Categoría: Opinion

Ricardo Castillo Barrientos

El estado de Guerrero siempre será un destino turístico por excelencia, con sus baluartes emblemáticos: Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo, Taxco y los pujantes Punta Maldonado (El Faro), Playa Ventura, Playa Azul y las Peñitas, en la Costa Chica. En la Costa Grande: Puerto Vicente Guerrero, Barra de Potosí, Troncones y otros atractivos puntos intermedios.

El puerto de Acapulco se vio pletórico de visitantes con motivo del periodo vacacional de la Semana Santa, con gran circulación vehicular como en sus mejores tiempos, en sus principales arterias citadinas de la Costera Miguel Alemán, bulevar de Las Naciones y las avenidas López Mateos y la Cuauhtémoc.

Acapulco tiene la ventaja de su proximidad con las entidades federativas del centro del país, en especial, con la Ciudad de México, la cual a través de las épocas ha tenido una marcada preferencia con nuestros destinos de playa y la ciudad colonial de Taxco, reconocido pueblo mágico del país.

A pesar de la reciente tragedia sufrida en el paradisiaco puerto, la capacidad de resiliencia de los acapulqueños y empresarios de la industria turística, hoteleros, restauranteros, discotequeros y demás prestadores de servicios, han dado una ejemplar lección al país y al mundo, del resurgimiento como destino turístico en muy corto plazo. Obviamente, no en su totalidad, si en un porcentaje mayor al 60%.

En esta colosal tarea el presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, han sido los protagonistas de la hazaña y en menor medida, la alcaldesa Abelina López Rodríguez.

Reconocimiento especial han merecido el Ejército Mexicano, La Marina, la Guardia Nacional, los trabajadores de la CFE y demás personal técnico, que contribuyeron al levantamiento de nuestra alicaída ciudad en corto tiempo.

El descomunal desplazamiento de recursos humanos, materiales y financieros, han hecho posible las dos exitosas temporadas vacacionales recientes, la decembrina y la Semana Santa, además los eventos de talla internacional como el Abierto Mexicano de Tenis o el reciente Torneo Premier de Pádel 2024.

En este mes de abril se celebrará la 48 edición del Tianguis Turístico Acapulco con la participación de 35 países, 300 empresas y más de 500 compradores, Así también, la 87 Convención Bancaria en este mismo mes y la 36 Convención Nacional Minera, próximamente en octubre. Estos y otros magníficos eventos deportivos, culturales, empresariales, profesionales y sociales, tendrán verificativo durante el presente año.

Este panorama favorable hizo posible los excelentes resultados del puerto que tuvo una afluencia mayor de 100 mil turistas, que dejaron una derrama superior a los 600 millones de pesos. En conjunto, los sitios turísticos de Guerrero fueron visitados por185 mil personas que gastaron más de mil 200 millones de pesos.

Marea Baja.- Estos morenistas guerrerenses no tienen remedio. Han hecho caso omiso a las reiteradas afirmaciones del presidente López Obrador, en cuanto a que el Ayuntamiento de Acapulco tiene un aparato oneroso de 29 regidores, más dos síndicos y el alcalde.

Dos cabildos y dos legislaturas han pasado durante el periodo presidencial de López Obrador, sin que hayan movido un solo dedo para legislar en la disminución del cuerpo edilicio porteño como era el deseo del tabasqueño, quien va de salida sin que le hayan hecho caso sus propios compañeros de partido y ahora menos porque ya se va.

Es del conocimiento público que los regidores se ven beneficiados con altos salarios que rayan en los 80 mil pesos, además de los gastos de gestoría superiores a los 150 mil pesos, más los diezmos que obtienen por obras públicas o adquisiciones; como no tienen llenadera, seguirán medrando al amparo del presupuesto municipal.

Marea Alta.- Por fin, Yoshio Ávila González, se abrió de capa después de sondear las opiniones entre sus simpatizantes sobre la ruta política a seguir, luego de darse a conocer la candidatura de la alcaldesa Abelina López Rodríguez, que va por la reelección en contra de la voluntad presidencial y de la propia candidata Claudia Sheinbaum Pardo, quienes han reafirmado su posición política de “Sufragio Efectivo. No Relección”, que la primer edil se ha pasado por el arco del triunfo.

Ávila González anunciará este miércoles su adhesión al Partido Movimiento Ciudadano (MC), que ha su vez lo habrá de registrar como su candidato el miércoles 3, ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), por intermediación de la Enlace Nacional de MC, la ex gobernadora de Yucatán, Ivvone Ortega, que dicho sea de paso, tienen una estrecha amistad, desde sus tiempos príistas.

El destape oficial tendrá efecto en el emblemático “Parque de la Iguana”, ubicado en el ex hospital civil, en el mero corazón de los barrios históricos de donde es originario el inminente candidato naranja. Se espera una nutrida concentración de simpatizantes, amigos y familiares.

Maremoto.- Los barruntos de rebelión de las huestes de MORENA, hasta el momento no ha tenido efecto por la falta de sensibilidad de los presidentes de este partido a nivel nacional y estatal, Mario Delgado Carrillo y Jacinto González Varona, quienes han sido repudiados por aspirantes perdidosos a cargos de elección popular.

Existe plena desconfianza a supuestas aplicaciones de encuestas, sin que se tenga la certeza que éstas se hayan realizado, pues no han dejado satisfechos a los aspirantes participantes, salvo a los ganadores, que ya se placean con una gran sonrisa de flor en flor y los rostros desencajados de sus opositores.

Desde hace una semana continúan tomadas las instalaciones de las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA, en la capital del estado, sin ningún interés de los dirigentes partidistas por dialogar y menos de dar respuestas a los militantes, que han emprendido una marcha hacia la Ciudad de México, directamente a Palacio Nacional para que tenga conocimiento el propio Y un presidente López Obrador, y después retornen con una mano atrás y otra adelante con un palmo en las narices.

Guillermo Arteaga González

El caso de la pequeña Camila en Taxco, Guerrero, es una dolorosa muestra de la grave situación de violencia e impunidad que vive México, la historia de esta niña de 8 años, invitada a un momento recreativo que terminó en secuestro y posteriormente en su asesinato, ha conmocionado a todo el país, sin embargo, lo que siguió a esta tragedia es aún más preocupante y nos lleva a cuestionar el estado de derecho y la justicia por propia mano que impera en algunas comunidades.

El linchamiento de los presuntos responsables del crimen, días después de ocurrida la tragedia, expone la desesperación y la falta de confianza en las autoridades por parte de la población, es comprensible la indignación y el dolor que genera un acto tan atroz como el asesinato de una niña inocente, pero la respuesta de hacer justicia por mano propia no solo es ilegal, sino que también perpetúa un ciclo de violencia y falta de legalidad que debemos erradicar de nuestra sociedad, sin duda esto es producto de la mala gestión de la violencia y una estrategia fallida de las autoridades.

El hecho de que decenas de pobladores bloquearan una de las principales avenidas de Taxco exigiendo justicia es una manifestación legítima de la necesidad de respuestas claras y contundentes por parte de las autoridades, no obstante, el paso siguiente, el linchamiento de una mujer y la exigencia de la población de detener a personas sin pruebas contundentes, nos muestra una peligrosa falta de apego al estado de derecho y a los derechos humanos más básicos.

