Categoría: S.O.S Costa Grande

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Como se había anunciado, este martes 6 de agosto quedó cerrado el programa de fertilizante gratuito, que ahora es federal. Sin embargo, de acuerdo con cifras del gobierno estatal, quedaron fuera del beneficio unos 70 mil productores, y desde ahora se está convocando al fantasma de la crisis alimentaria en Guerrero, porque además habría muchos otros productores que ante los problemas que se generaron en el reparto, dejaron de insistir y optaron por no sembrar.

¿Qué tanto hay de cierto en esto? No lo sabremos hasta que la Secretaría de Agricultura, cuyo titular es Víctor Villalobos Arámbula; y el coordinador del Programa, Jorge Gage Francois, informen a ciencia cierta qué fue lo que sucedió. De entrada, el gobierno del estado tiene sus propios números y los logros son muy inferiores a los que se alcanzaron, por ejemplo, en 2018; y eso ya es mucho decir, porque se esperaba que al federalizarse el programa, se eliminaran las rapacerías entre proveedores, compradores y beneficiaros, porque esa era la meta, de hacer más con menos.

Al parecer, todo resultó un fiasco, por no decir un fraude, partiendo de que una de las empresas que surtió el insumo fue Agrogen, cuyo propietario es el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, y su hijo, Rubencito Figueroa Smutny, cuyos negocios de fertilizante los maneja otro político y empresario de apellido Bahena.

Recordemos que se dijo que el padrón creció tanto a partir de que la Sader abrió sus ventanillas y eliminó requisitos básicos, que se inscribieron 72 mil productores extras a los que ya se tenían en el estado; por lo tanto, lo que procedía era una depuración de los listados, porque se tienen datos de que con la ayuda de los servidores de la nación se registraron “Chino y Mano Larga”, familias enteras incluso, viejitos de la tercera edad, y gente que en realidad no siembra, pues los criterios que se siguieron fueron eminentemente políticos.

Para colmo, al desatárseles los problemas en las bodegas de Segalmex, los servidores de la nación abrieron mesas para recibir solicitudes adicionales, y ahí fue donde la puerca torció el rabo y los marranitos el rabito (Ruth Tamayo dixit), porque si de por sí eran muchos los ya registrados y parió la abuela.

Me gustaría obviar el “Se los dije”, pero se los dije. Cuando desbancaron a Héctor Manuel Popoca Bone y metieron a este Gage Francois, un ex cenecista de cepa, les dije en este espacio que habría problemas. Y como fue. La profecía se cumplió. Lo que se tiene hoy es una entidad convulsionada, mucho rumor y una gran inconformidad que recaerá en la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Falta que ellos hablen, claro. De momento sólo conocemos lo que el lunes anunció el diputado federal Rubén Cayetano García, en el sentido de que a partir de este martes no se dará “ni un bulto más” a los campesinos, y que sólo se distribuirá el insumo que ya está en bodegas, sin importar si aún hay productores en espera.

Queremos pensar que en bodegas están las dotaciones que faltan de entregar, y eso es algo que le corresponde informar a los coordinadores del programa, así como al delegado federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

Ayer por la mañana, el gobernador Héctor Astudillo se pronunció en conferencia de prensa acerca de este asunto, y dijo que aunque la fecha límite del programa es el 6 de agosto, aún hay productores en espera, a causa de los retrasos persistentes. Por lo cual, el mandatario estatal pide que la Federación haga un esfuerzo y dé fertilizante hasta el último empadronado.

No dejó el mandatario de señalar el rosario de errores y problemas que se cometieron desde comienzos del año, imputables a los funcionarios federales, a saber: “Se partió de un padrón estuvo muy inflado, con más de 400 mil solicitantes. No se conoce el padrón de beneficiario, en ningún momento lo dieron a conocer. Sistemáticamente se estuvo descalificando a los que acudieron a la convocatoria. Se anunció la dotación de vales canjeables por abono, lo que complicó más la operación. Se generó gran incertidumbre entre los productores. Se deterioró la comunicación interinstitucional con la unidad responsable del programa federal. Un listado se integró con padrones del Proagro productivo, Pimaf y Bienestar Social, significando un desapego más a lo establecido en los lineamientos de operación y la convocatoria.

“La indefinición del padrón se prestó a diversos problemas, entre ellas la manipulación política de los denominados servidores de la nación, que han sido señalados por presidentes municipales y campesinos, de actuar con fines políticos y partidistas. Sin capacitación previa y al margen de autoridades municipales y del gobierno del estado, los servidores operaron el programa, generando otro desacato a los lineamientos. Se generaron roces con productores y funcionarios. Segalmex y los responsables del programa han operado desde la Ciudad de México. El 8 de mayo desde iguala, el titular de la Sader anunció desde Iguala como zonas prioritarias Tierra Caliente, Centro y la Montaña, pero no se acató esta medida. La inconformidad de los productores por el retraso ha generado más de 130 protestas presentadas en las zonas montaña, Costa Chica y Centro. Se estima que más de 70 mil productores no han sido abastecidos con fertilizante gratuito Un número importante de campesinos optaron por comprar por su parte o por ya no sembrar”. ¿Qué tal?

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

En abril de este año, el presidente de la República anunció la cancelación definitiva de las zonas económicas especiales, que había lanzado el ex presidente Enrique Peña Nieto en 7 puntos de la región Sur-Sureste del país, entre ellas la frontera de Michoacán y Guerrero, denominada Puerto Unión-Lázaro Cárdenas, zona en la que presumiblemente se desarrollarían proyectos de gran calado empresarial, nacionales e internacionales.

