuencias de esta guerra que puede resultar fatal, pues el presidente López Obrador no está exento de un atentado, dada la magnitud de los intereses económicos y políticos que está tocando. El PRI puede cambiar su historia ante los electores del país, llevando su discurso a la práctica. La purga es urgente.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Resulta imposible no revisar lo que está sucediendo con el programa de Fertilizante, que a partir de este año pasa a ser de jurisdicción nacional. Primero, porque el gobierno federal, léase Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), determinó en diciembre pasado nominar a Héctor Manuel Popoca Boone para conducir este programa, y consumar su traspaso del estado a la federación, lo cual pasa forzosamente por la revisión de los padrones y el saneamiento de la corrupción que es inherente desde los inicios a este programa, que comenzó como un incentivo estatal para los productores, pero que durante el gobierno de René Júarez Cisneros, precisamente con Popoca Boone como secretario de Desarrollo Rural en Guerrero, le fue transferido de manera arbitraria a los ayuntamientos, pese a que estos no reciben una partida específica para ese asunto, razón por lo cual comenzaron a echar mano de los dineros del Ramo 33, que viene etiquetado por la Federación para obras sociales.

Hemos dicho que nadie fue capaz de revertir esta arbitrariedad. Al contrario, cada gobernador a partir de entonces dejó hacer y dejó pasar, condenando a los municipios y sus comunidades a un terrible rezago en su desarrollo.

Poco a poco, sin embargo, se fue cerrando la pinza. A la llegada del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Sedesol revisó los tremendos rezagos en materia de desarrollo humano en Guerrero, y llegó a la conclusión de que esto se debía a que los recursos del Ramo 33 se estaban desviando. La titular de la dependencia, Rosario Robles Berlanga, intentó por todos los medios prohibir el uso de esos dineros para la compra de fertilizante, pero la presión política del gobierno estatal, con Ángel Aguirre Rivero como gobernador, así como los presidentes municipales y partidos de la entidad, impidió el cambio.

Finalmente, en 2017, cuando el gobierno de Peña Nieto hizo una revisión de los programas sociales y de desarrollo, y eliminó muchos de ellos, algunos por ser innecesarios, otros por no haber dado resultados y otros más porque duplicaban el esfuerzo de diversas secretarías. Así fue que se eliminó el programa “Huerto Familiares” de la Sedesol, el cual utilizaban los presidentes municipales para justificar el desvío de recursos del Ramo 33 a la compra del fertilizante.

Con la llegada de AMLO, el gobernador logró que el presidente de la República centralizara el programa, y para este año se etiquetaron 650 millones de pesos (de los 1,200 que en realidad gastaban estados y municipios). Eso fue el acabose, porque por todos lados hubo presión para que se incrementara la cantidad etiquetada por los diputados federales, y el problema lo enfrentó Popoca Boone, a quien responsabilizaban de la caída de la inversión. Él explicó en su momento que los alcaldes compraban el fertilizante con un sobreprecio de 40 por ciento. En realidad eso fue lo último que declaró, antes de saberse que había sido quitado del programa.

Con el nombramiento que le fue otorgado 28 de diciembre de 2018, vía oficio (el cual fue expedido por la oficina del secretario del ramo y firmado por el mismo titular de la dependencia, el doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula), Popoca Boone comenzó a moverse, con el objetivo de consolidar la transferencia de este programa a la federación, y de inmediato anunció la revisión de los padrones, algo que siempre se ha prometido pero que nunca se ha hecho en realidad.

Anunció Popoca Boone que el programa sería de distribución directa a los campesinos, sin la intervención del gobierno estatal ni de los presidentes municipales, y que las compras de los insumos se harían a través de dos empresas federales que se crearían para ello. Además, comenzó a realizar asambleas comunitarias y ejidales en la Tierra Caliente, región a donde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acudirá el 8 de febrero para marcar el arranque de este programa.

Pero el nombramiento de Popoca Boone fue impugnado por organizaciones afines a Morena –incluso connotados experredistas revestidos ahora de morenistas- así como por agrupaciones agrícolas ligadas al PRI. Le escupían en la cara sus antecedentes como servidor público y figura política, ligado al renejuarismo.

Bueno, ese prurito de morenistas y la presión de los priístas, por fin hizo agua. Lograron su objetivo, pues removieron a Popoca Boone para nombrar a un fuereño priísta al frente del programa de fertilizante. Se trata de Jorge Gage Francois, excoordinador de Ramas de Producción y Negocios de la Confederación Nacional Campesina (CNC), una organización de productores agrícolas ligada al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Pero esto no es lo más grave, sino el cambio de estrategia. De antemano se cancela la revisión del padrón y la construcción de uno nuevo. Se suprimen las asambleas comunitarias, que estaban siendo avaladas por la SADER, y se anuncia que para el reparto se utilizará el padrón que ya tiene la Sagadegro, cuyo titular es Juan José Castro Justo, así como el padrón del programa Procampo, ahora conocido como ProAgro.

Evidentemente hubo mano negra para revertir todo el proceso que ya había encaminado Popoca Boone, con base en las nuevas reglas del programa.

¿Así o se los envuelvo?

