Categoría: S.O.S Costa Grande

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Ayer, el presidente nos sorprendió a todos con la noticia de que Pemex compró la totalidad de las acciones de la una refinería en Houston, Texas, de la cual la paraestatal mexicana ya era socia con la mitad del capital.

Ahora, Pemex es dueño total, al invertir 600 millones de dólares en la adquisición de 50 por ciento de las acciones, con lo cual se prevé que aumentará la capacidad de refinación de gasolinas y diésel, para garantizar el abasto nacional.

Esta transacción, que ni siquiera fue anunciado cando estaba en su fase de negociación, sorprendió a propios y ajenos, sobre todo a la oposición aglutinada en la alianza Sí por México, junto con al sector empresarial, intelectuales de los llamados “orgánicos” y sindicatos charros, cuyos líderes comenzaron a decir que AMLO había comprado chatarra en Estados Unidos.

Sin embargo, otras publicaciones señalan que Deer Park, la refinería que Pemex tenía en sociedad con la petrolera Shell, es una de las 25 más grandes e importantes de los Estados Unidos.

Con esto, México pasa a tener 7 refinerías, sin contar la que se construye en Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco.

Es precisamente la crisis petrolera la que le ha impedido a México alcanzar un nivel de equilibrio aceptable para comenzar a despegar nuevamente, a lo que algún día fuimos: una economía con crecimiento sostenido y bastante promisoria y atractiva, que a fuerza de políticas herradas pasamos a ser una tierra de horca y cuchillo, muerte, destrucción y alta corrupción.

Como ciudadanos tenemos claro que fue el incremento al precio de las gasolinas y el diésel, en 2017, que todo comenzó a caer. Las empresas micro, pequeñas y medianas, así como los ciudadanos de a pie, simplemente vimos cómo nuestras ganancias mermaron en el engullidero del impuesto sobre productos y servicios que se le agregó a cada litro de gasolina, que al inicio fue de 4 pesos.

Si ya teníamos gasolinas caras, con el famoso “gasolinazo” comenzamos a pagar 17 pesos por litro y actualmente sobrepasa los 20 pesos. 

Pero eso no fue lo peor, sino que nuestro abasto de energéticos depende de los Estados Unidos, a los que les compramos gasolinas y diésel, siendo nosotros un país productor de petróleo, y teniendo amplia experiencia en el refinamiento y producción de hidrocarburos.

¿En qué momento dejamos de ser un país productor, para ser un país importador de lo más básico que un país tiene para avanzar?

Dijo ayer el presidente: “En esencia, recibimos seis refinerías en mal estado, las estamos modernizando, se está reiniciando también la coquizadora de Tula para ampliar la capacidad de refinación en esa planta y dos refinerías más: recibimos seis refinerías y vamos a entregar ocho”, presumió el presidente López Obrador.

Este notición nos trae esperanza a los mexicanos, porque mientras México no sea autosuficiente en la producción de gasolinas y diésel, seguiremos con el Jesús en la boca, pues dependeremos de las importaciones, las cuales se pagan a precio dólar. Una devaluación de nuestra moneda frente al dólar, implicaría el acabose para la nación entera, para su planta productiva, comercial y de servicios, y una mayor carga económica para las familias, como la que ya vivimos en 2017, cuando todo absolutamente todo comenzó a aumentar debido a que el costo para el trasiego de mercancías tuvo que elevarse.

¿Por qué llegamos a este punto? Es lo que los expertos llaman “políticas neoliberales”, las cuales consisten en hacer que los gobiernos saquen las manos del juego comercial, y le dejen todo al libre mercado, con lo cual se pierden los equilibrios que debe tener toda economía, y se alimentan los grandes pulpos empresariales, locales y extranjeros, se centraliza el ingreso y se producen millones de pobres, a la vez que se deteriora el medio ambiente y se desplaza a la población por falta de opciones de vida.

Para desmantelar Pemex se decretó bajar la producción de crudo, redujeron la capacidad de refinación de gasolinas y otros productos, vendieron las plantas que abastecen a Pemex de químicos básicos para los procesos de refinación y ahora los tenemos que comprar a precio dólar, y un largo etcétera.

Pocos sabíamos que la gasolina que cargábamos la estábamos importando de Estados Unidos, así como tampoco sabíamos que los penales de alta seguridad eran como hoteles en los que el gobierno paga una renta por cada preso. En ese mismo modelo hay hospitales, que sólo representan un gasto para la nación.

600 millones de dólares implican 12 mil millones de pesos. ¿De dónde salió todo ese dinero en pleno tiempo de pandemia? La respuesta se la dejo de tarea, amable lector.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Una total decepción resultó el listado de los candidatos de diputados locales de Morena en Guerrero. Ni siquiera se puede deducir qué criterios siguieron los consejeros, o quien quiera que haya hecho esa imposición, porque en efecto de eso se trata, de una imposición, que no tiene nada que ver con los resultados de ninguna encuesta.

Lamentablemente, eso en nada ayuda a la unidad del partido. Al contrario, lo coloca ante la realidad de una desbandada de los que de por sí ya son “chapulines”, que terminará también por hundir al candidato a gobernador, quien ayer por la mañana, desde San Luis Acatlán, pedía a los candidatos a la presidencia que se pusieran de acuerdo ellos, y no esperaran a que desde arriba otro decidiera.

Y tiene razón Félix en este punto, porque tanto se empeñan en ser candidatos, que al final se quedan todos viéndose como el chinito, mientras que otros más arriba deciden. En pocas palabras, unos corretearon la liebre, y otros sin correr la alcanzaron.

Todavía el fin de semana pasado, por ejemplo, vimos cómo un grupo de ex perredistas, entre los que figuraban una ex diputada local y un ex alcalde de Ayutla, así como un ex presidente municipal priísta de Cruz Grande, quienes le disputaban la candidatura del Distrito XIV al diputado local Alfredo Sánchez Esquivel, lo acusaron en medios de comunicación de pretender la reelección, lo cual no es ningún delito, porque eso ya está previsto en la ley, tanto para diputados locales, como para diputados federales y ayuntamientos, ley que, desde luego, aprobaron los diputados en su momento.

Pero además, el mayor problema que dijeron tenía el líder de Morena en el Congreso local, es que no era morenista, ¡aunque sea diputado por este partido! O sea…¿cómo? Ellos como ex perredistas y hasta un ex alcalde priísta, puede acusar a un diputado de Morena, de no ser morenista?

