Editorial

Bola de mandos

Cuando el Congreso de la Unión está a punto de aprobar la creación de la Guardia Nacional, se mantiene la principal duda de quién tendrá el mando de la nueva fuerza.

Lo más lógico es que el mando real, el operativo, quede en manos de militares, quienes serán su principal componente.

Formalmente los batallones de la Policía Militar y los de la Policía Naval, así como los agrupamientos de la Policía Federal y los nuevos reclutas que serán adiestrados por el Ejército, estarán bajo mando civil, el del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Alfonso Durazo.

Pero si algo han demostrado los 12 años de combate a la delincuencia organizada es que los militares no están dispuestos a quedar bajo las órdenes de los civiles.

Ese fue el motivo por el que no pudo crearse la Gendarmería Nacional en el sexenio pasado, y uno de los que originó la confrontación entre el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el jefe del Ejército, el general ahora retirado Guillermo Galván, durante el gobierno de Felipe Calderón.

Es impensable que el mando operativo de las tropas quede en un civil. Pero también es seguro que los efectivos castrenses seguirán respondiendo al Ejército y a la Marina.

Sobre todo, porque en la SSyPC el control quedó fragmentado en los distintos grupos en los que el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó el tema de seguridad.

El secretario Alfonso Durazo quedó en medio de esos grupos. Lo que se perfilaba como una secretaría poderosa, acabó en una institución atomizada.

La sombra más pesada que tiene Durazo es la del general retirado Audomaro Martínez, el militar que acompañó a López Obrador en sus incursiones presidenciales desde 2006, y que ahora está a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Pero, sobre todo, este militar de Caballería es a quien el general de la misma arma, Luis Crescencio Sandoval, le debe mucho por haber llegado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Es decir, el flujo de información será directo entre los militares del CNI y la Sedena, sin que pase necesariamente por las manos del titular de la SSyPC.

El contrapeso que podrían tener los generales es el del secretario general del CNI, José Ángel Ávila, una pieza no de Durazo, sino del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

En el caso de los efectivos de la Policía Federal, que no son pocos entre los miles de efectivos de lo que fueron las divisiones de Fuerzas Federales y Fuerza Regional, el control lo tiene el viejo policía Arturo Jiménez Martínez, hombre cercano al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Jiménez y Gertz Manero trabajaron juntos cuando el ahora fiscal fue el primer titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Celebrada por la unanimidad con que fue aprobada en el Senado, la Guardia Nacional podría convertirse en la disputa perfecta en el gobierno del gobierno de López Obrador. A menos, claro, que el presidente imponga a los militares sólo para que transite su gobierno. Lo que siga, le tocará a su sucesor, según lo aprobado hasta ahora.

Editorial

Samir asesinado, urge justicia

En un homicidio se tienen que investigar los hechos, y sólo una autoridad competente puede hacerlo; los familiares o amigos pueden nombrar un coadyuvante que investigue por su parte y supervise la investigación oficial, pero el primer paso es determinar cuál autoridad va a investigar el caso, ¿será el Ministerio Público estatal o federal? Esta es la decisión inmediata real.

A los simpatizantes de la lucha contra el Proyecto Integral Morelos (PIM) les queda muy claro: ya sea que ayuden en serio o sólo critiquen, pues tienen todo el derecho a hacerlo y pueden suponer lo que su razonamiento les aconseje, se debe atrapar al asesino y encontrar los motivos que tuvo y quiénes fueron los autores intelectuales, con evidencias claras y válidas legalmente. Hay confianza de que una investigación federal, acompañada por un buen coadyuvante, puede descubrir al criminal y sus conexiones. Sin embargo, también se debe pensar si el escenario  es totalmente contrario. Después de todo, la impunidad de muchos asesinatos de dirigentes sociales en todo el país, nos han acostumbrado a que sin presión social, cualquier hecho está condenado al olvido.

Debemos tener conocimiento en los próximos días de una línea clara de investigación y el anuncio de estar tras posibles culpables, y me parece inaceptable que el Fiscal de Morelos continúe con la investigación porque está emitiendo un juicio previo y ningún investigador serio debe opinar sobre las tareas de investigación ni eliminar otras posibles líneas. La federación debe atraerla y dar resultados, y a estas alturas la inteligencia federal y la morelense ya deben de tener datos concretos.