Es el caso que hasta ahora no sabemos qué avances se tienen en esta ZEE que trajo grandes esperanzas para Guerrero y para la Costa Grande en General, como ayer lo citó el diputado Zeferino Gómez Valdovinos, quien anunció que está organizándose un grupo de legisladores de Guerrero y Michoacán para reunirse con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con la intención de solicitarle que retome el proyecto.

Pero poco se supo, decíamos, del impacto de la cancelación, porque sencillamente no ha habido información relativa a los proyectos de inversión ya “amarrados”. Convendría, por lo tanto, que el diputado Zeferino Gómez informe primero qué avances se tenían hasta abril de este año, tanto en lo que toca a las cartas de intención de inversión de los empresarios y consorcios nacionales e internacionales, como en lo que toca al gobierno, sobre todo la compra de terrenos –que no olvidemos que son ejidales en su mayoría y se les tendría que dar total seguridad de la tenencia de la tierra-, la adecuación de las vías de comunicación y, algo importante, la seguridad.

Los gobiernos estatales involucrados en este plan, de hecho, muy poco dijeron, y le permitieron al presidente de la República tomar una decisión quasi unilateral. Vamos, ni la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), dijo gran cosa al respecto, y más bien los gobernadores dejaron hacer y dejaron pasar, como si nada se hubiese perdido, y eso es algo que llama mucho la atención, sobre todo conociendo que lo belicosos que se tornan cuando algo les afecta o no les parece bien.

Lo que sí trascendió por diversos medios fue que estas ZEE fueron ocasión para que los gobernadores desviaran recursos en la compra-venta de terrenos en los que se desarrollarían los proyectos, y nada más. El caso más sonado fue el de Tabasco.

Las promesas

Veamos qué nos prometieron con las ZEE. Un informe del diario El Economista del 26 de abril de este año, se especifica que el potencial de inversión de las 7 zonas económicas especiales programadas por el gobierno anterior, tenía un potencial de inversión a largo plazo de 42 mil millones de dólares, generando alrededor de 368 mil empleos formales.

El monto que se dejaría de captar por la cancelación de las ZEE equivale a la inversión extranjera directa que han captado en los últimos 20 años los 8 estados involucrados en el plan de las ZEE.

Pero ¿qué tanto avance se tenía de este plan tan ambicioso? Según otras fuentes, apenas se identificaron 86 actas de intención de inversión de igual número de empresas, que habían comprometido inversiones por 8,200 millones de dólares, lo cual permitiría la creación de 31 mil empleos formales en las siete ZEE. Es decir, que se tenía un avance de la sétima parte de lo programado. Y estamos hablando únicamente de “cartas de intención” de inversión; es decir, nada concreto todavía.

Estas zonas son Lázaro Cárdenas-Puerto Unión en Michoacán y Guerrero; Coatzacoalcos, Veracruz; Puerto Chiapas, en Chiapas; Salina Cruz, Oaxaca; Tabasco: Campeche; y Progreso, Yucatán.

De la zona que nos involucra, no tenemos –decíamos-, grandes datos. Sólo se sabe que tenía un potencial de inversión de 9 mil 741 millones de dólares, y 75 mil empleos. Pero ignoramos qué tanto se avanzó, cuántos inversionistas estaban ya apalabrados para venir a manejar sus empresas desde nuestras tierras, en las que gozarían de grandes ventajas, pues automáticamente estarían libres del pago de impuestos.

Pero López Obrador fue muy tajante al señalar la realidad de este plan: Que estas zonas incumplieron con sus metas y propósitos. “Era para supuestamente ayudar, pero nunca hicieron nada por ayudar; hicieron negocios, compraron terrenos y derrocharon recursos. No se benefició en nada”, dijo escuetamente.

Ojalá que en el caso de Puerto Unión-Lázaro Cárdenas se consiguiera algo, pero lo dudo. Zeferino Gómez tendría que tener números reales que convenzan al presidente para conseguir su propósito. De lo contrario, que le vaya diciendo adiós a la que dice fue su gestión.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

La matanza en un centro comercian de El Paso, Texas, en la que cayeron 6 mexicanos y 6 más resultaron heridos, de un total de 20 asesinados y 26 heridos, así como la posterior matanza en Ohio, también en la Unión Americana, donde cayeron 9 muertos y 26 heridos, pone por enésima ocasión bajo la lupa la política armamentista de los Estados Unidos, tanto hacia fuera de sus fronteras como hacia dentro.

Es hora de que los congresistas y senadores del vecino país respondan por esa política tan abierta en cuanto a la producción y venta de armas a civiles, y que tomen el ejemplo que desde 1996 adoptó Australia, tras un hecho similar, restringiendo la compra-venta de armas única y exclusivamente para asuntos militares, de defensa nacional y seguridad pública.

Ahora les tocó poner los muertos a los americanos que cayeron víctimas de un joven supremacista que viajó desde Atlanta, Georgia, hacia El Paso, Texas, para perpetrar la masacre en un centro comercial de la ciudad fronteriza, donde hay una amplia comunidad latina.

Esta masacre, por cierto, es considerada la peor en la historia de los Estados Unidos, en su tipo.

En Ohio el homicida es un joven de 24 años, que habría tenido también motivos racistas para masacrar a la gente que esperaba entrar a un bar.

Ante las masacres y la detención del joven criminal de Texas (el de Ohio fue abatido por policías), políticos de Estados Unidos hicieron un llamado a no quedarse como espectadores, pero ninguno tocó puntualmente la regulación de las armas a la sociedad estadounidense, que prácticamente no tiene restricciones para comprarlas y usarlas.

