Categoría: S.O.S Costa Grande

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El gobernador celebró ayer el primer semestre de su gobierno en que la violencia disminuyó hasta 30 por ciento. Y vaya que sí es una noticia para celebrar, porque aunque las muertes siguen y cada vida debe ser motivo de duelo, el hecho de que se tengan menos homicidios dolosos es una buena noticia. Y como dice el comercial, las buenas noticias, también son noticias.

Coincido, sin embargo, en aquellos que reconocen que no hay motivos para echar las campanas al vuelo, porque en esto de la pacificación de Guerrero resta un largo y tortuoso camino, porque hay que reconocer que no se trata solo de reducir los homicidios dolosos, porque aunque es el delito de mayor impacto social y político, no es lo único que hay que combatir.

A contra pelo, mientras bajan los homicidios, aumenta algo quizás más terrible, como la desaparición de menores y mujeres, el feminicidio, así como otros delitos comunes, como los asaltos en la vía pública, asaltos a comercios, asaltos en carreteras, robo de vehículos, etcétera.

Esto se entiende porque al combatir a los delincuentes de arriba, los delincuentes de abajo se vuelcan contra la población civil, en la búsqueda de recursos a los que quedaron acostumbrados.

Por ejemplo, aunque ayer se anunció la detención de Zenén Nava Sánchez, líder de Los Rojos en la zona de Chilapa, cartel que mantiene una cerrada disputa por los territorios de la montaña baja y la zona centro, con el cartel de Los Ardillos de los hermanos Ortega, habría que esperar a ver qué sucederá con las bases del cartel.

Porque está harto demostrado que detener a las cabecillas de los grupos no es la solución a la violencia, sino todo lo contrario. Mientras esté el líder con ellos, el cartel se mantiene unido. Una vez que se le detiene o muere, entonces abajo todo se convulsiona y los diversos grupos internos comienzan a disputarse el liderazgo, matándose entre sí, y convirtiendo en un infierno los sitios donde operan.

Esto es lo que en realidad ha sucedido en México desde que Felipe Calderón sacó al Ejército a las calles, a combatir a los cárteles, para quedar bien con George Bush y con Obama, a cambio de dinero mediante la iniciativa Mérida.

México se dedicó a encarcelar a los capos, pero les dejó intacto su imperio económico, así como tampoco quebró sus redes nacionales e internacionales. Los muertos comenzaron a cubrir el país, los grupos se multiplicaron y se tornaron cada vez más violentos, y Estados Unidos retomó el control del mercado del narcotráfico, así como halló en nuestro país un filón para la venta de armas, incluso mediante un operativo oficial denominado Rápido y Furioso.

Tan sólo por ese operativo subrepticio, México debió romper el pacto de combatir al narco con Estados Unidos, así como desmantelar la iniciativa Mérida –que no sólo incluía financiamiento, sino también permiso para que los grupos de inteligencia estadounidenses operaran dentro de nuestro país.

Pero no se hizo, se continuó con la simulación, y la historia se prolongó hasta nuestros días, hasta hacer de México una nación pobre, ensangrentada y sumida en una pobreza extrema que no cede.

Antes nos conformábamos con decir que éramos pobres, pero felices. Éramos un país de tercermundista, pero comíamos tortilla y frijoles en paz.

Hoy, el alimento escasea a causa de la crisis económica; y, lo que es peor, lo hacemos en medio de un temor e incertidumbre crecientes.

El golpe a uno de los grupos delincuenciales más violentos del estado y del país, es un acierto para el gobierno estatal, sobre todo porque eso impacta en la capital del estado, así como en la Sierra, pues Los Rojos se metieron a esa región con el mote de Los Jefes, haciendo de la zona un infierno.

Para Astudillo, es vital que Guerrero recobre cierto nivel de paz. Su gobierno está en la recta final y están por definirse las candidaturas para sucederlo en el cargo. Sus logros y fracasos, forzosamente, impactarán para bien o para mal en el PRI.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Por si nadie ahí arriba en las altas esferas del gobierno se ha dado cuenta, a nivel internacional ya se anuncia que México vive una pandemia de feminicidios. Detrás de este fenómeno se esconde algo más que el machismo (que siempre lo hemos padecido, claro), y se antoja que hay una red de secuestro, trata, muerte y tráfico de órganos en

A nivel nacional el panorama es desalentador, ya que actualmente 56% del territorio cuenta con la Alerta de Violencia de Género. Pese a ello, los resultados son nulos.

Los gobiernos estatales y los municipios, así como el gobierno federal, se han visto incapaces de atajar este nuevo flagelo, a diferencia de lo que sucedió con el secuestro, por el que se diseñó una estrategia que a la postre resultó efectiva.

La marcha de mujeres indignadas por la violación de una joven a manos de policías de la Ciudad de México, que derivó en destrozos en una estación del metro, y pintas en monumentos históricos como El Ángel de la Independencia, trae a colación este problema en el que los organismos defensores de los derechos humanos –y no sólo las feministas-, han estado haciendo hicapié, pero sin muchos resultados.