La violencia que azota no solo a Taxco, sino a diversas zonas de México, es un problema multifacético que requiere soluciones integrales y a largo plazo, la falta de seguridad, la impunidad, la corrupción y la desigualdad son solo algunos de los factores que alimentan esta espiral de violencia y desconfianza en las instituciones, la respuesta de los ciudadanos, aunque entendible desde el punto de vista emocional, no puede ser la justicia por propia mano.

Es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de sus ciudadanos, investigar y castigar a los responsables de delitos de manera justa y conforme a la ley, la aplicación de la justicia debe ser transparente, imparcial y efectiva para recuperar la confianza de la población en las instituciones, así mismo, es fundamental trabajar en la prevención del delito, en la educación y en la generación de oportunidades para construir una sociedad más justa y pacífica.

Aunque esto parezca un hecho aislado no es algo nuevo la violencia que azota a diversas regiones de México ha alcanzado niveles alarmantes, y junto con ella, el creciente hartazgo y desconfianza de la sociedad hacia las autoridades de los tres niveles de gobierno, el aumento de crímenes de todo tipo, la impunidad rampante y la sensación de que los criminales actúan con total libertad sin recibir castigo alguno son situaciones que han colmado la paciencia y generado un clima de indignación y desesperanza.

El reciente caso ocurrido en Taxco, donde una mujer junto con dos hombres fueron linchados por la población tras ser señalados como presuntos responsables del secuestro y muerte de una niña de 8 años, es un claro ejemplo de hasta dónde puede llegar el hartazgo y la falta de confianza en las autoridades, si bien es comprensible el dolor y la rabia que generan este tipo de crímenes atroces, la respuesta de hacer justicia por propia mano no solo es ilegal, sino que también refleja el fracaso del Estado en garantizar la seguridad y la justicia para todos los ciudadanos.

El sentimiento de impotencia y desesperación de la sociedad frente a la violencia desbordada y la ineficacia de las autoridades para contrarrestarla es palpable, cada día se reportan casos de homicidios, secuestros, extorsiones y otros delitos que no solo cobran vidas humanas, sino que también socavan la confianza en el sistema de justicia y en el Estado de derecho, la falta de resultados concretos, la corrupción en las instituciones y la falta de recursos y capacitación para las fuerzas de seguridad son solo algunos de los factores que contribuyen a esta crisis de seguridad.

Es urgente que las autoridades de todos los niveles de gobierno asuman su responsabilidad y tomen medidas efectivas para combatir la violencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos, esto incluye fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, mejorar la capacitación y equipamiento de las fuerzas policiales, combatir la corrupción de manera contundente y establecer estrategias integrales de prevención del delito.

La sociedad no puede seguir siendo testigo pasivo de la violencia y la impunidad, es necesario exigir cuentas claras a las autoridades, participar de manera activa en la construcción de políticas públicas efectivas y promover una cultura de denuncia y legalidad, el linchamiento y la justicia por propia mano son expresiones extremas de un sistema fallido, y la única salida viable es fortalecer nuestras instituciones y trabajar juntos como sociedad para construir un país más seguro y justo para todos.

El caso de Camila debe ser un llamado de atención para reflexionar sobre la urgente necesidad de fortalecer nuestras instituciones, mejorar la seguridad y promover una cultura de legalidad y respeto a los derechos humanos, el dolor y la indignación no pueden ser excusa para actuar al margen de la ley, porque solo a través del Estado de derecho podremos construir un país más seguro y justo para todos.

Guillermo Arteaga González

Las recientes encuestas de preferencias electorales en México han causado un revuelo significativo en el panorama político del país, Claudia Sheinbaum, representante de la coalición encabezada por MORENA, se sitúa como la principal candidata a la presidencia, superando a Xóchilt Gálvez y Jorge Máynez, esta tendencia electoral refleja una realidad compleja que merece un análisis detenido y crítico, es innegable que Sheinbaum ha consolidado una posición de liderazgo en la mente de los votantes mexicanos, su gestión al frente de la capital ha sido marcada por iniciativas destacadas y una imagen de honestidad y eficiencia, al menos percibida por una parte significativa de la población, este respaldo se refleja en las encuestas, donde la candidata de “sigamos haciendo historia” goza de una preferencia considerable, con una proyección que parece colocarla como la ganadora indiscutible de la contienda electoral.

Este aparente destino presidencial no está exento de interrogantes y preocupaciones legítimas, en primer lugar, las acusaciones de corrupción que han salpicado a la administración gubernamental actual no parecen haber tenido un impacto significativo en la preferencia electoral, esto plantea serias dudas sobre la capacidad del electorado para sopesar adecuadamente los antecedentes y la integridad de los candidatos en medio de un clima político cada vez más polarizado y mediático, a su vez, la falta de competencia real en el escenario electoral también es motivo de inquietud, si bien es cierto que la democracia se fundamenta en la participación ciudadana y la diversidad de opciones, la abrumadora ventaja de Sheinbaum en las encuestas plantea un escenario de posible complacencia o desinterés por parte de los votantes, la democracia requiere debate, contrastes de ideas y propuestas diversas para enriquecer el proceso electoral y fortalecer las instituciones.

Es relevante mencionar el análisis realizado por el periódico El PAIS, que utilizando un modelo de predicción similar al de las elecciones de 2018, otorga un impresionante 89% de probabilidades de victoria a la coalición liderada por Morena, dejando a Gálvez con un escueto 11% y relegando a Máynez a una posición marginal sin posibilidades reales de triunfo, estas cifras si bien reflejan una tendencia estadística, también plantean interrogantes sobre la salud democrática de un sistema político donde la competencia real parece desvanecerse ante la fuerza de una candidata predestinada, en este contexto, la posibilidad de una derrota para Sheinbaum, aunque parezca remota, no debe ser descartada como un mero escenario hipotético, la historia política está plagada de sorpresas y giros inesperados, y la complacencia electoral puede ser el caldo de cultivo para eventos disruptivos, en resultado adverso para la candidata favorita no solo sería un golpe para su coalición política, sino que también plantearía interrogantes sobre la fiabilidad de las encuestas y la capacidad del sistema político para reflejar fielmente la voluntad ciudadana.

Las encuestas de preferencias electorales en México ofrecen un panorama aparentemente claro a poco más de tres meses de la votación, con Claudia Sheinbaum como la firme favorita, detrás de estos números se esconden desafíos y advertencias que no deben ser ignorados, la consolidación de una democracia sólida requiere no solo de resultados predecibles, sino también de procesos electorales dinámicos, informados y participativos, mantener la vigilancia crítica y el compromiso cívico es fundamental para asegurar que el destino político del país no sea simplemente una profecía autocumplida, sino el resultado de una verdadera deliberación democrática, en medio del fervor y la intensidad que caracterizan las campañas electorales en México, es crucial analizar y reflexionar sobre la estrategia y el desempeño de los candidatos a la presidencia, en esta contienda, tres figuras destacan por su protagonismo y enfoques distintos, Xóchilt Gálvez, Claudia Sheinbaum y Álvarez Máynez, cada uno ha desplegado estrategias y mensajes que reflejan no solo sus visiones políticas, sino también la complejidad del escenario electoral actual.