En Australia, tras una masacre similar registrada en 1996, comenzó un duro proceso para prohibir la venta de armas semmiautomáticas y de asalto, y regular aquellas que se venden para deportes.

El 28 de abril de 1996 fue un día triste para los australianos: 35 personas vieron la muerte y otras 20 resultaron heridas. Un hombre de 28 años llamado Martin Bryant, con un rifle semiautomático en la localidad histórica de Port Arthur, en Tasmania, abrió fuego sin mediar provocación en contra de las personas ahí presentes. Minutos antes realizó la misma acción en el café donde almorzó tranquilamente, dando muerte a 18 personas.

Esta tragedia no solo causó conmoción entre los australianos sino en todo el mundo. Por eso, los líderes políticos del país oceánico comenzaron un proceso de reflexión donde el centro de la discusión fue el extendido uso de las armas y la facilidad para adquirirlas en el mercado local.

En consecuencia, a pocas semanas de este hecho, las autoridades regionales presionadas por los jefes de policía local, instaron al Primer Ministro a que prohibiera el uso de armas, principalmente las semiautomáticas y aquellas fabricadas para la guerra.

La primera medida adoptada por el entonces primer ministro, John Howard, fue suspender la importación de armas. A esto se sumó que el Parlamento australiano acordó un generoso programa para la devolución de las armas, así también revisar la legislación existente en la materia.

Sin embargo, con el correr de los meses, la medida adoptada por el gobierno liberal fue la creación del Acuerdo Nacional de Armas de Fuego orientado a regular la portación y uso de armamento en todo el territorio y brindar un marco legal adecuado para prohibir cualquier tipo de importación de armas semiautomáticas.

Pero al contrario, en Estados Unidos ninguna medida de éstas ha prosperado porque hay una asociación que es tan poderosa, que siempre logran cancelar cualquier acción encaminada a legalizar la venta de armas a ciudadanos.

Esta asociación, la National Rifle Association, defiende el derecho de todo ciudadano estadounidense de poseer armas, tanto para la defensa personal como para actividades recreativas. Se fundó en Nueva York en 1871, por lo que se considera la organización de derechos civiles más antigua de los Estados Unidos. El club posee 5 millones de socios.

A este club se enfrentan los políticos cuando piensan siquiera en una regulación como la que se tiene en Australia, y como la que se adoptó en México durante el gobierno de José López Portillo, como parte de su política de pacificación del país luego del periodo de la Guerra Sucia y de la persecución de la izquierda política y la guerrilla. El derecho a poseer armas en Estados Unidos es parte de la segunda enmienda a la Constitución, y desde entonces se vigila celosamente. Gracias a este derecho, los dos jóvenes homicidas de este fin de semana tuvieron acceso a rifles automáticos que usaron contra la población civil indefensa.

Pero estos no son los únicos tiroteos que se han registrado en Estados Unidos. Son más comunes, de hecho, en escuelas, como en la secundaria de Columbine, Colorado, en abril de 1999, cuando 12 estudiantes y profesores fueron asesinados por dos alumnos, y lesionaron a 24 personas.

Digamos que ese fue el primer caso que pudo propiciar la regulación de las armas para civiles en Estados Unidos. Y ayer, Donald Trump únicamente ordenó luto nacional y puso las banderas a media asta. Pero hasta ahí.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

En Coyuca de Benítez, el delegado de Bienestar en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, entregó lo que sería un histórico monto de apoyos al sector acuícola y pesquero en la entidad, por el orden de los 23 millones de pesos.

Los recursos son parte del programa Bienpesca, antes Propesca, que este año tiene a nivel nacional recursos jamás aplicados en este rubro.

El componente Bienespesca maneja en este 2019 un presupuesto de 360 millones de pesos, y es el fondo más grande que aplicará Conapesca en programas pesqueros y acuícolas en el país.

Esto implica que los recursos irán a nuevos productores y no sólo a los que siempre los acaparan, merced a su vínculo con el medio político.

Es sabido que uno de los sectores más beneficiados, pero también más controlados por los partidos políticos, es el de la pesca, a través de las cooperativas de pescadores, que reciben apoyos variados cada año, desde lanchas, motores, artes de pesca, y que también son beneficiarios de los dineros que el gobierno dispone en caso de desastres y para amortiguar el efecto de las vedas, que en nuestro medio se da en los meses de mayo, junio, julio y agosto, para la mayoría de las especies marinas.

Pero por fuera quedan los productores que no están asociados, y que se mueven por sus propios medios.

Este año, por ejemplo, las ventanillas de Conapesca estuvieron recibiendo solicitudes de manera individual y no colectiva, y el dato que se tiene es que a nivel nacional se duplicó el número de beneficiarios de los recursos de apoyo a pescadores y acuicultores.

También se había estado omitiendo el aspecto de la capacitación de los pescadores y productores de varias especies piscícolas, de gran demanda en el mercado. Y vaya que les hace falta ser capacitados, no sólo para conocer lo que pueden y no pueden hacer en su ramo, sino también para ser más eficientes.

Urge, por ejemplo, que los pescadores se empapen de lo que es el desarrollo sustentable. Para nadie es un secreto que en este momento hay escasez de varias especies muy comerciales, como el guachinango y el robalo, porque estamos en los meses de veda. Sin embargo, estas especies siguen siendo explotadas, porque la demanda de ellos es grande. Los restauranteros no tienen capacidad para almacenar tanto pescado previo a la veda, y en estas vacaciones de verano andan sufriendo por la escasez.