A diferencia de  lo que sucedió con el secuestro, la matanza de mujeres en el país no ha levantado de sus asientos a los funcionarios públicos, de todos los niveles. Al contrario, por muchos años los gobiernos estatales se resistieron a adoptar la alerta de género, argumentando que eso sería contraproducente para sus economías.

Las confesiones de asesinos seriales de mujeres son aterradoras. El secuestro de chicas que luego son halladas muertas, no han sacado de la indiferencia al pueblo mexicano, tampoco a los analistas políticos y menos a los miembros de los partidos.

Si acaso hay una reacción igualmente violenta en redes sociales contra los feminicidas, pero hasta ahí. Se observa, incluso, que las noticias que hablan de muerte de mujeres, han trivializado el asunto aún más, pues la gente se desfoga mentando madres en la sección de comentarios de las redes, pero eso no impacta por ningún lado. Sirve todo eso solamente como un desfogue, pero también –paradógicamente-, para ir aleccionando a la sociedad acerca de esta nueva realidad, al punto de hacerla indiferente.

Los estudiosos del fenómeno de violencia comienzan apenas a poner sus ojos en este terrible delito, y pretenden esclarecer y atacar las causas más profundas, además de las obvias, como la cultura machista y la impunidad.

En esto del feminicidio, ocurre lo mismo que con los cadáveres de las infortunadas mujeres: son sólo cifras que se enfrían demasiado rápido.

Psicológicamente hablando, reconozco lo que asume una socióloga que fue entrevistada por un medio nacional: Que “una sociedad que se acostumbra a vivir con los niveles de violencia que se registran en México, es forzosamente una sociedad enferma”.

Y así es. Tanto, que las mujeres cuya indignación llegó al tope en la capital del país, fueron azotadas doblemente en redes sociales y en medios formales, acusándolas de violentas. Y así se perdió la meta de denunciar un abuso policial, para poner en primer lugar las pintas, los gritos y destrozos de las mujeres que se solidarizaron con la agraviada.

Las protestas no están moviendo al gobierno. Los colectivos están haciendo su parte, incluso están incurriendo en desesperación y vandalismo, como sucedió el pasado viernes.

Al contrario, nos sorprende que no haya habido más protestas de este tipo por el feminicidio, siendo éste un delito tan atroz y tan de alto impacto social y político.

¿Qué sucede? Pues que las que mueren no son de los que tienen voz. Son mujeres jóvenes con niveles bajos de educación. Mujeres de barrios bajos.

Es distinto a cuando asesinan al hijo de algún potentado o intelectual, o político.

Recordemos que en el tema de los secuestros fue distinto: en la administración pasada hubo una estrategia nacional antisecuestro, con algún grado de éxito. Y es porque el secuestro le pegó a la gente de dinero y tenían la capacidad de movilizar a las autoridades.

Sólo en México se cometieron 671 feminicidios durante ese año. Pero en 2018, fueron asesinadas 3,663 mujeres (¡10 cada día!)

Pese a estas escandalosas cifras impunidad que rodea este tipo de casos es indignante: sólo el 10% de los feminicidios han recibido una sentencia condenatoria.

Y la tendencia es la misma a lo largo de los años: mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, muertas a golpes, por asfixia o con arma blanca.

Pero, ahora los feminicidios están saltando a los espacios públicos, y las muertes se dan con armas de fuego.

El asunto empeora y, sin embargo, los gobiernos no se inmutan.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Este domino se confirmó la salida de Beatriz Mojica Morga del PRD. Sale de este partido después de 30 años de militancia, por una decisión personal, pero basada en el rumbo que está tomando el partido con la probable alianza con el PRI.

Beatriz Mojica Morga, ex candidata al gobierno de Guerrero en 2015, ex secretaria general del PRD en el país, y malograda candidata al Senado de la República en la elección pasada, convocó a la prensa únicamente para leer un escueto comunicado en el que dice poco, pero al menos lo suficiente para entender que ya no estará más en el partido, que no se suma a ningún otro, y que continuará haciendo política desde otra trinchera.

Afirmó que unos 100 mil perredistas ya no se reafiliarán, y que sólo participará en algún otro proyecto de izquierda cuando sea real y surja de la base social.

Trabajará con la gente, con el pueblo, dijo, “porque este esfuerzo va más allá de los partidos.”

Agregó: “En los últimos cuatro años la situación en Guerrero ha empeorado, aumentaron la pobreza y la violencia, los feminicidios están a la orden del día, las inversiones no llegan a las regiones, los programas sociales estatales fueron desaparecidos, la desesperanza y el miedo reinan en las calles y, aun así, hay quienes plantean la posibilidad de generar una alianza con el PRI, con esa camarilla que tanto daño le ha hecho a nuestro estado”, escribió Beatriz Mojica Morga, en alusión al proyecto del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, su ex jefe en el gobierno estatal, para hacer una alianza PRD-PRI-PAN, para las elecciones de 2021.

