Categoría: Opinion
Editorial
Confrontar o tomar posición
En los medios académicos y entre comentaristas de cuestiones internacionales hay preocupación sobre si, bajo el paraguas de la no intervención, México se dirige hacia una política exterior desconectada de los problemas que ocurren en el mundo, en particular en el hemisferio occidental. Al hacerlo, deja vacío el espacio desde el cual un gobierno de izquierda podría hacer contrapeso a las corrientes de extrema derecha que provienen del norte y del sur.
En el ámbito de las relaciones exteriores el panorama está lleno de nubarrones. Se anuncia la llegada de otra caravana procedente de Centroamérica; el asunto de Venezuela sigue dando motivo a conocidos opositores de AMLO para reiterar su supuesta amistad con el gobierno de ese país; los intentos de levantar entusiasmo hacia Pemex entre inversionistas extranjeros parecen haber fracasado.
Sin embargo, los problemas más difíciles están con los vecinos del norte y las veleidades de su presidente. El cierre parcial del gobierno decidido por Donald Trump, el más largo de que se tenga memoria, afecta directamente a 800 mil trabajadores del gobierno. Los costos económicos de tan disparatada decisión son enormes. Lo importante para nuestro país es el grado en que, al centro del huracán que sacude la vida política en Estados Unidos, se encuentra México. En efecto, el motivo para el cierre del gobierno es la disputa con los demócratas, ahora con mayoría en la Cámara de Representantes, quienes se niegan a aprobar el presupuesto de 5 billones de dólares solicitado por Trump para construir el muro que detenga a migrantes y drogas procedentes de México.
AMLO no comparte ese punto de vista. En respuesta a un reportero de la cadena ABC, en una de sus conferencias matutinas, señaló que México no haría comentarios sobre declaraciones que responden a disputas políticas internas de Estados Unidos; por el contrario –dijo–, su gobierno apuesta por el diálogo y el entendimiento. Tales declaraciones, sumadas a su tendencia a minimizar la importancia de los temas internacionales en su comportamiento político, son las que llevan a preguntarse: ¿Qué consecuencias tiene que un país tan importante como México en América Latina se mantenga distante de los problemas que provienen de Estados Unidos o de situaciones que tienen lugar hacia el sur del hemisferio occidental?
Responder a la pregunta anterior obliga a referirse a una de las debilidades notorias de la política del nuevo gobierno: la manera tan errática de comunicar las acciones que se llevan a cabo y, en general, las posiciones que se adoptan, por ejemplo, en materia de política exterior. No se distingue entre el diálogo espontáneo sobre actividades del gobierno que tiene lugar en las conocidas conferencias matutinas que ofrece López Obrador y la información cuidadosa, provenientes de expertos en las diversas áreas del gobierno. Esta última requiere de un uso cuidadoso de los datos, el lenguaje y la manera en que se transmite.
La Cuarta Transformación no puede ver con indiferencia y descuido lo que ocurre en el mundo. La política exterior es un elemento central para dar legitimidad a los propósitos de un gobierno de izquierda. Por ello estamos esperando algo más. Un documento sustantivo de la Cancillería encabezada por Marcelo Ebrard que dé forma a la estrategia de las relaciones exteriores de México en momentos de importantes cambios internos y externos. Hasta ahora, ni las ideas centrales ni la implementación de las mismas han sido dadas a conocer.
SOS COSTA GRANDE
(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Conforme avanza el nuevo gobierno, se van perfilando los principales programas sociales, que son los que impactarán positivamente a gruesas capas de la sociedad mexicana que están en pobreza extrema.
Pero no son estos programas los que nos han de venir a garantizar el crecimiento y desarrollo proyectado, que según estimaciones internacionales no pasará del 2 por ciento e incluso menos, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que podría llegar al 4 por ciento, algo histórico desde el cambio de gobierno –pero no de régimen- en el año 2000.
De lograrlo este año, AMLO podrá cantar victoria. Habrá revertido la tendencia empobrecedora de la política económica nacional, para conjugar desarrollo con bienestar social y un reparto más equitativo de la riqueza.
