Categoría: S.O.S Costa Grande

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Con sus manifestaciones a lo largo de tres días, no sólo en la Ciudad de México, donde lograron bloquear las dos cámaras del Congreso de la Unión, sino también en las entidades federativas -como Guerrero-, los miembros de la CNTE consiguieron de momento frenar el análisis en comisiones de la nueva Reforma Educativa, que sustituirá a la reforma del gobierno de Peña Nieto.

Y es que para cancelar el modelo educativo del gobierno anterior, que se basó más en mejorar el perfil de los profesores, a través de la evaluación, dándole a ésta carácter de obligatoria, se tiene que hacer otra reforma a la Constitución Política; o, mejor dicho, una contrarreforma.

Pero los profesores de la CNTE-CETEG, pensaron que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sólo derogaría la reforma de Peña Nieto, volviendo todo al pasado. Sin embargo, no es así, porque lo que está haciendo el nuevo gobierno es encaminar el proceso educativo hacia un nuevo derrotero, porque hacer lo contraría significaría un retroceso.

Los centistas exigen que primero se les muestra el contenido de la reforma, antes de que se discuta siquiera en comisiones. Y por eso los días martes y miércoles, se manifestaron bloqueando la sede de la Cámara de Diputados y posteriormente la Cámara de Senadores, para impedir a los legisladores se fueran a una sede alterna.

Por la tarde-noche del miércoles, los diputados de las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales, se reunieron en un hotel de la Ciudad de México, para cumplir con los plazos previstos.

Sin embargo, este jueves, el presidente de la República mandó a suspender la discusión de la Reforma y dio instrucciones a los titulares de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y a de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, que establecieran una mesa de diálogo con los líderes de la CNTE.

Desde luego, los líderes del movimiento –que no las bases- aplaudieron esta decisión, porque de momento ganan la partida, pero parece que no conocen al presidente, quien ayer les aclaró que no usaría la fuerza pública sino la del diálogo y la razón, pero se dijo extrañado porque una fuerza como la del magisterio disidente, que se considera demócrata, demuestre con sus acciones que tiende más al conservadurismo.

Y dándoles el beneficio de la duda, dijo que tal vez estén desinformados, acerca del contenido de la reforma que está promoviendo su gobierno, y que tiene que ver –ahora sí-, no únicamente con mejorar las condiciones laborales de los docentes, sino sobre todo la de los estudiantes, haciendo un esquema totalmente distinto del modelo educativo nacional.

Es decir, sí habrá mejoras para los profesores, porque de entrada se elimina la evaluación punitiva y se desmantela el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, un adefesio que apenas en el verano pasado pudo hacer un remedo de modelo educativo que a la fecha ni siquiera ha comenzado a aplicarse.

Pero el bienestar de los profesores no es lo único que importa, sino que en este cambio el sindicato magisterial, en sus dos vertientes, está complemente obligado a ser parte de la solución, no del problema.

Si lo que se pretende es desmantelar lo hecho por Peña Nieto, pero sin mayores cambios, partimos entonces de un diálogo entre sordos.

Para nadie es un secreto que la CNTE y sus filiales en los estados, así como el SNTE, tenían entre sus privilegios el nombrar el 50 por ciento de las plazas educativas, lo cual no es ningún derecho gremial, sino un manejo político de algo tan delicado como la selección de los profesores que habrán de dar clases a nuestros hijos, y que deben tener un perfil mínimo.

No es nada cómodo ver a los profesores protestando, en lugar de estar dialogando. Se esperaba de ellos –dado que gracias a su alianza con AMLO la CNTE logró posicionar a 40 diputados federales- que hicieran propuestas atinadas y decorosas, que sacaran a México del traspatio educativo mundial. Todo lo contrario, parece que lo único que les importa son sus prebendas, incluso antes que sus derechos.

AMLO se pregunta si lo que están haciendo los líderes centistas fue algo que consensaron con sus bases, o como siempre están mandándose solos. Y les aclaró que no habrá favoritismos para ningún sindicato.

La pregunta es: ¿Votaron por un cambio los profesores de la CNTE, o sólo buscaban lo suyo?

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Se acabó. Les duró poco el gusto. Los súper delegados del gobierno federal en los estados del país, no tendrán línea directa con el presidente de la República, como presumían. Andrés Manuel López Obrador ya se dio cuenta que ese esquema no sólo es inoperante, sino que también sirve para que los representantes de su gobierno en las entidades federativas, no se asuman como empleados del pueblo, sino como los favoritos del Señor Presidente, su voz y sus ojos en provincia, la voz suprema del tlatoani.

Por lo tanto, AMLO se determinó a corregir este problema, y creó un órgano regulador, por llamarlo así, integrado por 7 coordinadores de los súper delegados estatales.

Estos operarán desde las secretarías de Seguridad Pública, Comunicaciones, Economía y Bienestar.

Este mini equipo o mini-gabinete, también contará con un  administrador general, un secretario anticorrupción y uno jurídico que respalde sus acciones.