Es una lástima que Bety Mojica no haya querido responder preguntas, salvo el que ésta fue una decisión que le costó mucho tomar. De modo que en el aire quedan muchas interrogantes, sobre todo acerca de la real situación del partido del Sol Azteca en Guerrero, sus posibilidades de renacer ya como una disminuida oposición, al grado de que se vea en la necesidad de aliarse con su eterno adversario para conservar cierto nivel de poder en la entidad.

También falta saber qué sucederá con su grupo político, que es una falange de Nueva Mayoría, filial de Nueva Izquierda, que a nivel nacional conducen Jesús Zambrano y Jesús Ortega, Los Chuchos, y que son el real poder tras el trono en el PRD.

Incluso, el año pasado Los Chuchos lanzaron la propuesta de crear un nuevo partido político, que se retroalimentara de nuevos grupos sociales, dando por muerto al PRD. En Guerrero, esa propuesta topó con pared. Y fue el ex gobernador Ángel Aguirre el que pidió que no se retomara algo parecido, pues los únicos que ganarían con ello serían Los Chuchos, sus acérrimos enemigos por cierto, porque fueron los que lo obligaron a retirarse del gobierno de Guerrero para dar paso a un gobierno interino, tras los violentos hechos de Iguala.

En parte tiene razón Aguirre, porque Los Chuchos son los que han corrompido al partido en grado máximo. En parte, decimos, porque él busca también lo suyo aquí en Guerrero, donde bien podrían enterrar lo que queda del partido amarillo y reconstruir uno nuevo, que al menos en el nombre lleve la promesa de que no se trata de lo mismo.

Muy posiblemente –para no asegurar- Los Chuchos están aceptando desde México la alianza con el PRI en Guerrero, para combatir a Morena, como ya antes lo hizo con el PAN, aunque sin resultados. Y para ello, Ortega y Zambrano prefieren perder activos, que recular en su intento por combatir a AMLO, como antes lo hicieron con Cuauhtémoc Cárdenas, quien prefirió entregarle el PRD a López Obrador que dejarlo en manos de Los Chuchos, cuando compitió por tercera y última vez a la presidencia de la República contra Vicente Fox.

Es interesante lo que ocurre con las escisiones políticas. Beatriz Mojica parecía ser una de las consentidas de Los Chuchos, quienes la sostuvieron contra viento y marea como candidata a gobernadora en 2015, a pesar de que con eso lanzaron a Luis Walton Aburto, del MC, a los brazos del PRI, pue el ex alcalde acapulqueño quería tener patente de corso en la candidatura de la coalición de izquierda.

Hoy se va Bety del PRD, mientras que Walton relanza su precandidatura, como probable alternativa en una alianza con Morena. ¿Qué tal?

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Resultaron muy interesantes las comparecencias de los municipios de Taxco, Iguala, Cocula, Chilapa, Acapulco, Ometepec, Zihuatanejo y Chilpancingo, ante las comisiones unidad de Justicia, Seguridad Pública, y Asuntos Indígenas y Afromexicanos.

Se trató de reuniones de trabajo entre diputados y alcaldes para atender la recomendación 14V/2018, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a fin de revisar el estado que guarda la seguridad en los principales municipios de la entidad, grandes y medianos.

Los diputados acordaron desde el 20 de junio pasado llamar a comparecer a los presidentes municipales y titulares o encargados de despacho de Seguridad Pública de los municipios mencionados, y esta semana se desarrollaron las comparecencias que, como observamos, fue un excelente ejercicio.

Eso fue algo que debe repetirse periódicamente. Y, de ser posible, incluir a otros municipios. Faltó, por ejemplo, Tlapa de Comonfort en la Montaña alta; Ciudad Altamirano, Arcelia y Coyuca de Catalán en Tierra Caliente; Ayutla y San Luis Acatlán en Costa Chica; y más de la Costa Grande, pues no sólo el gobierno de Zihuatanejo debe explicar qué está haciendo en materia de seguridad, pues hay otros municipios con mayores índices delictivos, cuyos alcaldes deben también ser llamados a cuentas.

A los alcaldes se les enviaron cuestionarios previos que ya llevaron contestados. Pero estuvieron expuestos a una serie de preguntas específicas, relacionadas con el número de policías que tienen, si están certificados, salarios, equipo, vehículos, etcétera.

También en materia de prevención del delito debieron explicar qué están haciendo.

La mayoría de ellos explicó cómo recibieron las áreas de seguridad pública, en octubre pasado, y lo que han hecho hasta hoy.

En general y con excepciones, el panorama es deprimente. Cocula está sin policías desde la desaparición de los 43; el municipio únicamente tiene 3 policías. El alcalde fue acusado por los diputados de nadar de a muertito, pero dijo algo que es real: nadie quiere ser policía en ese lugar.

Y así sucesivamente.

Los sueldos de los policías son deprimentes, están rezagados. Muchos carecen de seguros de vida. Y tampoco tienen equipo de protección, pues los chalecos antibalas caducaron.

Los diputados se dieron cuenta que no es lo mismo torear los toros, que verlos desde la barrera. Aunque, claro, hay casos de diputados que ya fueron alcaldes, como el de Taxco, Omar Jalil Flores Majul, presidente de la Comisión de Justicia, quien conoce perfectamente de qué lado masca la iguana en su municipio. O Robel Urióstegui, ex alcalde de Teloloapan, quien se ensañó contra el presidente de Cocula, a sabiendas de que toda la zona Norte está en caos. Él mismo, recordemos, tuvo que huir un día en helicóptero de su municipio, por amenazas en su contra.