Recuerdo a Luz María Dávila, del caso de Villas de Salvárcar aquí en Ciudad Juárez, cuando le dijo a Calderón: “si fueran sus hijos, usted removería hasta las piedras”. El Secretario de Seguridad ya debe de estar a cargo porque en la muerte de Samir hay un asesino y cómplices, y estos (sean quienes sean) deben ir a la cárcel.

El Gobierno de la Cuarta Transformación no puede fallar en este caso, debe encontrar al culpable y toda su red de complicidades, también en las líneas de investigación debe agotarse totalmente la posibilidad de un crimen por activismo social (debería ser la primera en estudiarse). Precisamente por lo grave de los hechos se deben dar resultados concretos y creíbles.

Estos hechos se dan luego del cambio de opinión y decisión de AMLO sobre el PIM, y justo cuando había obtenido dos grandes éxitos: contra el huachicol y el consenso sobre la Guardia Nacional. Ahora este crimen interrumpe el moméntum que tenía y podría representar un alto costo político para él. Sería bueno que el siguiente paso del gobierno federal sea contundente, rápido y claro. De lo contrario, los nubarrones de la desconfianza podrían ensombrecer el arranque del sexenio.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

¿El PRI va por un proceso democrático en la renovación de sus dirigencias? Así parece. Lo que se veía imposible, podría ser una realidad y eso metería al tricolor, automáticamente, en el carril de la democracia. Pero no una democracia controlada, como la que ejerce el PAN, o una democracia de grupos, como la que se hace en el PRD, donde las camarillas de poder se ponen de acuerdo entre sí y luego sus consejeros ejecutan las órdenes votando en el sentido que les dictan los jefes de las hordas.

Pero parece que los priístas ya se dieron cuenta de que si no van por una transformación radical, están condenados al fracaso. Lo mismo el PRD, que parece que aún no termina su resquebrajamiento, está obligado a meterse a un proceso de restauración y restitución que vaya de la base hacia la cúpula y no al revés.

Por supuesto que los priístas no se arriesgarán mucho, y por ahora sólo los disidentes –los que no forman parte del clan en poder del partido- piensan pedirle al Instituto Nacional Electoral (INE) que organice la elección interna para la nueva presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, algo que está programado para que tenga lugar el mismo día que el PRI cumpla nada más y nada menos que 90 años de su creación.

Esto es apenas una idea. Fue expresada durante la sesión ordinaria del Consejo Político Nacional y sería el primer acercamiento del partido tricolor con la dependencia federal.

Aún con la intervención del INE en los comicios internos, el PRI tiene la última decisión de elegir el método para seleccionar a los candidatos y después a su dirigente nacional.

Entre los aspirantes a ocupar el puesto que actualmente se ocupa Claudia Ruiz Massieu, se encuentran la ex gobernadora de Yucatán, Ivone Ortega; el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz; Alejandro Moreno, gobernador de Tabasco; Ismael Hernández; José Narro y el senador Miguel Ángel Osorio Chong.

Miembros como el ex diputado federal José Ramón Martel, insisten en que para recobrar la confianza de la militancia, lo primero que debe de garantizarse es la democracia interna. Y si bien están de acuerdo en que la unidad es algo importante, indican que tampoco debe significar unanimidad, por lo que no es necesario un consenso.

Otra cosa por la que están pugnando los disidentes es que el partido haga una especie de “mea culpa”, como en su momento lo hizo el PRD con el Caso Ayotzinapa, y dado que ya es imposible ocultar todo el entramado de corrupción que había, sugieren que la dirigencia nacional acepte los actos de corrupción que cometieron gobernadores del PRI.

Claro, eso no sería suficiente, porque tendrían que aceptar también lo que hizo el ex presidente Enrique Peña Nieto, y con ello prácticamente desmantelar al Grupo Atlacomulco y trastocar los intereses de Carlos Salinas de Gortari.