Por su parte, los pescadores tampoco guardan ahorros para estas fechas, y están trabajando, cuando deberían estar descansando, dejando a las especies marinas cumplir su ciclo reproductivo y de madurez. Eso sería lo más justo y necesario.

Entonces no sólo es el tema del apoyo, de recapitalización, sino que se deben redimensionar los problemas del sector y comenzar a cubrir las deficiencias.

Porque si a la gente se le da 7,200 pesos por cada beneficiario, eso no alcanza ni para que sobrevivan un mes, mucho menos para los 4 meses que dura la veda.

No olvidar que los programas de productividad, en cualquier sistema producto, deben ser integrales. No sólo ver la parte de la capitalización, sino también de la capacitación técnica, que no vemos que se esté dando.

Tenemos entendido que la capacitación es obligatoria, pero que no siempre se cumple. La Conapesca ha anunciado, de hecho, que hará convenio con los Centros de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar), y ya no con el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (Inca Rural).

¿Para qué la capacitación? No sólo para mejorar la producción, sino para garantizar alimentos sanos e inocuos, provenientes de los mares, ríos, presas y lagunas.

Y todo esto es una buena noticia para Guerrero, porque tiene un amplio litoral marítimo, así como también cuenta con diversos cuerpos de agua que pueden usarse para la producción piscícola, con lo cual se generaría otra fuente de riqueza y mejoraría la alimentación de las familias.

Pero hay un requisito para que todos los planes de desarrollo en el sector pesquero se cumplan: que se adopten nuevos esquemas de transparencia de parte del gobierno, y de honestidad de parte de los beneficiarios, porque aquí ocurre lo que en otros programas, como el del Fertilizante, en los que los beneficios los recibían productores inexistentes, o que no siembran aunque tengan la tierra. En este caso, hay permisionarios de papel, que sólo tienen permisos vigentes y concesiones, pero que son inoperantes y que sólo las tienen para acceder a los apoyos.

El presidente de la República ha dicho que la Conapesca se enfocará mucho al Sur-Sureste. Entonces esperemos que esos programas se vean en Guerrero y que haya resultados de ello.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Tenemos buenas noticias los mexicanos que somos contribuyentes; es decir, los que a diferencia de los que evaden impuestos, cumplimos queramos o no con nuestras obligaciones fiscales, mes tras mes y año tras año, mientras que a los mega-ricos de este país, al contrario, se les condonan sus pagos de IVA e ISR y hasta les reintegran grandes porciones de lo que sí pagaron.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que para el próximo año no habrá incremento de impuestos ni creación de nuevos, además de que no aumentará la deuda pública del país por segundo año consecutivo.

Mientras que sus detractores se desgañitan espantándonos con el petate del muerto, anunciando una crisis económica sin precedentes; y mientras que los organismos internacionales que por decenios han estado controlando la riqueza del mundo señalan que México no crecerá lo que se tiene proyectado en este 2019, dentro del país los que sí contribuimos al crecimiento del Producto Interno Bruto mediante la producción de productos y servicios diversos (sin ver desarrollo), y con el agregado de la generación de empleos, estamos esperando que si no nos bajan la carga impositiva, al menos que no la aumenten.

Al contrario, pedimos se simplifique la miscelánea fiscal y que a los contribuyentes se nos permitan mayores facilidades para deducir sobre todo el IVA, así como también que baje el Impuesto Sobre la Renta, con el cual se gravan las utilidades de una empresa y de las personas físicas, que en este momento es de los más altos del mundo. De verdad que es una tortura el pago de impuestos, y que el Servicio de Administración Tributaria no perdona un retraso. Basta que un mes no se pague impuesto, para que el SAT esté enviando avisos de cobro a los correos electrónicos, y en determinado momento desplazan a los inspectores a requerir el pago personalmente con el levantamiento de un acta de multa.

Y estamos hablando solamente de los dos impuestos federales más importantes, pero no son los únicos. Un ciudadano debe pagar también impuestos estatales y municipales, como el impuesto predial, servicios y licencias, refrendos de placas, así como también enfrentamos el cobro ilegal de derechos, que por ser tales no se nos deberían de cobrar; es el caso del Derecho de Alumbrado Público (DAP), que con la anuencia de los presidentes municipales en turno la CFE lo cobra puntualmente en el recibo de luz, a razón de 13 por ciento bimestral. Por lo tanto, los particulares pagamos el alumbrado público, pero a pesar de ello los ayuntamientos reportan grandes adeudos en este rubro.

El impuesto más oneroso fue el que se nos impuso a partir del 1 de enero de 2017, que es el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), que antes era para artículos y servicios de lujo, pero que por una ideota del gobierno de Enrique Peña Nieto se le cargó a la gasolina y el diésel, en razón de entre 4 y 6 pesos por litro, con lo cual, de ser un país productor de petróleo, pasamos a pagar por la gasolina más cara del mundo.

Esta es la verdadera crisis que estamos padeciendo, aunque oficialmente no se reconozca. Los organismos internacionales no dijeron ni pío ante este atraco, porque no afectaba intereses empresariales directamente, y vino a vulnerar aún más a un pueblo pobre y saqueado recurrentemente.

Hay una larga lista de acontecimientos desde 1998, año en que Carlos Salinas de Gortari anunció su Plan Nacional de Desarrollo, basado en la venta de las empresas del Estado y la creación de una nueva clase política y empresarial, cuya voracidad ha ido empeorando, mientras que los saldos negativos de ese desmantelamiento del Estado se le cargaron al pueblo a sus espaldas.