Los programas sociales son únicamente un muro de contención para evitar que los sectores vulnerables se desbarranquen, y arrastren al resto del país, que también lucha por sobrevivir. Para ello es fundamental que se mejoren los sistemas de educación y salud, que están prácticamente desmantelados en todos los estados, y Guerrero no es la excepción. Podemos asegurar que hoy en día la gente está muriendo sin esperanza ni atención médica, pues los centros de salud carecen de todo, y los hospitales generales también. No tenemos hospitales de especialidades, y hasta los centros hospitalarios que viven de las cuotas de patrones y trabajadores están para llorar, pues también han sido saqueados. Incluso el sistema de salud militar está tan podrido, que lo que antes parecía un privilegio, se ha convertido en más de lo mismo.
Ahora que están de moda las noticias del Huachicolazo, resulta escalofriante pensar que pudo haber ganado la elección el candidato del PRI o el PAN. Tendríamos más de lo mismo y peor, y jamás habríamos enfrentado siquiera la posibilidad de que el entramado de corrupción que está evidenciando el presidente de la República, fuese desmantelado.
A pesar de la crisis económica que se vivió durante todo 2018, y de la crítica cuesta de enero en este 2019, hay optimismo precisamente porque los criterios cambiaron y es cuestión de tiempo para ver sus beneficios.
En materia económica, empresarios, comerciantes, prestadores de servicios y productores en general le están apostando a los programas de inversión en el sector productivo, que permitirán mantener a flote la producción de bienes y servicios, y levantar al país. Esto incluye infraestructura, créditos e inversión directa, así como programas de incentivos.
El sector primario, que es donde se incluye a los productores de alimentos para la nación, también sufrirá cambios y aunque se ha dicho que se le invertirán menos recursos este año, con relación a 2019, los diputados explicaron que solamente se les redujeron los “moches” que se programaban cada año para las organizaciones sociales, que estaban acostumbradas a que se les diera una mordida del gran pastel, aunque al campo llegaran migajas, para alimentar a sus clientelas políticas, en lo que parecía un acuerdo interpartidista inapelable a la hora de votar el presupuesto de egresos federal.
Por eso veíamos a la CNC y otras organizaciones de productores, repartiendo paquetes tecnológicos y apoyos diversos a sus agremiados, de donde salían los votos para que los líderes se convirtieran en presidentes municipales y diputados locales o federales.
Con este esquema, entonces la vida política representaba para nosotros los mexicanos una carga extraordinaria, pues por un lado los partidos políticos recibían toneladas de dinero, mientras que las organizaciones sociales que son su columna vertebral, también pedían su parte.
Los criterios ahora cambian y la inversión que se haga, sea cual sea el monto, excluye no sólo a las organizaciones sociales, que en los hechos son eminentemente políticas. Por eso resulta significativo ver ahora al líder de la CNC, Edel Chona Ramírez, ex candidato a diputado federal por el PRI, advertir que no permitirán que los recursos del campo se politicen; es decir, que se entreguen con criterios partidistas. Pero lo cierto es que esta nueva postura de oposición y crítica, se debe a que les quitaron su parte en el reparto, y lo que les queda es lo que siempre debieron haber hecho: dedicarse a hacer producir el campo, no a sus partidos. Producir alimentos, no votos. Y, sobre todo, a vigilar que en efecto, los recursos no se repartan bajo criterios electoreros.
Estado de los ESTADOS
Lilia Arellano
*Alonso y Moreno Valle, muchas interrogantes
*Notimex dejará de ser órgano propagandístico
*Apertura de los expedientes del CISEN, anuncia AMLO
Muchas son las interrogantes en torno a la presunta muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo el ex mandatario poblano Rafael Moreno Valle, en un accidente aéreo el pasado 24 de diciembre. De ahí que se estén cuidando todos los detalles de la investigación de la caída del helicóptero en el cual viajaban y cuyo desplome, por decir lo menos, fue “inusual”, como lo admitió Carlos Morán, subsecretario del Transporte. La aeronave se impactó a 60 grados en posición invertida. “Algo generó el giro del helicóptero, pero pudieron haber sido muchas causas”, señaló. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes espera la elaboración de dictámenes de agencias extranjeras sobre este accidente aéreo.