Xóchilt Gálvez, representante de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, ha adoptado una postura claramente opositora, enfocándose en señalar los errores y deficiencias de la administración actual, especialmente ligados a Claudia Sheinbaum y su gestión en la Ciudad de México, sus críticas han sido directas y contundentes, especialmente en temas sensibles como la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de AMLO, a la que califica como un fracaso, sus llamados a la valentía y responsabilidad por parte del presidente han resonado en un contexto político marcado por desafíos significativos en materia de seguridad y bienestar.

Por otro lado, Claudia Sheinbaum ha optado por una estrategia que busca mantener su cercanía con la gente, emulando en cierta medida el estilo que caracterizó la campaña de López Obrador en 2018, sus recorridos por el país y su contacto directo con comunidades y ciudadanos reflejan una búsqueda por mantener y fortalecer la imagen de cercanía y empatía que le ha valido una ventaja considerable en las encuestas, así mismo, su habilidad para consolidar y fortalecer los cuadros políticos de su partido dentro del poder ha sido clave en su estrategia para asegurar una continuidad en el liderazgo político del país.

En contraste, Álvarez Máynez ha centrado gran parte de su campaña en el ámbito digital, utilizando estratégicamente las redes sociales y su famosa canción de “Movimiento Naranja” para llegar a un público amplio y diverso, sin embargo, a pesar de su presencia destacada en plataformas como YouTube y Facebook, sus esfuerzos no se han traducido en un avance significativo en las preferencias electorales, su posición como candidato improvisado, surgido de un revés legal que le arrebató la candidatura a Samuel García, refleja los desafíos y obstáculos que enfrenta en su intento por ganar terreno en una contienda dominada por figuras consolidadas y estrategias bien definidas.

En este escenario, es evidente que cada candidato enfrenta retos particulares y debe sortear obstáculos únicos para consolidar su posición y aspirar al triunfo electoral, la confrontación de ideas, propuestas y visiones políticas es fundamental para enriquecer el debate público y ofrecer a los ciudadanos una variedad de opciones informadas y significativas, más allá de las estrategias de campaña, es necesario que los candidatos demuestren capacidad de liderazgo, honestidad y visión para abordar los desafíos y necesidades del país en un contexto de transformaciones y exigencias constantes, el panorama electoral en México presenta un abanico de enfoques y estrategias que reflejan la diversidad y complejidad del entorno político actual, las próximas semanas serán cruciales para evaluar el impacto y la eficacia de las campañas, así como para definir el rumbo político y social del país en los años venideros, la participación ciudadana informada y crítica será determinante en la construcción de un México más justo, próspero y democrático.

Por el Mtro. Guillermo Arteaga González.

En medio de un escenario político y económico crispado en México, se ha desatado una batalla encarnizada entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), acompañada de acusaciones y señalamientos que no dejan indiferente a la opinión pública, las declaraciones del dueño y presidente de “Grupo Salinas” no solo han puesto en duda la actuación del SAT, sino que también han abierto un debate sobre la transparencia y honestidad en el gobierno actual, las acusaciones de “extorsión a empresario” lanzadas por Salinas Pliego en un video difundido en redes sociales no pueden ser tomadas a la ligera, según sus palabras, el SAT estaría utilizando prácticas poco éticas al presentar cuentas excesivas a los empresarios y luego ofrecer condonaciones a cambio de pagos parciales, este tipo de señalamientos no solo afectan la imagen del SAT, sino que minan la confianza de los contribuyentes en las instituciones gubernamentales encargadas de velar por el cumplimiento fiscal, una confianza que al día de hoy es prácticamente nula.

Es importante destacar que estas acusaciones no han surgido en un vacío político, Salinas Pliego ha señalado directamente a la administración federal actual, sugiriendo que, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador es una persona honesta, estaría rodeado de personas corruptas que estarían utilizando este tipo de tácticas para distraer a la población de problemas más urgentes como la violencia y la corrupción sistémica en el país, esta situación plantea una serie de interrogantes que deben ser abordados con seriedad y transparencia por parte de las autoridades involucradas, por un lado, el gobierno debe garantizar que las instituciones como el SAT actúen de manera imparcial y ética, sin incurrir en prácticas que puedan ser percibidas como extorsión o coacción a los contribuyentes, por otro lado, es necesario investigar a fondo las acusaciones de Salinas Pliego para determinar si existen irregularidades reales en el manejo fiscal por parte de dicha institución o solamente es un acto desesperado por salir absuelto de la opinión pública por el supuesto adeudo que se le atribuye al grupo empresarial del cual es dueño.

El llamado de Salinas Pliego a la población para que ejerza su derecho al voto en las próximas elecciones cobra especial relevancia en este contexto, la participación ciudadana en la vida política y democrática del país es fundamental para fortalecer las instituciones y garantizar un gobierno transparente y responsable, la advertencia de no permitir que otros decidan por nosotros es un recordatorio contundente de la importancia de la participación activa de la ciudadanía en la construcción de un país más justo y equitativo.

En medio de esta batalla de titanes entre un prominente empresario y las instituciones gubernamentales, es primordial que premie el diálogo y la búsqueda de soluciones que fortalezcan la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al Estado de derecho son pilares fundamentales para el desarrollo y la estabilidad de cualquier nación, y México no es la excepción.

En el ámbito empresarial y fiscal se ha generado una intensa controversia entre Ricardo Salinas Pliego, el empresario detrás de Grupo Salinas, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), esta disputa alcanzó un nuevo nivel de atención pública después de que el SAT anunciara una deuda de impuestos pendientes por parte de Grupo Salinas por un monto significativo de 63 mil millones de pesos mexicanos, ante este escenario, las autoridades del Gobierno federal han tomado cartas en el asunto, abordando públicamente los detalles de los juicios fiscales relacionados con este caso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a proporcionar toda la información relevante sobre estos juicios fiscales para garantizar la transparencia y permitir que los ciudadanos, incluidos especialistas en materia fiscal, contadores y abogados, puedan analizar de manera informada lo que está sucediendo en esta polémica situación.

Este compromiso con la transparencia y la apertura es fundamental en un contexto donde la confianza pública en las instituciones y en el cumplimiento fiscal es esencial para el desarrollo económico y social del país, sin embargo tal parece que estos dos calificativos no lo son para todos los casos de controversia, recordemos que esta misma administración ha hecho privados por 10 años documentos de obras que se han desarrollado en esta misma administración, es importante que sea transparente en todo momento y no solo cuando sea por conveniencia,  la divulgación de información detallada sobre los juicios fiscales de Grupo Salinas permitirá a todos los interesados comprender mejor los aspectos técnicos y legales involucrados, así como evaluar de manera crítica las posturas y argumentos presentados por ambas partes en este conflicto.

Es importante destacar que en un estado democrático y de derecho, como lo es México, es fundamental que todos los actores, tanto del sector público como del privado, cumplan con sus obligaciones fiscales y operen dentro de un marco legal claro y transparente, esto no solo garantiza la equidad y la justicia en el sistema fiscal, sino que también fortalece la confianza de los inversionistas y empresarios en el entorno económico del país, la controversia entre Grupo Salinas y el SAT también pone de relieve la importancia de contar con mecanismos efectivos de resolución de conflictos y de supervisión fiscal que aseguren el cumplimiento de las leyes tributarias de manera imparcial y objetiva, en este sentido, el compromiso del Gobierno federal de proporcionar información detallada sobre estos casos es un paso en la dirección correcta para fomentar la transparencia y el entendimiento público sobre asuntos de gran relevancia para la economía y la sociedad mexicana.