El Fobaproa, por ejemplo, que no es otra cosa que la conversión del rescate bancario (deuda de empresarios y banqueros) en deuda social, que hoy asciende a 1 billón 300 millones de pesos, aún lo tenemos en el lomo. Hasta nuestros nietos cargarán con esta deuda de la que hemos pagado 600 mil millones de pesos tan sólo de intereses, en los últimos 15 años.

Y así sucesivamente. Recordemos que teníamos un IVA de 10 por ciento, concesión del viejo régimen priísta. Pero fue el gobierno de Zedillo, tras el “error de diciembre” y la profunda crisis que devino, el que modificó en marzo de 1995 la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y lo aumentó a 15 por ciento. Lejos de mejorar, en la era panista ya teníamos todo en contra. Vicente Fox mantuvo el IVA en 15 por ciento; pero su sucesor, Felipe Calderón, ordenó la modificación de la Ley de Ingresos en octubre de 2009, para aumentar el IVA de 15 a 16 por ciento.

Su propuesta era, recordemos, aplicar el IVA a alimentos y medicinas, pero los legisladores tuvieron a bien evitar este nuevo atraco que afectaría de lleno a los más pobres, y sólo autorizaron el incremento al IVA. Desde entonces, esa tarifa permanece, salvo que con la llegada de AMLO se decretó que en las fronteras el impuesto bajara a 8 por ciento, para hacer esa región más competitiva, por su cercanía con Estados Unidos.

El presidente anunció también que no habrá aumentos en los precios de gasolinas, gas y energía eléctrica, en términos reales. Y con eso nos damos por bien servidos.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

En efecto, no son tiempos de grilla barata. El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que no hará eco de las recientes declaraciones de los diputados de Morena, en relación al retraso en la entrega del fertilizante, que a todas luces es un asunto con problemas de origen.

A estas alturas, a nadie le beneficia que la clase política esté aprovechando el momento para acarrear agua a su molino. Hay un problema general, en el que están involucrados tanto el gobierno federal, como el gobierno estatal, los campesinos y las organizaciones de productores, y a estas alturas ya ni llorar es bueno, como dice la canción.

Un verdadero representante popular, un verdadero gobernante, electo por voto popular, tiene como principal tarea la solución de los problemas, no su perpetuidad y mucho menos aprovecha de ellos para ensalzarse.

Terrible es cuando los políticos aprovechan los errores del adversario para venderse como buenos, cuando no es así. Lo vemos a nivel nacional, por ejemplo, con el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien está aprovechando todos los errores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero no porque sea un gran estadista, ni un gran demócrata, mucho menos un progresista. O porque México le importe tanto. Al contrario, lo que quiere es capitalizar la inconformidad que está surgiendo en la base social y sobre todo en el sector empresarial por los cambios impulsados por el gobierno federal, para darle vida a su partido “México Libre”, que junto con su esposa y auspiciado obviamente por fuerzas de derecha, está impulsando con la parte que se llevaron del panismo nacional.

Él mismo se jactó de que su proyecto va viento en popa, y obviamente está aplicando teorías conspiracionistas de derecha, basadas en una guerra mediática de baja intensidad, y de ahí que estén usando rede sociales profusamente, incluso provocando noticias, para ir minando la credibilidad y la popularidad del gobierno. Incluso se habla de que tienen planes para bajar del gobierno a López Obrador antes de que cumpla la primera mitad de su periodo, para obligar a la convocatoria de nuevas elecciones.

Mientras que los priístas no se levantan de golpe tras golpe que la Fiscalía General de la República les viene dando (ahora van por la artífice de la Estafa Maestra, Rosario Robles Berlanba), Felipe está enfocado en la repesca.

A nivel estatal sucede algo parecido. A su llegada al Poder Legislativo, con Pablo Amílcar Sandoval a la cabeza, la poderosa bancada de Morena llegó rompiendo madres. Pensaban que harían que Astudillo bailara al son que le tocaran. No imaginaron que el gobernador sabría moverse en dos bandos: de un lado, les ha respondido de frente. Del otro, se ha plegado a los proyectos del gobierno de López Obrador, como cuando se trató de sustentar el plan de la Guardia Nacional, demostrando con ello que su interés va más allá que una rencilla doméstica. Y que la oposición, a la hora de ejercer el gobierno, no debe ser visceral, como lo exhiben los primerizos diputados morenistas.

Hay que ser selectivos en las guerras que se pelean, elegir aquellas que realmente valgan la pena y le aporten algo al proyecto, pero desechando las que sean simples peleas de comadres, pleitos de lavadero y de vecindad, que lo único que hacen es rebajar la política a su nivel más bajo.

Los morenistas, con todo respeto que nos merecen, se han hecho sus infiernitos y se han metido en ellos. En lugar de avanzar en la parte legislativa, tienen un tiradero y muchas iniciativas en la congeladora, y usan la tribuna para lanzar piedras y quitarse agravios.

Nada más desesperante que esto. El tiempo se los traga y ni cuenta se dan. Les preocupan más sus respectivos proyectos políticos que la agenda legislativa que prometieron, y si siguen así a la postre resultarán un soberano fraude electoral.

Entre tanto, el tiempo pasa…y contando.

 (Misael Tamayo  Hernández, in memóriam)

Hablemos ahora de Morena, partido que también va por el cambio de su dirigencia nacional, actualmente bajo la enagua de Yeidkol Polevnsky, quien ya tiene rato que anda de la greña con el senador Ricardo Monreal, y a quien le arrebató la candidatura para el gobierno de Puebla.

Por decisión del Consejo Político Nacional, el partido lópezobradorista ordenó el cambio de dirigencias mediante un proceso interno democrático.