Sin embargo, no hay plazos para tener resultados. El titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, dijo en conferencia de prensa en Palacio Nacional que éstos “pueden ser pronto, pero pueden no serlo. Nos interesa esclarecerlo lo antes posible, pero tampoco se puede precipitar… En función del dictamen técnico podrá haber nuevas líneas de investigación, pero no vamos a especular, pueden ser semanas, pero pueden ser meses”. Se busca no precipitar el proceso, sino esclarecer la parte técnica, y en función del dictamen técnico podrá haber nuevas líneas de investigación, con distintas hipótesis, insistió el funcionario.
Los componentes del helicóptero Agusta 109 modelo 2011 con certificado de aeronavegabilidad, con licencia desde el 21 de septiembre de 2018 y con vigencia hasta el 19 de septiembre de 2020, fueron enviados a distintos laboratorios especializados en dichos instrumentos en Estados Unidos, Canadá e Italia. La aeronave sólo tenía 2 mil 74 horas de vuelo y es propiedad de Servicios Aéreos del Altiplano S.A de C. V. está catalogado como taxi aéreo con base en el Aeropuerto Internacional de Puebla.
Expertos de Canadá, Estados Unidos e Italia recolectaron componentes clave de la aeronave, los cuales se supervisaron en el Hangar del Aeropuerto poblano, con resguardo de la Fiscalía local. A Italia se envió el sistema de transmisión y rotor principal para ser investigados en la empresa fabricante Leonardo Helicopters Italia. A EU fueron enviados los actuadores lineales a la empresa Honerwell, y el sistema Data Asquisition Unit fue enviado a la empresa Amatek, también del país vecino. Otros componentes fueron remitidos a empresas canadienses. Cada uno de los componentes fue enviado a un laboratorio especial para cada una de las piezas. Cada laboratorio remitirá el reporte a sus autoridades nacionales y se despachará a México para la integración del expediente y elaborar así el reporte final. El conjunto de resultados será agrupado en una misma carpeta para que los especialistas de esos países ofrezcan su análisis sobre las causas.
La dirigencia panista ha exigido al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “realice una investigación profesional, independiente y creíble de qué fue lo que pasó”, como lo planteó Marko Cortés, líder nacional del PAN. Esta petición, como puede observarse se está cumpliendo puntualmente al transparentarse en la conferencia ofrecida la mañana del miércoles las acciones que se han emprendido para llegar a las causas que originaron el accidente. Ahora que, sobre el resultado de las autopsias ya deberían los blanquiazules exigir también el reporte de la Fiscalía estatal sin mayores temores al estar presente una costumbre muy mexicana: no hablar mal de quien ya sea fue “haiga sido como haiga sido”.
Centralizar
la comunicación
Los medios de comunicación públicos del Estado se regirán bajo una misma política para garantizar independencia y la defensa de los derechos de la población, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador al dar a conocer a los nuevos integrantes de dichos medios. En conferencia de prensa, anunció se propondrá al Senado de la República a Jenaro Villamil como coordinador del sistema de Radio y Televisión, y para la agencia de noticias Notimex a Sanjuana Martínez.
Propondrá a Armando Casas para el Canal 22; para Radio Educación, Gabriel Sosa Plata; para el IMER, Aleida Calleja; para la Dirección General de Televisión Educativa, a Lidia Camacho; para RTC, Rodolfo González; y para el Canal 14 a Fernando Coca. En su momento se integrará a la dirección de Canal 11 José Antonio Álvarez, quien pedirá licencia a su cargo como senador para ello.
López Obrador explicó se van a coordinar todos los medios públicos para que tengan base editorial que informen con independencia y objetividad, aun siendo canales del Estado. “No va a haber inferencia en la información que se transmita, van a tener estos medios absoluta autonomía”, dijo el tabasqueño, quien agregó: “el propósito es informar profesionalmente, también, de ninguna manera es contrarrestar, afectar o competir con el sistema de concesiones establecido para canales de radio y televisión. Es mejorar lo que ya se tiene para mejorar la información al público, a los ciudadanos. Que no se vaya a ver esto como una acción en contra de los medios particulares o que tienen concesiones, de ninguna manera”.