La situación entre Ricardo Salinas Pliego y el SAT destaca la necesidad de promover la responsabilidad fiscal, la transparencia y la rendición de cuentas tanto en el sector público como en el privado, la apertura y la disponibilidad de información son pilares clave para construir una sociedad informada y participativa, donde se promueva un ambiente empresarial justo y equitativo para todos los actores involucrados,  es necesario que tanto el empresariado como el gobierno trabajen de manera conjunta para construir un ambiente propicio para la inversión, el crecimiento económico y el bienestar de todos los mexicanos, que mucha falta le hace a este país, dejar de ser un país dependiente de las dadivas gubernamentales y convertirse en un país lleno de emprendedores y empresas que aporten al desarrollo y el bienestar económico de un país, la confrontación y las acusaciones no son el camino para resolver los desafíos que enfrenta el país, por el contrario, el respeto mutuo y la colaboración son elementos clave para alcanzar un futuro próspero y equitativo para todos.

Jorge Luis Reyes López

El cielo está pintado de rojo del lado que cae el sol al mar. Otras son nubes blancas, aborregadas. Niños en la calle se arremolinan buscando figuras celestiales formadas en los nubarrones, gritando y saltando cuando creen haber encontrado un dragón, toro o cualquier perfil humano o animal. Lapo pasa junto al grupo bullicioso. Los mira divertido, musitando tabardillo, tabardillo… eso es lo que son estos chamacos y continúa su camino, tratando de no llegar tarde al punto de reunión. La cuesta no está muy empinada, pero si es larga. Al final de la misma columbra las figuras que poco a poco se aclaran cuanto más se acerca.

Todos los pueblos tienen figuras emblemáticas que marcan época. Zihuatanejo los tiene, los tuvo y los tendrá en abundancia. Lapo se frota la oreja, que según las circunstancias puede interpretarse como placer o enojo anticipado. Ahora las figuras columbradas adquieren claridad, son tres hombre y cuatro sillas. Ya lo están esperando en la calle terregosa. En el suelo una botella de tequila, no hay vasos solo un plato plano de vidrio con limones enteros, sal y un cuchillo. Todo sobre un banquito de madera de tres patas. Después de saludarlos ocupa la silla vacía. Dedica una mirada a cada uno de los integrantes del trio, como tratando de retener cada detalle del rostro, de la voz, de la ropa, escudriñando de afuera hacia adentro,  buscando saber más de las entrañas sin soslayar lo que salta a la vista. Es un hábito de Lapo, un ritual silencioso que lo prepara para escuchar. Los cuatro hombres están sentados en círculo. Frente al abuelo esta Antero Alemán. Prieta la piel, salpicada de manchas blancas, causadas por una enfermedad que provoca la pérdida de pigmento en ciertos lugares del cuerpo. Antero, como casi siempre, trae una camisa manga larga desabotonada; un sombrero de palma echado para atrás; su labio inferior manchado hace que resalte la sonrisa burlona que al convertirse en carcajada se torna contagiosa, borrando todo rastro de ironía. Sus ojos y pelo son de color negro. El abuelo no recuerda la última vez que lo vio sobrio, si recuerda que el alcohol nunca lo ha doblado, nunca lo ha tirado. Quizá sea un maestro en la dosificación del tequila. A la derecha de Serapio está Jesús Oregón. Menos jocoso que Antero, de tez blanca,  rostro angulado, cabeza de hurón con pelo lacio. Como siempre, anda sin camisa. Buen socio del tequila, pero a él, a diferencia de Antero, frecuentemente lo dobla, tanto que años después le costaría perder la vida. En el pueblo lo conocen cariñosamente como la Chiva. A la izquierda de Serapio, está El Pelicano, Pillo Gutiérrez, de caminar y voz pausada. Es el más alto de los tres. En su rostro resalta su gran nariz aguileña, y al igual que sus compañeros tiene un trato filial con el tequila.

Conversar con el trio es una apuesta a cualquier cosa. Lapo lo sabe y está decidido a no sorprenderse del rumbo que pueda tomar la charla. Antero abre la tequila, en tanto La Chiva corta dos limones a la mitad y El Pelicano agrega un poco de sal de grano en el plato. Lapo bautiza la tequila, arruga la cara y toma un pedazo de limó con sal y lo chupa soltando un ¡aaah! Largo, sin dejar de fruncir el rostro, provocando burlas de los compañeros. Así, de boca en boca, la tequila cierra la primera ronda. Todos chasquearon la lengua después del primer trago. La charla no tenía rumbo. Poquito de esto, más de lo otro. A veces hablaban dos al mismo tiempo sin poder entenderles a ninguno. Con voz pastosa, consecuencia de la tequila, Antero pidió la atención para decirles el respeto que le guarda a Juana Galeana, Mujer mayor y sola, que lleva con gallardía y abnegación el cuidado de su nieto Ismael Gutiérrez. El muchacho también es nieto de Cruz  Gutiérrez. Por esos caminos de Dios y que solo el todo poderoso conoce, Ismael , desde que nació, no puede valerse por el mismo. Depende totalmente de la abuela, esa casita humilde, separada del barrio del Mitote por una calle, tiene una hamaca en la mediagua, y en ella reposa la mayor parte del día el nieto. Veo a Juana delgada, pero debe tener bien puesto el corazón para cargar al muchacho que lleva más de veinte años  así. Lapo escucha atento la voz de Antero que empieza a quebrarse. Hay un silencio incomodo en el grupo. Pillo se para, estira las piernas y sin mirar a ninguno afirma que uno no siempre puede explicar las cosas de la vida. Ahí tienen el caso del gringo Ayón. Un hombre inteligente, correoso, de buen tamaño, que terminó con la mente extraviada. En sus tiempos era líder de la CROM. Mientras pudo defendió a los estibadores. Cuando los dueños de los barcos contrataron a Salvador Espino como su administrador,  se daban buenos agarrones. Cada  uno defendiendo sus intereses. Que cosa más curiosa, ninguno de los dos nació aquí. Espino Petatleco y Ayon pue que aquí, pue  que Michoacano. No se de donde canijos, ni quien sacó eso de decirle gringo. Su padre era de origen francés y trabajó en las minas de oro de La Mira Michoacán. Su apellido era Di Boca. De manera que el nombre del gringo que no era gringo,  era Pedro Di Boca Ayon. Mira Lapo, aquí es donde la cucha torció el rabo, y no me queda claro que fue lo que paso, hay más de un rumor tratando de explicar la causa de su padecimiento. Ustedes los conocen. Dicen que una enfermedad venérea mal atendida lo puso al borde de la muerte. Desde entonces no fue el mismo. Ahora lo vemos caminar por las calles, platicando animadamente consigo mismo, siempre sonriendo. No recuerdo haber visto un color como la piel de su rostro: Un rosa brillante. Sus ojos pequeños mirando al suelo y esa forma de caminar tan de él, cargando el cuerpo sobre su lado derecho y moviendo los brazos como queriéndote abrazar, pero sin verte. Era de carácter recio pero la enfermedad lo torno manso, viviendo en un mundo donde solo existía él. Los chamacos le sacan la vuelta, aunque el hombre ni los mira. Así es la vida. Cuando Pillo concluyo, su audiencia asentó con la cabeza. Sin duda  que solo Dios sabe porque pasan las cosas apuntó La Chiva. Un caso sonado, dijo fue resultado del vicio de apostar en las barajas. Déjenme platicarles lo que paso allá  por el treinta y ocho. A unas cuantas cuadras de aquí. Había gente enviada por el General Lázaro Cárdenas para dotar de ejido al pueblo. Ya existía una oficina de telégrafos. Al telegrafista le gustaba de corazón la baraja. Entre la gente enviada por el General Cárdenas había un ingeniero que traía la tarea de medir la tierra de los hacendados, con la que se crearía el ejido. Pedacitos de la hacienda de La Puerta, pedacitos de La Hacienda de Agua de Correa y un sopito de Adrián Leyva. Un domingo por la tarde el ingeniero y el telegrafista junto con otros camaradas se sentaron a jugar. En las primeras manos la suerte los apapachó parejo, pero alternadamente. Después de dos horas, la balanza puso frente a frente al telegrafista y al ingeniero, a los otros los despeluncharon. Con la frente arrugada y sudorosa el telegrafista se desesperaba, era mucho el dinero en juego. Las bolsas del pantalón estaban vacías. Ya no había dinero a la vista, solo el montón que tenía el ingeniero, quien dando por terminada la partida, se levanta con la intención de retirarse. Y ahí es donde mete la cola el diablo, el telegrafista le pide otra oportunidad para continuar jugando, mientras va por más dinero. Petición aceptada. El juego continua, pero la suerte definitivamente esta del lado del ingeniero. Cuatro candiles humeantes iluminan la mesa. ¡Nada cambió!. El telegrafista perdió todo. Desesperado respinga y en un arranque de furia saca la pistola y la cerrajea, viene el diablo le jala el gatillo, se le va el tiro y para desgracia del ingeniero la bala le pega en una pierna. Asustado, huye el telegrafista, y el ingeniero lejos de su tierra desangrándose y sin doctor que lo atienda muere.

