Editorial

Razones de AMLO contra la prensa fifí

Fue muy costoso políticamente para AMLO echar para atrás el proyecto del aeropuerto de Texcoco, que llevaba ya un 30 por ciento de avance, a cambio de una propuesta (Santa Lucía) que parecía resultado más de un capricho que de una investigación financiera, ambiental y aeronáutica profunda.

Sobre lo de Santa Lucía sigo teniendo dudas, pero la información que este viernes escuchamos sobre las tripas del NAIM, le dan la razón al Presidente. Los responsables del proyecto, ahora lo sabemos, ocultaron el verdadero costo (que habría ascendido a 17 mil millones de dólares en lugar de 13 mil, sólo para la primera etapa que ampliaba por muy poco la capacidad del actual aeropuerto), carecían de una solución para financiar esa ampliación de presupuesto, ofrecieron contratos leoninos a favor de diseñadores y constructores con cargo al erario. El abuso, la desmesura, el ocultamiento doloso y el castigo a las finanzas públicas fue sistemático y de proporciones mayúsculas. Al Gobierno de AMLO le costó 3 mil millones de dólares recomprar bonos en manos de tenedores y resolver o disolver más de 500 contratos, pero a pesar de este costo se salvó de cargar con una inversión adicional de casi 20 mil millones de dólares que habría costado el proyecto, más todas las obras de acceso y servicios públicos que no se habían contemplado.

Y aquí permítaseme un paréntesis. También hemos criticado la obsesión de López Obrador con lo que él llama la prensa fifí y en particular su aversión al diario Reforma. Nos parece injusto y muy poco presidenciable, por decir lo menos. Un jefe de Estado tendría que tener la piel más dura y dejar de subir al ring a quienes le critican. Pero también habría que tomar registro del sesgo de muchos medios, que le dieron escasa importancia a las explosivas revelaciones que deja el reporte sobre el NAIM. Durante meses la cancelación del nuevo aeropuerto ocupó titulares y ríos de tinta en columnas y notas de prensa; la decisión de AMLO fue ridiculizada y desacreditada en todos los tonos posibles. Hoy que el dato duro muestra de manera contundente que el NAIM era insostenible técnica y financieramente, es decir, que el Presidente tenía razón, la noticia fue minimizada por muchos de estos medios.

Algo similar sucede con la guerra en contra del huachicol. Los errores y las precipitaciones cometidas, el desabasto momentáneo, las pérdidas en vidas humanas fueron exhibidas ad nauseam, y no podía ser de otra manera. Trastocó la vida de muchos ciudadanos. Pero el reporte sobre los primeros resultados de esta campaña también merecía una difusión infinitamente mayor de la que tuvieron a bien concederle los medios. En noviembre pasado se robaban 81 mil barriles diarios de combustible, en marzo el promedio por día descendió a 8 mil barriles y en lo que va de abril a 4 mil. El huachicol está lejos de haber sido derrotado, pero a juzgar por los resultados constituiría la primera gran victoria en muchos años de un Gobierno mexicano en contra del crimen organizado. El tema, sin embargo, apenas ha merecido menciones marginales en la mayoría de los medios de comunicación.

Está claro que el Gobierno de López Obrador se encuentra en una complicada curva de aprendizaje. Hay claroscuros a todo lo largo de estos primeros cinco meses. Aciertos que sus seguidores convierten en motivo de adoración y desaciertos que sus detractores usan para exacerbar el odio y la descalificación. La prensa profesional, los columnistas, los líderes de opinión, tendríamos que actuar en beneficio de un espacio público más sano, en el cual se cuestionen los errores y se registren los logros. Si a AMLO le va mal, le irá mal a todo el país porque no debemos olvidar que le quedan 5 años y medio a este sexenio. No se trata de aplaudirle incondicionalmente, pero tampoco de descarrilarlo. Hacerle hoyos a la lancha y hundirnos sólo para demostrar que la embarcación no era navegable resulta absurdo.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Las circunstancias van empujando al gobierno federal, y este viernes, con por lo menos dos meses de anticipación, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, echó a andar las primeras coordinaciones de la Guardia Nacional. Esto pese a que todavía no se discuten ni mucho menos aprueban las leyes secundarias del organismo, proceso que comenzará el 13 de mayo en el Senado de la República, en el marco de un periodo extraordinario de sesiones.

Como se esperaba, la primera coordinación que se abrió fue la de Minatitlán, Veracruz, donde el Viernes Santo hubo un baño de sangre en un antro, en que varios adultos, jóvenes y menores festejaban un cumpleaños. Tras el ataque, murieron 14 personas, entre ellos un bebé de 2 años, así como el dueño del local, y hubo varios heridos.

Posteriormente se instaló otra coordinación en una zona crítica de Oaxaca, y se anunció la presencia de 600 agentes de la Guardia Nacional en Acapulco, en los próximos días.

