Categoría: Opinion
SOS COSTA GRANDE
(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
El sismo de 4.5 grados registrado ayer al noreste de Zihuatanejo, sumado a los dos ya registrados el lunes y martes en Ometepec, no son nada bueno. De acuerdo con los sismólogos no oficiales (que no trabajan para el Sistema Sismológico Nacional), estamos ante un “enjambre sísmico”, que involucra también a Oaxaca, y que estos movimientos telúricos podrían ser precursores de un gran terremoto.
De acuerdo con estos sismólogos, así como de medios independientes, se puede esperar uno de hasta 7.5, o incluso de 8 grados.
Los sismos registrados en la zona de subducción de la placa del Pacífico con la placa de Cocos, además, incrementan el riesgo de erupción del volcán Popocatépetl, ya que se encuentra en la línea de flexión de la placa Norteamericana (la placa continental) y la placa de Cocos, que subduce o se mete por debajo del continente. Una zona de flexión es el punto donde la placa que subduce o la placa subducida se quiebran, provocando fallas terrestres.
Estudios demuestran que después del gran sismo de Chiapas, del 7 de septiembre de 2017, la zona de flexión que se tenía tierra adentro, alcanzando Puebla, en realidad se multiplicó y ahora se tienen por lo menos otros dos puntos de quiebre, y de ahí la vulnerabilidad de los estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz, así como la posibilidad de que uno grande tenga lugar en el Itsmo de Tehuantepec.
Sin ser aves de mal agüero, solamente personas conscientes de una realidad que ya no pueden omitir las autoridades –algo que suelen hacer con el argumento de no generar alarma entre la población-, consideramos que es tiempo de que los gobiernos federal, estatal y municipal hagan su parte, y que la población se organice y esté consciente de manera permanente acerca de la posibilidad de un sismo.
Suele suceder que cada que se registra un terremoto, la gente está desprevenida. Se carece de una cultura de la prevención, pese a que harto se ha dicho que estamos en una zona de alta sismicidad, ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico, llamado así por la cantidad de volcanes que existen en las márgenes del gran Océano, tanto en Occidente como en el Oriente, donde hay también una gran placa marina suelta, que está moviéndose constantemente, conocida como la Placa del Pacífico.
Si revisamos las estadísticas del SSN, desde 1990 a la fecha, es obvio que la sismicidad ha aumentado de manera alarmante, y que esto es exponencial.
Es decir, que si en 2017 tuvimos 26 mil 363 sismos, para 2018 esa cifra aumento a 30 mil 193. En 2016 el registro fue de 15 mil 547 movimientos telúricos, y para 2015 la cifra alcanzó solamente 10 mil 946.
Es decir, que en un periodo de 4 años, de 2015 a 2018, se triplicó el número de sismos en México, pasando por los grandes terremotos de Chiapas y Pueblas, de cuyas secuelas el país todavía no se recupera. En 1990, tuvimos sólo 796 sismos.
¿Cuándo comenzó a incrementarse la sismicidad en México? Desde 2009, cuando se registraron 2 mil 301 sismos.
Pero en 2015 se dio un gran salto, al pasar de 7 mil 608 sismos en 2014, a 10 mil 946. Desde entonces, la tierra en México no se ha dejado de mover y en los últimos 4 años ha temblado más que en los anteriores 25 años.
Algo está pasando en la tierra, y nuestra entidad y nuestro país. Pero inmersos como estamos en asuntos que replican las redes sociales, y que involucran a los políticos y sus peripecias, no nos estamos ubicando en lo realmente importante, que por un lado son los sismos, y por otro lado la devastación ambiental.
¿Hasta cuándo?
Palabra de Mujer…
Ni peras ni manzanas, seguimos con la Ley Chayote
Desde su campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador anunció un plan que llamó como “Plan de austeridad y combate a la corrupción”, en el cual mencionaba, en su punto 29 “reducir en un 50 por ciento el gasto de publicidad oficial del gobierno federal”. Tras la publicación del Plan, el colectivo #MediosLibres instó al nuevo gobierno a reabrir la discusión legislativa en la materia a fin de aprobar una ley de avanzada y abrogar la recién aprobada Ley General de Comunicación Social (apodada Ley Chayote), ya que, si bien la reducción del gasto es necesaria, la medida no es suficiente ante la falta mecanismos de control y de criterios claros, transparentes y objetivos de asignación.