Los problemas son tantos y tan graves, que aun los municipios con mayor presupuesto de seguridad, como Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo, están remando contra corriente. Cierto que los alcaldes están haciendo su mejor esfuerzo; es irresponsable decir que no están haciendo nada, porque nada es nada. Todos están haciendo algo, aunque ese algo sea insuficiente para revertir los índices de violencia heredados, y para prodigar a la población de un mínimo nivel de seguridad.

Los alcaldes saben que hablando de asuntos de seguridad no es “enchílame otra”. Es algo complejo, que también demanda de la participación ciudadana. De ahí que la nueva ley en la materia los obligue a tener una dirección de prevención del delito, mediante la cual puedan desplegar un plan de prevención, que llegue directo a los ciudadanos de todas edades, especialmente jóvenes.

Lástima que fueron unos cuantos alcaldes los que comparecieron. Son 81, y en todos ellos hay problemas.

Los diputados deben escucharlos a todos. Quizás lo mejor sea acudir a las regiones, para evitarles desplazamientos. O que los legisladores se integren a las reuniones regionales que se realizan en los batallones cada mes, como parte del plan de seguridad nacional. Así no estarán dando palos de ciego, ni usando la tribuna para politizar y partidizar este terrible problema de inseguridad.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Mientras el caso Rosario Robles eclipsó el notición del triunfo de Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, en la elección interna del PRI, en Guerrero comenzó a tejerse una fuerte tenebra por el relevo en 2021.

Por un lado, el PRI festejaba el “planchadito” relevo en su dirigencia nacional; pero por el otro sufría el derechazo por el encarcelamiento de la ex secretaria de Desarrollo Social, por el caso de la Estafa Maestra.

Por lo tanto, el momento es para hacer una profunda reflexión en un partido minado por tanto escándalo. El reto es precisamente para Alito, gobernador con licencia de Campeche, quien ayer prometió reanimar al partido y levantarlo hasta que vuelva a ganar elecciones.

Y sí, ese es el reto: ganar elecciones. Pero el proceso será largo y tortuoso, sobre todo si el caso Rosario Robles se desboca y alcanza las más altas esferas del poder político priísta, incluyendo al presidente de la República, pues no olvidemos que la Estafa Maestra tiene el grado de “máster en corrupción”, porque no se limita a la ex perredista, sino que es toda una red de corrupción inimaginable, que  no sólo incluye a dependencias federales -12 hasta ahora-, sino a un puñado de universidades públicas y de éstas a diversas empresas fantasmas.

5 mil millones de pesos –más lo que se acumulen-, es tanto dinero que no puede ocultarse. Y para eso está el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del nuevo régimen, rastreando con lupa el dinero, para lo cual se ha pedido la colaboración de entidades similares en otros países.

De hecho, esa es fácil de hacer, pues en la ruta del dinero está la verdad.

Volviendo al tema, la elección del domingo en que el PRI hizo un fallido intento de democratización –abortado por las élites del poder desde que se anunció, en demérito de la militancia y en general de todo México, porque si se tienen partidos políticos que son las puertas principales de nuestra democracia, viviendo en una democracia simulada, o en una antidemocracia, el daño se traslada a la sociedad en su conjunto. La elección del domingo, decíamos, marcó el inicio de lo que será una muy larga precampaña política en Guerrero que, si bien por ahora parece tenue, se irá dibujando con fuerza rumbo a esa fecha en que se demostrará si la oposición es capaz de conciliar sus intereses tan disímbolos, y si Morena es de superar sus divisiones internas y pelear, ahora sí, el poder local, tanto en el gobierno estatal, como en municipios y distritos.

Esto luego de que en julio de 2018 dejaron pasar una oportunidad de oro, y fueron avergonzados los morenos que presumían que Guerrero era el partido más lópezobradorista del país. Pero resultó un fiasco, porque aunque ganó el presidente, la población optó por el voto diferenciado y terminó favoreciendo al PRD en municipios y distritos, y en segundo lugar al PRI.

Vamos, hasta el PT obtuvo espacios, pese a que se salió de la alianza con Morena, algo que al inicio parecía un suicidio, pero que le sirvió para deslindarse de los líderes del partido guinda, con quienes ahora no quieren ir ni a la esquina y veremos a los petistas aliándose con el proyecto del ex gobernador Aguirre, quien de hecho ya ha estado tejiendo esas alianzas discretamente.

Lo que procede es que el PRI no vea hacia atrás. Que no haga lo de la mujer de Lot, quien volteó para ver la destrucción de Sodoma y Gomorra, y terminó convertida en estatua de sal.

Ante tanto cochinero detrás, Alito tendría que demostrar que en verdad es parte de una nueva generación de políticos y no más de lo mismo, y que es capaz de llevar al partido a ese nuevo estadío.