En este desenlace tan dramático, los gobernadores priístas están preocupados, y junto con la dirigente nacional, Claudia Ruiz Massieu, y otros liderazgos del PRI están negociando un acuerdo político para empujar un candidato de unidad.

Ante tanta competencia interna, Claudia Ruiz Massieu garantiza piso parejo para todos los que aspiren a este cargo. Sobre todo Ivonne Ortega y Ulises Ruiz, son los que están más reacios a aceptar un acuerdo, pues aseguran que desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI hay una estrategia para posicionar al gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, y a éste ya le llaman “AMLITO”, porque presume su cercanía con el presidente de la República, y el visto bueno del ex presidente Peña Nieto.

Cosas veredes, Sancho. El PRI llega a sus 90 años con una grave crisis de identidad, y aún atrapado entre cacicazgos tan añejos, que difícilmente podrán avanzar si, en efecto, no se meten a la trituradora de la democracia interna.

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

Empleo a la gente, para que México se serene

Mis estimados, los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), andan furiosos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a causa del cambio de las Secretarías de Estado a las entidades federativas, ya que los líderes empresariales aseguran que esos cambios no garantizan la descentralización en la toma de decisiones. Y tal vez tengan razón, pues ellos dicen que la descentralización consiste en trasladar facultades de las oficinas centrales a los estados y en trasladar responsabilidades de la federación a los estados y municipios.

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, señaló que el cambio de oficinas del gobierno federal es simplemente un error. No están de acuerdo los líderes empresariales en que se cambien las dependencias federales de las capitales a los estados, pues dicen que mover a tantas familias es una decisión compleja. Otros empresarios le lloran al dinero, señalan que se gastará mucho dinero y que no va funcionar.

Sin embargo, el mandatario federal, desde principio de su gobierno anunció el cambio de las Secretarías de Estado a distintas entidades; incluso, cuando vino a Guerrero confirmó que la Secretaría de Salud se instalaría en el puerto de Acapulco, sólo que no dijo cuándo se haría esa transferencia, como sí indicó de la Secretaría de Turismo Federal. De ésta dijo que en 40 días la dependencia federal se mudará a Quintana Roo, concretamente en la bella localidad de Chetumal, un lugar precioso pero muy lejano para varios alcaldes que gobiernan municipios con vocación turística y con necesidades agravantes, incluso de pobreza extrema.

El presidente AMLO presentó la Estrategia Nacional de Turismo, plan que contempla reforzar la seguridad en sitios turísticos del país. También destacó otro punto que siempre trae a colación en sus discursos cuando habla de temas turísticos, y es mejorar los servicios básicos y generar empleo en entidades que rodean a los complejos turísticos, temas fundamentales para que México se serene y al mismo tiempo haya paz, para que siga viniendo turistas a los destinos turísticos.

Eso lo dijo el mandatario en Quintana Roo, donde la violencia está más agresiva, tal vez peor que en el estado de Guerrero. Sin embargo, pisó firme en su tierra natal y sin miramientos dijo que su gobierno dará especial atención al Sureste del país, pues esa región quedó marginada y abandonada. ¿Y Guerrero, apá?

La entidad sureña está más jodida que todos los demás estados, y no hay un proyecto por parte de la Federación en materia turística destinado para la entidad. No obstante, vamos a esperar que al menos se concrete el cambio de la Secretaría de Salud al municipio de Acapulco, pues eso pondrá en otro lugar el estado.

Seguimos con la Estrategia Nacional de Turismo, ya que el secretario del ramo, Miguel Torruco Marqués, se voló la barda y volvió con sus promesas de campaña política. Señaló un plan que parece un sueño guajiro, y dividió una estrategia en cinco macro proyectos.

Primero, el Tren Maya, ¿pero para cuándo canijos estará terminado ese canijo tren? Puro cuento de los funcionarios. Segundo, fortalecer los destinos turísticos, y para ello dividió en ocho regiones el país. Tercer proyecto, fortalecer el mercado interno y para eso busca que los mexicanos recorran el país a través de distintos programas que, asegura el funcionario, se aplicaron en la Ciudad de México con éxito; como ejemplo Sonrisas por México y Disfruta México, que incluyen paquetes y boletos de avión baratos; o sea, le cambiaron el nombre al programa de Peña Nieto, “Moviendo a México”. Valió barriga de pato.