La nueva configuración política surgida a raíz de las elecciones del 1º de julio de 2018 representa una oportunidad para la sociedad mexicana en distintos ámbitos, entre ellos el de la libertad de expresión. Durante el periodo de transición entre el 1º de julio y el 1º de diciembre, se habló de la necesidad inminente de la reforma —recién nombrado coordinador de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, en entrevista con Javier Risco para El Financiero Bloomberg señaló: “Hay que modificar la Ley de Comunicación Social, la llamada «ley chayote»” y añadió: “Yo esperaría que antes del primero de diciembre pudiera reformarse esta ley”. Sin embargo, ya en el segundo periodo legislativo de la LXIV Legislatura, la regulación pasó a segundo plano y, de nueva cuenta -como ocurrió en el sexenio de Enrique Peña Nieto-, parece haberse quedado en el olvido. Por su parte, el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo —quien en su momento fue un férreo opositor de la aprobación de la ley en el Senado— advirtió que hasta en tanto la Suprema Corte no se pronunciara sobre la inconstitucionalidad de la norma no habría reforma alguna: “…nosotros estamos esperando la sentencia de la Corte -refiriendose a la sentencia ante la acción de inconstitucionalidad presentada por los PAN, PRD y MC, así como por la presentada por la CNDH-, queremos ser muy respetuosos en ese sentido. A partir de lo que ocurra ya sea que se ratifique o que se considere inconstitucional, a partir de eso, empezaremos a ver qué es lo que sigue”.
Y esto pareciera confirmar lo que desde Artículo 19 y Fundar hemos dicho una y otra vez: la publicidad oficial es un bien y una herramienta a los que ningún gobierno (hasta ahora) ha querido renunciar, pues como decía Gérman Espino, académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, “vale más comprar a los medios que hacer un buen gobierno”.
En enero de 2019 se publicó un presupuesto de $4 mil 165 millones de pesos para comunicación social, aprobado para el ejercicio fiscal 2019. Es un monto similar al aprobado por el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2018. En su momento, será necesario analizar si efectivamente se cumplirá con la austeridad anunciada en materia de publicidad oficial y el respeto a los topes presupuestales o si las prácticas poco transparentes y de ejercicio indiscriminado del gasto se mantendrán.
No obstante, la semana pasada, el mismo Jesús Ramírez, anunció, en el marco de las conferencias matutinas, la publicación de una Política de Comunicación Social que si bien, en conjunto con los lineamientos emitidos en el mes de enero de este año, son un elemento importante para promover mayor transparencia y claridad sobre la asignación del gasto en publicidad oficial, también se quedan cortos cuando se trata de atender el problema que refiere la asignación arbitraria de recursos multimillonarios y por lo tanto en la posibilidad de romper la relación perversa que hasta hoy existe entre el poder y la prensa. Los controles al gasto en publicidad no pueden depender de la voluntad política del gobierno en turno, de ahí la importancia de contar con una legislación que la regule de manera que no vulnere los derechos a la libertad de expresión y a la información.
Y no se trata de quejarse, se trata de reconocer la realidad de nuestro país. Pensemos, si la Constitución, que es el máximo ordenamiento legal, es letra muerta en muchas situaciones de la vida pública de nuestro país, por qué no lo serían estas normas, que no son vinculantes, que si no se cumplen no hay consecuencia. Los lineamientos y la política publicados por el ejecutivo federal, sin duda, se distinguen de aquellos que fueron el estandarte del actuar de los sexenios del PAN y el PRI en la materia y son un buen comienzo para fijar los estándares bajo los cuales deberá escribirse una nueva ley. Pero el problema del uso proselitista del dinero público en México no se resuelve con estas normas. Por el contrario, lo que permitiría es sectorizar el gasto y daría lugar a que la información se pervierta hacia el mejor postor, quién más pague por publicidad oficial se convierte en el administrador de la información, aquel que logre sortear la jurisdicción que cubren estas normas es capaz de mantener la cultura del engaño a través de la manipulación de la información que llega a la sociedad. Por ejemplo, el legislativo, el judicial o los Estados que se regulan con la Ley Chayote, pueden seguir utilizando la publicidad oficial como un mecanismo de control de las líneas editoriales de los medios de comunicación pues estos lineamientos y esta política no les son aplicables.