De lo contrario, si se permite obedecer a sus jefes políticos, sobre todo a quien se dice es el rey de la selva (Ruth Tamayo dixit), el campechano será una golondrina sin verano, y el PRI se convertirá en un partido enano y satélite.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Cayó la guillotina sobre Rosario Robles. El hilo se rompió por lo más delgado. No es que ella sea inocente, pues las pruebas presentadas desde 2017 por la Auditoría Superior de la Federación dicen lo contrario, y corresponderá a la Fiscalía General de la República comprobarlo ante el juez que lleva la causa, y que ayer al amanecer, tras 12 horas de alegatos, declaró la prisión preventiva sobre la ex titular de Sedesol y Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Decíamos que no es que ella sea del todo inocente, pero lo cierto es que no es la única culpable en la Estafa Maestra que documentó y publicó Animal Político.

Desde entonces, Rosario Robles nunca quiso declarar al respecto, y únicamente se excusaba señalando que no había pruebas concretas en su contra, porque nunca firmó ningún documento.

Ante la imposibilidad de negar la estafa, Robles Berlanga se excusó diciendo que como secretaria titular, no le correspondía el manejo de los recursos económicos, sino que debajo de ella había áreas administrativas y operativas encargadas de la ejecución de los proyectos y programas.

Conociendo los entretelones de la política, eso se antoja inverosímil, porque entonces ella estuvo de aparato en las dos dependencias que manejaron recursos de desarrollo social y urbano.

Sospechosamente, tras su cambio a Sedatu, en Sedesol fue nombrado el compadre de Peña Nieto, el mexiquense Luis Miranda, quien fue removido de la Subsecretaría de Gobernación, y su lugar lo ocupó el ex gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros.

Algo se movía en Sedesol que Peña Nieto no quiso dejarlo en manos de algún otro, y eligió para ello a su compañero, un hombre de todas sus confianzas.

Y curiosamente, en Sedatu Rosario Robles replicó la misma estrategia para sangrar el erario público, usando una red de estafa que usaba a las universidades públicas y de éstas a empresas de diversa índole, para esfumar el dinero.

La investigación por la Estafa Maestra en Sedesol comenzó con un monto de 2 mil millones de pesos, pero conforme se fue documentando, a la fecha es un atraco que asciende a 5 mil millones de pesos.

En Guerrero, por ejemplo, la Auditoría documentó un robo en la Ciudad de las Mujeres, de Tlapa de Comonfort, donde se licitó todo lo concerniente a las redes de cómputo, que no fueron entregadas.

Robles Berlanga se declaró inocente ante el juez, y dijo que todo lo concerniente a las presuntas irregularidades en la dependencia a su cargo, las hizo del conocimiento del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Pero, para su mala fortuna, no mostró ningún informe por escrito, y cuando el juez se lo requirió, y con lo cual ella se hubiese deslindado, dijo que sólo lo informó de palabra durante las reuniones de gabinete, o bien durante las giras del mandatario.

Como resultado, el juez la vinculó a proceso y declaró la prisión preventiva justificada como medida cautelar sobre la ex funcionaria, por lo cual ella fue ingresada ayer mismo al penal de Santa Martha Acatitla, aunque pidió pasar esta fase preventiva en libertad, argumentando que no huiría del país, porque sus cuentas están canceladas.

Decíamos que con Rosario Robles el hilo de la corrupción de la era peñanietista se rompió por lo más delgado. El escándalo de la Estafa Maestra no comenzó ni terminó con ella. Fue un plan que involucró incluso a la Presidencia de la República, pasando por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La pregunta es si la Fiscalía logrará ir hasta las últimas consecuencias, o se contentarán con meter a la cárcel a Chayo Robles.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Está por terminar el periodo vacacional de verano. Los vacacionistas vuelven a su vida cotidiana, en espera del inicio del nuevo ciclo escolar.

Pero con ello, los lugares de vacaciones se quedan solos. El trajín en los puertos y pueblos que suelen recibir turistas, termina y llega la calma chicha, en espera del siguiente periodo de descanso, que será –desafortunadamente-, hasta diciembre.

En las costas sabemos que llegan los peores meses del año: septiembre y octubre, tiempo en el que no sólo arrecian las lluvias por los huracanes, sino por la falta de circulante. El sector turístico casi se paraliza, mientras que en el campo la gente está apenas a medio ciclo de sus cosechas, que serán también hasta diciembre, en el caso del maíz, o un poco antes en el caso de otros cultivos.

Esto es año con año, sin que haya un plan de amortiguamiento para los puertos, salvo los fines de semana largos, diseñados precisamente para alentar el turismo nacional, para que la gente se dé una escapada a la playa, aunque sea para pasar un rato de asueto y romper la rutina.

Pero eso no es suficiente para sostener la vida de puertos como Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo. Tan sólo para el mantenimiento de los hoteles y restaurantes, se tiene que sostener una nómina de empleados permanentes que, claro, es mínima en comparación con la que se paga en tiempos de vacaciones, y que da lugar a muchos empleos eventuales.