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El PRD está en pleno proceso de renovación. Antes debe pasar por una dirección colegiada, que viene a sustituir a la actual dirigencia estatal, que opera bajo el modelo de un Comité Ejecutivo, rodeado de un secretariado y como órgano legislativo el Consejo Político Estatal.

Recordaremos que el año pasado, en su consejo nacional, el PRD determinó, entre otras cosas, modificar sus estatutos para comenzar su proceso de renovación y modernización, anulando de entrada a las tribus que desde su nacimiento en 1990 han venido dándole vida al partido, pero que en los últimos tiempos resultan ser inoperantes, pues al contrario, en lugar de permitir el crecimiento del partido lo han cooptado, arrebatándose unos con otros los cargos de elección popular, traicionándose y pactando con partidos enemigos cuando así conviene a sus intereses.

El PRD de Guerrero, por cierto, parece que no está dispuesto a seguir al ritmo que está marcando el partido a nivel nacional. Por ejemplo, la dirección colegiada debe ser integrada por 5 personas, pero en Guerrero quieren ampliar esa membresía para dar cabida a todos los liderazgos que en este momento, obviamente, son cabezas de tribus o corrientes.

Nadie quiere quedar fuera del órgano de dirección porque será la única manera de mantenerse vigentes. Los líderes saben que en este proceso se juegan el todo por el todo, y que el que tenga más saliva, comerá más pinole.

La verdad es que no sabemos qué sucederá con este partido. Al no estar capacitados para operar fuera de los grupos de poder –algo que también le sucede al PRI y al PAN-, y luego de tantos años de manejarse a través de grupos políticos, que en esencia representan grupos de poder, los perredistas parecen ahora chivos en cristalería.

Ellos siempre presumieron de ser un partido democrático, donde las tribus podían discrepar y pelear en público, al grado de que parecían enemigos acérrimos, pero siempre terminaban reconciliándose en aras de la unidad del partido, decían.

Sin embargo, algo se rompió en la elección de 2018 que no sólo los confrontó, sino que terminó por fraccionarlos al grado de que los liderazgos más visibles del perredismo tradicional están fuera. Unos, como Sebastián de la Rosa Peláez, se quedó huérfano, y aunque dijo que haría de su organización un partido político nuevo, la eliminación de las prerrogativas para organizaciones sociales en el presupuesto federal los dejó encuerados, de modo que ahora trasciende que se sumarán al Panal.

Es el caso también de David Jiménez Rumbo, líder del otrora poderoso Grupo Guerrero, herencia del finado Armando Chavarría Barrera, quien no pudo superar la intromisión del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, el cual terminó pactando la candidatura de Acapulco para un externo. David entonces se fue a apoyar al candidato del PRI, y hoy lo más probable es que se sume a este partido.

Otro gran sector del PRD se sumó a Morena, algunos directamente, pero otros a través del Grupo ProAMLO, que dirigió Félix Salgado Macedonio.

Para no dejar, a muchos otros los absorbió el Partido del Trabajo (PT), y para lo cual fue necesario que este partido reventara su alianza con Morena, alegando que no le estaban dando espacios. Lo cierto es que el líder petista, Victoriano Wences Real, jugó chueco en la pasada elección, a cambio de una curul para su mujer en el Congreso local y de la candidatura a la presidencia municipal de Tlapa para él, espacio que por cierto perdió.

El PT fue refugio para muchos perredistas que pretendían candidaturas en municipios y distritos, pero que no pudieron alcanzar por diferentes factores, sobre todo por la equidad de género a que están obligados los partidos, pues tienen que postular al mismo número de mujeres que de hombres.

Volviendo al tema del PRD en Guerrero, su dilema no será fácil de resolver, pues a menos que busquen a los que migraron, no vemos por dónde puedan recomponer sus debilitadas fuerzas.

Ciertamente consiguieron muchas presidencias municipales, pero salvo la de Chilpancingo, ninguna otra es de nivel, y más bien perdieron la perla de su corona, que era Acapulco.

El juego que jugaron en la pasada elección, además fue perverso. A nivel nacional se aliaron con el PAN y el MC, en un proyecto político suicida. Y a nivel local, pese al clamor de las bases para que se aliaran a Morena, decidieron mantenerse en alianza con panistas y emecistas –incluyendo la jugada maestra del PT. Parecía que estaban dando el paso de la muerte, pero obviamente siguieron la lógica de perder para ganar. ¿Cómo? Sí. Era necesario purgar al partido. Y en esa apuesta alguien ganó y mucho.

Hoy buscan una dirección colegiada. Y entre las propuestas a integrarlo se encuentra el exalcalde de Zumpango y excoordinador de los ediles del PRD en la entidad, Pablo Higuera Fuentes; la excandidata al Senado, Beatriz Mojica Morga; el exsecretario de Salud en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, Lázaro Mazón Alonzo, así como el exdiputado local en la 60 Legislatura, Amador Campos Aburto. Veremos de qué cuero sale más correa, y qué grupos logran sobrevivir a esta era de cambios.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Al menos los guerrerenses podemos descansar sabiendo que los perredistas no boicotearán el proyecto de la creación de la Guardia Nacional, como lo hicieron sus correligionarios a nivel nacional.