¡Wow! Freno total a los súper delegados, a quienes seguramente ya les hormiguean las manos por meterlas en los cuantiosos recursos federales que fluirán hacia los estados, vía programas sociales, estrategia de seguridad, economía y comunicaciones.

Todo esto acompañado por un vigilante anticorrupción.

Esta es una excelente noticia, es algo que debió proyectarse desde el inicio, y nos habríamos evitados mucha vergüenza ajena, al ver a sujetos inflados, creyéndose los Amlitos estatales.

Es bueno saber que los súper delegados, que además están acumulando muchísimo poder –más el de Guerrero, Pablo Sandoval Amílcar, quien además detenta el poder en el partido y en el Congreso local a través de su equipo-, tienen un gabinete al cual sujetarse, una especie de patronazgo que se interpone entre ellos y el presidente de la República.

El modelo original de coordinación era sumamente peligroso, por el simple hecho de que las decisiones en las entidades federativas no pueden depender de un solo individuo. Era tan grave, que el figurín de los súper delegados causó una extensa controversia en todas las entidades, pues resultaba preocupante la supresión de las delegaciones federales –varias de las cuales eran un simple membrete y pretexto para emplear a los amigos y compadres- para poner en su lugar a un solo personaje, que a su vez desplegaría a sus representantes en las regiones, afianzando su control político en todos los rincones.

Pero, sobre todo, resultaba preocupante que una sola persona opine y decida en torno a todos los asuntos, sean estos de Salud, Educación, Seguridad, Campo, Minas, Obras Públicas, etcétera.

Eso era simplemente una locura. De ahí que es un alivio saber que, en el caso de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros estará bajo vigilancia, por un lado, pero también bajo asesoría.

Es bueno saber que no tenemos en la entidad un “Varguitas”, el personaje de la Ley de Herodes, que era la única voz en su miserable pueblo, sino que estamos ante un esquema de gobierno serio, que no sólo incluye el profesionalismo debido, sino que también se le adiciona el ingrediente del combate a la corrupción y lo administrativo.

Vale la pena también preguntar, a qué se debe que la mayoría de las reuniones del súper delegado de Guerrero en las regiones, las hace en las instalaciones militares, a donde manda a traer a alcaldes y funcionarios en general.

Incluso se recurre a este esquema de coordinación, aunque los asuntos a tratar sean generales, no de seguridad pública ni de coordinación con las Fuerzas Armadas.

Por cierto, de estos encuentros difícilmente la prensa se entera. Y si acuden, no les permiten ingresar, al ser las áreas militares bastante restringidas y controladas.

Tal vez alguien por ahí arriba tenga una respuesta a esto, distinta al señuelo de que se trata de ahorrar recursos.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

En Puebla, Morena repite en la nueva elección con el ex senador Miguel Barbosa, el mismo personaje que compitió el año pasado con la gobernadora panista Martha Ericka Alonso, quien murió en la navidad pasada en un accidente de helicóptero, junto con su esposo.

Pero en el proceso interno Barbosa tuvo que competir en una encuesta contra Alejandro Armenta, el candidato del senador Ricardo Monreal, y finalmente este lunes se supo que se impuso el candidato de la dirigente de Morena, Yeidckol Plevsnky, de nuevo.

¿Pero cuál es la noticia aquí? Pues que de acuerdo con las encuestas, Puebla está completamente inclinado por el candidato de Morena, cualquiera que sea. Con Barbosa, incluso, la preferencia sube algunos puntos sobre cualquier opositor, sea del PRI, del PRD o del PAN.

Esto demuestra que en la elección pasada hubo un espectacular fraude de parte de los panistas, pero sobre todo de parte del ex gobernador Rafael Moreno Valle, quien maniobró hasta donde pudo para que ganara su mujer, Martha Ericka Alonso.

Ya sin ellos, la cancha queda despejada. Pero no sólo para Morena, sino para el mismo PAN, que por fin recupera al partido de las garras de los ex priístas, encarnados en el Morenovallismo.

Y es que recordemos que Rafael Moreno Valle era priísta, uno de los cuatro ex senadores que en 2010 se salió del PRI para competir como candidato a gobernador, amparado en una alianza opositora PRD-PAN. Esto se repitió en Guerrero, con Ángel Aguirre Rivero; en Sinaloa con Mario López Valdez; y en Oaxaca, con Gabino Cué Monteagudo.

En todos estas entidades, salvo en Guerrero, donde el partido fuerte era el PRD, el PAN predominó en las alianzas y, por lo tanto, su membresía pasó a ser dominada por el gobernador en turno, con resultados devastadores.

Dice la historia que Moreno Valle desfondó al PAN en Puebla. Traicionó a los que lo apoyaron en su postulación, entre ellos a la que fue directora nacional del DIF, e hizo su propio grupo político, para avasallar a todos los grupos orgánicos del PAN, sin olvidar que Puebla es la sede del Yunque, uno de los grupos de ultraderecha.

Pero en su recomposición, el PAN no eligió a ninguno de las viejos panistas, sino al ex rector de la Universidad estatal, Enrique Cárdenas, tratando de meter nuevos aires y oxigenar al partido. Pero, sobre todo, tratando de rescatarlo del Morenovallismo, que definitivamente quedará enterrado en la elección de julio próximo.