 Cuantos grandes sucesos para un pueblo pequeño les dice Lapo y se despide.

*-/+/Tinta Jurídica Por Dr. Trinidad Zamacona López.

“La Ex Fiscal General del Estado, sale por la puerta de atrás, tras su fracaso en la procuración de justicia”.

Al momento de ser nombrada la Ex Fiscal General del Estado, Teniente Coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón, se cumplió el requisito que señala la  Constitución Política del Estado de Guerrero, pues fue designada conforme a sus facultades constitucionales por la jefa del Ejecutivo estatal, Maestra Evelyn Salgado Pineda.

Fue nombrada por 6 años, a partir de su designación, de entre una lista de 44 candidatos y candidatos, por lo que su proceso fue constitucional, Valdovinos Salmerón, cumplió al momento de su designación con el artículo 111 de nuestra Constitución Política.

En aquel entonces el diputado local Alfredo Sánchez Esquivel, era el Presidente del Congreso, al momento de la designación expreso, “Primero debemos dejarle trabajar para que demuestre su capacidad, su preparación y, por supuesto, que entregue resultados”.

Al arribo a la dependencia, se esperaba que diera el ancho, es decir que modernizara a la dependencia, que la procuración de justicia fuera eficiente, lealtad a la fiscalía, pero fue todo lo contrario, empezó una guerra interna con todos los trabajadores, llenó a la dependencia con militares, una institución civil, se convirtió en una extensión del Ejército Mexicano, con sueldos estratosféricos que los mismos trabajadores denunciaron a los medios de comunicación.

El altercado en la Fiscalía General del Estado (FGE), entre la ex fiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón y la ex directora de recursos humanos de esa dependencia, Marvilla Alicia Melo Vela, tuvieron una discusión que terminó en la agresión, la ex directora denuncio tortura, que la vejaron los escoltas frente a la ex fiscal, ella mencionó que la servidora pública le molió la mano, por lo que fue un escándalo a nivel nacional; despidió de forma injustificada a más de 150 trabajadores de todos los niveles, sin darles la garantía de audiencia, lo que ella le reclamó a la mandataria estatal.

En ese sentido y por los malos resultados, se le agregó la mala actuación por omisión de la ex fiscal el caso del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en donde le dispararon con arma de alto poder, y la exfuncionaria pública, no actuó con debida diligencia en la integración de la carpeta de investigación, no aseguró al agresor al grado de que se escapó.  

Por los malos resultados en su desempeño el gobierno de Evelyn Salgado informó que se determinó la remoción inmediata de la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, esto luego de la fuga de un policía estatal señalado del asesinato del normalista Yanqui Kothan N; la fiscal fue omisa en sus obligaciones que tenía como servidora pública, de investigar el delito de homicidio.

Al saber esta determinación la ex fiscal Valdovinos Salmerón, sacó un comunicado en donde manifestaba que no se había dado el derecho de audiencia, o la garantía de audiencia en su remoción, garantía que se la debe de pedir al Congreso del Estado de Guerrero.

Sin embargo, el Congreso del Estado, en un comunicado, informó que la ex fiscal Valdovinos Salmerón, no había hecho llegar a esa soberanía el documento en donde pedía la garantía de audiencia a la que hizo referencia en su inconformidad por motivo de su  remoción.

Lo que si informó el parlamento, es que la mandataria estatal, si había hecho llegar el documento en donde pide que se analice su remoción del cargo por transgredir por su omisión a la Constitución del Estado de Guerrero.

Las facultades de la Constitución del Estado de Guerrero, establece que la mandataria estatal Salgado Pineda, si tiene esa potestad para remover a dicha ex servidora pública, facultad que prescribe el artículo 142 de la Constitución de Guerrero instituye que “el fiscal general podrá ser removido por el gobernador del estado por las causas graves previstas en esta Constitución y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.”

La pelota está en la cancha del Congreso del Estado, por lo que “la remoción podrá ser objetada por el voto de las dos terceras partes del total de los miembros del Congreso del Estado dentro de un plazo de diez días hábiles, término que tiene el parlamento para analizar la solicitud de la titular del poder ejecutivo, tiempo en que también si fuera el caso, si llega la solicitud de la ex fiscal para que sea escuchada atendiendo el derecho de audiencia, ya que este poder fue el que le designo en el cargo.

Si fuera el caso de que el Congreso rezara la remoción en cuyo caso, la fiscal general será restituida en el ejercicio de sus funciones; si para cado de que el Congreso del Estado no se pronuncia al respecto, (solicitud de la mandataria estatal) se entenderá que no existe objeción”, por lo que deberá de evaluar el actuar tanto de la ex fiscal, como el mensaje de la mandataria estatal.

Valdovinos Salmerón, nunca llevó una buena relación con los diputados de la LXIII legislatura, no obstante que ellos fueron la que la nombraron en el cargo, ellos se sintieron agredidos por la ex servidora pública, desde el momento en que asumió el cargo, no le interesó llevar una buena relación con los legisladores, por eso es que el Congreso del Estado, dejara pasar ese tiempo para que se concrete su remoción.