Pero de nada les valió la zancadilla contra Sánchez Esquivel, porque el partido terminó designando a un indígena mundialmente desconocido, empleado de la Casa de los Pueblos de Ayutla, para cubrir la cuota ya prevista en la ley para los pueblos indígenas de la entidad. Jojojo. ¿Así lo o quieren envuelto para regalo?

En cuanto a las candidaturas en las diputaciones locales, por un lado son pésimas, porque ingresaron a personas que apenas comienzan a construir su carrera política, y aprovecharán muy bien esta campaña en que se renovará la gubernatura, aunque con ello se corre el riesgo que las vacas sagradas de la política, aquellos que aunque pertenecen a otro partido creen que nadie tiene más derecho que ellos, den el rebozazo y se vayan a la casa de enfrente, como ya se rumoró ayer que lo hará Luis Walton Aburto, de quien incluso se dice que ya se reunió con un alto mando del PRI en el estado para concretar su regreso al tricolor, partido del que salió hace muchos años, precisamente porque no le dieron la oportunidad de ser alcalde en Acapulco. Largo recorrido político dio Walton para venir a caer en el mismo lugar, si es que se confirma el rumor que se desató ayer por la mañana.

Pero por otro lado, decíamos, la lista de candidatos trae una muy buena noticia: que habrá una oxigenación política en Morena, porque se les puso tranca a ex perredistas que en muchos distritos se metieron a esta contienda, contaminándolo todo, y queriendo sorprender con el garlito de que se salieron de sus partidos porque haría alianza con el PRI.

Pero no llegaron a Morena con mansedumbre, sino vendiéndose como la última Coca Cola en el desierto, y cuyos seguidores incluso se burlan de los que “aiga sido como aiga sido”, ya están en el partido.

La purga se logró de manera salomónica, y fue otorgando candidaturas a miembros del partido, así como a “externos”, aunque los waltonistas se quejaron en que se abusó de este recurso, porque los estatutos prevén que los candidatos externos pueden ser hasta la mitad de las propuestas, pero los que palomearon las listas se fueron hasta 60 por ciento.

Así, los chapulines perredistas, emecistas, petistas y hasta priístas que pretendían seguir en el poder, ahora con la cachucha de Morena, tendrán que demostrar de qué tamaño es el amor a su nuevo partido, a la Cuarta Transformación y su lealtad al presidente de la República, André Manuel López Obrador, y demostrar si llegaron para servir o para servirse del partido que está en boga.

Aunque, claro, también se hizo lugar para Beatriz Mojica Morga, la única precandidata que respetó la nominación de Félix Salgado Macedonio, y que pese a que el líder del partido, Mario Delgado, dijo que no la incluyó en la segunda encuesta, ni a ella ni a Walton, no se inmutó y se agregó a su campaña sin tapujos ni remilgos. Eso es de reconocerse de parte de Bety Mojica, además de que le dieron una candidatura de mayoría relativa, que la obligará a moverse y a pelear el voto en uno de los distritos de Acapulco, y no una plurinominal, que hubiera sido lo más light.

En las plurinominales va la hermana de la alcaldesa Adela Román Ocampo y, para que lloren priístas y perredisas del Distrito XIV de Ayutla, en el cuarto lugar de las plurinominales colocaron a Alfredo Sánchez Esquivel, caso parecido al del priísta Héctor Apreza Patrón.

Veamos quiénes son los candidatos de Morena en Costa Grande: En el distrito 10 de Tecpan, va el secretario de Arte y Cultura del Comité Estatal del partido, Fortunato Hernández Carbajal; en el distrito 11 de Zihuatanejo, se busca reelegir el legislador Carlos Cruz López. Y para el distrito 12, también de Zihuatanejo, registraron a Evelin Bravo Campos.

Félix tiene razón: pónganse de acuerdo en los municipios, no les vaya a pasar a los que se peleaban las diputaciones.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Este domingo, la alianza Va por Guerrero (PRI-PRD) registró la lista definitiva de sus candidatos a diputados locales, una vez zanjados los problemas entre ambos partidos, y una vez que se resolvió la cuota de género.

Fue un proceso digno de prestidigitador y propio de un experto cirujano. Cuando se veía que la alianza no superaría sus propias diferencias, los líderes han trabajado fino y las bases han obedecido.

Salvo en el caso de algunos municipios, como Chilpancingo y Acapulco, Va por Guerrero es una alianza basada en la unidad y los acuerdos, a lo largo de toda la cadena de mando y poder, y podemos afirmar que esta precisamente es su fortaleza.

Sin embargo, a nuestro juicio la alianza cometió un error; porque si bien las diputaciones de mayoría relativa (las que se eligen por el voto popular), están bien definidas, el problema brota en el listado de  las diputaciones de representación proporcional, las llamadas plurinominales, donde vuelven a repetir la gente de ambos partidos que tienen años, decenios, dominando la esfera pública.
Obviamente, como sucede en todos los partidos (incluido Morena), por la puerta de las plurinominales, la puerta fácil, entrarán las caras viejas y sobadas de mujeres y hombres, que nunca terminan de irse, y para quienes el poder es ya una obsesión. 

¿Cuándo cambiará esto? 

Por ejemplo, con excepción de la secretaria general del partido, Gabriela Bernal Reséndiz, quien es un rostro nuevo en la política, y quien además jugará por una diputación de mayoría relativa, el tricolor enlistó en las plurinominales a los mismos de siempre: Por ejemplo, Héctor Apreza Patrón, quien acaba de asumir como dirigente estatal del partido y quien por cuarta ocasión volverá al Poder Legislativo, pero sin desgastase en la búsqueda de votos, tal cual sucedió en 2018.

También está enlistada como candidata plurinominal la diputada Alicia Zamora Villalba. Y, por supuesto, está la cuota del senador Manuel Añorve Baños, con su esposa en segundo lugar del listado, Julieta Fernández Márquez.

Es obvio pensar que estos “señores” de la política, además de que  llegarán por la puerta fácil al Poder Legislativo, serán los que asuman las mejores comisiones y, obviamente, el control de la bancada. Si nos atenemos al listado, los próximos jefes de la alianza PRI-PRD en el Congreso local serán, pro parte del PRI, Héctor Apreza Patrón. Y por parte del PRD, Evodio Velázquez Aguirre.