Ayer, diputados y líderes del partido se reunieron en Chilpancingo para anunciar que le darán un voto a favor a la Guardia Nacional. Y aclararon que aunque priorizan que ésta tenga un mando civil, tampoco se andarán con remilgos y votarán conforme a las necesidades que se tienen en la entidad en materia de seguridad pública, sin politizar el problema, como sucedió en San Lázaro, donde el PRD y el PAN votaron en contra o se abstuvieron.

Recordemos que sólo cuatro diputados federales perredistas votaron a favor de la Guardia Nacional, entre ellos el que representa el Distrito 6 de la Montaña baja de Guerrero, Raymundo García Gutiérrez, pero se toparon con la guillotina en su partido, que los quiere expulsar por haberse salido del guion dictado a la bancada perredista desde la dirigencia nacional, algo impropio tanto para el partido –que nada tiene que hacer dictando línea-, como para los diputados, que se supone son representantes populares y se deben al pueblo, no a sus líderes.

Los perredistas se quedaron acostumbrados al son que les tocó Enrique Peña Nieto, cuando se integraron al Pacto por México, el cual consistió en que su dirigente nacional –en ese tiempo Jesús Zambrano, el Chucho menor-, tomaba acuerdos con sus homólogos del PRI y del PAN, con relación a las reformas estructurales, cediendo y concediendo, y enseguida aleccionaban cada uno a sus diputados para que votaran en consecuencia.

Aquel nefasto plan fue peor que un golpe de Estado, pues prácticamente inutilizaron al Congreso de la Unión, a través de venderse al mejor postor como líderes partidistas. Y en el caso de los diputados, incurrieron en una gravísima traición a sus representados, pues en lugar de velar por los derechos de estos, escucharon a sus corruptos dirigentes.

Esta vez parece que no sucederá así. Y más les vale a los perredistas de Guerrero deslindarse de la mafia nacional de su partido, actualmente en proceso de renovarse para no morir, porque aquí la iguana masca del otro lado.

No votar a favor de la Guardia Nacional, proyecto que el mismo gobernador Héctor Astudillo Flores ha dicho que es de extrema urgencia, será como condenar a Guerrero a una eterna guerra desigual entre la sociedad desprotegida y desarmada y los grupos delincuenciales.

En realidad, es tan grave el problema para los guerrerenses, que ya no la queremos con chongo. Como dijo la muerte cuando vino por uno que para no ser encontrado se rapó la cabeza: “Aunque sea este pelón me llevo”. Y se lo llevó.

El hecho de que los diputados, que durante 13 años han venido siendo testigos de la extrema violencia que se padece en cada una de las regiones de Guerrero –al grado de que incluso la clase política ha sufrido graves consecuencias-, se tomen libertades que van más allá de su papel como legisladores, debe terminar ya.

Nunca como ahora se antoja importante redefinir al papel de los legisladores, y obligarlos a sujetarse al mandato constitucional que rige su quehacer, so riesgo de fincarles un juicio político.

Estamos mal cuando nadie hace lo que le corresponde ahí arriba, condenándonos a los de a pie a seguir en las mismas, mientras ellos ejecutan sus vendettas políticas.

Lo declarado ayer por el líder de la bancada perredista, Celestino Cesáreo Guzmán, da un respiro a Guerrero, pues la Guardia Nacional, una vez que se vote en el Senado, y por tratarse de una reforma constitucional, tendrá que tender el voto de la mayoría de los congresos estatales.

Por lo menos Guerrero no figurará en la historia como la entidad con más muertos, pero también como la que se opuso a un nuevo modelo de seguridad pública, gracias a la mediocridad de sus diputados.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Conforme avanza el nuevo gobierno, se van perfilando los principales programas sociales, que son los que impactarán positivamente a gruesas capas de la sociedad mexicana que están en pobreza extrema.

Pero no son estos programas los que nos han de venir a garantizar el crecimiento y desarrollo proyectado, que según estimaciones internacionales no pasará del 2 por ciento e incluso menos, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que podría llegar al 4 por ciento, algo histórico desde el cambio de gobierno –pero no de régimen- en el año 2000.

De lograrlo este año, AMLO podrá cantar victoria. Habrá revertido la tendencia empobrecedora de la política económica nacional, para conjugar desarrollo con bienestar social y un reparto más equitativo de la riqueza.

Los programas sociales son únicamente un muro de contención para evitar que los sectores vulnerables se desbarranquen, y arrastren al resto del país, que también lucha por sobrevivir. Para ello es fundamental que se mejoren los sistemas de educación y salud, que están prácticamente desmantelados en todos los estados, y Guerrero no es la excepción. Podemos asegurar que hoy en día la gente está muriendo sin esperanza ni atención médica, pues los centros de salud carecen de todo, y los hospitales generales también. No tenemos hospitales de especialidades, y hasta los centros hospitalarios que viven de las cuotas de patrones y trabajadores están para llorar, pues también han sido saqueados. Incluso el sistema de salud militar está tan podrido, que lo que antes parecía un privilegio, se ha convertido en más de lo mismo.