“No se trata de medios del gobierno, sino de la ciudadanía”, señaló por su parte Jenaro Villamil al recalcar que tampoco imitarán a los medios privados, sino defenderán los derechos de los ciudadanos. “Ya no una televisión para una clase media jodida que no va a salir de jodida, como dijo un clásico”, mencionó. Por su parte, Sanjuana Martínez, destacó que el gran reto para Notimex será convertirse en la primera y más importante agencia de noticias de América Latina, una agencia de Estado, no de gobierno ni un organismo propagandístico. Se está en un momento histórico para ser corresponsables y junto con la sociedad, generar cambios y compromisos.
Martínez adelantó se hará una transformación a la agencia para convertirla en un medio de comunicación que garantice el derecho a la información de los mexicanos, de estar objetivamente bien informados. Destacó que el presidente López Obrador le aseguró podrá seguir haciendo el mismo periodismo crítico, independiente, con compromiso social, sin censura y de defensa de los grupos más vulnerables que ha hecho a lo largo de su vida periodística en Proceso, La Jornada y Sin Embargo. ”Un periodismo que pretende trascender para generar cambios”, puntualizó.
De los pasillos
Morena no pudo concretar su intención de que el Congreso de la Unión convocara a un periodo extraordinario de sesiones, tras el rechazo de los otros partidos a abordar con premura la reforma constitucional para constituir la Guardia Nacional y ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Las bancadas del PAN, PRI y MC expresaron que no había condiciones para citar a un extraordinario, sobre todo porque no hay dictamen de Guardia Nacional en la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, que además convocó a una discusión pública.
Abrirán al público el contenido de los expedientes del que fuera el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). “Se van a abrir los archivos secretos, todos, no va a haber limitación. Estoy por firmar el decreto”, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aclaró: “Había una parte del archivo nacional del país reservado, no va a haber reserva, se van a poder consultar todos los expedientes, lo adelanto”.
El 1 de diciembre, durante su toma de protesta, reveló que la Secretaría de Gobernación contaba con 2 mil 200 agentes dedicados al espionaje que, ahora serán incorporados a las tareas de la Guardia Nacional.
Mañana…
Editorial
Empresas coludidas en robo de combustible
Durante meses y, en algunos casos, años reconocidas empresas dejaron de comprar gasolina a Pemex. Transportistas, comercializadoras, productoras de alimentos y de otros rubros se surtieron del combustible en el mercado ilegal.
Poco a poco, fueron desapareciendo de los centros de abastecimiento en varias partes del país, incluida la Ciudad de México. Reaparecieron hace algunos días, cuando el tema del robo de combustible tomó la dimensión de lo que es: un riesgo para la seguridad nacional.
Entre los buenos oficios propagandísticos del presidente, la escasez de gasolina y la tragedia en Tlahuelilpan, que oficialmente ha dejado hasta ahora un centenar de muertos, el tema ha dominado la agenda pública. Y seguirá muy presente.
Hace justo un mes, el presidente colocó el tema del robo de gasolinas cuando había perdido el control de la agenda pública por la caída del helicóptero donde viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, quien se perfilaba como uno de sus principales opositores.
La referencia al auge del robo de combustible en Puebla durante el gobierno de Moreno Valle fue en ese momento obligada, inevitable.
Desde entonces, ha abundado información sobre los llamados “huachicoleros”, los grupos delictivos, los permisionarios, la ocupación militar de las instalaciones estratégicas de Pemex, y ahora sobre la red de distribución de combustible que el gobierno va a construir de forma paralela a la empresa petrolera.
La Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), ambos de la Secretaría de Hacienda, han presentado cifras que están encaminadas hacia los vendedores del combustible.