En la Ciudad de México ya se tiene presencia también de la Guardia Nacional, pero se trata de un operativo menos ostentoso que el de Veracruz.

Y es que el ataque de Minatitlán colocó al gobierno de López Obrador ante una encrucijada. Lo culparon del ataque. Le recordaron que había prometido paz y seguridad. Él mismo trató de defenderse de sus detractores, señalando que la violencia viene de gobiernos anteriores, y que los que ahora se rasgaban vestiduras, toleraron todo lo que sucedió en sexenios pasados, sobre todo los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Los analistas políticos han sido implacables contra el presidente. Quieren que haga en un trimestre, lo que los demás no hicieron en sexenios enteros.

Incluso hubo quienes consideraron la probabilidad de que el ataque en Minatitlán hubiese sido premeditado, pensando en que Veracruz es el único estado gobernado por Morena, y donde los dos últimos gobernadores, uno del PRI y otro del PAN, dejaron una estela de violencia y corrupción. El objetivo era dejar mal parado al partido lópezobradorista, por la cercanía de la elección en Puebla, y la antesala de elecciones en otros estados, Guerrero entre ellos.

Otros comentarios menos graves, explicaban que Minatitlán pasó a ser desde hace mucho tierra de nadie, como lo era también la zona del huachicoleo en Hidalgo, donde se registró el estallido de un ducto, mientras los vecinos robaban combustible y hacían fiesta por el atraco a un bien nacional.

Los defensores de derechos humanos, por su parte, volvían a sus frases comunes: que lo que sucedió en Minatitlán –ejemplo de lo que ha sucedido en muchas otras partes del país, como en Iguala en 2014, con los estudiantes de Ayotzinapa, era parte de la descomposición social.

En medio del dolor, de la ofensa, de la indignación social, y contrario a lo que Peña Nieto hizo en el Caso Ayotzinapa, el presidente López Obrador tomó el torpor los cuernos y adelantó la entrada en vigor de la guardia Nacional, poniendo en marcha la primera de 266 coordinaciones en que se dividió el país para efectos de blindarlo, combatir a los grupos delincuenciales y devolverle a los ciudadanos la paz robada desde hace por lo menos 13 años.

El plan era que a mediados de junio, ya estarán funcionando 51 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional con 25 mil elementos. Era necesario que en el Congreso federal se discutieran las leyes secundarias. Y mientras tanto, continuaríamos con el mismo esquema de seguridad heredado del sexenio pasado, y los estados también moverían sus propios programas.

El presidente prometió algo en el marco del lanzamiento de la Guardia Nacional: Que habrá combate parejo a los grupos o personas que violen las leyes vigentes.

“No se va a perseguir a grupos delincuenciales para proteger a unas organizaciones criminales de otras”, dijo, en alusión a que los gobiernos solían combatir a un cártel, pero para proteger a otro, haciendo una historia interminable de relevos, ventas de plaza, limpias y todo lo que deriva de la eterna reconquista de territorios.

López Obrador aseguró que en su gobierno ya se pintó la frontera entre las autoridades y el crimen organizado. “No va a haber mescolanza, no va a haber contubernio. Esto también significa que no se va a perseguir a una banda para proteger a otra como también se llegó a hacer”, sostuvo.

Y, ojo, se revisará concienzudamente el comportamiento de los fiscales generales de los estados, para que “las denuncias no se vayan al congelador”. Al contrario, indicó que habrá transparencia en las detenciones y que se cuidará que los casos denunciados se atiendan, en lugar de lo que ahora sucede: que los detenidos más tardan en ser presentados ante los ministerios públicos, que en ser liberados, como si esa fuera la consigna.

El presidente dijo que también se continúa con la limpia al interior de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para que “ningún juez libere a personas que esté demostrado están cometiendo ilícitos”.

En resumen, les cayó la voladora a todos los involucrados en la administración de la justicia.

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

AMLO confirma desaparición de la ZEE

“Nada es más caro que una oportunidad perdida”. H. Jackson Brown.

Mis estimados, en México vamos reculando como los cangrejos, pa’ tras, pues es preocupante lo que acontece en materia de política económica del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No habíamos visto en el México lindo y querido, tanto desliz por parte de un mandatario federal en una misma semana. Son alarmantes las acciones; por ejemplo, el mandatario festejó con alegría la cancelación del Consejo de Promoción Turística de México, porque “era un barril sin fondo; no se fomentaba el turismo, se utilizaba el dinero para comprar lealtades, voluntades, para pagar publicidad en periódicos. Entonces, algunos están inconformes porque ya no hay derroche”, dijo AMLO.

Sin duda que la cancelación del (CPTM) traerá consecuencias graves al país, en relación al turismo, pues en las condiciones de inseguridad y violencia que hoy vive México, requiere de colaboraciones por parte de un organismo especializado en el rubro turístico.