¿Cómo será? La convocatoria se lanzará hasta el 18 de agosto; y, sin embargo, los aspirantes a la presidencia nacional ya asomaron la cara. Incluso, ya están en campaña mediante redes sociales. Tal es el caso del diputado federal Mario Delgado, quien este domingo puso en marcha su precampaña a escala nacional, con un llamado a la unidad, a finalizar las rencillas internas entre facciones, y a trabajar para hacer realidad el proyecto de la Cuarta Transformación del país, que enarbola el presidente de la República.

Diría José José, “lo dudo”.

Morena está en un peligroso momento no sólo a escala nacional, sino sobre todo en los estados y municipios, donde ya se decantan cacicazgos tanto o más dañinos que los que vimos con el PRD y con el PRI. ¿Por qué? Porque por alguna razón son mucho más reactivos y virulentos, cobijados con el halo de incorruptos. “No mentir, no robar y no traicionar”, es su bandera. Pero sobre todo comenzaron por traicionarse entre sí; y si eso hacen dentro, ¿qué podemos esperar los de fuera?

En Costa Grande, por ejemplo, fuimos testigos del nacimiento del PRD y el levantamiento de sus liderazgos, a los cuales la sociedad respaldó. Pero cuando llegaron al poder, realmente resultaron insufribles: muy chicharroneros (por aquello de que aquí nomás mis chicharrones truenan), altamente sensibles a la crítica, vengativos, políticos boxeadores (propensos a subirse al ring ante cualquier provocación). Comenzaron igual que los morenos, a traicionarse, robarse y mentirse entre ellos, y se daban hasta con la cubeta. Formaron grupos, llamadas tribus, que usaron para perpetuarse en el poder, saltaban de un cargo a otro, sin permitirle a la base ascender. Y así hasta entregar el partido a intereses espurios, y se lo tragaron.

Habiéndose formado en el escenario de la denuncia y la confrontación de la oposición, a los perredistas se les olvidó que una vez llegados al poder su comportamiento debía ser otro, pero se convirtieron en la perra brava del pueblo, que siendo tan brava desconoció hasta los de casa.

En aquellos años de finales de los 90 y principios de este milenio, la clase política surgida del PRD tardó en darse cuenta que una cosa es estar del lado de la oposición social, y otra cosa ser gobierno.

Dice Paco Ignacio Taibo II, que Morena se está perredizando. Pero en el caso de Morena, la cosa apunta a algo mucho peor. Lo decimos en serio. Basta ver las rebatingas, pleitos y enemistades irreconciliables entre los morenistas de Guerrero, para darnos cuenta de que el hombre como ser político es un caso perdido. No hubo ni un momento de luna de miel entre ellos. Si a los del PRD les duró poco el gusto, con los de Morena el gusto ni siquiera comenzó. Todo fue un vil acomodo de intereses, que ahora ya están muy bien definidos.

Realmente nos están quitando un tipo de cacicazgo para ponernos otro, pero mucho más sensible y rijoso. Mucho más duro y peligroso. Mucho más desconfiado y vengativo. Y también mucho más propenso a la corrupción.

Veamos si no el caso del fertilizante, donde se tuvo el descaro de contratar a Agrogen, la empresa que los Figueroa se mandaron a hacer como traje a la medida, cuando se inventaron el programa del fertilizante gratuito. Así fue cómo este clan absorbió los recursos públicos del estado y municipios durante 25 años.

Pero el cambio de gobierno no los afectó. La denuncia ahora es que no hubo cambios, sino que se reanudó el trato con los creadores del programa. Y, sobre todo, que se trajeron abonos importados de países asiáticos de muy baja calidad, para ahorrarse unos 60 millones de pesos en conjunto, pese a que gastaron más que lo que normalmente se gastaba.

Conclusión: Morena no es López Obrador. Al contrario, el partido puede tragarse al presidente y desbarrancar la Cuarta Transformación, si la elección interna que están convocando no surte el efecto deseado. Al tiempo.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Una muy pobre autocrítica vemos en los aspirantes a dirigir el PRI, salvo la opción de volver al pasado, saboreando las glorias del poder perdido, que es tan inmediato pero a la vez tan lejano, que la añoranza es más un desaliento que un acicate. Pero obviamente en política nada está escrito, y el poder se reconquista paso a paso, aprovechando errores del adversario, provocándole otros, quitándole gente, y así hasta minarlo como sucedió con el PAN.

Los priístas ya vivieron este proceso en el año 2000, cuando perdieron la Presidencia de la República con Vicente Fox, una vez que el país en su mayoría optó por un gobierno de derecha.

Al margen de si a México le salió más caro el caldo que las albóndigas con los panistas, y aunque debemos de reconocer que la terrible corrupción a gran escala que padecemos se la debemos a los blanquiazules, lo que importa es determinar cuánto le tomó al PRI volver al poder. Solamente tuvo que esperar 2 sexenios (12 años) para recuperarse de su caída, que aunque no fue tan espectacular como la que sufrió en 2018, tampoco significa que no pueda hacerlo de nuevo.

Los que piensan que el PRI está acabado, debieran de pensarlo dos veces. El dinosaurio siempre nos sorprenderá.

Alejandro Moreno, Alito, gobernador con licencia de Campeche, estuvo en Guerrero en el marco de su campaña por la dirigencia del tricolor a escala nacional, cargo que se disputa con dos mujeres, pero sobre todo con la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, misma que representa –además de sus propios intereses-, los del ala dura del partido, que aunque enarbola la bandera de la democracia, dista mucho de serlo.