Recordemos que las candidaturas plurinominales se asignan a cada partido según el número de curules ganadas en la elección real, por lo que la verdadera fortaleza de los partidos está en quienes salen a la calle a pedir el voto y por quienes la gente vota. Los demás, los pluris, sólo se aprovechan de este trabajo.

Generalmente se pueden obtener entre 3 y 5 asientos de este tipo, aunque el listado sume hasta 12 propuestas. Por lo pronto, sólo se tienen los listados.

¿Y qué sucederá si los que además están enlistados para diputados plurinominales ganan la elección de mayoría relativa? Pues mejor, así solamente se recorre la lista. No hay gran ciencia en la definición de las diputaciones de representación proporcional, ni en su designación, ni en su asignación final. Lo primero depende de los jefes políticos de cada partido; y lo segundo, una vez enlistado en los primeros lugares, ya es algo seguro. Lo sentimos por los que se fueron a la cola y quienes se quedarán como el chinito, nada más “milando”.

En el caso del PRD tampoco hay sorpresas, decíamos. Si en el PRI el senador Manuel Añore pidió un espacio seguro para su mujer, como condición para sumarse con trabajo a la campaña para gobernador de Mario Moreno Arcos; en el PRD se hizo lo miso con Evodio Velázquez Aguirre, quien fue el precandidato del partido del Sol Azteca a la gubernatura, y que hoy encabeza la lista de los plurinominales.

En segundo lugar está Patricia Doroteo Calderón y en tercer lugar Yanelly Hernández Martínez, alcaldesa de Atoyac de Álvarez.

Le siguen Jennyfer Garcia Lucena, Santiago Blanco Olais, Ioxi Damars Aguirre Méndez y Perfecto Rosas Martínez.

¡Ah!, pero no crea que los de Morena hicieron las cosas distintas. Al contrario, hicieron algo peor, porque se dieron el lujo de “reservar” los primeros 4 asientos, mientras que del quinto en adelante los designaron por “sorteo”, violando flagrantemente los estatutos del partido.

Esto es algo absolutamente antidemocrático y se esperan impugnaciones.

Los asientos reservados, se dijo, los definirá el Comité Ejecutivo Nacional del partido, algo que ya no forma parte de sus atribuciones, porque se trata de una elección local. 

Pero no se necesita ser brujo para saber que esos espacios se usarán como de consolación para los que jugaron por la gubernatura y se quedaron con las ganas: Walton, Amílcar, Adela…Veremos, dijo un ciego.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Termina la semana, amable lector, con tres escaramuzas electoreras, que quisiera que repasemos juntos, tan sólo para entender la lógica del poder.

La primera sucedió cuando el candidato de Morena, Félix Salgado Macedonio, tuvo que suspender su gira por Taxco de Alarcón, debido a que grupos feministas habían instalado retenes en la carretera de acceso para taparle el paso, mientras otro grupo se aprestaba en el zócalo a recibirlo con rechiflas.

Enterado de esto, el morenista anunció la retirada mientras que su partido en el estado exigía condiciones de seguridad y tránsito para la realización de la campaña.

Hoy pretendieron hacerle lo mismo en Teloloapan, donde amanecieron las consabidas pintas de “violador” en contra de Salgado Macedonio, y trascendió que un grupo de feministas lo esperaría a la entrada del pueblo para taparle el paso.

Esta vez, sin embargo, el comité municipal del partido denunció el hecho oportunamente, y responsabilizó al gobernador, al candidato del PRI-PRD y a los priístas y perredistas teloloapenses de lo que consideran es una guerra sucia.

Primero respondieron las feministas, señalando que ellas no hicieron las pintas, y que su convocatoria fue sólo para manifestarse, ni siquiera para bloquearle el paso al candidato de Morena.

Más tarde, el gobernador Héctor Astudillo le pidió a Félix y a Morena que arreglen sus problemas internos, y dejen de responsabilizar al gobierno estatal de injerencia en el proceso electoral.

Pese a todo, Félix pudo hacer su mitin en Teloloapan, donde se le sumaron Beatriz Mojica Morga y el diputado Antonio Helguera, quienes lo acompañaron a Tierra Caliente, lugar donde nació, donde estará dos días.

La tercera escaramuza electorera sucedió en Acapulco, donde en su primer día de actividades tras el retorno de la que fue su segunda licencia en la alcaldía, Adela Román anduvo recorriendo los puestos de vacunación, para cerciorarse de que todo estuviera en orden. Reporteros locales la entrevistaron y le preguntaron si estaba firme su proyecto de reelección, a lo que la alcaldesa dijo que sí. 

Eso bastó para que presuntamente se configurara un delito electoral, pues estaría usando el ámbito de la vacunación contra el Covid-19 para promoverse. Ella, al contrario, alega que no es así, sino que estaba cumpliendo con sus responsabilidades como alcaldesa, y que el delito se configuraría sólo si estuviera haciendo un llamado a votar por su partido y por su proyecto.

No obstante, el gobernador la señaló desde ese momento de estar utilizando la vacunación antiCovid como escenario para promoverse, y por la tarde los aliados PRI-PRD, la denunciaron ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, como presunta delincuente electoral.

Aún falta porque el caso se desahogue, y no sabemos si eso será un impedimento para que Adela se registre a finales de este mes como precandidata a la alcaldía de Acapulco, por reelección. Ella como mujer de leyes sabe a qué atenerse.

Para colmo, su congénere Ruth Zavaleta, candidada a gobernadora por el partido Movimiento Ciudadano, remató el día diciendo que Adela ya debe estar destituida del cargo. Y, bueno, eso que entre mujeres se quejan de machismo, pero practican el hembrismo, algo que es igual o “tantito pior” (mi vecina dixit), que lo que se le adjudica a los hombres.

No olvidemos que la ley se reformó, y que hoy los delitos electorales son del ámbito federal y se pagan con cárcel y multas. Así que todos deben andarse con pies de plomo, de cualquier bando que sean, porque hay muchos ojos vigilándolos. Además, están las redes sociales para viralizar al momento este tipo de noticias.

Hoy no bastará negar el asunto, sino que de inmediato se dará lugar a una denuncia del fuero federal ante la Fepade, instancia que no dudemos estará muy activa en los próximos 3 meses, y posterior a las elecciones del 6 de junio, para desahogar denuncias.