Respecto a exfuncionarios del gobierno, el presidente y sus principales colaboradores involucrados en el tema, tienen una salida perfecta: el debido proceso. Es decir, no inculpar a nadie sin antes judicializar las investigaciones. Aunque el presidente sí se animó a mencionar por su nombre al general Eduardo León Trauwitz, titular de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica en el sexenio pasado y protegido del entonces presidente Enrique Peña.
Pero nada han dicho sobre otra de las incógnitas de la ecuación para despejar las responsabilidades: los compradores del combustible más allá de los particulares que adquirían gasolina robada; es decir, las grandes empresas que han participado en la cadena delictiva.
Son responsables no solo por comprar gasolina robada a sabiendas de que era un delito. También, por haber participado en un esquema de lavado de dinero y hasta de defraudación fiscal.
Al comprar combustibles robados, en primer lugar, ayudaban a la delincuencia organizada a introducir en la economía legal activos ilegales. En segundo, al producir bienes o servicios con insumos adquiridos de forma ilegal, lo de menos era la competencia desleal a sus competidores.
Es muy probable que hayan cometido un doble fraude fiscal al manifestar en sus declaraciones costos de sus servicios o procesos productivos como si uno de sus principales insumos, el combustible, hubiera sido comprado en el mercado legal, con su respectivo pago de impuestos.
Si se actúa contra toda la estructura delictiva -integrada por quienes extraían, las autoridades de todos los niveles que lo permitían, los concesionarios o individuos que vendían y las empresas que compraban para sus procesos productivos-, estaremos ante un verdadero combate a ese delito y no frente a una estrategia política que está teniendo altos costos sociales. Veremos.
SOS COSTA GRANDE
(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Inmersos en la tragedia de Tlahuelilpan, que ayer sumaba 100 muertos, quizá ha pasado desapercibido para nosotros los mexicanos que estamos al borde de un conflicto armado en el continente americano, que indudablemente repercutirá en todos los países del hemisferio occidental, sobre todo en Latinoamérica.
De hecho, la posición de México frente al conflicto interno de Venezuela comienza a arrancar críticas, tanto dentro como fuera del país, y sobre todo de los mismos venezolanos, quienes tienen años pidiendo por la intervención externa para aliviar lo que ellos consideran es una dictadura que comenzó con Hugo Chávez y continuó con Nicolás Maduro, quien hace unas semanas se hizo reelegir en el cargo, desatando una reacción en cadena internacional.
Primero, el Grupo de Lima (organismo que se fundó en 2017 en la capital de Perú, para tratar la crisis venezolana), desconoció el triunfo de Maduro. Y el pasado miércoles el presidente del Congreso de ese país, Juan Guaidó, se declaró como presidente “encargado” de la nación, mientras se convoca a nuevos comicios.
Esto era lo que esperaban países como Estados Unidos y Canadá, que de hecho, tienen años imponiendo y recrudeciendo un bloqueo económico y comercial en contra de Venezuela desde la época de Chávez, por considerar que es un país no alineado con su política exterior, acusándolo de violación a los derechos humanos y de conculcar los principios de la democracia, algo que el país vecino se ha negado a declarar contra México, pese a las masacres, al latrocinio institucional y a la corrupción política imperante.
El bloqueo comercial exterior provocó, en parte, una tremenda crisis política, económica y de derechos humanos en Venezuela, al grado de que la gente vive en hambruna, mientras que otros han decidido salir a los países vecinos.
La solución es la salida de Maduro, pero éste se resiste a dejar el cargo, y está acusando a Donald Trump de fraguar un golpe de Estado. Lo que es cierto, es que desde el año pasado Trump pidió a las Naciones Unidas permiso para intervenir en Venezuela, y hacer lo que hicieron en diciembre de 1989 con el presidente de Panamá, el General Manuel Antonio Noriega, a quien acusaron por narcotráfico, pero para disfrazar un conflicto por el control del canal interoceánico de ese país, dado que estaban por vencer los acuerdos que le daban a Estados Unidos la facultad de operar el canal a su antojo, sin que eso se refleje en la economía panameña, que sigue siendo una de las más pobres de América Latina.