Los candidatos de la alianza PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas, y el del PRI, Alberto Jiménez Merino, saben que a cualquier morenista que enfrenten, la elección será muy, pero muy, cuesta arriba.

Y como el elegido fue Barbosa, quien ayer se registró, entonces la tendrán más difícil, pues el ex senador ya conoce la entidad, no comenzará de cero, como ellos, y lo hará sin la sombra de los Moreno Valle-Alonso.

Para los morenistas, la elección de Puebla será un mero trámite para que la entidad pase a ser gobernada por el partido lópezobradorista, y esta es la antesala de las siguientes elecciones estatales, así como las legislativas intermedias de 2021, cuando AMLO someterá su gobierno a consulta pública.

Si nadie detiene la decisión de la Cámara de Diputados en el Senado, en 2021, por primera vez en la historia de este país, los mexicanos ensayaremos un ejercicio democrático que ya existe en otros países, pero que a nosotros se nos había negado. Los artífices de la mocha democracia mexicana, todavía suponen que somos menores de edad, y que no merecemos ni las consultas, ni los plebiscitos o referéndums. Tampoco merecemos tener la revocación de mandato como herramienta para deshacernos de los malos gobiernos. Qué tan útil hubiera sido esto en la docena trágica panista, y en el último sexenio priísta, cuando la corrupción alcanzó niveles nunca antes vistos.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

En Guerrero se ha creado un cacicazgo en el sindicato de Salud, con Beatriz Vélez, ex diputada federal por el PRI y también la malograda candidata del tricolor a la presidencia municipal de Chilpancingo, en la pasada elección.

Pese a todos los problemas del sector, de los cuales el sindicato es parte y jamás la solución; no obstante todas las quejas contra Bety Vélez y su equipo sindical, la mujer se mueve para su cuarto periodo al frente de la Sección 36, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

El 14 de marzo comenzaron las campañas con el registro de los aspirantes, entre ellos Bety Vélez.

A Bety ya se le acusa de tener todo el respaldo del titular de la Secretaría de Salud y del gobierno estatal, pues incluso a través de redes sociales se han estado divulgando fotografías de sus colaboradores usando vehículos oficiales para promover el voto a su favor.

El pasado jueves, Bety Vélez se registró y mandó a traer a Chilpancingo a personal de Salud de las 7 regiones, al más puro estilo del PRI, ante quienes se registró como la candidata de la Planilla Oro, para seguir representando a casi 18 mil empleados de la Secretaría de Salud en Guerrero.

Al igual que ocurre con los líderes de otros sindicatos, estos institutos son únicamente trampolines para ellos ocupar cargos públicos, con la diferencia de que la mayoría renuncia al cargo y deja el sindicato en manos de interinos, no así Bety Vélez, quien ya ha competido en dos elecciones e incluso tres años como diputada federal, pero sin soltar el hueso sindical en Guerrero, porque es precisamente el que le ayuda a mantener su presencia en el PRI. ¿Y es que, qué sería de doña Bety Vélez sin el hipotético respaldo de casi 18 mil almas del sindicato?

Todos los líderes sindicales usan a su membresía para capitalizarla por cargos de elección popular. Por ejemplo, Carlos Romero Deschamps no salía del Congreso de la Unión, ya como senador, ya como diputado federal, pero siempre gozando de las mieles del poder que le daba ser el representante del sindicato petrolero, de donde desviaba recursos para favorecer a los candidatos presidenciales priístas, como sucedió en el año 2000, en que surgió el escándalo del Pemexgate, con la denuncia del desvío de mil millones de pesos a la campaña del priísta Francisco Labastida Ochoa, delito por el que el líder petrolero nunca pagó; al contrario, lo volvieron a premiar con escaños plurinominales.

A lo largo de estos años, los escándalos los han protagonizado sus hijos, quienes como “mirreyes” viven como hijos de jeques árabes, viajando y gastando los millones de papi por el mundo.

Sólo en México sucede que un humilde trabajador, que llega a ser líder sindical, se convierte en un multimillonario más.

Ha sido tanto el poder de Romero Deschamps, a lo largo de 26 años, que también Vicente Fox y Felipe Calderón le hacieron ¡Wana! En una ocasión, Fox le confesaría a una periodista que Romero Deschamps tenía la capacidad de paralizar a todo el sector petrolero, y de ahí la complacencia que se merecía.

¿Tendrá el mismo poder la doña Beatriz Vélez, de paralizar al sector salud en Guerrero? Vale la pregunta al ver tanta preferencia por la señora.

A Dios gracias, ayer por primera vez desde 1993, año en que asumió el control del sindicato petrolero, se festejó el día de la expropiación petrolera sin la presencia de Carlos Romero Deschamps. Ni siquiera fue invitado por la Presidencia de la República. Al contrario, la base trabajadora de Pemex se dio el lujo de usar su rostro en sus mantas de repudio, pero con cuerpo de rata.