Ahora que están de moda las noticias del Huachicolazo, resulta escalofriante pensar que pudo haber ganado la elección el candidato del PRI o el PAN. Tendríamos más de lo mismo y peor, y jamás habríamos enfrentado siquiera la posibilidad de que el entramado de corrupción que está evidenciando el presidente de la República, fuese desmantelado.

A pesar de la crisis económica que se vivió durante todo 2018, y de la crítica cuesta de enero en este 2019, hay optimismo precisamente porque los criterios cambiaron y es cuestión de tiempo para ver sus beneficios.

En materia económica, empresarios, comerciantes, prestadores de servicios y productores en general le están apostando a los programas de inversión en el sector productivo, que permitirán mantener a flote la producción de bienes y servicios, y levantar al país. Esto incluye infraestructura, créditos e inversión directa, así como programas de incentivos.

El sector primario, que es donde se incluye a los productores de alimentos para la nación, también sufrirá cambios y aunque se ha dicho que se le invertirán menos recursos este año, con relación a 2019, los diputados explicaron que solamente se les redujeron los “moches” que se programaban cada año para las organizaciones sociales, que estaban acostumbradas a que se les diera una mordida del gran pastel, aunque al campo llegaran migajas, para alimentar a sus clientelas políticas, en lo que parecía un acuerdo interpartidista inapelable a la hora de votar el presupuesto de egresos federal.

Por eso veíamos a la CNC y otras organizaciones de productores, repartiendo paquetes tecnológicos y apoyos diversos a sus agremiados, de donde salían los votos para que los líderes se convirtieran en presidentes municipales y diputados locales o federales.

Con este esquema, entonces la vida política representaba para nosotros los mexicanos una carga extraordinaria, pues por un lado los partidos políticos recibían toneladas de dinero, mientras que las organizaciones sociales que son su columna vertebral, también pedían su parte.

Los criterios ahora cambian y la inversión que se haga, sea cual sea el monto, excluye no sólo a las organizaciones sociales, que en los hechos son eminentemente políticas. Por eso resulta significativo ver ahora al líder de la CNC, Edel Chona Ramírez, ex candidato a diputado federal por el PRI, advertir que no permitirán que los recursos del campo se politicen; es decir, que se entreguen con criterios partidistas. Pero lo cierto es que esta nueva postura de oposición y crítica, se debe a que les quitaron su parte en el reparto, y lo que les queda es lo que siempre debieron haber hecho: dedicarse a hacer producir el campo, no a sus partidos. Producir alimentos, no votos. Y, sobre todo, a vigilar que en efecto, los recursos no se repartan bajo criterios electoreros.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Inmersos en la tragedia de Tlahuelilpan, que ayer sumaba 100 muertos, quizá ha pasado desapercibido para nosotros los mexicanos que estamos al borde de un conflicto armado en el continente americano, que indudablemente repercutirá en todos los países del hemisferio occidental, sobre todo en Latinoamérica.

De hecho, la posición de México frente al conflicto interno de Venezuela comienza a arrancar críticas, tanto dentro como fuera del país, y sobre todo de los mismos venezolanos, quienes tienen años pidiendo por la intervención externa para aliviar lo que ellos consideran es una dictadura que comenzó con Hugo Chávez y continuó con Nicolás Maduro, quien hace unas semanas se hizo reelegir en el cargo, desatando una reacción en cadena internacional.

Primero, el Grupo de Lima (organismo que se fundó en 2017 en la capital de Perú, para tratar la crisis venezolana), desconoció el triunfo de Maduro. Y el pasado miércoles el presidente del Congreso de ese país, Juan Guaidó, se declaró como presidente “encargado” de la nación, mientras se convoca a nuevos comicios.

Esto era lo que esperaban países como Estados Unidos y Canadá, que de hecho, tienen años imponiendo y recrudeciendo un bloqueo económico y comercial en contra de Venezuela desde la época de Chávez, por considerar que es un país no alineado con su política exterior, acusándolo de violación a los derechos humanos y de conculcar los principios de la democracia, algo que el país vecino se ha negado a declarar contra México, pese a las masacres, al latrocinio institucional y a la corrupción política imperante.

El bloqueo comercial exterior provocó, en parte, una tremenda crisis política, económica y de derechos humanos en Venezuela, al grado de que la gente vive en hambruna, mientras que otros han decidido salir a los países vecinos.

La solución es la salida de Maduro, pero éste se resiste a dejar el cargo, y está acusando a Donald Trump de fraguar un golpe de Estado. Lo que es cierto, es que desde el año pasado Trump pidió a las Naciones Unidas permiso para intervenir en Venezuela, y hacer lo que hicieron en diciembre de 1989 con el presidente de Panamá, el General Manuel Antonio Noriega, a quien acusaron por narcotráfico, pero para disfrazar un conflicto por el control del canal interoceánico de ese país, dado que estaban por vencer los acuerdos que le daban a Estados Unidos la facultad de operar el canal a su antojo, sin que eso se refleje en la economía panameña, que sigue siendo una de las más pobres de América Latina.

En cuanto Guaidó se proclamó presidente “encargado”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo reconoció como tal y ofreció todo el apoyo de su gobierno para sostener la oposición contra Maduro.