Quizás veremos a los mapaches electorales en la cárcel, de todos colores y sabores, porque la maña principal en estos tiempos es precisamente esa, la del cochupo electorero. Quizás.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

En medio del fragor de las campañas políticas en Guerrero, estamos pasando por alto temas importantísimos a escala federal, como es el caso de la suspensión de la aplicación de la Reforma Eléctrica por parte de un juez, otorgada a petición de empresas privadas, y que puso a contrapelo la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial del país.

Mucho se critica que el presidente no puede cuestionar lo que hagan los miembros del Poder Legislativo, y mucho menos pedirle al Consejo de la Judicatura Federal que revise la actuación del juez que otorgó el amparo a las empresas litigantes en contra del gobierno federal.

En redes sociales se atienen a que la mayoría de los mexicanos somos ignorantes de los principios de legalidad y justicia, pero sobre todo del principio de “beneficio colectivo”, que sí existe y debe respetarse, aunque obviamente los que entregaron nuestros recursos naturales a las compañías extranjeras lo quieran obviar, al grado de que dicen que la reforma eléctrica que promovió el presidente y que aprobaron las dos cámaras del Congreso de la Unión, es inconstitucional.

Partamos, primero, de que los jueces, si bien son autónomos y gozan de independencia, también son susceptibles de ser sujetos a procedimientos administrativos disciplinarios, algo de lo que se encarga el Consejo de la Judicatura Federal.

En el caso de la petición de AMLO a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hizo mediante una carta a su presidente, lo cual no implica para nada que le esté dando órdenes, sino que tenga a bien revisar la actuación del juez que otorgó la suspensión de la reforma.

Y finalmente, ayer en su conferencia mañanera, el presidente tomó el atajo de una nueva reforma constitucional, para hacer que la reforma eléctrica quede en el marco legal que jamás debimos perder.

Obvio, a partir de ahí los opinadores profesionales del viejo régimen, comenzaron a señalarlo de ser el protagonista La Ley de Herodes, el tal “Varguitas”, por cambiar la Constitución a modo.

Se observa que como pueblo nos han robado la voluntad, al grado de que ni siquiera sabemos discernir entre lo que es bueno para nosotros y lo que es malo.

AMLO lleva días exponiendo que las mineras canadienses, por ejemplo, de las que Guerrero está plagado, ni siquiera están pagando impuestos, además de que pagan sueldos miserables y dañan con sus actividades extractivas el medio ambiente.

También se anunció que las minas de Litio del norte del país, de las cuales los mexicanos no estábamos enterados hasta que llegó AMLO al país, ya están concesionadas a empresas extranjeras, que cotizan en la Bolsa de Valores, y dado que se trata de un elemento de consumo mundial para la fabricación de baterías de todo tipo, esta semana el Litio aumentó su precio para sin que eso se refleje en ningún beneficio para nosotros, los mexicanos, porque nuestro “oro blanco” se lo están zampando los extranjeros, a cambio de dejarnos ruina, miseria, desolación y devastación, todo esto avalado y tolerado por ministros y jueces, quienes en lugar de proteger al pueblo mexicano, aplicando el principio del bien común actúan a petición de parte.

En respuesta, ayer, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó iniciativas que buscan limitar las actividades de los ministros en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y propusieron que se les pueda quitar su pensión, si es que deciden dedicarse a otra actividad tras su separación del cargo.

Los legisladores morenistas, además, están proponiendo prohibir que los juzgadores otorguen amparos contra leyes que afecten el bien común. O sea, que por fin los jueces estarán obligados a no ver los intereses de sus clientes, sino de la población afectada.

Cito al abogado Adrián Valente Olea: “Previo a conceder la citada suspensión, es necesario que con ello se evite perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, acorde con el artículo 128 de la ley de amparo citada, debiendo considerarse que se produce afectación al interés social y que se contravienen disposiciones de orden público cuando, entre otras cosas, se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes”. ¿Qué tal? Más claro ni el agua.

También concluye que  “Los jueces en términos de la fracción III del artículo 116 de la Constitución General de la República, son autónomos e independientes; empero eso no impide que los puedan sujetar a procedimientos administrativos disciplinarios, si se demuestra desviación de la legalidad en sus decisiones y no ser sólo suspendidos, sino también destituidos”. 

Pues a darle, a dejar el lavado de cerebro que nos hicieron los que cambiaron nuestra Constitución para enmarcar sus reformas “de gran calado”, decían, para quedar bien con sus amigos, dejando al pueblo mexicano en ruinas y, lo que es peor, sin opciones.

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

¡Zas! Casi concluye la definición de candidaturas en la alianza Va por Guerrero, del PRI y PRD, pero el carro se les atascó y todo indica que si no le ponen cuña, va a desbarrancarse.

Si de por sí muchos proyectos, sobre todo masculinos, cayeron por la borda, y otros hacen aguas, irremediablemente, por la obligación de los partidos de cumplir con la cuota de género.

Primero, recordemos que como aliados los partidos se dividieron los municipios (con excepción de Ayutla, que se rige por usos y costumbres indígenas), y obviamente también se dividieron la cuota de género. Cada partido debe cumplir con las candidaturas femeninas que les corresponden.

Entonces, comenzaron a parir cuates los dirigentes de los partidos, porque la alianza parece que hace aguas. En este escenario se vive el ambiente de “sálvese quien pueda”.

Pero la riña más fuerte está en los principales municipios de la entidad, los de mayor densidad poblacional y obviamente los de mayores recursos.

Se dijo, tan sólo para recordar lo que prometieron, que la alianza era real, que se postularía a los mejores perfiles, y que no irían por un reparto grosero de cargos.

Pero, bueno, una cosa es lo que prometan y otra lo que hagan. Finalmente, hasta la candidatura al gobierno del estado se pactó por negociación, primero hacia el interior de cada partido, y luego cuando se “midieron” Mario Moreno Arcos y Evodio Velázquez Aguirre.

Desde el primer momento en que los priístas salieron a anunciar que el ungido era Mario, en ausencia de Evodio, desde ahí toco comenzó mal. El candidato aliancista hizo sus esfuerzos porque no trascendiera la inminente ruptura, y lo logró. Evodio salió a las dos semanas a reconocer que los resultados de la encuesta no le favorecieron, aunque estuvo cerca, y que desde ese momento se sumaba a la campaña de Mario Moreno Arcos.