En cuanto Guaidó se proclamó presidente “encargado”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo reconoció como tal y ofreció todo el apoyo de su gobierno para sostener la oposición contra Maduro.
Lo mismo hicieron los países miembros del Grupo Lima (GL), con excepción de México, pues si bien este país se integró al organismo en 2017 -que entre otras cosas exige la liberación de los presos políticos, elecciones libres, ofrece ayuda humanitaria y critica la ruptura del orden institucional en el país sudamericano-, con la llegada de AMLO al poder el reciente documento para desconocer el triunfo de Maduro y aislarlo aún más, a fin de obligarlo a firmar una salida negociada a la crisis, ya no lo firmó nuestro país.
Y esto, en lugar de colocar a México en un plano neutral, partiendo de la política de “no intervención” que había distinguido a nuestro país antes del año 2000, como pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo está exponiendo a todo tipo de críticas, al grado de que los venezolanos opositores están catalogando a AMLO como a Maduro y advierten que dentro de poco estaremos igual que ellos.
Y es que aunque con Enrique Peña Nieto México trabajó para convencer a otros países de que abandonaran el apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, a su llegada el 1 de diciembre pasado, López Obrador retomó la política exterior de no intervención (conocida como “Doctrina Estrada”), y de hecho invitó a Maduro a su toma de protesta, si bien hicieron maniobras para que éste llegara tarde a la ceremonia y se fuera antes alegando compromisos inaplazables, de modo que no asistió a la comida en Palacio Nacional y no se cruzó con otros mandatarios, mucho menos con la hija de Donald Trump y el secretario de Estado del gobierno estadounidense.
Hoy, mientras todos los países del GL desconocen a Maduro como presidente de Venezuela, México lo reconoce como tal.
Washington ya sabía que el triunfo de AMLO en México limitaría su estrategia para cercar a Maduro. Y México no necesariamente apoya a Maduro, pero tampoco pondrá presión sobre él, ni denunciará los abusos y violaciones de los derechos humanos de su régimen. Entonces, esto da oxígeno a Maduro, que en su toma de posesión para un nuevo mandato gritó “¡Viva México!”
Lo bueno de todo es que cuando la crisis se agrave, México será el único país capaz de mediar entre las fuerzas políticas venezolanas, por su neutralidad. Bueno, esperemos que así sea, y que no prosperen las críticas de panistas y priístas, que acusan a AMLO de ser padrino de Maduro.
También esperemos que Washington le dé la lectura correcta a la posición del gobierno de AMLO, y no la tome contra nosotros.
Tlahuelilpan: todos tienen culpa
Martín Moreno
Como en la aclamada película Roma, veamos las cosas en blanco y negro. Sin radicalismos que ciegan o crucifixiones que exacerban.
En la aterradora muerte de 93 personas quemadas – hasta la hora de entrega de esta columna-, hay un coctel de irresponsabilidad, negligencia y criminalidad que, a pesar de su alta peligrosidad y a la luz de los hechos revelados, se pudo haber evitado. Pero no ocurrió así.
De nada sirven, ahora, ni acusaciones viscerales ni disculpas huecas o fanatismos extraviados.
Es momento de asumir responsabilidades por que, solo así, se podrán evitar este tipo de tragedias a futuro. Sería, sin duda, un primer paso.
*****
Echemos un vistazo a la postragedia, a las omisiones criminales, a las imprudencias mortales:
PUEBLO. No nos confundamos: una alta dosis de irresponsabilidad hubo en la mayoría de las víctimas en Tlahuelilpan. Cierto: la desesperación lleva al ser humano a cometer locuras. Muchos de ellos no tenían gasolina por días y se conformaban con un garrafón para uso personal. Eso sería entendible y hasta justificable. Sin embargo, había otros dos grupos: los que hacían negocio abiertamente cargando varios bidones para venderlos en la carretera, y los civiles que de forma irresponsable bailaban, se bañaban – literal- y festejaban estar en torno a un chorro de gasolina cuyos olores embotaban sus sentidos y los hacía naufragar en la inconsciencia. Esa imprudencia no puede ser atribuible a nadie más, tan solo a ellos mismos. “La gente no atendió las advertencias”, aseguró el presidente municipal, Juan Pedro Cruz. Se acercaron a libre albedrío y murieron en el intento. Algunos, justificados. Unos, irresponsables. Otros, para lucrar. Sin más.