Insistimos que México requiere hoy más que nunca no de una manita de gato para limpiar la imagen ante el mundo, pues en el extranjero el país está muy mal parado, de nación violenta no la bajan; entonces, el presidente AMLO, antes de festejar la anulación del Consejo de Promoción Turística de México, debió decir a los mexicanos qué organismo va encargarse de esa tarea, pues ellos saben la derrama económica que deja la industria sin chimenea en México, y también conocen bien las alertas de los gobiernos extranjeros que recomiendan a sus connacionales no viajar a este país por la altos índices de inseguridad y violencia que aquí se viven.

En serio, mis estimados, estamos en aprietos los mexicanos, no sabemos hasta dónde vamos a parar con estas decisiones tan desventuradas del gobierno del presidente AMLO; sin embargo, los más infelices seremos los guerrerenses y los michoacanos, pues también el mandatario federal anuncio ayer la desaparición por completo de las Zonas Económica Especiales (ZEE). A la pregunta de los reporteros en el sentido de si era cierto que se terminaba ese proyecto, contesto: “Sí, totalmente, y estoy esperando que se apruebe la Ley de Austeridad; si veo que pasa el tiempo y no se aprueba, como depende de nosotros, memorándum, memorándum interno, para que nadie vaya a pensar que es lo mismo. No, el cambio va. No es fácil, pero va. Se oponen, ya nadie va a hacer negocios al amparo del poder público. Es que tenían tomado, secuestrado al gobierno”.

Esto lo dijo el presidente AMLO en relación a la cancelación de las ZEE, pues a decir el mandatario federal sirvieron estas zonas económicas especiales para hacer negocios al amparo del poder público, sobre todo en la compra de terrenos, donde derrocharon recursos; y criticó al presidente Enrique Peña Nieto por el proyecto.

“Según, la ZEE era supuestamente para ayudar, pero nunca ayudaron, hicieron negocios, compraron terrenos y derrocharon recursos, no se benefició en nada. Queda totalmente enterrado el proyecto de crear siete Zonas Económicas Especiales en el país, impulsado por el gobierno anterior. Lo vamos a enterrar por completo con un decreto presidencial, que ya analiza la consultoría jurídica del Ejecutivo Federal”, dijo el mandatario (La Jornada el pasado miércoles 24).

No obstante, AMLO optó por dejar la zona económica del Istmo de Tehuantepec, tal como se los dije en este espacio, pues ya lo había confirmado con esta escribidora la diputada federal Maricarmen Cabrera Lagunas. Ella me comentó que sólo dejarían como ZEE la del Istmo de Tehuantepec, pero que la de Guerrero desaparecería, así como las demás distribuidas en puntos estratégicos del país.

Con la confirmación de la cancelación de las ZEE corroboro que es más de lo mismo. La Cámara de Diputados se mueve a la orden del emperador del Palacio Nacional. Según el mandatario federal, en lugar de esas zonas van a crear una zona libre con seis parques industriales a lo largo del Istmo de Tehuantepec, que une a los puertos de Salinas Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz, pues dijo que ésta es la región de mayor rezago en el país. El responsable del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, Rafael Marín Mollinedo, expuso que la zona libre incluirá parques industriales de 500 hectáreas cada uno, con incentivos fiscales similares a los otorgados en la frontera norte. Con ello, pretende el gobierno del presidente AMLO incentivar la economía de los ejidatarios, pues comprarán terrenos ejidales, según para que los propietarios se beneficien y no se queden nomás viendo cómo pasa el progreso y el desarrollo, sin que se les incluya, dijo Marín Mollinedo.

Exacto. Eso mismo pretendían hacer en Guerrero y Michoacán; incluso, los ejidatarios invirtieron dinero que no tenían para pagar abogados que les asesoraran para que ellos pudieran reunir los documentos correctos de sus terrenos, para que los pagara el gobierno. Y un requisito que les exigían eran escrituras; el que no tuviera el terreno escriturado, no le compraban. Y eso es verdad, el gobierno no compra problemas, desde que los ejidatarios son problemáticos, pues piden que les paguen varias veces sus predios; desgraciadamente esa mala fama hay en la entidad con los ejidatarios, nadie les quiere comprar porque piensan los compradores que adquieren un problema.

Por eso los señores ejidatarios de Guerrero y Michoacán buscaron asesoría para poder vender sus predios, para afincar la ZEE Puerto Unión, pero ahora se quedaron como el chinito, nomás milando, y lo peor endeudados con abogados.