¿Qué sucedió entre el destape de Mario y la suma de Evodio? Promesas. Se les prometieron espacios y no necesariamente lo peor de lo peor, porque Evodio no se hubiera conformado con cualquier cosa, máxime que va de por medio la viabilidad misma del PRD como partido de izquierda, que después de esta alianza quién sabe si conserve, como sucedió a escala nacional, cuando Los Chuchos decidieron hacer alianza con el PAN en contra de Andrés Manuel López Obrador. La osadía les costó quedarse con un cascarón en la mano.

En Guerrero todavía hay un remanente del partido amarillo que puede rescatarse, siempre y cuando los perredistas se fajen y pidan su parte, pues por lo visto les pretenden madrugar en Acapulco y Chilpancingo. En estos municipios, desde hace dos semanas ambos partidos aliados libran una guerra sorda. Y los perredistas ayer se pintaron su raya. El grupo de Evodio hizo vacío en una reunión con Mario Moreno Arcos, y eso ya es mucho decir, porque el Frente Amplio Democrático Guerrerense aglutina a 10 de las tribus del PRD. 

¿De quiénes estamos hablando? No sólo de Evodio Velázquez Aguirre, sino también de Bernardo Ortega y Víctor Aguirre Alcaide pues la tribu de Celestino Cesáreo y Carlos Reyes Torres caminan por su cuenta, así como la de Ángel Aguirre Rivero busca lo suyo, y en la montaña baja está el grupo de Raymundo García Gutiérrez.

De hecho, los únicos que asistieron a la reunión con Mario Moreno en Chilpancingo fueron precisamente los representantes de Aguirre Rivero y Raymundo García, según lo informó el periódico El Sur.

Los perredistas están ante un dilema serio, que ni el ex gobernador Aguirre podrá zanjar si su pupilo, Alberto Catalán Bastida, presidente del partido y miembro del grupo aguirrista, los vende como puercos flacos. De hecho lo acusan de estar cuadrándose a favor de su “antiguo partido”; es decir, el PRI.

El enojo de los perredistas es porque los están agandallando y nadie los defiende en las mesas de negociaciones, pues Catalán Bastida estaría de acuerdo en que la alianza nombre candidato en Acapulco y Chilpancingo, con lo que se llevaría la candidatura a gobernador, y la de los dos municipios más importantes del estado.

Para colmo, los perredistas no resuelven sus propios problemas, porque la tribu Celestino Cesáreo Guzmán y Carlos Reyes Torres, están exigiéndole a Evodio Velázquez, de Nueva Mayoría, que cumpla el acuerdo de 2018, para que sea candidato Luis Enrique Ruiz Antonio, y no que se reelija Yasir Deloya Díaz.

Y bueno, como podemos ver, no sólo en Morena se cuecen habas, sino también y sobre todo en esta conjunción de dos partidos que siempre se dijo era muy desigual. Los perredistas están sufriendo las consecuencias de haberse metido en esta alianza donde, al parecer, sólo les dejarán las sobras.

Alejandro Páez Varela

Un usuario de Twitter escribe: “Imagínate que estás en el tianguis [mercado-sobre-ruedas, dicen en mi rancho] chingándote una quesadilla en un sábado por la mañana y llega Ricardo Anaya grabando un video y diciendo: ‘Me da coraje ver tanta pobreza’”. Y otro dice: “Qué miedo estar en la paca escogiendo un outfit chido y que llegue Ricardo Anaya grabando un video diciendo: ‘Miren cómo se vive en la miseria’”. Claro que a ambos tuits –a decenas que hay por allí– les vino una cascada de comentarios, todos en el mismo sentido. Risa, mucha. Burlas.

¿Qué tiene Anaya que no conecta? Descubrirlo está lejos de ser un acertijo y requiere poco esfuerzo. No es el único ejemplo del por qué la oposición al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador da pasos torpes tres años después de la derrota de 2018, aunque sí uno muy bueno. No puede caminar hacia atrás con un sentido crítico porque se pisa a sí mismo. No puede pararse en el presente y tratar de descubrir un país maltrecho porque, igual, se pisa a sí mismo.

Anaya aspiró a ser Presidente de México. Muy tarde para descubrir, en estas giras postelectorales, el país que pretendía gobernar. Muy tarde para darse cuenta ahora que ése es el México que nos dejaron PAN y PRI después de décadas de darle y darle con el serrucho. Pero además es terriblemente hipócrita (no se diga de mal gusto) ver a la cámara en estas que son, además, giras preelectorales (busca ser candidato en 2024) para decir: “Miren, miren, qué jodidos están los mexicanos”. Porque fue Diputado e impulsó las reformas a Enrique Peña Nieto. Porque fue panista cuando los 12 años de Felipe Calderón y Vicente Fox. El “me da coraje ver tanta pobreza” lo hace ver como si hubiera estado en coma toda su vida; aislado de este país y de sus dolencias. Hace ver que no tiene ni idea de dónde viene tanta miseria o que, de plano, es un extranjero en su propio país: hasta los turistas convencionales saben a qué vienen y qué esperar si rentan un auto y echan a andar por carretera.

O, bueno, más directos: esos paseos por tierra, donde Anaya parece descubrir la pobreza, recuerdan cuando viajaba (o viaja) cada fin de semana a Atlanta para ver a su familia, que vivía (o vive) en una casa junto a un lago para que los niños fueran (o van, todavía) a la High Meadows School.

***

Valiente pajarraco, cobarde, sinvergüenza de tiempo completo; un bribón, bravucón, pendenciero de barrio, pandillero, rufián, patán, embaucador, mentiroso y corrupto; bobo, mafioso, enfermo; que todos los días vive de la estafa y de la mentira; que cualquier enfermito mental sale con las zarandajas que sale éste. Está loco. Es un cínico. Tartufo.

Esa extraordinaria colección de adjetivos la dedica Diego Fernández de Cevallos a su némesis: Andrés Manuel López Obrador. Pero tanto adjetivo no hace menos al Presidente ni hace grande a su adversario. Demuestra, sí, el odio que Diego siente por el líder de izquierda y la desesperación que tiene la oposición que él representa. Como si tantos adjetivos ayudaran en algo a su causa, que no sé bien cuál sea: ¿la igualdad? No creo. ¿La honestidad? Menos. ¿Cuál es la causa que representa Diego Fernández? En todo caso, a juzgar por su biografía, tantos adjetivos provienen de la melancolía por el mundo que se le aleja mientras sus adversarios sigan en el poder. Un mundo de mucho poder y privilegios.