El quinto punto es más simpático que hasta el mismísimo “me canso ganso” de López Obrador, pues lo titula “Toca Puertas”. Esto consiste en que las embajadas, tanto árabes, como de Europa, Japón y China, atraigan turistas a nuestros destinos turísticos.

Les dije que era cariñosa la idea del secretario de Turismo, pero esto es un cuento ruso. Jamás va a funcionar; y no soy negativa, simplemente que es una realidad que el turismo que visita nuestro México lindo y querido es el estadunidense y canadiense, y este turismo sí promueve los destinos de playa mexicanos, aunque estén teñidos en sangre.

Lo que sí aplaudo es que parte del plan del secretario va dirigido a mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en destinos de playa, y que están en extrema pobreza. Este tema es imposible discutir, ya que el mismo presidente AMLO, en sus discursos, ha dicho que es vergonzoso que haya personas viviendo en colonias sin servicios básicos, mientras a lado existen extraordinarias zonas hoteleras.

Mis estimados, lo que dice el presidente López Obrador es cierto, pero también es verdad que con discursos y estrategias de turismo no se resuelve nada, pues muchas de esas personas viven en esas colonias alejadas, en la punta del cerro, donde es imposible que el gobierno local les dé los servicios básicos, pues subirlos a ese punto es sumamente costoso.

Esas personas viven en esos lugares con una preciosa vista al mar tan envidiable, que ya la quisieran los empresarios hoteleros, pero esa gentes vive en pobreza extrema y jamás van a mejora su forma de vida, porque es imposible meter tubería para el agua potable o drenaje. No se pueden hacer milagros.

El presidente AMLO pidió que los gobernantes mejoren las condiciones de vida de los trabajadores que se emplean en el sector turístico, que no es posible que existan extraordinarias zonas hoteleras, y hay colonias sin servicios básicos. Claro, es muy bonito hablar en discursos, pero la realidad es otra y la vemos diariamente los ciudadanos que vivimos en puertos; son cientos de almas que viven en pobreza extrema, pues han de saber, mis estimados, que las personas que no cuentan con servicios básicos en sus hogares son situados en pobreza extrema. Por eso el INEGI coloca a los municipios de Acapulco y Zihuatanejo, que son puertos turísticos, con un gran sector de personas viviendo en extrema pobreza.

Y eso es real, no es cuento chino. Por eso digo que una cosa son los discursos y otra es que cumplan.

Claro que no es congruente que un destino de playa como Acapulco sea el municipio con más pobres en su urbe; eso es inadecuado, pero es cierto. Sin embargo, no es con discursos como se va a cambiar la manera de vida de las personas y menos con programas sociales, regalándoles dinero. Ese enfoque no ha dado resultados en ningún país. Tienen que enseñar a pescar a la gente. No terminarán con la violencia de la forma en que piensan los gobernantes, tienen que obligar a trabajar a la juventud, que los muchachos elijan lo que les guste hacer y si prefieren el arte, futbol, basquetbol, volibol, la música, el cine, la actuación en eso que se enfoquen, pero que se apliquen con disciplina y responsabilidad.

Por otro lado, que se establezcan talleres en donde las personas aprendan un oficio para que después se empleen y obtengan un salario que ganen con el sudor de su frente; y cuando seamos responsables de nuestras familias, veremos el cambio que tanto anhelamos los mexicanos. ¡Feliz día, mis estimados!

Editorial

Venganza o transformación

Sería un error de parte de la nueva fuerza gobernante hacer una cacería de brujas para ir en persecución penal contra exgobernantes. De la sed de venganza contra la corrupción no podría surgir justicia en su más alta acepción, sino una dura confrontación política que estorbaría finalmente la lucha contra el Estado corrupto.

Conocer hechos de corrupción, explicar cómo se hicieron las cosas desde el poder, fustigar los métodos de reparto de recursos y tráfico de influencias es algo necesario y lo seguirá siendo durante años. Pero esto no sería una cacería.