Lo mismo hicieron los países miembros del Grupo Lima (GL), con excepción de México, pues si bien este país se integró al organismo en 2017 -que entre otras cosas exige la liberación de los presos políticos, elecciones libres, ofrece ayuda humanitaria y critica la ruptura del orden institucional en el país sudamericano-, con la llegada de AMLO al poder el reciente documento para desconocer el triunfo de Maduro y aislarlo aún más, a fin de obligarlo a firmar una salida negociada a la crisis, ya no lo firmó nuestro país.

Y esto, en lugar de colocar a México en un plano neutral, partiendo de la política de “no intervención” que había distinguido a nuestro país antes del año 2000, como pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo está exponiendo a todo tipo de críticas, al grado de que los venezolanos opositores están catalogando a AMLO como a Maduro y advierten que dentro de poco estaremos igual que ellos.

Y es que aunque con Enrique Peña Nieto México trabajó para convencer a otros países de que abandonaran el apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, a su llegada el 1 de diciembre pasado, López Obrador retomó la política exterior de no intervención (conocida como “Doctrina Estrada”), y de hecho invitó a Maduro a su toma de protesta, si bien hicieron maniobras para que éste llegara tarde a la ceremonia y se fuera antes alegando compromisos inaplazables, de modo que no asistió a la comida en Palacio Nacional y no se cruzó con otros mandatarios, mucho menos con la hija de Donald Trump y el secretario de Estado del gobierno estadounidense.

Hoy, mientras todos los países del GL desconocen a Maduro como presidente de Venezuela, México lo reconoce como tal.

Washington ya sabía que el triunfo de AMLO en México limitaría su estrategia para cercar a Maduro. Y México no necesariamente apoya a Maduro, pero tampoco pondrá presión sobre él, ni denunciará los abusos y violaciones de los derechos humanos de su régimen. Entonces, esto da oxígeno a Maduro, que en su toma de posesión para un nuevo mandato gritó “¡Viva México!”

Lo bueno de todo es que cuando la crisis se agrave, México será el único país capaz de mediar entre las fuerzas políticas venezolanas, por su neutralidad. Bueno, esperemos que así sea, y que no prosperen las críticas de panistas y priístas, que acusan a AMLO de ser padrino de Maduro.

También esperemos que Washington le dé la lectura correcta a la posición del gobierno de AMLO, y no la tome contra nosotros.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Ahora que el gobernador de Guerrero está en España, promoviendo a la entidad como destino turístico ideal para los europeos, y en general de otros continentes participantes en la Fitur, vale la pena preguntarse por qué siempre se suman a ese contingente personajes del mundo de la política que poco o nada tienen que ver con la promoción turística.

En estricto sentido, se trata de una actividad ejecutiva. Luego entonces, ¿por qué vemos diputados acompañando al gobernador en España? Podrán decir que sus actividades están relacionadas con el turismo, como es el caso de la diputada Guadalupe González Suástegui, presidenta de la Comisión de turismo en el Congreso local, y el secretario del mismo organismo, Zeferino Gómez Valdovinos.

Hasta ahí todo bien. Parece que se trata de lo mismo y que es necesario que estos legisladores acudieran a acompañar al mandatario estatal a la Fitur 2019.

Pero un análisis riguroso muestra que los diputados nada tienen que hacer ahí, salvo turistear y, obvio, con recursos del pueblo de Guerrero. Porque los diputados se llenan la boca diciendo que sus actividades son estrictamente legislativas, sobre todo ahora en que enfrentan una obligada reducción de sus sueldos y prestaciones, lo cual les impide ser generosos como antes, en que la gente los buscaba por que se decían “gestores” de obras, programas y servicios.

Lo que esperamos de los diputados en materia turística es que se legisle para, por ejemplo, obligar al gobierno a que sea más equitativo en la distribución del recurso del sector, pues el dinero casi siempre se concentra en el triángulo dorado, dejando a municipios con vocación turística fuera de todos los programas de desarrollo.

Mínimo lo que deben es exhortar al gobierno de todos los niveles, para que se atienda la actividad turística en todas sus modalidades, y se dote a todos los destinos de playa de instrumentos de desarrollo, partiendo de la planificación. Porque es un hecho que fuera de Acapulco y Zihuatanejo, que han tenido cierta planificación en su desarrollo –pero insuficiente-, el resto de los centros de recreo están creciendo de manera arbitraria, invadiendo la Zona Federal Marítimo Terrestre, sin siquiera trazo de calles, mucho menos una adecuada dotación de servicios básicos.

Es terrible ir a visitar lugares paradisiacos abiertos al turismo por los mismos lugareños, pero cuyos desechos van a dar a lagunas y manglares. Los palaperos tiran sus desechos sólidos a la intemperie, y los lugares están contaminados de basura.

Conviene también que los diputados obliguen a los ayuntamientos a dotar mínimo de recolección de basura a los centros turísticos, donde es común la quema de basura, o bien la tiran donde pueden, siempre a bordo de carreteras.

Todo esto es competencia de los legisladores, más que el glamour y los paseos. Al contrario, es su tarea pedir cuentas al titular de Turismo, para que una vez que concluya la Fitur, informe de los logros y avances.