Reflexionando en esto, me percato de que éste será el primer año en que los puertos pasemos este periodo ya con un gobierno de izquierda en la presidencia de la República. Me pregunto de qué manera las becas que está dando el gobierno federal a diversos sectores, de manera directa, podrían ayudar a amortiguar la falta de circulante. Por ejemplo, las becas de los estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y universidad permitirán un filón de recursos que se gastará en ropa, útiles escolares, equipos de cómputo, teléfonos y tabletas celulares, comidas y bebidas, etcétera.

En cuanto a las becas a madres de familia, se tienen las de guardería que ahora llegan directo a ellas –y obviamente ellas mandan a los hijos con sus madres o parientes para quedarse con el recurso.

Los productores de diversos sistemas productivos también están recibiendo sus becas de manera directa, y ellos podrán gastar en todo lo que se refiere al sector productivo, según sea la actividad a que se dediquen. ¿Cierto?

Y finalmente tenemos a los becarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que cada mes reciben 3,600 pesos. No sabemos estén viviendo en las zonas turísticas y cuántos de verdad estén aprovechando la oportunidad de aprender algún oficio, pero lo que sí es verdad es que el dinero de la beca les llega puntual a sus cuentas bancarias.

Mal que bien, este es dinero fresco que antes no llegaba a las familias, que se quedaba en algún nivel de gobierno, y que tendrá que reflejarse en la vida cotidiana de pueblos y comunidades.

Forzosamente, el impacto debe observarse. De no ser así, los programas tendrán que revisarse concienzudamente, sobre todo el de los Jóvenes Construyendo el Futuro, que es el que más denuncias de ineficiencia y corrupción ha tenido, al grado de que en uno de los estados del Sureste se está sometiendo a una revisión exhaustiva.

Se tienen quejas, por ejemplo, de que patrones o tutores cobran las becas de los jóvenes beneficiarios, y sólo les dan una mínima parte, creando una nefasta red de corrupción. Es decir, que no sólo se trata de jóvenes que piden no asistir a trabajar a cambio de un “moche” al patrón, sino de que los patrones mismos están realizando los trámites con el consentimiento de jóvenes, pero estos ni siquiera conocen su número de cuenta ni saben cuánto dinero les están depositando.

Si es así, el impacto económico que se espera en la base social, y que debiera ayudar a los pequeños negocios, no lo veremos y se habrá perdido parte del objetivo de los programas, que es –primero- beneficiar directamente a los niños y jóvenes; y, segundo, llevar el impacto de ese dinero a la economía local.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Este fin de semana, Alejandro Encinas Rodríguez, titular de la comisión especial para el Caso Ayotzinapa, presentó avances a los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos hace 5 años en Iguala de la Independencia, y lo que les dijo es todo un jugoso filón que, lamentablemente, apunta de un lado hacia el Ejército, y del otro a los funcionarios que ya señaló en su informe del año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Encinas dijo que después de analizar 84 millones de llamadas telefónicas que se generaron desde la tarde del 26 de septiembre, cuando comenzó la persecución contra los estudiantes, y los días siguientes, cuando se conoció la infausta noticia de que había 43 estudiantes desaparecidos, pasando por la primera noticia de una posible masacre en voz del padre Solalinde, defensor de los derechos humanos, quien se trasladó a Iguala para hacer las primeras indagatorias no oficiales del caso, y cuya conclusión fue espeluznante: “Los hicieron barbacoa”.

Desde entonces se supo que los muchachos habían sido asesinados, aunque las autoridades siguen buscando por protocolo a los estudiantes vivos, y aunque ya el gobierno federal dio un primer veredicto en el sentido de que, en efecto, los estudiantes fueron detenidos por policías estatales y entregados a un grupo delincuencial, quien los habría matado e incinerado en el basurero de Cocula, y posteriormente tirado los restos al río San Juan.

Los guerrerenses vivimos hace casi 5 años lo que sucedió después: el caos político y social se desató, y provocó la caída del régimen aguirrista, que intentó hasta el último minuto permanecer en el cargo, alegando que no era responsable de lo que sucedió en Iguala, cuyo alcalde José Luis Abarca y su esposa, fueron defenestrados, perseguidos, detenidos y encarcelados desde entonces.

El caso, sin embargo, dista mucho de estar resuelto. Los padres y sus abogados, no han quitado del dedo del renglón hasta conocer lo que realmente sucedió esa noche, rechazando de antemano la “verdad histórica” que les presentó el ex procurador Murillo Karam.

Así transcurrió más de la mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto y nadie duda de que el Caso Ayotzinapa aceleró su decadencia, pues aunque el mexiquense entregó el cargo en sus tiempos, su popularidad y poder político se vieron siempre mermados a tal grado de que los gobernadores y sus secretarios hicieron lo que les vino en gana, bañando al país con los casos más escandalosos de corrupción e impunidad, que hasta el día de hoy se están desahogando.

Durante su campaña política, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Caso Ayotzinapa sería una prioridad en su gobierno, y que “caiga quien caiga”, no descansaría hasta dar con lo que en verdad sucedió aquella noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.