Incluso, proseguir las denuncias presentadas contra servidores públicos es una obligación del Ministerio Público por lo cual se deben concluir las investigaciones.

En otra vertiente se encuentran los actos de represión, la arbitrariedad y violencia del poder contra la gente. Aquí es indispensable activar investigaciones y procesos penales, pues de lo contrario habría una especie de omisión criminal.

Además, las acciones orientadas a lograr la libertad de los presos políticos deben acelerarse y multiplicarse, no sólo desde el gobierno federal sino también en los estados, incluyendo leyes de amnistía expedidas por las legislaturas. Tenemos miles de esos presos en el país y su permanencia en prisión es algo más que una injusticia, ya que expresa el autoritarismo y la represión integrados en la forma de gobierno.

Ha llegado por fin el momento en que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados ejerzan sus facultades de control político, vigilen el gasto e investiguen todo lo necesario para mejorar la función pública. La tradición mexicana consiste en que el Poder Legislativo no debe asomarse demasiado a la realidad porque eso implicaría invadir funciones del Ejecutivo. Sin embargo, es al contrario, la vigilancia está a cargo del parlamento en un sistema republicano.

Cuando no funcionan los mecanismos de control político y vigilancia, no sólo hay impunidad sino también se produce ese dañino fenómeno de que las denuncias suelen ser publicadas como si fueran sentencias. Todo eso es expresión del mal funcionamiento de las instituciones o de su ausencia.

Un fenómeno muy conocido consiste en que la Auditoría Superior descubre desvíos y otras malas prácticas, las informa a la Cámara de Diputados y presenta denuncias ante el Ministerio Público, pero no se vuelve a mover la hoja de un árbol.

Para de verdad descubrir y enjuiciar las tramas de corrupción dentro de la administración pública es preciso activar el juicio político. Aunque éste se realiza contra personas en lo individual, su ámbito es mucho más amplio que un juicio penal pues lo que en el fondo se enjuicia son los actos y omisiones de gobierno, junto con el responsable personal. La habilitación del juicio político podría poner al descubierto el funcionamiento de los sistemas de gestión pública articulados a la corrupción. Esto es mejor que la venganza.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

A propósito de los censos del Bienestar que desde hace varios meses realiza el gobierno federal, usando para ello cuadrillas de los llamados “Siervos de la Nación”, conviene que en la Costa Grande se haga lo que se hará en la Costa Chica: que estos siervos sean presentados ante los Cabildos municipales, y ante la sociedad en general, para que se les identifique y se conozca sus modos de trabajar.

Todos hemos visto a estos muchachos –muchos de ellos voluntarios- que portan el chaleco guinda del gobierno federal, aplicando los censos del Bienestar, que servirán de base para orientar los programas sociales del régimen lópezobradorista.

Sin embargo, también se sabe que esos “siervos” trabajan por grupos, y que algunos responden a los jefes políticos de Morena en el estado, quienes a su vez están empeñados en ganar terreno uno al otro, de cara a la elección local y de gobernador en 2021.

Así las cosas, los grupos se han acusado mutuamente de trabajar mal y a favor de sus jefes, siguiendo criterios políticos, como sucedió en la Tierra Caliente, previo a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 8 de febrero.

A petición del presidente municipal de Ometepec, Efrén Adame Montalván, se anunció ayer que los servidores de la nación, encargados de realizar censos para implementar programas sociales, serán presentados ante los cabildos municipales de la región de la Costa Chica, para evitar cualquier sesgo político que se le pueda dar a esta actividad.

El alcalde priísta hizo esta solicitud ante el delegado de gobierno federal en el estado, Pablo Sandoval Ballesteros, quien le dio cauce a la petición y ordenó al delegado regional, que haga lo propio.

Los siervos de la nación serán presentados en los municipios costachiquenses, a partir del próximo jueves 28 de febrero, por el coordinador regional de dicho programa en la zona, Alberto Salgado, quien hará un recorrido en cada ayuntamiento.