El mandatario federal eligió la zona libre del Istmo de Tehuantepec, porque vio rezago económico en el Sur y Sureste con respecto a los del Centro y Norte del país. Sin embargo, a mi parecer el mandatario federal sigue marginando a los estados de Guerrero y Michoacán, dos entidades que han sido muy golpeadas por el crimen organizado y que atesoran centenares de personas viviendo en extrema pobreza y marginación. Por eso en estos dos estados se reproducen los sicarios, porque vive la gente en total marginación y olvido por parte de los tres órdenes de gobierno; y que ahora que tenían estas dos entidades la oportunidad de la Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas-La Unión, para proveer de empleos a centenares de personas, se la arrebató el gobierno federal sólo porque no es un proyecto que reúna sus propias expectativas. Pobres guerrerenses y michoacanos, tan lejos de Dios y ahora también del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y no crean que sólo por ahí “chupó Faros” esa entidad; también nos tocó a los guerrerenses bailar con la más fea, con relación al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), pues al momento de su cancelación los más desprotegidos en la publicidad seríamos los destinos del estado de Guerrero, y también de Michoacán. ¡Qué mala puntada!

El estado suriano cuenta con al menos 44 municipios con vocación turística, que con la cancelación del CPTM pasan a ser los más perjudicados. Aunque no los promovían directamente a ellos, sino que promovían al Triángulo del Sol (Acapulco-Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco de Alarcón), pero esa publicidad aportaba beneficios indirectos a los destinos pequeños del estado.

Estos destinos en su mayoría pertenecen a municipios muy pobres, que requieren apoyo de la Federación para su promoción y desarrollo.

Por su parte, el estado de Michoacán cuenta con más Pueblos Mágicos, que también los canceló la Federación. A esa entidad le ha llovido muy fuerte sobre mojado, pues también con la cancelación de la reforma educativa, los maestros estatales de Michoacán serán responsabilidad del estado; y con la pobreza que se porta el gobernador Silvano Aureoles Conejo, valió chichi de iguana la educación en esa entidad michoacana.

Guerrero se salva por ese lado, porque son pocos los maestros estatales en la entidad. Pero, ojo señores, no olviden este artículo, guárdelo en su ropero: Hoy la educación en México sufre el peor retroceso de su historia; sin embargo, para los que dudan, estén alertas, pues no falta mucho para que la educación la municipalice y los municipios sean obligados a pagar a sus docentes; y con la pobreza que hay en la entidad, 76 municipios se quedarían sin educación, pues tal vez cinco ayuntamientos sí puedan pagar a sus profesores, me refiero a Acapulco, Zihuatanejo, Taxco, Chilpancingo e Iguala. Pero los demás no tienen ni el alma completa, cuanto menos para solventar una nómina magisterial. Y es aquí donde la puerca va a torcer el rabo y los marranitos el rabito. Entonces los municipios van a estirar la cobija hasta donde les alcance, pero al no poder solventar la nómina magisterial tirarán la toalla. Entonces, las escuelas pasarán a la iniciativa privada, y ahora sí, sólo van a estudiar los hijos de los padres que puedan pagar una colegiatura, mientras que los estudiantes que no tengan recursos para pagar una educación privada, se quedarán sin estudiar. Y vaya que son miles de estos estudiantes que pueden quedar sin educación. Y no crean que falta mucho para eso, falta bien poquito. Con la actitud del gobierno de AMLO, no duden que se apresure este drama educativo.

Por cierto, a esta casa editora llego una petición de ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador, por parte de estudiantes beneficiados con las becas de preparatoria del área de la Costa Grande de Guerrero, ya que dicen los estudiantes que deben ir a cobrar su cheque al Bansefi, y no hay ninguna sucursal de ese banco en esta región; por lo tanto tienen que trasladarse hasta acapulco o Lázaro Cárdenas, Michoacán, y están muy lejos esas dos ciudades. Además, la beca que les llega es de mil 600 pesos, y mitad del dinero lo gastan en los pasajes. Por eso hacen un llamado al mandatario federal, para que les cambie el banco. Ahí tienen, muchachos, esperamos tengan respuesta favorable a su petición.

Por otro lado, mis estimados, hoy arranca el torneo de Pez Vela en Puerto Vicente Guerrero. La comisaria Silvia Araujo, invita a los aficionados al deporte de la pesca para que vayan a participar y de esa manera apoyen el destino de Puerto Vicente Guerrero, municipio de Tecpan de Galeana. Oigan, no sean gachos, apoyen al destino. Todavía hay espacio para competidores y los premios están de rete chupete. Si van, me mandan video porque con la gripa que me cargo no tuve humor de inscribirme al torneo, ni de rentar una lancha para irme a pescar un pez vela a Puerto Vicente Guerrero. Jejeje. Éxito a los competidores. ¡Feliz fin de semana!       

Editorial

Protejamos la Tierra, el planeta azul

La alta mar forma un vasto patrimonio mundial que cubre el 61 por ciento del área del océano y el 73 por ciento de su volumen. Abarca un sorprendente 43 por ciento de la superficie de la Tierra y ocupa el 70 por ciento de su espacio vital, incluyendo tierra y mar. Estas aguas internacionales albergan una impresionante riqueza de vida marina y de ecosistemas, y, en virtud de su enorme extensión, son esenciales para el funcionamiento saludable del planeta. La vida marina que habita este mundo es el motor de la bomba biológica del océano: captura el carbono en la superficie y lo almacena a gran profundidad. Sin este servicio esencial, nuestra atmósfera contendría un 50 por ciento más de dióxido de carbono y la temperatura del planeta sería tan alta que se volvería inhabitable.