EJÉRCITO. La omnipresencia de los militares – la hacen de policías, de ingenieros y albañiles en Santa Lucía, de reclutadores de piperos y más chambas que se acumulen-, nada más no acaba de cuajar. Poco aprieta el que mucho abarca, y sin leyes definidas, mucho peor. Y como la pongan: los soldados no pudieron contener a quienes se arremolinaron en torno al ducto mortal. Que quede claro: no estamos hablando de represión, sino de contención. No hablamos de atacar, sino de estrategia. No hablamos de golpear, sino de eficacia. Para eso hay planes, equipos y adiestramientos, y se deben aplicar a rajatabla, precisamente, para evitar tragedias. Pero cuando hay descoordinación, se le abre la puerta a la tragedia. “El Ejército mexicano supo de la toma ilegal de gasolina casi cuatro horas y media antes de la explosión”, es la cabeza del diario El País (a reserva de que lo llamen fifí). Con ese tiempo de anticipación, se pudo haber acordonado la zona y aquí no pasa nadie. Pero se reaccionó tarde. Nada más no se hizo. Las líneas militares fueron rebasadas por la muchedumbre, y allí están las consecuencias. El secretario de la Defensa Nacional debe aclarar a sus generales, capitanes, tenientes y sargentos cuál es la diferencia entre reprimir y contener. Mientras siga esa confusión, que no nos extrañen más tragedias. En Tlahuelilpan, los soldados fueron un cero a la izquierda. Inoperantes. Invisibles. Fallaron.
PEMEX. “El viernes a las 14:30 horas, Sedena detecta la toma clandestina. A las 18:20 se cierran las válvulas. A las 18:52 es la explosión y esto se debe a que la zona de las válvulas está en la parte baja del ducto y se conserva una buena parte del producto y de la presión. A las 18:52 horas, el cuerpo de bomberos de Tlahuelilpan recibe el reporte de explosión en toma clandestina”, palabras del propio secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo. Casi 4 horas se tardó Pemex en cerrar el ducto y evitar así mayor acumulación de combustible. (El lunes pasado, en Teocalco, Hidalgo, cerca de Tlahuelilpan, se registró otra fuga en ductos, pero allí sí se reaccionó rápidamente: se cerraron válvulas a tiempo y se acordonó la zona. No hubo desgracias. ¿Verdad que sí se puede?).
CRIMEN ORGANIZADO. A estos criminales se les debe cercar, arrinconar, detener y encarcelar. Mientras no haya un escarmiento en contra de los huachicoleros – mostrándolos públicamente al ser detenidos, exhibiéndolos con nombres y apellidos-, seguirán bajo el manto de la impunidad, que es la madre de las tragedias. ¿A cuántos huachicoleros se han detenido? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué procesos enfrentarán? Mientras el gobierno no responda a estas interrogantes que están en la boca de millones, persistirá la percepción de que no se les está castigando de manera ejemplar.
AMLO. El presidente de México
no debe llamar públicamente “traviesos” a los huachicoleros, como ya lo ha
hecho. No, señor López Obrador: son criminales a los que hay que enfrentar con
dureza y un primer paso es identificarlos ante el mundo por su nombre. Tampoco
debe AMLO seguir confundiendo conceptos y orígenes, cuando recalca que “la
pobreza obliga a la gente a robar gasolina…”. Tal vez haya algunos casos así,
pero la mayoría de quienes participan en el huachicoleo pertenecen a
estructuras criminales que no responden precisamente al concepto de pobreza y
sí, en cambio, a los parámetros del crimen organizado: el robo, el dinero
fácil, la violencia, la impunidad. Ni todos los pobres son buenos ni todos
roban por necesidad. Y mientras AMLO siga con esa confusión, seguirá contagiando
de incertidumbre a su equipo y generando decisiones erróneas.