El problema que desde Artículo 19 y Fundar hemos expuesto desde hace más de 10 años no es uno que se resuelva desde el ejecutivo federal y requiere de una política de Estado. En este asunto hay responsabilidad de todos los poderes y todos los niveles de gobierno, incluidos los órganos autónomos. Por esto, hemos sido insistentes en la necesidad de una ley general que fije criterios claros, objetivos y transparentes para regular la publicidad oficial, que además, sancione el uso indiscriminado del gasto y prohibía su uso propagandístico.
No olvidemos que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la administración pública federal gastó 60 mil 237 mdp. Tan sólo en 2018 se ejercieron, preliminarmente, 7 mil 849 mdp, lo cual constituye prácticamente un sobre-ejercicio del doble de lo aprobado para dicho periodo. Por otro lado, el monto aprobado en los estados para el año fiscal 2018 sumó un total de 3 mil 105 mdp según los presupuestos de egresos de los estados.
Con la entrada en vigor de la Ley General de Comunicación Social el 1o de enero de 2019, la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos destinados a la publicidad oficial, la arbitrariedad en la asignación de los recursos, el condicionamiento de las líneas editoriales, la censura, la asfixia financiera, el premio y castigo monetario a los medios de comunicación, están ya respaldadas por la ley. Por esta razón, Es necesario retomar las discusiones sobre las iniciativas existentes, abrogar la Ley General de Comunicación Social ley y trabajar por un marco normativo que promueva la democratización de los medios, la pluralidad informativa y la libertad de expresión.
Así, mientras se define si la Política y los Lineamientos cambian las cosas o si la Corte declara la inconstitucionalidad de la Ley aprobada, nos quedamos con la Ley Chayote. El costo de no abrogarla es el silencio y, desgraciadamente en México, ya existen muchos factores que hoy son limitantes de información. El Congreso de la Unión debe, sin más, retomar la política publicada por el Ejecutivo Federal y hacerla ley, tomando en consideración las bases mínimas publicadas por el Colectivo Medios Libres.
editorial
Cuautla y Minatitlán: la esperanza y la realidad
La llamada Semana Santa, festividad superior de la cristiandad –tan arraigada en México que es período vacacional–, se vio perturbada esta vez por dos hechos de violencia que, como en los sexenios pasados, quedan como marca dolorosa en el primer semestre de la administración.
Primero, fue el ataque registrado el 13 de abril en la exhacienda El Hospital, en Cuautla, Morelos, con saldo de cinco muertos y una decena de lesionados; y luego, el de Minatitlán, el viernes 19 de abril, con saldo de 13 muertos.
Los dos ataques tienen por común denominador la muerte de civiles y, dolorosamente de cuatro niños –tres en el caso de Cuautla, un bebé en el ataque de Minatitlán–, reflejo de una barbarie que invade este país y plaga los relatos periodísticos –no por fifís ni conservadores sino porque son los hechos– desde hace al menos 12 años.
Ya sabemos cómo es que llegamos aquí, cómo fue que el fracaso en todas las estrategias gubernamentales mantuvo el horror, realidad persistente que se manifiesta a lo largo y ancho del territorio nacional y que en buena medida motivó la esperanza en una propuesta diferente, en una oferta de gobierno distinta.
Es la esperanza que mantienen millones de personas por ver concretarse aquello que se dijo ampliamente en el discurso derechohumanista respecto a atender las causas profundas, generadas por la desigualdad; en la definición política de un presidente que asume la responsabilidad por la seguridad de los ciudadanos de manera personalísima y, en la conciencia generalizada de que el imperio del terror sólo es posible como resultado de la complicidad de agentes del Estado en su instauración.
Y como se sabe y fue ese pasado reciente lo que motivó el voto, lo que incomoda es que sea tan indispensable para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el recordarlo llevando al terreno del diferendo político la falta de eficacia de las fuerzas del Estado (por decir lo menos) hoy, cuando lo que ocurre, y precisamente por asumirlo de manera personalísima, de él depende.
Cierto es que el problema de la violencia viene de antes y cambiar las cosas, tarda. Pero los hechos ahí están, no son producto de lo que el mandatario caricaturiza en lo “fifí”, “conservador” y cosa de “adversarios”, aun cuando estos puedan usar –dicho sea de paso, legítimamente—esos hechos en su narrativa opositora, su ejercicio crítico y en ejercicio de su libre opinión.
Remitir a los adversarios frente a hechos de sangre, es llama maniobra evasiva o, para usar esta jerga a la que es tan afecto el mandatario, un lavado de manos a lo Poncio Pilatos, para justificar uno de los primeros fracasos de la remilitarización que vino con su sexenio.