Además, su tarea es incidir desde el presupuesto de egresos anual, en el desarrollo turístico, a partir de etiquetar más recursos al sector, pero no sólo eso, sino que también se debe cuidar su distribución.

Los ayuntamientos, por ejemplo, salvo los que tienen buenos ingresos propios como Acapulco y Zihuatanejo, carecen de un presupuesto específico para los sectores productivos, incluido el turismo, pues sólo se les dota de dinero para tres ramos: obras, seguridad y gasto corriente. Y entonces andan sacando del gasto corriente los apoyos mínimos que otorgan al turismo, pues ni siquiera cuentan con un cuerpo de salvavidas, mucho menos tienen dinero para promover sus bellezas naturales y sus actividades turísticas en general. O bien para capacitar a los prestadores de servicios profesionales, mucho menos para construir obras de alto impacto.

Insistimos que al sector turístico en Guerrero le hace falta una clara planificación, para saber dónde va qué cosa, pues se trata de intervenir en ecosistemas muy vulnerables, y otros vitales para la vida, como los manglares, que vienen siendo como los riñones del planeta. Sin ellos, las inundaciones de las costas son inevitables.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó ayer una gira por la “Ruta del Huachicol”, donde anunció un plan de rescate económico para esa zona. “Ya no habrá excusa ni necesidad de huachicoleo”, les dijo en torno paternal, no acusatorio.

En el marco de una serie de críticas de opositores a su gobierno, que han venido resistiéndose a la estrategia “antihuachicol”, y que le están endilgando la tragedia de Tlahuelilpan, presentándola como un saldo negativo de su corta gestión, AMLO decidió ir personalmente a la región donde más fugas clandestinas existen en los poliductos de Pemex, para hacer una diferencia entre los que se robaban desde dentro de la empresa lo equivalente a 1,200 pipas diariamente, y los que llenan sus garrafones acopiando el combustible directamente de las fugas provocadas en los ductos de la paraestatal.

Cierto que muchos deseábamos que el gobierno federal se fuera a la yugular de los que incitaron el robo de combustible en Tlahuelilpan y otros pueblos, en medio de la indignación por las víctimas del estallido del ducto, registrado el pasado viernes 18 de enero.

Pero muy a su estilo, el presidente de la República expuso: “Estoy hablando de la gente humilde, porque los que se meten en este comercio negro no llenan recipientes de 20 litros, llenan pipas; porque hay que diferencias, ahora ya no va a ser necesario llenar el recipiente de 20 litros o ir a una toma clandestina a correr peligro; por eso no queremos ya esa actividad”.

Ahí tienen los que querían ver a AMLO castigando al pueblo, mientras los huachicoleros de cuello blanco se escapan del brazo largo de la justicia.

En lo personal estoy en desacuerdo con el presidente, desde que estaba en campaña, cuando decía que el pueblo de México era “sabio y bueno”. Pero eso no fue lo que vimos el pasado viernes ni a lo largo de esta negra historia del huachicol, sino a un pueblo perverso y ladrón, totalmente réprobo, que ni siquiera se detuvo ante soldados y policías armados. Ese pueblo es la entraña de traficantes de drogas, tratantes de blancas, asesinos, secuestradores, descuartizadores y toda la caterva de mafiosos que han infestado al país.

En lo corto vemos cómo los padres que deberían estar avergonzados porque sus hijos están afuera matando gente y asolando al pueblo, se ufanan de ello, se enorgullecen y más cuando sus retoños les arriman harto dinero mal habido.

Por lo tanto, no podemos negar que el pueblo no es bueno por sí mismo, y que ya está de tal modo corrompido también, que desde hace mucho tiempo a lo malo comenzamos a llamarle bueno, y a lo bueno malo. De ahí el éxito de los narco-corridos, por ejemplo, o el surgimiento de mitos religiosos como Malverde, la santa muerte y ahora también el Santo Niño Hachicolero.

Este pueblo bueno y sabio es capaz incluso de inventarse un santo para adorarlo, ante el azoro de la iglesia católica.

Hay en el fondo un doble discurso, tanto de parte del gobierno como de parte del pueblo. Es como si estuviéramos jugando al gato y al ratón: un pueblo bueno y sabio, maltratado por un gobierno corrupto, despótico y nepótico. Una historia de buenos y malos. ¡Pero del pueblo sale todo!

Ya antes habíamos visto a la gente de la “Ruta del Huachicol”, desafiante contra los uniformados, a quienes incluso detuvieron y golpearon. A otros los amenazaron con quemarlos. ¿Es este el pueblo bueno y sabio que decía el presidente?, nos preguntábamos.

Por eso es preocupante que el presidente esté centrando su estrategia de seguridad en el Ejército y la Marina, porque a fuerza de desgastarlos durante tantos años de guerra contra el narco, la gente aprendió a verlos como soldados de palo, mientras que por otro lado demandan seguridad y acusan al Ejército de no proporcionarla.

AMLO reiteró, sin embargo, su decisión de combatir el delito de robo de combustible, mismo que en esa ruta delincuencial va de la mano con asesinatos, trata, secuestros y más.