Romero Deschamps terminará como todos los corruptos de su calaña. Actualmente acumula más de una denuncia penal ante la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito y participación en el robo de combustibles, hace unos días le envió una carta para aplaudir las medidas de rescate de Pemex. El Primer Mandatario, por su parte, ha reiterado que brinda libertad sindical y no tiene dirigentes favoritos.

Sería bueno que doña Bety Vélez se mire en este espejo, y regrese a su base sindical. Porque mientras más alto suba, más fuerte será su caída.

Y a propósito, ¿cómo hará campaña? ¿Qué prometerá después de 3 fallidos periodos de representación? ¿Estará prometiendo que “ahora sí”, se ocupará de su trabajo y gestionará que en los hospitales y centros de salud la base trabajadora tenga los insumos y medicinas necesarias para dar un buen servicio? O hará lo que sabe hacer, aplicar la política del ciclista, que consiste en agacharse frente al patrón, pero pedalear sobre los trabajadores.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Con la aprobación, en lo general, del dictamen que faculta la reforma constitucional para autorizar la consulta popular y la revocación del mandato, se generó un debate infundado de parte de la oposición, que recurrió el petate del muerto para afirmar, igual que los empresarios, para afirmar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, busca la reelección de manera tramposa, pues el aparecer en una boleta dentro de dos años, en las elecciones legislativas intermedias de 2021, sería parte de ese plan.

Este fin de semana, el presidente aclaró: “No me voy a reelegir, no soy un vulgar ambicioso (…). Voy a servir, si lo decide el pueblo, 6 años y a finales de 2024 termino mi mandato”.

¿Qué es entonces lo que les preocupa si, al contrario, el presidente les está poniendo en charola de plata un instrumento que podrían usar incluso para desaforarlo? Una vez aprobada esta reforma –a la que todavía le falta el visto bueno del Senado y el respaldo de los congresos estatales- bastará que se arme un buen tinglado por cualquier cosa, apoyado por gobiernos y capitales extranjeros, para que el presidente sea defenestrado e, incluso, encarcelado, como está sucediendo en Brasil y otros países del planeta.

Los partidos de oposición, en realidad, no reniegan de la revocación de mandato, sino que le tienen miedo a que la popularidad de AMLO los reduzca al mínimo en 2021. Y eso lo veremos en las elecciones de este año, donde AMLO no estará en la boleta, y la gente de su partido tendrá que competir en igualdad de circunstancias con sus opositores, sin tener el Efecto Peje directamente.

Muchos morenistas saben que nunca hubiesen ganado el cargo que ostentan, sin la popularidad de López Obrador, sobre todo en Guerrero, donde la mayoría de los alcaldes electos por este partido, así como la inmensa mayoría de los diputados, no son propiamente de Morena; es más, ni siquiera se han registrado al partido, y  han preferido mantenerse como externos.

Al paso de los días, muchos alcaldes y diputados de Morena, ya demostraron que no por estar en este partido son garantía de algo, pues se trajeron las mañas de sus partidos y como tal gobiernan; sólo utilizaron el nombre de AMLO para ganar.

Por lo tanto, eso de la reelección es un débil argumento que nadie cree, pero que es lo único que se le ocurre a una impávida oposición, que no tendrá más opción que aliarse en el Senado, para tratar de detener éste que es el segundo intento por instituir las consultas ciudadanas –a las que además tenemos derecho como sociedad, por cierto- y la revocación de mandato, con lo que se busca debilitar el presidencialismo a ultranza que se ejerce en México, país en el que sus mandatarios acumulan más poder que cualquier otro gobernante del mundo democrático, incluso de aquellos que aún conservan la realeza. Simplemente, la Constitución Política Mexicana le otorga al presidente de la nación un poder incalculable, al ser también el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y primer líder de su partido político, con lo que pasa también anular al Poder Legislativo y al Poder Judicial, cuyos nombramientos también dependen de él, o de la estructura que él arme.

No importa qué haga un presidente en México, no hay manera de pedirle cuentas ni de llevarlo ante los tribunales, mucho menos de revocarle el mandato. Lo peor es que ni siquiera se le puede llamar a cuentas una vez que dejó el poder, contrario a lo que sucede en otros países.

Lo que creemos la mayoría de los ciudadanos es que la revocación es una buena herramienta para liberarnos de mandatarios nefastos -incluyendo a gobernadores, y eso debería alegrar a los opositores, porque tendrán aun presidente acotado por la propia Constitución.

Luego entonces, lo que le pesa a la oposición es que AMLO esté en el juego electoral en 2021, pretextando una consulta pública hacia su gobierno, aún con lo que esto implica: que si el pueblo vota por el NO, tendría que deponer el cargo.

Pero parece AMLO muy seguro de su popularidad, que en este momento está al tope, con más de 80 por ciento de aprobación. Es decir, que si en la elección votaron por él más del 50 por ciento de los mexicanos inscritos en el padrón electoral, a estas alturas, a 3 meses y medio de que comenzó su gobierno, 80 de cada 100 ciudadanos de este país aprueban su gestión y no sólo eso, sino que lo consideran el tercer mejor presidente del mundo entero, y el mejor de América.