Lamentablemente, a pesar de su importancia para nuestra supervivencia, al estar fuera de las fronteras de nuestro mundo terrestre estas áreas están fuera de la jurisdicción nacional. En tierra, se han trazado la mayoría de las fronteras y los actos de las personas y las naciones han sido regulados por ley. Pero más allá del alcance del control nacional, la última frontera del mundo (la alta mar y las profundidades del océano) sigue siendo un lugar donde unas leyes débiles y una mala gobernanza han permitido que el saqueo continúe casi sin control.

Actualmente unas cuantas naciones ricas explotan la vida marina con fines de lucro bajo la libertad otorgada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Sin embargo, esa misma convención conlleva deberes que se han ignorado en gran medida, como conservar los recursos marinos vivos y proteger y preservar el medio ambiente, incluidos los ecosistemas y hábitats raros o frágiles.

La vida marina en alta mar y en las profundidades oceánicas ha sufrido como consecuencia de la negligencia de la administración unida a la oportunidad y a la codicia.

Muchas de las especies más icónicas -como los albatros, las tortugas o los tiburones- han sufrido dramáticas disminuciones en sus poblaciones en el espacio de unas pocas décadas. Hábitats como los arrecifes de coral de aguas frías o los campos de esponjas, en ocasiones de siglos de antigüedad, han sido destruidos por los equipos de pesca pesados que se arrastran a lo largo de los fondos marinos. Incluso han disminuido poblaciones de especies que deberían haber estado bajo una administración estricta, lo que destaca el fracaso de las organizaciones encargadas de supervisar su explotación para cumplir incluso con este mandato limitado.

Por ejemplo, la población de atún rojo del Pacífico se ha desplomado a menos del 3 por ciento de su abundancia histórica según señala un reporte de la comunidad científica que -con base a esta realidad- recomienda proteger al menos el 30 por ciento de nuestros océanos para antes del 2030.

El valor de las reservas marinas totalmente protegidas (los santuarios marinos) como herramienta clave para proteger hábitats y especies, reconstruir la biodiversidad oceánica, ayudar a los ecosistemas oceánicos a recuperarse y mantener los servicios ecosistémicos vitales, se reconoce ampliamente y se refleja explícitamente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas número 14 y en la Meta de Aichi número 11 del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica de la CDB 2011 – 2020.

Estamos a tiempo, lo necesitamos, porque sin la mar, sin su equilibrio, sin sus servicios, la Tierra no podría existir y nosotros como humanidad, tampoco.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Para los guerrerenses, sigue siendo un enigma la forma en que se maneja el Poder Judicial del Estado. Pero de lo que sí estamos seguros es que al seno del Tribunal Superior de Justicia, se cocina todo tipo de delitos imputables a los servidores públicos, como el nepotismo en las designaciones de cargos, tema en el que los magistrados ponen, imponen y disponen, en un enredado reparto de cuotas de poder entre los togados.

Pero no sólo los magistrados llevan mano en esto, sino también funcionarios de menor rango, que se ceban sobre los cargos de jueces de control y ejecución penal, algo tan crucial en el nuevo sistema de justicia penal, que los tristes resultados que se tienen en Guerrero en materia judicial se deben precisamente a que esos cargos se entregaron en una subasta entre cuates, y no por sus perfiles, sin respetar los exámenes de oposición.

Hasta donde logramos entender este asunto, los magistrados son propuestos por el gobernador en turno, pero votados por el Congreso local. Obviamente los criterios que prevalecen no son los profesionales y de perfil, sino que es un asunto entre amigos y familiares (y hasta “protegidos”), pues todo cargo público es bueno para el pago de favores electorales.

Y si el gobernador propone, el Poder Legislativo le hace el favor de que todo salga a pedir de boca; incluso suelen presentarse ternas disparejas, en las que uno es el bueno y los demás son los rivales más débiles; desechables, pues. Mentira que se tengan convocatorias abiertas y exámenes de oposición, o cosas por el estilo.

Ahora mal, ¿qué sucede en el Congreso, una vez que la pelota está en su cancha? Todo se mueve en función de intereses partidistas: por un lado, está el partido interesado en quedar bien con el gobernador, sobre todo los plurinominales, pues para eso justamente los enviaron a esa tribuna. Y luego están los partidos interesados en llevar mano de este tipo de negociaciones. No es que les importe quién llegue como magistrado, sino que lo que importa es vender el voto para que el partido que sí está interesado logre su objetivo.