Es decir, que al combatir el huachicol, AMLO dará también asestando un duro golpe a las bandas delincuenciales que se nutrieron de esa actividad ilícita que, hay que aclarar, aunque es grave, apenas representa 20 por ciento de las pérdidas de Pemex por robo de combustible, pues el verdadero robo se comete desde dentro de la empresa.

Pese a este acto de buena voluntad del presidente, insistimos desde este espacio que la escalera se barre de arriba hacia abajo. Y está bien que se le ayude a ese pueblo bueno y sabio, pero que también se les advierta que de continuar con sus actividades ilícitas, provocando tragedias como la que sucedió en Tlahuelilpan, se atengan a las consecuencias, porque el gobierno debe hacer su trabajo, para eso fue electo, no para apapachar a los que delinquen.

Tan sólo en Hidalgo siguen funcionando 1,723 tomas clandestinas (eran 1,726) Y eso suponiendo que ninguna más se agregó después del 1 de diciembre.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El programa de “Jóvenes construyendo el futuro”, lanzado por el gobierno federal para rescatar a muchachos de entre 18 y 29 años que carezcan de empleo, y que no hayan concluido su educación técnica o universitaria, augura que será todo un éxito en Guerrero, no sólo porque decenas de jóvenes están esperando esta oportunidad, sino porque las empresas están también esperando el arranque del programa para aprovechar que no pagarán sueldos de los trabajadores que reciban para capacitarlos.

Es interesante este proceso, estimado lector, porque hay que reconocer que la capacitación de los trabajadores es uno de los gastos más elevados de cualquier empresa, sin contar que siempre están haciéndolo, porque en cuando las personas saben un poco del oficio, se van para poner su propio negocio o bien para trabajar en algún lado que les ofrezcan más.

Es común entre empresas de cualquier ramo el robo de trabajadores, y todos piden empleados con experiencia en sus anuncios de empleo, porque no quieran absorber el proceso de capacitación. Entonces es más fácil piratearlos de otras empresas que ya invirtieron muchos años en su formación.

Esto es cierto y muy penoso, pero es una realidad. Los empleados no son esclavos y no se les puede retener por la fuerza, no importa cuánto se haya invertido en su capacitación y adiestramiento.

Y es que aunque una persona haya salido de la universidad, eso no lo capacita totalmente para trabajar en alguna empresa, porque una cosa es haber sido capacitado “para el trabajo”, y otra “en el trabajo”. Sin contar que cada negocio tiene sus propios procesos internos, y aunque los conocimientos son generales, la aplicación en el trabajo es específica.

Este último modelo es el que está optando López Obrador para que las personas sin educación formal, obtengan la experiencia y los conocimientos que los hará expertos en alguna área, sin que eso le cueste a las empresas, que por lo demás –hay que decirlo-, ya no pueden con sus propios gastos.

Durante un año, los trabajadores podrán capacitarse en alguna empresa y recibir su sueldo del gobierno. Y también durante un año, las empresas tendrán un empleado más, sin que eso se refleje en sus nóminas.

Este año, entonces, es de una tremenda oportunidad para los empresarios guerrerenses. Mientras más puestos de trabajo abran, mayor ayuda tendrán. Y mientras que el gobierno paga los sueldos de los jóvenes, la empresa puede aumentar su producción, o bien generar ahorros para destinarlo a otra cosa, como el pago de adeudos, por ejemplo.

Pasado un año, tanto el trabajador como la empresa decidirán qué hacer. Si sale o es contratado; y aquí viene otro proceso interesante, porque obviamente los dueños de los negocios optarán por quedarse con los jóvenes que tengan la mejor actitud y disposición, más que los mayores conocimientos. ¿Cómo? Así es. Si preguntamos entre los empresarios, no quieren gente sabelotodo, sino gente que sepa obedecer órdenes, porque otra triste realidad hoy en día es que la gente necesita de un empleo, pero no le gusta que lo manden. Necesita ingresos, pero no quiere trabajar por ellos.

Los empresarios se quejan por igual de que tienen que lidiar con los vicios que cargan los milenialls; por ejemplo, el excesivo uso del celular en horas de trabajo, así como el robo de tiempo mediante el uso de redes sociales, al grado de que de las 8 horas que tiene una jornada laboral, terminan rindiendo la mitad o menos.

Decíamos que este programa es importante, sobre todo para Guerrero, pues la mayoría de las empresas tenemos que capacitar a nuestros trabajadores, prácticamente de cero, pagándoles desde el primer momento. No es como antes, en que las personas ingresaban a las empresas como aprendices, y hasta que demostraban tener los conocimientos necesarios, eran contratados o podían acceder a un sueldo formal.

Ojalá que todos los involucrados –jóvenes y empresarios- comprendan que hoy en día las oportunidades son escasas, y que las pocas que hay deben aprovecharse.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El fin de semana anterior nos sorprendió con una tragedia por guachicoleo. Tarde o temprano, las hordas de ladrones de combustible –lamento usar esa frase pero es real-, se auto-inmolarían en aras de sostener un negocio que en realidad les es ajeno, pues mientras ellos se ganan unos cuantos pesos por los bidones que logran recolectar, los verdaderos dueños del negocio y que mueven a miles de familias en zonas rurales de varios municipios del país, están actuando con cálculo y sigilo, movilizando a su favor a los pauperizados, los habitantes de los traspatios de este país, a donde el desarrollo no ha llegado, y donde se viven niveles de pobreza catastróficos.