Hay que recordar que, aun sin formalizar la Guardia Nacional, el despliegue militar fue medida autorizada en el ámbito legislativo por el que inclusive el mandatario reclamó cuando los diputados eliminaron un artículo transitorio de la reforma constitucional al efecto, y que terminaría subsanándose a su gusto en el Senado. Y hay que recordar también que uno de los despliegues enormes de personal militar fue precisamente a Minatitlán desde el pasado enero.
Y, por supuesto, está la indolencia hacia las víctimas (que, por cierto, no es la primera vez que se nota), ya que preocupado por su condición política, suele dejarlas en segundo plano y hasta borrarlas de sus expresiones tornándose líder inhumano, incapaz de una palabra al menos por los niños asesinados antes que por “los sepulcros blanqueados”.
Hasta ahora su narrativa ha funcionado para millones que mantienen la esperanza en un cambio, pero no por eso es acertada. La esperanza, en este caso por la seguridad, se estrella tarde o temprano con la realidad abominable, de la que el gobierno, lo encabece quien sea, es ineluctablemente responsable.
Experiencia-probada…
SOS COSTA GRANDE
(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
El Senado de la República votó a favor el dictamen de ley para garantizar a las trabajadoras del hogar las prestaciones de ley de cualquier otro trabajador, sobre todo IMSS y aguinaldos.
El proyecto de decreto, remitido a la Cámara de Diputados, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en materia de las personas trabajadoras del hogar.
No podemos negar que este decreto viene a traer un ápice de justicia sobre las trabajadoras del hogar, mal llamadas “chachas”, “criadas”, “gatas”, etcétera, sobre todo luego de siglos de que los adinerados han sometido a este tipo de empleados (no sólo hay mujeres trabajando en hogares), a un esquema quasi de esclavos, amparados en las lagunas legales que por centurias han prevalecido.
Seamos claros: las trabajadoras del hogar no sufren en los hogares clasemedieros, donde los padres tienen que trabajar y las contratan para cocinar, cuidar a los hijos, hacer las compras, lavar y en general todo lo relativo al cuidado del hogar.
En estas casas, las trabajadoras del hogar tienen un lugar casi de familia, pues no se contrata a cualquiera, sino a conocidas, vecinas, conocidas, etcétera, y suelen tener un trato muy humano, donde a pesar de no tener prestaciones de ley, sí tienen días de descanso, apoyos extras a su sueldo, comida, etcétera.
En estos hogares no se requiere que se queden a dormir, abandonando a sus propias familias, sino que terminando sus faenas se retiran, sobre todo cuando la madre del hogar regresa de su empleo, para ocuparse ella misma del cuidado de los hijos, las tareas, y los trabajos que quedaron pendientes.
¿Dónde es donde realmente sufren las trabajadoras del hogar? Con los ricos, con los millonarios, donde las ven como si fueran cosas, donde las obligan a portar uniforme, a cubrir horarios agotadores incluso nocturnos sin que eso signifique una mayor pago.
Estos millonarios contratan a sus empleados del hogar mediante agencias de colocaciones, las cuales pasan a ser los verdaderos patrones de las empleadas, porque los ricos no quieren pasar por el desagradable trabajo de entrevistar a quienes se han de ocupar de sus preparar sus alimentos, lavar sus ropas, limpiar sus pisos y baños, etcétera.
En realidad, este esquema viene repitiéndose desde tiempos inmemoriales, con la diferencia de que ahora se les asigna algún sueldo.
Esto incluye a la clase política, que definitivamente está acostumbrada a que le sirvan. Imposible ver, por ejemplo, a la esposa de un senador de la República, de un secretario de Estado, de un gobernador, de un director general, etcétera, fregando pisos y tendiendo ropa. ¡Jamás! Mucho menos un empresario de la talla de Carlos Slim, los banqueros, los dueños de empresas trasnacionales, los mineros, los grandes empresarios en general. Para ello cuenta con un séquito de empleados; porque hay que entender que tienen a un empleado para cada cosa: cocineras, recamareras, jardineros, choferes, etcétera.
Luego entonces, con esta reforma laboral, los senadores hicieron justicia a sus esclavos modernos, pero sometieron bajo una presión innecesaria a los hogares clasemedieros, que no contratan personal porque quieran, sino porque lo necesitan, pues les sería imposible trabajar sin el apoyo extra en el hogar, sobre todo las mujeres.