Por lo tanto, no tiene miedo a que en 2021 le digan que se baje del caballo, o que si no puede que renuncie. La oposición, que buscaba debilitar al lópezobradorismo en la primera mitad de su gobierno, sabe que no lo logrará. Y lo peor es que todavía faltan muchas cloacas que destapar.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Mientras que en el estado se lucha por quitarse el lastre de los más de 5,700 profesores que están fuera del Fondo para la Nómina Educativa (FONE), y que demanda del gobierno estatal un desembolso de casi 60 millones de pesos, el Congreso federal está enfrascado en la negociación de la Reforma Educativa, cuyo desenlace podría restar el apoyo de los 40 diputados de la CNTE a la iniciativa presidencial, si no incluye sus demandas laborales.

¿Qué quieren los de la CNTE? Entre otras cosas, la adscripción de maestros en el apartado B del Artículo 123 Constitucional y la vuelta a la decisión de contratación de plazas en 50% del magisterio. A eso responde la prisa de su discusión en San Lázaro.

Lamentablemente, si Morena sucumbe a esta exigencia, volveríamos a la época en que las plazas podían ser vendidas y negociadas, y al manoseo de ellas en la etapa de la contratación, algo que debe ser de competencia exclusiva del gobierno en su calidad de patrón.

Más allá de los derechos de los docentes, que deben respetarse, el manoseo de las plazas debe ser eliminado de tajo, si queremos que la corrupción se erradique en este sector, y si deseamos que haya equidad y justicia en la designación no sólo de nuevos puestos de trabajo, sino también de los que se van desocupando.

Y es que este tema no es parte de los derechos de los trabajadores, sino todo lo contrario. ¿En qué le beneficia a un profesor egresado de una escuela normal, el depender de la decisión de un líder sindical para obtener su puesto de trabajo? ¿O en qué le ayudaría a los profesores en activo, que estén esperando que el escalafón se mueva, el que un director venda su plaza o se la traspase a su hijo, con el visto bueno de sus jefes sindicales, y así sucesivamente? Eso sería una injusticia y sí pasa a lesionar los derechos humanos de los profesores.

Sabemos que el viejo régimen optó por ir cediendo y concediendo espacios de poder, no sólo con los profesores, sino también con muchos otros actores políticos y sociales, al grado de que hoy por hoy, estos reclaman las concesiones que se les hicieron fuera del Estado de Derecho, como si fueran parte de sus logros, pero no es así.

Por ejemplo, tenemos a los organismos culturales, y defensores de derechos humanos, y a todo tipo de ONGs, reclamando espacios y manejo de recursos públicos, porque así se estilaban en el pasado.

También vemos a organizaciones netamente políticas, como Antorcha Campesina –ligada al PRI-, anunciando la creación de un partido político ahora que el Congreso federal eliminó la partida presupuestal que año con año recibían las organizaciones de productores, también de manera ilegal, en lo que era un manejo desaseado de recursos públicos, y sólo para tenerlos contentos y, como se dice vulgarmente, sembrando y cosechando votos.

CODUC, que en el estado maneja el ex diputado federal y local experredista, Sebastián de la Rosa Peláez, va rumbo a ser un partido político, aunque obviamente ya demasiado mermada, porque con dinero baila el perro, dice conocido refrán, y sin dieron bailan como perro.

Es obvio que el ingrediente del chantaje está detrás de la postura de la CNTE y su filial en los estados, donde todavía están peleando que los profesores fuera del Fone -cuyas plazas les fueron entregadas de manera irregular, fuera de presupuesto-, sean integrados sin mayor requisito a la nómina federal.

Pero la mala noticia para todos es que el delegado del gobierno federal, Pablo Sandoval Ballesteros, anunció que sí hay disposición para hacer de una vez el traspaso de la nómina, pero sometiendo a revisión caso por caso. Es decir, que no se recibirán en paquete esos miles de plazas, cuyos sueldos todavía están volando, porque ni el gobierno del estado que fue el que las entregó, ni el gobierno federal, las reconoce.

Y todo este amasijo se creó precisamente por el manoseo de las plazas tanto en la esfera gubernamental, como en lo esfera sindical. Es decir, que los sindicatos tienen harta culpa en todo este conflicto creado, pues en lugar de pelear por mayor presupuesto, se metieron a la negociación de las plazas, obviamente coludidos con los gobernadores y sus secretarios de Educación.

De hecho, en las mesas anuales esa era la exigencia principal, aunque a la población le hablaban de revisión de sueldos y otros derechos.

Según el gobernador, ayer jueves resolvería el asunto del pago de los sueldos de los profesores fuera del Fone, aunque la Federación seguía en la misma postura de no recibirlos hasta revisar caso por caso, pues hay que saber que no es solamente el estado de Guerrero el que tiene este dilema, sino que todas las entidades federativas se metieron en esta camisa de once varas, en el tiempo en que tuvieron la educación bajo su dirección.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Sorpresivamente para los guerrerenses en general, este martes 12 de marzo de 2019, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, inauguró la primera etapa del corredor turístico Playa Azul – Playa Ventura, en el municipio de Copala, con lo que queda proyectado el Cuarto Destino Turístico de Guerrero y que se suma a los destinos del Triángulo del Sol.