Esta es la herencia maldita del gobierno que recién dejó la presidencia de la República. Imposible no decirlo. Sabemos que esto provoca prurito entre los priístas del país, pero para ser sinceros, las bases del partido son inocentes de lo que desde las cúpulas se haya fraguado. Además, no están solos, pues en este negocito también figuran los panistas, quienes gobernaron desde el año 2000 al 2012. Y aunque Vicente Fox Quezada diga que en su sexenio no se conocía de ese delito, en efecto hubo pocas tomas clandestinas, pero el guachicoleo de cuello blanco, el que opera desde dentro de Pemex y en todas las áreas, ya existía.

¿Alguien recuerda, por ejemplo, las explosiones del 22 de abril en Guadalajara? Esa tragedia registrada en la perla tapatía en 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y del priísta gobernador Guillermo Cosío Vidaurri, también fue provocada por los guachicoleros de cuello blanco, quienes quedaron en la total impunidad porque todo el aparato de justicia y de gobierno se confabuló para protegerlos.

Los guachicoleros se habían robado tanto combustible, que ante la amenaza de una auditoría de la cual recibieron el pitazo, derramaron millones de litros de gasolina al drenaje, desde la planta de la colonia La Nogalera, situada en un lugar alto de la ciudad. El combustible corrió por el drenaje aguas abajo, pero se taponó justo en la avenida Independencia, donde en su cruce con la avenida Juárez, frente al mercado de San Juan de Dios, tuvieron que hacer un sifón en el colector de aguas negras para construir el paso del tren ligero.

Este sifón permitía el paso del agua, pero no de los mortales vapores de la gasolina. Calles arriba, en varias colonias del Sector Reforma de la ciudad, la gente comenzó a denunciar que de los drenajes de sus baños y regaderas salía olor a gasolina. Incluso de las losetas de sus pisos fluía el olor. Fueron varios días lo que los expertos de Protección Civil trabajaron, tratando de encontrar el origen de esos olores. Sólo detectaron la presencia de gasolina y otros hidrocarburos, pero no con el origen de ello. Una tarde, cuando ya era el olor insoportable y viendo que incluso salía vapor de las alcantarillas, Protección Civil Estatal comenzó a quitar todas las tapas del drenaje, dejándolas abiertas. Era un día martes. Al día siguiente, a las 10:00 de la mañana comenzaron a reventar las calles del céntrico barrio de Analco, afectando también a las colonias Atlas, San Carlos y Las Conchas, y otras de más arriba.

En un instante, 15 kilómetros de calles estallaron y aquello parecía una zona de guerra. Y es que levantaron las tapas del drenaje, pero no impidieron el paso de vehículos ni de personas, porque los expertos de Pemex no se dignaron a dar instrucciones, sabiendo que la gasolina es volátil y altamente inflamable. Tampoco evacuaron porque el alcalde de Guadalajara determinó que no había riesgo. Además eran días de asueto –Semana Santa-, y los niños estaban en sus hogares. Según cifras oficiales, esas explosiones que se registraron una a una ininterrumpidamente, ocasionaron la muerte de más de 700 personas, dejaron casi 800 heridos y 15 mil personas sin hogar. Sin embargo, periodistas y civiles que estuvieron cubriendo la tragedia reportan por lo menos el doble de muertos, siguiendo su propia contabilidad en los lugares que se habilitaron como morgues, donde se les iba colocando un número a los cuerpos, sin contar los que murieron en clínicas y hospitales posteriormente.

Pero el caso no paró ahí. Esas explosiones abrieron una verdadera cloaca que de haberse combatido en su época, se le hubiera cortado el pescuezo al monstruo guachicolero que ahora conocemos. Días después de estas explosiones, los expertos de la paraestatal –que para entonces ya estaban involucrados en las investigaciones- detectaron gasolina en el subsuelo de la colonia La Nogalera, precisamente donde se ubica la planta de Pemex en Guadalajara, y otras aledañas. Para recuperar el combustible, cavaron pozos de absorción para captar el agua del nivel freático y con ella la gasolina que se fugó por los drenajes rotos. Como consecuencia, al ser el suelo de Guadalajara de xal (piedra liviana y porosa), y al quedar sin agua porque la drenaron, el subsuelo se hundió provocando que cientos de casas se cuartearan.

Las pérdidas fueron incuantificables. Veamos la explicación del gobierno salinista: “Tubos de agua nuevos, hechos de hierro revestido de zinc, fueron emplazados cerca de una tubería de acero perteneciente a Pemex. La humedad de la tierra hizo que los metales tuvieran una reacción electrolítica, que eventualmente ocasionó la corrosión de esta última, creando un agujero que provocó que la gasolina se fugase al subsuelo y en la tubería principal municipal”. Un vil cuento, para tan grande tragedia. Eran tiempos salinistas, y lo que fue la evidencia de un robo hormiga, aumentó hasta convertirse en lo que ahora conocemos como “guachicoleo”.