Van 93 muertos y contando en Tlahuelilpan. Otro tanto de heridos, algunos graves. Mientras autoridad irrelevante y pueblo irresponsable se mezclen, continuarán las tragedias. Esa es una ecuación mortal.
Los fanáticos que todo le aplauden al gobierno trepados en 93 cadáveres, seguirán así, cegados por la adoración. No tienen remedio.
Los enemigos a muerte del gobierno de AMLO trepados en 93 cadáveres, seguirán así, cegados por el odio. Tampoco tienen remedio.
Y quienes estamos en medio, intentemos entender las cosas para poder explicarlas y así evitar que la autocomplacencia o el juicio precipitado también nos cieguen.
Por lo pronto, a seguir rezando para evitar otro Tlahuelilpan.
Pueblo religioso…
Editorial
Romero Deschamps, cuenta regresiva
Es cuestión de tiempo y las manecillas del reloj caminan en contra del millonario líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, quien se ha convertido en símbolo emblemático de la corrupción del sistema político priista y de la descomposición de Petróleos Mexicanos de la que se ha servido para sus intereses particulares desde 1996.
Romero Deschamps es el representante de la sección 35 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) que abarca Azcapotzalco, en la Ciudad de México, y Tula de Allende, Hidalgo, entidad donde ocurrió la tragedia del incendio de Tlahuelilpan el viernes pasado.
Este lamentable evento con 93 muertos y 49 heridos podría acelerar la salida de Romero Deschamps del STPRM y también el inicio de las investigaciones judiciales pendientes sobre la riqueza inexplicable que ha acumulado en 23 años al frente de la representación sindical.
Originario de Tampico, el poder de Romero Deschamps ha crecido bajo la egida del PRI del que ha sido cinco veces legislador: tres veces diputado federal (1979-1982, 1991-1994 y 2000-2003) y dos veces senador (1994-2000 y 2012-2018).
En la pasada campaña presidencial, se presentó un par de ocasiones en los actos del candidato del PRI, José Antonio Meade, a quien le reiteró su apoyo incondicional y el voto del sindicato petrolero. A pesar de este respaldo, el aspirante ciudadano con camiseta priista perdió.
En el 2000 Romero Deschamps hizo lo mismo con el candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida, a quien le entregó no solo el voto petrolero sino mil 500 millones de pesos de los fondos sindicales para su campaña.
En 2003 la Procuraduría General de la República inició un proceso judicial por el delito de peculado electoral, el famoso Pemexgate, el cual fue suspendido en 2006 por falta de pruebas y en 2011 cerrado de manera inapelable. Aunque la justicia no se aplicó a Romero Deschamps, en términos electorales el Instituto Nacional Electoral le aplicó una multa al PRI por mil millones de pesos.
Reflejo del desgaste del PRI, la figura poderosa de Romero Deschamps también ha menguado con el tiempo, ya no tiene el mismo control sobre el sindicato petrolero. Hay varios grupos disidentes que solo están esperando a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador inicie las investigaciones judiciales para desconocerlo como su representante sindical.
Entre los grupos disidentes se encuentran el Movimiento Regeneración Nacional Obrero y Sindical (Morenos), Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros, Gran Alianza Petrolera y el Frente Nacional Petrolero. Estas agrupaciones representan una buena parte de los 113 mil que forman el STPRM y que ya no están dispuestos a seguir apoyando a Romero Deschamps.
La cuenta regresiva del líder petrolero ya empezó. Su destino depende de la voluntad de López Obrador, si se atreve a aplicar la justicia en lugar del perdón. Hasta ahora Romero Deschamps no se ha presentado a la toma de nota del sindicato por parte de la Secretaría de Trabajo, pues según algunas versiones, se encuentra fuera del país para evitar las denuncias que ya se preparan en su contra.
Por cierto… El 18 de marzo entrante, en el 81 aniversario de la expropiación petrolera, podría ser la hora cero para Romero Deschamps, es una fecha propicia para anunciar una nueva etapa de Pemex y su sindicato.