Y así es como se da la compra-venta de votos en el Pleno del Congreso local, cosa que ha existido por siempre, hasta convertirse en “parte de” la vida legislativa en el estado, y donde los diputados no votan libremente, sino a juicio de sus coordinadores, y estos a su vez a juicio de su partido –cuando se da el caso de que no haya gobernador afín-, pero sobre todo a juicio del gobernador en turno. Todo esto corrompe de origen al Poder Judicial, que como denunciaron diputados de Morena desde el pasado martes, es un verdadero nido de corrupción y nepotismo. La fracción parlamentaria de Morena denunció que magistrados, jueces y funcionarios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) beneficiaron a esposas, hijos, familiares y amigos otorgándoles plazas de jueces de control y ejecución penal, sin contar con carrera judicial ni el perfil.

De acuerdo con la diputada Nilsan Hilario Mendoza, los ganadores del concurso para elegir a los jueces de control y de ejecución penal, no acreditaron los requisitos de elegibilidad establecidos en la propia ley y no cuentan con carrera judicial de conformidad con los artículos 97 y 163 de la Constitución local.

Los nueve acreditados como jueces de control son, siempre de acuerdo con el informe de Morena: Víctor Hugo Nava García, hijo del magistrado Félix Nava Solís; Yolanda Morales Silva, quien se desempeña como proyectista del magistrado Nava Solís “y protegida del magistrado Paulino Jaimes Bernardino”, dijo la diputada.

Francisco Michel Espinoza Larios, hijo del consejero Francisco Espinoza Grado, y su proyectista, Reyner David Ramírez, también fueron designados como jueces de control, al igual que Luis Jesús Hernández, sobrino político del secretario general de acuerdos del TSJ, Juan Sánchez Lucas.

En la lista se encuentra también, Evelyn Ramírez Venegas, “protegida” del magistrado Víctor Arellano Justo; Mario Hernández, “protegido” del asesor de la presidencia del TSJ, Adrián Vega Cornejo. Verónica Roldán, quien es auxiliar de la magistrada Norma Leticia Méndez Abarca, y Erick Serrano Aguirre, proyectista del consejero magistrado Alfonso Vélez Cabrera.

Los cuatro jueces de ejecución penal son: Celia Croman Flores, esposa del juez Bartolo Currichi Meza; María Teresa Sánchez Romero, sobrina del secretario general de acuerdos del TSJ, Juan Sánchez Lucas, y esposa del juez de Control Luis Enrique Hernández. 

Génesis Hernández Rodríguez, esposa del magistrado Raúl Calvo Sánchez, y Flaviano Alfaro Fierro, secretario auxiliar de la Secretaría General de Acuerdos del TSJ, área que preside Juan Sánchez Lucas.

En el exhorto que propusieron los diputados de Morena pedían también al presidente del TSJ, Alberto López Celis, que entregara  al Congreso un informe de los métodos de selección, criterios, lineamientos y bases para el otorgamiento de plazas a las juezas o jueces de control y juezas o jueces de ejecución.

Las bancadas del PRI y PRD votaron en contra y el punto de acuerdo fue turnado a comisiones. ¿Qué tal?

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

¿Y el Sistema Nacional de Inteligencia, apá?

Sin duda, mis estimados, todos los mexicanos anhelamos que el gobierno controle la violencia e inseguridad que tiene de cabeza al México lindo y querido. Aunque moleste a muchos mi petición, es necesario que comencemos a gritar para que se ponga un alto a las matazones, secuestros, robos de autos con violencia y un largo etcétera. Los mexicanos no podemos seguir siendo tan indolentes ante semejantes hechos. Si a su familia no la han atacado, de todos modos levante la voz, pues al paso que vamos no tardará el dolor en tocar su puerta. Así que no espere que llegue el daño para levantar la voz, hágalo ahora.

Con esto, no estoy invitando a nadie a que se rebele contra el gobierno; no, los problemas se proponen y se dialogan, no se apasione con nada ni con nadie.

Al presidente AMLO se le hizo bolas el engrudo en relación de la seguridad y violencia; dijo que se comprometía a que en seis meses bajarían los niveles de inseguridad en el país, promesa que inquietó a los analistas en seguridad, quienes de inmediato comentaron que es muy aventurado, que es algo inviable, que es prematuro decir que en seis meses bajarán los niveles de inseguridad en el país, porque en ese lapso es imposible revertir todo lo que durante 13 años se ha hecho. Que el presidente no cumplirá su meta, que la seguridad no mejorará.

Los expertos en seguridad comentan las razones de por qué no cumplirá su promesa el mandatario de bajar los niveles de inseguridad en el país en seis meses. Jorge Lara Rivera, académico de la Universidad Panamericana, especializado en temas de seguridad, afirmó que el presidente, “al darse cuenta de que no redujo la violencia en los primeros días de su mandato, está comprando más tiempo, pero si no cambia su estrategia pasarán otros seis meses y hará lo mismo, saldrá a poner un pretexto de por qué no logro disminuir la inseguridad. Lo que dijo en su conferencia es aventurado, no puede asegurar algo sin decir cómo lo hará”.