Estas madres y padres que trabajan, comparten su sueldo con alguna conocida para que les haga de comer, les lave y les planche mientras ellos van a conseguir el sustento, y cada semana pagan por este servicio de manera puntual, sin andar sacando a las “chachas” de la alberca, como sucede en las residencias de lujo, donde los empleados no disfrutan nada reservado para los patrones.
Aplaudimos esta medida, pero anunciamos que para un profesor, la dueña de algún negocio, o cualquier profesionista, les será más que imposible pagar IMSS o aguinaldos, porque incluso a veces ni ellos tienen estos beneficios.
El problema vendrá cuando por necesidad contraten a alguien, y entonces corren el riesgo de ser demandados ante los tribunales laborales, que en lo sucesivo dependerán del Poder Judicial.
Resumen: Los senadores parece que legislaron para un país primermundista, aunque ni en Estados Unidos se tienen semejante ley. Si así fuera, ninguno de nuestros connacionales obtuviera empleo limpiando casas, uno de los trabajos más socorridos para mujeres en la Unión Americana.
Palabra de Mujer
Ruth Tamayo Hernández
Que recauden más estados y municipios, exige la Federación
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mis estimados, tiene el hijo atravesado, pues la recaudación de impuestos es muy baja; no están recaudando dinero suficiente y tienen muchos compromisos que cumplir. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que no van a crear nuevos impuestos, sino que van a reorganizar los que ya tienen.
Por eso empiezan a ver a los lados para buscar de dónde recaudar chelines, a fin de que ellos puedan cumplir sus promesas de campaña, pues recuerden la promesa del mandatario federal, que durante sus primeros tres años de gobierno no iban a establecer nuevos impuestos.
Y por eso, la Secretaría de Hacienda y crédito Público (SHCP), planteó volver a cobrar la tenencia para el 2020, pues es muy baja la recaudación federal, y el gobierno federal comienzan a verse en problemas financieros, ya que, como les dije en otra entrega, no hay dinero que alcancé si lo van a regalar.
El gobierno no genera recursos, sólo administra el dinero del pueblo vía impuestos, y la pequeña y mediana empresa es a la que le cargan la mano, así como a los empleados, a quienes les descuentan de manera directa los impuestos de sus sueldos; o bien a los prestadores de servicios profesionales que tienen que pagar, sí o sí, por trabajar.
Las grandes compañías no pagan; y si pagan, es mínima la cantidad que aportan porque hay muchas maneras para evadir impuestos, y además les condonan y les devuelven el IVA. Entonces, la Federación está pariendo cuates para recabar recursos y cumplir sus compromisos.
Y los primeros en pagar los platos rotos son los estados y los municipios, a los cuales les van a trasferir menos recursos. Para muestras un botón: los estados que vieron disminuidos sus recursos muy por debajo del año pasado, son Tlaxcala, con 97.6 por ciento; Estado de México, 74.5 por ciento; Campeche, 88.8 por ciento; Quintana Roo, 95.7 por ciento; Ciudad de México, 97.9 por ciento.
En cambio, las entidades beneficiadas fueron Guanajuato y Jalisco, con un aumento del más del 216. 6 por ciento, anual, seguidas por estados con caídas menores como Oaxaca 9.3 por ciento; San Luis Potosí 10.4 por ciento y Coahuila 25.3 por ciento.
¿Y saben qué, mis estimados? A nuestro bello estado de Guerrero no le disminuyeron, pues no aparece en la lista de los estados a los que les cerraron la caja de los recursos en la SHCP. Y eso es bueno, ¿qué no? Que sigan teniendo compasión de la entidad suriana.
Vean cuánto disminuyeron las trasferencias: La Federación trasfirió vía la Secretaría de Hacienda el primer bimestre del año 2019, 12 mil 770 millones de pesos a los estados, en rubros que están sujetos a negociación política.
Según datos de Hacienda, es la cifra más baja en 11 años para el mismo periodo, lo cual implica una caída de casi 53 por ciento, comparado al bimestre del 2018.
Exponen los funcionarios que las trasferencias más castigadas fueron los convenios de reasignación, que con 20 millones de pesos, inversión que tuvo una caída de 99.3 por ciento en el primer bimestre.