De verdad que esto es algo que debió hacerse desde un inicio, sobre todo desde la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque se presta a confusión la forma en la que están trabajando los “siervos”, ya que algunos están siendo regenteados por ex candidatos a las presidencias municipales, y se entiende que estos –aunque estén censando parejo a todos los ciudadanos-, su sola presencia ayuda a que capitalicen políticamente ese trabajo.

Otro problema que enfrentan los “siervos”, es que les prometieron a algunos un sueldo fijo, y a otros, los voluntarios, darles apoyos durante el proceso, pero en varias regiones persiste la queja de que a seis meses de que comenzaron sus actividades, no les han cumplido.

El conflicto en Tierra Caliente surgió porque un grupo acusó al delegado federal de estar privilegiando a su grupo, mientras que a los demás les dijo que no hay dinero y que, por lo tanto, no habría pago.

Pablo Sandoval desmintió la nota, por supuesto. Alegó que se trataba de un golpeteo político en su contra. Pero eso no obsta para desmentir que, en efecto, los “siervos de la nación” son un ejército de voluntarios –asalariados o no- que bien pueden ser utilizados desde el punto de vista político-electoral.

La recomendación es que estos hombres y mujeres, jóvenes en su mayoría, sean presentados ante los Cabildos, donde están los representantes del pueblo, pero también ante la sociedad en general, para que los miembros de los diversos sectores los conozcan y sepan a qué equipo pertenecen.

Editorial

¿Y la bandera?

Persas y birmanos se discuten la invención de la bandera como un signo de identificación tanto en la paz como en la guerra. Su valor práctico y emblemático muy pronto universalizó su uso no sólo por mimetismo sino porque pueblos y sociedades de diversas latitudes, sin haber tenido contacto, las produjeron igualmente. En su trasfondo subyace la raíz totémica del clan o de la tribu.

Se trata pues de la creación de símbolos cuya finalidad es representar al grupo, congregarlo, conducirlo, proyectarlo y también salvaguardar su identidad y origen. En la historia contemporánea la bandera principal es la que representa a una nación determinada, y hoy día, todos los países del mundo la tienen, si bien, el uso que se haga de ella es muy variado, a tenor de la evolución cultural de los últimos años, así sucede que en Estados Unidos es común ver su bandera lo mismo en un asta que en las bermudas de algún jubilado; por otra parte esa bandera es quizás la que más se ha quemado en el mundo en medio de manifestaciones y protestas de todo tipo.

En México la ley protege tanto a la bandera como a los demás símbolos nacionales, como sería el escudo y el himno, sancionando a quienes bajo el pretexto que sea, se atrevan a desfigurarla o mancillarla. Cabe suponer que una semejante legislación no protege un trozo de tela, sino lo que ese trozo de tela significa de por sí, una abstracción mental que muchos grupos protestantes estarían imposibilitados de hacer, dado su integrismo religioso, incluso algunos de éstos se niegan a rendir honores a la bandera, por considerarlo un acto de idolatría que podría condenarlos a las inapagables llamas del averno.

Al margen de estas rarezas lo cierto es que la bandera es un símbolo de alto significado, lo cual explica y da la razón a las leyes que la salvaguardan, leyes cuyo valor sería todavía más evidente si procedieran con igual cuidado a la hora de enfrentar muchos otros símbolos que por el valor que reciben de la sociedad merecen igualmente respeto y atención. En efecto, si la función de las leyes que protegen los símbolos patrios es conservar su forma, luego la forma es importante, toda vez que transmite un mensaje y ese mensaje funciona en la medida que conserva su gramática original. Toda alteración, manipulación, añadido o deformación traería la consecuencia de modificar el mensaje y afectar la identidad que simbólicamente expresa, así como la idea que tenemos de nosotros mismos.

Defender la bandera es defender la identidad, avalar lo que significa, y si lo que nuestra bandera significa es nuestra nacionalidad, quisiéramos estar orgullosos de ella, y lo estamos, aunque más de su pasado que de su caótico presente, gravemente marcado por una sociedad que de pronto pareciera estar decidida a violar toda ley y precepto, para imponer su individual interés, gentes como esas personas que le dijeron al actual Presidente, en una de sus giras, “déjanos seguir robando”, en referencia, claro, al huachicol.

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