Según Lara Rivera, el equipo de seguridad del mandatario debe dar a conocer las acciones concretas para reducir la inseguridad y no establecer plazos.

Los analistas en seguridad entrevistados por el diario El Universal, coincidieron que el gobierno de AMLO no cuenta con una estructura bien organizada en materia de seguridad. Y para muestras un botón: en su columna, Carlos Ramírez expuso que “seguridad no es el pasado sino atraso en Sistema de Inteligencia”. Tienen que leer el artículo, mis estimados, para que se den cuanta del tamaño del peligro en el que está incrustado el país.

Y, por favor, no me quiera hacer jabón para bañar perros callejeros; antes, primero lean el texto de Ramírez y después me critican. Ahí el articulista comienza diciendo que de las matanzas en Guanajuato, Morelos y Veracruz no se puede responsabilizar al sexenio anterior, sino que fueron producto de una desordenada estrategia nacional de seguridad pública del nuevo gobierno.

Expone: “Toda la atención se ha centrado en la organización de la Guardia Nacional, sin que se vea algo concreto en unos de los ejes de la estrategia, como la creación del Sistema Nacional de Inteligencia. Aun cuando hubiera cierta malicia criminal en funcionarios del pasado para organizar ataques masivos como los perpetrados en estos cuatro meses, lo mejor hubiera sido señalar con pruebas a los responsables. Si Enrique Peña Nieto seguirá cargando toda su vida el fardo de los 43 normalistas de Ayotzinapa por un error grave de inteligencia, culparlo de la masacre de Minatitlán suena a justificación malvada.

“Toda estrategia de seguridad se basa en tres pivotes: La organización policiaca, el liderazgo de los funcionarios y jefes policiacos y sobre todo a inteligencia. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le cedió el Centro de Investigación y Seguridad Nacional a su nueva área de seguridad y le dio el nombre de Centro Nacional de Inteligencia, pero antes lo hundió en el desprestigio y desnudó sus incompetencias con la apertura parcial de archivos”.

Éste es un párrafo de la columna, léanla toda para que estén enterados, y al menos sepan por dónde les llegará el madrazo. Y no crean que es broma lo que les digo, es en serio, pues un país como México mayormente por los grupos criminales que se disputan a sangre y fuego las plazas, no puede ni por unas horas estar sin un aparato de inteligencia nacional, pues estos “equipos” son de carácter estratégico y de atención, prevención, coordinación y seguimiento de riesgos y amenazas, esto también lo dijeron los analistas en seguridad.

Ahora sí pueden sacar su conclusión, mis estimados, y determinar si en seis meses bajarán los niveles de la inseguridad en el país que prometió el presidente AMLO. En verdad deseamos que así sea; no obstante, con buenos deseos no se solucionan los problemas.

Cuando leí el texto me dio escalofrío al darme cuenta que el país no tiene un sistema nacional de inteligencia operando; con razón todos roban en México, y los grupos delictivos cada día se adueñan más del territorio nacional y cada vez son más agresivos.

También en nuestro país hay redes de colombianos operando con toda impunidad, secuestran, roban autos, y en Guerrero matan y extorsionan; son un verdadero peligro para los guerrerenses, principalmente en Acapulco son peligrosos, ¿y quién los vigila? Nadie. La Guardia Nacional no viene a hacer ese trabajo, así que esas redes seguirán operando, matando, secuestrando y extorsionando.

A leer el artículo vino a mi mente el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), aunque lo insultaron y calumniaron, existía y al menos para algo servía, aunque sea para vigilar a los políticos traidores.

Varias cosas previó el CISEN en México, aunque no lo reconozca el presidente AMLO. Sin embargo, como lo exponen los analistas en seguridad, es prematuro prometer que en seis meses bajarán los niveles de violencia e inseguridad en el país, sin tener un sistema de inteligencia operando. Es preocupante esto, pues los grupos criminales se dieron cuanta que pueden hacer y deshacer, ya que nadie los patrulla.

Y para que se den cuanta del tamaño del problema que vivimos los mexicanos, les relato lo sucedido en la Autopista del Sol, donde criminales atravesaron carros en el carril de la autopista para robar a los vacacionistas Según relatan los automovilistas, los asaltaron justo al salir de los túneles cerca de Chilpancingo, donde no hay señal de celular; “ahí pararon los coches e hicieron un embotellamiento de al menos 200 autos, o tal vez más, y pasaban los ladrones coche por coche asaltando, muy feo, muy feo”, relata el asaltado.

Otro cibernauta comenta: “Fui testigo hace dos horas en plena sierra de Guerrero en la carretera Acapulco-México KM 260, de un asalto; cerraron la carretera y asaltaban a todos; nos bajaron de los coches y caminamos en sentido contrario a 40 grados y sin señal de celular”.