La ex fiscal Valdovinos Salmerón, se resistió poco su remoción, pues que le anuncio la gobernadora Salgado Pineda, dijo que se debe cumplir con su derecho de audiencia ante el Congreso estatal, pero su desobediencia y resistencia para dejar el cargo le duró muy poco, pues el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, le dio un espaldarazo a la mandataria en esa determinación, en ese sentido al enterarse dejó como encargado del despacho al vice fiscal de Investigación, Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, tiene menos de 20 días en el cargo, pues fue uno de los funcionarios que llegaron después de que la ex fiscal despidiera a su anterior servidor público, que había dejado en el cargo al pedir licencia por seis meses, el Congreso del Estado no le dio entrada a dicha solicitud, por lo que se espera que tampoco le dé la garantía de audiencia, pues insistimos que la ex servidora pública no hizo relaciones de institucionalidad con estos durante el tiempo que duró su encargo.

Guillermo Arteaga González

En un significativo paso hacia adelante y el respeto de los derechos humanos, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, ha aprobado por unanimidad los Lineamientos para la Organización del Voto de Personas en Prisión Preventiva en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, esta decisión no solo cumple con una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino que también representa un avance en la garantía de derechos fundamentales para todos los ciudadanos, independientemente de su situación legal, el voto es uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático, ya que permite a los ciudadanos participar en la elección de sus representantes y en la toma de decisiones que afectan a la sociedad en su conjunto, negar este derecho a un sector de la población, como lo son las personas en prisión preventiva que aún no han sido sentenciadas, va en contra de los principios básicos de igualdad y justicia.

Es importante destacar que el número de personas que se beneficiarán de esta medida es significativo, con 92 mil 792 individuos en 282 centros penitenciarios distribuidos en los 32 estados de la República, estas personas podrán ejercer su derecho al voto anticipado en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, lo que les permitirá participar en la elección de la Presidencia de la República y en diversas elecciones locales, según corresponda a cada entidad federativa, la modalidad del voto anticipado es una herramienta que garantiza la participación de estos ciudadanos en el proceso electoral sin afectar la seguridad ni el orden dentro de los centros penitenciarios, aunado a lo anterior, esta medida se ajusta a un enfoque progresista que busca maximizar los derechos de todas las personas, incluso aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad como es el caso de las personas en prisión preventiva, asumiendo el principio de presunción de inocencia.

Tales Lineamientos aprobados han sido diseñados con un enfoque claro en la protección de los derechos humanos y en el respeto a los principios pro-persona y de presunción de inocencia, esto demuestra un compromiso real por parte de las autoridades electorales en garantizar que todos los ciudadanos, sin importar su situación legal, puedan ejercer su derecho al voto de manera libre, secreta y universal, es necesario destacar que esta medida no solo beneficia a las personas en prisión preventiva, sino que fortalece nuestro sistema democrático al asegurar que todos los sectores de la sociedad tengan voz en las decisiones que afectan sus vidas y su futuro, así mismo, promueve la inclusión y la igualdad de oportunidades en un país que busca consolidar su democracia y fortalecer sus instituciones.

La aprobación es un paso crucial en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, es un ejemplo de cómo las instituciones pueden trabajar en conjunto para garantizar y proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, sin excepción, en un momento crucial para la consolidación de nuestra democracia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido una determinación trascendental, las personas en prisión preventiva tienen el derecho fundamental de ejercer su voto, esta decisión histórica marca un punto de referencia en la lucha por la inclusión y la garantía de derechos para todos los ciudadanos, sin importar su situación legal, es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral (INE) como autoridad electoral nacional maximizar y potencializar este derecho, asegurando que todas las personas privadas de su libertad puedan emitir su sufragio de manera libre, secreta y universa, para esto se ha propuesto la implementación del voto anticipado en los centros penitenciarios, con medidas y mecanismos innovadores que garanticen la realización de este proceso de manera segura y transparente.

Uno de los aspectos fundamentales de esta modalidad de voto anticipado es la creación de un protocolo de seguridad e infraestructura adecuados para la instalación de Mesas Receptoras del Voto al interior de los centros penitenciarios, este protocolo será diseñado en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública competente, asegurando que se cumplan los estándares necesarios para garantizar la integridad del proceso electoral, el personal del INE jugará un papel crucial en este proceso, siendo responsables de elaborar y entregar las invitaciones y solicitudes determinadas en el Listado Nominal, así como de integrar los paquetes, electorales en sobres de seguridad con la documentación necesaria para la emisión del voto anticipado, este personal estará capacitado para garantizar la confidencialidad y transparencia en todo el proceso electoral dentro de los centros penitenciarios.

El periodo establecido para la votación anticipada, del 6 al 20 de mayo del 2024, permitirá que todas las personas en prisión preventiva que deseen ejercer su derecho al voto puedan hacerlo de manera oportuna y efectiva, de igual forma,  el escrutinio y cómputo de la votación se llevará a cabo en las mesas que sean aprobadas por los Consejos Distritales, asegurando la legitimidad y transparencia de los resultados electorales, es importante destacar que el INE está explorando la posibilidad de informar a las personas en prisión preventiva sobre el periodo de votación anticipada y las opciones políticas electorales disponibles, esto permitirá que los votantes estén informados y puedan tomar decisiones informadas en el ejercicio de su derecho al voto, la determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación representa un avance significativo en la garantía de derechos para todas las personas en México, el voto de las personas en prisión preventiva no solo fortalece nuestra democracia, sino que también promueve la inclusión y la igualdad de oportunidades en nuestra sociedad.

Trinidad Zamacona López

“En el caso del alumno de la normal de Ayotzinapa número 44, existen dos tipos de responsabilidad, la política y administrativa”.

Las faltas administrativas en la función de pública, se cometen por acción y por omisión, por ello el capítulo de responsabilidades públicos, tiene contemplado, la política, la administrativa, la civil y la penal, ahí en los artículos del 108 al 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa quienes se reputan como servidores públicos.

“La responsabilidad es administrativa cuando el servidor público en el ejercicio de sus funciones incurre en una acción u omisión que contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público, por tanto es de naturaleza exclusivamente disciplinaria”.

Este temo que tocamos el día de hoy es por la fuga del policía que disparó según las indagatorias en contra del normalista, esto dado a conocer por el propia Presidente Andrés Manuel López Obrador, en unas de las tantas mañaneras, expresó, “Se fugó el policía. Se está haciendo la investigación, la búsqueda y se van a fincar responsabilidades, pero es parte de la descomposición que estamos enfrentando y de los intereses que están de por medio”, esto fue el martes por la mañana, ya casi al medio día los estudiantes arremetieron contra las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, que encabeza la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón.

En los procedimientos administrativos de responsabilidad, recaen en servidores públicos que la propia constitución establece, sin embargo para el caso del normalita número 44, aplican tanto la Constitución Federal como la Constitución Local, y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos también federal y local.

Para los policías, tienen su Órgano Interno de Control, ahí es donde se les inician los procedimientos administrativos de la Secretaría Pública del Estado, por los que respecta a los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, también tienen la Contraloría Interna para poderlos sancionar en caso de que por acción o por omisión hayan incurrida en alguna irregularidad administrativa, aplican la Constitución Federal, la del Estado de Guerrero, y la Ley Número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero, y los respectivos reglamentos interiores de trabajo, y que termina dependiendo la gravedad de la falta en la inhabilitación para ocupar, empleos, cargo o comisión hasta por 10 años.