Comandados por el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, el ala opositora del priísmo nacional tiene muy poco que ofrecer, que no sea más de lo mismo. Es la vuelta al PRI dinosáurico, mientras que Alito encarna la esperanza de volver al PRI de los mirreyes y de los “Golden boys”, que resultaron más cañones que bonitos, pues a diferencia de sus antecesores, ya nacieron en pañales de seda, sus carreras políticas fueron meteóricas y por recomendación, y representan a la política inescrupulosa.

Con estas dos opciones enfrente, el priísmo nacional –y lo mismo sucede en los estados-, no tiene mucho que hacer y tampoco mucho que decir.

A sabiendas de que la vida interna de su partido se decide desde las cúpulas nacionales, que se mueven como espectros, fantasmas, entes invisibles, los priístas guerrerenses ven, oyen y callan. ¿Qué más se puede hacer ante una realidad tan descarada? No mucho. Por eso el PRI en Guerrero se abstiene de meterse a este juego y más bien prepara su propio escenario.

Recordemos que el priísmo nacional estaba entusiasmado con la elección interna, porque por primera vez sería abierta a las bases, y organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE). Pero “aiga sido como aiga sido”, de última hora se determinó que el partido mismo organizaría el proceso, lo cual impide que se tenga la certeza e imparcialidad necesaria.

En el camino, de hecho, se salió el ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud, Jorge Narro, por considerar que el PRI iba al despeñadero. Expuso que los grupos de poder al interior del partido maniobraron para evitar una verdadera renovación, que le permitiera al tricolor transformarse. Por ende, la elección de Alito será sólo un trámite, aplicando la máxima de cambiar para seguir igual.

La transformación del PRI será una mera simulación, aunque Alito diga que será real.

También prometió que el priísmo retendrá la gubernatura de Guerrero. Puede ser que así sea, pero no será por él, ni por nadie del ámbito nacional. Será por las circunstancias mismas de  la entidad, y porque –como decíamos-, los tricolores no se entretienen, están trabajando a todo vapor para que Héctor Astudillo le entregue la estafeta a uno de los suyos. Siendo el priísta que recuperó Guerrero, el gobernador no querría ser también el último de esta nueva era del tricolor. ¿Cierto?

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Los diputados federales avalaron este jueves en lo general, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, con la oposición del PRD. Resulta increíble que México no contara con una ley de esta naturaleza que le impidió durante decenios confiscar sin más trámites los bienes que son resultado de actos delictivos. De ahí que, por ejemplo, cuando Estados Unidos pedía la extradición de algún delincuente, también se tomaba la libertad de incautar sus bienes, como lo pretende hacer con la fortuna de Joaquín Guzmán Lorea.

Desafortunadamente, nuestro país no tenía un instrumento legal de esta talla, para confiscar los bienes de los jefes de los grupos delincuenciales, así como tampoco los de funcionarios públicos y gobernantes cuya riqueza proviene de actos de corrupción, saqueos y malversación de fondos.

A diferencia de países como España y los Estados Unidos, el gobierno mexicano se metía en vericuetos a la hora de hacer confiscaciones, y el resultado es muy pobre hasta ahora. Si revisamos el caso de Guzmán Loera, por ejemplo, es irrisorio el número de propiedades, bienes muebles, y efectivo que le han quitado. Su fortuna prácticamente está intacta.

Con ésta nueva legislación, citó el diputado federal Rubén Cayetano García, “la autoridad podrá retener y enajenar bienes provenientes de actos delictivos, para fines de políticas públicas para, por ejemplo, disminuir la pobreza como ocurrió recientemente con la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de otorgar a municipios pobres de Guerrero, Cochoapa el Grande y Metlatonoc, de la Montaña de su Estado”.

Ayer, con críticas de la bancada del PRD, en el sentido de que esta ley se prestará para arrebatar los bienes de gente inocente, los diputados federales aprobaron la legislación mencionada en lo general, y pasará a una revisión artículo por artículo.

Votaron a favor Morena, PRI, PAN, PT, PES, MC y Verde Ecologista, pero no se consiguió el voto del partido amarillo, sí como un voto en contra del PES y una abstención de parte de este mismo partido.

Hay reservas y abstenciones, claro, pero estas se van a discutir en lo particular, lo cual debieron hacer también los perredistas, pero no votar en contra.

Concretamente, la ley habla de bienes que son susceptibles de ser confiscados, y señala que son todos aquellos bienes muebles e inmuebles, así como en moneda corriente y extranjera, que sean producto o instrumento de un hecho ilícito, o que estén destinados para usarse en delitos.

Para los perredistas, esto último es una presunción, y de ahí su voto en contra. Aquí entrarían, por ejemplo, las casas que son rentadas a delincuentes para usarse como mazmorras a donde llevan a la gente secuestrada, o que usan como sus fortines. Con la citada ley, estos bienes aunque estén en calidad de arrendamiento, serán susceptibles de ser enajenados por el Estado, venderse y reintegrarse al pueblo en obras y programas sociales.

¿Qué es la extinción de dominio? Es la pérdida de derechos que tiene una persona en relación a bienes de todo tipo. Si estos bienes son usados para actividades ilícitas, automáticamente la persona pierde el derecho sobre ellos y pasan al poder del Estado.

Esto ya lo viene haciendo, de hecho, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y lo intentó hacer el gobierno de Felipe Calderón, pero sólo en el caso del dinero decomisado al chino Zhenli Ye Gong, que presuntamente se usó en la construcción de clínicas de rehabilitación para adictos.

Pero se trata de hechos aislados y lo que se necesita es que sea una norma. Un juez en España se mostró sorprendido porque México no tiene una vía rápida para incautar bienes. Allá, dijo, se investiga, se detiene a la persona, se somete a juicio, automáticamente quedan incautadas sus propiedades y cuentas bancarias, y una vez que se le comprueba su responsabilidad, va a prisión y sus bienes pasan a ser propiedad del Estado (que no del gobierno, ojo).