Otra familia en ese mismo asalto fue víctima de robo de su auto BMW color negro. Increíble. Ese auto por ahí está, ni modo que lo suban a la sierra, van a llegar con el puro volante los ladrones, pues son carros para la ciudad, muy bajitos.

En verdad, un caso de terror. El gobernador Héctor Astudillo anunció el reforzamiento de la seguridad en la Autopista del Sol, y al igual que al mandatario estatal nos sorprende a todos la forma de robar de estos criminales.

¿Por qué delinquen con tanta impunidad estos malvados? Porque saben que no hay un sistema operativo controlando, vigilando e informando por parte del gobierno federal, por eso hacen lo que les viene en gana.

Pues bien, mis estimados, les cuento que también el presidente AMLO metió los pies al mismo pozo que otros mandatarios, dando plazos para bajar los índices de la violencia e inseguridad, y les dio parque a sus acérrimos enemigos políticos para que le disparen dardos todos los días. Y no quero ni imaginar cuando se cumpla el plazo y el crimen, en vez de disminuir, avance, y los criminales maniobren en México con más poder que ahora.

No lo deseo, aclaro, soy mexicana de corazón y lo que pasa al país me duele, pues todos conocemos la forma de actuar de estos malvados, son expertos en la maldad los canijos y no andan con juegos de matatena.

Aclaración: El artículo que se publicó ayer en el espacio de Palabra de Mujer, es de la autoría de Ana Cristina Ruelas. Gracias.

Editorial

Un año después: Meade, los millones y el silencio oficial

Al cumplirse un año desde la publicación de un reportaje que abordaba la desaparición de miles de millones de pesos destinados a población indígena que no existe, José Antonio Meade Kuribreña, decidió responder a través de su cuenta de Twitter, que sólo se trató de una confusión.

La desaparición de 12 mil 645 millones de pesos, producto de una ampliación presupuestal a la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 2015, cuando Meade Kuribreña era titular de la dependencia cayó mal en todos los frentes cuando en abril de 2018 se publicaron los pormenores de las denuncias que, dentro del propio gobierno de Enrique Peña Nieto, se hicieron por hechos que hasta ahora no tienen una explicación oficial.

Fue en la edición 2164 del semanario Proceso, publicada el 21 de abril de 2018, cuando el caso de los 12 mil 645 millones se dio a conocer, con llamado de portada, verificación de datos en los presupuestos públicos, los documentos emitidos en el seno de la secretaría de Gobernación en los que se acusaba el desvío y una entrevista con el autor de los oficios, Jaime Martínez Veloz.

El escándalo debía ser mayúsculo, pues superaba en cuantía a uno de los escándalos más sonoros del sexenio peñanietista, identificado por la Auditoría Superior de la Federación y que adoptó forma periodística en el reportaje conocido como “La Estafa Maestra”, un exhaustivo proceso de verificación y rastreo de historias detrás de los fríos números, publicado en Animal Político unos seis meses antes, que identificó el desfalco de 7 mil 670 millones de pesos.

Indiferencia. El 22 de abril de 2018, se llevó a cabo el primer debate entre candidatos presidenciales pero el asunto no fue abordado por ninguno de los participantes. López Obrador, para entonces ya sin increpar al gobierno de Enrique Peña Nieto, y Ricardo Anaya, enfrascado en atender las imputaciones que se le hacían por lavado de dinero y concentrado en conseguir una alianza con el PRI, simplemente callaron.

En el trabajo de Proceso, se expuso que las anomalías fueron reportadas por Jaime Martínez Veloz al entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; también al presidente de la comisión de Asuntos Indígenas, Vitalicio Cándido Coheto, así como al presidente de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Jorge Charbel Estefan Chidiac. Finalmente, acudió a la Auditoría Superior de la Federación con sus denuncias, pero de ninguna instancia, dijo, obtuvo respuesta. Entonces renunció al cargo de Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México.

El pasado 23 de abril, José Antonio Meade respondió al menos ocho veces a usuarios de Twitter que le cuestionan sobre el asunto con un mismo mensaje:

“En la nota se confunde un reporte transversal sobre atención a comunidades indígenas con el presupuesto aprobado y ejercido. No hubo ni incremento ni desvió, solamente la confusión, seguramente sin mala intención, de dos fuentes que contenían información diferente (sic)”.

Los trabajos periodísticos tienen por objetivo hacer público lo que a la sociedad compete y, en efecto, tener esa intención no es malo. Aquí el punto es que la explicación de Meade no sólo es tardía, sino insuficiente. Pero es aun peor que la secretaría de la Función Pública, la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación, como en el momento electoral de 2018 cuando se publicó la pieza periodística, se mantengan en silencio sobre la desaparición de los recursos y la invención de millones de personas en los padrones gubernamentales.

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