Pero para fiscal procede el juicio político, pues su designación la hace el H. Congreso del Estado de Guerrero, que tanto daño le ha hecho la teniente coronel a la procuración de justicia en la entidad, que tanto la sostiene en el cargo con tantas fallas que ha tenido en la función que desempeña, la función irregular no nada más en las investigaciones de la carpetas mal integradas, también es el desarrollo de forma interna, es decir dentro de la institución con los servidores, trabajadores y empleados de la Fiscalía, el despido de forma por demás injustificada de los trabajadores que a lo largo del tiempo van a recaer en laudos o sentencias que tendrán que pagar del presupuesto que tienen para perseguir a los que cometen delitos en la entidad.

Para los trabajadores o servidores públicos de la Fiscalía General de la Republica, también tienen su Órgano Interno de Control, y ahí se llevaran los casos de estos servidores públicos que permitieron si es el caso, la fuga de esta persona.

Cuando llegó la fiscal a Guerrero, se pensó que haría lago diferente, pero todo lo contrario, se ha dedicado a solo integrar carpetas de investigación, a asignarles buenos salarios a las personas que le acompañan en la institución y que vienen del ejecito, además del hostigamiento laboral en contra de todos los trabajadores de esa dependencia, eso es lo que ha dado al traste con esta noble institución.

Tanto la Fiscalía como la Secretaría de Seguridad Pública, se culpan de la fuga de una persona que debieron de asegurar para que no se escapara, pero la falta administrativa por acción o por omisión ya está cometida, ahora con las investigaciones falta ver y saber quién es el culpable de esa fuga.

Después de que se dio a conocer que la persona que disparó se fugó “la Fiscalía de Guerrero emitió un comunicado para aclarar su participación en el caso. En el comunicado, la fiscalía precisó que durante el desarrollo de las investigaciones, ninguna autoridad puso a disposición de la dependencia a los policías estatales involucrados en el lamentable suceso. Asimismo, negaron haber tenido bajo detención a dichos servidores públicos, enfatizando que la fiscalía no realiza arrestos administrativos. Esto como una forma de lavarse las manos, sin embargo esta la falta administrativa por parte de los servidores públicos de la Fiscalía y de la propia Fiscal por no hacer el trabajo que le corresponde.

En el comunicado también se escribió que “Se afirma que en ningún momento esta Fiscalía Estatal tuvo en calidad de detenidos a dichos servidores públicos, aclarando que este organismo de procuración de justicia no realiza arrestos administrativos, por lo que deberá aclararse qué autoridad mantenía bajo resguardo a los citados funcionarios estatales”. Se había cometido un homicidio en contra de una persona, en el ámbito del fuero común le corresponde a la Fiscalía investigar y perseguir al o a los presuntos responsables.

Por su parte la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero informó que desde el primer momento de los hechos los elementos estatales involucrados rindieron su declaración ministerial de manera voluntaria ante el Ministerio Público de la agencia especializada de delitos graves de la FGE el día 8 de marzo a las 7:30 horas.  Agregando que es competencia del órgano de procuración de justicia la retención de los elementos por al menos 48 horas y en su caso, solicitar la ampliación del término, así como solicitar la orden de aprehensión. Lo que contrasta con la exculpación que quiere hacer la teniente coronel de su responsabilidad administrativa cometida por ella y sus colaboradores.

En la lógica del derecho administrativo, la responsabilidad se comete por acción o por omisión, la fiscal del Estado fue omisa en su responsabilidad de asegurar a las personas detenidas, el –Presidente– quizás de manera errónea habló de un arresto administrativo, lo que no existe en el argot de la procuración de justicia, más tratándose del delito de homicidio; lo cierto es que la instancia de procurar la justicia no ha hecho lo que le corresponde, por lo que debe de salir de ese encargo que de buena fe le dio el Congreso del Estado, antes de que la dependencia colapse en su función principal, hacer justicia, que el delito no quede impune, y que se repare a la víctima el daño causado.

En el caso del alumno de la normal de Ayotzinapa número 44, existen dos tipos de responsabilidad, la política y administrativa, serán las investigaciones las que digan quien será el que cargue con la mayor parte de responsabilidad en este homicidio que por acción o por omisión se cometió.

Guillermo Arteaga González

En el escenario mexicano, especialmente en regiones como Guerrero, la justicia se convierte en un tema delicado y urgente, la reciente noticia sobre la fuga del policía responsable del tiroteo contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ha vuelto a encender la mecha de la indignación y la protesta en la capital del estado, este incidente, que tuvo lugar el martes 12 de marzo, revela una vez más las profundas grietas en el sistema de justicia mexicano y la persistente impunidad que alimenta la desconfianza y el descontento social, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina confirmó la noticia que detonó una serie de reacciones enérgicas por parte de los estudiantes de Ayotzinapa, el hecho de que el responsable de un acto tan grave como disparar contra un vehículo en movimiento, causando la muerte de uno de los estudiantes, haya logrado escapar de la justicia, es un golpe directo a la confianza de los familiares y estudiantes en las instituciones encargadas de velar por la seguridad y la legalidad.

Es importante señalar que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa tienen una larga historia de protestas y lucha contra el gobierno, desde antes de la desaparición forzada de 43 de sus compañeros en 2014, un caso que aún sigue sin resolverse completamente, han mantenido una postura hostil y exigente frente al gobierno y las autoridades, esta nueva afrenta a la justicia solo refuerza sus reclamos y alimenta el fuego de su indignación, la reacción de los estudiantes, expresada en la movilización hacia las instalaciones de la fiscalía general del estado ha sido violenta como ya es su costumbre en este contexto de frustración y desconfianza, la falta de resultados claros en casos tan emblemáticos como el de los 43 estudiantes desaparecidos ha generado un ambiente de desesperanza y desamparo entre ellos, especialmente entre aquellos que han sido directamente afectados por la violencia y la impunidad.

Ante esta situación, es imperativo que las autoridades asuman su responsabilidad de manera transparente y efectiva, la fuga del policía implicado es un acto de falta de ética profesional, que también pone en entredicho la capacidad del sistema de justicia para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos humanos, es necesario que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre este caso, que se identifique y sancione a todos los responsables, incluyendo a quienes permitieron la fuga del policía en cuestión, la impunidad solo alimenta el ciclo de violencia y desconfianza en las instituciones, y es urgente romper con esta dinámica para avanzar hacia una sociedad más justa y segura para todos.

Es fundamental que se fortalezcan los mecanismos de rendición de cuentas y se promueva una cultura de respeto irrestricto a los derechos humanos, la violencia y la impunidad no pueden ser toleradas en un estado de derecho, y es responsabilidad de todos, tanto ciudadanos como autoridades, trabajar en conjunto para construir un país donde la justicia y la equidad sean pilares fundamentales.

Esta protesta llevada a cabo por estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en las instalaciones de la fiscalía general del estado de Guerrero ha vuelto a poner en evidencia una lamentable realidad, la utilización de la violencia como método de protesta, los acontecimientos violentos que se desarrollaron durante esta manifestación, incluyendo el uso de petardos y artefactos explosivos caseros, así como la confrontación directa con elementos de seguridad, merecen una crítica contundente y un llamado a la reflexión sobre las formas de expresión legítima en una sociedad que se presume democrática, esta es una situación grave que debe ser investigada a fondo y sancionada conforme a la ley, sin embargo, el uso de la violencia como respuesta a esta noticia es inaceptable y contraproducente.