Decíamos que es una sorpresa aún para los costachiquenses, pues la obra nunca se informó como tal, sino como una obra más, pero al conocer los alcances de la misma, nos damos cuenta que se trata de una magna obra, que sienta las bases de un desarrollo turístico de gran envergadura en la Costa Chica, que viene a consolidar a Playa Ventura, pero anexando Playa Azul, esta última ya colindante con el río de Marquelia.

Vecinos consultados de esa región, comentan que sólo veían cómo la obra avanzaba, pero realmente nunca supieron que se trataba de una obra de tal alcance. Algunos empresarios indican, sin embargo, que desde el año pasado comenzaron a invitarlos a asociarse a diversos desarrollos turísticos en Playa Azul, más que en Playa Ventura, porque aunque éste destino es el más conocido y el que más negocios alberga, lo cierto es que no tiene una obra como la que el gobernador acaba de inaugurar.

Se trata de un bulevar de doble carril de ida y vuelta, de 19 kilómetros de extensión, con acotamiento, guarniciones, banquetas y camellón central, en una playa muy poco poblada, donde hasta hace poco sólo se conocía que había un restaurante, El Mauhmar, y sus cabañitas, que había construido un migrante a los Estados Unidos.

De ahí la playa comenzó a lotificarse, y es un secreto a voces que los ejidatarios de Las Salinas ya vendieron la mayoría de sus terrenos a particulares, a precios de ganga.

Estos terrenos, hoy, con la obra ya inaugurada por el gobernador, centuplicaron su valor, pues ya no se trata de lotecitos a la orilla del mar, sin servicios y en playas de difícil acceso, sino de terrenos front sea, donde no tardar y veremos hoteles 4 estrellas y demás.

Esto es magnífico, claro, pero no deja de ser un enigma, porque se pensó que el desarrollo iba a correr primero por San Marcos, porque desde la época del gobernador Zeferino Torreblanca se proyectaron las playas de San Marcos, para desfogar Acapulco, y se hablaba de proyectos de grand turismo.

¿Qué sucedió? No sabemos, porque el proyecto de la costera por San Marcos, que dejaría al margen a la mayoría de los pueblos de la Costa Chica, tampoco se proyectó.

El caso es que el desarrollo se movió a Copala, que junto con Marquelia es la zona central de la Costa Chica, desde donde se potenciará turística y económicamente la región de la Costa Chica, además de generar empleos para las familias de esta región, pero no levantando a los destinos ya existentes, sino partiendo de una prácticamente nuevo.

El corredor turístico Playa Ventura-Playa Azul constará de 19 kilómetros para unir a estas dos playas, y está contemplado desarrollarse en 3 etapas.

El mandatario estatal dijo que confía que antes de concluir su período de gobierno, dicho proyecto pueda estar terminado.

Una vez con la infraestructura de acceso concluida, sólo será cuestión de tiempo para que las inversiones comiencen a llegar, a esa región que afortunadamente ha sido la menos golpeada por la violencia, pero que también es la segunda más pobre del estado de Guerrero.

Enhorabuena para los costachiquenses, ya les tocaba cosechar un poco de lo mucho que aportan al desarrollo estatal, y lo lograron con un gobernador que no es de su región, por cierto. Remarco esto porque siempre se dijo que nadie había beneficiado tanto a la región como el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, oriundo de Ometepec, pero con este que será el cuarto polo turístico de Guerrero, a Astudillo le harán una estatua en Copala. De hecho, los copaltecos ya quieren que el bulevar de Playa Azul lleve el nombre de Héctor Astudillo Flores.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Las cifras nacionales muestran que Guerrero ya no es el estado más violento del país. Nos superan Guanajuato, estado que encabeza la lista, seguido de Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua, y estamos por encima de la Ciudad de México.

Entonces es verdad lo que informó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que la presencia de grupos de la Policía Militar en nuestra entidad han impactado de manera positiva, con la inmediata reducción de asesinatos.

En los primeros dos meses de la nueva administración federal, los estados donde han muerto más personas son: Guanajuato, con 595 muertes; Baja California, 530; Estado de México, 518; Jalisco, 472; Chihuahua, 356; Guerrero, 340, y la Ciudad de México, con 323.

Llama muchísimo la atención esta recomposición de la violencia, sobre todo que sea Guanajuato, la entidad de donde es originario el clan de Vicente Fox Quesada y un estado gobernado por el PAN, donde la violencia esté ahora sentando sus reales, y que sea Salamanca el municipio más violento.

¿Qué sucede? Lo más probable es  que la estrategia contra el “guachicol” haya derivado en una recomposición de las rutas delincuenciales, y que ahora los grupos que se debilitaron estén sufriendo el embate de otros que se quieren apoderar del territorio.