¿Qué tiene Diego que con tantos adjetivos no conecta? Descubrirlo no es un acertijo y requiere poco esfuerzo. Diego se para en una pila de basura y de allí hace proyectiles y los lanza. Basura que no llegó sola y que no se hizo pila sola; basura que es tan suya como de, sí, Anaya. Se preguntarán por qué intentan lanzarla y se les queda en la mano. Será la querencia. Pero no pueden caminar hacia atrás sin pisarla. No pueden ir hacia adelante sin llevarla consigo. Allí está la razón por la que no conectan: mucha basura. (Y me disculpo por usar la palabra “basura”. Se oye fuerte y ni siquiera la utilicé como adjetivo. Sólo intenta ilustrar qué los conecta).

***

López Obrador decía la semana pasada que se está preparando para el final de su mandato. Es bueno si le sirve para meter acelerador a los cambios que están pendientes, y enumero un puñado: acaban con la violencia y con la corrupción; acabar con la injusticia y meter a la cárcel a tanto vivales que se le han escapado; una reforma fiscal que sirva para redistribuir la riqueza; montar al país en los rieles del crecimiento y fincar las bases de un verdadero Estado de bienestar. Dije que citaría un puñado. Faltan muchos más.

Lo interesante es lo que decía a propósito de su retiro: que ve una nueva generación que garantizará su relevo y que no ve en la oposición quién le compita a su movimiento. Y al menos en esto último tiene razón. No será Diego, de 80 años, por más que escupa en entrevistas y en redes sociales; no es Ricardo Anaya, y lo lamento por sus tenis, que se habrán gastado en balde. ¿Quién, entonces? Está muy cuesta arriba.

Porque, además de todo, la oposición ya no son muchas fuerzas, sino una sola. Me refiero en lo electoral, porque en la práctica eran lo mismo. Hoy son el PRIAN, así; y tanto que lo negaron. ¿Quién puede ir más allá del show de Ricardo Anaya? Tendrá que ser alguien muy poderoso, con una gran fuerza que pueda con basura y con costal: debe cargar a Calderón, a Fox, a Peña, a Manlio Fabio Beltrones o a Arturo Montiel; a Carlos Romero Deschamps y a Carlos Salinas de Gortari. Porque ahora van juntos, formalmente. Porque ahora van en el mismo costal.

¿Quién podrá reunir tantas fuerzas para enfrentarse al movimiento de López Obrador con éxito? ¿Quién, aparte de Anaya? Porque al paso que va llegará tarde a 2024: le falta visitar la paca, por más obvio que parezca; o ir al tianguis, por unas quesadillas. Etcétera.

Vía: Sin Embargo

Ernesto Videgaray

El próximo 6 de junio tendremos las elecciones concurrentes más grandes en la historia de nuestro país. Se calcula que estarán en disputa los 500 escaños de la Cámara de Diputados y 20 mil 292 diversos cargos locales. Claro, la amplia mayoría, corresponde a regidores de los dos mil 457 municipios con que cuenta el país.

El INE, entonces, se prepara junto con los institutos electorales de los estados para recibir los más de 94 millones de ciudadanos registrados en la lista nominal, lo cual consumirá la mayor parte de los 19 mil 523 millones de presupuesto – que sería aún más si se resuelve a favor del INE el amparo interpuesto contra un recorte de 870 millones-; pero, mientras son peras o manzanas, de esa multimillonaria cantidad se destinarán siete mil 266 millones a los partidos políticos nacionales.

Este indicador politológico creado en 2010 por un conjunto de instituciones académicas y de investigación, está comprometido con la construcción democrática de nuestro país, y muestra una fotografía anual de este desarrollo en los estados de la federación “tanto en sus aspectos institucionales, como en el sistema político en su conjunto y del logro de un mayor desarrollo para la sociedad local”.

Este índice mide cuatro dimensiones del desarrollo democrático con una serie de indicadores principales y secundarios:

Primero se encuentra la llamada democracia de los ciudadanos, que tiene que ver con el voto de adhesión política, respeto de los derechos y libertades civiles, condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad, el compromiso ciudadano y género en el Gobierno.

La segunda, vinculada a la democracia de las instituciones, esto es cuál es el nivel de cumplimiento Estado de Derecho, la calidad y eficiencia institucional que se mide a través de la percepción de la corrupción, la participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo, la desestabilización de la democracia, el factor de anormalidad democrática y de intervención del Gobierno federal además de accountability legal, política y social; y lo que estaría referido a los fines y dan sentido a la democracia que tiene dos dimensiones.

Tercero, la democracia social y humana, referida a los resultados de gestión pública que aseguran bienestar y equidad y que se manifiesta a través de desempleo urbano, nivel de pobreza, desempeño en salud y en educación.

Y, finalmente, la democracia económica, que se manifiesta en los resultados de la gestión pública que aseguran eficiencia económica a través de la competitividad en la relación de Estado-sociedad, el coeficiente de desigualdad de ingresos, PIB per cápita, la autonomía financiera e inversión.

¿En dónde estamos cómo país luego de 40 años de la reforma electoral de 1978-1979 que fue la primera gran iniciativa para reformar el sistema político?

El índice que cubre el periodo 2010-2020, esa decir, los últimos tres años del Gobierno del panista Felipe Calderón; todo el sexenio del priista Enrique Peña Nieto y dos del Gobierno de morenista de López Obrador, lo que significa que el resultado que se ha obtenido corresponde técnicamente a tres modelos diferentes de Gobierno.

Globalmente muestra que en 2010 había ocho estados que se ubicaban con un alto desarrollo, diecisiete con un nivel medio, tres de bajo desarrollo y tres con un mínimo desarrollo democrático, lo cual podríamos decir que es la herencia de los gobiernos panistas de Fox y Calderón.

Diez años después la fotografía mejora los ocho se convirtieron once, los diecisiete en once, los tres en cuatro y los tres en seis estados en la escala de desarrollo democrático, respectivamente.