Asimismo, el Ramo 23, que registró una inversión de 632 millones de pesos, lo cual implicó un descenso del 93.2 por ciento real; en tanto que los menos castigados fueron los convenios de descentralización, que retrocedieron únicamente 18.4 por ciento, real, al contabilizar 12 mil 118 millones de pesos, por entidades.
Los rubros que disminuyó la Federación, como es el Ramo 23, de convenios de descentralización y de reasignación, se centran en las promesas de campaña del presidente AMLO, de lucha contra la corrupción, ya que son rubros poco trasparentes y están sujetos a negociaciones entre los gobernadores y el gobierno federal.
En pocas palabras, estos rubros no están regulados por la Ley de Coordinación Fiscal, y ya lo sabían los Gobernadores que en el paquete Económico 2019 lo reducirían.
Pues ya lo dijimos antes, que estos rubros eran como un regalo para los gobernadores, pues no estaban obligados a comprobarlos. Por eso ahora la Federación va a fiscalizar todos los rubros que destinan a los estados y municipios.
Y las entidades a las que les redujeron sus trasferencias, es con la finalidad que recauden más impuestos; es decir, que los gobernadores se vean obligados a fortalecer sus ingresos propios, y este tema lo van a discutir en la Convención Nacional Hacendaria.
La idea de la Federación, mis estimados, es que tanto los gobiernos estatales como locales fortalezcan sus ingresos propios. El gobierno municipal, a través de la recaudación del impuesto predial; y en los estados con la tenencia vehicular, deben ser más estrictos.
Por cierto, el estado de Guerrero aún cobra la tenencia vehicular, pues hay estados que la absolvieron por una decisión política. Ante semejante control de la Federación, tendrán que volver a cobrarla, pues según Hacienda, la tenencia vehicular pasó de ser un impuesto federal participable a un impuesto estatal.
Por eso ahora todos los estados que no cobran la tenencia tienen que volver a cobrarla.
El pasado 19 de abril, en sus entrevistas mañeras, el mandatario desmintió que la Federación volviera a cobrar la tenencia vehicular, sin embargo, la Secretaría Hacienda anuncio que cerrará el arca de recursos a los estados para obligarlos a cobrar la tenencia vehicular, sin que ellos se metan en camisa de once varas.
Además, los gobiernos locales tienen que comenzar a fortalecer sus ingresos propios vía impuesto predial, pues también les cerraron la llave de los centavos a los municipios, sobre todo con el Ramo 23.
En otro tema, mis estimados, quiero contarles que las altas temperaturas en Tierra Caliente me inquietaron. Está demasiado caliente, exagerado pues, para que me entiendan; y es abril, no me quiero imaginar cómo estará de caliente en mayo. En serio que es para pensar qué vamos hacer, pues casi nos rostizamos, hasta el diablo compra paletas en la Tierra Caliente.
Y pesqué una gripa fatal, pues todo el día tomé agua fría, raspados, todo lo que estuviera helado, porque sólo así puedes resistir. En serio, mi tierra ahora sí hace honor a su nombre. El calentamiento global tiene alarmados a los científicos.
Por cierto, quiero compartir con ustedes -hablando de calentamiento global, una nota que publicó el diario El País; una niña habla en público y le ganan las lágrimas al mencionar cómo están muriendo y extinguiéndose las especies, tanto en el mar como en la tierra por la contaminación. Transcribo el relato tal cual, que circula en redes sociales, y que creó mucha preocupación en la sociedad, pues indica la información que alrededor del 2030 (ya casi), iniciará una reacción en cadena irreversible.
“Eso probablemente nos llevará hasta el final de la civilización tal y como lo conocemos; es decir, pereceremos, a menos que en este momento se produzca cambios permanentes y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo una reducción de nuestras emisiones, en al menos un 50 por ciento.
Estos cálculos no son opiniones o suposiciones salvajes. Estas proyecciones están respaldadas por hechos científicos, concluidos por todas las naciones a través del IPCC.
“Estamos en medio de la sexta extinción masiva. La tasa de extinción es 10.000 veces más rápida de lo que se considera normal, con más de 200 especies extinguiéndose cada día. La erosión de la capa fértil del suelo, la deforestación de nuestros grandes bosques, la contaminación tóxica del aire, la pérdida de insectos y de la fauna, la acidificación de nuestros océanos, son todas las tendencias desastrosas que están siendo aceleradas por un modo de vida al que nosotros, en la parte del mundo más económicamente afortunada, vemos nuestro derecho, a simplemente continuar.