Es comprensible la indignación y el dolor que sienten los estudiantes y la comunidad de Ayotzinapa ante la impunidad y la falta de justicia en casos como este, la desconfianza hacia las autoridades y el sistema de justicia es una realidad palpable en muchas regiones de México, especialmente en lugares donde la violencia y la corrupción han dejado profundas cicatrices en la sociedad, no obstante, canalizar esa indignación a través de la violencia solo perpetúa un ciclo de confrontación y sufrimiento, resulta especialmente preocupante el hecho de que en esta protesta resultaran heridos al menos 15 elementos de la guardia nacional que se encontraban resguardando las instalaciones, el uso de artefactos explosivos caseros y la confrontación directa con las fuerzas de seguridad no solo pone en riesgo la integridad de los propios manifestantes, sino también de personas civiles que puedan encontrarse en el lugar de los hechos de manera fortuita o desempeñando sus labores.

Es necesario recordar que el ejercicio legítimo del derecho a la protesta debe realizarse de manera pacífica y respetuosa, la violencia y la confrontación no son herramientas efectivas para lograr cambios significativos en la sociedad, sino que generan más división y conflictos, además el respeto por la integridad física y los derechos de todas las personas, incluyendo a los elementos de seguridad, es fundamental para mantener un estado de derecho y una convivencia pacífica, la relación entre la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos y las autoridades gubernamentales ha estado marcada por episodios trágicos y dolorosos, es crucial que tanto las autoridades como los estudiantes reflexionen sobre la importancia de la protesta pacífica y el respeto por los derechos humanos en cualquier situación, la violencia nunca debe ser tolerada ni justificada, y es necesario buscar caminos de diálogo y negociación para resolver los conflictos de manera constructiva y respetuosa, solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa para todos.

Por el Mtro. Guillermo Arteaga González.

La trágica muerte de un estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, “Raúl Isidro Burgos”, en un retén policiaco la semana pasada, es una herida abierta en el tejido ya fracturado de esta institución educativa y su fracturada relación con las autoridades, este incidente, que involucra a agentes estatales abriendo fuego contra una camioneta que ignoró una señal de alto, resultando en la pérdida de una vida de un estudiante de la mencionada normal, refleja la persistente impunidad y la violencia desenfrenada que continúa plagando al país, las Normales Rurales, instituciones educativas radicales por demás en México, han sido durante mucho tiempo símbolos de lucha y resistencia, sin embargo, en lugar de ser protegidas y respetadas, sus estudiantes a menudo se enfrentan a la persecución y la violencia, así como a la animadversión de un gran sector de la población ya que sus protestas han afectado a muchos a lo largo de los años, ante este  último incidente es solo otro ejemplo de cómo el Estado ha fallado repetidamente en garantizar la seguridad de la población incluyendo a la de los estudiantes.

El hecho de que los agentes estatales abrieran fuego contra la camioneta sin una justificación clara es profundamente perturbador, si bien es cierto la respuesta de los agentes fue excesiva, también debemos cuestionarnos sobre el actuar de los estudiantes, este acto de brutalidad policial es una afrenta a los derechos humanos más básicos y una violación flagrante del deber de proteger a los ciudadanos, pero a su vez, que hacían debemos preguntarnos ¿qué hacían los estudiantes con una camioneta con reporte de robo? Sin lugar a duda la muerte de uno de los estudiantes debe ser el tema central, no obstante, debemos recordar que los estudiantes han participado en numerosos actos que pueden ser cuestionados y en muchas ocasiones fuera de los márgenes de la ley, esta última debe aplicarse a todos por igual sin importar quien seas y a que te dediques, pero tal parece que los integrantes de esta Normal Rural se saben exentos de las normas y lo evidencian cada vez que pueden.

La indignación y la rabia que ha surgido como resultado de este trágico evento son comprensibles, sin embargo, la indignación por sí sola no es suficiente para generar un cambio significativo, se necesitan acciones concretas y medidas estructurales para abordar las profundas fallas en el sistema de justicia y seguridad de México, esto incluye investigaciones imparciales y transparentes sobre el incidente, el enjuiciamiento de los responsables y reformas sustanciales para garantizar que hechos como este no vuelvan a ocurrir en el futuro la lucha por la justicia para el estudiante asesinado no debe ser olvidada ni trivializada, es un recordatorio necesario de la urgencia de abordar los problemas sistémicos que han permitido que la impunidad y la violencia policial prevalezcan en México, solo cuando se tomen medidas concretas para garantizar la rendición de cuentas y proteger los derechos humanos fundamentales, se podrá comenzar a sanar las profundas heridas que este incidente ha infligido a la sociedad mexicana, el estudiante asesinado merece justicia, y es responsabilidad de todos exigirla y asegurarnos de que se cumpla y por su puesto aclamar que no se repita.

Las recientes declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el asesinato de un estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa en un retén policiaco han generado una mezcla de escepticismo en la sociedad mexicana, en su conferencia matutina, el presidente afirmó que se atrajo la investigación y se castigará a los responsables, mientras expresaba su pesar por la pérdida del joven, a pesar de ello, estas palabras deben ser analizadas con un escepticismo crítico, especialmente a la luz de la larga historia de impunidad y violencia policial en México, particularmente en relación con los estudiantes de Ayotzinapa.

El presidente López Obrador ha prometido enérgicamente castigar a los responsables y evitar la impunidad en este caso, pero estas promesas son difíciles de aceptar sin un esfuerzo sustancial y transparente por parte de las autoridades para investigar a fondo el incidente y llevar a los culpables ante la justicia, la retórica no es suficiente, se necesitan acciones concretas y medidas tangibles para abordar los problemas emergente que permiten que la violencia policial siga prosperando en México en todos los niveles, es especialmente preocupante que el presidente haya caracterizado a los estudiantes como las verdaderas víctimas en este caso y haya atribuido la muerte del estudiante al abuso policial, si bien es cierto que los estudiantes de Ayotzinapa han sido objeto de una persecución sistemática y violencia por parte del gobierno en el pasado, estas declaraciones podrían interpretarse como un intento de desviar la responsabilidad del Estado en garantizar la seguridad y protección de sus ciudadanos, es fundamental que se reconozca el papel central del Estado en este incidente y se garantice que aquellos responsables de abusos de poder sean llevados ante la justicia, independientemente de su afiliación política o institucional.

Además, es importante recordar la larga historia de tensiones entre los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y el gobierno, que han resultado en enfrentamientos violentos y desapariciones forzadas en el pasado, este contexto inflamable subraya la urgencia de abordar las causas fundamentales de la violencia y la impunidad en México, en lugar de simplemente responder a las crisis cuando surgen, las palabras del presidente López Obrador deben ser respaldadas por acciones concretas y una voluntad genuina de abordar las profundas fallas en el sistema de justicia y seguridad de México, los familiares y amigos del estudiante fallecido merecen justicia y verdad, y es responsabilidad del gobierno garantizar que se cumplan sus demandas.