Recordemos que la red de “guachicoleo” comenzaba precisamente en Salamanca, porque ahí se encuentra una refinería de Pemex, desde la cual había ductos alternativos que iban a desembocar a bodegas particulares, de donde se cargaban las pipas que repartían el combustible robado a una red de gasolineras cuyos propietarios son, en realidad, prestanombres de Vicente Fox y su familia. Ahora entendemos por qué el ex presidente de la República tomó como propia la anticampaña que ejerció contra AMLO, porque algo más que su pensión como ex mandatario estaba de por medio.

En Salamanca han perecido 133 personas en menos de 3 meses. Una suma muy elevada para una ciudad media, que salvo la refinería, es más bien de proyección agropecuaria, a diferencia de lo que es Acapulco, que además de ser un puerto internacional, está ubicado en una ruta de trasiego de estupefacientes desde Centro y Sudamérica hacia los Estados Unidos, a través de lanchas rápidas.

Pero Salamanca es una ciudad fortificada. Tiene 3 bases de operaciones especiales y tras la masacre en un bar, este fin de semana, mientras que la presidenta exigía 150 efectivos para resguardo del municipio, el gobierno sólo le ofreció instalar otra BOM en algún lugar estratégico.

No se necesita ser sabio para entender que algo grande se estuvo cocinando en Salamanca todo este tiempo, al grado de que cuando el negocio se derrumbó, quedó un caldo de cultivo demasiado peligroso.

Los guerrerenses ya sabemos cómo es esa dinámica. Es hasta que un grupo domina sobre el otro, que llega cierta paz a las regiones, hasta que vuelven a entrar en conflicto, si bien la guerra nunca termina en realidad.

En este contexto, los estados y los municipios se limitan a actuar en consecuencia, pero no tienen la capacidad de prevenir. ¿Cómo podrían hacerlo? A menos que ejercieran un espionaje tipo la CIA, podrían detectar complots de ataques y ejecuciones.

Y mientras otras entidades viven lamentablemente el repunte de la violencia, la expectativa para Guerrero es buena. De mantenerse este proceso, podremos aspirar a un periodo de paz que nos permita crecer económicamente, quedando sólo como pendiente que los gobiernos locales estén a la altura del momento y trabajen realmente por el desarrollo de sus municipios.

Claro que ni siquiera esta buena noticia alegra a los partidos de oposición, pues todos sin excepción criticaron el informe de los 100 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, echándole en cara el incremento de la violencia, pero sin reconocer que ésta es una herencia maldita de los gobiernos priístas y panistas, cuyas estructuras forzosamente tendrían que desmantelarse y moverse, y obviamente no lo harán con suavidad, sino como verdaderos terremotos.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

A propósito del Día Internacional de la Mujer, que por un lado trata de visibilizar a las féminas y sus derechos, así como de denunciar la violencia de género; por otro, trata de meter en la agenda pública temas como el aborto, considerando que el sacarse hijos del vientre es un derecho, cuando en realidad es un crimen.

En el Senado de la República, la semana pasada, miembros de la bancada de Morena se enfrentaron a causa de la agenda abortiva, cuando alguien por ahí puso en las curules de los senadores el pañuelo verde, que es símbolo del movimiento abortivo internacional.

No es de extrañarse esto, la verdad, desde el momento en que el coordinador de la campaña lópezobradorista fue Marcelo Ebrard Casaubón, quien durante su paso como jefe de gobierno de la Ciudad de México impulsó la legalización del aborto, de modo que en la capital del país esto es legal desde hace mucho tiempo.

Las estadísticas de la práctica de abortos en los centros hospitalarios acreditados son espeluznantes. Estos centros se anuncian por redes sociales como cualquier otro servicio médico. Basta entrar a Internet y teclear aborto para que te aparezcan estos mensajes: “El aborto en la Ciudad de México es legal hasta las 12 semanas. Te ayudamos a encontrar clínicas acreditadas para la Interrupción Legal del Embarazo”. Incluso reciben gente de otras entidades, pues no es requisito ser residente de la Ciudad de México.

En la capital, el aborto se puede interrumpir hasta los 3 meses, sin penalización, a pesar de los riesgos que esto implica. En el resto del país, se autoriza la interrupción el embarazo a las 8 semanas y sólo por razones médicas o judiciales.

Pues bien, este debate tarde o temprano aparecerá de nuevo en la escena pública, dado que las mujeres líderes del movimiento feminista tienen tiempo impulsando esta agenda (como ya ha sucedido en otros países, sobre todo Estados Unidos, Canadá y Europa), haciendo ver ante la pasiva sociedad mexicana que el aborto es un derecho, y que pueden usarlo como si fuera un método anticonceptivo más, cuando no lo es.

No se puede comparar el uso de un condón, de una píldora anticonceptiva, del dispositivo DIU o de la pastilla del día siguiente, entre otros, con el uso de la píldora abortiva para interrumpir un embarazo, que a todas luces es un multimillonario negocio que están impulsando los laboratorios internacionales, para controlar la natalidad.

México está a punto de entrar en esa oscura noche del aborto, cuando ya otros países están queriendo salir, pues definitivamente un asesinato de esta naturaleza va creando ambientes psicológicos y emocionales bastante dañinos, haciendo a la sociedad cada vez más fría y cruel.