Previo al fin del sexenio, la CNDH presentó su informe –con 4 años de distancia, hay que recordar-, y emitió una serie de recomendaciones para funcionarios federales y estatales, pero sin determinar a ciencia cierta dónde están los estudiantes o qué pasó con ellos. Únicamente se dijo que la Fiscalía Federal tiene en su poder restos humanos de por lo menos 19 personas que se recogieron en el río Cocula, que nunca fueron analizados para determinar si se trataba de una parte de los 43 desaparecidos, pues se planificó mostrar sólo una minúscula parte de la investigación, con la esperanza de que se cerrara y ya nadie indagara más.

El tiempo demostró, sin embargo, que fue una estrategia fallida. Más les hubiera valido decir plenamente la verdad en su momento, castigando a quien se tuviera que castigar, que mentir y cargar con la mentira.

Así llegó el 1 de diciembre pasó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, y una de sus primeras acciones fue nombrar a la Comisión Especial para indagar el caso, y la puso en manos de Alejandro Encinas.

Éste ha avanzado  sin distraerse. Ya reunió al ex gobernador Aguirre con los padres de los 43 estudiantes; ya realizó cateos en fincas de Iguala que presumiblemente fueron usadas como casas de seguridad, con la esperanza de hallar pistas del destino de los jóvenes.

Y este fin de semana informó de que ya se tiene concluida la red de intercambios telefónicos, desde la cual se puede determinar cómo y cuándo fueron detenidos los estudiantes, y cómo se dio su desaparición.

Se adelanta algo de todo esto, algo sumamente importante, que tocará por primera vez a las Fuerzas Armadas del país.

Encinas anunció que citará a declarar a los elementos del Batallón de Iguala, y que ya lograron las bitácoras del personal militar correspondientes a ese día, algo que siempre estuvieron negando.

Por lo tanto, la cosa va en serio. Y de continuar en esta ruta, pronto se tendrá un claro escenario de lo que sucedió, y obviamente conoceremos dónde y en qué condiciones están los 43 estudiantes desaparecidos.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El 140 aniversario por el natalicio del General Emiliano Zapata, padre del agrarismo en México, reunió a tirios y troyanos en una misma causa. México se vio envuelto en una serie de manifestaciones de hombres y mujeres del campo, aglutinados en organizaciones campesinas que, dicho sea de paso, se han enfocado más en la política que en la producción, y operan a través de los partidos políticos.

No hay manera de soslayar eso. Desde siempre, las organizaciones sociales y sindicatos han sido la columna vertebral del PRI, y un modelo similar adoptaron también el PRD y el PAN. Este último partido, al carecer de una base social en las clases desprotegidas, a partir del gobierno de Vicente Fox utilizó los recursos públicos de programas sociales y productivos diversos, para aceitar una red de organizaciones civiles, comerciales, industriales y de servicios, para transferir a través de ellas los recursos a la población, creando una especie de cacicazgo “fifí”.

No estamos hablando aquí de que los reclamos de las organizaciones campesinas sean ilegítimos, sino todo lo contrario. Después de 27 años de la contrarreforma agraria en México, no podemos más que decir que todo fue ir en picada, y que hoy el campo de México está en picada.

Tal vez por eso algunas organizaciones campesinas, sobre todo de izquierda, se están pronunciando porque se vuelva a modificar la base constitucional del desarrollo agropecuario en el país, y que el Estado retome la rectoría de este sector, al que dejaron al garete en aras de una mal entendida política de mercados.

Pero la militancia ideológica sobre todo de los dirigentes, deslegitima cualquier manifestación y cualquier declaración, sobre todo cuando se está frente a una serie de cambios incómodos para todos.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, puso durante la mañana de ayer algunos puntos y comas a la movilización campesina en torno a la figura de Zapata. Dijo que se trata de un intento por doblegar a su gobierno, en el asunto de eliminar el “guachicoleo” de recursos públicos, que antes se registraba vía precisamente las organizaciones campesinas.

Dijo que todo se daba a valores entendidos, al grado de que la Secretaría de Hacienda hacía bolsas especiales de recursos que transitaban escaleras debajo de la administración federal, vía las 7 principales organizaciones, provocando un saqueo de recursos que se iban quedando en el camino, hasta llegar lo menos a los campesinos.

Estos lo sabían también, y aceptaban su realidad, de hecho. Estaban acostumbrados a que sus líderes sirvieran de puente de sus peticiones, y en lugar de ir a gestionar apoyos a una ventanilla oficial, lo hacían en las oficinas de la CNC, CODUC, UNTA y otras.

Por lo tanto, el reclamo de más recursos y mayor atención al campo es legítimo. Pero éste debe darse en un marco de mayor transparencia, menor corrupción, para garantizar resultados.

Desde diciembre pasado, el Congreso Agrario Permanente (cuyas organizaciones que lo integran se movilizaron ayer), expuso su petición de incremento a los recursos de apoyo al campo, indicando que esto es un asunto de justicia social.

Pidieron concretamente un incremento de 10 por ciento al presupuesto del desarrollo agropecuario, lo cual implicaba que el gobierno federal destinara 32 mil millones de pesos adicionales a los ya programados.