La ley que se analiza en la Cámara de Diputados le da al presidente de la República la facultad de decidir el fin de los bienes incautados, pero definitivamente deberán ser para programas sociales, servicios públicos y otras políticas prioritarias.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Los mexicanos no estamos enterados de los asuntos económico-financieros. Ignoramos mucho de esta materia, y por eso cuando vienen y nos dicen que el Producto Interno Bruto del país crecerá menos de 1 por ciento este año, nos apanicamos y pensamos que estamos al borde de una recesión.

De hecho, esta palabra “recesión”, está siendo usada muy recurrentemente por los analistas políticos, y están logrando el objetivo que se plantearon, de provocar pánico entre la población.

Y eso es precisamente lo que quieren, sin ver aspectos como que el peso está fuerte, se tienen inversiones sin precedentes en muchas áreas, como el sector energético que estaba abandonado a propósito, y sobre todo se está combatiendo la corrupción de alto nivel que caracterizó a los gobiernos anteriores.

Sí, la Bolsa Mexicana de Valores está teniendo una mala racha, pero eso es en cuanto al mercado bursátil, el mercado de los capitales, algo que yo llamo el terreno de los apostadores de la economía, los que medran con un mundo económico ficticio, jugando con acciones, pagarés, deudas, etcétera.

¿Por qué decimos que el Producto Interno Bruto de una nación, no significa realmente desarrollo? El presidente lo dijo, al responderle al Fondo Monetario Internacional, que junto con otros organismos calificadores están colocando a México como un foco rojo: “No es lo mismo desarrollo que crecimiento”.

Y tiene razón. Los conceptos de desarrollo son muy distintos a los de crecimiento. Por ejemplo, arrasar un bosque que se traduce en madera para comerciar se llama “crecimiento”, pero sin importar la ruina que esa actividad dejó a su paso, lo cual anula el desarrollo de las personas.

Explotar una mina, sacar toneladas de oro para exportación, al grado de que el país se coloque como el productor número uno de ciertos metales preciosos, es “crecimiento”. Pero no se toma en cuenta que el agua fue contaminada, los bosques devastados, y que la gente que vive alrededor de estos dichos centros de explotación minera queda empobrecida, sin empleos y enferma de muerte.

Como podemos ver, no es lo mismo crecimiento que desarrollo. Y en este punto tiene razón el presidente, que ha dicho que su gobierno buscará el desarrollo sustentable, aunque el nivel de crecimiento sea lento, sobre todo para los capitales extranjeros, que sólo vienen a medrar, explotar, saquear y llevarse la riqueza nacional a sus países de origen.

¿Estamos comprendiendo?

Leamos algo que dijo planteó el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Comparmex): “Está muy claro que el gobierno de AMLO lleva al país por el camino del fracaso y de mayor pobreza para toda la gente”, y advierte que el PIB de México podría crecer sólo el 0.5% en 2019.

“Si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no toma las decisiones importantes, sobre todo en materia energética, que generen certidumbre jurídica a los inversionistas, el crecimiento económico de México podría ubicarse entre 0.50 y 0.75% al finalizar el 2019, alertó Gustavo de Hoyos.

“Las decisiones de esta administración han generado inseguridad jurídica y falta de crecimiento económico, en la antesala de una recesión”, afirmó.

¿Qué tal? Aquí está lo que les platico: están tratando por todos los medios frenar el rescate de Pemex, que debe hacerse a toda costa, para abatir la súper dependencia energética que tenemos del exterior. Pero sobre todo conviene desmentirlos, porque nos están asustando con eso del petate del muerto. El PIB no sirve para evaluar el desarrollo de una nación.

El PIB tiene límites claros, cuando se trata de evaluar el bienestar. El bienestar depende de factores como salud, educación, lazos y relaciones sociales, calidad del medio ambiente y seguridad. Hay que medir todo esto, no porque lo pida AMLO, sino para saber mejor cómo somos y a dónde vamos.

Y para que estemos tranquilos, sepa usted amable lector, que el mismo Simon Kuznets, inventor del indicador del PIB y ganador del Premio Nobel de Economía 1971, dijo que “es muy difícil deducir el bienestar de una nación a partir de su PIB per cápita”, porque “hay que tener en cuenta las diferencias entre cantidad y calidad del crecimiento”.

Pero pese a que el inventor del PIB advirtió que la prosperidad no debía equipararse con el crecimiento del PIB per cápita, los economistas y políticos han seguido utilizando esta medición para tratar de convencernos de que las cosas van bien cuando evidentemente van mal. No es sólo ver cuánto tenemos, sino cómo lo obtuvimos, y en qué lo estamos gastando.

Hay otros indicadores que México puede adoptar, como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que sintetiza en un solo número el progreso humano, al combinar información sobre la salud, la educación y los ingresos de las personas. De acuerdo con el IDH, México ocupa el lugar 74 de entre 189 países. Podría también desarrollar una versión mexicana del Índice Nacional de Felicidad Bruta (INFB), que desde hace años utiliza Bután y que es un índice de un solo número, desarrollado a partir de los 33 indicadores categorizados bajo nueve rubros: 1. Bienestar psicológico; 2. Educación para la salud; 3. Uso del tiempo; 4. Diversidad y resiliencia cultural; 5. Buen gobierno; 6. Vitalidad de la comunidad; 8. Diversidad y resiliencia ecológicas; 9. Estándares de vida.