Lilly Téllez, Senadora por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), anunció ante la osadía de Morena que presentará una reforma constitucional para que el Estado proteja a cualquier individuo desde la concepción. Eso obligaría a la Ciudad de México a reformar su Constitución.

“Presentaré una iniciativa para que se proteja a todo individuo desde la concepción. Una mujer que aborta es una criminal. El aborto es un asesinato y debe castigarse”, dijo la sonorense en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Lilly Téllez será de las voces que se levanten contra el aborto en México, pero seguramente la izquierda de este país, que ha confundido su papel en el desarrollo nacional, y se está confabulando con los intereses más mezquinos que se mueven en el planeta, la tildarán de lo peor.

Y es que la mente y el corazón humanos se ha desviado tanto, que se ha vuelto réprobo. A lo bueno, le llamamos malo. Y a lo malo, le llamamos bueno. Ya no sabemos distinguir entre el bien y la maldad, y ahora vemos mujeres sacándose hijos, pero llorando por un gato o un perro abandonado.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que el tema del aborto será aplazado por la bancada. No cancelado, sólo aplazado y por razones políticas, ya que esto los podría dividir.

 “Hay cosas más importantes en las que tenemos que concentrarnos en la discusión y aprobación”, explicó Monreal. Sí, por el momento.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Esta semana reavivó el problema de los abucheos contra los gobernadores, en el marco de las giras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Incluso hasta se divulgó un supuesto “manual de abucheos”, atribuible a Morena, pero que este partido endosó luego al PAN.

Fue ejemplar la postura del gobernador de Colima, quien enfrentó a los enardecidos colimenses que lo increpaban, señalando que el abucheo era parte del orden del día de la reunión, y una vez agotado el punto, pedía que lo dejaran continuar con su discurso.

Quién sabe, pero tan no es creíble la posición de los mandatarios estatales abucheados por las huestes morenistas que se dan cita en los eventos de López Obrador, como tampoco lo es la supuesta inocencia de los organizadores de estos eventos, que en todo caso serían los responsables de garantizar el orden.

De todos, sin embargo, el propio López Obrador dijo que no ve nada “planificado”, salvo en Guerrero, donde sí le pareció evidente la manipulación de la gente, refiriéndose a su primera gira por Tlapa de Comonfort, cuando el gobernador Héctor Astudillo Flores fue interpelado por una turba acarreada y aleccionada.

Pero aunque esto dejó mal parado al delegado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, y pese a que el propio AMLO reconoció que alguien meció la cuna en Tlapa, nadie paga por esos platos rotos.

Sin embargo, en el resto de las entidades federativas no aplica esta salvedad, porque no todos gozan de cabal salud frente a la gente. Y no, no es un tema político-electoral, porque la elección ya pasó, y es obvio a estas alturas que los gobernadores no son precisamente unas “ternuritas” (AMLO dixit). Basta ver los informes de la Secretaría de la Función Pública, así como de la Auditoría federal, para entender que las entidades federativas se cuecen aparte, pues registran altos índices de desvíos de recursos y una grave opacidad en el manejo de los mismos.

Mucho falta por avanzar en la lucha contra la corrupción en las entidades federativas, así como en la procuración e impartición de justicia.

Ahora, le explico el enjuiciamiento a ex presidentes de la República requiere no sólo voluntad política, como la que ha expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tampoco hace falta una consulta popular, como lo propuso, sino una reforma constitucional. Esto significa que aunque concluyen su mandato, legalmente no pueden ser perseguidos los gobernantes de México, por lo cual seguirá siendo tema de debate durante algún tiempo y tal vez nunca se concrete, a menos que le convenga al sistema político nacional y extranjero, como sucedió en Brasil, con Ignacio Lula da Silva, actualmente en la cárcel, tras investigarse su gestión.

Pero en el caso de los gobernadores es diferente. Se puede actuar contra aquellos quienes hayan cometido ilícitos. La Auditoría Superior de la Federación cuenta con los elementos para levantar las denuncias correspondientes contra cualquier ex gobernador y gobernador en funciones. Por ejemplo, el veracruzano Javier Duarte ya está tras las rejas, pero se  les escapa el senador mexiquense priísta Eruviel Ávila, o el michoacano perredista Silvano Aureoles, mandatario en funciones.

La totalidad de ex gobernadores de todo el país tienen mucho que aclarar. La suma alcanza los 304 mil 570 millones de pesos entre los años fiscales 2003-2017. Una millonada.

Estos son recursos provenientes de diversos fondos federales que no se recuperaron en ese periodo. Dicha cantidad representa el 64.4 de los 472 mil 361 millones de pesos  malversados por entes fiscalizados.

Es decir, al menos 6 de cada 10 pesos malversados son imputados a gobiernos estatales. Los estados de Veracruz, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Chihuahua y Chiapas, son donde mayor daño al erario se registró. En esas entidades se concentra el 44.8% de lo perdido en todos los gobiernos y entes fiscalizados, 211 mil 128 millones de pesos.

Se trata de cifras oficiales. ¿Alguna duda, amable lector? Ahora cada vez que vea que un gobernador es abucheado, recuerde estas millonarias cifras.