Además, plantearon una treintena de propuestas para mejorar la actividad productiva, algunas muy interesantes, como reactivar algunos sistemas-producto que estaban prácticamente desmantelados, como el del amaranto, el ajonjolí, y rescatar también cultivos como el plátano y el café, que desde hace 6 años cayeron en un bache productivo, por plagas y envejecimiento de huertos.

Este año, la SADER manejó mediante el PEC (Programa Especial Concurrente), 366 mil 051.5 millones de pesos, de los cuales 0 pesos con 0 centavos pasó por las manos de los dirigentes de las organizaciones campesinas.

Éstas alegan que hay retraso en la entrega de los apoyos y piden que se les vuelva a tomar en cuenta en las gestiones. Pero el presidente dijo que no.

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El PRI va a su elección interna este domingo 11 de agosto. Pero lo que se pensaba sería un acontecimiento histórico, será más de lo mismo, y la verdad a nadie entusiasma, ni siquiera a los dirigentes en estados y municipios, que saben que es un asunto arreglado. Luego entonces, se incumplen las expectativas de los reformistas, quienes pusieron por lo menos 3 condiciones para que el partido se levante de su caída político-electoral de 2018.

La primera condición propuesta por los analistas es que sus dirigentes priístas hicieran un acto de contrición ante la sociedad, por los terribles casos de corrupción, dispendios, saqueos y abusos de sus gobernantes. Esto incluye deshacerse de los ladrones, sea la talla que sea.

Pero ya esta primera condición no se cumplió. Enrique Peña Nieto goza de cabal salud en España, a donde tuvo que regresar con la cola entre las patas, luego de que le falló su retorno con su nueva novia, en calidad de gigoló.

La segunda condición que se considera indispensable para la recuperación del partido es el apoyo de los gobernadores. ¿Cómo así? Sí, que estos tomaran una sana distancia del gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al contrario, a muchos de ellos se les ve de plácemes con el presidente, porque la triste realidad de todos los estados es que dependen en su mayoría de los recursos federales, porque han sido incapaces en sus estados de levantar la hacienda pública y de impulsar las actividades productivas, industriales y comerciales.

Hay quejas de líderes políticos en torno a la actuación de los gobernadores priístas, y los acusan de estar más preocupados en mantener su presupuesto que en defender su posición política y de ideología.

Aunque, a decir verdad, ¿qué podrían decir los gobernadores por el PRI? Ya pertenecer a él es una carga que todos los días tiene que cargar y lidiar con las denuncias que se les hacen por todos los frentes.

Al contrario, en lo personal considero que los gobernadores están obligados a sacar adelante sus gobiernos, en lugar de meterse a pelear las calenturas de su partido, porque no lograrán mucho si los líderes insisten en mantener el closet lleno de cadáveres podridos dentro.

En el momento en que comience la purga en el PRI, en ese momento los gobernadores podrían comenzar a asumir liderazgos distintos, más fortalecidos. Es decir, esto es un toma y daca.

Ahora los líderes priístas piensan que es como en el pasado, cuando los que tenían el poder se encargaban de aceitar el partido con dinero y programas sociales y de obras; y ciertamente lo están haciendo, pero ya no con la misma libertad, ni tampoco con el mismo efecto.

Por ahora, cada gobernador se pertrechó en sus trincheras, y lo que les importa es conservar sus territorios, como lo vemos en Guerrero, donde Héctor Astudillo está haciendo su  trabajo, pero pensando hacia dentro, no hacia fuera. Primero, porque la entidad es lo inmediato; segundo porque defender al PRI nacional sería gastar pólvora en infiernitos.

Así sucedió cuando el PAN triunfó en el año 2000. Mientras la dirigencia nacional se puso de pactos con el panismo de Fox y Calderón, para mantener a la izquierda a raya, los gobernadores –ya sin un priísta sentado en Los Pinos- hicieron de los estados verdaderos principados de poder, y ahí comenzó de hecho la gran corrupción que distingue a los mandatarios estatales de los últimos dos sexenios.

Para 2009, el tercer año del gobierno de Calderón, desde los estados comenzó la recuperación del partido. Y fueron los gobernadores los que lo lograron, pues de las entidades salió el dinero para campañas de todos los niveles, culminando con la de Enrique Peña Nieto en 2012.

¿Cuánto se tiene a la mano? Aritméticamente, mucho: 35 de cada 100 mexicanos son gobernados por el PRI, pues aún conserva 12 gubernaturas, pese a que en 2018 perdió todas las gubernaturas que se disputaron, y en las elecciones extraordinarias de este año perdió o tras dos más. También perdió las principales ciudades capitales.

En cuanto al poder legislativo federal, únicamente cuenta con 47 diputados y 14 senadores.

Pero en política nada está perdido, aunque sí hay requisitos para repuntar. 2021 es la nueva cita. Y esta elección es precisamente el parteaguas para el PRI, ya que se juegan 8 de las 12 gubernaturas que todavía tiene en su poder, Guerrero entre ellas. Si falla en esta fase, para 2024 el PRI será un partido enano, tan enano como ahora lo son el Verde, MC y el PT.