“Pero no podemos ignorar a los científicos y a la ciencia. Tampoco ignorar a los millones de niños en huelga escolar por el derecho a un futuro. Os lo ruego, por favor, no fracaséis en esto”, dice la Niña.
Ahí tienen el texto, seguro se van a alarmar igual que su servidora, pero en vez de inquietarnos pongamos un granito de arena cada uno de nosotros. No contamine el medio ambiente, ahorre energía y contribuya a mejorar su entorno.
Editorial
El memorándum de AMLO: De la forma al fondo
El presidente ha firmado un documento insólito: un memorándum público dirigido a una secretaria y dos secretarios de Estado, recordándoles la política administrativa que se habrá de aplicar en lo referente a la educación básica. Como eso es desusado, luego se ha señalado como “inconstitucional” por varios opositores y algunos críticos. Un exministro de la Suprema Corte dijo que era recurrible: lo es todo acto conocido de la autoridad.
Los presidentes mexicanos no tenían costumbre de recordar a sus subordinados el contenido de la política de manera pública más que cuando declaraban: “he dado instrucciones para…”, pero, ¿sus órdenes estaban por escrito?
El memorándum de AMLO está firmado y es público porque es parte de una difícil negociación, en varias bandas, para abrogar la reforma educativa de Peña Nieto, tal como lo dice el texto presidencial. Ese es el fondo.
Las oposiciones tienen una iniciativa conjunta. El SNTE, que no se movilizó contra aquella reforma, nunca ha estado de acuerdo con la misma. Se encuentran de manera relevante los maestros (CNTE) que lucharon arduamente contra ella y fueron víctimas de represalias administrativas y penales. Finalmente, está el bloque parlamentario mayoritario y el gobierno de López Obrador que buscan la manera de construir el acuerdo conveniente.
El memorándum expresa algunos aspectos que no podrían ir tan claramente en un decreto de reforma constitucional, tales como actos de política administrativa que son necesarios: revocar ceses, tratar de cancelar procesos penales, dejar de pagar a los “aviadores”, centralizar la nómina, contratar prioritariamente a los egresados de las normales, entre otros aspectos.
El actual gobierno busca, como todo mundo sabe, la abrogación de la reforma educativa. Mientras tanto, hay que tomar algunas orientaciones, pero, sobre todo, advertir que, después de la aprobación del nuevo texto constitucional, la cauda dañina de la reforma va a quedar subsanada.
Políticos y juristas acartonados parecen no entender el contexto político. No existe en el memorándum ningún acto de gobierno contrario a la Carta Magna porque, para empezar, no se trata de un decreto, sino de un recordatorio interno sobre la orientación política del Ejecutivo en el tema.
Si esos “especialistas” escandalizados quieren defender la reforma de Peña Nieto, tal como parece, que lo digan y veremos cuál es el contenido del debate. Si defienden el método de la política en lo oscurito, como era antes, que lo señalen también. Si lo que molesta es que el Ejecutivo pueda dar a conocer públicamente orientaciones internas dirigidas a su gabinete y no sólo actos concretos, pues están viviendo en otra época.
Si en lugar de memorándum ese texto hubiera sido el de un discurso, los objetores no habrían podido decir nada por falta de firma, es decir, de formalidad. Pero entonces no tendría el alcance que se le ha dado en el marco de las negociaciones entre bandos que no se tienen confianza entre sí.
Ya no son tiempos de aquella hipocresía bajo la cual las decisiones del presidente eran grises, de tal forma que, si acaso generaban rechazo, la culpa era del secretario de Estado del ramo. “Reservar instancia”, se decía, cuando se ejecutaba algo que podría luego ser rectificado por el superior, aunque éste lo hubiera decidido desde un principio. Pura forma.
Otros han dicho que el memorándum no tiene importancia ni trascendencia porque no es una figura jurídica. Entonces, ¿por qué lo cuestionan?
Gracias al ruido desatado sobre el dichoso memorándum, éste ha tenido mayor resonancia. Como la discusión sobre su legitimidad es algo que no puede conducir a ningún acuerdo, entonces se ha convertido en un instrumento político de mayor alcance. La discusión es algo que a México le había hecho falta durante décadas. Ahora se discute casi todo lo formal, hasta el tiempo que duran las conferencias mañaneras del nuevo presidente.
Hoy 23…
SOS COSTA GRANDE
(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Bajó por tercer mes consecutivo el índice de homicidios dolosos en Guerrero, y la entidad logró pasar el deshonroso primer lugar, al octavo.