En suma, tenemos que de los veinticinco estados que estaban en el nivel alto y medio de desarrollo democrático se redujo a veintidós mientras los estados con bajo y mínimo desarrollo democrático había pasado de seis a diez, lo que significa un retroceso en prácticamente en la trasera parte de estados de la federación.

Alejandro Calvillo

Dulce enterró a dos de sus hermanos en un periodo de solamente 10 días, los dos murieron a causa de la diabetes, como sus padres. En el pueblo surgieron los rumores que habían muerto por la COVID-19. No fue así, murieron por la diabetes, les entregaron los cuerpos, murieron por la misma enfermedad que sufren también sus dos hermanas. Dos veces a la semana Dulce se sube al camión con ellas para llevarlas a hemodiálisis a una de ciudad que está a 45 minutos de distancia. Su esposo es maestro de obra y ella, además de llevar la casa  y encargarse de sus tres hijos, hace aseo en otras casas. Sólo ella y un hermano no han sido diagnosticados con “la azúcar”.

Cuando Dulce era pequeña, sus padres tenían una tiendita en el pueblo donde vendían lo mismo que se vende en un millón y medio de tiendas en este país donde la chatarra es un imperio, junto con la diabetes. Comían mucho de lo que vendían. Seguramente su familia es propensa a la diabetes, como una parte importante de la población del país. Los muertos por diabetes y por mala alimentación, de acuerdo a datos oficiales, suman en promedio más de 550 personas al día. Es decir, se podría hacer un informe diario, como el de muertes por COVID-19, pero por diabetes y los decesos generados por otras enfermedades causadas por la mala alimentación. Podríamos ver y escuchar al doctor López Gatell presentando gráficas por estado de las muertes diarias provocadas por la diabetes y la mala alimentación, podríamos escucharlo hablar de sus principales causas.

Entre quienes se alarman por la cantidad de decesos diarios por la COVID-19, y hay motivos para hacerlo, hay un grupo importante que nunca se ha alarmado sobre estas otras muertes que se han duplicado en los últimos 15 años, que han ocurrido y ocurren cada día, sin parar, durante los últimos años, en un silencio cómplice de la mayoría de los profesionales de la salud. Y no sólo eso, entre ellos se encuentran responsables directos e indirectos de no haber enfrentado esas declaradas “emergencias epidemiológicas” por obesidad y diabetes. Incluso, destacan por haberse puesto del lado de los intereses de las grandes corporaciones de la chatarra para evitar que se establecieran las políticas de salud pública recomendadas para enfrentar esas epidemias de obesidad y diabetes.

Quienes sufren de diabetes en el país, se habla de entre 8 y 12 millones de personas, y son pobres, enfrentan esta enfermedad crónica sin prevención, sin orientación, sin atención, en la mayor parte de los casos. Es así que a lo largo y ancho del país, la diabetes es una epidemia sin control.

Hace unos años acompañé a Karen Atkins a grabar parte de su documental El Susto, reconocido internacionalmente, que da testimonio de la situación de la diabetes en México. Viajamos a comunidades mayas en la península de Yucatán. Fuimos a centros de salud en pequeñas comunidades, a medir la glucosa en sangre, a llevar tiras reactivas. Lo que pude constatar es que la medición de glucosa en la sangre se realiza cada dos semanas, si alguien les lleva las tiras reactivas. La Metformina, uno de los medicamentos más utilizados para tratar de controlar los niveles de glucosa en sangre, tampoco está en los centros de salud de estas pequeñas comunidades. Es decir, las personas con diabetes la toman cuando hay. El costo del glucómetro y de varias tiras reactivas está en poco más de 600 pesos y la Metformina, 30 cápsulas, en 50 pesos.

Lo que si abunda en todas las comunidades, incluso en las más pequeñas, es la Coca-Cola y la chatarra. Se ingiere en grandes cantidades sin que exista información sobre la dimensión del daño que genera. Gran parte de las personas con diabetes en nuestro país, las pobres, descubren esta enfermedad ya que la tienen muy avanzada, porque están perdiendo la vista o tienen una llaga en el pie que no cicatriza.

En el caso de las comunidades indígenas, la diabetes era una enfermedad muy poco común. Con la llegada de lo que los antropólogos llaman “la comida de tienda”, se ha convertido en toda una epidemia. En otra ocasión, esta vez en Chiapas, la directora de la clínica de San Juan Chamula nos informó que cada vez llegaban más pacientes a la clínica en coma diabético. En ese territorio Cocacolonizado platicamos con un hombre que había perdido una pierna por la diabetes, y escuchamos cómo nunca se le advirtió claramente que debería de dejar de consumir esa bebida y cuidar su alimentación, solamente hasta que su enfermedad avanzó a ese grado de perder una extremidad.

En la serie “Voces de la Diabetes” filmada en el norte, sur y centro del país, coproducción de Cacto Producciones, SinEmbargo y El Poder del Consumidor  se recogen diversos testimonios de los estragos generados por esta epidemia. La diabetes no sólo afecta a quien la sufre, es una enfermedad crónica que, de no cuidarse, se vuelve degenerativa y arrasa con los seres queridos, con la familia, con su economía, con su salud emocional. Y aquí las más sacrificadas son las mujeres, que en la serie “Voces de la Diabetes” son llamadas “las cuidadoras”. Ellas, de no ser quienes sufren la enfermedad, se convierten en quienes cuidan y llevan a la familia, son un ejército de cientos de miles de mujeres que entregan y dedican su vida a cuidar a sus familiares con diabetes.

Entre lxs hipócritas están altxs funcionarixs, académicxs, profesionales de la salud, que se han opuesto a que se apliquen las políticas recomendadas internacional y nacionalmente para bajar el consumo de los alimentos ultraprocesados con altos contenidos de azúcar agregada, de sodio, de grasas saturadas. Repiten los mantras de las corporaciones: el problema es multifactorial, no hay productos buenos y malos, se trata de responsabilidad individual, a nadie le ponen una pistola en la cabeza para que consuma estos productos, etcétera, etcétera. Basta observar la evidencia científica que expone que son los entornos alimentarios, lo que se publicita, lo que se vende, lo que nos rodea, lo que está disponible, lo que determina nuestras elecciones.