Esto es sin duda un gran avance, y nos trae un aire de esperanza, para que Guerrero pueda recuperar un poco de paz y parte del esplendor que esta docena trágica le ha dejado.
El último reporte dado a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del Centro Nacional, indica que en enero hubo 142 homicidios dolosos, en febrero 136 y en marzo 115.
Esto ubica a Guerrero en el octavo lugar nacional, después de Veracruz, Ciudad de México, Jalisco, Chihuahua, Baja California, Estado de México y Guanajuato.
Algo está cambiando en la estrategia de seguridad que se está reflejando en la reducción de homicidios, y que redundará en una mayor paz. Como dijo el gobernador, Héctor Astudillo Flores, ésta es la apuesta para que la empresa y el comercio florezcan en todas las regiones de la entidad, que Guerrero recupere su fortaleza económica como potencia turística, y que el desarrollo vuelva a florecer.
Cierto que es muy temprano para echar las campañas al aire. Sin embargo, el avance en este primer trimestre del año, que comparado con 2018 y peor aún, con 2017, no puede pasar desapercibido. El ambiente en Guerrero comenzará a cambiar, y aunque habrá voces que afirman que todo sigue igual o peor, los números no mienten.
Hay, sin embargo, un foco rojo en la Sierra, donde por la caída del mercado de la goma de opio y a falta de opciones productivas, las familias de esa vasta región podrán caer en una verdadera hambruna.
Aquí también conviene retomar la propuesta del gobernador Héctor Astudillo, que hizo desde su llegada al poder, y que consiste en legalizar el cultivo de amapola con fines medicinales, para retener ese nicho económico en la Sierra.
¿Por qué la propuesta? Porque una región que ha vivido tanto tiempo de la siembra del opiáceo, difícilmente se readaptará a un nuevo esquema productivo, pues en este momento toda la infraestructura productiva serrana está enfocada al cultivo de la amapola, lo mismo que la mano de obra está entrenada para cultivar ésta, desde su fase de siembra hasta la cosecha.
Pasarán años antes de que las miles de familia de la Sierra, desde los pueblos grandes hasta los más pequeños, se reorganicen en torno a los cultivos lícitos, y esto considerando que el proceso de conversión comience ya.
Ayer el gobernador volvió a plantear el tema, y creo que a nivel nacional están las condiciones dadas para que México recupere la autonomía que el control internacional le quitó, pues mientras que aquí se prohíbe, por ejemplo, el cultivo de la marihuana, en la mayoría de las entidades federativas de Estados Unidos así como en Canadá se creó ya una gran industria en torno a este cultivo, que no es propio de esos climas, pues en Canadá, por ejemplo, la cultivan hasta en invernaderos con calefacción artificial.
¿Cómo justificar que el país que nos califica en materia de control de narcotráfico, ya haya legalizado el cultivo, industrialización y comercio de la marihuana? No estamos hablando de una industria sólo con fines lúdicos y recreativos, sino que también potenciará la industria farmacéutica, pues la marihuana tiene propiedades que ayudan a la salud humana en varios padecimientos para los que la medicina convencional no haya cura.
Igualmente la amapola, tiene propiedades analgésicas potentes, de donde se extraen las medicinas como la morfina, para el alivio del dolor extremo, como el que padecen los enfermos terminales, sobre todo de cáncer.
Renunciar a esta posibilidad sería una locura histórica. Retener un negocio regulado, que de por sí ya está instalado en la entidad, pero de manera ilícita, sería un acierto.
A pesar de que la propuesta está sobre la mesa desde hace por lo menos tres años, el ex presidente Enrique Peña Nieto ni siquiera consideró la posibilidad de plantear a la Organización de las Naciones Unidas esta propuesta, a pesar de que podía hacerlo, incluso con un propósito humanitario, pues contribuiría a la pacificación de la nación.
Esperemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador actúe en este caso, y permita que lo malo que nos ha inundado de sangre, se convierta en algo bueno, y que traiga prosperidad a la entidad con el cultivo de la amapola de manera extensiva y regulada, para montar una poderosa industria farmacéutica, que en este momento no existe, pues son pocos los países que tienen autorizado producir medicamentos a partir de los opiáceos, e incluso este privilegio lo tienen países que ni siquiera los producen y que, por lo tanto, tienen que adquirir la materia prima en el exterior.