Lxs hipócritas se oponen y critican el impuesto a las bebidas azucaradas, al etiquetado frontal de advertencia, a que se regule la publicidad de estos productos dirigida a la infancia, a que se prohíba su venta al interior de las escuelas, es decir, a las políticas de salud pública recomendadas para enfrentar estas epidemias. Con las excepciones de profesionales de la salud que han sido bien adoctrinados en diversas universidades por maestrxs ligadxs a Nestlé, Danone, Coca-Cola, Pepsico o cualquiera de estas empresas, la gran mayoría mantienen estas posturas por intereses puramente materiales, por algún tipo de relación con estas corporaciones, por pertenencia a un grupo. Las influencias y lealtades se establecen desde que se recibe el pago de un viaje a una conferencia; los recursos para mantener la operación de asociaciones de estos profesionistas (pediatras, nutricionistas, salubristas); las donaciones para realizar sus congresos en zonas turísticas, de preferencia destinos de playa; los recursos para realizar investigaciones que no vayan en contra de sus intereses, entre otras muchas estrategias para cooptar al sector académico y profesional.

Varios exsecretarios de salud y exfuncionarios en ese sector han mantenido vínculos con dos de las mayores corporaciones globales a las que tendrían que haber regulado. Algunos pasaron por FUNSALUD, la Fundación Mexicana para la Salud, financiada por la mayor empresa de ultraprocesados en el mundo, Nestlé, y otros han formado parte del Consejo Directivo de la Fundación Coca-Cola. Resulta casi imposible que alguno de estos funcionarios actuara en contra del interés de estas corporaciones.

Ni una, ni dos, ni tres regulaciones lograrán revertir las epidemias de obesidad y diabetes si no son aplicadas a fondo y forman parte de una política integral que no sólo desfavorezca el consumo de productos no saludables, debe, al mismo tiempo, favorecer la asequibilidad a alimentos saludables. El proceso de deterioro de nuestros hábitos alimentarios ha sido tan profundo que la intervención para modificar estos ambientes obesogénicos debe ser también muy profunda.

Lxs hipocritxs juegan un papel importante en contra de estas políticas de salud pública, son un engranaje en la estrategia de las corporaciones, contribuyen al bloqueo de las políticas que afectan sus intereses, de ahí su silencio bien disciplinado frente a las epidemias de obesidad y diabetes.

Dolia Estévez

Tras los ataques terroristas de 2001, el gobierno de México temía que millones de mexicanos en Estados Unidos, que carecían de algún documento de identificación como pasaporte, número de seguridad social o licencia de manejar, pudieran ser confundidos por terroristas. De esa preocupación nació la Matrícula Consular de Alta Seguridad que, a lo largo de dos décadas, ha mejorado la vida de millones de connacionales que han podido salir de las tinieblas con un mínimo de protección documental.

“Ante los nuevos imperativos de seguridad después del 9/11, concebimos la matrícula consular para proteger a los mexicanos residentes en Estados Unidos, particularmente a quienes eran indocumentados y sin la opción de poder tener o acceder a otro tipo de identificación estadounidense”, me dijo el Embajador Arturo Sarukhan, uno de los precursores de la matrícula.

Fue una época traumática para Estados Unidos. El gobierno de George W. Bush veía y calibraba todo a través de la lente de la seguridad nacional. La vulnerabilidad de las comunidades mexicanas en ese nuevo contexto político y de opinión pública empeoró.

Sarukhan, a la sazón jefe de asesores del Canciller Jorge G. Castañea, y el Embajador Enrique Berruga, entonces subsecretario para América del Norte, diseñaron y echaron a andar la matrícula consular como mecanismo para evitar que los connacionales fueran objeto de sospecha, arresto y potencial deportación.

“El objetivo principal de la matrícula fue dotar a los indocumentados de alguna identificación, puesto que por algo son `indocumentados´. También se entrega a residentes mexicanos que viven en Estados Unidos que así lo soliciten, pero se destina sobre todo al primer grupo”, me dijo Berruga.

La aceptación de la matrícula ha sido una labor titánica de muchos años de talacha y cabildeo. Los 50 consulados de México han tenido que picar piedra en estado por estado, ciudad por ciudad, departamento policial, por departamento policial para convencer sobre su mérito. Su creciente aceptación hoy es uno de los logros más significativos de la diplomacia profesional mexicana.

Para lograrlo, tuvo que alcanzar los altos estándares a prueba de falsificación de los documentos de identificación estadounidenses. De ser una credencial rústica que se imprimía casi como un vil cartón, pasó a tener código de barras y hologramas en 2003.

Años después, el gobierno de México incorporó estrictos sellos de seguridad como un chip con datos de biometría encriptados, fotografía de alta resolución con micro texto en el marco, tinta activa a la luz ultravioleta y número gravado con láser.

La credencial, cuyo nombre oficial es Matrícula Consular de Alta Seguridad, es hoy casi infalible. Es reconocida en los principales centros urbanos con grandes concentraciones de mexicanos como Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Chicago, San Antonio y Phoenix, entre otros.

Incluso ha ganado aceptación en lugares menos esperados por su tradición xenófoba. La semana pasada, por ejemplo, Arizona aprobó una ley reconociéndola como documento legítimo de identificación. El viernes, el gobernador republicano de ese estado promulgó la legislación.

La ministra negó que el motivo haya sido vacunarse contra el Covid19 (carta al director de Reforma 03/03/2021), como presuntamente confió Minutti a varios colaboradores. Sin embargo, no ha aclarado por qué y para qué tramitó la matrícula siendo que reside en la Ciudad de México y labora de tiempo completo en la Suprema Corte.

Por su parte, Pérez Dayán no ha respondido a varios intentos de comunicarme con él en la última semana.

El consulado pudo haber violado el reglamento de la Secretaría de Relaciones Exteriores que condiciona su expedición a mexicanos domiciliados en Estados Unidos (Trámite de Matrícula Consular 22/7/1215). Claramente señala que la matrícula se expide a quienes están domiciliados, no a quienes tienen familia con domicilio en la ciudad, como argumentó Esquivel(Reforma 03/03/2021).

Pero también hay quienes opinan que los consulados no pueden negar la matrícula a alguien que llega con documentos probatorios de nacionalidad, identidad y de residencia en la circunscripción correspondiente.

Si bien los consulados no necesariamente saben si el solicitante en efecto reside en Estados Unidos, tiene una segunda casa o pidió prestado un domicilio, no es creíble que Minutti no supiera que los ministros no viven en San Antonio.